REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES GENÉRICOS E IMPEDIMENTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DE LABORATORIOS Y FARMACIAS

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, con informe de la Comisión de Salud. El asunto fue objeto de una petición de segunda discusión.

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.914-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar):

En primer trámite, sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015.

Informe de Comisión:

Salud: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.

Discusión:

Sesión 10ª, en 15 de abril de 2015 (queda para segunda discusión).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor LETELIER.- ¿Se puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Hay acuerdo en tal sentido?

La señora GOIC.- Con la salvedad de que se mantenga el tiempo al intervenir y de que pueda usar de la palabra el señor Subsecretario de Salud Pública.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si no hay objeciones, se procederá en esos términos.

Su Señoría ha sido muy criteriosa al formular ese planteamiento.

En todo caso, el tiempo es el mismo -tiene razón el señor Secretario-, porque se trata de la segunda discusión. Así que se dispone de cinco minutos de todas maneras. Pero el señor Subsecretario podrá usar de la palabra para estos efectos.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, la iniciativa tuvo su origen en una moción que presentamos en marzo de este año junto a los Honorables señores Girardi, Rossi, Ossandón y Zaldívar y su objetivo fundamental es establecer un marco regulatorio para fomentar la disponibilidad y penetración de los medicamentos genéricos bioequivalentes y abordar lo relativo a la integración vertical entre laboratorios y farmacias.

Básicamente, la idea es hacerse cargo de la situación del acceso a los medicamentos -que no son cualquier producto, sino un bien social, en realidad, asociado a una necesidad de salud- y del pago de un precio justo, para lo cual se establecen mecanismos regulatorios que nos parecen imprescindibles hoy día.

El proyecto en debate contiene varios aspectos.

Se podrá decir que con algunos se está más de acuerdo que con otros, pero todos son necesarios de abordar.

Establecemos la obligatoriedad de que en la receta se prescriba el medicamento genérico bioequivalente antes que el de marca.

Contemplamos la obligación de que el químico farmacéutico también lo dispense, en caso de existir el producto.

Determinamos la necesidad, para el funcionamiento de una farmacia o de un almacén farmacéutico, del otorgamiento de una concesión de servicio público.

Discutimos acerca de la compatibilidad de ser propietario o administrador de un laboratorio farmacéutico y, a la vez, de una farmacia o una droguería. Ahí surge un debate bastante más amplio, en términos regulatorios, y que tiene que ver con el funcionamiento del mercado.

Cabe mencionar lo relativo a mantener en repisas los fármacos de expendio directo, materia discutida con motivo del proyecto de ley sobre medicamentos, ya aprobado en el Congreso.

Se puede agregar el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la fiscalización en las farmacias de las normas sobre remedios, ventas. Hemos visto que prácticas como la "canela" se siguen repitiendo, al igual que incentivos que no necesariamente responden al objetivo de una salud pública.

Ello ha sido tema de debate y de interés en los últimos días. En nuestro país es evidente la concentración registrada en este mercado. El noventa por ciento de las ventas se concentra en tres conocidas cadenas de farmacias.

Hemos sido testigos, además, de situaciones escandalosas, como la colusión en el caso de los fármacos, lo que nos trae nuevamente a la memoria la cuestión del papel tissue. Pero se puede recordar cuando denunciamos el acuerdo de las farmacias respecto de los medicamentos, varios de ellos de uso frecuente, además, por adultos mayores, por enfermos crónicos.

Chile, dentro de los integrantes de la OCDE, es el que presenta el mayor gasto en salud: un 4,6 por ciento del presupuesto familiar, muy distante del 2,8 que promedian los 34 países miembros. El desembolso en medicamentos representa un 55 por ciento.

Y ello se agrava, además, cuando consideramos el asunto por quintil de ingresos. Las familias más pobres destinan un porcentaje aún mayor de su presupuesto a medicamentos.

Uno se pregunta cómo asumir la cuestión desde la perspectiva de un bien necesario que no es lo mismo que un paquete de galletas, un par de calcetines o un par de zapatos, cuyo precio, en cambio, puede depender de la oferta y la demanda.

Creo que eso ha puesto también en el tapete el caso, muy exitoso -así lo hemos reconocido y respaldado-, de la farmacia popular en Recoleta, donde destaca la iniciativa del alcalde Jadue, capaz de demostrar, con una mirada comunitaria, de cooperativismo, la necesidad de que se incorporen otros actores que permitan efectivamente acceder a un precio justo.

Eso es lo fundamental que busca abordar el proyecto.

En algunos aspectos que esperamos que cuenten con el patrocinio del Ejecutivo le otorgamos a la CENABAST mayores facultades para la venta a privados.

Ya he señalado que fortalecemos la capacidad de fiscalización de la autoridad sanitaria. Pero también le otorgamos al Instituto de Salud Pública la facultad de interpretar, muchas veces, la norma. La idea es que eso permita,...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.

La señora GOIC.-... tal como lo hace la Superintendencia, un proceso bastante más ágil, más rápido, para poder responder cuando existen dudas y clarificarlas.

A mí me parece esencial llevar a cabo el debate sobre la base de una mirada más amplia de la salud y, más que como un mercado de los medicamentos en sí, como una materia de seguridad social. Tenemos que hacerlo para que se garanticen precios justos y el acceso de personas que necesitan un fármaco.

Estimo que un progreso importante fue la Ley Ricarte Soto, que demostró cómo pueden disminuir significativamente los precios cuando al Estado -en este caso, la CENABAST- le otorgamos facultades para ello.

Espero que contemos hoy día con el respaldo mayoritario de la Sala para avanzar en la discusión particular de la iniciativa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que me reemplace por cinco minutos el Honorable señor Tuma.

Acordado.

Tiene la palabra el Subsecretario de Salud, señor Jaime Burrows.

El señor COLOMA.- Estamos en votación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No. Lo que acordamos...

El señor COLOMA.- Me hicieron tres veces...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Está consignado en la Versión Oficial.

El señor COLOMA.-... la misma petición.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se lo voy a explicar, Su Señoría, y después le daré la palabra.

La Senadora señora Goic hizo dos prevenciones: la de mantener el tiempo -el señor Secretario puntualizó que ello no es posible, porque se trata de una segunda discusión- y la relativa a que usara de la palabra el Subsecretario de Salud Pública. Y así se acordó.

El señor COLOMA.- Que quede claro que de ahora en adelante no daré más mi acuerdo. Me lo pidieron tres veces en dos minutos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se hizo la precisión en su oportunidad. Su Señoría podría haber dicho que no.

Entendí que el Honorable señor Girardi le estaba dando una explicación y lo había convencido.

El señor COLOMA.- No me convenció.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Repito que podría haber dicho que no, entonces.

Puede intervenir el señor Subsecretario.

--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.

El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).- Señor Presidente, usaré de la palabra en forma breve solo para manifestar que el Ministerio de Salud considera positivamente la presentación del proyecto, porque pone en discusión la regulación del mercado de medicamentos, algo relevante para la ciudadanía.

La Honorable señora Goic, una de los autores de la moción, ya consignó que es un rubro que genera un gasto importante en el bolsillo de las personas, y, como Gobierno, estamos empeñados en apoyar distintas medidas enfocadas a la disminución del desembolso por este concepto.

Por eso mismo, apoyamos la iniciativa, pero también deseamos hacer presente que queremos revisar algunos aspectos junto a sus autores, como el relativo al mecanismo de limitación de la integración vertical, porque el propio Ejecutivo está tramitando un proyecto sobre el particular a través del Ministerio de Economía. Por lo tanto, creemos que pueden sobreponerse los dos textos en la discusión, y a nosotros nos gustaría aclararlo.

Ahora, queremos consignar que vamos a presentar indicaciones al texto básicamente en cinco áreas.

Una de ellas dice relación con devolverles a las secretarías regionales ministeriales de Salud la facultad de fiscalización en las farmacias. A pesar de que la Ley de Medicamentos se la dio al ISP, en el hecho está siendo ejercida en las regiones por dichos servicios, lo cual finalmente ha dificultado el ejercicio de la función, porque se han aplicado criterios distintos con el ISP, que fiscaliza en la Región Metropolitana.

En cuanto a la Central de Abastecimientos -ya lo hemos manifestado públicamente-, se van a presentar indicaciones para permitirle intermediar en la venta de medicamentos a privados.

Nosotros creemos que la economía de escala finalmente va a hacer posible el traspaso de muchos menores precios al consumidor final. Y, por lo tanto, es un modelo interesante. Queremos generar discusiones al respecto en el Congreso, a fin de que se puedan disminuir estos elevados gastos de bolsillo.

Respecto de las atribuciones de la CENABAST, se considerará el registro sanitario de productos farmacéuticos que se utilicen en planes, programas o acciones en los servicios de Salud; el uso excepcional de patentes, que son las denominadas "licencias no voluntarias", y un mecanismo de financiamiento previo para un manejo financiero más expedito.

El tercer aspecto es la corrección de las normas de prescripción, básicamente al obligarse a los médicos a prescribir a través de la denominación común internacional.

El punto siguiente es la regulación de los dispositivos médicos. Es un área no regulada claramente en nuestra legislación. En el ISP se registran los dispositivos, que son los guantes quirúrgicos, los condones y materiales que tienen que ver con inyecciones, jeringas y agujas; pero otro tipo de implementos no se someten a un control sanitario que se necesita para ponernos a nivel internacional.

Y el último aspecto tiene que ver con la regulación en el uso de células, tejidos y células madres, así como de biobancos, un área que tampoco está normada y respecto de la cual es necesario legislar para poder lograr un mejor control sanitario.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente. Honorable Sala, estamos frente a un proyecto cuyo título es positivo en el sentido de regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical, pero lo cierto es que presenta falencias importantes.

Estas últimas dice relación con varias materias, y no solo con las que el propio Ministerio ha mencionado que va a corregir a través de indicaciones, sino también con algunas que incluso dicen relación con asuntos ya discutidos en este mismo Congreso Nacional. La Ley de Fármacos fue vista por la Comisión de Constitución, que declaró inconstitucional la norma relativa a la integración vertical.

Idéntica discusión.

Por tanto, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto del artículo 19, N° 21°, de la Carta, el cual consagra "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.".

Esperamos que estos temas sean resueltos durante la tramitación de la iniciativa. Pero su texto actual, tal como asiente el propio Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente-, efectivamente tiene inconstitucionalidades que deben ser corregidas.

Por tanto, nosotros nos vamos a abstener.

Otro aspecto que me parece relevante, y que el propio Subsecretario ha mencionado, es la necesidad de mejorar la fiscalización. Es preciso fortalecer a la autoridad sanitaria, y particularmente a la Seremi de Salud, en cuyas manos se encuentra la fiscalización de las farmacias.

La regulación de los dispositivos médicos también es necesaria, y el propio Subsecretario se ha comprometido a presentar indicaciones sobre el particular.

Uno de los temas más complejos -y me gustaría transmitírselo al señor Subsecretario- dice relación con la situación que hoy día está ocurriendo con los productos genéricos: en definitiva, los laboratorios nacionales están retirando sus inscripciones. Sabemos del retiro de cerca de 60 registros. Y esto se debe a que el procedimiento para transformarlos en bioequivalentes es excesivamente caro, puesto que se establece la necesidad de hacer pruebas in vivo y no in vitro.

Lo anterior ha significado que en definitiva los laboratorios prefieran retirar el registro en vez de fabricar los medicamentos. El directo perjudicado es el consumidor. Y por eso hago este llamado.

La redacción actual de este proyecto de ley también tiende a favorecer a los laboratorios extranjeros -quiero decirlo con toda responsabilidad- y deja a los laboratorios nacionales en una situación bastante desmedrada. Y va a impedir que los productos genéricos se transformen en bioequivalentes.

En ese mismo sentido, hago un llamado de atención para los efectos de que finalmente se adopte una medida que tienda a facilitar la posibilidad de que los fármacos genéricos se transformen en bioequivalentes. Básicamente, se trata de que haya seguridad sanitaria. Y este proyecto de ley, tal como está redactado, atenta contra ese propósito.

La exigencia, por ejemplo, de tres partidas de medicamentos para poder garantizar la seguridad sanitaria nos parece que es de un alto costo para los laboratorios, particularmente en algunos tipos de fármacos.

Por tanto -insisto-, vamos a abstenernos, pero haremos reserva de constitucionalidad porque la actual redacción es absolutamente inconstitucional en lo que dice relación con la integración vertical y porque, además, yo sostengo que este proyecto de ley finalmente perjudica a los consumidores, ya que no garantiza que los productos genéricos se transformen en bioequivalentes, por el alto costo que ello significa hoy en día y por el procedimiento que involucra.

Además, tenemos una dificultad relacionada con los plazos para acogerse a los requerimientos de generar productos genéricos bioequivalentes. Y es bastante compleja. Vuelvo a insistir: más de 60 laboratorios han retirado esos registros, lo que significa que se está perjudicando particularmente a los consumidores. Así como vamos, existirán dos tipos de medicamentos: los de marca extranjera, que están favorecidos en virtud del texto de este proyecto de ley, y aquellos productos genéricos a los que no se les va a poder garantizar seguridad sanitaria.

Yo hago fe de que vamos a hacer un esfuerzo por modificar el proyecto -por eso estoy absteniéndome-, pero claramente discrepo de los términos en que está redactado.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el propósito de este proyecto es abrir el mercado de los medicamentos genéricos bioequivalentes y prohibir la integración vertical entre laboratorios y farmacias.

El contexto actual en nuestro país en lo relativo a este tema hace que sea profundamente necesaria una revisión respecto de la aplicación de la Ley de Fármacos, como aquí ya se ha dicho, para así evitar que se sigan vulnerando los derechos de los más desprotegidos.

Además, las noticias de la iniciativa emprendida por el municipio de Recoleta, que ha instaurado su propia "farmacia popular", ha provocado una ola de reflexiones y cuestionamientos respecto del actual reglamento y el futuro de la industria en nuestro país.

Por todo lo anterior, me pronuncio a favor de esta iniciativa, a pesar de que considero que aún es posible realizarle mejoras.

Sin perjuicio de ello, debemos analizar en profundidad esta materia para avanzar con propuestas que luego no sean desestimadas por afectar principios constitucionales, como aquí se ha señalado.

Ya en la tramitación del proyecto que modificaba el Código Sanitario en lo referente a la regulación de las farmacias -tuvo lugar entre los años 2009 y 2014- hubo una batería de opiniones de destacados constitucionalistas y de personeros del Gobierno anterior que presentaron sus reparos respecto de la prohibición de la integración vertical.

En la misma línea, no puedo dejar de mencionar que actualmente muchas farmacéuticas transnacionales se han expandido más allá de sus fronteras, instalándose cómodamente en nuestro mercado, lo que ha resultado en que casi todos los laboratorios nacionales hayan sido adquiridos por multinacionales extranjeras. Muchas de estas, además, corresponden a empresas estatales que han sido fuertemente potenciadas por sus propios gobiernos de origen. Por ello, debemos preguntarnos qué estamos haciendo como país para potenciar nuestras farmacias o nuestras farmacéuticas nacionales.Urge que hoy nos preguntemos cuál es el rol que queremos jugar y cómo podemos contribuir a un mercado más eficiente y más competitivo.

El diagnóstico actual es que la integración horizontal que se ha producido en nuestro país ha disminuido de manera importante la oferta de medicamentos.

Por ello, el principal desafío que hoy se abre es el de velar para que los laboratorios nacionales asuman un rol más activo en el mercado.

En otras palabras, potenciar el desarrollo de laboratorios locales no puede significar en ningún caso un nuevo vínculo entre farmacias y laboratorios que devenga en prácticas desfavorables para los consumidores.

Junto con lo anterior, quiero destacar la importancia de que un proyecto de estas características aporte también a nivel regional. Esto, porque en la actualidad son las regiones las que siempre quedan relegadas en este sistema altamente centralizado.

El desafío que hoy tenemos en nuestras manos es la creación de un proyecto que no solo piense en lo que sucede en la Capital del país. Tenemos que ofrecer a las chilenas y los chilenos un proyecto que dé cuenta de las particularidades de nuestras regiones, distinguiendo de esta manera a las grandes cadenas farmacéuticas de aquellas farmacias de menor tamaño, que cumplen un servicio fundamental en las distintas zonas a lo largo de Chile.

Pero también porque estamos pensando en los millones de chilenos que ven dificultado su acceso a medicamentos de mayor calidad y bajo costo, es que no podemos obviar la actual situación de los medicamentos genéricos en nuestro país. Si bien estos cumplen un rol fundamental en tanto presentan la alternativa más económica y accesible para gran parte de la población, hoy la situación ha cambiado diametralmente con la inclusión de los medicamentos bioequivalentes.

Lo anterior, porque los precios de los bioequivalentes, con el transcurso del tiempo, han llegado a equipararse con los de los medicamentos de laboratorios privados. Y lo que más desconcierta de esta situación es el hecho de que la equiparación de precios es producto de nuestra propia legislación.

El proyecto de bioequivalencia que buscamos impulsar traía considerada la aplicación de un sello de calidad en los remedios genéricos, con el propósito de poder ofrecer una garantía de calidad. Sin embargo, este proceso de certificación conlleva un alto costo, lo que ha provocado una compleja situación, porque o se incumple la ley o se aumenta significativamente el valor del remedio. ¿Cómo nos hacemos cargo, entonces, de la realidad de nuestro sistema? Como señalé previamente, urge un cambio en el marco legal.

El objetivo de este proyecto, de esta futura ley, es avanzar a un mercado competitivo, donde existan condiciones para que los sectores más vulnerables de nuestra población puedan acceder a sus medicamentos sin que ello signifique costos en extremo elevados para los pacientes y sus familias.

Por esta razón, no podemos permitir que la equiparación de precios continúe. Debemos evitar que esta situación se expanda, en pos de beneficiar a miles de chilenos.

Aprovecho para realizar una última reflexión respecto del proyecto de farmacia popular de la comuna de Recoleta, rescatando la intención que llevó a su creación. Pienso que para su replicación e integración con el sistema de entrega de medicamentos a personas afiliadas a FONASA, convendría tener en cuenta el programa gubernamental brasileño denominado "Aquí hay Farmacia Popular", que logró, a través de una alianza público-privada, ofrecer medicamentos al 10 por ciento del costo de referencia establecido por el Ministerio de Salud, en más de 34 mil farmacias en todo el territorio nacional...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Excúseme, señor Senador, pero concluyó su tiempo. Si le doy un minuto más, tendría que hacer lo mismo con todos...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, este proyecto contiene dos ideas matrices que no necesariamente son vinculantes, lo cual me hace abrigar dudas respecto de cómo pueden jugar en definitiva y cómo deben enfrentarse.

La primera me parece razonable. Consiste en fomentar el uso de bioequivalentes cuando estos claramente estén generando un beneficio para la salud.

Lo dice específicamente el proyecto: se propone modificar el artículo 101 del Código Sanitario para establecer la obligación del médico de agregar en la receta el medicamento bioequivalente genérico, en caso de existir.

Digo "en caso de existir" porque puede que no exista.

Ahora, no es lo mismo "medicamento bioequivalente" que "medicamento genérico". Un bioequivalente es un medicamento que ha comprobado, mediante estudios científicos, que tiene el mismo efecto que el producto farmacéutico original. Su eficacia está certificada por el Instituto de Salud Pública.

La bioequivalencia es una característica que puede tener cualquier medicamento, genérico o de marca, distinto del original.

Un medicamento genérico, en cambio, es aquel que se comercializa bajo el nombre del principio activo que contiene. No todos los medicamentos genéricos han demostrado bioequivalencia.

Hago esta pequeña aclaración porque me parece razonable reflexionar sobre cómo es posible avanzar para que el usuario, el ciudadano, cuando deba recurrir a algún tipo de medicamento, pueda disponer de una opción más barata, y que eso parta en la obligación del médico de agregar en la receta dicha característica.

Adicionalmente, el proyecto propone modificar el artículo 129 B del Código Sanitario, estableciendo como obligatoria para las farmacias (hoy día es facultativo) la disposición en estanterías, góndolas o similares de los medicamentos de venta directa, con el objetivo de permitir el acceso directo al público.

Hasta ahí, esta es una idea que comparto.

Lo que no comparto es lo segundo, la prohibición de la integración vertical ente farmacias y laboratorios. Ello, por dos razones.

Primero, porque a mi juicio se vulnera el artículo 19, número 21°, de la Constitución. El profesor Zapata fue invitado a este efecto y afirmó que la norma citada consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la seguridad nacional, al orden público y a la moral, y agregó que "la iniciativa establece una prohibición que no dice relación con ninguna de las motivaciones indicadas".

Quiero dejar claro que la Comisión de Constitución del Senado, por la unanimidad de sus miembros, el año 2012, a propósito de la Ley de Fármacos, estableció este mismo principio. Acuérdense de que se rechazó la norma relativa a la integración vertical precisamente porque se consideró que era inconstitucional.

Adicionalmente, yo he leído sobre este punto y no he encontrado ninguna evidencia de que la prohibición pueda producir un beneficio. La misma Fiscalía Nacional Económica, en enero de 2015 me parece, afirmó que la integración puede tener cosas buenas, como la disminución de costos de transacción, la eliminación de la doble marginalización y la generación de mayores incentivos en la cadena de farmacias. La complicación nace, más bien, de las dificultades de comercializar productos de laboratorios rivales.

Pero desde mi perspectiva, señor Presidente, esto es distinto de lo otro y genera una estructura que no necesariamente va a ser positiva. De partida, esta iniciativa -digámoslo- representa un gran beneficio para los laboratorios, que obviamente van a disfrutar de un espacio de crecimiento muy importante en sus productos al no poder tener competencia en esa misma línea.

Por tanto, leyendo lo que planteó la propia Comisión de Constitución el año 2012, que -insisto- estableció por unanimidad que esta misma norma en la Ley de Fármacos era inconstitucional, a mí me parece peligrosa su aprobación.

Por eso, señor Presidente, he preferido abstenerme, explicitando, sí, que comparto la primera de las ideas -a mi juicio, es la motora-: que se puedan regular los medicamentos bioequivalentes genéricos de mejor manera, en términos de facilitar la vida de las personas. Pero creo que la segunda genera un efecto en los laboratorios que no es el deseado y que adicionalmente vulnera principios. Y los principios siempre hay que defenderlos, sobre todo cuando han sido ya planteados en esta Sala, que rechazó por unanimidad esta misma norma por inconstitucional.

Por tales razones, señor Presidente, me abstengo, y espero que en la discusión particular podamos separar ambas ideas, porque el mérito de la primera no debiera complicarse por las dificultades que presenta la segunda.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, lo que ocurre es que Chile tiene tal vez uno de los mercados más imperfectos, más monopólicos y menos competitivos del planeta en materia de medicamentos. Esto no existe en ningún otro lugar. Uno critica a Argentina, pero en Argentina nadie puede tener más de diez farmacias. En nuestro país, tres cadenas poseen más del 80 por ciento de los puntos de venta.

Con la Senadora Goic hicimos la denuncia a la Fiscalía Nacional Económica, y Farmacias Ahumada confesó la colusión: aumento hasta en mil por ciento en los precios de los medicamentos. Los tenemos formalizados, por acción de nosotros mismos, que nos querellamos. Esta semana se está viendo la nulidad del proceso.

Junto a otros Senadores, presentamos una iniciativa que prohibió la "canela" y que establece un conjunto de regulaciones. Sin embargo, las farmacias siguen abusando, a pesar de la ley y de todos los esfuerzos que se han hecho.

Tengo en mis manos titulares de prensa de este año: "ISP denuncia: siete de cada diez farmacias infringen la ley"; "Denuncian prácticas de farmacias por continuar con alza de precios"; "Inician sumario contra farmacia del Dr. Simi y Farmarket en Los Ángeles y Tucapel"; "Cadenas de farmacias suben los precios"; "Seremi de Salud cursó sumarios a farmacias".

Y así, sistemáticamente, uno ve que este mercado está lleno de situaciones irregulares y que la misma Fiscalía Nacional Económica propone normas para erradicar las distorsiones. Porque los medicamentos muestran diferencias de hasta mil por ciento.

Otro titular: "Farmacias Ahumada multada por ISP tras continuar con prácticas de canela", que está prohibida. También se la sancionó por no tener lista de precios, a pesar de estar obligada a ello.

Sigo revisando la prensa: "Sernac denuncia a Fasa, Cruz Verde y Salcobrand por no informar precios de medicamentos e incumplir en publicidad"; "Sernac denunció a las principales farmacias por no informar los precios de medicamentos"; "Integración vertical entre laboratorios y farmacias: el eslabón perdido en la nueva ley de fármacos" (esto último es del diario Estrategia).

Salud sancionó a farmacias por ejercicio ilegal de la profesión, es decir, por recomendar medicamentos, lo cual solo lo puede hacer un médico.

Entonces, este proyecto justamente apunta a eso.

Ahora, estamos en la discusión en general y la Comisión está dispuesta a mejorar la redacción de algunas normas.

El Senador Coloma preguntaba por el tema de los bioequivalentes. Bueno, efectivamente en la ley anterior se estableció que solo se podía cambiar un medicamento caro por uno más barato con la condición de que este fuera un bioequivalente.

Les pongo un ejemplo. El Lipitor, que es artovastatina, vale 35 mil pesos. Si alguien no tiene ese dinero, puede comprar un genérico que vale mil pesos. Pero ¿qué hacen las farmacias? No realizan la bioequivalencia para el que vale mil pesos, pero sí para una marca propia, que es el mismo genérico pero con nombre de fantasía y que vale 15 mil pesos.

En consecuencia, están desapareciendo los genéricos. Por eso obligamos a que, si se quiere cambiar un medicamento, se cambie efectivamente por el más barato y solo si es un bioequivalente genérico. Porque están haciendo desaparecer los genéricos debido a que solo les hacen bioequivalencia a los de marca.

¿Por qué la integración vertical? Si la integración vertical es inconstitucional, entonces hay que eliminar las marcas propias. Porque cómo uno entiende que las cadenas sean, al mismo tiempo, dueñas de laboratorios. Qué competencia hay en un sector donde ellas mismas producen sus medicamentos, y le pagan "canela" al vendedor: por el medicamento de la cadena, 500 pesos, y por el que no pertenece a la cadena pero es el mismo medicamento, 5 pesos por caja.

Es evidente que existe una distorsión. En salud no puede haber marcas propias, porque, si las hay, ¿qué competencia se genera? Las cadenas ya representan el 80 por ciento del mercado. Poseen integración vertical y encima tienen marcas propias. Así no puede haber competencia.

Además, fueron sancionadas por colusión. Aquí parece como que nada de lo que ocurrió en el pasado fuera importante. Y ellas fueron -repito-sancionadas por esa figura.

Lo que nosotros hemos acordado con el Ministerio de Salud -no lo pudimos hacer en el proyecto que presentamos con el Senador Ossandón porque hubiera sido declarado inadmisible- es facultar a la CENABAST para que le pueda traspasar precios mayoristas a las pequeñas farmacias independientes o a cualquier otra institución que venda medicamentos. ¿Por qué? Porque en Chile existen los precios más caros de Latinoamérica. Vayan a Argentina, Perú y Bolivia y se van a encontrar con que allí los remedios valen la mitad.

El problema es que además tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos del planeta en medicamentos. ¿Por qué? Porque en todos los países desarrollados la salud es un derecho y los fármacos forman parte del derecho a la salud y son entregados gratuitamente o reembolsados. El Estado negocia en forma directa con los grandes laboratorios.

¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Un minuto, señor Senador.

El señor GIRARDI.- En Chile eso no ocurre. Las recetas que entregan consultorios y hospitales son la mitad de las que otorgan los médicos, en promedio. O sea, la mitad la gente la tiene que comprar de su bolsillo en el sistema público. Pero queda expuesta al abuso, porque a veces no hay donde comprar sino en un local perteneciente a una de las cadenas, que además no cumplen con ninguna de las normas vigentes.

Por eso planteamos la posibilidad de que la CENABAST asuma un rol distinto. La actual no sirve. De todos los medicamentos que adquiere el sistema público, el 18 por ciento es conseguido a través de dicha institución, y el 82 por ciento restante lo compra a las mismas cadenas o directamente a los laboratorios a un precio 400 por ciento más caro que su valor.

De ahí que consideramos que esta legislación es fundamental para el país. Nosotros estamos dispuestos a mejorarla, así como a elaborar en la Comisión de Salud, junto con el Ministerio del ramo, una reglamentación que sea atingente, pero debemos avanzar en esta materia.

)----------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se encuentran en tribunas alumnos del Programa University of Arizona en la Universidad Adolfo Ibáñez y del Programa College of Saint Benedict/Saint John´s University, a cargo de la profesora Elena Sánchez Mora.

A todos los saludamos con mucho cariño y les agradecemos su visita.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)----------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, llama profundamente la atención que en un ámbito tan altamente sensible y en el cual se ha producido uno de los mayores escándalos en materia de colusión, que es el caso de las farmacias, se haya tenido que presentar una moción parlamentaria para bajar los precios, consagrando obligatoriedades en torno a los medicamentos genéricos, y para establecer una regulación en torno a la integración vertical con el fin de terminar con el monopolio, porque aun con monopolio hay también colusión.

El Senador Girardi decía que las tres grandes cadenas de farmacias sumaban más del 80 por ciento, pero no: suman más del 90.

Se ha presentado un proyecto de ley porque es lo que nos demanda la gente. ¿O a usted, señor Presidente, no le ha tocado que le pregunten qué estamos haciendo por el problema de la colusión de las farmacias? ¡Cómo es posible aceptar que los remedios estén tan caros, que haya diferencias de mil, dos mil por ciento en el precio de un medicamento entre una y otra, y que, en definitiva, no haya alternativas, porque lo que se pone es el medicamento más caro, no el más barato!

Ya legislamos sobre el tema de los genéricos. Ahora queremos que la ley se cumpla, que efectivamente, cuando haya un remedio oficial, se ofrezca la alternativa del genérico. Y además de eso queremos evitar la integración vertical.

El Senador Girardi indicaba: farmacia-laboratorio. Yo agrego a los médicos. Lo que hacen los médicos es derivar todas sus recetas. Lo dice el artículo 101 del Código Sanitario: "La receta es un instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada, como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica (...)". O sea, el lobby de los laboratorios con los médicos es enorme. O hay congresos en Europa, o hay médicos que efectivamente son parte de los laboratorios o son parte de las clínicas privadas donde se toman los exámenes.

Mucha gente me recordaba en la calle -porque para este tema a uno lo paran, y lo retan, y lo increpan- que antes pedían dos, tres exámenes, y que ahora piden diez, quince exámenes. ¡Y en el mismo laboratorio!

¿De quién es la propiedad de los laboratorios donde hoy los médicos recetan? Quiero decirlo categóricamente: muchos son socios de esos laboratorios, son propietarios de las clínicas donde se practican los exámenes.

Por lo tanto, tenemos que enfrentar el tema de fondo mediante un debate público nacional.

Lamento que no esté en la Sala en este momento el Senador Coloma, quien señala: "Sí, estoy acuerdo en ver el tema de los medicamentos, pero, por favor, no me vayan a tocar el artículo 19, N° 21°, de la Constitución".

En definitiva, lo que la gente nos pide es que no haya integración vertical, que efectivamente exista competencia real. Los neoliberales, señor Presidente, creen en el mercado, pero hacen todo lo posible para que no haya competencia, para que no haya diversidad.

Nosotros sostenemos que debe haber un Estado regulador, porque el mercado no se autorregula. Ahí está la colusión del confort, la colusión de los detergentes, la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias. Ahí están ahora los abusos descubiertos en Perú en el sector del gas. Vamos a estudiar el asunto y la Fiscalía Nacional Económica tiene que evaluar el tema del gas licuado.

Pero, cuando hacemos un esfuerzo para intentar regular la integración vertical, para evitar la colusión, nos vienen con la Constitución en el sentido de que hay que garantizar el artículo 19, N° 21°, o sea, el derecho al libre emprendimiento económico.

¡Qué libre emprendimiento económico, señor Presidente! ¡Estamos hablando de delincuentes de cuello y corbata, que han saqueado los bolsillos de los ciudadanos durante décadas!

Ya nos hemos informado de la situación en materia del papel confort. La colusión se metió en el baño de todos los chilenos. ¡Durante una década! Y la Fiscalía Nacional Económica interviene el año diez. Durante nueve años se coludieron, se metieron la plata en el bolsillo, les robaron a todos los chilenos, y el año diez se descubre la situación y se empieza a investigar. Y a los pocos minutos, ya habiendo sido pillados, ¿qué hace la CMPC? Se autodenuncia. Y con la autodenuncia no hay multa; con la autodenuncia la investigación continúa, pero los involucrados quedan libres de polvo y paja.

O hay avenimiento, como en el caso de los detergentes. Se hace la investigación. Están coludidas el 95 por ciento de las empresas, pero se produce un avenimiento y termina la investigación. Y los usuarios, los consumidores quedan fuera.

Con este proyecto, que da acceso a medicamentos genéricos y evita la integración vertical, señor Presidente, estamos protegiendo el interés económico, pero también la salud de las personas y el bolsillo de los enfermos, particularmente de los crónicos, los más pobres, que deben pagar igual y endeudarse.

Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor. Podremos perfeccionar el texto, pero el principio esencial es terminar con la colusión y con la integración vertical y potenciar los genéricos.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, he escuchado muy atentamente las intervenciones de los señores Senadores que me han antecedido, y quisiera comenzar por señalar una crítica al informe de este proyecto, que es una crítica a todos los informes que presentan las mismas características: que no se invita a muchas de las partes involucradas, lo cual me parece un profundo error, sobre todo cuando se habla de participación ciudadana.

En múltiples oportunidades los proyectos que trata la Comisión de Salud son despachados en una sesión, en la que no han estado presentes el Colegio Médico, ni los químicos farmacéuticos, ni representantes de distintas instituciones.

Entonces, señor Presidente, legislar simplemente escuchando a los propios parlamentarios; al Ministro, que obviamente está sujeto a las presiones de los parlamentarios de Gobierno, y no analizar el tema de fondo con otras autoridades, creo que constituye una pésima manera de legislar.

Esa es mi primera reflexión.

En segundo lugar, quiero señalar que la colusión no se arregla con este proyecto de ley, sino con otro, aprobado unánimemente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -espero que se vea el miércoles de la próxima semana-, que es el único de todos los que están tramitándose -y estoy dispuesto a someterme al debate con quien quiera en esta Sala- que conduce a penas de cárcel, porque todos los demás, ¡todos!, dejan libres a los responsables.

No tengo problema en intercambiar ideas con penalistas, con todas las autoridades que se quiera, pero el hecho es que los demás contienen errores en su redacción y en la tipificación, a tal punto que, si yo fuera autor de un delito de colusión, en este momento estaría aplaudiendo.

El otro es un proyecto que lleva tres años en el Parlamento; que se trabajó con la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público, y en el cual logramos ponerlos de acuerdo, lo que ya es un gran esfuerzo, porque tienen visiones distintas. Y le quiero pedir formalmente, señor Presidente, que a pesar de que el informe de la Comisión de Constitución va a estar listo el martes, el proyecto sea tratado el miércoles, para que lo voten a favor o en contra.

Pero considero increíble que en un proyecto de ley presentado por parlamentarios, y en circunstancias de que el del Gobierno fue ingresado mucho después, el Ministro de Economía se haya comprometido y haya dado su palabra de honor en cuanto a patrocinarlo en todo lo que dice relación con el delito de colusión y después nos haya engañado.

Yo nunca había visto que un Ministro le mintiera tan descaradamente a una Comisión entera. Y pongo como testigos a los otros cuatro miembros de la Comisión de Constitución, que no son precisamente de mi partido.

Respecto de la iniciativa en debate, voy a hacer tres comentarios.

Sobre los genéricos y las bioequivalencias, me parece un punto superinteresante. No soy técnico; no conozco el tema en su especificidad; he escuchado distintas versiones, pero me parece que hay que intentar que los doctores no entreguen recetas médicas induciendo a una persona a comprar un medicamento que corresponde a un laboratorio determinado.

¿Por qué? Porque hay muchos laboratorios que financian a médicos con el objeto de que puedan ir a conocer toda la modernidad en la especialidad que ellos practican. Lo lógico es que la entrega del medicamento sea bastante neutra y que la persona pueda elegir. El doctor puede recomendar uno, pero no siempre se recomienda el más barato.

Por lo tanto, considero bien importante ese punto.

Respecto del segundo, quiero señalar lo siguiente.

Estoy convencido de que la integración vertical es mala a la luz de los casos que se han presentado en nuestro país. ¡Literalmente mala! Las farmacias con las isapres -perdonen que se los diga-; las clínicas con las isapres; los laboratorios con las farmacias. Al final, se ha prestado, no para generar, como mucho se dice, un sistema más competitivo, sino uno menos competitivo.

Pero tenemos un problema: la norma contenida en el proyecto es inconstitucional.

No tengo ningún problema en discutir una reforma constitucional sobre la materia, pero no podemos aprobar una disposición inconstitucional. El tema ya se discutió. Lamentablemente, siendo partidario de terminar, limitar o restringir la integración vertical, porque creo que se ha prestado para abusos, no podemos aprobar un precepto contrario a nuestra Carta Fundamental, porque las democracias, no las dictaduras, se rigen por la Constitución. Puede ser buena o mala, pero es la regla por la cual hay que regirse.

De manera que en este punto, coincidiendo en la necesidad de terminar con la integración vertical, considero absolutamente inconstitucional la norma en cuestión, cuyo contenido ya fue debatido largamente en el Senado, pues transgrede una norma expresa de la Constitución que establece que no se puede prohibir a una persona realizar una actividad comercial verticalmente integrada a otra. Es algo que nos importa a todos los que creemos en la democracia.

Y el tercer punto, con el cual no estoy de acuerdo, se refiere al inciso que señala que "Ninguna farmacia o almacén farmacéutico podrá instalarse o funcionar sin que previamente se le haya otorgado la correspondiente concesión de servicio público".

¿Me puede dar un minuto más, señor Presidente, si es tan amable?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúe, señor Senador.

El señor ESPINA.- Gracias.

Esa norma la encuentro absolutamente abusiva.

A una persona que quiere iniciar un emprendimiento para tener una farmacia y que cumple con todos los requisitos para su instalación, ahora se le dice: "Mire, en este lugar usted no puede ubicarla".

Así es como entiendo yo la disposición. Se lo pregunté a una autoridad de Gobierno y me dijo que era así. Si una persona quiere instalar una farmacia al lado de otra, ¿cuál es el problema? Lo importante es que no haya colusión, que los productos se vendan a bajo precio, que se cumpla con todas las normas y que no se infrinja la ley, como se ha hecho muy a menudo. Pero eso no se logra limitando la realización de actividades en un lugar determinado, cuestión que mañana puede extenderse a muchos otros ámbitos.

En consecuencia, como hay una disposición del proyecto que me parece que habría que explorar un poco más, me voy a abstener en la votación general, dejando en claro que no tengo ningún problema en estudiar una modificación constitucional, bien hecha, con la finalidad de limitar la integración vertical o de buscar una norma que asegure que la integración vertical no será finalmente un factor para disminuir la competencia en nuestro país.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo tiene, fundamentalmente, dos objetivos.

Uno es ajustar la legislación con el propósito de fomentar la penetración en el mercado de los medicamentos bioequivalentes y obligar a los médicos a incorporar en las recetas los términos "equivalente en calidad" respecto de medicamentos genéricos bioequivalentes, para que efectivamente un fármaco sea comprado por decisión del paciente y no por decisión de la farmacia.

El otro objetivo es prohibir, básicamente, la integración vertical entre laboratorios y farmacias.

Al igual que el Senador Espina, me parece que la integración no es la cuestión de fondo, pero sí me preocupa lo siguiente.

Cuando en un proyecto anterior se analizó el tema de la integración vertical, se pidió informe a la Comisión de Constitución, la que requirió la opinión de algunos constitucionalistas. Recuerdo que entre ellos estaba Patricio Zapata, quien afirmó que prohibir la integración vertical podía ser interpretado como algo contrario a la Constitución, por limitar la libertad de emprendimiento, la libertad de iniciativa económica.

Jorge Correa Sutil, otro constitucionalista consultado en la Cámara de Diputados, fue del mismo parecer.

Por lo tanto, aquí yo enciendo una luz amarilla. Creo que no deberíamos exponernos a proyectos que generan este tipo de situaciones inconstitucionales, porque, al final del día, aunque la iniciativa fuera aprobada, alguien a quien se le quisiera aplicar la norma podría reclamar al Tribunal Constitucional en un momento determinado y ganar esa batalla. Como digo, el precepto presenta fuertes dudas de constitucionalidad planteadas por constitucionalistas que merecen respeto.

En cuanto a los medicamentos bioequivalentes y, en general, a los precios de los remedios -porque a eso se apunta finalmente-, debo confesar que, a propósito de todo lo que ha ocurrido en estos días, de la colusión que se ha estado comentando y, particularmente, de cómo se ha llegado, a través de ella, a la colusión de los remedios, mi impresión es que, aparte de la situación de las farmacias, el tema es muchísimo más complejo.

Es conocido por todos el esfuerzo que ha realizado la Municipalidad de Recoleta por hacer posible acceder, a través de una farmacia popular, a remedios más baratos. Yo me preguntaba cómo se podía entender que un medicamento vendido por la farmacia de dicho municipio costara la décima parte de otro ofrecido por una farmacia normal.

Hoy, finalmente -aunque algo ya me habían contado-, aparece en el diario El Mercurio una información extraordinariamente explicativa y que a mí me deja una tremenda interrogante.

Dice que el sistema funciona a partir de los laboratorios, de los cuales habría alrededor de 60 en el país, los que proveen de remedios a los dos canales centrales: a CENABAST, por un lado, y a las farmacias, por el otro.

CENABAST, por los volúmenes que compra, consigue precios muchísimos más bajos. Las farmacias, en cambio, a pesar de que tres cadenas compran el 90 por ciento y uno podría entender que ahí hay un poder de compra importante -olvidémonos de todos los otros problemas que pueden surgir; simplemente estoy haciendo un análisis de cómo se llega al precio de los medicamentos-, consiguen precios completamente distintos.

El ejemplo que da el diario es el del fármaco Eutirox. CENABAST lo compra a los laboratorios en 630 pesos, en tanto que las farmacias, que con las tres cadenas representan, como digo, el 90 por ciento -o sea, volúmenes importantes-, lo adquieren de los mismos laboratorios a 6.039 pesos. Ahora, si se agregan los costos de almacenaje, de sueldos, de utilidades, el precio final de ese remedio sube a 7.609 pesos.

Yo soy consumidor de Eutirox, así que me produjo especial molestia saber que si lo compro en un lado cuesta 630 pesos y que si lo compro en otro el valor se eleva a 7.600 pesos.

¿Qué pasa, señor Presidente?

Cualquier compra por volúmenes permite, sin lugar a dudas, en cualquier rubro, conseguir descuento, pero que alguien me nombre uno en donde se pueda comprar por volúmenes un producto con un descuento que deje su precio en el 10 por ciento del inicial.

Si uno va a comprar, no sé, cualquier cosa, cualquier objeto: televisores, radios, bicicletas, en fin, lo que sea; si va a comprar a un molino arroz al por mayor, consigue 10, 20, 30 por ciento de descuento, ¡pero no 90!

Eso no lo entiendo.

Francamente, como decía Condorito, ¡exijo una explicación!

¿Qué pasa en nuestro país que tenemos esa situación?

¿Ello tiene que ver con la integración vertical? Veo que no.

Se trata de un escenario -un minuto, señor Presidente- completamente distinto, que me hace pensar que hay algo más que descubrir y limpiar en esta materia.

En este proyecto no tengo en principio, a priori, una objeción. Sin embargo, el tema de la constitucionalidad, respecto al que emitimos un informe que yo aprobé en su minuto, me lleva por lo menos a abstenerme de votar favorablemente.

No obstante, señor Presidente, quiero dejar sentada esta inquietud: ¿qué pasa en Chile con los precios de los remedios? Porque no puede ser que a un alcalde se le ocurra ir a comprar los remedios a la CENABAST, esta se los dé al mismo precio que los adquiere, y él los venda a la gente a niveles razonables.

Parece una genialidad. Pero lo que no lo parece es que la alternativa sea comprar a doce veces más, porque, más los otros aditamentos, los 639 pesos terminan en 7 mil 609 por exactamente el mismo remedio.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (15 votos a favor, 8 abstenciones y un pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores De Urresti, Girardi, Horvath, Letelier, Matta, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.

Se abstuvieron la señora Lily Pérez y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Harboe, Hernán Larraín y Pérez Varela.