CREACIÓN DE SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En conformidad a un acuerdo de Comités adoptado ayer, corresponde iniciar el Orden del Día de esta sesión con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.008-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 58ª, en 6 de octubre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 79ª, en 9 de diciembre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer un Sistema de Desarrollo Profesional que fortalezca las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria conocida y estimulante, para perfeccionar sus capacidades de conducción y desarrollo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, mejorando así la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños.
La Comisión de Educación y Cultura discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Montes, Quintana e Ignacio Walker.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 109 a 185 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Hago presente que los Comités resolvieron que se abriera la votación al inicio de esta discusión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si les parece a Sus Señorías, así se procederá y se respetarán los tiempos de intervención.
Acordado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La señora Ministra de Educación me ha solicitado recabar autorización para que ingrese a la Sala el Director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del MINEDUC (CPEIP), señor Jaime Veas.
--Se accede.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación en general.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero saludar a la Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, quien se encuentra presente en esta sesión, en donde estamos votando en general el proyecto que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que es parte importante de la reforma educacional que impulsa la Presidenta Bachelet.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto de ley en nueve sesiones, que celebró entre los meses de octubre y noviembre del año en curso. De estas, siete estuvieron destinadas a escuchar las exposiciones de 26 invitados de los más diversos ámbitos relacionados con la educación, incluidas asociaciones gremiales, como el Colegio de Profesores, las dos asociaciones de funcionarios de la JUNJI, expositores, expertos e investigadores.
En términos generales, todos los expositores destacaron la relevancia e importancia de este proyecto para el desarrollo de la reforma educacional que impulsa -como decía- el Gobierno de la Presidenta Bachelet, toda vez que apunta hacia la formación de los docentes y su desarrollo profesional, y, por ende, a la labor que se realiza en el aula a fin de dar una mejor educación a los estudiantes del país.
En tal sentido, cabe tener en consideración el beneplácito expresado por el Colegio de Profesores con las enmiendas introducidas al proyecto durante su discusión en la Honorable Cámara de Diputados, ya que ellas contienen "gran parte de las aspiraciones históricas del magisterio en materia de carrera docente, que comenzó a gestarse en el Congreso Educativo del año 1997, concretándose tras sucesivos enriquecimientos colectivos en una propuesta integral el año 2014".
Como lo señaló el señor Secretario en su relación, la iniciativa persigue establecer un Sistema de Desarrollo Profesional que fortalezca las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria conocida y estimulante, para perfeccionar sus capacidades de conducción y desarrollo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, mejorando así la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños.
Entre los principales aspectos por considerar al analizar la necesidad de la iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por la señora Ministra de Educación ante la Comisión de Educación y Cultura, se encuentran los siguientes doce criterios orientadores:
1.- Atraer a estudiantes con vocación y habilidades para la docencia.
2.- Incrementar la retención de docentes en el sistema escolar y parvulario.
3.- Reconocer el desempeño docente, valorando el mérito e impulsando el desarrollo continuo.
4.- Promover la distribución equitativa de los docentes en el sistema educativo.
5.- Reconocer y asegurar oportunidades de desarrollo profesional a las y los docentes.
6.- Vincular el desarrollo profesional de las y los docentes con las necesidades de los establecimientos educacionales y sus territorios.
En esto se enfatizó mucho, y seguramente los distintos miembros de la Comisión, en otros tiempos, podremos profundizarlo más aún.
7.- Mejorar las condiciones del ejercicio de la docencia.
8.- Incorporar a profesores de aula, educadoras de párvulos, educadoras diferenciales, profesores de la modalidad técnico-profesional, en directa relación con los perfiles que se requieren para cada nivel.
9.- Incorporar de manera universal y obligatoria a los docentes que se desempeñan en el conjunto de establecimientos que reciben financiamiento público.
Como se sabe, se incorpora no solo a los profesores municipales, sino también a los particulares subvencionados.
10.- Avanzar en la carrera, lo cual abre oportunidades para que los docentes asuman otras responsabilidades y roles en el establecimiento educacional.
11.- Implementar un sistema de formación con el objeto de apoyar el progreso del docente, una vez que alcance un tramo de desarrollo profesional.
12.- Propender a un aumento en las remuneraciones y a su evolución, en línea con otras profesiones similares.
En cuanto al debate efectuado en el seno de la Comisión, uno de los aspectos que originaron mayor preocupación de sus integrantes fue el referido al establecimiento de una prueba habilitante para el ingreso a la carrera, que seguramente formará parte también de la discusión en particular.
Sobre este punto, es necesario destacar que el proyecto propone un proceso de certificación que utiliza dos instrumentos: una prueba que evalúa los conocimientos disciplinarios y un portafolio enriquecido, que registra evidencias sobre sus competencias pedagógicas.
Por otro lado, la iniciativa considera cinco tramos en el desarrollo de la profesión docente: inicial, temprano, avanzado, de desarrollo superior y de desarrollo experto. Cada uno de estos considera requisitos y tiempos de duración, como detalla el proyecto. Los tres primeros son obligatorios y los dos últimos -más conocidos como "experto uno" y "experto dos"- corresponden a tramos voluntarios.
Otro aspecto que produjo un importante debate en la Comisión fue el relativo a la relación entre las horas lectivas y no lectivas, materia respecto de la cual hubo consenso en el sentido de que para alcanzar excelencia en el ejercicio profesional docente será necesario aumentar el número de horas no lectivas.
Es cuanto puedo informar en esta etapa, señora Presidenta, y reitero que este proyecto contó con el apoyo unánime de los miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, esta iniciativa es muy importante y se inscribe en las transformaciones profundas que el Gobierno de la Presidenta Bachelet trata de impulsar en el país a fin de terminar con el sistema de mercado en la educación.
Hay detrás un diagnóstico de un sistema educacional que ha perdido sus objetivos centrales:
Tenemos un proceso educativo con énfasis individuales: individuo profesor-individuo alumno, que carece de una visión de escuela colectiva sobre el aprendizaje y la sociedad.
Se trata de un proceso muy orientado a aspectos cognoscitivos, como el SIMCE, que minimiza otras dimensiones. Es decir, su idea es dar un tratamiento uniformador a los niños.
Observamos un proceso marcado por el control y la desconfianza. Existe un sistema lleno de mediciones, basado en un enfoque economicista: rendimiento de los recursos.
Se abandonó la preocupación por la formación docente, y en general por las humanidades.
Se liberalizó la oferta académica: tenemos alrededor de cuatrocientas y tantas facultades que forman profesores, y no existe control sobre los contenidos de la formación y su calidad.
Hay una carencia muy grande de reconocimiento y preocupación por el rol de los profesores, quienes cumplen una labor tremendamente difícil en nuestra sociedad.
En tal sentido, existen limitadas posibilidades de actualización y perfeccionamiento; remuneraciones bajas; debilidades institucionales (las municipalidades demostraron en general no poseer condiciones en la gestión educacional), y problemas muy graves en el aula (desorden, excesivo tamaño de los cursos, débil apoyo técnico, falta de tiempo para la preparación de clases).
Como resultado de ello, a nivel docente existe desmotivación; debilitamiento del reconocimiento social; minimización del rol formador y creativo del profesor.
Martin Carnoy, de la OCDE, en un estudio comparativo entre Chile, Brasil y Cuba, dice que los chilenos han realizado bastantes cursos, pero la ausencia de motivación, de ganas y de creer en lo que hacen condiciona mucho, en definitiva, sus posibilidades.
Este proyecto de ley tiene aspectos muy interesantes:
Un enfoque sistémico.
Considera clave perfeccionar la formación inicial, atraer alumnos mejores a Pedagogía, establecer planes de acompañamiento y supervigilancia de las instituciones y los programas.
Busca mejorar las remuneraciones, mediante un sistema de progresión y planes de perfeccionamiento.
Los mejoramientos que se incorporaron en el debate del proyecto respecto al texto original son los siguientes:
Se crea un sistema de inducción más vinculado a los establecimientos y sus objetivos. El plantel educacional pasa a tener un rol mucho más importante.
Se simplifican los tramos, mejorando su descripción y acortando los plazos, al igual que las evaluaciones, especialmente para los docentes de mejor desempeño.
Por otra parte, hay problemas que persisten en la iniciativa, pero que esperamos mejorar durante la discusión en particular.
Los tramos siguen siendo excesivos, complejos y sin mucha diferenciación real.
El sistema de evaluaciones continúa siendo impreciso. Aparentemente subsisten dos sistemas. Se mantiene un énfasis ligado a estándares de desempeño muy criticados también respecto al SIMCE.
En Estados Unidos esto se halla totalmente cuestionado tanto por los republicanos como por los demócratas.
El sistema de los estándares no sirve para evaluar en educación (lo dicen los norteamericanos, lo dice Obama).
En remuneraciones también existen aspectos corregibles:
Se debe mejorar la curva en los primeros años, como asimismo la asignación para docentes de establecimientos vulnerables.
Falta retroalimentación entre magisterio en aulas y formación en universidades.
Se necesita agilizar el ingreso de educadoras de párvulos.
Hay que evaluar periódicamente los resultados de esta ley en proyecto.
¿Hacia dónde orientar los mejoramientos? ¿Qué ejes ordenadores implementar?
Se debe superar la desconfianza y el énfasis en el control.
Se ha de potenciar más el apoyo, el estímulo.
Tenemos una idiosincrasia nacional del control de arriba hacia abajo. Ello, en este caso, no funciona bien. O sea, resulta fundamental potenciar lo que hacen los profesores. Estos son los constructores de la educación, no unos simples ejecutores. Deben incrementar sus capacidades, dar más espacio, fortalecer la confianza, con sistemas de control también, pero a partir de lo otro: de potenciar el estímulo.
Las comunidades escolares son fundamentales para la educación, para fomentar la labor de los distintos profesores.
Es necesario superar el esquema de evaluaciones como fin en sí. Esto contiene todavía el mismo error del SIMCE: no se trata de evaluaciones, sino de mediciones excesivas en número. Y terminan siendo un fin en sí mismo desde fuera.
¿Mediciones? Sí, pero en cantidad justa, dentro de la comunidad.
Hay que valorar el rol del profesor en el equipo del establecimiento; integrar numerosas facetas; buscar fines de mejoramiento con el objeto de fortalecer prácticas pedagógicas.
Se tiene que fortalecer lo colectivo, el equipo docente, la formación, el desarrollo y la evaluación. Hoy existe un énfasis todavía insuficiente.
Para terminar, quiero recordar lo que Juan Amos Comenius vivió, planteó y reflexionó hace 4 siglos. Porque esto, que aparece tan novedoso, ¡se discutía hace cuatrocientos años!
Él hizo aportes sustantivos a la pedagogía y, sobre todo, a la didáctica, pues fue precursor de mucho de lo que se discute hoy día.
Comenius se ocupó de aspectos tan básicos como la estructura de las escuelas, la organización de los cursos y el espacio físico. También de las formas que debe adoptar la pedagogía para ser eficaz y atractiva.
Aportó en su época ideas revolucionarias hoy evidentes, como el carácter universal de la educación y la necesidad de un currículum y horarios comunes.
También señaló principios básicos y nítidos del proceso educativo, a los que debiéramos volver: la enseñanza debe procurar la facilidad, brevedad y solidez; el aprendizaje debe ser un juego; los niños deben ir a la escuela con alegría; la docencia es el más noble de todos los oficios; el niño es el sujeto principal del acto educativo, al cual se le debe estimular positivamente para que ame el conocimiento buscando que aprenda haciendo, es decir, activando todos sus sentidos.
Hoy nuestro currículum está recargado; los niños aburridos y abrumados, y los profesores sobreexigidos.
La reforma polaca, una de las más exitosas de las últimas décadas, en 2009 modificó el currículum básico hacia habilidades y competencias transversales, centrándolo más en la experimentación, la investigación científica, la resolución de problemas, el razonamiento y la colaboración.
Notemos que el debate actual en Estados Unidos es sobre el viraje de los estándares a un tipo de educación orientada mucho más a la experimentación y el aprendizaje y menos a medirse en cuanto a estándar.
Tenemos que repensar la educación como un proceso integral en el cual, aunque son muy importantes algunos contenidos, lo es bastante más el desarrollo de la personalidad, de los proyectos personales y de herramientas básicas para convivir en sociedad.
Devolvamos a los maestros su rol de formadores y creadores; reconozcamos su inmenso aporte a nuestra sociedad; liberémoslos de amarras, y favorezcamos que nuestros niños aprendan que las cosas que más sirven en la vida -lo dijo recientemente el Presidente Obama al emprender una reforma al sistema de evaluación educativa- no son aquellas que pueden marcarse con una equis en un test.
Eso no define si la educación es buena o mala, sino el tipo de personas que se forman.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, según datos del Centro UC de Políticas Públicas, en Chile contamos con 218 mil 144 docentes, de los cuales 72,6 por ciento son mujeres y 27,4 por ciento hombres, y su edad promedio es de 42 años.
El 48 por ciento de los profesores que trabajan en el aula lo hace en escuelas con 45 por ciento o más de alumnos prioritarios (vulnerables).
El mismo estudio nos indica que un profesor chileno educa en su vida laboral a cerca de 6 mil niños y jóvenes, quienes a lo largo de su etapa escolar pasan 12 mil horas frente a un docente.
Según la novena medición del Barómetro de la Educación Superior 2014, de la consultora MORI, la carrera con más prestigio social entre 1.200 estudiantes de tercero y cuarto medio entrevistados es Medicina, con 70 por ciento, mientras que Pedagogía solo obtuvo 27 por ciento.
Justamente ese es uno de los factores que tanto nuestros jóvenes estudiantes como sus familias tienen en cuenta al momento de postular a la universidad.
El Director Ejecutivo de Elige Educar, Hernán Hochschild, señaló "Cuando el mejor alumno del curso quiere elegir la carrera (de Pedagogía), él siente la presión social de no hacerlo. Hoy en Chile hay muchas personas que quieren estudiar esta carrera, pero al momento de declarar esta intención afloran los prejuicios sociales, que están dados principalmente por una trayectoria laboral compleja y negativa".
Además, nuestros jóvenes tienen el ejemplo de sus propios profesores, que viven una experiencia laboral compleja: con altas horas de clases y sin tiempo para prepararlas, además de remuneraciones más bajas que el resto de los profesionales.
Señora Presidenta, esto último, sin duda, es algo que atenta contra la importante función que desempeñan los profesores sobre los estudiantes, principalmente en la formación de las nuevas generaciones de chilenos, algo que en gran parte es producto de un problema cultural nuestro. Porque, si bien hemos avanzado los últimos 25 años -fue una buena idea del ex Ministro Lavín establecer becas e incentivos con el fin de que los mejores alumnos también pudieran estudiar Pedagogía-, aún no valoramos y reconocemos como sociedad el rol de los docentes, lo que sí se hace en la mayoría de los países de la OCDE y la Unión Europea, con los que nos gusta compararnos.
El proyecto tiene por objeto establecer un Sistema de Desarrollo Profesional que fortalezca las capacidades profesionales docentes, para perfeccionar sus habilidades de conducción y desarrollo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, y mejorar así la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y nuestros niños.
Me parece que esta iniciativa tiene cosas positivas, como garantizar el apoyo a la labor del docente en su ingreso a las aulas, al permitir un desarrollo profesional permanente para desempeñar de mejor manera su importante y fundamental labor en la formación y educación de las nuevas generaciones de chilenos.
Sin embargo, tal como señalaron los premios nacionales de educación Erika Himmel e Iván Núñez y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales Horacio Walker, Cristián Cox y José Weinstein, "el proyecto (aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre pasado) abandonó una tercera herramienta de la política pública para el mejoramiento de la formación, paradójicamente la de mayor y más rápido impacto en el quehacer formativo de las instituciones: la de una evaluación nacional de conocimiento y competencias pedagógicas al término de la formación, referidas a estándares, y con consecuencias habilitantes". Ello podría significar que los futuros alumnos tuvieran al frente a un profesor no suficientemente preparado, lo que echaría por tierra todas las buenas intenciones e ideas contenidas en esta moción.
El Gobierno ha manifestado en todas sus partes que con este proyecto se incrementará el sueldo del profesorado. Sin embargo, en todas las reuniones que he sostenido con docentes y dirigentes del Colegio de Profesores, todos me han manifestado su preocupación, pues el alza prometida -a juicio de ellos, luego de sacar los cálculo respectivos de lo que percibirían- no sería sustancial. Además, han dicho que, en ciertos casos, habría incluso una disminución de ingresos.
Ante ello, le pido a la señora Ministra, aquí presente, que en esta materia sea muy clara, ya que mi voto no va a estar disponible para seguir perjudicando el desarrollo de la profesión más importante de Chile.
En el mismo orden de ideas, este proyecto contempla un especial modo de reajuste de las remuneraciones del profesorado -los dirigentes ya referidos me han planteado que, en algunos casos, esto será imposible de cumplir-: se fija una suma complementaria cuyo monto mensual dependerá del tramo en que se encuentra el profesor y que se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que lo hace el sector público; la Bonificación de Reconocimiento Profesional establecida en la ley N° 20.158 se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje que la unidad de subvención educacional (USE), y la Bonificación de Excelencia Académica seguirá otro sistema distinto de reajuste.
Me pregunto: ¿No será mejor simplificar estos sistemas?
He escuchado -repito- al Presidente del Colegio de Profesores de Atacama y a otros representantes de los docentes decir que cuesta entender esta fórmula. Es demasiado compleja y difícil de cumplir; por tanto, poco atractiva para los profesores.
Señora Presidenta, para finalizar lo relativo a esta materia, cabe señalar que -y quiero que me escuche la señora Ministra- hoy existen 848 profesores en Chile que tienen sentencia ejecutoriada de los tribunales de justicia que obliga al Estado a pagarles la denominada "deuda histórica". Esta materia fue vista, además, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que el pasado 8 de diciembre -antes de ayer- notificó al Estado para que acceda a un acuerdo amistoso con los docentes.
Les voy a dar una idea para resolver tal situación sin que el Estado -porque aquí se argumenta que no hay recursos- deba pagar más o incurra en nuevos gastos.
La Contraloría General de la República ha dicho que hay 5 mil falsos exonerados en este país -¡y se les sigue pagando!-, que significan un gasto mensual para el Fisco de unos 900 millones de pesos.
Señora Presidenta, si hubiese voluntad política del Gobierno para terminar con esos procesos, que, a mi juicio, son una vergüenza si consideramos lo planteado por los tribunales internacionales -en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y los fallos de los juzgados chilenos en favor de los profesores, se dejaría de pagar a los falsos exonerados y, con tales fondos, se mejorarían las pensiones de esos docentes. De esa manera estos podrían recuperar su dignidad y vivir mejor el tiempo que les queda.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, cuando se repasan los objetivos de este proyecto, tales como mejorar las condiciones de trabajo y el estatus del rol del profesor dentro de nuestra sociedad y aumentar los niveles de exigencia y calidad en el aula, pareciera no advertirse ninguna novedad en ellos.
En mi experiencia como sostenedor municipal, pude escuchar esos mismos objetivos como fundamentación de ambiciosas leyes y programas impulsados por distintos Gobiernos, que, además, venían acompañados de cuantiosos recursos.
Cabe entonces preguntarse: ¿Por qué esos esfuerzos no fructificaron? ¿Por qué ahora sí darán resultados?
Para mí la diferencia principal estriba en que la reforma que actualmente se impulsa es de carácter integral; abarca todos los niveles educacionales, e interviene en todos los factores que influyen en la calidad del sistema escolar, incluyendo la igualdad en el acceso, su administración, su financiamiento y, en forma muy relevante, la función docente.
Pero la paradoja que enfrentamos es que la integralidad de la reforma educacional es su principal fortaleza y, a la vez, su debilidad más acusada.
La mayoría de los partidos políticos, el movimiento social, los actores de la educación y, por cierto, los expertos coinciden en que la educación requiere una reforma global, sin la cual los esfuerzos aislados perderían eficacia.
Al mismo tiempo, la amplitud de las temáticas a abordar ha abierto numerosos frentes de controversia, que han amenazado a la propia reforma. El año pasado fue el turno de la resistencia de los sostenedores y hoy tenemos que dar cuenta de la desconfianza instalada en buena parte del magisterio.
Esto no es casual.
"Confianza" es una palabra que se repite a la hora de registrar las causas de problemas tan variados como la marcha de la economía, la lucha contra la delincuencia o la gobernabilidad del país.
La desconfianza es un factor que está pesando muchísimo en toda iniciativa, más aún en la que nos ocupa, en que está llamado a cambiar la forma como ha venido desempeñando su función en los últimos años un sector tan relevante como el magisterio.
Hay que reconocer que los profesores tienen motivos para desconfiar. Mediante la imposición, primero perdieron su calidad de funcionarios públicos, y durante décadas vieron surgir lucrativos negocios a costa de sus condiciones laborales y de la calidad de la educación que recibían nuestros niños y jóvenes.
Luego recuperaron un estatuto docente; mejoraron sus remuneraciones; se implementó la jornada escolar completa. Pero la mercantilización continuó y la educación pública, que antaño era el eje del sistema, pasó paulatinamente a una posición secundaria.
Sin embargo, la desconfianza de los maestros no es solo con los gobiernos o con los políticos. Se sienten incomprendidos en una sociedad que enfatiza la información y no la formación; los puntajes y no el aprendizaje; las evaluaciones y no las lecciones.
Los profesores, en su gran mayoría, se sienten poco valorados por apoderados y alumnos; agobiados por la carga laboral o la supervisión permanente, y muchos, incluso, atemorizados por las amenazas y la violencia en las escuelas.
Por eso, yo entiendo el escepticismo y hasta la resistencia a nuevos cambios. Las desilusiones han sido muchas.
Pero no hay otra opción.
Para recuperar la convivencia en una sociedad individualista, segregada y segmentada, se requiere reconstruir el espacio común básico, la casa de todos, que es la escuela pública.
Para reincorporar a los que se fueron, a los que se aburrieron, a los que prefirieron el camino fácil de la trampa o la delincuencia; para reintegrar a los cientos de miles de jóvenes llamados "ninis", que ni estudian ni trabajan, se necesita una educación pública que los atraiga y los retenga.
Para sentar las bases de una nueva economía basada en el conocimiento y la innovación, se requiere despertar y canalizar ahora las capacidades de nuestros niños y jóvenes con talento.
Para aumentar la productividad de nuestras empresas, es imprescindible una mayor calificación y una educación técnica pública más pertinente y habilitante.
Para que las mayorías puedan tener acceso al arte, a la cultura y al deporte, se impone reabrir las escuelas a la creación, a la práctica y a la masificación de las diferentes manifestaciones artísticas y disciplinas deportivas.
Para que vuelva a salir un premio nobel de un aula de provincia, se necesita apoyar a los profesores de regiones.
¡Para todo esto se requiere a los maestros!
Por eso creo en la reforma educacional como una tarea de todos. Pero si como país no convencemos a los docentes, si no los reencantamos, no hay cambio posible.
Pese a haber escuchado muchas veces en el pasado los objetivos que se declaran en este proyecto de ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, no podemos dejar pasar esta oportunidad.
Más allá de portafolios o de certificaciones; más allá de incentivos o de desincentivos; más allá de las recomendaciones de los expertos, que, por lo demás, han avalado todas las fórmulas que se han aplicado, se precisa una voluntad política de los actores del sistema y la responsabilidad de sus dirigentes para darle a Chile una nueva oportunidad de desarrollo, uno más inclusivo, más participativo, más productivo, más equitativo.
Ese Chile se construirá desde la ciudadanía, desde la base, desde la educación.
Hace casi ochenta años, el Presidente Aguirre Cerda señalaba el camino de "Gobernar es Educar". Y este mensaje sigue plenamente vigente para quienes ejercemos un rol de autoridad.
Pero, si vemos ahora el proceso de abajo hacia arriba, como demandan los nuevos tiempos, y ponderamos justamente el rol de la educación en el conjunto de las actividades políticas, sociales, culturales y económicas, podemos agregar ahora: "Educar es Gobernar".
El país está haciendo un enorme esfuerzo para materializar la nueva educación que nuestros niños y jóvenes merecen.
Ahora será el tiempo de los maestros, quienes, empoderados, reconocidos, abandonando la actitud de queja, deberán apropiarse de la solución, que esta vez estará en sus manos.
Voto que sí.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, hoy estamos frente al proyecto de ley con el que debiéramos haber empezado la reforma educacional de este Gobierno.
Si realmente nos preocupa la calidad de la educación, debemos abordar lo que está pasando en las salas de clases y analizar el nivel de enseñanza que los niños reciben en ellas.
En ese sentido, estimo que estamos llegando un poco tarde. Dicho de manera distinta, podríamos haber recibido antes esta iniciativa.
Como se dijo en la discusión que sostuvimos en la Comisión, existe un consenso transversal en cuanto a que no puede haber calidad de educación para todos sin contar con buenos profesores en las aulas. Es primordial que los mejores estén impartiendo clases y, ojalá, en los lugares más vulnerables. De ese modo lograremos equiparar la igualdad de oportunidades para nuestros niños.
Resulta fundamental entender que en este proyecto no se da un debate ideológico, como sí lo hemos tenido en otras oportunidades, y tampoco estamos frente a una discusión meramente salarial o relativa a negociación colectiva por temas laborales, donde lo que importa son algunos bonos más o algunos bonos menos.
Acá el asunto es cómo construir una carrera docente atractiva, que incentive de verdad a los alumnos talentosos para que decidan estudiar Pedagogía. Ojalá convertirse en profesor no dependiera de un acto heroico de algunos con profunda vocación o de una decisión de otros a los que no les queda más opción que entrar a Pedagogía en alguna universidad.
Por el contrario -como sostuve en la Comisión, en este ámbito hay un acuerdo de toda la sociedad chilena-, tenemos que elevar la dignidad de la carrera profesional docente.
Para ello, debemos cambiar la mirada de la sociedad sobre lo que significa ser profesor.
Es necesario darle mayor dignidad a esta profesión para lograr el mismo efecto que ocurre hoy cuando un hijo le dice a su padre: "Quiero ser médico". Ante ello, el papá le responde: "¡Fantástico! ¿Te alcanzan las notas para postular?".
Sería ideal que la conversación fuera la misma: "Papá, mamá, quiero ser profesor/profesora". Y los padres contestaran: "¡Maravillosa noticia! ¿Te alcanzan las notas?".
Lamentablemente, esa no es la respuesta que se escucha en el seno de una familia si un hijo o una hija expresa tal decisión. La inquietud inmediata que manifiestan los padres es la siguiente: "¡Pero los profesores no ganan muy buen sueldo!". Nunca dicen: "¡Qué bien, hijo! ¿Tienes notas suficientes para postular?".
A mi juicio, es ahí donde tenemos que apuntar con el fin de mejorar y elevar la dignidad profesional de la carrera docente.
Todo esto ¿para qué? Para entregarles educación de calidad a nuestros niños. Es en este aspecto donde debemos poner el foco, porque ese es el objetivo del proyecto.
Señora Presidenta, en cualquier lugar de Chile, ya sea en Coñaripe o en La Granja, el derecho de un niño a una educación de calidad no tiene colores políticos. ¡No se trata de un tema de Derecha o de Izquierda!
Lo importante es efectuar los cambios necesarios para permitir que las evaluaciones de los profesores sean vinculantes. ¡Que los docentes que no superen los estándares mínimos no sigan haciendo clases! Resulta esencial que exista la posibilidad real de remover a los docentes que, simplemente, no dan el ancho para formar a nuestros niños.
No debemos olvidar que nuestro foco son los alumnos y que el objetivo final debiera ser mejorar la calidad de su educación.
Si termináramos hablando solo de más o menos plata o de derechos laborales, esta discusión no debería haber tenido lugar en la Comisión de Educación, sino en la de Trabajo.
Sin embargo, este debate se realizó en la Comisión de Educación, porque no se trata solamente de mejorar los sueldos de los profesores, no se trata solamente de darles más dignidad, no se trata solamente de procurarles una mejor pensión, sino también de lograr que los niños reciban una educación de mejor calidad.
Por lo tanto, no debemos perder el foco: la calidad formativa que se les entregue a los alumnos.
En tal sentido me parece que estamos todos de acuerdo.
Invito a la Ministra de Educación a que adoptemos todas las medidas -estamos dispuestos a apoyarlas, aunque a veces puedan doler- para que nuestros niños sean educados por los mejores profesores.
Por consiguiente, estamos frente a un avance cultural innegable.
Una buena carrera docente permite incentivar a los mejores estudiantes para que sueñen con convertirse no solo en médicos o en abogados exitosos, sino también en profesores, transformándose esta en una alternativa real para cumplir sus sueños y anhelos, sin tener la preocupación de si van a poder mantener a sus familias o darles un mejor futuro.
Sin embargo, señora Presidenta, hay puntos medulares que no han sido incluidos y otros que, de todas maneras, deben ser mejorados en lo que queda de tramitación del proyecto.
En mi opinión, tenemos en frente una gran gran oportunidad para ser categóricos en esta materia. Y no puede ser que, por presiones, por ideologías, por generar división, finalmente nos quiten este momento histórico.
Lo que nosotros necesitamos es apelar al sentido común, porque es bastante obvio que debemos mejorar la carrera docente para que los mejores profesores estén en las aulas. Pero, al mismo tiempo, hemos de tomar las medidas para que aquellos docentes que no se encuentran a la altura no sigan dando clases.
Rápidamente, me referiré a las materias que considero podemos mejorar.
En primer lugar, y muy importante, creo que es posible optimizar fuertemente el incentivo para que los buenos profesores se desempeñen en los sectores más vulnerables.
En este punto se avanzó en la Cámara de Diputados. Pero me parece que los más pobres de Chile no pueden seguir esperando. En este trámite tenemos que mejorar las oportunidades para los docentes en los sectores más vulnerables.
Por eso, señora Presidenta, espero que el Ministerio de Educación y, especialmente, el Ministerio de Hacienda se pongan una mano en el corazón y digan: "Aquí podemos hacer la diferencia", elevando de verdad los incentivos para que los profesores más capacitados se desempeñen donde más se les necesita.
No podemos hablar tanto de igualdad y finalmente no dar el paso más relevante para mejorar la igualdad de oportunidades: que los profesores más capacitados de Chile estén haciendo clases donde están los niños más vulnerables.
En segundo término, resulta tremendamente importante que los docentes que no den el ancho simplemente abandonen el sistema. Y lo digo con mucha claridad: que se vayan del sistema.
Acá existe un bien mayor: los niños y el derecho de estos a recibir una educación de calidad, de primer nivel. ¡Por eso hoy día estamos legislando!
Señora Presidenta, actualmente la Ley de Calidad y Equidad de la Educación permite que los directivos desvinculen hasta un 5 por ciento de los profesores que tengan un mal desempeño. Pero dicha norma, en la práctica, es letra muerta. ¿Por qué? Porque obliga a los propios establecimientos a costear las indemnizaciones.
Pues bien, este proyecto comete exactamente el mismo error respecto de los docentes que no aprueben las evaluaciones y que debieran dejar el sistema, ya que obliga al propio sostenedor a pagar la indemnización.
Podemos tener miles de pruebas; es posible que los profesores no las pasen y, al final, sigan haciendo clases, porque no se les cancela la desvinculación.
Señora Presidenta, adicionalmente, creo que el tramo temprano -es el primero para saber si un profesor realmente, podríamos decirlo con una figura, tiene dedos para el piano- es muy largo. Porque estará impartiendo clases varios años, en circunstancias de que sabemos quizás desde el primer, segundo, tercer año que...
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene un minuto más, señora Senadora.
La señora VON BAER.- Gracias, señora Presidenta.
Decía que tal vez desde el primer, segundo o tercer año se sabe que no es buen profesor. Entonces, debiéramos acortar el tramo temprano.
Por último, discutamos sobre la prueba habilitante.
¿Por qué?
Lo señalo porque ¿cómo hacemos para que las universidades, que son la primera fase de todo este proceso, también tengan responsabilidad? No es posible que las casas de estudios superiores hoy estén impartiendo carreras que no se encuentran a la altura para que los profesores realmente estén preparados.
Esto se puede hacer a través de un buen sistema de aseguramiento de la calidad. Pero creo que ello no es suficiente, ni tampoco rápido, porque es factible hoy día que alumnos de universidades que no están entregando un buen nivel de enseñanza comiencen a hacer clases.
Uno dice: "¡Pobres alumnos!". Sí, pero ¡pobres niños! Por eso, aunque duela, debemos estar pensando siempre en los niños.
Señora Presidenta, termino señalando que nos encontramos ante una gran oportunidad. Y nosotros, desde la Oposición, creemos que tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto, sin presiones, sin apuro, sin mirar este proyecto desde la ideología, sino desde donde tenemos que hacerlo: desde nuestros niños. Y, ojalá, sea desde los niños más vulnerables de nuestro país, que se merecen y tienen el derecho a recibir la mejor calidad de educación.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, este proyecto de ley permitió que nos reuniéramos muchas veces con los profesores. Y en las distintas comunas de la Región de La Araucanía escuchamos no solo a sus dirigentes, sino también a profesores que sin tener ningún cargo directivo ponen el hombro y sacan adelante su tarea en la sala de clases.
Ellos expusieron cosas que les afectan directamente y que no se consignan en esta iniciativa. Creo que son aspectos que un buen proyecto de carrera profesional docente debiera considerar.
¿Cuál es el punto de partida de los profesores?
Serán incorporados a una carrera profesional docente en distintas etapas, de acuerdo con los antecedentes de cada cual. Por decirlo de alguna manera, serán encasillados en tramo inicial, temprano, avanzado.
Sin embargo, los profesores nos decían: "Estoy contratado por 15 horas de planta. Tengo 5 horas a contrata. Hago 20. A través de los recursos SEP me dan 10 horas más. Hago 30. Pero ocurre, Senador, que las horas a contrata vencen cada año, nunca sé si voy a contar con ellas el año siguiente. Y lo mismo ocurre con las horas SEP. Cuando voy al banco a pedir un crédito hipotecario para cumplir un sueño tan humano como es el acceso a la casa propia, me dicen `Usted con esta renta no puede optar a un crédito hipotecario. Sus rentas deben ser estables, tienen que ser permanentes'".
Yo creo, señora Presidenta -lamento que no esté en este momento la Ministra, pero saludo al Director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas-, que si no corregimos eso, que es la base, tendremos una carrera docente con una partida incompleta.
Los profesores quieren oportunidades, quieren demostrar que al interior de la sala de clases son capaces de hacer la revolución que necesita la educación chilena.
Los docentes desean una carrera profesional que signifique percibir ingresos atractivos. No para hacerse ricos, pero sí para vivir con tranquilidad y para llegar a cumplir los deberes de cada día con entusiasmo, con energía y no con las preocupaciones de problemas cotidianos porque el sueldo, para decirlo claramente, muchas veces no alcanza ni para lo más mínimo.
Por supuesto, los docentes también quieren una carrera que sea atractiva desde el punto de vista de su desarrollo profesional; que haya buenas oportunidades de perfeccionamiento, y que el esfuerzo que significa ese perfeccionamiento sea reconocido.
Entiendo que en tal sentido, respecto de la Cámara de Diputados, el proyecto viene mejorado. Porque en un inicio -no sé si totalmente o una parte- la asignación de perfeccionamiento estaba desapareciendo. Espero que el perfeccionamiento de los profesores se premie, se estimule.
Pero quiero insistir, señora Presidenta, en que la partida debe ser correcta, permitiéndoles a los docentes tener estabilidad respecto de sus ingresos.
No hace muchos meses aprobamos una ley. Curiosa normativa. Incluso nos felicitamos por pasar a planta a varios miles de profesores que venían desde hace ya años a contrata. Pero no nos dimos cuenta -o si nos dimos cuenta no lo pudimos solucionar a tiempo- que, por ejemplo, un profesor que tenía 44 horas a contrata pasó automáticamente a la planta con sus 44 horas. ¡Bien por ese profesor o esa profesora! Pero un docente con 30 horas de planta y 14 a contrata, aunque estas últimas las tuviera desde hace mucho tiempo (más de los tres años que exige la ley), no pasó a la planta.
Entonces, nos hemos quedado con profesores que siguen teniendo 30 horas de planta y 14 a contrata.
Se trata de cosas absurdas que contiene la normativa y que también debiéramos corregir, de manera de darles a todos los docentes la seguridad, la tranquilidad de que no vamos a afectar sus ingresos, no por efecto de la carrera, sino por el día a día al que se ven enfrentados los profesores y las profesoras.
Finalmente, señora Presidenta -no quiero pasarme del tiempo-, quiero llamar la atención respecto de los artículos segundo y tercero transitorios, pues en mi opinión deben ser eliminados.
Mediante el artículo segundo transitorio se establece que "La disminución de horas lectivas de la función docente establecida en los artículos 69 y 80 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, entrará en vigencia el año escolar 2018.".
El artículo tercero transitorio dispone que "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las horas lectivas de la función docente establecidas en los artículos 69 y 80 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, para una jornada de 44 horas excluidos los recreos, podrá disminuirse a 27 horas y 45 minutos, siempre que se cumplan de manera copulativa los siguientes requisitos:
"1. El crecimiento del Producto Interno Bruto de los tres años anteriores a la fecha de verificación referida en el inciso siguiente debe ser, en promedio, igual o mayor a 4,0% real anual.".
Señora Presidenta, el 2014 la economía chilena creció 1,9 por ciento. Este año esperamos que lo haga entre 2, 2,1 o 2,2 por ciento. El Presupuesto de 2016 está construido con una estimación de aproximadamente 2,7 por ciento. ¡Difícil de cumplir!, pero esa es la estimación.
¡Estamos lejos del 4 por ciento que exige la ley en proyecto! O sea, esta normativa será letra muerta. Y, peor aún, significará que los profesores, una vez más, se sentirán maltratados por la legislación, creerán -perdonen la expresión tan poco académica- que "les estamos pasando gato por liebre".
Y eso no puede ser, desde el punto de vista ni del Ejecutivo ni del Parlamento.
El otro requisito copulativo que es necesario cumplir es el siguiente:
"2. El 5% de la variación de los ingresos cíclicamente ajustados," -esto es, el balance estructural- "experimentada en el período comprendido entre el año anterior al de la fecha de verificación referida en el inciso siguiente y el año inmediatamente anterior a dicho año, debe ser superior a 3,9 millones de USE.".
¡Es primera vez que veo que la variación de los ingresos se calcula en unidades de subvención escolar!
Eso, de por sí, ya es una cosa rara, extraña, absolutamente ajena a nuestra legislación.
Pero en fin.
Lo que quiero hacer presente es que el crecimiento económico y los ingresos cíclicamente ajustados -como dispone el numeral 2 del inciso primero del artículo tercero transitorio- dependen de la capacidad de crecimiento que tenga la economía, de la inversión, del precio del cobre, es decir, de factores ajenos a los profesores, ajenos al esfuerzo que estos desarrollan al interior de la sala de clases.
Por lo tanto, creo que estos conceptos no debieran estar en un proyecto de ley cuyo propósito es dar un reconocimiento a los méritos y al trabajo de los profesores, en una palabra, hacer justicia con el esfuerzo, el sacrificio de nuestros docentes.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, como se ha dicho, este es un proyecto fundamental y -yo diría- una pieza esencial en la reforma educacional en curso.
Es una iniciativa -como lo manifestaron varios Senadores- muy compleja, que contiene una serie de artículos permanentes y un número muy relevante de normas transitorias.
Su objetivo es hacerse cargo de la trayectoria completa del profesor, desde que es seleccionado para la carrera pedagógica hasta que abandona las aulas.
Siento que probablemente algunos aspectos están más claros que otros en esa trayectoria.
El tema de la salida de los profesores necesita ser conversado en el marco de esta tramitación, sin perjuicio de que esa solución vaya en otra ley. Pero ¡no puede ser que la salida del profesor sea solo la desvinculación!, que, por lo demás, está establecida en una legislación distinta.
Por lo tanto, debemos abordar lo concerniente a los incentivos al retiro. Por supuesto, aún hay algunos vigentes, con plazos a punto de expirar, pero que no han sido todo lo eficientes que quisiéramos.
Con todo, nos parece que el proyecto que hoy nos ocupa en el Senado es muy importante; se aparta mucho de la presentación original que hizo el Gobierno en la Cámara de Diputados, toda vez que, si bien no es un nuevo texto, involucra un cambio bastante importante en su enfoque, en su mirada.
La iniciativa que ingresó a la Cámara Baja estaba más centrada en aspectos sancionatorios, en evaluaciones estandarizadas, a pesar de que todos los expertos, todos los investigadores y centros de estudios que nos acompañaron en el Senado los desvirtuaron.
Hoy día, más que un ejercicio sancionatorio o evaluaciones tendientes a castigar, lo que se requiere es aprovechar todo tipo de habilidades, de competencias del profesor. Las disciplinares son importantes -¡qué duda cabe!-, pero también son relevantes los roles del maestro fuera del aula, porque finalmente son esos los que logran impactar en el aprendizaje de los alumnos.
En este proceso de desarrollo profesional docente hay distintos momentos.
Uno es el de la formación inicial docente, que es bastante interesante. Ahí están los atractivos que algunos señores Senadores señalaban recientemente -al menos uno de ellos-, cuyo objetivo es seleccionar a jóvenes con talento, con vocación -especialmente con vocación-, con habilidades para la docencia.
Eso significa elevar los puntajes de la PSU.
Sin embargo, en este tema debemos ser cuidadosos, porque en algunas regiones nos costará llevar adelante en buena forma ese reclutamiento, razón por la cual también está la opción del ranking.
Con todo, creemos que hay que hacer más atractivo el ingreso a la carrera, lo cual tiene que ver también con elevar algunas barreras.
Asimismo, creo que en esta materia debe haber una responsabilidad de los planteles universitarios, de las facultades de educación, de las escuelas de pedagogía. Y por eso la obligatoriedad de acreditar la carrera es tremendamente relevante.
Y cómo no va a ser importante si hoy día de las setenta instituciones que imparten la carrera de pedagogía, ¡setenta instituciones de educación superior! -entre ellas, institutos profesionales, que se encuentran en su fase final porque no podrán seguir dictando la carrera en el futuro, dado que será exclusivamente universitaria-, solo 47 están acreditadas.
Uno de los investigadores que asistieron a la Comisión de Educación, el señor Ernesto Treviño, señalaba que el 42 por ciento de los programas de pedagogía que imparten las instituciones de educación superior está acreditado por más de cuatro años, pero un 28 por ciento no cuenta con ningún tipo de acreditación. ¡Un 28 por ciento con ningún tipo de acreditación!
Eso, obviamente, representa un problema.
¿Quién se hace responsable de la formación de esos alumnos?
Y tenemos hoy día -como se ha recordado también en este debate- 145 mil jóvenes que se están formando en las escuelas de pedagogía.
En consecuencia, nos parece fundamental, a propósito de la discusión sobre la prueba Inicia (si es habilitante o no), más que hacerle pagar el costo al estudiante, no olvidarnos de que en las carreras de pedagogía están todas las evaluaciones de rigor tendientes a ir superando los créditos y pasando los ramos.
Calculábamos con el Director del CPEIP que, desde que el estudiante rinde la Prueba de Selección Universitaria hasta que finalmente alcanza la certificación o el reconocimiento y queda en algún tramo, debe pasar alrededor de seis evaluaciones. ¡Seis evaluaciones!
Eso no ocurre con ninguna profesión.
Por ello, cuando uno escucha aquí intervenciones como "Que salgan del sistema los malos profesores; que se vayan", nota que existe una suerte de desconfianza generalizada hacia el profesorado, la cual me parece profundamente injusta, toda vez que no es eso lo que uno observa en los recorridos y en los diálogos, como hemos tenido todos, con numerosos docentes.
Entonces, señor Presidente, respecto de este primer punto, cual es la formación inicial docente, me parece bien elevar los requisitos de ingreso.
Se plantea, además, la obligatoriedad de la acreditación de las carreras de Pedagogía y de la prueba Inicia.
La prueba Inicia, evaluación diagnóstica que se hará al comienzo de la carrera y doce meses antes de su término, debe generar consecuencias para la institución formadora, a los efectos de mejorar los procesos más que hacer que el estudiante pague todo el costo.
En cuanto al ejercicio de la docencia, se establece el derecho a la inducción, que constituye un aspecto muy importante. Todos quienes asistieron como invitados a la Comisión (investigadores, en fin) destacaron este derecho a la inducción (se habló de un derecho más que de una política pública) para profesores principiantes.
Se considera la mentoría, que también estará a cargo del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio.
Aquí se insistió bastante en la necesidad de que se recojan experiencias pedagógicas exitosas a nivel escolar y de que, por lo tanto, muchos de los mentores surjan también de la propia escuela, de los establecimientos.
Con relación a la certificación, a lo que hoy día se conoce como "reconocimiento", reitero que el proceso evaluativo no puede ser solo sancionatorio, sino que ha de hacerse cargo de otra mirada mucho más integral en el proceso de formación.
Hay una prueba de conocimientos disciplinarios, pero también un portafolio enriquecido, que es un instrumento muy relevante. Se han hecho innovaciones e incorporado distintos elementos. Y durante el plazo que el Senado establezca para presentar indicaciones podremos seguir incorporando otras cuestiones.
En cuanto al avance en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, tendremos un sistema con cinco tramos. De ellos, tres son obligatorios (inicial, temprano y avanzado) y dos de carácter voluntario (experto I y experto II).
Acá también se instaló una preocupación bastante transversal -lo conversamos con el Senador Allamand en la última sesión de la Comisión- relacionada con la dificultad que tendremos para que coexistan dos sistemas: el actual sistema de evaluación de la carrera docente, expresado en cuatro niveles de desempeño, y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, basado en cinco tramos, donde el único punto en común es el portafolio enriquecido.
Entonces, hay que dar una mirada más profunda en esta materia.
Me cuesta mucho pensar, en una reforma como esta, que nos acompañará los próximos 30 a 40 años, que en 10 años más vamos a seguir teniendo un sistema interconectado con esas dos modalidades.
A nuestro entender, la Asignación de Reconocimiento constituye un paso importante hacia establecimientos con matrícula vulnerable.
Deben existir incentivos especiales para quienes ejercen la pedagogía en condiciones difíciles. Y eso tiene que ver no solo con situaciones de aislamiento, sino también con alumnos vulnerables.
También se discutió en la Comisión lo relativo a los tiempos en los tramos.
Al respecto, nos parece claro que permanecer nueve años en el tramo inicial puede ser mucho tiempo. Porque aquí también hay que buscar una trayectoria y una progresión del profesor que recoja las competencias, pero que también se haga cargo de la experiencia.
No se trata, pues, de impedir el avance por tramo.
Por lo mismo, estimamos que dieciocho años (14 de experiencia por exigencia del tramo, más 4 de principiante) para llegar al tramo de experto es un lapso demasiado extenso.
Insisto: la mayoría de los expertos no aconsejan las pruebas de conocimientos estandarizados; hay que apuntar más bien a evaluaciones más descentralizadas, que reconozcan el rol del profesor fuera del aula.
Creo que ahí está el éxito de la buena pedagogía.
Consideramos indispensable también -lo planteé al comenzar mi intervención- que en el marco de este debate resolvamos lo relacionado con el incentivo al retiro.
Hoy día existe un sistema -expirará prontamente- al que se van a acoger dos mil a tres mil profesores.
Por lo tanto, necesitamos establecer un mecanismo eficaz.
Porque actualmente se logra absorber solo a 5 mil estudiantes de Pedagogía al año. De modo que debemos generar condiciones realmente atractivas para el retiro. Las que tenemos no cumplen necesariamente con todos esos requisitos.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear la intervención.
El señor QUINTANA.- Con respecto a las horas no lectivas, señora Presidenta, me parece que aquí también se ha dado un gran paso.
Todavía es factible seguir perfeccionando el sistema.
No es admisible que los profesores hoy día deban destinar horas en sus casas para trabajar en planificación, evaluaciones, en fin. Ello debe realizarse en los establecimientos.
Tiene que haber una solución a ese respecto.
Probablemente, se requerirán más profesores para apoyar dicho proceso. Entiendo que ello forma parte de los acuerdos alcanzados. Y es un aspecto que se podrá seguir mejorando.
Con todo, nos parece que estamos dando un paso significativo. No en vano, cuando se presentó este proyecto, hace ya largos meses, en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio estuvieron representados todos los sectores políticos, pues se considera como fundamental para la reforma educacional que estamos impulsando.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías fijar como plazo para presentar indicaciones a este proyecto hasta el 28 de diciembre?
Acordado.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Navarro para ausentarse del país a contar del 13 de diciembre de 2015.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Así se acuerda.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en la sesión especial de ayer el Fiscal Nacional del Ministerio Público (y también el Fiscal Regional de La Araucanía) hizo presente la necesidad de que el Parlamento despache en breve un proyecto de origen parlamentario que fue aprobado unánimemente por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados el 18 de junio del año en curso: el que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (boletín N° 9.152-07).
Dicha iniciativa se halla relacionada con un conjunto de ilícitos respecto de los cuales -según se explicó-, por la vía de la dilación, resulta imposible administrar adecuadamente justicia. Se trata de delitos bastante graves, como el de narcotráfico, y de gran connotación social.
Entonces, pido que se oficie, en nombre de esta Corporación, al Ministro del Interior o al Ministro Secretario General de la Presidencia, para que se le dé suma urgencia a la tramitación de este proyecto, lo que -repito- fue requerido especialmente por el Fiscal Nacional del Ministerio Público.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala para enviar el oficio solicitado por Su Señoría?
El señor PROKURICA.- ¡Por supuesto!
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Acordado.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una solicitud para ampliar hasta el lunes 21 de diciembre, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario al objeto de regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que comunica que dio su aprobación, con las excepciones que indica, al proyecto de ley despachado por el Senado que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales (boletín N° 9.114-07).
--Queda para tabla.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Debo hacer presente que existe acuerdo de Comités para despachar el referido proyecto en esta sesión. De ahí la presencia de la señora Ministra de Justicia.
Por lo tanto, les solicito a Sus Señorías que permanezcan en la Sala cuando se ponga en debate dicha iniciativa.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Sin discusión!
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Ojalá sin discusión, como indica Su Señoría.
Luego recabaremos el acuerdo en tal sentido.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, tenemos que ser capaces de darle una buena noticia a nuestro país. Y este proyecto, sobre carrera docente, es la buena noticia que Chile necesita.
De más está hablar del ambiente crispado, de la polarización, de los ruidos.
Finalmente, en el corazón de la reforma educacional, hemos ingresado a la sala de clases; hemos llegado al aula. Y ahí se juega la educación: en el aula, en la sala de clases.
Buenos directores, buenos profesores.
Esa es la fórmula que todos los expertos a los que hemos escuchado, en los distintos proyectos, nos han señalado como necesaria para el éxito de un proceso de reforma educacional.
No tenemos razón alguna para no alcanzar un acuerdo en esta iniciativa, sobre carrera docente. La palabra "consenso" nunca se ha hecho tan posible y tan necesaria como en este proyecto.
La reforma educacional tal vez debiera ser el legado más perdurable del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
De entre las distintas iniciativas referidas a una reforma estructural en el campo de la educación que estamos analizando, sin duda alguna la relativa a carrera docente ocupa el primer lugar.
Lo anterior, entre otras cosas, porque estamos destinando 2 mil 300 millones de dólares para mejorar las remuneraciones de 190 mil maestros y maestras que están en la educación pública y en la educación particular subvencionada.
Por lo tanto, creo que debemos hacer un esfuerzo para alcanzar un acuerdo en el Senado.
Hemos conversado con la Ministra de Educación, con don Jaime Veas y con Senadores de Gobierno y de Oposición para posibilitar dicho acuerdo. Y, sinceramente, espero que en las indicaciones que presente el Ejecutivo y en las que podamos formular distintos parlamentarios de aquí al 28 de diciembre nos sea factible reflejar y explicitar ese acuerdo en torno a un proyecto tan importante como este, sobre desarrollo profesional docente.
Señora Presidenta, en una apretada síntesis, ¿cuáles son los problemas, los temas, los desafíos que debemos encarar de aquí a enero próximo, producto de las indicaciones, para mejorar, perfeccionar y enriquecer esta iniciativa, que ya se aprobó en el primer trámite, durante el cual hubo avances muy significativos?
A mi juicio, en este proyecto, el primer y gran desafío, lejos, es la reducción de los problemas de centralización, de rigidización y de captura corporativa a que puede dar lugar la dinámica de su implementación.
Se corre el riesgo de una centralización, el que está relacionado (dicho sea de paso) con la nueva educación pública y con la dinámica que puede surgir desde allí sobre cierta centralización que vaya desligando el sistema educacional de lo local, de la comunidad educativa, del colegio, de la comuna, etcétera.
Hay un riesgo de centralización cuando existe una carrera única que, como decía recién, va a abarcar a 190 mil profesores de las educaciones pública y privada.
Hay un riesgo de centralización por el sistema de evaluación, el cual todavía es muy centralista y muchas veces desmerece las formas de evaluación -valga la redundancia- que surgen de la dinámica local, de la comunidad educativa y de la escuela.
Hay un riesgo de centralización en el sistema de inducción, aspecto muy importante en el proyecto. La inducción debiera tomar en cuenta principalísimamente las capacidades humanas, el recurso humano local, de la escuela, de la comuna.
Hay un riesgo de rigidización de las normas, las cuales no pueden llegar a ser una camisa de fuerza, sino que deben facilitar el proceso educativo.
Y hay un riesgo también de captura corporativa -como sostuvieron algunos de los invitados a la Comisión- en cuanto al remplazo de negociaciones locales, en el caso de los sostenedores privados, sobre todo sustituyéndolas por una negociación nacional y única.
Digámoslo claramente: ese es un riesgo. O sea, que esto termine siendo una vez al año una negociación por remuneraciones -hay 2 mil 300 millones de dólares envueltos- más que un proceso que se juegue en el aula, en razones pedagógicas, con capacidades docentes vinculadas al proceso de educación y formación.
Ese es el principal y gran riesgo del proyecto.
Por lo tanto, las indicaciones que surjan -especialmente las del Gobierno, que concentra la iniciativa en esta materia- van a ser muy importantes a ese respecto.
En seguida, hay mejoras estratégicas que deben introducirse a esta iniciativa.
Por ejemplo, es menester asegurar la calidad de la docencia en dos sentidos.
Primero, en el de las exigencias a las instituciones formadoras (lo de la acreditación).
Esa es una cuestión fundamental: cuál es la calidad de las instituciones formadoras para dar con los mejores profesores en nuestro país.
Y segundo, en el de la formación inicial docente (el comienzo del ejercicio de la profesión).
Hoy día, señora Presidenta, en las carreras pedagógicas tenemos 80 mil alumnos; hace dos años eran 100 mil (se ha ido sincerando la realidad). Pero el sistema absorbe ¡6 mil al año...!
Esto es un virtual engaño, por supuesto no deseado; pero, por la lógica de las cosas, va conduciendo a aquello.
Debemos ser ultraselectivos en la formación inicial si queremos a los mejores profesores en el aula.
Un ejemplo.
Finlandia y Singapur: todos los estudios demuestran que tienen los dos mejores sistemas educacionales del mundo, sin lugar a dudas.
Pues bien: de 100 alumnos que ingresan a Pedagogía en dichos países, solo 15 son contratados como profesores; es decir, uno de cada seis de los estudiantes que ingresan a la carrera son contratados como profesores.
Por lo tanto, todo lo que sea formación inicial es un aspecto clave de este proyecto: puntajes de ingreso a las carreras; acreditación de ellas; evaluación en el primer y cuarto años, como está contemplado. Pero, sobre todo, lo relacionado con el egreso, o sea, qué hacemos con el egresado antes de que se lo contrate como profesor.
En todas las audiencias, señora Presidenta, hubo tres posiciones.
Primero, la que viene de la Cámara de Diputados, que eliminó la prueba inicial: la persona se recibe en su carrera y entra a desempeñarse como profesor.
Yo no comparto esa postura.
Segundo, la posición de Cristián Cox, de Horacio Walker, de José Weinstein (de la Universidad Diego Portales), de premios nacionales como Erika Himmel e Iván Núñez, quienes han reivindicado la necesidad de una prueba habilitante de egreso para medir los conocimientos y para determinar si el alumno egresado está capacitado para ser profesor.
Y una tercera postura, que yo comparto, es la de José Pablo Arellano, ex Ministro de Educación, quien dice: "Hagamos una prueba obligatoria al egreso, aunque no sea vinculante, aunque no tenga consecuencias, pero que nos dé un parámetro, de tal forma que permita conocer la situación del egresado, entre otras cosas para medir el desempeño y la calidad de las instituciones formadoras".
Bueno: lo de la formación inicial.
Un segundo tema estratégico es el establecimiento de un sistema de desarrollo profesional con base en las escuelas que fomente el trabajo colaborativo, la retroalimentación, respetando la autonomía de esos establecimientos, desarrollando y aprovechando sus capacidades.
De lo contrario, esto se centralizará y se desligará de la escuela.
Temas pendientes.
Primero: hay que implementar un sistema de desarrollo profesional para el personal directivo y técnico-pedagógico.
Lo del personal directivo y técnico-pedagógico no está en el proyecto. Y es un elemento clave en el proceso de formación.
Segundo: deben mejorarse significativamente las rentas de los docentes que trabajan en escuelas de alta vulnerabilidad: mientras más vulnerabilidad, mejor remuneración.
Es un punto que, obviamente, debemos encarar como desafío.
Tercero: se posterga por demasiados años el ingreso de los profesores de las escuelas particulares subvencionadas y de los educadores de párvulos.
Hay limitación de recursos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo a ese respecto.
Cuarto: faltan experiencias de evaluación.
Quinto: es necesario compatibilizar entre este proyecto, sobre carrera docente, y el de nueva educación pública.
Sexto: hay que determinar el sistema de evaluación; o sea, cómo vamos a evaluar a los profesores dentro de los cinco tramos que contempla el proyecto, en un concepto amplio de formación continua, para que la evaluación -valga la redundancia- sea individual y colaborativa, cuantitativa y cualitativa.
De otra parte, es evidente que nueve años en el tramo inicial es un exceso.
Juan Eduardo García-Huidobro y muchos otros propusieron bajar a cuatro. Después de este lapso uno ya conoce las capacidades o la falta de capacidades de un profesor.
También está lo de las horas no lectivas, especialmente a manera de incentivo para los profesores que se desempeñan con alumnos más vulnerables.
Debe simplificarse la estructura de las remuneraciones.
Hoy día la cantidad de asignaciones y bonos que hay, desde el punto de vista administrativo, afecta a la gestión.
Finalmente, falta un sistema de retiro, asunto que, si bien no figura en este proyecto -está lo del bono de retiro-, se halla pendiente y hemos de evaluar y resolver. Porque la carrera docente se inicia de determinada manera y, por cierto, debe tener un sistema de retiro digno para los profesores.
Por lo expuesto, vamos a votar favorablemente.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, tal como se expresó en la Sala, se ha abierto una oportunidad que no debiéramos desaprovechar.
En la reforma educacional, por aquí debimos partir. Y no hay ninguna duda de que estamos frente a un engranaje clave para el éxito de cualquier sistema.
Diversos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han señalado los elementos positivos de este proyecto.
Yo, simplemente, quisiera detenerme en algunos aspectos que a mi entender deben mejorarse y, sobre todo, dejar constancia de dónde puede radicar la mayor complejidad de esta iniciativa, es decir, de qué puede hacerla fracasar.
No estamos frente a un problema en general ideológico (pese a que de pronto podría expresarse lo contrario), ni tampoco ante una diferencia susceptible de zanjarse políticamente. La verdad es que en los aspectos del proyecto que generan discrepancias no existe un alineamiento que a uno le permita decir "La Oposición se encuentra en un punto y el Gobierno en otro".
Existen legítimas apreciaciones divergentes, pero no se trata propiamente de una -entre comillas- controversia de carácter ideológico o político.
Dicho lo anterior, debo señalar que es muy positivo que se establezcan requisitos y exigencias mayores para el ingreso a las pedagogías.
Además, estimo que todo lo que se ha avanzado en términos de la inducción constituye un aporte real.
Asimismo, creo que existe bastante consenso en que, en el ámbito de la inducción, el rol que juega el establecimiento donde ella se realiza de alguna manera debiera fortalecerse.
También, hay progreso en los criterios de evaluación, aunque durante las conversaciones con el Gobierno algunos hemos expresado nuestra preocupación porque al respecto coexistan dos sistemas en que muchos de los aspectos de uno y otro se traslapan. Pienso que esto será una fuente de conflictos, de complejidades. De modo que debiéramos solucionarlo.
Igualmente, se registra consenso en que el período inicial es muy largo (se ha determinado que podría prolongarse hasta por nueve años). Todos plantean la fijación de un lapso más corto.
Está además la idea de que los profesores deban necesariamente caminar, tras una fase prudencial, hacia las etapas avanzadas y no permanecer en las iniciales.
De igual modo, estimo que se ha de hacer un esfuerzo para mejorar aún más la retribución otorgada a los profesores que trabajan con alumnos vulnerables.
Empero, señora Presidenta, hay tres aspectos en los que debemos procurar un perfeccionamiento -diría yo- bastante de fondo.
El primero se relaciona con la postergación de la entrada de la educación inicial o parvularia al sistema de carrera docente.
Todos coincidimos en que ahí se juega gran parte del destino de un proceso de enseñanza.
Entonces, postergar en la forma como se plantea hoy día el ingreso de lo que podríamos llamar "educación parvularia" al sistema de carrera docente no se justifica.
En segundo lugar, tenemos un problema no menor con la educación particular subvencionada.
Ya le planteamos al Ejecutivo una complejidad técnica desde el punto de vista del empalme -podríamos denominarlo así- con un sistema que funciona conforme a los preceptos del Código del Trabajo y al que se le insertan normas de carrera docente universal que se hallan más pensadas para una lógica -llamémosla de este modo- de Estatuto Docente o de Estatuto Administrativo.
Aquí, señora Presidenta, enfrentamos una dificultad no menor.
No se trata -vuelvo a decirlo- de un problema ideológico, sino de un problema relacionado con la forma como cohabitan los dos sistemas explicitados.
Si tal situación no se resuelve adecuadamente, vamos a generar una dificultad mayor en la materia de que se trata.
El tercer problema -vinculado con lo anterior- se relaciona con la necesidad de evitar a toda costa lo que hoy día, en la lógica del proyecto, aparece como una discriminación completamente injustificable.
Me explico.
Los mayores recursos envueltos en la carrera docente parten con la educación municipal. Y en la actualidad la educación particular subvencionada entra a la carrera docente -es decir, a las mejores remuneraciones- en un período supuestamente de siete años y sin siquiera un compromiso real del Ejecutivo para ello.
Eso, simplemente, no se justifica.
¿Qué razón existe, por ejemplo, para que en una zona vulnerable, tratándose de un colegio municipal y de un colegio particular subvencionado de una institución religiosa que no lucra, porque nunca ha lucrado; que no selecciona, porque nunca ha seleccionado; que no tiene financiamiento compartido, porque nunca lo ha tenido; que atiende exactamente a la misma cantidad de niños, uno reciba los mayores recursos destinados al pago a profesores con una diferencia de siete años?
O sea, habrá docentes de primera y de segunda categorías para formar a igual cantidad de niños en la misma comuna, en dos establecimientos con una calle de por medio.
¡Para los profesores del colegio municipal, un aumento significativo en sus remuneraciones! ¡Para los del colegio particular subvencionado, siete años de espera...!
Eso es del todo irracional. No solo es inconstitucional desde el punto de vista de la arbitrariedad que envuelve: además, simplemente, no tiene sentido.
¡Qué razón podría haber para una discriminación de tal naturaleza!
Si no existen recursos para que todos los colegios entren al sistema a la vez, que ingresen a él, sobre la base de la vulnerabilidad de los alumnos, aquellos cuya entrada es factible.
No estoy diciendo que todos los establecimientos deban incorporarse al mismo tiempo, sino que el criterio no puede ser municipales versus particulares subvencionados.
El criterio debe ser otro. Y el más razonable es el de la vulnerabilidad de los educandos.
Vuelvo a decir: comuna con dos colegios; alumnos vulnerables, con riesgo social, con estructuras familiares distintas de las que todos desearíamos, y sucede que en uno, por ser municipal, los profesores reciben una remuneración adecuada, mientras en el particular subvencionado, que se sitúa en la calle del frente, los docentes tienen que esperar siete años para ver si eventualmente se les otorga el beneficio.
Debemos corregir esa situación, señora Presidenta.
Por último, dos palabras respecto de la prueba habilitante.
En mi concepto, si tuviéramos ya instalado y funcionando el sistema de mayores exigencias para el ingreso, primero, y para el desarrollo de la carrera universitaria, posteriormente, quizás nadie estaría planteando lo de la prueba habilitante.
La dificultad que enfrentamos acá es la que señaló el Presidente de la Comisión de Educación, Senador Quintana: objetivamente hablando, un número importante de alumnos están egresando de instituciones de educación superior que, como se ha expresado aquí, en 30 por ciento de los casos no cuentan con acreditación alguna.
Entonces, existen dos caminos: uno, hacerse los lesos y no mirar el problema, y otro, asumir el problema.
¿Qué significa hacerse los lesos? Admitir que por lo menos durante 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años van a ingresar a la carrera docente profesionales que no se encuentran capacitados para entregar los contenidos educacionales mínimos.
¡Y eso lo sabe todo el mundo!
Lo sabe el propio sistema, que plantea un proceso para que, en definitiva, los docentes que no se encuentren a la altura de lo que se requiere salgan de él.
¡Cómo va a ser razonable aquello!
¡Si lo que hay que hacer es colocar adecuadamente las exigencias antes del ingreso!
Por ende, debe optarse entre el camino fácil y el camino difícil.
El camino fácil es simplemente decir: "No miremos el problema y no hagamos ninguna exigencia".
El camino más complejo, y obviamente más impopular, consiste en expresar: "A lo menos, mientras se instala el sistema de exigencia universitaria, tengamos un procedimiento para asegurar que los profesores que entran a la carrera docente estén en condiciones de cumplir los mínimos pedagógicos que se necesitan".
A mi parecer, señora Presidenta, debemos abordar tal situación, pero con seriedad y sobre la base de evitar una falsa disyuntiva.
En efecto, a veces se pregunta en quién recae la responsabilidad. Entonces, algunos sostienen: "La culpa es del estudiante". Pero, con razón, alguien puede decir: "¡Qué culpa tiene el estudiante, quien simplemente ingresó a una institución de educación superior que no le entregó la formación que requería!". Otro puede afirmar: "¡Ah! ¡La culpa tiene que ser de la universidad, pues no formó a los alumnos!".
En verdad, esa no es la discusión. El problema no reside en quién debe asumir la responsabilidad:...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor ALLAMAND.-... si la institución o el educando. Ese es un falso dilema.
Lo único que no se puede hacer es que las deficiencias de formación las paguen los estudiantes.
Eso es lo único que el Congreso Nacional debiera evitar.
Si algunos alumnos no tienen formación adecuada, habrá responsabilidades que perseguir. Pero lo que no se puede hacer es determinar que la responsabilidad recaiga en los únicos inocentes, que son precisamente los alumnos que pueden verse expuestos durante años a tener malos profesores.
Por lo tanto, señor Presidente, debemos encontrar un mecanismo para que en forma transitoria, mientras funciona el sistema ideado mediante la ley en proyecto, podamos asegurar que quienes se incorporen a la carrera docente cumplan a lo menos el requisito de conocimientos disciplinarios mínimos para desempeñarse en nuestras aulas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Debo recordar lo que ya dijo la señora Vicepresidenta, Senadora Adriana Muñoz: despachada esta iniciativa vamos a tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, sobre tramitación digital de los procedimientos judiciales.
Está en la Sala la señora Ministra de Justicia, y la idea es que se avise a todos los Senadores para reunir los votos requeridos.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, el tono del debate ha sido consistente en cuanto a que aquí tenemos una gran oportunidad para coincidir transversalmente en un paso crucial para el mejoramiento de la educación en Chile, asunto que ha copado el interés, la voluntad, el ánimo de la ciudadanía.
Obviamente, si hay espacios de entendimiento al menos en parte de la agenda, es una buena noticia.
En otros aspectos tenemos divergencias profundas.
Empero, en esta materia deberíamos proceder a la búsqueda de consensos muy relevantes.
A mi entender, si este proyecto busca dignificar la carrera docente desde su inicio, durante todo su proceso -en el fondo, mejorar a los profesionales de Pedagogía-, constituye un tremendo avance.
Yo, señor Presidente, quiero plantear la situación desde la perspectiva senatorial, por supuesto, pero también desde el ángulo de lo que siempre es importante replicar.
Por esas razones de la vida, varios de mis hijos son profesores. Eso genera también un debate familiar respecto de estas materias en cuanto a cómo se ve desde la otra parte del mesón el conjunto de innovaciones que se pretenden.
En tal sentido, muchas de las visiones coinciden. Asimismo, se fortalecen las inquietudes.
Tocante al mejoramiento de las remuneraciones vía asignación directa, por cierto que se trata de un camino muy adecuado para dignificar una carrera.
No hay dos opiniones en cuanto a que, si uno quiere socialmente tener mejores profesores -porque, al final, esa es la fórmula mágica para contar con una educación de mayor calidad-, ello debe ir aparejado de un esfuerzo adicional del Estado para lograr el círculo perfecto, el círculo positivo.
En esa línea, el mejoramiento remuneracional tiene gran significación.
Lo del perfeccionamiento de los mecanismos de formación es incluso más innovador.
Yo quiero destacar, además de la relevancia de las pruebas de desarrollo y de egreso, dos elementos que no sé si han sido suficientemente abordados, sobre todo para el debate que viene.
Uno, el concepto de los mentores, cosa a la que, desde el punto de vista educacional, se le da, al menos desde el ángulo formativo, una importancia sustancial.
Los mentores pueden ser decisivos en la forma de hacer clases, en la forma de enfrentar problemas, en la forma de aprovechar experiencias. Por tanto, considero muy relevante que se los incorpore con fuerza en una nueva institucionalidad sobre la materia.
Sin duda, los mentores son esenciales si uno quiere de verdad generar espacios, no solo para transmitir conocimientos, sino asimismo para corregir errores, a los que todo profesional siempre está expuesto.
A mí me sorprende la importancia que se le da -hace algunos días me reuní con un grupo numeroso de estudiantes- a la óptica que se incorpora dentro de la ley en proyecto.
Aumentar las exigencias de ingreso, señor Presidente, va por la misma línea.
Si uno quiere establecer un plus respecto de una institución, debe generar incentivos extras.
El aumento en los ingresos está, en mi concepto, bien ideado.
Por último, la parte que abre espacio para imponer mayores exigencias a las instituciones formadoras también parece ser muy relevante.
Hoy día, con un porcentaje significativo de instituciones no acreditadas, cuesta mucho tener certeza sobre cuál va a ser el perfil actual o siguiente inmediato, cuestión que forma parte de la transición. Pero es claro que hacia delante -pensemos en un horizonte de diez años, por ejemplo- habrá una estructura institucional adecuada para tales efectos.
Ahí se encuentra un poco el nervio positivo de lo que actualmente está en discusión. Y su desarrollo puede generar consensos notables.
¿Dónde se hallan -se han planteado algunos- los peligros o los desafíos?
Primero, en el riesgo de la centralización.
Hay algo que me llama la atención, cual es que, al final, el conjunto de pruebas tiene un común denominador: Santiago.
Si simultáneamente se dice que una de las cosas más importantes para un establecimiento es el rol que el director tiene en él, no parece tan razonable que se genere un sistema centralizado en materia de evaluaciones, pues ello hace perder el sentido directo director-alumno y, más bien, va en contra de lo que debería buscarse como iniciativa global.
Al sumar eso a la posible desmunicipalización de los establecimientos educacionales se genera una doble preocupación, lo que obliga a revisar esa especie de Estado centralista en roles perfectamente asimilables a otras instancias.
El bono de retiro, que figuraba en el texto de la Cámara de Diputados pero se eliminó, a mi entender está en la lógica de preocuparse de la carrera docente desde el inicio hasta el fin. Y eso genera un incentivo correcto.
No entiendo bien las razones de la supresión que acordó la Cámara Baja.
Por consiguiente, si queremos hacer bien nuestro trabajo, debemos reponer el referido bono.
Una tercera línea tiene que ver con la postergación de la entrada en vigencia de lo atinente a los subvencionados.
Al respecto se comete un grave error. Hay un sesgo que, a mi parecer, apunta en el sentido equivocado.
El incentivo que se entrega para mejorar la educación no puede partir por un sesgo si ese sesgo -valga la redundancia- no tiene que ver con la calidad.
Al final, uno espera que, particularmente en el caso de los jóvenes más vulnerables, egresen mejores alumnos en función de la existencia de profesores más preparados.
Eso tiene que ver con una estructura jurídica, con la forma como se enseña.
Me parecería un contrasentido muy grande confundir el fin con el medio. Cuando uno entra en ese tipo de confusiones puede equivocarse muy dramáticamente al momento de evaluar los resultados.
En consecuencia, aquí hay un nudo que debemos resolver de manera inteligente y desideologizada si queremos realmente velar por la calidad de la educación con mayúscula y no como efecto indirecto de un cambio en los esquemas de distribución de la tarea a nivel educacional.
Hay un cuarto punto, vinculado con la educación de párvulos (ya ha habido referencias al respecto).
Sobre el particular, en esta discusión noto un menoscabo.
Yo estaba mirando los últimos informes de la OCDE en materia educacional -son muy notables, pero no siempre dichos-, donde se indica que estamos en el tercer lugar entre las naciones de dicha Organización que más ingresos dedican a la educación superior.
Alguien podrá decir que eso es bueno o malo; ello, dependiendo de qué sucede con el resto.
Sin embargo -cosa curiosa-, Chile es uno de los países que, porcentualmente, destinan menos recursos a las educaciones básica, prebásica, parvularia, donde, según los indicadores, se juega el gran partido. Porque, en último término, el gran partido se juega en la base, en la educación inicial. Y ahí estamos fallando de manera muy dramática.
Entonces, cuando no se considera integralmente la etapa parvularia como formación y como elemento central de la calidad de la educación global, enfrentamos un problema, consistente en un menoscabo que, a mi juicio, tiene que corregirse de alguna forma. Porque la mejor calidad no se origina en la educación superior ni en la media ni en la básica: nace en la fase prebásica, preescolar, donde registramos un serio retraso.
Mientras los mismos países de la OCDE alcanzan una cobertura del noventa por ciento en este último nivel, Chile registra un treinta, particularmente en zonas rurales como la que represento. Y es ahí donde se requiere un esfuerzo mancomunado por entender el nuevo fenómeno que tenemos que vivir.
Por último, las pruebas habilitantes -y ello se ha planteado en cuanto a la transición- generan una dificultad práctica respecto de cómo el nuevo esquema puede funcionar con otro que no es posible derogar por decreto. Tratándose de personas que quizás no cumplen hoy día con las condiciones modernas y que han obedecido a un patrón antiguo, la pregunta es qué hacer y cómo contemplar los incentivos para la nivelación, o bien, los que resulten correctos para el retiro, en términos de no mantener una especie de "anemia" que puede ser fatal para el momento de la educación.
En resumen, creo que el proyecto es importante, con muchos desafíos por superar.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Reitero que a continuación vamos a votar el proyecto al cual hice referencia. Por favor, necesitamos contar con el quórum suficiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la figura del profesor guía y formador de ciudadanos es legendaria. Los educadores de la Escuela Normal son recordados, valorados. Algo nos pasó en el camino que se perdió todo lo reconocido de la educación pública y la formación de maestros. Y de repente nos encontramos con que una profesión tan importante como la docencia se encuentra disminuida, desvalorada, hasta despreciada.
Por lo tanto, un sistema de desarrollo profesional viene a corregir una grave falencia, una ausencia, un abandono por el Estado de un elemento principal: la función educativa y su principal actor, que es el profesor.
Hace muchos años tuve la posibilidad de estar en Finlandia con Erkki Aho, ideólogo de la revolución educacional en ese país en los años setenta, cuando se resolvió invertir mucho dinero y quebrar estándares establecidos. Fue un encuentro de casi cuatro horas, agotador por la traducción, pero de una profundidad extraordinaria.
Recuerdo que en la embajada de Chile, al final de esa larga reunión, prevalecía un solo concepto: lo importante, lo vital, lo revolucionario, lo fundamental para el éxito de la educación ¡son los profesores! No hay dos visiones.
En consecuencia, maestros de excelencia pueden impartir una educación de excelencia. No se trata de la infraestructura y ni siquiera de las condiciones del educando: ¡un buen educador puede hacer un buen alumno!
Por eso es que los docentes, tan maltratados por la Ley General de Educación -la Ley de Enseñanza, más bien-, presencian con mucho interés el presente debate.
La primera iniciativa legal era sancionatoria. Se consideraba algo así como un castigo para los profesores y se enfatizaba mucho en la salida y en la regulación. Por cierto, se requieren regulación y evaluaciones, pero la clave está en brindar las condiciones necesarias.
Cuando se estableció la política del portafolio, preguntamos para qué hacer la evaluación a los mayores de 55 años. Es preciso poner el énfasis en los docentes que se inician recién y en aquellos que están en la medianía de su carrera.
Afortunadamente, el proyecto recoge la voluntariedad para poder permanecer en una situación o acceder a otros tramos.
Las horas no lectivas se vinculan con una vieja demanda de los académicos. ¿Cuántas? Creo que el aumento de treinta y cinco a cuarenta es importante, pero no suficiente. Habrá que evaluar caso a caso la planificación, la evaluación y la atención a apoderados y alumnos.
¿Cuándo hemos visto a un profesor atendiendo a alumnos? ¿En qué momento? Esto es como el médico. ¿Bastan quince minutos para tal efecto? Nuestros docentes hacen hoy día de psicólogos, de orientadores laborales y, además, de profesores.
En consecuencia, si vamos a entregar horas no lectivas -y serán cien por ciento dedicadas a eso: planificación de clases, corrección de pruebas, pero también atención de apoderados y alumnos-, tendrán que ser evaluadas de acuerdo con los establecimientos, con la demanda real. No pueden ser estandarizadas.
En numerosos casos tendrán que ser superiores por las condiciones concretas. En otros, muchos alumnos no querrán conversar con los profesores ni habrá problemas para atender. Pero, en algunas situaciones, los educadores sí tendrán que prestar más atención a sus alumnos, como también a los apoderados.
Creo que la iniciativa conlleva un número importante -ha sido algo enfatizado por el propio Colegio de Profesores- de aspectos asumidos.
Y quiero destacar el primero de ellos: ingreso solo por la vía de un título profesional.
El Colegio de la Orden ha planteado el concurso público. Ojalá hubiera transparencia en el sistema. En los Estados Unidos, las cátedras universitarias se concursan; en nuestro país, hasta donde sé, se asumen, son entregadas. Pero si vamos a contar con esta forma de ingreso, eso valora, selecciona, eleva y reconoce la calidad docente.
El establecimiento de la inducción es un elemento tremendamente positivo. No es una gracia ni una concesión: es un derecho incorporado.
En cuanto a la modificación del sistema de progresión, bueno, ahí están los tramos: tres obligatorios y dos voluntarios. Aquellos que tengan la posibilidad de perfeccionarse serán los que podrán optar a un mejor sueldo -es un premio a sus capacidades- en el ámbito de los expertos.
Respecto de la colaboración, cabe recordar que la educación no es solo el aula y el alumno: constituye un trabajo colectivo. Y tiene que haber un mecanismo de reconocimiento de la labor cooperadora de todos los profesores, del director y del cuerpo docente, y, en definitiva, de toda la unidad educativa, de la comunidad escolar. Eso tiene que ser objeto de una valoración.
Con relación al mejoramiento del sistema remuneracional, en verdad -lo ha dicho el Senador señor Ignacio Walker- este es un enjambre. Es preciso simplificarlo y aumentarlo.
En ese sentido, tiene que mediar una decisión en orden a que las asignaciones resulten claras, sin renuncia de los derechos adquiridos. Creo que ello es esencial. Si aquí alguien quiere cambiarlos, vamos a tener un problema con el Colegio de Profesores. Hay derechos adquiridos que se deben respetar. Por lo demás, se acumulan en un número de maestros de avanzada edad, con pocos años más en el sistema. Espero que sean reconocidos por completo, tal como el proyecto lo establece.
Y, por último, es preciso mencionar el bono de retiro.
Los profesores se van al Estado de vuelta desde los municipios. En 1980 los pasamos desde el Estado a los municipios, y quedamos en deuda con ellos.
Y ahí están las profesoras que estuvieron en las tribunas hace algunos años.
En esta Corporación se elaboró un informe, aprobado por unanimidad -intervino en el trabajo el Senador señor Hernán Larraín-, que determinó la necesidad de pagar la deuda histórica con los profesores.
Creo que la posibilidad del cambio tiene que dejarnos con las cuentas claras. Es decir, si los educadores salen de los municipios y se van a un sistema público, tiene que quedar saldadas las obligaciones y acordado cómo van a quedar progresivamente. Si no, el Estado estaría cometiendo un grave error.
Si hay un cambio de empleador, tiene que haber claridad en el finiquito.
Por mi parte, voy a votar a favor.
La aprobación tiene presentes observaciones planteadas aquí. No podemos dejar pasar que efectivamente tendrá lugar un ingreso posterior de los particulares subvencionados. Son 190 mil profesores en total.
Y hay una cifra brutal: existen 93 mil estudiantes de pedagogía en 70 instituciones, 47 de ellas acreditadas, y 863 programas, con solo 363 aprobados por cuatro años o más y 240 no acreditados. Ingresan 17 mil 500 estudiantes anualmente y se titulan 15 mil, en circunstancias de que el sistema absorbe 5 mil.
Tenemos que clarificarles a los interesados en lo que se pueden meter. Porque están los que postulan por vocación o por opción de una alternativa, pero juzgo importante, en relación con el inicio, tener claridad sobre las posibilidades que el sistema les abrirá a los jóvenes que ingresen a pedagogía.
Por cierto, ya no se impartirá la carrera por correspondencia los sábados y habrá acreditación -lo que es muy importante- y selección.
La iniciativa viene a saldar una deuda histórica, en el sentido de contar con una carrera docente discutida y acordada con los profesores -¡no contra los profesores!-, y a superar una debilidad del Estado en torno a cómo ellos se forman.
Sigo insistiendo en que muchas instituciones no debieran estar impartiendo hoy día la carrera. No se hallan en condiciones de hacerlo. ¡Varias cobran una elevada matrícula -algunas hacen uso del subsidio-, y no les da el ancho! ¡Están formando malos docentes!
Será preciso recurrir, entonces, a la acreditación.
El punto lo discutimos cuando fui Presidente de la Comisión de Educación, y había diferencias respecto del punto. Algunos quieren más libertad.
Al final del día, la educación no es un problema pedagógico, sino siempre ideológico: dice relación con el tipo de sociedad que queremos construir y con el tipo de ciudadanos que queremos formar para crearla y desarrollarla. Y no hago referencia a la ideología partidista, sino a la relativa a la construcción de una sociedad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No se pueden hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación
--Por 30 votos a favor, se aprueba en general el proyecto.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El Honorable señor Allamand deja constancia de su intención de voto a favor.
Tiene la palabra la señora Ministra, a quien le pido ser muy breve, porque tenemos que tratar otro proyecto de ley.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, no solo agradezco lo que ha sido el debate en términos formales, sino también en relación con el fondo.
Creo que las intervenciones de un conjunto de Senadores que no forman parte de la Comisión de Educación han relevado aspectos que para nosotros constituyen nudos específicos sobre los cuales debemos seguir avanzando. Muchos de ellos ya fueron tratados en la Cámara de Diputados, donde resolvimos cuestiones importantes, y comparto plenamente lo que aquí se ha dicho.
Destaco solo dos elementos. El primero es que el proyecto va "a la vena" de la calidad de la educación, que es uno de los objetivos de toda la reforma.
Y segundo, ello es parte de un sistema. Por lo tanto, puntos que aquí se han señalado serán vistos tanto en lo que es el proyecto de educación superior como en el de nueva educación pública.
Es decir, se trata de un conjunto de factores que apuntan a un gran cambio -no lo calificaría de sustantivo o no- en la línea de un mejoramiento de oportunidades para los niños y en la calidad general de la educación que el país requiere, con la pertinencia del caso.
Le agradezco a cada uno de los señores Senadores y señoras Senadoras.
Estaremos trabajando en la Comisión en el próximo tiempo.