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EMISIÓN DE MEDIOS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS POR ENTIDADES NO BANCARIAS


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos analizando persigue introducir competencia en el mercado de los medios de pago con provisión de fondos.
Hace pocos meses, aprobamos en general en este Senado otros dos proyectos: uno, iniciado en mensaje, que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos y otro, en moción de dos Senadores, que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para garantizar el acceso a distintos sistemas de pago y operaciones bancarias.
Ambas iniciativas fueron enviadas a las Comisiones unidas de Hacienda y de Economía, y sus objetivos son perfectamente compatibles con el proyecto que estamos analizando ahora.
El propósito común de esta iniciativa y de las anteriores tiene una doble faz: por un lado, amplificar el número de comercios y establecimientos que aceptan tarjetas y otros medios de pago electrónicos; y por el otro, aumentar el número de personas que utilizan estos medios.
La masificación en el comercio y entre los usuarios necesariamente debe traer ventajas tecnológicas y económicas para ambas partes.
El comercio, fundamentalmente los pequeños establecimientos, podrá beneficiarse de comisiones más bajas que las actuales, que son propias de un sistema concentrado y de poca o nula competencia. Asimismo, le será factible llegar a nuevos usuarios, quienes no utilizan efectivo en sus transacciones.
Por otra parte, los usuarios podrán acceder al comercio electrónico y sus ofertas y gozar de mayor seguridad al manejar menores cantidades de dinero en efectivo.
Indirectamente, el Estado también se beneficia: a través de la mayor formalización de las transacciones, y, en consecuencia, con una recaudación tributaria superior.
Incluso, este proyecto puede ser aún más potente si en su implementación considera la extensión de las tarjetas emitidas por Metro a regiones, contribuyendo así a la inclusión social y financiera de habitantes de todo el país.
De este modo, atendidos sus múltiples beneficios, no logro comprender las aprensiones que todavía genera en algunos sectores, especialmente por la autorización a la empresa Metro para participar en el referido mercado.
Las reservas expresadas por la banca las puedo entender. Y ello, porque, en última instancia, los bancos verían afectados sus intereses, acostumbrados como están al actual marco de baja competencia.
Pero en forma complementaria a esas críticas, surge también el temor de algunos sectores políticos, pues el Estado estaría incursionando en actividades económicas propias de los particulares.
Rechazo esos intereses parciales, y también, los dogmas que intentan justificarlos.
Los bancos y las sociedades que han creado para el apoyo a su giro, como Transbank, no han permitido una masificación de los nuevos medios de pago, porque el sistema segmentado y segregado actual les asegura determinado nivel de ganancias.
Como dije en la sesión anterior, con motivo del proyecto que modifica la ley de libre competencia, la colusión ahora ha sido más rentable que la innovación.
Es decir, los privados no han hecho su trabajo, perjudicando directamente a millones de chilenos, quienes, en parte, no pueden acceder a los bienes y servicios de la nueva economía.
¿Qué hacemos, entonces, frente a ese cuadro? ¿Esperar la reacción natural y espontánea de los propios interesados, o sea, la banca? ¿O bien operamos sobre las reglas del juego para presionarlos a actuar y a abrirse a los cambios?
Una parte de la Oposición piensa que no podemos hacer nada, pues estamos pasando a llevar los antiguos dogmas de la economía de mercado.
Pero, en verdad, hace rato que esos principios han sido matizados y revisados, y se aplican de otra manera, incluso en países iconos del sistema capitalista.
No se trata, en consecuencia, de un debate entre partidarios o detractores del sistema económico, sino de un conflicto entre los intereses de determinado sector de la economía y los intereses de la enorme mayoría de los consumidores.
Me preocupa esa resistencia a la menor señal de cambio, aunque no se ponga en juego el sistema.
Me preocupa que tengamos que justificar el otorgamiento de facultades a una empresa del Estado simplemente para que pueda desarrollar sus negocios con mayor flexibilidad y aprovechando las oportunidades que se generan.
Ello se encuentra en la base de la viabilidad de toda empresa, sea pública o privada. Una empresa que no se adapte está condenada al fracaso.
También me preocupa que el propio Estado se inhiba con los instrumentos con que actualmente cuenta. ¿Por qué esta posibilidad que se abre ahora para Metro no la utilizó antes el propio Banco del Estado? ¿Por qué no se ha profundizado el camino de la CuentaRUT?
Nuestro país necesita servicios públicos que gestionen con excelencia políticas públicas de calidad. Y también precisa de empresas públicas y privadas que, en un marco de libre competencia e innovación, provean de bienes y servicios en forma oportuna y eficiente para todos los chilenos, de todos los estratos y a través de todo nuestro territorio.
De eso se trata la inclusión. De ello estamos hablando cuando nos referimos a la igualdad.
He dicho.