CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DE AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Defensa Nacional, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.550-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2013 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Descentralización y Regionalización: sesión 70ª, en 17 de noviembre de 2015.
Defensa Nacional: sesión 70ª, en 17 de noviembre de 2015.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es crear la nueva institucionalidad encargada de las emergencias; regular la prevención de la emergencia y los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos; y definir los niveles de emergencia, determinando las facultades excepcionales de los distintos órganos públicos en cada uno de ellos.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 17 de diciembre de 2014. Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Espina, Quinteros y Zaldívar. Lo aprobó en particular con diversas enmiendas que acordó también por unanimidad, salvo dos excepciones.
La Comisión de Defensa Nacional, por su parte, rechazó en general la iniciativa, por dos votos en contra, de los Senadores señores Pérez Varela y Prokurica, y uno a favor, del Senador señor Guillier.
Cabe hacer presente que el artículo 71 del proyecto es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 21 votos favorables para su aprobación.
El texto que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización propone aprobar se consigna en las páginas 303 a 342 del informe pertinente y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En discusión general.
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, informaré el proyecto en nombre de la Comisión de Gobierno.
La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado para su segundo trámite constitucional con fecha 19 de marzo de 2013. Se originó en mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República del año 2013. En su primer trámite fue aprobada en general y en particular a la vez con 103 votos a favor.
Posteriormente, el 16 de diciembre de 2014, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva al proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, señalando que durante la Administración anterior, y como una reacción a los daños y pérdidas provocados por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, se presentó un proyecto de ley con el fin de sustituir la Oficina Nacional de Emergencia por una agencia autónoma cuyo actuar se enfoca fundamentalmente bajo el principio de subsidiariedad, manteniendo un esquema centralizado en las estructuras que enfrentan la emergencia.
Agrega que esa concepción no va en la dirección correcta, resultando indispensable introducir modificaciones que permitan construir las bases esenciales de un sistema integral de reducción de riesgos y de gestión de las emergencias, para iniciar un proceso continuo de robustecimiento de las capacidades, tanto públicas como de la sociedad civil, a partir de las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.
La Sala del Senado acordó que esta iniciativa fuera considerada por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Defensa Nacional en general y particular en el primer informe, y por la Comisión de Hacienda, en su caso.
El objetivo del proyecto es crear la nueva institucionalidad encargada de las emergencias; regular la prevención de la emergencia y los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos; y definir los niveles de la emergencia, determinando las facultades excepcionales de los distintos órganos públicos en cada uno de ellos.
¿Cuáles son los principales cambios?
La Comisión se pronunció sobre el proyecto contenido en la indicación sustitutiva, que crea un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia como componente de la función de mantener el orden y la seguridad pública interior.
¿Cuál es la institucionalidad nueva?
El mensaje de la indicación sustitutiva señala que el Sistema se constituye como una nueva institucionalidad que se hace cargo de las emergencias o desastres en todas sus etapas, a través de medidas político-normativas y técnicas.
Así, se crea el Comité de Ministros para la Gestión de Riesgos y Emergencias. Este será el órgano político y normativo del Sistema Nacional y se encargará de la planificación y de la dirección político-normativa, con facultades para aprobar toda norma, política, plan, estrategia y, en general, cualquier instrumento de gestión. Estará presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública e involucrará a todos los sectores relacionados con la gestión del riesgo y emergencias.
Por otro lado, se encuentra la Comisión Consultiva de Gestión de Riesgos y Emergencias, que constituye una instancia interinstitucional de asesoría a todas las instituciones del Sistema, integrado por científicos de las áreas que se encuentran involucradas en la gestión del riesgo, tales como sismólogos, geógrafos, geólogos, vulcanólogos -entre otros-, y con la participación del Centro Sismológico Nacional, del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), del Servicio Hidrográfico y Oceanógrafico de la Armada de Chile (SHOA), de la Dirección Meteorológica de Chile, de la Junta Nacional de Bomberos y de la Cruz Roja Chilena.
Luego está el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que dependerá del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sustituirá a la actual Oficina Nacional de Emergencia.
Será el órgano técnico encargado de dirigir y coordinar técnica y operativamente el Sistema de Gestión de Riesgos y Emergencias. Deberá planificar, coordinar, asesorar y fiscalizar a todas las instituciones en cada una de sus fases, con el fin de resguardar a las personas, sus bienes y el medio ambiente, y de lograr la continuidad de las operaciones de gobierno y de los servicios públicos a niveles nacional, regional, provincial y comunal.
El referido Servicio estará desconcentrado en direcciones provinciales y regionales que interactuarán con los comités provinciales y regionales para la puesta en marcha de políticas, planes, estrategias e instrumentos de gestión en los territorios, asegurando la participación de todos los sectores de nuestra sociedad.
Se destaca que este proyecto de ley tiene como finalidad la modernización de la carrera funcionaria, pues la ONEMI está dotada de una estructura antigua que imposibilita el cumplimiento eficaz de sus objetivos.
El nuevo Servicio Nacional contará con expertos, profesionales, administrativos y auxiliares que le otorguen la necesaria fortaleza institucional y capacidad humana para cubrir las provincias y regiones.
En seguida se halla el Comité de Operaciones de Emergencia, que será una institución colegiada, con funciones técnicas y ejecutivas.
Se constituirá a nivel nacional, regional, provincial o comunal, según sean las características y la magnitud de la emergencia, para la planificación y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta y de rehabilitación temprana o de corto plazo en las zonas afectadas por aquella.
Será convocado y dirigido por el Subsecretario del Interior, el Intendente o el Gobernador, según la magnitud y la extensión de la emergencia.
En dicho Comité participarán, además, miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y Bomberos.
A continuación tenemos la creación del cargo de Jefe de Emergencia.
Dicho funcionario será el responsable técnico-operativo de la puesta en práctica de los lineamientos en materia de respuesta y recuperación establecidos en los planes nacionales y provinciales de emergencia, para lo cual dispondrá de todos los recursos -humanos, técnicos, maquinaria e infraestructura-, pertenecientes a los organismos de la Administración del Estado o que se hallen a disposición de ellos, para la atención de la emergencia o del desastre. Para eso, actuará con la colaboración del Comité de Operaciones de Emergencia, que dará sustento logístico y asesoría técnica a sus decisiones. Esta autoridad será la responsable técnica de la respuesta, actuando de conformidad con los instrumentos dispuestos en la ley; además, deberá dar resolución oportuna, ágil y sistemática ante la emergencia, informando con prontitud a la población y dirigiendo las labores necesarias para ir en su ayuda.
De otra parte, se crean Instrumentos de Gestión para dar a la nueva institucionalidad un conjunto de herramientas, no taxativo, que permitan enfrentar adecuadamente los riesgos y las emergencias.
Están primero los Mapas de Riesgo, que constituyen elementos de diagnóstico de los riesgos y sus efectos, así como aquellos relativos a la representación gráfica de la distribución espacial de las consecuencias que puede causar una emergencia o un desastre de intensidad definida, considerando el grado de vulnerabilidad de la comunidad y los elementos que componen las posibilidades de respuesta frente a los eventos señalados.
En seguida se hallan la Política Nacional y las Políticas Provinciales de Gestión de Riesgos y Emergencias, que orientarán las acciones y decisiones políticas desde la perspectiva de la gestión de riesgo, como un componente indispensable para lograr el desarrollo sustentable del país en el corto, mediano y largo plazos.
Luego se encuentran el Plan Nacional y los Planes Provinciales, que serán los instrumentos que definan los objetivos estratégicos, programas, acciones, plazos y recursos para materializar las políticas nacional y provincial.
A continuación están los Sistemas de Alerta Temprana Nacional y Regionales, que buscan generar y difundir información de alerta oportuna y significativa a fin de posibilitar que las personas, comunidades y organizaciones afectadas por una amenaza se preparen y actúen de forma adecuada, con suficiente anticipación, frente a una emergencia.
Los Centros de Alerta Temprana estarán a cargo del Servicio Nacional y de las direcciones regionales, en coordinación con las diversas instituciones dotadas de competencias permanentes para la vigilancia de las diferentes amenazas. Entre ellas, la Dirección Meteorológica de Chile, el SHOA, el SERNAGEOMIN, la Corporación Nacional Forestal, el Centro Sismológico Nacional, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, Bomberos de Chile y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Después se hallan los Planes Nacionales de Emergencia, que dispondrán el marco de actuación de la respuesta acerca de la optimización de la prestación de servicios básicos; aspectos o facetas de aseguramiento del orden y seguridad pública; fortalecimiento de los mecanismos de accesibilidad, transporte y fluidez de las comunicaciones; evaluación de daños y análisis de necesidades; provisión de salud; saneamiento básico.
Luego se encuentra el Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias.
Por último, señor Presidente, debo decir que el Sistema en creación se constituye como una nueva institucionalidad que se hace cargo de las emergencias o desastres en todas sus etapas a través de medidas político-normativas y técnicas.
En virtud de las modificaciones introducidas a la indicación sustitutiva y conforme a los acuerdos adoptados, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó esta iniciativa en general y particular en el primer informe, según el procedimiento acordado por la Sala, y posteriormente la remitió a la Comisión de Defensa Nacional, para continuar su tramitación.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Pido el asentimiento de la Sala para abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor PROKURICA.- Sí.
El señor ALLAMAND.- Por supuesto.
El señor MONTES.- Conforme.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Me había pedido la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor ALEUY (Ministro del Interior y Seguridad Pública subrogante).- Ante todo, señor Presidente, quiero agradecer el hecho de que se haya permitido el ingreso del señor Director Nacional de la ONEMI, pues, terminada esta intervención, deberé retirarme. Entonces, él podrá responder las preguntas que hagan Sus Señorías con relación a este proyecto.
En segundo lugar, debo decir que el informe entregado por la Senadora señora Von Baer acerca del trabajo de la Comisión de Gobierno me ahorra mucho tiempo, pues no deberé detallar la intencionalidad y otros aspectos de la estructura y la lógica de esta iniciativa.
Solo me interesa manifestar que la necesidad de modernizar la estructura existente en la actualidad para enfrentar las emergencias y los desastres que se registran en Chile no tiene solo carácter normativo.
Si uno analiza los desastres habidos en nuestro país entre 1960 y 2015, descontado lo que está sucediendo con la marea roja, observa que el promedio entre 1960 y 1991 fue uno por año.
En 1991 tuvimos dos desastres.
Entre 1991 y 2014 de nuevo hubo aproximadamente un desastre por año o cada dos años.
En 2015 los desastres llegaron a diez.
Entonces, la institucionalidad de nuestro país debe prever que existe la posibilidad de que en el futuro tengamos una secuencia de desastres mayor por año o cada dos años.
Al mirar esto ya no en términos de número absoluto de desastres por año o como promedio de períodos más largos sino solo en términos de gasto público, es bueno que el Senado sepa que, por ejemplo, en 2013 gastamos en desastres en Chile 19 mil 20 millones; en 2014, 79 mil 273 millones, y en 2015, 195 mil 894 millones, aproximadamente.
Sin considerar la marea roja sino solo la continuidad de los desastres registrados en 2015, debo señalar que en 2016, a la fecha, llevamos gastados 42 mil 219 millones.
Doy estas cifras, tanto en número absoluto de desastres como en términos financieros, para puntualizar que, cualquiera que sea la cantidad de recursos que destinemos a modernizar o a generar en nuestro país un sistema de gestión de riesgo y emergencia que tenga como base primaria la idea de prevenir, prepararse y mitigar, por cierto con un mecanismo de respuesta temprana ante cada evento que se registre, siempre estará bien gastada.
De hecho, todos los indicadores internacionales señalan que cuando uno invierte un peso en prevención ahorra cinco pesos en gasto después, cuando las emergencias tienen lugar.
Entonces, tenemos la impresión de que los dineros proyectados como gasto en régimen, de acuerdo al informe financiero de este proyecto, que ascienden a 4 mil 900 millones de pesos anuales, nos permitirán hacer un ahorro sustantivo frente a las emergencias que haya en Chile.
Señor Presidente, las precisiones sobre el articulado, si se necesitan para aprobar la idea de legislar, puede hacerlas el señor Director de la ONEMI.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no sé si para suerte o para desgracia del Gobierno, me tocó vivir en Atacama el aluvión del 25 de marzo de 2015.
Mi Región, al igual que Valparaíso, Tocopilla, Coquimbo, ha debido sufrir la inexistencia de un organismo dotado de los medios, el personal y los recursos necesarios para prevenir las catástrofes y aliviarle a la ciudadanía sus efectos.
¡Nuestro país y su gente merecen mucho más!
Por eso voté contra este proyecto en la Comisión de Defensa, que lo rechazó por unanimidad.
Alguien me dirá: "¡Pero esta es la idea de legislar!".
Lo que pasa, señor Presidente, es que en este caso ocurre algo difícil de explicar: aprobada la idea de legislar, en todas las indicaciones que signifiquen gasto fiscal tendrá iniciativa exclusiva el Presidente de la República.
Por lo tanto, si aprobamos la idea de legislar quedamos casados con un mal proyecto.
Chile -lo describió muy bien el señor Ministro del Interior- es el país del mundo con más catástrofes naturales: aluviones, maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera.
A pesar de eso, para enfrentar los desastres tiene una organización de papel, literalmente: con pocos medios, sin el personal adecuado.
Haciendo un símil, yo he dicho: ¡Un país como el nuestro, que registra el mayor número de catástrofes naturales del orbe, con una ONEMI de este tipo, es como si Israel, nación que vive permanentemente en conflictos bélicos, tuviera a cargo de la guerra, no al Ministerio de Defensa, sino a los boys scouts...!
Las pruebas están en que en Atacama y en las otras regiones que mencioné no se ha construido ni una casa definitiva a un año y dos meses de ocurrida la catástrofe señalada; en que todavía no se les devuelven a las Fuerzas Armadas todos los recursos que gastaron en la emergencia; en que aún hay facturas impagas a los proveedores que ayudaron a enfrentar la catástrofe.
Señor Presidente, este proyecto, a mi juicio, mantiene tres problemas que es básico resolver para una ley que remplace a la ONEMI.
El primero -ya lo describí en parte- consiste en que dicha Oficina no tiene un centavo más: solo cuenta con recursos que le permiten contratar un poco de personal para las regiones.
En seguida, alguien me ha dicho: "¡Es que nadie puede calcular cuánto se va a gastar en una catástrofe!".
Sin embargo, a mí me parece que el financiamiento previsto por la ley vigente, y que permanece en este proyecto -yo le he puesto como sobrenombre "financiamiento por la vía del rebote", pues se les dice a las Fuerzas Armadas, a las instituciones privadas, a las empresas: "Gasten, y yo les voy a devolver los recursos"-, no funciona.
La mejor prueba que tengo de ello es que a pymes que dieron asistencia técnica, que prestaron sus vehículos, que ayudaron en la catástrofe ocurrida el 25 de marzo en Chañaral, en Diego de Almagro, en Alto del Carmen, en Copiapó, en Tierra Amarilla, en El Salado todavía no les pagan. ¿Por qué? Porque se sigue con la fórmula de tener una institución con muy pocos recursos.
Finalmente -y pido por favor poner atención a esto-, en el proyecto de ley que nos ocupa esta tarde subsiste el más grave de todos los problemas: la burocracia existente en nuestro país castiga a las personas que han perdido sus casas, sus enseres, sus instrumentos de trabajo. ¿Por qué? Porque sucede que, por ejemplo, para darle a una persona que quiere construir su vivienda una ayuda a través del subsidio del Estado ¡tienen que estar hechos los estudios donde se señale: "Aquí, en este lugar, a usted no le va a llegar la ola del tsunami", "Si vuelve a llover, esta parte no se va a inundar"...!
Me dicen: "¡No! ¡Usted está equivocado! Porque resulta que eso es la reconstrucción".
Perdón, señor Presidente: ¡ya estamos viejos...!
¿Cuál es el límite entre la emergencia y la reconstrucción? ¿La construcción de caminos? ¿La destrucción de lo que quedó de las casas?
Existe un límite poco claro entre lo uno y lo otro. Pero ahí están las familias de Atacama, de Coquimbo y de otros lugares, esperando que el Ministerio de Obras Públicas haga los estudios sobre inundabilidad de las poblaciones Los Héroes, Pintores de Chile, Chañaral, Diego de Almagro.
Esa gente no puede construir su casa, aunque quiera hacerlo con recursos propios. ¡Menos recibe ayuda del Estado!
¡Son miles las familias que hasta este minuto están viviendo en casas progresivas, en viviendas de emergencia!
¡Ese no es el trato que la gente merece recibir de un Estado al que le gusta compararse con los países de la OCDE!
Alguien me dijo: "Si ustedes no han aprobado la ley en proyecto, ¡mire lo que va a ocurrir si mañana erupciona un volcán o hay un aluvión!".
Señor Presidente: ¡yo prefiero no engañar a la gente!
Hay algo mucho peor que no aprobar esta iniciativa: ¡aprobarla y hacer creer a los chilenos que ella va a resolver los problemas que con seguridad habrá el próximo año, el próximo mes o la próxima semana!
Este es un país de catástrofes permanentes. Y para enfrentarlas no se merece la institución pobre que es la ONEMI, en la que rescato el accionar de su Director, quien hace labor con los pocos recursos de que dispone (por ejemplo, dio pasos importantes para anunciar la emergencia en el último terremoto).
Pero no nos engañemos: ¡una institución a la que no se le otorga un centavo más, a la que no se le entregan los recursos que necesita, no va a funcionar!
Por lo tanto, voto que no.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro, quien nuevamente pidió intervenir.
El señor ALEUY (Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante).- Me interesa aclarar, señor Presidente, que lo que no se ha pagado en las emergencias que ha debido enfrentar este Gobierno tiene como razón el hecho de que la rendición de los acreedores no es suficiente.
Hemos explicado eso reiteradamente.
Es más: por ejemplo, a los alcaldes que recibieron de la ONEMI recursos de diversa índole y no han señalado la ubicación exacta de la instalación no les hemos entregado viviendas adicionales.
Nosotros no vamos a pagar facturas actualmente en juicio ni vales sin un respaldo suficiente para que el Estado pueda solventarlos. Eso es lo primero.
Segundo, el proyecto de ley no pretende que la ONEMI se haga cargo de todo el proceso, porque para eso no se necesitaría al Estado. A esa entidad se le ha asignado un rol, que es actuar en la emergencia.
El Senador señor Prokurica se encuentra en lo cierto respecto de que hay un traslape, pero son las instituciones estatales restantes las que tienen que preocuparse de esos hechos.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, el objetivo del proyecto se centra en crear un nuevo sistema e institucionalidad encargados de todas las fases de emergencias o desastres en los momentos críticos, estructurándose desde el nivel local hacia el nacional, además, la jerarquía en la toma de decisiones y el abordaje de la situación.
Al mismo tiempo, la promesa definida en la iniciativa es que se incluirán la prevención y distintos procedimientos para enfrentar en forma eficiente estos casos.
Recordemos que el sismo de 8,8 grados en la escala de Richter que afectó a seis regiones el 27 de febrero de 2010 dejó al descubierto una serie de debilidades y grandes deficiencias en el manejo de emergencias de esta envergadura.
En particular, la carencia de mecanismos adecuados y la falta de una institucionalidad con mandos y controles claramente definidos significaron el retraso en el conocimiento, la aprehensión y la calificación del cuadro, por lo que -y como un efecto natural- retrasaron también la determinación más rápida y eficiente de las acciones de reacción y mitigación.
En consecuencia, lo que todos esperamos es que el proyecto de ley resuelva los aspectos que provocaron tan dramático impacto en el país. He aquí, entonces, la clara necesidad de crear un sistema que permita una óptima respuesta y disposición de recursos, tanto humanos como económicos, y que efectivamente contribuya a prevenir y reducir los efectos de emergencias y catástrofes naturales.
En la Comisión de Defensa sostuvimos un debate considerando el articulado fundamentalmente desde el punto de vista de la defensa y seguridad nacionales, y obviamente detectamos algunos aspectos que hemos esperado que sean resueltos en las instancias legislativas posteriores.
Desde luego, el financiamiento es una clave en un modelo de esta naturaleza. Ello no cuenta con una solución categórica hasta el día de hoy.
Tampoco se incluye la etapa de reconstrucción. La verdad es que en Chile estamos acostumbrados a soluciones de emergencia que se eternizan y quedan como obras y recuerdos de lo acontecido. Eso ha pasado en diversas circunstancias históricas.
No olvidemos, igualmente, que la misma iniciativa insiste en la fase previa. Cuando se genere una emergencia, esta quedará, a su vez, en la categoría de la etapa de prevención para una catástrofe posterior, la que sabemos que sobrevendrá de todas maneras, porque se trata de fenómenos regulares. Ellos ocurren de tiempo en tiempo en nuestro país y tenemos más o menos identificada su extraordinaria diversidad.
Dicho eso, llama la atención, en el marco del texto, la falta de un mando de Estado Mayor Conjunto precisamente determinado e incluso de una definición más exacta del rol o de la función de las Fuerzas Armadas en las emergencias.
La experiencia de los desastres de los últimos años -no más allá de los dos anteriores- demostró que se perdieron horas decisivas, muy importantes, en el momento de hacer funcionar las respuestas de las instituciones castrenses cuando la autoridad civil se hallaba desbordada. Eso llevó, básicamente, a situaciones que tenemos en la memoria en cuanto a la espera de una decisión en Santiago respecto de cómo reaccionar en la región y para el efecto de que el mando militar se hiciera cargo.
No se ha especificado -repito- una estructura de mando.
Del mismo modo, cabe considerar la recuperación de la capacidad disuasiva o defensiva de las Fuerzas Armadas después de la utilización de recursos y medios para hacer frente a la catástrofe. Si ellas van a jugar un rol permanente en estas situaciones, tienen que contar con un mecanismo definido, porque el instrumento del cual dispondría el país para el enfrentamiento de las dificultades ya no sería coyuntural ni ocasional. Por consiguiente, eso no puede quedar, a nuestro entender, en la incertidumbre.
En cuanto a las responsabilidades de las distintas ramas en casos de emergencia, el nuevo cometido institucional tiene que ubicarse en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, o bien, en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, puesto que exigiría que las estructuras de mando se encontraran establecidas, así como los procedimientos, los cometidos y los recursos con que ellas concurrirían.
Por último, hicimos presente nuestra preocupación por el manejo comunicacional en estas situaciones.
Cabe consignar, por ejemplo, el rol importante de las radioemisoras comerciales, lo que hace necesario algún régimen de concesión especial acerca de estas entidades a fin de contar con equipos de emergencia ante las crisis, sobre todo cuando se caen los sistemas. A lo anterior se puede agregar la incorporación expresa de los radioaficionados y la reserva de ciertas bandas del espectro para canalizar comunicaciones urgentes.
Eso es lo que quisiera plantear, pues estimo que si bien es necesario generar un mecanismo, necesitamos que este cumpla con lo que se promete en orden a que ahora sí contaremos con una institucionalidad sólida, completa, para hacerse cargo de todas las etapas de la emergencia. Además, se requiere contemplar soluciones adecuadas y que no se hagan presentes déficits durante el manejo de las crisis, como ha ocurrido, en una medida menos dramática, en los últimos desastres naturales enfrentados por el país.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Le pido a la Sala autorización para que el Senador señor Pizarro me reemplace en la testera, pues me toca intervenir.
Acordado.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, me parece que estamos frente a un proyecto de bastante trascendencia.
Con muchos de los Senadores presentes, en especial con los demás integrantes de la Comisión de Gobierno, hemos querido despacharlo, puesto que data de 2011. Desde ese año a la fecha han tenido lugar varias catástrofes. Incluso, cuando nos encontrábamos en la última fase de la discusión ocurrió la inundación del río Mapocho, y al poco tiempo, antes de pasar el texto a la Sala, se presentó -seguramente cuando se estaba redactando el informe- la marea roja. Si demoramos un tiempo más, a lo mejor se agregará otra de estas contingencias.
Entonces, si no nos pronunciamos sobre un articulado en tal sentido, el país puede preguntarnos, con toda razón, qué estamos haciendo con relación a algo tan importante como disponer de una posibilidad de respuesta a una emergencia.
Realmente hemos aprendido mucho sobre el particular en nuestra larga historia de catástrofes. Con ocasión del gran terremoto de 1939, se creó la Corporación de Fomento de la Producción. Posteriormente se instaló el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, que hoy día es el Centro Sismológico Nacional.
Hemos contado con una legislación reguladora de construcciones que seguramente nos sitúa a la vanguardia en el mundo. Esa normativa ha impedido, muchas veces, precisamente en el caso de sismos, problemas tan graves como los que se suscitan en otras partes con motivo de fenómenos de la misma magnitud.
Cuando sobrevino el terremoto del 27 de febrero de 2010, todo el mundo observó cuáles fueron las deficiencias del sistema de la Oficina Nacional de Emergencia, lo que trajo consecuencias bien delicadas.
Quiero felicitar al Director de la ONEMI, quien nos acompaña hoy día en la Sala, porque ha hecho un planteamiento en cuanto a cómo darle una estructura funcional a la entidad.
No confundamos la iniciativa con lo que significa una ley de reconstrucción. Se precisa un régimen integrado, para dar respuesta tanto a la prevención como a la emergencia. Y eso se hace en el proyecto.
No voy a entrar al detalle, porque la Senadora señora Von Baer, Presidenta de la Comisión, ha relatado claramente cuál es la estructura. Creo que se cumple -y lo ha dicho el propio Director- con lo que debe contar un Sistema Nacional de Emergencia, en el sentido de partir desde la base, desde la propia organización civil, desde el municipio, hacia el vértice, que debe ser el Director Nacional. Eso se refleja en el texto y es necesario reconocerlo.
Mi Honorable colega Prokurica -excúseme por nombrarlo, señor Presidente- ha realizado una intervención muy importante, con críticas bastante razonables desde el punto de vista, más que nada, de la respuesta para la reconstrucción.
Ello no es posible confundirlo con el Sistema, en cuanto a los recursos, porque una Ley de Presupuestos de la Nación nunca contiene un ítem "Para la reconstrucción" o "Para la emergencia que pueda presentarse".
El señor PROKURICA.- Está el dos por ciento constitucional.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Todo el mundo ha creído que ese porcentaje se incluye. No es así. Ha sido una manera de darles al Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda la posibilidad de redistribuir el Presupuesto y restar hasta esa cifra para poder enfrentar un problema.
Cuando lo anterior se plantea, ¿qué tiene que hacer el Gobierno? Tiene que cuantificar la primera respuesta y seguramente reducir los presupuestos en otros puntos para poder efectuar de inmediato los gastos necesarios. Y como la emergencia puede ser de mayor magnitud que la disposición de una parte del Presupuesto, es preciso dictar una ley que financie la reconstrucción.
Fue lo que se hizo con motivo del terremoto del 27 de febrero de 2010...
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Su Señoría dispone de un minuto para concluir.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El Gobierno de la época mandó un proyecto para el efecto señalado.
Entonces, estimo que no debemos confundir una cosa con otra. Es preciso contar con recursos, sí. Son necesarios. Pero, al mismo tiempo, se requieren una organización y una estructura como las propuestas.
Juzgo que este es un avance muy importante.
No se destinan cuatro mil millones de pesos a la reconstrucción, sino a la organicidad de la estructura representada por la ONEMI, que transformamos en un Sistema Nacional de Emergencia. Eso es lo que estamos aprobando.
Creo que vamos por un buen camino y que es un buen proyecto.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, hubiéramos querido que la iniciativa que nos ocupa estuviese aprobada desde hace varios años. Chile se caracteriza por ser un país de desastres: erupciones, terremotos, tsunamis, inundaciones, nevazones, aluviones, incendios, marea roja, sequía, contaminación del aire y del agua. Es decir, ¡no nos falta nada!
Sin embargo, no habíamos dispuesto hasta ahora de un marco legal y una institucionalidad con el respaldo suficiente para atender acciones preventivas. Porque lo que estamos aprobando es una estructura que no solo funcionará en la emergencia: su característica esencial es que lo hará con anticipación.
Al respecto, deseo consignar que mi preocupación se relaciona con dos aspectos.
Cuento con pocos minutos y el proyecto es muy extenso. Nos encontramos en un debate general y ya lo llevaremos a cabo en particular.
Uno de los puntos a que me refiero es la red de comunicaciones.
Lo normal en cada uno de los desastres es que los afectados, los territorios damnificados y las autoridades no pueden contactarse. Estimo que no resulta claro dónde se halla la línea que garantizará ese día el funcionamiento de las comunicaciones.
No sé si nos hallamos conectados con los sistemas de las instituciones armadas o de Orden. No lo veo en el texto.
Tampoco veo que ello se asegure con vías privadas de emergencia, salvo casos voluntarios de radioaficionados.
Es algo que no puede quedar a cargo de estos últimos. Tiene que tratarse de un sistema de comunicaciones oficial, garantizado, transparente y financiado. Y eso no lo advierto.
El segundo aspecto es que les estamos entregando responsabilidad a los municipios, lo que me parece muy importante. No hay nada que se pueda realizar en los territorios sin su participación.
Y, claro, van a trabajar de la mano con la institucionalidad respectiva, pero se crea una unidad de gestión de riesgos y emergencias en cada uno de ellos. No sé si todos están en condiciones de materializarla, desde el punto de vista financiero.
Quisiera dejar planteada mi preocupación en cuanto a cómo en el proyecto vamos a garantizar esa medida en el caso de las municipalidades más vulnerables, que no tienen los recursos, ni los profesionales, ni las capacidades para ponerse a la altura de lo que debe ser un departamento de esta índole. Cabe recordar, además, la realidad de las más pequeñas, de las más aisladas.
Por otra parte, normalmente nos encontramos -aludo a situaciones de emergencia en el sur y en La Araucanía, en particular- con que una nevazón, por ejemplo, deja aislado un sector importante. Entonces, a esos lugares no es posible acceder o llegar con la ayuda oportuna. Preventivamente, ¿por qué en algunos territorios donde sabemos que va a ocurrir la emergencia, que va a nevar, que van a quedar aislados, no se instalan algunas bodegas con elementos mínimos para atender la demanda de alimentación de las personas o de forraje para animales?
Creo que esos elementos tienen que ser diseñados.
Me alegro mucho de que estemos frente a un proyecto con el que deberíamos haber contado desde hace largo tiempo. En realidad, Chile se conoce como un escenario de desastres, pero carecíamos de una institucionalidad que se hiciera cargo de ello, de tal manera que con mucho entusiasmo voy a votar a favor de la idea de legislar.
En la discusión particular veremos algunos aspectos que deberían ser considerados, en mi opinión, en la estructura de emergencia que se merece el país.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, deseo partir por sumarme a las expresiones de los Senadores señores Zaldívar, Prokurica y Tuma en el sentido de que esta es una iniciativa de extraordinaria importancia, en la cual objetivamente estamos atrasados. Ella se originó en el año 2011, y si fuera necesario dar una explicación plausible de por qué el Congreso y el Ejecutivo han demorado cuatro años en sacarla adelante, la verdad es que no tendríamos ninguna.
En segundo término, quiero aprovechar la oportunidad -hay pocas para hacerlo- y adherir al reconocimiento de algunos Honorables colegas a la labor que le ha correspondido efectuar al exgeneral Ricardo Toro, Director de la ONEMI. Este último ha demostrado, desde mi punto de vista, una capacidad y un profesionalismo sobresalientes para hacerse cargo -digamos las cosas como son- de una de las tareas públicas más complejas, verdaderamente de veinticuatro horas durante siete días. Me parece que lo ha hecho extraordinariamente bien.
En tercer lugar, observo con buenos ojos que intentemos elevar las capacidades de los municipios. Mas no es posible olvidar que, en Chile y en cualquier otro país, la única respuesta real ante catástrofes naturales de envergadura proviene de las Fuerzas Armadas. Carabineros, por cierto, juega un enorme papel desde el punto de vista territorial; pero, cuando se necesita enfrentar casos de emergencia extrema, hacen falta operaciones que justamente tienen que ser llevadas adelante por personal militar.
Por lo tanto, se requiere pensar no solo en mejorar las posibilidades de los municipios, sino también las capacidades no bélicas de las Fuerzas Armadas, que son precisamente las que se requieren para participar en situaciones de emergencia. Y tengo la impresión -lo digo con algún conocimiento de causa- de que este ítem no siempre es prioritario a la hora de ver los presupuestos institucionales.
Es necesario que la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército se desplieguen en el territorio, que lleguen a lugares muy complejos. Sin embargo -digamos las cosas como son-, muchas veces el equipo que se utiliza para ello es de doble propósito, pero no el más apropiado para esas tareas.
Por lo tanto, no nos engañemos. Frente a emergencias, resulta indispensable la acción de los institutos armados, los que deben tener las capacidades suficientes.
Dicho eso, señor Presidente, debo agregar que, lamentándolo, siento que mi obligación es abstenerme en la votación de este proyecto, a la espera de que aspectos importantes se corrijan.
Me refiero, concretamente, al artículo 43 y, en particular, al artículo 27.
Yo quisiera que la Secretaría se pronunciara respecto del carácter de las modificaciones del artículo 43, que tiene que ver con la actuación del Ministerio de Defensa Nacional. Porque el proyecto contiene enmiendas tanto a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas como a la Ley Orgánica del Ministerio, las que, en mi opinión, debieran ser votadas, en ambos casos, con rango orgánico constitucional, cosa que, salvo que me equivoque, no se está haciendo. Es un error de envergadura y, en consecuencia, no podemos sino reparar en él.
Fíjense que el artículo 43 le asigna a la Subsecretaría de Defensa una tarea que no está contemplada en la ley del Ministerio.
Más aún, su inciso final constituye ni más ni menos que una modificación completa de la operatividad del mando de las Fuerzas Armadas.
Miren lo que dice: "El mando operacional de los medios terrestres, navales y aéreos que sean asignados a las tareas y labores de respuesta a la emergencia será ejercido por el Jefe del Estado Mayor Conjunto".
Eso no es así. Esa es una tarea que les corresponde a los comandantes en jefe. El Estado Mayor Conjunto tiene una labor de coordinación.
En consecuencia, ahí se está cambiando ni más ni menos que toda la línea y la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. Es una cuestión mayor. Y yo, con toda franqueza, no entiendo por qué la Comisión de Defensa -lo digo con el mayor respeto a los colegas que la integran-...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede continuar, señor Senador.
Un minuto más.
El señor ALLAMAND.- Me indican que se rechazó, pero eso está mal. Es un tema de envergadura que no puede quedar así.
Y, en segundo lugar, señor Presidente -termino a la carrera-, el artículo 27 también está muy mal, porque no da cuenta del conflicto latente que se va a producir, por ejemplo a nivel regional. Los intendentes van a ser elegidos y, por tanto, no van a depender ni del Ejecutivo ni del Ministerio de Defensa. Ellos, de acuerdo con el artículo 27, quedarían en disposición de ordenarles acciones operativas a las Fuerzas Armadas, lo que está muy mal y es inconstitucional.
Se viene por delante un conflicto evidente. ¿Qué ocurrirá cuando un intendente le dé una orden a un comandante de regimiento sin pasar por el Ministerio de Defensa?
Hay dos falencias graves en el proyecto, señor Presidente, por lo que me voy a abstener.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, dotar a Chile de un sistema que le permita prevenir, prepararse, reaccionar y reconstruir, oportuna y eficientemente, frente a los desastres que lo afectan regularmente es, en primer lugar, una exigencia económica y social, porque el país requiere contar con una estructura que ayude a recuperar la normalidad de las diferentes actividades lo más pronto posible, una vez ocurrida una emergencia.
También es un imperativo político, en cuanto la satisfacción de las necesidades de víctimas y damnificados constituye una condición indispensable para asegurar la paz social y una prioridad frente a todo otro requerimiento público.
Y lo más importante, señor Presidente, es un imperativo moral de todo grupo social el acudir en apoyo del hermano, del vecino, del compatriota frente a la desgracia que lo afecta. Esta actitud nos mantiene unidos como comunidad y es una condición de la sociedad inclusiva que queremos construir.
Por eso resulta tan importante revisar y modernizar la estructura que el Estado y la sociedad se han dado para asumir esta responsabilidad.
Esta tarea no puede ser postergada. Disponer a todos, individuos, comunidades y al propio Estado, en una actitud preventiva, con una planificación que incorpore la variable de la gestión de riesgos en todos los ámbitos, desde la escuela, nos permitirá evitar o disminuir víctimas y mitigar daños que muchas veces afectan por largos períodos a nuestras comunidades.
Chile se viene preparando desde hace bastante tiempo en esta materia. No estamos partiendo de cero, pero el presente proyecto debe permitirnos dar un salto en nuestras capacidades y competencias.
Sus principales méritos son incorporar una perspectiva sistémica, donde quedan claramente definidas tanto las estructuras como los instrumentos de gestión, sean de carácter general o sectorial, desde el nivel comunal hasta el provincial, regional y nacional.
A su vez, quedan determinadas las instancias decisorias, operativas y consultivas del sistema.
La responsabilidad, entonces, descansa sobre toda la estructura del Estado y no sobre un órgano en particular.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que se crea está llamado, no a concentrar las competencias, sino a promover la incorporación de todos en esta tarea, a sintetizar las mejores experiencias nacionales e internacionales, a ayudar a que todos los organismos y comunidades estén mejor preparados, y a conseguir que las respuestas sean lo más eficaces, oportunas y eficientes posibles.
No está garantizado que habrá una unidad encargada de la gestión de riesgos y emergencias en cada una de las comunas. Si bien se reconoce como objetivo, este no se asegura pues no se considera el financiamiento correspondiente.
Las emergencias ocurren en los territorios. Por lo tanto, mientras más cerca se encuentre la autoridad a cargo, la respuesta será más efectiva y oportuna. Esto ha quedado demostrado, una vez más, con ocasión de la catástrofe ambiental, económica, social y sanitaria producida por la marea roja en Chiloé.
Otra debilidad de la institucionalidad propuesta se refiere a la etapa de reconstrucción, donde en el último tiempo ha sido frecuente recurrir a la figura del delegado presidencial, en circunstancias de que se requiere la creación de una agencia nacional a cargo de ella.
Como decía, el proyecto se ocupa de modernizar la estructura del Estado, pero no innova en el ámbito de las atribuciones de los distintos órganos con ocasión de la respuesta a una emergencia.
La ley actual (la N° 16.282) establece diversas disposiciones, con facultades para las autoridades administrativas y judiciales, que permiten tener mayor capacidad de acción frente a una emergencia. Sin embargo, esta materia no fue incorporada en la indicación sustitutiva, desaprovechándose la oportunidad de actualizar y sistematizar el marco jurídico vigente.
Diversas atribuciones en el ámbito de las comunicaciones, los medios de transporte, los servicios básicos, la logística, la distribución de alimentos y combustible, los recursos estratégicos, entre otras, para dar respuesta eficaz a la emergencia, están hoy dispersas en muchas autoridades y servicios, públicos y privados, o derechamente no existen.
Por otra parte, el Presupuesto de la Nación no cuenta con provisiones específicas para los casos de catástrofe, que representan pérdidas para el país de más de mil millones de dólares anuales, en promedio.
Le pido un minuto más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay problema, señor Senador.
Continúe.
El señor QUINTEROS.- Otra materia que debiera ser profundizada se refiere al rol del sector privado y de las personas ante las calamidades.
No podemos depender solo de la acción del Estado frente a estas contingencias. Debemos relevar el rol del voluntariado, de Bomberos, de la Cruz Roja y de otras instituciones de la sociedad.
Todo esto tenemos que potenciarlo, pero también debemos revisar las obligaciones de las empresas para con sus trabajadores y su entorno, particularmente cuando están a cargo de proveer bienes y servicios básicos a toda la comunidad.
Señor Presidente, si hay algo positivo en las emergencias es que nos permiten volver a situar las prioridades y reafirmar el rol insustituible del Estado para apoyar e incorporar a quienes por cualquier motivo se encuentran en condición vulnerable, especialmente si es por causa de una catástrofe.
Con esta ley, el país contará con una institucionalidad más moderna y eficiente para afrontar los desastres y emergencias y también estaremos construyendo una sociedad más inclusiva, más solidaria y más cohesionada.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto relevante, que a nosotros nos gustaría apoyar con entusiasmo, porque Chile, como todos han planteado, es un país de catástrofes y, por lo tanto, debemos contar con un servicio de emergencias -una nueva ONEMI- fuerte, robusto, con la capacidad de enfrentar las coyunturas que le causan tanto dolor y daño a nuestra nación.
Sin embargo, considero que la estructura que se plantea en la iniciativa, que a lo mejor va en el camino correcto en cuanto a lo formal, no da cuenta del fortalecimiento y la robustez que Chile requiere.
Estoy seguro de que, si sucediera cualquiera de las emergencias que hemos conocido en los últimos tres años, la decisión gubernamental sería nombrar a un jefe de zona, es decir, a un general de Ejército a cargo de la situación, pasando todas estas normas a un absoluto segundo plano.
Lo anterior demuestra, en los hechos, que no estamos contribuyendo a fortalecer un servicio de emergencias que verdaderamente dé cuenta de las necesidades que existen.
Al margen de ello, en la Comisión de Defensa, bajo la presidencia del Senador Alejandro Guillier, tratamos en detalle esta iniciativa. Y en verdad contiene aspectos extraordinariamente delicados que, si bien fueron aprobados por la Comisión de Gobierno, quedaron mal resueltos y, por ende, fueron rechazados por la Comisión de Defensa, relacionados con el rol de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia.
El proyecto, que crea el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, transforma, mediante el inciso final de su artículo 43, la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, vital en la estructura de los mandos de las Fuerzas Armadas, al señalar que "El mando operacional de los medios terrestres, navales y aéreos que sean asignados a las tareas y labores de respuesta a la emergencia será ejercido por el Jefe del Estado Mayor Conjunto".
La Ley Orgánica del Ministerio de Defensa establece cuál es el rol del Jefe de Estado Mayor Conjunto en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Esa estructura es la columna vertebral de toda la organización del Estado Mayor Conjunto. Y resulta que ahora, en una ley aparte, referida a una cuestión civil, se modifica la estructura operacional de las Fuerzas Armadas, particularmente en uno de sus órganos más sensibles, como es el Estado Mayor Conjunto.
No hay duda de que es una mala solución legislativa. Y es lo que nos llevó, entre otras cosas, a rechazar el proyecto en la Comisión de Defensa, más allá de los quorums y de aspectos formales: una cuestión de fondo.
La estructura de las Fuerzas Armadas no puede ser modificada por leyes que tratan materias de carácter civil, porque, si lo permitimos, después vendrá una nueva ley, a lo mejor sobre otra materia significativa, que hará lo mismo, estructurando la orgánica de las Fuerzas Armadas de una manera distinta.
Actualmente, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas indica claramente cuáles son las funciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto. Y ahora, de manera inorgánica, se le agrega otra, que, primero, no resulta adecuada desde el punto de vista de la técnica legislativa, y que, segundo, claramente generará confusión en el modo como dicha autoridad debe llevar adelante el mando operacional cuando ordene a tropas determinadas que tengan mandos militares distintos que no van a depender de él, como sí ocurre en caso de guerra u otro conflicto, en que por la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa tiene mando directo.
Por lo tanto, señor Presidente, me voy a abstener en esta materia.
No podemos seguir avanzando en un proyecto que exhibe debilidades presupuestarias, falta de robustez, errores legislativos y jurídicos, como en la estructuración de las Fuerzas Armadas para llevar adelante una misión y una tarea extraordinariamente relevante y sustantiva: ayudar a los chilenos en momentos en que sufren catástrofes, que es precisamente cuando la gente se da vuelta a mirarlas, esperando que esa ayuda llegue de la manera más oportuna. Sin embargo, todo eso se resuelve aquí de manera incorrecta.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, este es un proyecto de la mayor importancia.
Ya se ha dicho pero corresponde reiterar que nuestro país tiene ciertas características que generan catástrofes, las cuales, por supuesto, se pueden prevenir. Uno puede ajustarse a la naturaleza, aprender a convivir con un territorio sísmico, volcánico y que además posee 83 mil 500 kilómetros de costa, lo que lo hace estar afecto a tsunamis e inundaciones, como la ocurrida en Atacama. También tenemos volcanismo, con casos como el del Chaitén, el Hudson, el Caulle y el Calbuco, por citar ejemplos de los últimos veinte años; incendios dramáticos, como el acontecido el 2014 en Valparaíso, y deslizamientos que generan tsunamis locales con pérdida de vidas, como el acaecido en Aisén el año 2007.
Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de empoderar a la Oficina Nacional de Emergencia del país.
A lo anterior se suman las acciones humanas, como el manejo de químicos, de sustancias radioactivas, en fin.
Desde luego, la clave está en la prevención y en la capacidad de adaptarse a las condiciones catastróficas de nuestro país, que además están magnificadas por el cambio climático.
¿Cuáles son los problemas que hay que vencer en esta materia?
Uno es, por cierto, el centralismo. En la actualidad, ante una catástrofe o riesgo inminente de ella, se obliga a comunicar primero al nivel central para que se tomen determinadas acciones e incluso para que recién se informe a la ciudadanía. Hoy en día los ciudadanos están en red y se informan, a través de sistemas nacionales o internacionales, incluso antes de que la autoridad tenga el dato o alcance a reaccionar. Y hay que hacerse cargo de esta realidad.
Además, incluir a la comunidad significa no solo entregarle información y prepararla para un evento, sino también hacerla partícipe, a través de organismos importantes, en acciones de prevención y en la concurrencia a las zonas de catástrofe.
Se ha mencionado la red de radioaficionados. El Senador Prokurica y quien habla hemos sido particularmente insistentes en relevarla, porque se caen las comunicaciones satelitales, se caen las que operan a través de torres, pero los radioaficionados siguen funcionando. En algún minuto el sector público, que tenía redes en Vialidad, en Obras Públicas, en CONAF, se desentendió de esto por un avance tecnológico, y la verdad es que las radios no fallan en estas situaciones.
Después tenemos los clubes aéreos, que también juegan un rol relevante; para qué decir los bomberos, organizaciones de la Defensa Civil, en fin. Hay mucho que hacer para que a nivel regional, provincial y comunal exista participación.
Quiero destacar que la Comisión de Gobierno analizó esta iniciativa en general y en particular, pero los temas relacionados con las instituciones de la Defensa los dejó ex profeso para ser resueltos por la Comisión del ramo. Lo digo porque algunos de los miembros de esta última ahora están objetando el proyecto, aunque, desde luego, el Ejecutivo deberá hacerse parte en el asunto a través de indicaciones.
Por otro lado, quiero poner énfasis en los instrumentos que plantea la iniciativa y que habrá que mejorar: los mapas de riesgo, el sistema de alerta temprana y el monitoreo en red.
Hoy en día las capacidades están más que instaladas -en los servicios públicos, en las empresas privadas, en los organismos académicos y ciudadanos- como para tener información preventiva y, además, de alerta temprana.
Para ello se requieren ciertos instrumentos. El proyecto establece algunos, pero con defectos que se deben corregir, como los mapas de riesgo.
Hay que establecer un ordenamiento territorial, distintas actividades armonizadas y manejos integrados de cuencas. Estas se deben respetar como corresponde, sin intervenirlas con la extracción de áridos para la construcción. La gente tiene mala memoria y olvida que los cauces vuelven a recuperarse y que las crecidas, que antes sucedían cada diez o cien años, ahora, con el cambio climático, al subir la línea de nieve y aunque haya menos precipitaciones, se producen con mayor frecuencia.
A estos instrumentos hay que agregar la zonificación del borde costero, donde hoy se ubica una enorme cantidad de instalaciones que se hallan en áreas de riesgo de tsunami y que deben ser adaptadas o regularizadas. Son una realidad de la cual el proyecto también tiene que hacerse cargo.
En el caso del sistema de alerta temprana, actualmente existen sistemas de monitoreo satelital, aéreo, cámaras, que permiten, incluso a través de la internet de los objetos, establecer ciertas alarmas que actúen a tiempo.
Le pido 30 segundos más, señor Presidente, para ilustrar lo que estoy señalando.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para concluir su intervención.
El señor HORVATH.- Gracias.
Señor Presidente, con respecto al monitoreo de las crecientes de ríos, de los vaciamientos de lagos, de las acciones de glaciares que generan tranques naturales, de los incendios, hoy en día existe tecnología suficiente para alertar a tiempo y tomar las medidas pertinentes.
Por ejemplo, en la Región de Aisén, donde se producen vaciamientos de lagos formados por avances de glaciares, las personas están en red por radio; y ante el peligro de que el embalse natural se rompa, los mismos pobladores advierten a la población. Entonces, sacan a los animales y a la gente que realiza alguna actividad en ese sector, y cuando se produce la creciente se salvan vidas y actividades socioeconómicas.
Pero también tenemos el caso de Valparaíso, que sufrió -nosotros lo vivimos- un incendio terrible, en el que perdieron la vida muchas personas.
La Biblioteca del Congreso Nacional, con sus profesionales, nos facilitó fotos satelitales de un mes antes del siniestro, de un mes después y del año siguiente: las mismas quebradas incendiadas se han vuelto a ocupar; los árboles, altamente inflamables, siguen creciendo ahí.
No podemos permitir que ello ocurra, señor Presidente, independiente de que las instituciones ejerzan o no el rol fiscalizador y de alerta temprana que les cabe en esta materia.
Por lo tanto, nosotros queremos ahora -en la ley en proyecto; porque tenemos otra iniciativa- que estos sistemas de monitoreo sean elementos legales, que constituyan prueba -así como el posicionador satelital- para que las instituciones puedan actuar.
Me parece que en este ámbito todavía hay harto por mejorar.
Sin embargo, esperaremos las indicaciones del Ejecutivo para lo que planteó, legítimamente, la Comisión de Defensa.
Por ello, estimo que debemos votar a favor, al objeto de que este proyecto prospere.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor MOREIRA.- ¿Qué dice el cartelito que está en su escritorio?
El señor NAVARRO.- Este cartel dice: "¡Fuerza, Dilma! ¡No al golpe de Estado!", Y yo agrego: ¡sea blando o de cualquier tipo...!
Lamento profundamente lo sucedido en Brasil: la destitución de una Presidenta elegida con más de 54 millones de votos, que no está involucrada en ningún acto de corrupción, sino que sufre el acoso político de una clase que se niega a aceptar que la mayoría de los desvalidos de ese país han llegado al poder.
Señor Presidente, sin duda, para quien representa a la Región del Biobío, que fue azotada por el terremoto del 27F, este proyecto resulta vital.
Hemos sufrido desbordes de ríos: inundaciones en 2005 y en 2006.
Hemos sufrido incendios forestales.
Hemos sufrido terremotos y tsunami: Talcahuano.
Hemos sufrido erupciones volcánicas.
¡Chile es en América Latina el país con la más alta probabilidad de sufrir desastres naturales y emergencias nacionales!
Por todas las vías hemos intentado conversar con Defensa, para mejorar esta iniciativa con una sola idea.
¡Una Agencia Nacional de Protección Civil es total y absolutamente insuficiente!
Desde el inicio planteamos la necesidad de que exista un Ministerio de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias o un Ministerio de Emergencias y Catástrofes Naturales; es decir, una institucionalidad acorde a las condiciones de nuestro país.
Señor Presidente, en agosto de 2015 hicimos llegar a la Comisión de Defensa un documento. Y planteamos un conjunto de indicaciones.
Primero, no se aborda completa y apropiadamente la gestión para la reducción del riesgo de desastres, limitándose a un enfoque centrado fundamentalmente en la gestión para prevenir y administrar emergencias.
La prevención no se encuentra consignada en esta iniciativa.
Segundo, la institucionalidad propuesta por la indicación sustitutiva del proyecto de ley no alcanzará para desarrollar una prevención eficaz, por lo que no será capaz de revertir la tendencia a las pérdidas sufridas tras cada catástrofe y su afectación sobre el desarrollo.
Señor Presidente, mientras Chile gastó montos cercanos al 1,2 por ciento de su PIB para todo ese período, otros países de la región que se ven enfrentados a desastres y catástrofes con la misma frecuencia, como México y Colombia, desembolsaron montos apenas superiores al 0,2 de su PIB por las pérdidas sufridas.
Porque, a pesar de la fuerte infraestructura y de la normativa existente sobre la materia, no hay tarea de inversión en prevención, como lo muestra el cuadro relativo a pérdidas por desastres en el grupo G20 que tengo a la vista, en que Chile exhibe el más alto gasto como consecuencia de los desastres que experimenta. Y todos los especialistas mundiales indican que ello se debe a la falta de prevención.
Tercero, este proyecto no se hace cargo del desarrollo técnico, del conocimiento científico-técnico y (quizás es lo más trascendente) de la falta de profesionalización del sistema.
Aun cuando en la indicación sustitutiva se observa la intención de incorporar al conocimiento científico-técnico en la gestión de riesgos y emergencias, la metodología empleada es la de utilizar los recursos existentes en organizaciones o instituciones cuya misión institucional no está necesariamente asociada a la prevención.
En consideración a lo anterior, esta iniciativa no logra satisfacer la necesidad de incorporar formalmente el conocimiento científico-técnico a las políticas de gestión del riesgo de desastres de nuestro país. Entre otras cosas, como ya se señaló, porque es insuficiente respecto de la evaluación, la prevención y la propia gestión prospectiva del riesgo de desastres.
Cuarto, este proyecto no incorpora adecuadamente a la ciudadanía o a la comunidad en la gestión para la reducción del riesgo a través de los municipios u organizaciones locales de manera sistemática y eficaz.
Las políticas públicas no son efectivamente públicas, por ejemplo, si no tienen un alto impacto en las personas y si no existen roles, responsabilidades y derechos que les competan a estas mediante la participación organizada de los ciudadanos.
El texto de la indicación sustitutiva del proyecto de ley asigna a los municipios ciertas responsabilidades sobre la incorporación de mapas de riesgo en los planes comunales, pero no incorpora las funciones específicas de prevención, mitigación y preparación que se deben ejecutar en conjunto con la comunidad, con la activa participación de las personas y la sociedad organizada.
En esta iniciativa se desestiman las capacidades de la comunidad organizada para la implementación de acciones tendientes a una adecuada gestión de riesgos, a fin de evitar los efectos disruptivos de ellas antes de que ocurran.
Quinto, el espíritu y la letra de este proyecto de ley otorgan connotación política y no técnica al manejo de la emergencia.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear su intervención.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la creación del Comité de Ministros para la Gestión de Riesgos y Emergencias, presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, que propone la indicación sustitutiva da cuenta de la instrumentalización de la preparación y respuesta a la emergencia y de su dependencia de las autoridades político-administrativas de nuestro país, y desestima la condición no necesariamente competente de dichas autoridades en lo relacionado con la gestión técnica para un adecuado tratamiento preventivo y prospectivo del riesgo de desastres.
Si bien este proyecto crea la figura del Jefe de la Emergencia, no aplica el mismo principio en la asignación de roles, responsabilidades y atribuciones respecto de la evaluación, planificación, prevención, mitigación de riesgos, al supeditar estas funciones a las políticas sectoriales. Planificar, organizar, dirigir y controlar, componentes esenciales de todo proceso administrativo y de gestión no son funciones que se puedan desarrollar desde una plataforma política colegiada como lo plantea el texto de la indicación sustitutiva.
Si no tenemos un Jefe de la Emergencia con el grado necesario, ¡ningún Ministro, ningún general le hará caso! Necesitamos una autoridad con imperio, con mando, sobre todo en el plano de una emergencia. Y esta iniciativa no establece aquello.
Sexto, en la indicación que sustituye el proyecto de ley no se consideran herramientas de financiamiento ni de fomento a la prevención, como tampoco se plantea la necesidad de la provisión de un fondo para la recuperación.
Señor Presidente, se requiere dinero que no afecte el desarrollo productivo de nuestro país. Se precisa una alta inversión en prevención: ¡prevenir!, no ¡reconstruir! Y eso debiera quedar contemplado en dicho fondo, así como en algún momento se dispuso el 10 por ciento de las ventas de CODELCO para las Fuerzas Armadas a fin de garantizar el adecuado desarrollo de ellas. Más allá de los problemas que hemos visto en la actualidad, se necesita un fondo nacional de reconstrucción permanente capaz de financiar la prevención en cada una de las comunas de Chile. Esto, con el objeto de estar preparados. Porque todos los días nos vemos enfrentados a situaciones de emergencia.
Entonces, parece absurdo no establecer aquello, para reaccionar a tiempo y no andar limosneando ayuda.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede continuar, señor Senador.
El señor NAVARRO.- En el contexto antes descrito, la recomendación directa es un llamado a prepararse para las emergencias mediante la financiación previa de marcos de actuación que anticipen de mejor manera los impactos complejos y de amplio alcance que pudiera ocasionar en la economía la ocurrencia de un desastre. ¡Qué no nos pille mal parados! Si hay un desastre, está resuelto. Tenemos un fondo de contingencia.
El Marco de Sendai estableció como una de sus cuatro prioridades la de invertir en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia. O sea, los desastres ocurren. Hay destrucción, pero existe todo un período posterior que requiere atención. Ello debe ser tratado, integrado. Es decir, al momento de un desastre, las víctimas son golpeadas dos veces: en el mismo instante de la catástrofe y, después, durante un largo tiempo, como ocurre hoy día con las víctimas en Atacama, en Concepción y en muchos otros lugares. Seamos francos: no tienen atención psicológica ni un apoyo de continuidad.
Señor Presidente, el proyecto no crea instrumentos de fomento de la inversión para la reducción de riesgos de desastres.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador, tiene un minuto más.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ahora termino.
Se requieren mecanismos que animen al sector privado y al público a invertir en la prevención de desastres, ¡a desalojar la quebrada antes de que sobrevenga la avalancha!
Debemos lograr que los planes del SERNAGEOMIN sean vinculantes con los planes reguladores de las ciudades. Hoy día esta institución dice: "En esa quebrada no se construye"; luego, está toda construida. Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras Municipales señalan: "No podemos hacer nada". Por tanto, no hay vinculación.
No se observa, señor Presidente, que este proyecto de ley permita fomentar la creación de una cultura de seguridad, a través de la innovación y la educación para la resiliencia, como tampoco se hace cargo del conocimiento acerca del riesgo y de los factores subyacentes.
Por último, esta iniciativa diluye la responsabilidad y liderazgo sobre la gestión y no genera herramientas para la integración de los esfuerzos sectoriales, lo que constituye una gran debilidad. Se requiere una concentración de la gestión y de la responsabilidad.
Se necesita un Ministerio de emergencias y de catástrofes nacionales. Una gran institucionalidad para nuestro país, que presenta un gran riesgo de desastres.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, la verdad es que voy a votar a favor en general de este proyecto. Creo que ha habido avances muy significativos respecto a las versiones anteriores.
Antes quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo expresado por la persona que me antecedió en el uso de la palabra.
A mi juicio, se están confundiendo muchas cosas.
Cabe señalar que es bueno participar en este proceso legislativo, pues esta iniciativa ya lleva bastante tiempo en discusión.
Aquí estamos centrados en un tema: la emergencia. Por lo tanto, mezclar la emergencia con el período de prevención, que es un lapso que puede durar años y que se relaciona con normas permanentes en distintos lados; mezclar la emergencia con el período de normalización y la etapa de reconstrucción, no nos ayudan a establecer un dispositivo con las condiciones y las facultades para reaccionar adecuadamente frente a una emergencia.
En cuanto a que sea o no un Ministerio, no me convence el argumento que se ha dado. De hecho, hasta hace muy poco tuvimos el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para el período de la reconstrucción.
Ahora eso se concibe de otras maneras; hay una estructura territorial distinta, en fin.
Creo que es bueno que el Senador Navarro participe en el proceso de debate de estas materias. Espero que se tomen decisiones en poco tiempo más, y que esto nos sirva como una nueva forma de organización.
A mí me parece que cualquier institucionalidad u otras opciones no será lo definitivo; porque esto es bien dinámico, y la experiencia misma obliga a hacer ajustes en la manera de enfrentar los temas. O sea, vivimos en el país más sísmico de la Tierra; vivimos en el territorio con más volcanes en el planeta, en fin, y vivimos en un mundo que sufre el cambio climático. Ello está presente. Las cosas que han ocurrido ahora en Chile se van a repetir de otras maneras y habrá muchas novedades en el modo de enfrentar las catástrofes, pues forman parte de la realidad que nos toca vivir.
Por lo tanto, creo que en el Senado hay que tener en cuenta que, además de tomar buenas opciones, debemos tener también la humildad de decir: "esto habrá que estar perfeccionándolo con cierta frecuencia". No es posible tener estructuras de una vez y para siempre, porque se pueden registrar distintos tipos de sorpresas.
Entre las cosas que me parece que mejoraron bastante respecto al proyecto anterior -que conocí en la Cámara de Diputados-, la más importante es el cambio del enfoque centralista que esto tenía. Es decir, desde un enfoque de que todo se hacía desde arriba hacia abajo, se pasó a otro en que hay que combinar de diferente manera lo de abajo con lo de arriba.
Y ello se debe a que la vida ha demostrado que la emergencia es un problema esencialmente local.
Todo intento de manejar la emergencia desde el nivel central ha chocado con la realidad. Por ejemplo, cabe recordar lo que ocurrió en Talcahuano durante el terremoto del 27F, en cuanto a que, al final, la gente se agrupó con el Cuerpo de Bomberos de la zona para iniciar un proceso de respuesta ante la emergencia; o en cuanto a que la ONEMI -no me acuerdo bien cómo se llama- decidió hacer un gran aporte a la zona de catástrofe, y mandó dos camiones de alta tecnología desde Santiago; pero no les fue posible pasar más allá de Rancagua, ¡porque no pudieron encontrar el camino!
Por lo tanto, para utilizar un enfoque con instrumentos desde arriba se requiere combinar muy bien lo que ocurre a nivel local en la emergencia con la respuesta que se da en otros niveles que también tienen que participar.
Yo siento que el equilibrio entre estas dos dimensiones mejoró muchísimo en la versión actual del proyecto. O sea, estamos en una buena línea.
En segundo lugar, en la iniciativa que teníamos en la Cámara había una confusión bastante grande entre la reacción frente a la emergencia y la producción de conocimientos para la emergencia, que son dos cosas muy distintas. O sea, los sismólogos deber contar con elementos a fin de saber qué pasa en cada momento, cómo se acumulan los riesgos, en fin. Y, a su vez, deben disponer de la capacidad de ir procesando, de ir recogiendo, de ir sugiriendo formas de prevención y otros mecanismos.
Aquí hubo durante bastante tiempo un conflicto entre la Universidad de Chile y la ONEMI respecto a que esta quería manejar, incluso, la red de acelerógrafos y distintas instancias. Y la vida demostró que ella no podía responder, ya que carecía de las condiciones para manejar esas situaciones y se requería una red pensando en la perspectiva de producir conocimientos en la ciencia de la Tierra.
Por tanto, tenemos aquí un problema institucional pendiente.Imagino que estas materias deben estar radicadas en un organismo tipo Instituto Antártico Chileno más que donde se hallan hoy día: en un departamento de la Universidad de Chile, con un estatus jurídico que aún hay que madurar más. Esto hay que conversarlo bastante con las autoridades de ese plantel académico.
Además, nosotros deberíamos volver a ser un país capaz de exportar conocimientos. Chile tuvo gran capacidad para hacerlo en el ámbito sismológico.
Todavía tenemos proyectos muy potentes. Pero les quiero decir que entre los sismólogos en México, en Francia, en Japón existen un conjunto de chilenos que circulan por el mundo, que se formaron en otra época y son muy destacados.
Me parece que, así como logramos formar una generación de expertos en otra época, deberíamos intentar hacerlo nuevamente para saber cómo reaccionar.
Hay dos cuestiones que me preocupan, y quiero mencionarlas rápidamente.
La primera, a mi juicio, es que aquí hay situaciones que requieren respuestas específicas -lo decía uno de los Senadores que me antecedieron-: es necesario que los planes recojan una acumulación de conocimientos y formas de responder frente a cosas que sabemos que están ahí y que se repetirán una y otra vez.
Señalo dos ejemplos.
Primero, en Antofagasta, todos sabemos que en esta zona se acumula energía de manera muy impresionante. Algo va a ocurrir en un año, en dos, o en más tiempo.
En tal sentido, es muy importante tener diseñada la respuesta a la emergencia para esa zona no solo conceptualmente, sino también operativamente.
Otro ejemplo es la falla de San Ramón, en Santiago. No puede seguir dándose la situación -comparto lo dicho por el Senador Navarro- de que ella ni siquiera esté incorporada en el Plan Regulador Metropolitano.
En estos días estuve por allá, y asistí a una reunión. Y la gente decía: "Nos construyeron la casa arriba de la falla, ¡nos construyeron la casa arriba de la falla!".
La verdad es que en este caso necesitamos, de una vez por todas, una política de prevención, pero también una forma de reaccionar frente a la emergencia. La hipótesis de que si se produce una situación sismológica en la falla de San Ramón será un combo nomás, un solo golpe, no un proceso de remezones lentos, debemos preverla.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo.
Tiene un minuto para terminar, Senador señor Montes.
El señor MONTES.- En el caso en comento, no hay ni siquiera mucha capacidad de reacción.
Finalmente, no me gusta la idea de pretender que exista gran cantidad de recursos para la emergencia, porque, incluso, ello no es razonable desde el punto de vista financiero.
Por el contrario, tiene que haber una capacidad para responder.
Aquí hay que volver a los principios de la emergencia.
Cuando hay emergencia, los recursos de las distintas instituciones tienen que ponerse en función de la institución encargada de coordinar y articular. Esto incluye a las Fuerzas Armadas, a privados y a públicos.
Los privados deben tener responsabilidades específicas frente a una emergencia: no solo deben facilitar un camión, sino también responder de la manera que la autoridad lo requiera.
Otra cosa es el tiempo de normalización y reconstrucción.
En la emergencia se necesita un conjunto de facultades. O sea, no es un problema de sumar recursos, sino de articular los preexistentes. Sería absurdo que tuviéramos recursos guardados porque sí ante una eventualidad. Deben moverse los recursos, públicos y privados, que están en distintos lados con el propósito de responder de la mejor manera ante la emergencia.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto de ley largamente esperado por la sociedad civil.
¿Qué se puede decir de esta iniciativa? Que fue objeto de urgencia legislativa en el Gobierno del Presidente Piñera durante largos -¡largos!- meses, pero no hubo voluntad para avanzar.
¿Por qué señalo eso con toda fuerza? Porque se requiere un nuevo Sistema Nacional de Emergencia, uno que permita tomar medidas para prevenir desastres naturales como el ocurrido en la Región de Atacama. Por algo el Senador Prokurica todavía tiene puesto un letrero en la parte posterior de su computador -y lo va a mantener hasta que el Gobierno escuche- que dice "ATACAMA #NoNosDejenSolos".
¡Eso es parte del drama!
En Valparaíso, después del incendio que dejó sin hogar a 2.700 familias (los últimos catastros indican que fueron 3.500), los damnificados han amenazado con volver al cerro -¡volver al cerro!- en carpas, si no se resuelvan los problemas de fondo. Finalmente, la oferta habitacional no se ha hecho cargo hoy día de los vouchers que entregó, no el Gobierno de Piñera, sino la actual Administración.
Entonces, mientras permanezca una mirada centralista para abordar los problemas del país, seguiremos dando pasos equivocados.
Algunos ejemplos: Chaitén, Tocopilla.
Las ciudades de Arica e Iquique están desesperadas, pues en algún minuto se señaló que no continuaría la extensión de los subsidios de arriendo debido a que no había presupuesto.
Ya hablamos de Atacama.
Entonces, en verdad, es necesario contar con un sistema capaz de hacerse cargo, primero, de las comunicaciones.
Sobre el particular, quiero recordar una medida -acompañé al Senador Prokurica en este planteamiento- que se sugirió antes del terremoto del 27F: incluir en el servicio de emergencia a los radioaficionados para generar una red secundaria que diera seguridad.
¿Qué ocurrió? ¡Nada!
Después vino el terremoto, y el llamado de un concejal de Juan Fernández nos advirtió del tsunami.
¡Así es como finalmente nos enteramos de los desastres naturales en Chile!
Por lo tanto, lo primero es contar con un sistema que asegure conectividad; que entregue una pronta respuesta, y que permita prever las distintas situaciones. No olvidemos que en el caso de Atacama, se anunció que iba a caer una cantidad de lluvia completamente inusual, como ocurrió hace pocos días en la Región Metropolitana.
¡Ah, pero perdón! ¡Como esto último fue algo que afectó a Las Condes y Providencia, el problema se resolvió!
Sin embargo, nadie se enteró de lo que sucedió en la Región de O'Higgins, donde un ducto de ENAP se rompió en el río Tinguiririca.
¿Alguien vio eso en los diarios o en los canales de televisión? ¡No! ¡Porque el "reality show" fue sobre el efecto que la catástrofe causó en Providencia y Las Condes!
Me parece bien que haya habido atención en ese caso. ¡Pero respecto de Calle Larga, ni una palabra! ¡Respecto de O'Higgins, ni una palabra!
Reclamo con urgencia para que se termine la mirada centralista que se adopta para enfrentar las emergencias y se integre al sistema a todos los voluntarios que realizan un esfuerzo.
Señor Presidente, le solicito 30 segundos adicionales para concluir.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Gracias.
En su momento fui a hablar con el general en retiro Ricardo Toro, Director Nacional de la ONEMI, sobre ese asunto.
Todos conocen el trabajo voluntario que efectúa el Grupo de Rescate Anfibio San Sebastián, de San Antonio, que hizo la pega en Atacama buscando sobrevivientes y, también, los cuerpos de las personas fallecidas, para darles cristiana sepultura.
¿Sabían ustedes que este grupo de rescatistas no está reconocido?
En Atacama tuvo que valerse de la limosna -¡limosna!- de los vecinos para sus necesidades básicas. Después, por supuesto, hubo alguna ayuda del Ejército y de la ONEMI.
Por lo tanto, se requiere un sistema capaz de visibilizar la labor que realizan los equipos de rescate, los voluntarios y todos quienes prestan un servicio a la comunidad en situaciones de emergencia, lo que en la actualidad, lamentablemente, no es muy visible.
En mi opinión, se ha hecho un esfuerzo por perfeccionar este proyecto: el texto propuesto es mejor que el que originalmente planteó el Gobierno de la Nueva Mayoría, pero no alcanza a ser tan bueno como el que presentó en su oportunidad la Administración del Presidente Piñera.
Pido que en esta materia haya más generosidad. No debiera depender de la firma que lleven las iniciativas la decisión de si estas avanzan o no en el Congreso, si tienen urgencia o no.
Finalmente, llamo a entender que esta política pública es una materia que debe contar con prioridad nacional, lo cual hasta ahora no existe.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, parto saludando al general Toro, quien nos acompaña en esta sesión.
A mi juicio, es muy importante escuchar la opinión de cada uno de los Senadores y las Senadoras, quienes están preocupados de un tema que debe ser abordado seriamente.
¡Por fin empezamos a discutir este asunto en el Senado!
Quienes fuimos Diputados valoramos el trabajo que efectuó la Comisión investigadora del 27F, porque muchas de las propuestas de esa instancia se incluyeron en el proyecto que aprobó la Cámara Baja.
Hubo un respaldo unánime y transversal respecto de la necesidad de establecer una institucionalidad a la altura de las circunstancias que vive y seguirá viviendo el país, puesto que las catástrofes han sido casi permanentes año tras año.
En ese sentido, quiero agradecer -tal como lo expresó el Senador Allamand- el trabajo realizado por el general Toro, con los medios a su alcance y sin contar con la institucionalidad que corresponde.
También valoro las labores desarrolladas por muchas personas anónimas.
Aprovecho de hacer un reconocimiento al esfuerzo de la Directora de la ONEMI de mi Región, señora Alejandra Riquelme, quien, con motivo del terremoto del 27F, no se movió de la Intendencia por muchos días -incluso con su guagua-, desarrollando tareas con el fin de ayudar a las zonas devastadas, como sucedió en la Región que represento, donde se perdieron muchas vidas.
Esta mujer hoy día sigue a cargo de la ONEMI de mi Región.
¡Hay que profesionalizar ese trabajo y no entregárselo, por razones políticas, a personas que muchas veces no cuentan con competencia!
Por ello, valoro la decisión que tomó el Director Nacional de mantener a dicha profesional en la oficina regional de O'Higgins. Ella, a raíz de los últimos problemas que ha habido a causa de las inundaciones, volvió a demostrar la calidad de su trabajo, muchas veces sin contar con los recursos suficientes ni con la ley que necesitamos.
Quienes representamos a regiones donde se perdieron vidas y hubo destrucción de zonas completas trabajamos para enfrentar las emergencias.
¡Por fin tenemos la posibilidad de conversar estos temas en el Parlamento!
Deseo traer a colación algo que me preocupa.
La definición de "emergencia" que propuso la Cámara de Diputados, con la que concuerdo plenamente, dice: "cualquier desastre, derivado de un fenómeno o accidente provocado por la naturaleza o el hombre, que produzca o pueda producir alteración o daños en las personas, bienes o medio ambiente y que requiera de una acción inmediata para resguardar la integridad de éstos.".
Curiosamente, el Ejecutivo cambió esa definición en el Senado mediante una indicación sustitutiva, que dispone que se entenderá por emergencia "los eventos disruptores de la vida comunitaria, sea que provengan de causas naturales u originadas con intervención humana, y que tengan la aptitud para causar estragos a las condiciones de vida, la integridad física o psíquica de las personas o a otros bienes o a las necesidades primarias y relevantes.".
Esa es una señal. ¿Qué razón existe para modificar una definición tan obvia? ¡No lo sé! Uno se queda pensando, señor Presidente.
Por otro lado, al Subsecretario del Interior y al general Toro les planteé una inquietud respecto de la red nacional de telecomunicaciones de emergencia.
En esa materia la Cámara de Diputados hizo un trabajo extraordinario -incluso se asesoró con personas de experiencia internacional: en lo ocurrido en Japón; en Estados Unidos, con las Torres Gemelas, con el huracán en Nueva Orleans, etcétera- para poder contar con comunicaciones de emergencia a la altura de lo que requiere el país.
Desgraciadamente, lo que aprobó la Cámara Baja en ese ámbito también fue cambiado en el Senado a través de otra indicación sustitutiva. No sé si se busca postergar este asunto, porque desde 2011 no se ha avanzado nada. Posiblemente, no se dispone de los recursos necesarios o se espera que no se presenten mayores catástrofes.
Antes los terremotos se producían cada 15 o 20 años. ¡Pero eso cambió, pues!
Hoy son comunes la erupción de volcanes y las inundaciones. El cambio climático causa un efecto tremendo.
Por lo tanto, requerimos una institucionalidad que permita contar con una ONEMI potente, profesional, con todos los medios para funcionar como corresponde.
Señor Presidente, quiero insistir en la importancia del trabajo en conjunto, para lo cual se planteó oportunamente la necesidad de una completa comunicación entre todos los equipos que intervienen en una emergencia (Gobierno, Fuerzas Armadas, Carabineros, bomberos, servicios de salud). Para ello, se precisa contar con un sistema interoperable, que comunique a todos los organismos involucrados.
¿Qué pasó el 27F? Carabineros no podía conversar con bomberos y estos no podían hacerlo con los servicios de salud, porque cada uno utiliza un sistema distinto de comunicación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para terminar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señor Presidente.
Espero que se avance en ese plano. Es fundamental, pues nuestra única función es prevenir y avisar oportunamente la emergencia.
Y voy a poner un ejemplo: a raíz del maremoto que afectó a La Serena y Coquimbo el año pasado, en mi Región se instalaron sirenas de emergencia en todo el sector costero, con platas del Gobierno Regional. De no haber sido por ese aporte regional, hoy día no contaríamos con dicho mecanismo de emergencia.
Ello da cuenta de la manera irresponsable en que se sigue trabajando, siempre reaccionando por lo que ocurre en otras partes.
Lo que se busca aquí es prevenir.
Por esas razones, señor Presidente, me voy a abstener en este proyecto.
En la discusión en particular intentaré que lo planteado por la Cámara de Diputados y, también, por nuestra Comisión de Defensa Nacional sea escuchado por el Ejecutivo, a objeto de conseguir los recursos suficientes para que en Chile exista un organismo de emergencia como todo el país desea.
¡No podemos seguir esperando!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Finalmente, llegamos al último inscrito.
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, primero, quiero saludar al Director Nacional de la ONEMI -tal entidad todavía conserva ese nombre- y, a través de él, a todo el personal que trabaja en dicha institución.
Hemos escuchado detalladamente las observaciones que se han formulado a este proyecto, y creo que hay un denominador común en ellas: se avanza en el establecimiento de una nueva institucionalidad que no parece estar a la altura de los desafíos del país.
Me preocupa que Chile, con la enorme capacidad que ha mostrado para dotarse de nuevas institucionalidades -como la del Ministerio Público, que permitió pasar del antiguo sistema penal a otro con nuevos principios, nuevos funcionarios, nueva estructura-, siga arrastrando, en el caso de la ONEMI, características que empíricamente han demostrado ser ineficientes.
Parto por lo principal: el centralismo.
En este país, desde la Región Metropolitana (salvo el SHOA aquí, en Valparaíso) se dan las directrices al resto del territorio en situaciones de emergencia y se despachan los equipos y muchas veces los bienes materiales necesarios. Ahí está la inteligencia; ahí se hacen los estudios.
Le recuerdo al señor Director de la ONEMI que en la Región de Los Ríos -y no olvidemos que Valdivia tiene el triste privilegio de haber sufrido el terremoto de mayor intensidad en el mundo hace poco más de 55 años- dependíamos del SERNAGEOMIN para el seguimiento de los volcanes, cuya sede en aquel entonces se hallaba en la ciudad de Temuco.
Me tocó concurrir en 2014 al aniversario número 50 de una de las erupciones más grandes del volcán Villarrica, que causó el fallecimiento de muchas personas en la localidad de Coñaripe, comuna de Panguipulli. Se celebró una misa con algunos familiares y sobrevivientes de esa tragedia.
Sin embargo, en esa ocasión pudimos comprobar que en el curso de la lava que había bajado del volcán se había edificado nuevamente y, lo que es peor, en algunas de esas construcciones habían participado instituciones del Estado.
En definitiva, la memoria y el seguimiento de la catástrofe en el territorio (las zonas donde históricamente ha habido erupciones volcánicas, inundaciones por maremotos o movimientos tectónicos de magnitud, como el caso de Valdivia) no se incorporan como experiencia.
Simplemente quedamos entregados a la buena suerte en el próximo evento que nos toque vivir. Ahí esperamos que respondan los bomberos, a quienes rindo un homenaje por estar siempre en primera línea; Carabineros, que ha hecho proezas en cada una de las situaciones de emergencia, y algunos vecinos heroicos.
Aprovecho de reconocer la labor de las agrupaciones de radioaficionados, quienes en los momentos de catástrofes han hecho su aporte. Me junté con ellos hace un par de días, y me dijeron: "Senador, seguimos en el aire. Nosotros queremos colaborar cuando se produzcan emergencias".
Basta recordar que en el terremoto del 27F se cayeron todas las comunicaciones de las grandes empresas y transnacionales. Los únicos que pudieron informar muchas de las situaciones que ocurrían eran, precisamente, los radioaficionados.
Por lo tanto, no veo aquí una institucionalidad coherente.
No se trata de proponer una enorme institución, sino de aprovechar la capacidad instalada disponible.
Respecto de los cuerpos de bomberos, aprobamos tiempo atrás una ley marco -fui autor de esa moción-, pero advierto que dicha entidad no dialoga adecuadamente con el presente proyecto.
Algo similar visualizo con la situación de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Pese a ser estructuras organizadas a lo largo del país, no juegan un rol relevante en esta nueva institucionalidad.
Y a los gobiernos regionales tampoco los veo comprometidos.
Creo que esta iniciativa plantea una legislación, como se decía hace mucho tiempo, "en la medida de lo posible", de un país que está aprendiendo recién de catástrofes y de otros eventos.
No me cabe duda de que en los próximos meses, años, sufriremos nuevamente desastres enormes. Y esta institucionalidad no...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Le concedo un minuto adicional para que concluya.
El señor DE URRESTI.- Como decía, esta institucionalidad no avanza en el requerimiento que tiene nuestro país.
Somos una nación con recursos, que conoce ya su territorio, que posee mapas de riesgo. Desgraciadamente, estas catástrofes vuelven a azotar los mismos lugares donde antes generaron destrucción.
Echo de menos -y tal vez sería importante una segunda discusión desde el punto de vista legislativo- un fondo para este tipo de situaciones. En este sentido, difiero de mi colega Carlos Montes, pues creo que tiene que haber un fondo para contingencias, una capacitación permanente, una dotación regional más fuerte, pues sigue siendo débil, más allá de los esfuerzos de los directores regionales, particularmente en regiones que son enormes.
Asimismo, debería existir un diálogo institucional.
No podemos contar con una institucionalidad tan débil frente a los desafíos que tenemos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.
Votaronpor la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, Harboe, Horvath, Letelier, Montes, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Navarro y Prokurica.
Se abstuvieron los señores Allamand, Chahuán, García, García-Huidobro, Moreira y Pérez Varela.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para que dé respuesta a la consulta que formuló el Senador señor Allamand.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, este proyecto fue informado por dos Comisiones: la de Gobierno, Descentralización y Regionalización y la de Defensa Nacional.
La última propuso que el proyecto fuera rechazado en general. De consiguiente, no le correspondía señalar normas de quorum especial.
Ahora bien, la Comisión de Gobierno catalogó de orgánico constitucional el artículo 71.
Ante la consulta del Senador señor Allamand, la opinión de esta Secretaria General es que el artículo 43 también reviste carácter orgánico constitucional.
Por lo tanto, dentro de la aprobación general del proyecto se cuenta con los votos necesarios, sin perjuicio de que en la discusión particular alguna de esas normas se modifique o se suprima.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.