DISCREPANCIA ANTE DICHOS DE SENADOR SEÑOR ALLAMAND RESPECTO A POSICIÓN DE PARTIDO SOCIALISTA SOBRE INACAP. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, durante las últimas semanas hemos tenido un importante debate con relación al Instituto Nacional de Capacitación.

Me tocó hablar en esta Sala, donde hice ver la trayectoria y la situación del INACAP.

Se ha aludido a nuestra bancada, y a mí en particular, por nuestras intervenciones públicas sobre la materia, señalándose que estaríamos tras un intento de expropiación de esa casa de estudios.

Nada más lejano, pues de lo que se trata es de resguardar adecuadamente los bienes del Estado y donde este tiene participación.

Llama tremendamente la atención que, en su cuenta de Twitter, el Senador Andrés Allamand haya expresado de manera textual: "El intento del PS de estatizar INACAP refleja su sello más profundo: apropiarse del esfuerzo ajeno".

Quiero señalar, señor Presidente, mi absoluta discrepancia ante tal falsedad.

El INACAP fue creado en 1966, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, precisamente con el objetivo de fomentar el aumento de la productividad del sistema económico y, al mismo tiempo, posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida y la movilidad social de los trabajadores.

Dicho Instituto se creó como una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, ligada al sector productivo y cuyo propósito principal era ser un centro de capacitación para los trabajadores.

INACAP fue constituido por escritura pública el 4 de agosto de 1966, y posteriormente se formalizó con el decreto N° 2.541, de septiembre de ese año, del Ministerio de Justicia, que le concedió personalidad jurídica, aprobando así sus estatutos. Concurrieron como socios cofundadores la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de Cooperación Técnica.

Por tanto, primera precisión: los Senadores socialistas que hemos planteado la inquietud no estamos buscando apropiarnos de un esfuerzo ajeno, sino recuperar lo que es del Estado de Chile y que de manera absolutamente espuria, oscura, se transformó en los últimos días de la dictadura.

En los años ochenta el INACAP fue objeto de una serie de modificaciones estatutarias. Por un lado, en 1981 se convierte en un instituto profesional, y por otro, en 1989 la CORFO reforma sus estatutos para desvincularse orgánicamente de la Corporación INACAP y, en el mismo acto, entregar su administración y control a la Confederación de la Producción y el Comercio.

Por eso, señor Presidente, considero muy importante que hagamos pedagogía y se entienda: pasamos de la CORFO, durante un Gobierno que promovía la participación y la capacitación de los trabajadores -además, en la Administración de Salvador Allende (año 1971) se incorporó a su Consejo Directivo a los trabajadores, a la CUT; a representantes del Ministerio de Educación-, a la Confederación de la Producción y el Comercio. Esto, sin transferencia de patrimonio, sino simplemente mediante la toma de control de su directorio.

Es algo que por lo menos debiera llevarnos a la reflexión. Y me parece relevante que, con los antecedentes que voy a solicitar, esté en la historia de nuestro país.

Específicamente, el 25 de agosto de 1989, en las postrimerías de la dictadura, CORFO renuncia al Consejo Directivo de INACAP. Gracias a este hecho, hoy el referido Consejo es controlado por actores privados.

La conformación del Directorio cuenta actualmente con un representante de la CPC, cinco de la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (vinculada a ICARE) y uno de SERCOTEC, quien vendría a ser el único representante del Estado en esa instancia privatizada.

Perfectamente, ese Directorio podría estar dotado de mayor legitimidad si en él tuvieran representación el mundo académico de INACAP; organismos de trabajadores y profesionales, como la CUT o la ANEF, y los mismos estudiantes de dicha casa de estudios. De esta manera, la naturaleza institucional de INACAP volvería a rescatar el sentido inicial con que se creó este Instituto, a saber: ser un centro de formación para el mundo de los trabajadores y profesionales de Chile y así mejorar nuestros diversos procesos productivos.

Lo que hemos solicitado es que el Gobierno analice la situación, investigue y dé cuenta a la ciudadanía de cómo se realizó el traspaso en comento.

Nadie de la bancada del Partido Socialista ha pedido que INACAP se expropie, sino que el Estado de Chile investigue y actúe, directamente o a través del Consejo de Defensa del Estado, para recuperar un bien que es de todos los chilenos.

Más allá de los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso -insistiremos en conocer su procedencia-, la ética y la transparencia son aspectos que no se advierten en la privatización encubierta del INACAP, que implicó un inmenso daño para nuestro país, considerando además el importante patrimonio involucrado, que se estima en unos 500 millones de dólares, propiedad de todos los chilenos.

Más allá de los visos de legalidad, la operación acusa ribetes que la asemejan a un proceso de receptación.

No se trata aquí de discernir si lo que hace hoy la institución corresponde a lo que necesita el país, o cómo realiza esa tarea, o si su traspaso fue o no legal. El asunto radica en si es legítima la cesión de un patrimonio que es de todos los chilenos, incluidos tanto los empresarios cuanto los trabajadores.

Aquí ha habido una receptación, una apropiación por un sector social, por un sector empresarial, de una institución que es de todos los chilenos.

Con mucha preocupación advertíamos que el Presidente de su Consejo Directivo decía: "Nadie es dueño del INACAP".

Si nadie es dueño, ¿por qué el control lo ejerce única y exclusivamente, y de manera mayoritaria (6 contra 1), la Confederación de la Producción y el Comercio?

Es algo que esperamos que se pueda aclarar.

INACAP debería volver a ser una institución estatal de administración tripartita, articuladora de un sistema de educación técnica y formación profesional para los trabajadores y jóvenes, sin fines de lucro, como este país lo necesita.

Se ha tomado la decisión institucional de crear 15 centros de formación técnica estatales a lo largo de Chile.

¡Vaya que sería necesario y conveniente que el INACAP pudiera vertebrar territorialmente esa formación!

Valoramos a los funcionarios de ese Instituto, a sus académicos, al personal que trabaja allí. Pero no podemos permanecer impávidos ante el proceso mediante el cual se tomó el control del Directorio y se vulneró su objetivo básico de estar, desde 1966, al servicio de la formación de los trabajadores y ciudadanos de este país.

Por eso, señor Presidente, quiero que se oficie al Ministerio de Educación con el objeto de que informe sobre el proceso que llevará adelante para representar la posición del Estado en la referida institución.

A la CORFO, que dio origen a INACAP, para que informe en los mismos términos, desde el punto de vista jurídico y desde la perspectiva de su participación, y nos remita todas las actas que dieron comienzo a la renuncia a ella.

También, pido que se le envíe al Consejo de Defensa del Estado una solicitud formal para que se investigue la situación expuesta y, de igual manera, entregue a esta Corporación antecedentes en cuanto a si en la década de los ochenta o desde cuando se produjo aquella hubo acciones legales o juicios entablados por él para proteger los intereses del Estado (no olvidemos que se trata de una corporación de derecho privado pero con aportes completamente fiscales).

Por último, señor Presidente, deseo dejar muy en claro que, como bancada de los Senadores del Partido Socialista, no vamos a aceptar que un colega de esta Cámara, a quien respeto por sus ideas, señale que "el sello más profundo de los socialistas es apropiarse del esfuerzo ajeno".

¡De ninguna manera!

Lo que estamos haciendo es reivindicar claridad y tratar de recuperar lo que es del Estado de Chile.

No estamos expropiando a nadie ni estatizando nada: simplemente, intentamos recobrar para todos los chilenos lo que es de todos los chilenos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tomo nota de su petición, señor Senador.

En todo caso, quiero señalarle que los oficios deben hacerse en el sentido de que no se trata de fiscalización.

El señor DE URRESTI.- No, señor Presidente: son para requerir información.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Porque algunos de los términos utilizados por Su Señoría podrían interpretarse en el sentido de que se está fiscalizando.

Por lo tanto, la Secretaría tomará nota de los oficios y procurará que por ningún motivo su texto signifique vulnerar las facultades propias de la Cámara de Diputados.

El señor DE URRESTI.- Son de información, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Bien: se toma nota.