El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra, corresponde abrir la votación porque se trata de artículos e indicaciones aprobadas por unanimidad.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, ¿qué tienen en común los casos de colusión en los mercados con el aumento del temor a ser víctimas de la delincuencia y con la segregación en la educación?

Mientras en los colegios más vulnerables los niños deben enfrentar condiciones desfavorables que empujan a algunos al mundo de la delincuencia, en los colegios más exclusivos los alumnos forjan amistades y relaciones sociales que más adelante continúan en los clubes sociales y que se traducen en contactos, oportunidades de negocios y, también, en prácticas colusivas.

Esas son las dos caras de la misma moneda, que es la segregación: en un lado, una minoría que sigue el camino de la delincuencia, perpetuando su situación de marginalidad, y, en el otro extremo, otra minoría que incurre en abusos o en colusiones destinadas a perpetuar sus posiciones de ventaja.

Entre ambos, una enorme mayoría sumida en un sentimiento de abuso, desprotección e impunidad, que se expresa en las encuestas en sensación de inseguridad frente a toda amenaza o riesgo, provenga de un poderoso empresario o de un delincuente común.

Por eso es tan grave lo que ha ocurrido en los mercados de las farmacias, de los pollos y, ahora, del papel.

Por una parte, está lo relativo al perjuicio económico que esos carteles han provocado en la población. Si sacamos cuentas, en el segmento de los chilenos más pobres lo que han debido pagar de más por esos productos de primera necesidad es superior a los beneficios que perciben por concepto del aporte familiar permanente, conocido como "bono marzo". Es decir, un puñado de empresas se ha embolsado uno de los esfuerzos solidarios más importantes aprobados en los últimos años que ha hecho el país completo en favor de los más necesitados.

Pero el daño no se queda ahí.

Los fondos de pensiones han perdido 160 millones de dólares como consecuencia de la baja en la valorización bursátil de las empresas que participaron en el último caso de colusión descubierto, lo que ha perjudicado a millones de cotizantes.

Mientras tanto, los dueños de esas compañías han podido seguir transando sus acciones sin sufrir castigo en su precio, y los ejecutivos responsables de estos fraudes no solo conservan los bonos que ganaron con malas artes, sino que también son indemnizados con cifras millonarias por las empresas que lideraban.

Ninguno de ellos pasará por la cárcel y, seguramente, ni siquiera pisará un tribunal.

Son al menos once años de delitos continuados. En contraste, un menor de edad que los medios han transformado en el símbolo de la delincuencia juvenil en nuestro país lleva seis años delinquiendo, pero, a diferencia de los primeros, ha sido detenido en trece oportunidades.

Yo no quiero más temor en mi país. No quiero más impunidad.

Respaldaré la agenda corta antidelincuencia y ahora apoyo los proyectos destinados a sancionar con cárcel los delitos de colusión.

Pero ni uno ni otro fenómeno se acabarán solo con medidas punitivas. Una educación más inclusiva está en la base de la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, con menores abusos, con menos delincuencia.

En los años 2003 y 2009 se introdujeron importantes modificaciones al decreto ley N° 211, con las cuales se creó un tribunal especial; se fortaleció la Fiscalía Nacional Económica; se eliminó el tipo penal específico que se castigaba antes con presidio; se aumentaron las multas, y se estableció la responsabilidad civil, además de una figura de delación compensada, que ha resultado ser la herramienta más eficaz para combatir las conductas contra la libre competencia.

Pese a esos esfuerzos, los indignantes hechos de colusión que hemos presenciado durante los últimos años nos revelan que debemos potenciar aún más nuestras medidas en contra de la colusión para proteger de mejor forma los derechos de los consumidores y de los pequeños y medianos empresarios.

Ahora corresponde aprobar las tres iniciativas puestas en tabla. Pero, sin duda, el proyecto presentado por el Ejecutivo y que acaba de despachar la Cámara de Diputados es el que otorga una respuesta más completa e integral a estos fenómenos.

Dicho proyecto otorga mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica en materia de fusiones. Se necesita, asimismo, una mayor actividad de este organismo en materia de abusos de posición dominante, que es una práctica tan extendida como la colusión.

De esta manera, estaremos perfeccionando un sistema que requiere permanentes revisiones, atendidos los nuevos y complejos mecanismos que se idean para burlar la ley.

La primera legislación que reguló las infracciones a la libre competencia fue aprobada en el Gobierno del Presidente Jorge Alessandri, quien creía sinceramente en los beneficios que esta aportaba para el desarrollo económico del país. Y esto lo reflejó también en su largo período como Presidente del directorio de la Papelera.

Chile ha cambiado. En estos años ha crecido económicamente, y dicha empresa creció junto con el país. Pero ha quedado claro que, para que el desarrollo sea efectivo, necesitamos revertir la segregación que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad.

Requerimos otro tipo de desarrollo, uno inclusivo, que otorgue bienestar y equidad a todos los chilenos.