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CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DE AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, dotar a Chile de un sistema que le permita prevenir, prepararse, reaccionar y reconstruir, oportuna y eficientemente, frente a los desastres que lo afectan regularmente es, en primer lugar, una exigencia económica y social, porque el país requiere contar con una estructura que ayude a recuperar la normalidad de las diferentes actividades lo más pronto posible, una vez ocurrida una emergencia.
También es un imperativo político, en cuanto la satisfacción de las necesidades de víctimas y damnificados constituye una condición indispensable para asegurar la paz social y una prioridad frente a todo otro requerimiento público.
Y lo más importante, señor Presidente, es un imperativo moral de todo grupo social el acudir en apoyo del hermano, del vecino, del compatriota frente a la desgracia que lo afecta. Esta actitud nos mantiene unidos como comunidad y es una condición de la sociedad inclusiva que queremos construir.
Por eso resulta tan importante revisar y modernizar la estructura que el Estado y la sociedad se han dado para asumir esta responsabilidad.
Esta tarea no puede ser postergada. Disponer a todos, individuos, comunidades y al propio Estado, en una actitud preventiva, con una planificación que incorpore la variable de la gestión de riesgos en todos los ámbitos, desde la escuela, nos permitirá evitar o disminuir víctimas y mitigar daños que muchas veces afectan por largos períodos a nuestras comunidades.
Chile se viene preparando desde hace bastante tiempo en esta materia. No estamos partiendo de cero, pero el presente proyecto debe permitirnos dar un salto en nuestras capacidades y competencias.
Sus principales méritos son incorporar una perspectiva sistémica, donde quedan claramente definidas tanto las estructuras como los instrumentos de gestión, sean de carácter general o sectorial, desde el nivel comunal hasta el provincial, regional y nacional.
A su vez, quedan determinadas las instancias decisorias, operativas y consultivas del sistema.
La responsabilidad, entonces, descansa sobre toda la estructura del Estado y no sobre un órgano en particular.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que se crea está llamado, no a concentrar las competencias, sino a promover la incorporación de todos en esta tarea, a sintetizar las mejores experiencias nacionales e internacionales, a ayudar a que todos los organismos y comunidades estén mejor preparados, y a conseguir que las respuestas sean lo más eficaces, oportunas y eficientes posibles.
No está garantizado que habrá una unidad encargada de la gestión de riesgos y emergencias en cada una de las comunas. Si bien se reconoce como objetivo, este no se asegura pues no se considera el financiamiento correspondiente.
Las emergencias ocurren en los territorios. Por lo tanto, mientras más cerca se encuentre la autoridad a cargo, la respuesta será más efectiva y oportuna. Esto ha quedado demostrado, una vez más, con ocasión de la catástrofe ambiental, económica, social y sanitaria producida por la marea roja en Chiloé.
Otra debilidad de la institucionalidad propuesta se refiere a la etapa de reconstrucción, donde en el último tiempo ha sido frecuente recurrir a la figura del delegado presidencial, en circunstancias de que se requiere la creación de una agencia nacional a cargo de ella.
Como decía, el proyecto se ocupa de modernizar la estructura del Estado, pero no innova en el ámbito de las atribuciones de los distintos órganos con ocasión de la respuesta a una emergencia.
La ley actual (la N° 16.282) establece diversas disposiciones, con facultades para las autoridades administrativas y judiciales, que permiten tener mayor capacidad de acción frente a una emergencia. Sin embargo, esta materia no fue incorporada en la indicación sustitutiva, desaprovechándose la oportunidad de actualizar y sistematizar el marco jurídico vigente.
Diversas atribuciones en el ámbito de las comunicaciones, los medios de transporte, los servicios básicos, la logística, la distribución de alimentos y combustible, los recursos estratégicos, entre otras, para dar respuesta eficaz a la emergencia, están hoy dispersas en muchas autoridades y servicios, públicos y privados, o derechamente no existen.
Por otra parte, el Presupuesto de la Nación no cuenta con provisiones específicas para los casos de catástrofe, que representan pérdidas para el país de más de mil millones de dólares anuales, en promedio.
Le pido un minuto más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay problema, señor Senador.
Continúe.
El señor QUINTEROS.- Otra materia que debiera ser profundizada se refiere al rol del sector privado y de las personas ante las calamidades.
No podemos depender solo de la acción del Estado frente a estas contingencias. Debemos relevar el rol del voluntariado, de Bomberos, de la Cruz Roja y de otras instituciones de la sociedad.
Todo esto tenemos que potenciarlo, pero también debemos revisar las obligaciones de las empresas para con sus trabajadores y su entorno, particularmente cuando están a cargo de proveer bienes y servicios básicos a toda la comunidad.
Señor Presidente, si hay algo positivo en las emergencias es que nos permiten volver a situar las prioridades y reafirmar el rol insustituible del Estado para apoyar e incorporar a quienes por cualquier motivo se encuentran en condición vulnerable, especialmente si es por causa de una catástrofe.
Con esta ley, el país contará con una institucionalidad más moderna y eficiente para afrontar los desastres y emergencias y también estaremos construyendo una sociedad más inclusiva, más solidaria y más cohesionada.
He dicho.