PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2016

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el presupuesto fiscal debe responder al marco económico, político y social del país. Y me parece que la iniciativa enviada por el Ejecutivo responde a esas premisas.

En efecto, el proyecto de Ley de Presupuestos que estamos debatiendo tiene presente el escenario económico restrictivo, marcado por la caída en los ingresos derivados del cobre y la desaceleración económica; sin embargo, al mismo tiempo permite seguir impulsando las reformas estructurales comprometidas en el Programa de Gobierno, como la educación pública gratuita y de calidad, y hacerse cargo de manera especial de aquellas necesidades sociales que exigen atención prioritaria, como la salud y la seguridad pública.

Justo es reconocer que las restricciones financieras serían aún mayores si no se hubiera aprobado la reforma tributaria. Esto lo ha reconocido el Banco Mundial, pero aún hay sectores que se niegan a admitirlo.

Por momentos, prima la voluntad de criticar aun a costa de no ser coherentes con la realidad.

Este afán se expresa en diversos ámbitos. En estos días hemos leído páginas y páginas de ataques en contra del Ministerio de Salud por el incumplimiento -entre comillas- de los compromisos de Gobierno respecto de la construcción de hospitales.

En esta sesión y en la de mañana, seguramente escucharemos otro tanto de detractores de la labor del Ministerio.

Está bien la crítica, es esencial en la vida democrática, pero no es el único componente del debate. No puede ser la única forma de aproximación al problema, porque normalmente es de corto plazo, excluye el análisis razonado de las causas de los fenómenos y nubla la capacidad de propuesta, que es lo que espera la ciudadanía de la discusión de este Senado.

Es indudable, por ejemplo, que la ejecución de los proyectos de inversión se ha hecho cada vez más compleja tanto en el sector público como en el privado.

El retraso que hemos visto en la salud también se comprueba en los últimos años en minería, en energía, en las concesiones; en todo ámbito.

Echo de menos las propuestas para enfrentar como país esta realidad.

¿Cómo compatibilizamos los requerimientos del desarrollo, con el tramado de requisitos y exigencias burocráticas y con las legítimas aprensiones y expectativas de las comunidades? Esto tiene que ver con la modernización del Estado y con la identificación que debemos hacer de todos aquellos aspectos que nos permitirán inyectar más competitividad a nuestra economía.

Por otro lado, es indudable que la inversión en infraestructura hospitalaria no es el único requerimiento en materia de salud pública. Esta debe caminar de la mano con la preparación y el reclutamiento de los recursos humanos necesarios para explotar esa infraestructura.

Además, es sabido que la base de nuestro sistema de salud la constituye la atención primaria, que está a cargo, fundamentalmente, de los municipios.

Francamente, más que el atraso en los hospitales, me preocupa mucho más el lento avance en la revisión del per cápita de salud, aspecto que genera los problemas de financiamiento en este nivel, los que se traducen en menor capacidad de resolución de los problemas de salud de sus pacientes y repercuten, a la larga, en el nivel secundario.

La desatención del nivel primario en salud equivale a que, en seguridad pública, pongamos toda la plata en construir nuevas cárceles, descuidando los retenes y las comisarías de Carabineros, que hacen la prevención y están insertos en las poblaciones.

Y a propósito de seguridad, otro ámbito en el que se advierte atrasos es el del SENAME, tanto en su perspectiva de protección de la infancia en situación vulnerable como en la atención de menores con problemas delictuales. Nuevamente, el mayor esfuerzo tenemos que hacerlo en la prevención, para lo cual se requiere una profunda revisión de la acción que actualmente despliega ese servicio.

En cuanto a educación, solo quiero referirme al despropósito que significa excluir el destino de los recursos del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación para el pago de la deuda previsional de los municipios. Con esto solo se empeorará la situación de la educación pública, la que seguirá su camino de deterioro natural, a la espera de la desmunicipalización.

En materia de desarrollo regional, se observa un crecimiento bajo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que, como todos sabemos, es la principal fuente de financiamiento de los gobiernos regionales. Podemos entender dicha disminución por las restricciones presupuestarias, pero podría haberse compensado la situación con un mayor avance en el traspaso de competencias y recursos desde los órganos de la Administración Central.

No toda iniciativa regional necesita una ley, aunque la que estoy insinuando lleva mucho tiempo tramitándose. Hay muchas cosas que pueden hacerse mediante convenios, bastando la incorporación de una glosa para posibilitarlas.

Gran importancia en materia regional, especialmente en regiones como la que represento, tiene la actividad del INDAP, por lo que resulta inexplicable el rechazo a su presupuesto, lo que debe ser corregido por este Senado.

Por último, quiero referirme a un aspecto que no se encuentra en este proyecto de Ley de Presupuestos, ni en ningún otro de años anteriores. Hablo de los recursos de la Ley Reservada del Cobre.

Corre mucha tinta para escribir sobre unas cuantas contrataciones a honorarios, pero no se escribe mucho sobre el uso o los mecanismos de control de esos dineros. Los escándalos que se han conocido son vergonzosos. Esto no puede continuar. Espero que en el Presupuesto del próximo año se incorporen tales recursos y que su destino sea debatido donde corresponde: en este Congreso.