APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y que mejora la persecución penal de esos delitos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social, como robos, hurtos y receptación.
Ello, a fin de aumentar la probabilidad de que sus responsables sean objeto de condenas efectivas, de que estas se impongan por el tiempo que la ley establece y de que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín.
Cabe hacer presente que el artículo 11 tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 103 a 116 del primer informe de la Comisión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señores Senadores, respecto de este proyecto, que tiene que ver con seguridad ciudadana, hay dos solicitudes.
Primero, como la Ministra de Justicia se excusó por no poder estar presente en esta sesión -sé que algunos estiman muy importante contar con su presencia, dados sus conocimientos sobre la materia-, pido autorización para que ingresen a la Sala los Subsecretarios de Justicia y de Prevención del Delito.
El señor LETELIER.- Sí.
La señora ALLENDE.- Conforme.
--Se autoriza.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Segundo, el Senador señor Moreira ha pedido que se abra la votación sobre esta iniciativa.
¿Habría acuerdo?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Muy bien.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a las bancadas que informen a los Senadores que están en las Comisiones que funcionan en paralelo con la Sala que vengan a votar, porque esta iniciativa contiene normas de quórum especial.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, esta iniciativa, conocida como "Agenda Corta", se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Tuvo su origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República, suscrito por los Ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda, presentado a la Cámara de Diputados en el mes de enero del presente año.
Allí fue informada por las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, de Constitución y de Hacienda, y también se recabó en dos oportunidades la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
Su propósito es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social, como robos, hurtos y receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que sus responsables sean objeto de condenas efectivas, de que estas se impongan por el tiempo establecido por la ley y de que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.
Para tales efectos, el proyecto introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, que se agrupan en 12 artículos permanentes y 3 transitorios, cuyo contenido reseñaré a continuación:
1) Se establece en nuestro Código Penal un conjunto de medidas efectivas de prevención general contra los mencionados delitos, entre las cuales se encuentran las siguientes:
a) Incorporar una regla especial de determinación de la pena para delitos contra la propiedad por apropiación, de forma que, como ocurrió con la denominada "Ley Emilia", exista certeza en cuanto al proceso de determinación de las sanciones y al hecho de que las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal establecido por la ley, sin que habiliten para subir o bajar la pena fijada en él.
b) Sancionar con mayor rigor la reincidencia.
c) Elevar las penas tratándose de robos y receptaciones cuantiosas -esto es, cuando lo robado o receptado exceda las 400 unidades tributarias mensuales-, de modo de atacar la criminalidad organizada y superar las dificultades procesales que supone su persecución y adecuada sanción.
2) Se introducen una serie de modificaciones al Código Procesal Penal, orientadas a aumentar las capacidades de investigación del sistema penal y las facultades de la policía para realizar diligencias en este ámbito.
Así, se introducen ajustes a las normas sobre actuación de la policía sin orden previa y al control de identidad y se prevén restricciones a la aplicación del principio de oportunidad y al régimen de suspensión condicional del procedimiento, aunque se mantiene un tratamiento diferenciado para los primerizos.
3) Se modifica la ley N° 18.216, sobre penas alternativas, de manera de regular con un criterio más restrictivo la aplicación de estas sanciones a los delitos ya mencionados.
4) Se enmienda el decreto ley N° 321, del año 1925, sobre el beneficio de la libertad condicional, a fin de disponer que quienes han sido condenados por los delitos ya señalados solo podrán acceder a este beneficio cuando cumplan los dos tercios de la pena (ocurre en este momento con delitos de alta gravedad como el homicidio calificado, el robo con homicidio, la violación con homicidio o el manejo en estado de ebriedad que cause la muerte).
5) Se modifican el Código de Justicia Militar y las leyes orgánicas de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, para sancionar con mayor rigor los delitos de homicidio o lesiones graves que se cometan contra integrantes de estas instituciones, y se impide que en estos casos se apliquen penas alternativas.
6) Se enmiendan otros cuerpos legales para liberar a Carabineros de Chile de labores administrativas. Es el caso de la Ley de Tránsito y de la normativa que rige el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.
7) Se consagra legalmente la existencia del Banco Unificado de Datos, basado en la labor coordinada de todas las instituciones involucradas en la persecución del delito.
8) Se regula integralmente un nuevo procedimiento general sobre control de identidad, destinado a facilitar el cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública que corresponden a los policías. Este mecanismo se consagra en una norma específica y en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal, y viene acompañado de una norma transitoria, que obligará al Ministerio del Interior a informar al Parlamento sobre la aplicación de esta nueva herramienta.
9) Se incorpora, además, otra disposición transitoria, destinada a establecer un régimen especial para los proyectos de inversión relativos a la ampliación de establecimientos penitenciarios, a efectos de superar los actuales problemas de hacinamiento carcelario y ofrecer reales oportunidades de resocialización a sus internos.
Señora Presidenta, Honorable Sala, la Comisión de Constitución abordó el estudio en general de esta iniciativa y escuchó el parecer de representantes de diversas instituciones involucradas en la persecución penal. Para ello, a lo largo de 6 sesiones, tuvimos oportunidad de recibir a las siguientes personas:
-A los titulares del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia.
-Al Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Milton Juica.
-Al Ministerio Público.
-A la Defensoría Penal Pública.
-A las jefaturas máximas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
-Al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
-A la Asociación Nacional de Magistrados y al Instituto Nacional de Jueces de Policía Local.
-A los titulares del Servicio Médico Legal y de Gendarmería de Chile.
-A representantes de asociaciones gremiales que agrupan a trabajadores de estas dos últimas entidades.
-A los profesores expertos en Derecho Penal don Juan Domingo Acosta y don Jean Pierre Matus.
Los invitados ya mencionados proporcionaron a la Comisión un conjunto muy sustancioso de elementos para este estudio, que nos permitieron hacer una primera evaluación del contenido de la iniciativa y una ponderación preliminar acerca de sus méritos y también de aquellos aspectos que suscitan algún nivel de desacuerdo y que serán objeto de un examen más específico durante la discusión en particular.
Por ello, concluidas estas audiencias, la Comisión resolvió votar la idea de legislar, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, Espina, Harboe, Hernán Larraín y quien habla.
Su propósito fue permitir que esta Sala pueda pronunciarse prontamente en general sobre el proyecto, de manera de dar lugar a la fijación de un plazo para presentar las indicaciones que permitan introducirle todos los ajustes que resulten necesarios.
Es cuanto puedo informar.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, hoy tenemos cifras preocupantes, particularmente en delitos contra la propiedad, no porque tengamos un aumento explosivo en los indicadores delictuales de estos, sino porque la capacidad de resolución de los delitos contra la propiedad sometidos a conocimiento del proceso penal es bastante bajo.
Lo digo, pues cuando uno observa las estadísticas ve que en los delitos de robo tenemos una triste cifra: nueve de cada diez delitos de robo no terminan en sentencia condenatoria; es decir, a contrario sensu, solo uno de cada diez delitos contra la propiedad con imputado desconocido que afecta a las familias chilenas termina en sentencia condenatoria. El resto, no.
¿Qué ocurre, entonces? Que el sistema procesal penal no está actuando adecuadamente para resolver uno de los principales problemas que sufren las familias chilenas: los atentados contra la propiedad, los robos, los hurtos.
Y esta agenda corta viene en parte a otorgar mayores herramientas a los fiscales y a las policías para hacer frente de manera más eficiente a la lucha contra este tipo de delitos.
Señora Presidenta, este proyecto que se somete a nuestra consideración establece ciertas normas de extrema relevancia.
En primer lugar, utiliza una fórmula que ya la Comisión de Constitución del Senado ha adoptado para ciertos delitos.
El Congreso Nacional, como representante de los ciudadanos, otorga una valoración ética a distintos bienes para combatir conductas antijurídicas. Es decir, nosotros le damos un valor al bien jurídico protegido (sea la libertad de las personas, sea su integridad física, sea la propiedad) y a quienes atenten contra él se les fija una sanción.
En el fondo, consideramos, después de valorar éticamente dichos bienes, que debe haber penas para cada tipo de delitos.
¿Pero qué ocurre? Que las penas que este Parlamento soberano consagra en las nuevas leyes no son las que los jueces aplican a los delincuentes.
¿Por qué? No es porque los jueces no tengan buena voluntad, ni porque transgredan la ley. Es porque nuestro Código Penal, en los artículos 65 a 69, les permite a ellos salirse de los marcos legales que el Congreso impone.
En consecuencia, si bien nosotros somos los legisladores, quienes aplican las sanciones en la práctica ¡son los jueces! De hecho, la diferencia entre la pena teórica, la que nosotros establecemos en la ley, y la pena práctica, la que los magistrados aplican, muchas veces es bastante notoria.
Observar esa realidad produce frustración ciudadana.
Por ejemplo, el Parlamento despachó una normativa en la que se fija una pena de 3 años y 1 día a 10 años a quien sea sorprendido con porte ilegal de armas de fuego, pero los jueces, en la práctica, no aplican esa sanción, pues el Código Penal los faculta para hacer un juego con las atenuantes y agravantes y bajar del rango impuesto en el marco legal.
¡Este proyecto termina con eso!
Lo hicimos ya en la Ley de Control de Armas que aprobamos en febrero pasado; lo hicimos en la denominada "Ley Emilia", donde también limitamos la facultad de los jueces. Aún más, en este último caso dispusimos que, aun cuando por aplicación de las atenuantes procediera una medida alternativa, esta se suspende por un año, para que por lo menos en ese lapso el infractor esté preso.
¡Ahora incorporamos la misma norma en esta iniciativa! Ello, debido a una realidad clara: los principales delitos que se cometen en nuestro país ¡son contra la propiedad!
En el año 2014, del total de ingresos al Ministerio Público, más de 589 mil denuncias correspondieron a delitos contra la propiedad con imputado desconocido. Esto significa que los ciudadanos denunciaron el delito de que fueron víctimas, pero, cuando llegó la policía, el delincuente ya se había ido.
De esos 589 mil y tantos casos, solo un porcentaje menor al 2 por ciento obtuvo sentencia condenatoria. Todo el resto, el 98 por ciento -para ser exacto, 99,3 por ciento-, quedó en absoluta impunidad.
El proyecto en debate busca terminar con ese tipo de situaciones.
En segundo lugar, se propone establecer un aumento de penas en determinado tipo de delitos y una restricción de libertades a los reincidentes.
Y digo "reincidentes" -y remarco ese concepto-, porque es común observar, en medios de comunicación e, incluso, en opiniones de algunos legisladores, que se confunden los términos "reincidencia" con "reiteración".
Es reincidente el delincuente que ha sido condenado en varias oportunidades y no el que ha sido detenido en reiteradas oportunidades.
Cuando alguien dice: "¿Por qué este delincuente, que ha sido capturado quince veces, no está condenado?", es porque probablemente el sistema no ha sido capaz de lograr una sentencia. Se lo ha detenido en quince oportunidades, pero algo está pasando en el sistema procesal que no consigue acompañar las pruebas suficientes para condenarlo.
En ese sentido, nosotros debemos facilitar a las policías y a los fiscales la capacidad de prueba, sin dejar de resguardar los derechos ciudadanos. No sacamos nada con decir que un caso está policialmente resuelto o que un delincuente ha sido detenido en reiteradas oportunidades, si al final del día no se acompañan las pruebas suficientes para lograr la sentencia condenatoria.
¿Qué objetivos perseguimos con este proyecto de ley? Aumentar la capacidad de investigación; mejorar la generación de pruebas, y subir el número de condenas para delincuentes reincidentes y habituales.
Mientras más sentencias condenatorias se dicten, mayor será el efecto disuasivo para evitar que nuevos actores ingresen a la carrera del delito.
Circunscribo la discusión a esta iniciativa, porque es de toda lógica pensar que lo relativo a la prevención social del delito, que resulta fundamental, no se aborda en esta propuesta, dado que ello es materia de una estrategia un poquito más integral.
Otro tema de debate es lo concerniente al control de identidad.
¿Corresponde que un policía le pregunte a un ciudadano su identidad y lo obligue a exhibir algún tipo de documentación?
¿Atenta eso contra los derechos ciudadanos? A mi juicio, no.
La necesidad de identificarse no tiene por qué ser interpretada como una afectación del derecho legítimo a la libertad ambulatoria. El punto está en regular esa facultad de tal forma que se eviten situaciones de abusos, como las que ocurrieron en el pasado.
Creo que el proyecto, más allá de algunos perfeccionamientos que podemos introducir, en general avanza en la dirección correcta.
Yo no tengo problemas con esa medida. Es razonable que el día de mañana un carabinero le pida la identificación a alguien que va caminando por la calle.
¡Si eso es para evitar delitos, bienvenido sea!
La libertad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales se ven afectados cuando no se pueden ejercer, producto del temor de ser víctima de un delito o de la necesidad de encerrarse en las propias casas para evitar actos delictivos.
Los espacios públicos que el Congreso Nacional aprobó construir a través de la Ley de Presupuestos no pueden ser aprovechados por los ciudadanos si hay una sensación de inseguridad o si no se cuenta con los elementos necesarios para brindarles efectiva protección.
Señor Presidente, voy a respaldar la idea de legislar. No obstante, en la discusión en particular, tal como lo hemos conversado con los señores Ministros del Interior y de Justicia, presentaremos algunas indicaciones para perfeccionar el texto de la iniciativa.
Con todo, es tremendamente importante otorgar herramientas efectivas para combatir el delito.
Esta finalidad no es algo que preocupa a un sector o a otro; no tiene que ver con los derechos de uno versus los derechos del otro. Esto implica construir un sistema que equilibre los derechos ciudadanos de todos y cada uno de sus habitantes con el legítimo derecho a gozar de elementos de seguridad y paz social.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, según entiendo, este proyecto se origina en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas Cámaras.
En mi opinión, está bien avanzar en la capacidad de disuasión. Pero también se requiere abordar aspectos de rehabilitación, de reparación del daño causado y, obviamente, de prevención. No podemos dejar pasar estas otras dimensiones.
Comprendo que estamos en el debate general de la iniciativa y que esta se enfoca en los robos, los hurtos y las receptaciones. Sin embargo, por la vía de las indicaciones y aprovechando la presencia del Ejecutivo, podríamos avanzar en aquella línea.
Respecto de los reincidentes de los delitos señalados, evidentemente las medidas propuestas dan mayor certeza. Pero restringir las libertades condicionales e impedir que los reincidentes puedan acceder a penas alternativas, como aquí se ha señalado, me parece discutible.
¡Qué sacamos con tener a los delincuentes presos en las cárceles que hoy tenemos!
¡En tales condiciones, además de la privación de libertad, se ven afectados en sus derechos humanos!
¡Esas personas salen peor de como entran!
Debemos asumir esa realidad y preocuparnos de generar una gradualidad.
Las penas alternativas -obviamente, conforme al Pacto de San José de Costa Rica, no se pueden aplicar sin la voluntad de la parte afectada- constituyen una fórmula real. Los presos están privados de libertad, pero pueden ejercer el resto de sus derechos: trabajar para el bien de sus familias, generar redes positivas para la reinserción.
A mi juicio, una agenda corta en seguridad ciudadana debiera considerar una mirada un poco más amplia y no quedarse solamente en la estrategia de asustar a los delincuentes. Eso a veces resulta incluso peor.
De hecho, me permito solicitar a la autoridad -por su intermedio, señor Presidente- que nos señale cuál es el plan de mejoramiento de los recintos penitenciarios, incluidas las oportunidades de trabajo para los reos.
En este ámbito, es fundamental también abordar lo relativo a la institucionalización de Gendarmería, institución que hoy vive en una zona gris: en su interior hay una enorme cantidad de gremios, sindicatos y asociaciones, pese a ser una fuerza uniformada, armada.
Dicha entidad está cumpliendo 85 años de vida institucional y tiene un rol importante que cumplir en esta materia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creemos que esta iniciativa, denominada "agenda corta de seguridad pública", es extraordinariamente relevante para facilitar la aplicación efectiva de penas relacionadas con los delitos de robo, hurto y receptación, y también para mejorar la persecución penal de esos delitos, lo que implica modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Los datos avalan esta necesidad de focalizarse en tales delitos. De acuerdo a las estadísticas, durante el 2013 se cometieron alrededor de 600 mil delitos de mayor connotación social. Se entiende por tales aquellos que afectan a víctimas que, en su gran mayoría, no cuentan con medios para proveerse seguridad privada. Me refiero a los ciudadanos comunes y corrientes, quienes se movilizan a pie y viven en sectores donde existe la sensación de que el poder de facto es ejercido por quienes hacen del delito una forma de vida.
De esos 600 mil delitos, un 83 por ciento correspondió a ilícitos contra la propiedad y solo un 17 por ciento, a delitos contra la integridad física de las personas. En esa cifra se expresa la realidad delictual con mayor claridad. Ahí radica la mayor cantidad de delitos que afecta a la gente común y corriente.
Además, se ha producido un incremento muy significativo en ese ámbito.
Según los registros policiales, los delitos contra la propiedad han aumentado un 25 por ciento en comparación a los del 2005. De ellos, el más frecuente es el hurto (38 por ciento), seguido por el robo en lugar habitado (14 por ciento) y el robo de accesorios de vehículos (12 por ciento).
Los mayores crecimientos los experimentan los robos de vehículos (158 por ciento), los robos por sorpresa (76 por ciento) y los robos de objetos desde el interior de vehículos (54 por ciento).
Ahora, lo más delicado es que los robos con violencia, en sus distintas formas, son los que menos resultados arrojan. En 2014, según información proporcionada en la Comisión de Constitución, menos del 10 por ciento tuvo algún tipo de solución y más del 90 por ciento fue archivado; es decir, en este último caso no hubo ningún antecedente que permitiera avanzar en la persecución del delito.
Por lo tanto, aquí se requiere una acción fuerte y efectiva orientada a reducir aquello que está afectando en forma significativa a la mayor cantidad de personas.
El proyecto, como decía, apunta a modificar normas de Derecho Penal sustantivo, pero también aborda algunas reglamentaciones procesales y mejora algunas potestades en el ámbito policial, no para establecer la existencia de un delito, sino para controlar la identidad de las personas, en el contexto del cumplimiento de sus funciones constitucionales.
En lo central, valoramos que se esté extendiendo el sistema de determinación de penas para los delitos contra la propiedad, de forma tal que los responsables por dichas acciones reciban la pena prevista para la ley por el delito de que se trate.
Se intenta impedir que, usando distintos mecanismos que contempla hoy el Código Penal -aún no lo hemos cambiado-, de alguna manera se eviten las penalidades correspondientes.
En seguida, en el caso de los responsables de los delitos de robo con violencia y robo con fuerza en lugar habitado que sean primerizos, se impone una pena mínima de un año de privación de libertad, seguida en su ejecución por alguna de las penas sustitutivas de la ley Nº 18.216, de modo de aumentar la posibilidad de control de la persona una vez egresada del sistema penitenciario, momento en el cual debe ofrecérsele oportunidades reales de reinserción social.
Esto último, como bien señaló el Senador señor Horvath, quizás no se aborda en plenitud o en profundidad en esta iniciativa. La cadena de seguridad empieza en la prevención; sigue con la investigación penal, con el juzgamiento y con la privación de libertad en la cárcel, y termina con la rehabilitación y la reinserción social. Se trata de etapas distintas de un proceso que no hemos abordado debidamente, en particular la última.
Si consideramos que, de las 20 mil personas que egresan cada año de los penales, 60 por ciento es reincidente, nos damos cuenta de que, si hiciéramos un trabajo efectivo de rehabilitación en los recintos penitenciarios, podríamos prevenir delitos que son cometidos por personas que, al no lograr reinsertarse, vuelven a lo que hacían antes de estar presos.
Es efectivo que en este proyecto dicha materia no se aborda en profundidad, salvo en algunos aspectos, y debiéramos preocuparnos de ello. De ese modo, haríamos prevención donde es más necesaria: en la rehabilitación de las personas que están privadas de libertad, o sea, durante el tiempo que cumplen sus penas.
Asimismo, a los reincidentes por esta clase de delitos -esto va en directa relación con lo recién dicho- se les imponen sanciones algo más severas, como la de reducir las posibilidades de acceder al cumplimiento de penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad. En el caso de robos violentos y en lugar habitado, la idea es que realmente se cumplan las penas impuestas.
Además, se establece un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad. Cada día es más claro que los robos se cometen en asociación, por bandas organizadas. Se asigna pena de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM.
También se perfecciona el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos de mayor connotación social. Así, se permite a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a testigos; revisar las vestimentas, el vehículo y el equipaje de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueben la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de las órdenes judiciales, e ingresar a lugares cerrados cuando existan signos evidentes de que ahí se está procediendo a la destrucción de objetos a raíz de la comisión de un delito, de sus efectos o instrumentos. Para garantizar la validez de estas últimas diligencias, se propone que sean videograbadas, de manera que no se ponga en duda su autenticidad y, al mismo tiempo, el respeto a las garantías de los ciudadanos.
Dichos cambios son absolutamente necesarios.
Los carabineros reclaman por las limitaciones que enfrentan a la hora de avanzar en la investigación de un delito. Por eso son muy importantes las medidas que les permitirán asegurar de mejor forma las declaraciones voluntarias de los testigos que se encuentran en el sitio del suceso y revisar vestimentas, vehículo y equipaje de los detenidos, como ya he mencionado.
Por otra parte, se incorpora lo relativo al control de identidad, que va a operar, reduciendo las exigencias que hoy establece la ley en esta materia, cuando haya algún indicio de la comisión de un delito. Con dicha facultad un carabinero, teniendo algunos elementos de juicio que lo hagan pensar en un riesgo de delito, va a poder solicitarle a una persona que se identifique.
Si se pide la identificación por otros motivos, como cuando se controla a quienes conducen automóviles, con mayor razón debiera procederse a ello si existe algún indicio de comisión de delito. Incluso, esta facultad podría ser más amplia, cuestión que analizaremos cuando corresponda, en la discusión en particular.
También se busca liberar a Carabineros de funciones de notificación y recepción de constancias por accidentes sin lesionados, tareas que están asignadas en las leyes sobre Juzgados de Policía Local y de Tránsito. Así podrán disponer de recursos para lo principal: prevención y persecución de los delitos.
Por otro lado, se pretende obstaculizar de algún modo la llamada "puerta giratoria" en esta clase de delitos. Para ello se limita a una vez cada cinco años la concesión de salidas alternativas, como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento. O sea, si se repite con frecuencia la conducta delictiva, la persona no va a poder acceder a esos beneficios.
Asimismo, se evita que se sustituyan las penas en casos de responsables de múltiples delitos, con lo cual se termina con la llamada "cuenta corriente".
También se limita el otorgamiento de la libertad condicional a los responsables de robos violentos y en lugar habitado, y de robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de los dos tercios de su condena. Así se hace más restrictivo el acceso a dicho beneficio.
Finalmente, se posibilita la rápida construcción de cárceles, reduciendo ciertos trámites burocráticos, y se regula el Banco Unificado de Datos, que es una esperanza que hasta la fecha no ha podido ser cumplida.
La verdad es que este conjunto de normas constituye un articulado razonable, que va a permitir avanzar en la persecución del delito en aquellas áreas donde este hoy más impacto tiene para la gente más vulnerable, en los sectores en que es más difícil lograr la oportuna y debida seguridad.
Por estas consideraciones, aprobaremos en general la iniciativa.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero comenzar por resolver una polémica que se ha presentado en el último tiempo en cuanto a si en nuestro país existe una sensación de miedo, de inseguridad en el delito provocada por los medios de comunicación. He escuchado a distinguidos comentaristas señalar que esto es fruto de que los medios de comunicación difunden los delitos y, por lo tanto, generan un miedo que no se condice con el nivel de delitos existente en Chile.
Esa afirmación no tiene ningún sustento.
Y para estos efectos quiero entregar, simplemente, algunos datos oficiales acerca de qué ocurre en nuestro país respecto de los delitos de robo.
El año pasado, según información oficial del Ministerio Público, el 93 por ciento de los robos violentos que se investigaron y concluyeron terminó sin ningún resultado. Se trata de 336 mil 327 delitos.
Probablemente, esta cifra debe de ser de las más altas en materia de robos entre países de características como las de Chile. Y nadie puede sostener que esta sensación de temor es producto de que algunos medios de comunicación difunden materias vinculadas a la delincuencia. Y tampoco se puede afirmar que ello no se condice con las cifras reales, porque dice relación con los números reales. Se trata de datos oficiales, del boletín del Ministerio Público.
En segundo lugar, la Corte Suprema nos informa que en nuestro país hay 66 mil prófugos de la justicia. ¡Un Estadio Nacional y medio lleno! ¡Por delitos graves! Porque corresponden a órdenes de detención emanadas de jueces de garantía o de tribunales orales; no estamos hablando de juzgados de familia o de conductas de otro tipo.
¿Alguien considera normal que en un país existan 66 mil prófugos de la justicia por robos, asaltos, tráfico de drogas, homicidios, lesiones graves?
Y hay una tercera cifra que resulta más alarmante. Y dejaré constancia de ella en esta sesión porque muchas veces se olvida.
Según información oficial entregada al Senado por la PDI, el año 2007 había 402 puntos de venta de tráfico de drogas en villas, sectores o poblaciones. Esa cifra aumentó a mil 660 el año 2013.
Entonces, los datos duros señalan que en particular en materia de robos y tráfico de drogas estamos perdiendo la batalla absolutamente.
Y ello no es solo un problema solo de este Gobierno, sino de las Administraciones de los últimos años.
Si reviso la encuesta Adimark, citada recientemente, y veo qué ocurrió en nuestro país entre 2000 y 2015, constato que la victimización aumentó desde un 30 por ciento (o sea, uno de cada tres chilenos había sido víctima de un robo en su casa en los seis meses previos a la aplicación del instrumento) a un 38,9 por ciento. Eso significa un incremento de 26 por ciento.
Entonces, lo peor que puede hacer un país es intentar esconder una realidad.
Un derecho ciudadano, humano básico es que las personas estén protegidas en su seguridad personal y en materia de seguridad ciudadana.
¿Cómo se hace?
Avanzando paralelamente en tres frentes. Pero en los tres estamos avanzando mal.
En primer lugar, en prevención.
Señalé en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos que hoy día en Chile había 18 mil jóvenes que cometen delitos, y que respecto de ellos no se hace prácticamente nada, y lo que se lleva adelante son programas absolutamente ineficientes.
Y tenemos una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que funciona pésimo. Esta es la verdad.
Entonces, si queremos combatir la delincuencia, debemos avanzar en la prevención.
El otro frente es la rehabilitación. En esta materia, los programas de reinserción social y de rehabilitación para el trabajo son mínimos: 800, 900 condenados, en circunstancias de que deberían estar en esos programas 20 mil a 25 mil.
Y después se encuentra el área relacionada con el proyecto en análisis, que no se refiere a prevención ni a rehabilitación, que son importantísimas. Hablo de la persecución penal.
¿Cuáles son, a mi juicio, los cambios sustantivos de esta iniciativa?
En primer lugar, en nuestro país hay una verdadera confusión en la ciudadanía respecto de lo siguiente: las penas que establecen los códigos no son las que en verdad se aplican. Y el cambio más relevante introducido por este Parlamento radica en que cuando la ley disponga una pena el juez no podrá salirse del rango de la pena.
Me explico.
El robo calificado, en que hay violación, homicidio, lesiones graves, tiene una penalidad que va de 15 años y un día a presidio perpetuo. Se trata de un delito deleznable, porque se mató a una persona, se violó a alguien, se le dejó con lesiones graves gravísimas. Pero, de acuerdo al sistema actual, los jueces pueden bajar hasta tres grados en virtud de las atenuantes.
Y la modificación que realizamos consiste en que el juez debe mantenerse en el mismo rango de la pena, o sea, no le es posible bajarse del rango que establece el legislador. Lo mismo ocurre en el caso de los robos con fuerza o intimidación en las personas.
¡Y ese ya es un cambio radical! Porque un delincuente de esa naturaleza, que comete robos con violencia o intimidación en las personas, sea en lugar público, en una casa habitación o en un local comercial, debe sufrir una dura sanción. Y eso pasa en cualquier país democrático sin ningún tipo de complejos.
Y lo digo con la misma fuerza con que señalo que hay que trabajar con los 18 mil niños que están hoy día abandonados y que, según el informe oficial del SENAME, entre enero y septiembre no tienen planes ni programas eficientes que les permitan reinsertarse, como la terapia multisistémica, que se aplica en forma muy leve y sin la profundidad necesaria.
El segundo cambio sustancial del proyecto dice relación con los controles preventivos e investigativos de identidad.
Quiero aclarar este tema de fondo, desde mi modesta opinión.
En Chile contamos con un control investigativo. ¿Qué significa eso? Que la policía puede pedirle a una persona su carné de identidad o su identificación cuando tiene indicios de que ha cometido un delito. Esto significa que posee antecedentes, pruebas de que va a cometer, ha cometido o cometerá un delito. Pero yo he recorrido las calles y no he encontrado a nadie todavía en Chile con "cara de indicio". Y hay 66 mil delincuentes prófugos de la justicia. Y ese control investigativo existe.
¿Vamos a tener un control preventivo? Hay 66 mil prófugos de la justicia. Adoptando las medidas para que no se produzcan abusos, ¿tendremos un sistema mediante el cual la policía podrá pedir a una persona, en el lugar donde se encuentre, su identificación, facilitándole que lo haga?
Estoy convencido de que eso es fundamental para avanzar en la lucha contra la delincuencia.
¿Seríamos el único país que lo tendríamos? No. Existe en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en múltiples países. Y a ninguno de ellos se les considera Estados de Derecho no democráticos, en que se violen los derechos de los ciudadanos.
Las normas están puestas en el informe del proyecto de control y prevención que se presentó durante el Gobierno del Presidente Piñera y que, lamentablemente, se rechazó. Y me parece muy bien que hoy estemos tratando de dictar una norma similar a esa.
Pero si nosotros no avanzamos en forma decidida en esa materia, no lograremos algo que resulta razonable: que en nuestro país la delincuencia dura, los traficantes, quienes roban con violencia o intimidación en las personas queden detenidos.
Y si alguien dice que no queremos que ello ocurra respecto de los delitos de cuello y corbata, les recuerdo que los Senadores de Renovación Nacional junto a todos ustedes aprobamos un proyecto durísimo en esa materia, con penas que van desde los tres años y un día a diez años de cárcel, y en que se aplica la misma norma que hace imposible que el juez rebaje del mínimo de la pena.
Pido que no haya un doble estándar para esto. Porque en esos casos, que son delitos que por supuesto merecen el mayor reproche social por lo que significa el daño que se produce en la colusión, en que se engaña a millones de chilenos, se establece que sus autores no pueden acceder al beneficio de la pena alternativa si no han cumplido a lo menos un año de cárcel. Es lo mismo que sucede con la Ley Emilia o con la Ley de Control de Armas.
Y cómo no va a ser lógico que tratándose de un robo con violencia o intimidación en las personas, que habitualmente va acompañado de aberraciones sexuales cuando se comenten en las casas -pero nadie las denuncia-, el delincuente, por la vía de las penas alternativas, no pase un día en la cárcel.
Entonces, señor Presidente, siento que este proyecto significa un profundo avance.
Por supuesto, hay aspectos de la iniciativa que mejoraremos. No es tiempo de hablarlas.
Simplemente quiero contar lo ridículo que es que en nuestro país, si un delincuente aparece en un video y se le ve la cara, pero han pasado más de doce horas desde que apareció en ese video, no se puede detener. Porque el policía tiene que llamar al fiscal, si es que lo encuentra; y si lo hace, debe llamar al juez, si es que lo encuentra, porque ya no es delito flagrante.
Estamos llenos de normas que en las democracias modernas están absolutamente superadas.
Y una última consideración. No voy a entrar en los detalles, porque no estamos en la discusión en particular; en dicha instancia presentaremos con un conjunto de Senadores varias indicaciones, que espero discutamos con el mismo criterio de política de Estado con el que lo hemos hecho en esta materia. Quiero referirme también a la necesidad de aumentar fuertemente las sanciones para quienes atacan a los carabineros.
Hoy en nuestro país los carabineros no cuentan con la adecuada protección que tienen en cualquier democracia cuando son víctimas de agresiones. Estas, en la práctica, quedan en total impunidad.
En un país que quiere respetar el derecho humano básico de una sociedad, que es la seguridad y la libertad individual para poder desplazarse tranquilo junto a su familia, aquello no se respeta si no avanzamos en esta agenda, profundizándola sin complejos y contando con normas a la altura de cualquier democracia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Aprovecho de saludar a don Antonio Frey, Subsecretario de Prevención del Delito, y a don Ignacio Suárez, Subsecretario de Justicia, que ya están con nosotros.
Gracias por acompañarnos.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la batalla contra la delincuencia parece ser la madre de todas las batallas.
La delincuencia es un fenómeno mundial. La criminalidad está instalada en todos los países. Cabe solo recordar a México, con cifras superiores a los 7 mil asesinatos al año; a Brasil y a otras naciones de América Latina, que registran cifras altísimas.
La pregunta es por qué...
El señor PROKURICA.- ¡Y Venezuela!
El señor NAVARRO.- Venezuela también, igual que Chile.
Si les hiciera caso al Senador Espina y a otros que han hablado, más valdría irse de este país, porque la delincuencia se ha tomado Chile.
Ningún país de América Latina está libre del delito.
Entonces, aquí concluimos que hay que seguir aplicando leyes para terminar con el delito. Pero cada normativa que elaboramos no logra eliminarlo, sino que, como ha dicho el Senador Espina, lo aumenta.
Por lo tanto, hay que entrar en una reflexión sobre cómo estamos legislando, y el resultado práctico es que los delitos suben.
Entonces, pregunto si la ley en proyecto o las que podríamos discutir efectivamente van a rebajar la ocurrencia de delitos.
¿El castigo y el aumento de las penas están siendo efectivos para disminuir el número de delitos?
¿Las tareas de prevención están siendo suficientes para impedir la reincidencia, que como ha dicho el Senador Larraín, es mayor al 60 por ciento?
Es decir, hay clientes habituales de las cárceles chilenas.
Y quiero rescatar que el informe de la Corte Suprema -pido que los Senadores lo lean- establece algunos considerandos respecto de los cuales vale la pena reflexionar, en cuanto a lo que estamos haciendo. Hablo de lo que dicen los miembros de la Corte Suprema de Chile acerca de modificaciones que propone este proyecto de ley.
En el informe de la Comisión de Constitución se consigna la opinión del Máximo Tribunal. Así, en la página 21 se señala:
"Que la segunda modificación al Código Penal es la que sin duda podría producir en la práctica judicial más impactos. En este sentido, la propuesta de nuevo artículo 449 (...) modifica completamente el sistema de determinación de la pena respecto de los delitos contra la propiedad. Así, se establece una restricción decisiva en las facultades de determinación de la pena con que cuenta el juez para esta clase de delitos, quien ya no podrá bajar el grado del marco jurídico aplicable a la pena en presencia de atenuantes, aunque deberá agravarlo en presencia de las circunstancias establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.
"Esta modificación, no obstante ser morigerada respecto de la primera propuesta del Ejecutivo, continúa siendo desproporcionada e ineficaz. En primer lugar, resulta desproporcionada, por cuanto establece un sistema de excepción respecto de esta clase de delitos, lo que involucrará que, en los hechos, estos sean más gravemente sancionados que, incluso, algunos delitos contra la vida".
Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente.
Estamos legislando acerca de la defensa de la propiedad. Y todo indica, como dice el informe de la Corte Suprema, que respecto de esta clase de delitos -repito- "en los hechos, estos sean más gravemente sancionados que, incluso, algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual. (...) A mayor abundamiento, en función de la propuesta, aquel que hurtó un celular en estos casos, podría tener una pena mayor a aquel que, con idénticas atenuantes, obtuviera servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad en los términos del artículo 367 ter del Código Penal.".
Del mismo modo, en el informe de la Corte Suprema se consigna:
"Las reformas al Código Procesal Penal parecen de un impacto limitado y ofrecen pocos problemas interpretativos.
"Sin embargo, problemática resulta la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, relativa a la detención judicial. En efecto, el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen. Es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación.
"Otro tanto puede decirse de la regulación del reconocimiento del imputado, o su identificación como responsable del delito, como razón suficiente para decretarla. (...) En ese sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo. Por último, la existencia de errores burocráticos e interpretaciones incorrectas de la realidad, sugieren que estas reformas podrían provocar múltiples casos de detenciones innecesarias o frívolas, que en definitiva sólo pondrán en peligro la legitimidad de un sistema que, tal como acepta el mensaje en términos generales, funciona bien".
Señor Presidente, hemos venido diciendo: fuerza, dureza, mano dura contra la delincuencia. Ese, qué duda cabe, es el clamor popular y es la tarea y el deber de los legisladores.
El proyecto contempla lo siguiente: incremento de las correspondientes sanciones; dictación de reglas especiales sobre determinación de la pena; fijación de criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas; se libera a Carabineros de labores administrativas; se crea un Banco Unificado de Datos (ADN), por los robos, y se establece un procedimiento general sobre control de identidad en forma ajena a los procedimientos de investigación criminal.
Claramente, todo esto es necesario. Pero, como hemos venido diciendo -y esto es para los especialistas-: ¿Dónde están las estadísticas que señalan que mientras más aumentemos las penas más se reduce el delito? Eso no existe.
Por lo tanto, como hemos mencionado, hay que prevenir, hay que reinsertar. Se deben generar condiciones para la prevención -en cuanto a los primerizos, lo que en alguna medida se considera en el proyecto, pero de manera totalmente insuficiente- y la reinserción.
Mientras siga siendo un buen negocio la cárcel -como después vamos a llenar los recintos, las cárceles concesionadas seguirán ganando mucho dinero- debemos prevenir, llevar a cabo tareas de reinserción y de rehabilitación.
Y la única que ha tenido éxito en este aspecto es la Iglesia evangélica, que aborda esta labor de manera gratuita y de forma efectiva, con reinserción.
Vamos a aprobar todas estas medidas. Pero no le digamos al país que con ellas bajarán los delitos. Porque toda la experiencia indica que cada vez que tomamos medidas los delitos aumentan.
Subieron los delitos en contra de cajeros automáticos -está señalado en el informe- y luego bajaron, pero porque los bancos adoptaron resguardos. Y cuando aprobamos el proyecto que abordaba la materia, yo señalé si alguien se preguntaba al momento de robar un cajero automático si le iban a aplicar cinco o diez años de pena. El asunto estaba más relacionado con la oportunidad para cometer el delito.
Por tanto, todas las medidas planteadas, necesarias para combatir el delito, deben ser fortalecidas en materia de rehabilitación y de reinserción.
Creo que perdemos una oportunidad extraordinaria a ese respecto.
¿Cuántas de las cárceles concesionadas, como El Manzano II, están vacías?
¿Qué pasa con la infraestructura para dar trabajo en los recintos penales?
Nuestro país toma presos a los delincuentes, los tiene encarcelados por años, los alimenta y los cuida, pero los reclusos no trabajan, no producen nada.
¡No hay régimen de trabajo al interior de nuestras cárceles!
La pregunta es quién se rehabilita en el ocio improductivo, en el hacinamiento. ¡Nadie!
Entonces, llamo la atención en el sentido de que, si la ley en proyecto va a provocar efectos como los que señala la Corte Suprema o como los generados por otros cuerpos legales, no estamos avanzando en el camino de prevenir, sancionar y reducir el delito, sino más bien en el de hacer un gesto, lo que no permitirá cumplir el objetivo que todos perseguimos.
Para alejar todo tipo de dudas, señor Presidente: ¡Mano dura! ¡Fuerza contra los delincuentes!
Empero, si los delitos contra la propiedad serán castigados con penas mayores que las asignadas a los delitos contra la vida y no habrá un efecto inmediato, estamos ante un problema sobre el que hay que reflexionar.
Tal vez este proyecto sea la posibilidad para hacerlo. Hablemos más de rehabilitación y de reinserción, pero no por ser compasivos con los delincuentes, sino por tener eficacia concreta en la lucha contra la delincuencia.
En tal sentido, voy a aprobar en general el proyecto, pero presentaré indicaciones para fortalecer la línea que en mi opinión, y en la de muchos, tiene la mejor perspectiva de éxito: mayor trabajo en la prevención, en la rehabilitación y en la reinserción, especialmente tratándose de ese 23 por ciento al que la sociedad niega una segunda oportunidad y obliga a reincidir: los primerizos, los jóvenes que cometieron un error en su vida, a quienes condenamos a ser delincuentes para siempre.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, no cabe duda de que todos los proyectos de ley tienen un entorno social. En algunos es más acuciante; en otros, más débil o no tan presente.
Esta es una de las iniciativas que se hallan influidas, y legítimamente, por un entorno social apremiante, preocupado, inquieto, que se evidencia no solo en la lógica de las encuestas, sino además en la vida de cualquier parlamentario que está en terreno.
Hoy día existe una doble sensación ciudadana que nos angustia a quienes tenemos roles públicos, pero particularmente a las víctimas del escenario en que la delincuencia va ganando la batalla, donde la impunidad es la regla común, en que las penas en general son muy bajas en comparación con el daño social que provoca el ilícito cometido.
No cabe duda de que este punto global no se enfrenta con una sola ley.
Obviamente, hay lógicas de prevención, de sanción, de rehabilitación, las que deben estar vinculadas entre sí.
Nadie pretende que el problema de la delincuencia se resuelva a partir de una forma distinta de enfrentar uno de los elementos que tienen que ver con su desarrollo, con la sensación de impunidad y con la necesidad de cumplimiento efectivo de la pena de prisión.
Pero no por eso uno va a disminuir la tremenda importancia que reviste este proyecto.
A mi juicio, esta iniciativa es muy relevante -y no debería denominarse "agenda corta", pues ello genera cierta limitación en el volumen de su importancia- y puede significar un punto de inflexión en una sociedad que reacciona frente a una delincuencia que hasta ahora no se detiene.
Tengo claro que esto abre muchos temas asociados: procesos investigativos, Fiscalía, funcionamiento de Carabineros. Pero me parece que este es el mínimo común denominador de una sociedad que aspira a enfrentar un problema viejo, renovado en sus efectos, con un sistema a lo menos más exigente, siempre perfectible, pero bastante más vigente.
Este proyecto, en lo medular, busca dos grandes líneas (así podría definirlo).
Primero, el aumento de la capacidad disuasiva del sistema penal. Esto tiene que ver con la restricción de las atenuantes y el aumento de las penas para la reincidencia.
Yo estoy seguro de que en esta Sala no hay nadie que no haya sido requerido decenas de veces, en distintas zonas de Chile, por vecinos desesperados ante el drama que provoca el reincidente contumaz, el delincuente que una y otra vez asuela y asalta y casi automáticamente queda en libertad, sin que haya medidas eficaces para impedir su tránsito de entrada y salida por las cárceles, que adicionalmente provoca un daño social muy significativo.
La segunda línea dice relación con el hecho de que los condenados por robo o hurto, y en especial los reincidentes, cumplan efectivamente la sanción impuesta; ello, por la vía de restringir la libertad condicional y determinar que la reincidencia por robo impida acceder a penas alternativas.
Desde hace muchos años yo estoy convencido de que una reforma de esta índole es indispensable en el sistema penal chileno.
Considero que la circunstancia de no haber coincidido antes, por diversos problemas que ha vivido Chile en distintos momentos, le ha hecho muy mal a nuestra ciudadanía. Y estoy convencido de que lo que se plantea ahora debió haber existido hace mucho rato.
¿Qué cosas específicas valoro yo de este proyecto, que es bastante amplio?
Lo primero ya lo dije: las modificaciones al Código Penal. Ellas van al nervio del sistema.
En primer término, se restringe el efecto de la aplicación de atenuantes en delitos contra la propiedad. Con ello se busca que los jueces apliquen las penas establecidas en la ley, limitando su rebaja.
A mí no me cabe duda -y ello se podrá discutir en distintos lugares- de que hay un minuto en que las atenuantes, juzgadas permanentemente y sin valoración, al contrario de la reincidencia, van generando un coctel fatal, donde al final las penas se dirigen al umbral más bajo, en lugar de tener la amplitud que el legislador plantea teóricamente.
Aquí de alguna manera se pone un nuevo estándar para la determinación de las atenuantes, lo que es particularmente significativo en el caso de la reincidencia, en que se aumenta la pena aplicable.
Aquello me parece esencial.
Es cierto que hay cierta lógica en el caso del delincuente primerizo, quien requiere atención especial para el intento de rehabilitación. Pero, como contrapartida, la reincidencia permanente causa un daño social terrible, que lleva en sí mismo un efecto agregado. Y eso es lo que, a mi juicio, de buena manera plantea la modificación pertinente.
Se incrementan las penas para las receptaciones cuantiosas.
Ellas se aumentan todavía más si el ilícito lo comete una agrupación u organización. Así se ayuda a terminar con las mafias que se instalan en muchos lugares de nuestro país. Porque esto no tiene excepciones: ocurre masivamente, de forma muy dramática, en todas partes, con mayor o menor cobertura periodística.
En segundo término, me parece relevante la enmienda en materia de libertad condicional, en cuanto a que ella solo pueda solicitarse una vez cumplidos dos tercios de la pena.
Este es un tema que se ha instalado muchas veces en el debate público, particularmente tratándose de los condenados por delitos de robo (con fuerza, por sorpresa, con violencia), o de los condenados por homicidio en la persona de miembros de las Policías o de Gendarmería, en que la libertad condicional suele darse como si se tratara de un delito igual a otros. Creo que esos delitos no son iguales, considerando su impacto, su peligrosidad, sus efectos sociales.
Entonces, me parece que la enmienda en comento apunta en el sentido correcto.
En tercer lugar, se introducen modificaciones a la ley sobre penas sustitutivas y a otros cuerpos legales.
Al efecto, se dispone que las penas deben sumarse para, con el resultado, ver si se aplica la ley N° 18.216.
Hay un minuto en que la pena sustitutiva, que es una salida a la reclusión, puede tener efectos. Sin embargo, a la vez genera sensación de impunidad. Y si se da un conjunto de delitos, me parece superrazonable que en el caso de ellos se restrinja la aplicación de dicha ley.
En cuarto lugar, se enmienda el Código Procesal Penal para permitirles a las Policías identificar -lo hemos planteado muchas veces- a los testigos presenciales y consignar sus declaraciones, y para examinar vestimentas en casos de detención. Además, para posibilitar la persecución de la responsabilidad disciplinaria en el caso del fiscal o del abogado asistente que no concurra a la primera audiencia de detención.
Esos son estándares más exigentes, para unos y para otros. Y considero que ello va conformando un cuadro que nos permite enfrentar de manera más decidida el flagelo de la delincuencia.
El cambio a las normas de control de identidad me parece también esencial. Y sé que va a ocupar parte importante de la discusión particular.
Ahora, las modificaciones a la regulación del control de identidad constituyen un cambio mayor.
Me parece absolutamente indispensable que, si los funcionarios policiales cuentan con algún antecedente que les permite inferir que una persona tiene orden de detención pendiente, ello pueda dar paso al referido control.
Hoy día -lo han dicho varios Senadores- 65 mil personas circulan por las calles con orden de detención pendiente, pero sobre Carabineros pesa una suerte de inhabilidad para exigirles su identificación.
Eso constituye una falencia que debe enfrentarse y que no se puede soslayar.
Creo que tal enmienda, más la relativa a la detención en flagrancia, con una regulación más eficiente, pueden ser muy interesantes. Y no me cabe duda de que ello permitirá un trabajo más eficiente de la policía, que con razón en varias ocasiones ha planteado la necesidad de avanzar en tal lógica.
Me parece que tanto la restricción de la función administrativa de Carabineros a los efectos de la notificación de los procedimientos ante los juzgados de policía local, que se limita a la primera actuación del juicio, cuanto la modificación de las penas por delitos graves de lesiones a funcionaros de Carabineros, de Investigaciones y de Gendarmería cuando estén en ejercicio de sus funciones son muy relevantes para fijar reglas del juego vinculadas con la forma como un país cuida sus instituciones.
Si existe disposición a exigir más, también hay que tener disposición a cuidar más.
Eso está dentro de la ley de la vida, de la ley del funcionamiento sano de las instituciones y de las personas, y apunta en un sentido correcto.
En resumen, más allá de que quizás el nombre del proyecto puede ser poco indicativo del efecto de sus normas, opino que aquí estamos dando un paso muy significativo para que la sensación real (porque no es aparente) de impunidad que tiene la ciudadanía de alguna manera empiece a revertirse.
En nuestro sistema penal la reincidencia es un elemento mucho más crucial que lo que plantea la normativa vigente.
Me parece significativo que las penas estén acordes con la angustia social que hoy día aqueja a Chile.
Por eso, vamos a votar a favor, sin perjuicio de nuestra disposición a mejorar la normativa en la discusión particular.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Saludamos con mucho cariño a las representantes de PRODEMU de distintas comunas de Santiago, quienes fueron invitadas por el Senador señor Carlos Montes.
¡Muy bienvenidas a esta Corporación!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, me voy a tomar de las últimas palabras del Senador que me antecedió, quien manifestó que tal vez el nombre de este proyecto no es el más adecuado: "Ley corta".
Yo aún espero la "Ley larga" en materia de antidelincuencia. Porque, desgraciadamente, de forma permanente estamos estableciendo normas que van a aspectos puntuales del combate al delito.
Yo soy un convencido de que mientras no tengamos una reforma profunda y un nuevo Código Penal no vamos a apuntar al problema de fondo.
El Ejecutivo tiene el borrador del Código Penal. Y ese es precisamente el cuerpo normativo que nos permite establecer criterios, identificar nuevos delitos, eliminar delitos absolutamente anacrónicos y llegar a la sistematicidad en la tipificación de los hechos punibles, pero también en la aplicación de las penas y en el juego de las atenuantes y las agravantes, que hoy día son lo que distorsiona enormemente la determinación de las sanciones que deben imponérseles a los delincuentes.
Eso es lo que no se entiende. O sea, muchas veces la ciudadanía no logra comprender que, si un delincuente reincidente exhibe irreprochable conducta anterior y ha reparado con celo el mal causado, tras calificarse alguna de estas atenuantes tiene hasta dos o tres grados menos que lo establecido en la ley y de este modo termina con penas absolutamente irrisorias.
Hemos conseguido, tanto en la legislatura de 2014 cuanto en la de este año, establecer ciertos tipos penales en los que se exceptúa tal aplicación. Y, principalmente, en la Ley Emilia, en la Ley de Control de Armas, en fin, hemos planteado situaciones que van modificando aquello.
En concreto, se trata de establecer un año efectivo de cárcel.
Por ejemplo, en el caso de la Ley Emilia, conducir en estado de ebriedad causando la muerte o lesiones graves tiene ya un año de cárcel efectiva.
Ahí cambiamos el planteamiento de nuestro ordenamiento para ese tipo de delitos. Y lo mismo en materia de control de armas.
Entonces, generamos una distorsión con relación a determinados delitos, en los cuales aumentamos la pena, no modificamos la facultad de los jueces para moverse en el amplio rango de atenuantes y agravantes, y de esa manera vamos dando una señal equívoca.
Por eso no me gusta el tratamiento que se le ha dado a esta ley: como "Ley corta".
Vamos a atacar simplemente algunos efectos.
Ahora, permítanme decir, con mucho respeto, que aquí también legislamos para determinado tipo de delitos que salen en la prensa: para el del portonazo, para el de receptación, para el de robo con fuerza en las personas.
Pero yo echaría de menos que este Gobierno, nuestro Gobierno, tuviera la misma fuerza para impulsar la "Ley Eliodoro Matte", que es la ley anticolusión, al objeto de sancionar efectivamente con cárcel a los delincuentes de cuello y corbata.
Esa ley debiera ser incorporada en esta "Ley corta", pero con una señal clara: para quienes roban en los portonazos, pero también para los delincuentes que se coluden para estafar y meterles la mano en el bolsillo a millones de chilenos con el papel higiénico, con el papel tissue y con otro tipo de situaciones.
O sea, que le demos a la sociedad una señal clara en cuanto a que el proyecto de ley pertinente -también se discutió en la Comisión de Constitución; es producto de una moción de varios Senadores, y lo aprobamos por unanimidad la semana pasada- tenga el mismo tratamiento en la "Ley corta".
¡Los delincuentes de cuello y corbata también en la "Ley corta"!
Porque no digamos que el señor Eliodoro Matte y toda esa camarilla de dirigentes y gerentes que había en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones son blancas palomas.
Tampoco digamos que esos ejecutivos son menos delincuentes que quien practica un portonazo o que aquel que perpetra un robo con intimidación en una calle del centro de Santiago.
¡Por favor!
Demos, pues, un mensaje claro en el sentido de que los delincuentes son delincuentes y los vamos a perseguir como sociedad.
Pero no establezcamos esta diferenciación comunicacional y de tratamiento: mientras a un proyecto de ley se le pone "discusión inmediata", en el otro hemos tenido enormes inconvenientes.
Y los Senadores de la bancada del frente, quienes han sido impulsores en materia de la ley anticolusión, coincidirán en que hemos debido empujar el proyecto con nuestra fuerza.
Me gustaría que el Ministerio del Interior tuviera la misma fuerza para perseguir tanto al delincuente de cuello y corbata (al de los pollos, al del retail, al de los buses, al del papel higiénico, al de las farmacias) cuanto al que delinque a través del portonazo.
Ahí hay una cuestión conceptual y una cuestión de fondo.
Porque el proyecto de ley que estamos analizando en este momento, más allá de la discusión particular que haremos en materia de identificación de las atenuantes o de más facultades para los fiscales, debe llevar aparejados elementos de reinserción.
En la Comisión solicitamos formalmente oír al Director de Gendarmería, al Ministerio de Justicia.
Entendemos que, si no hay una inversión importante en materia de recursos para una mayor cantidad de plazas en las cárceles a fin de habilitarlas de mejor forma, vamos a llenarlas con personas privadas de libertad que tendrán ¡cero capacidad de rehabilitación!
Eso no es tener una política integral en materia de antidelincuencia.
Necesitamos programas efectivos.
El Gobierno está impulsando esta iniciativa para sancionar y dar una señal. Pero creo que las señales no son solo legislativas: además, deben ser efectivas y tener presupuesto.
Echo de menos -y lo haremos ver en el segundo informe- la necesidad de ampliar las cárceles; de reasignar la dotación de Gendarmería (hablábamos precisamente de esa situación); de democratizar los recintos penales.
Hoy día las cárceles están pobladas por gente de estrato humilde que ha sido condenada a largas penas y, nuevamente, la de cuello y corbata no pasa ni un día en prisión. Eso claramente dice relación -repito- con lo que en doctrina se denomina "democratizar" tales recintos. Los delincuentes que forman parte de directorios también debieran pasar una temporada de encierro. Y eso no se está viendo.
Si bien el debate pertinente no se ha hecho, aun cuando el punto quedó consignado, me gustaría que el Subsecretario de Justicia, si interviene, pudiera referirse a un reforzamiento en materia de recursos para el Instituto Médico Legal.
Estamos pensando en una base unificada de datos, en un avance en la persecución del delito de violación, de los ilícitos contra las personas, obviamente, y se necesita una mayor dotación y un mejor presupuesto para dicho organismo. Al menos ese fue uno de los compromisos contemplados en la Comisión, en el sentido de impulsar y apoyar fondos para lograr eficiencia. Resulta deseable, tratándose de muestras de ADN o de sangre, contar con la capacidad de entregar de manera oportuna los informes que validen una persecución.
Además, cabe destacar que Carabineros y la Policía de Investigaciones concurrieron en el mejoramiento de los procedimientos.
En virtud de una norma importante en relación con la Ley de Tránsito, no se requerirá dejar en Carabineros las constancias de accidentes sin lesionados, labor que quita una enorme cantidad de tiempo y distrae a mucho personal de una función operativa.
Mas también seamos claros. Hemos aumentado en más de seis mil plazas la dotación de la policía uniformada, pero no observamos un correlato directo de eficiencia en la gestión. A veces advierto mucho funcionario en trabajo administrativo.
Nos sorprendió que más de dos mil trescientos gendarmes realizaran una labor de esa índole y no estuvieran en el muro, en la línea directa con el tratamiento de los presos. Creo que ahí es preciso hacer una evaluación importante.
Esperamos que cuando el nuevo Fiscal Nacional asuma ahora en diciembre se haya formado un criterio, de acuerdo con la función y la nueva dotación y recursos entregados al Ministerio Público, para poder focalizar la investigación.
Hemos conversado acerca de que un elemento fundante del proyecto debiera decir relación con que la capacidad indagatoria no sea caso a caso, sino respecto de focos delictivos. Muchas veces se investigan distintos robos en causas separadas, cuando claramente obedecen a un solo patrón: es lo que se denomina "un solo foco delictivo".
Entonces, tiene que existir una contribución no solo proveniente de la iniciativa en debate, de la cual no se puede esperar que prácticamente acabe con la delincuencia. Se trata de una tarea permanente.
Valoro a los Senadores de las bancadas de enfrente, quienes...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.- Valoro que la discusión de este tipo de legislación sea enfrentada con una vocación de Estado. Porque creo que indujeron a mucho error ciertos eslóganes en el sentido de que se acababa la fiesta de los delincuentes y de que la delincuencia se terminaba con una buena Administración. Repito que se trata de una tarea permanente.
Además, sabemos que el delito va cambiando. Tenemos una observación acerca de las modificaciones a la libertad condicional y de los efectos de ilícitos. Si bien no se ha llevado a cabo un análisis sistemático en la materia, el modus operandi de los delincuentes va mutando, ya que pasan del robo con intimidación, por ejemplo, al de cajeros automáticos. Es preciso considerar una fórmula que precisamente contemple la cuestión de manera gradual.
¡A reflexionar y esperar la ley larga en cuanto a la delincuencia!
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, debo confesar que esta no es mi área ni mi especialidad, pero sí, como Senador, un motivo de preocupación. Entre las prioridades que un parlamentario debe tener para interpretar cuáles son las inquietudes de los ciudadanos, ¡qué duda cabe de que la seguridad es uno de los aspectos que se hallan en un primerísimo lugar!
Debemos reconocer que hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia y las drogas. Desde hace varios años vengo observando de qué manera van creciendo los éxitos en la captura de traficantes y la requisición de estas sustancias. Recuerdo que hace diez años, participando en la Subcomisión de Presupuestos que precisamente estudiaba los recursos para las policías, se pedía aumentarlos al haberse obtenido muy buenos resultados por tal concepto. Entonces, pregunté por la valoración de la forma en que estábamos ganando la batalla: si era porque se incrementaban las capturas o porque los drogadictos eran más numerosos y mucho mayor la cadena o la red de narcotraficantes.
Y lo dije en esa oportunidad: mi impresión es que el narcotráfico se ha acrecentado mucho más que nuestra capacidad, como sociedad, de prevenir o de perseguir estos ilícitos.
Lo mismo nos está ocurriendo con la violencia y el robo.
Saludo al Subsecretario de Prevención del Delito y al Subsecretario de Justicia, representantes de los dos Ministerios -el del Interior y el de Justicia- que han trabajado arduamente en relación con el problema.
Estoy asombrado de verdad. Siempre pensamos que la "ley corta" iba a contener cuatro o cinco articulitos. El proyecto ingresó en enero recién pasado y durante casi un año se ha estado trabajando en más de trescientas disposiciones, con un nivel de detalle y una variedad de materias de verdad excepcional.
Felicito a ambas Carteras, porque han estado siguiendo una línea en que no esperábamos el resultado de considerar cada aspecto, y no solo elevarse las penalidades, sino también rayarse la cancha de los tribunales. Porque muchas veces decimos: "Se cometió tal delito y los delincuentes, sin existir una explicación, han quedado libres a pesar de haber sido detenidos infraganti". Solo se da un plazo para investigar.
Una de las conclusiones es que la ley es muy laxa y le deja muchas libertades al organismo jurisdiccional.
A mi juicio, la iniciativa en debate va "intencionando" el modo en que los tribunales deben aplicar la justa medida para evitar tal holgura.
Mas también existe, en la cadena del delito, la responsabilidad del denunciante, que a veces no reitera la denuncia; la de las fiscalías, que no necesariamente apuntan a investigar todas las causas -ya veíamos que una gran cantidad de ellas se archivan, porque no se abre la posibilidad ni siquiera de identificar al delincuente-, y la de las policías, las cuales, o por falta de pericia o de prueba, no pueden acreditar la comisión del delito por personas ni siquiera nominadas. Y los tribunales se ven en un aprieto cuando no se entregan los medios de verificación para poder condenar efectivamente a quienes delinquen.
Pero igualmente se plantea una responsabilidad muy importante en la evaluación de los resultados de la rehabilitación. A pesar de que registramos un "debe" en casi todas las áreas, existe uno muy notorio en esa materia, porque si examinamos lo que está ocurriendo en nuestras cárceles, observaremos hacinamiento y escasez de recursos humanos, especialmente en el caso de Gendarmería, cuyo personal es absolutamente insuficiente para atender la cantidad de establecimientos y de reos.
Normalmente, la labor de los gendarmes es admirable, porque, sin haber sido condenados, cumplen un encierro de la misma manera que los delincuentes. Entonces, también es preciso darles un tratamiento bastante más holgado en cuanto a relaciones laborales, remuneraciones, traslados y calidad de vida, así como contemplar el número de funcionarios que se requiere para cumplir la finalidad de la rehabilitación, batalla que asimismo tenemos perdida.
Había escuchado que el texto iba a sancionar -y me parece muy bien- a quienes lesionen, agredan o asesinen a policías uniformados. Me preocupé de revisarlo, porque juzgué lógica la medida. Pero pensé que la misma precaución es necesaria respecto de los gendarmes. Y veo que ello se ha contemplado.
Por lo tanto, se ha considerado un conjunto muy grande de materias, lo que de verdad apunta en la dirección correcta. Porque en nuestra sociedad enfrentamos un problema serio: se ha instalado la idea de la impunidad.
Ello no se refiere al caso de los de cuello y corbata. En efecto, lo que en el Congreso hemos realizado en los últimos días en materia de colusión es garantizar que quienes cometan ilícitos de esta índole, que son los más graves en contra de los consumidores, cumplan su pena efectiva en la cárcel.
Por eso es que creo que el reclamo del Senador que me antecedió en el uso de la palabra no se justifica mucho si esta misma Corporación ha aprobado normativas que en las Comisiones ya se están trabajando para endurecer las penas y terminar con la impunidad, especialmente en relación con los delitos de cuello y corbata.
Sin embargo, no se trata solo de estos ilícitos. Lo que la sociedad quiere es seguridad, protección y que realmente se sancione a los delincuentes, lo que solo se puede hacer con el conjunto de medidas incluidas en la iniciativa en discusión.
Espero que el proyecto, en segundo trámite y estudiado en general y en particular con un asombroso nivel de detalle, nos deje espacio para seguir trabajando y formular indicaciones, para perfeccionarlo y para de verdad satisfacer la demanda de la ciudadanía, que nos mira con indignación. Porque el Congreso Nacional, la autoridad policial, los jueces, los fiscales, el Gobierno, somos los responsables de la seguridad y no estamos proporcionando una solución precisamente por la falta de un conjunto de regulaciones corregidas, como las del texto.
No digo que con este último terminaremos con la delincuencia, pero sí que vamos a entregarles herramientas a las policías, a quienes tienen que abocarse a la labor de rehabilitación y a quienes cumplen la labor de perseguir a los delincuentes, para dar una batalla que ojalá podamos ganar.
Opino que no vamos a resolver la cuestión de la droga si no tomamos una decisión, como Congreso Nacional, en orden a cambiar la legislación que penaliza el microtráfico. Creo que ahí tenemos una tarea y una responsabilidad.
En los aspectos de que se trata, sin embargo, estimo que vamos en la dirección correcta. Por eso, reitero mi felicitación y mi adhesión a la iniciativa, que votaré a favor en general, y me preocuparé también de contribuir con algunas indicaciones que permitan garantizar que efectivamente vamos a disminuir la delincuencia y ganar la batalla, como tanto lo desea todo Chile.
Gracias.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Saludamos con mucho cariño a las alumnas del Liceo Diego Portales, de Rancagua, que visitan nuestro Senado junto a su profesor. Son las finalistas del torneo Delibera, de la Región de O´Higgins.
Son muy bienvenidas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Puede intervenir el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, esta es una discusión en general, en la cual aprobamos la intención de avanzar en un conjunto de materias.
Ya varios de quienes han usado de la palabra se han adelantado a emitir juicios. Deseo partir con una mirada distinta. Lo que está en juego son los derechos humanos de ciudadanos víctimas del abuso de una fuerza superior, que violenta su derecho a vivir en un medio seguro y sano.
En nuestro país enfrentamos un problema dramático con el crimen organizado y la delincuencia -hay estimaciones en cuanto al número, a lo cual quisiera referirme después-, determinante de que, por la violencia, muchas familias se encierren en sus casas, anden en la vía pública en forma insegura y hasta tengan que recurrir a la privatización de medidas de protección.
Por mi parte, saludo a esta mal llamada "ley corta", que se comenzó a discutir ya varios meses atrás -el Ministro Peñailillo incluso todavía se hallaba en el ejercicio de sus funciones- y fue planteando la necesidad de subir los estándares para asegurar que un conjunto de delincuentes no volviera constantemente a la calle.
Se calcula que más de 20 mil personas deberían entrar a las cárceles con esta normativa. Espero que adquiramos conciencia de la proporción del esfuerzo que se requiere.
Se ha dicho que el Gobierno anterior, de buena fe, tomó decisiones que permitieron que numerosas personas, a través de un indulto, recuperaran la libertad. Muchos de los beneficiarios han seguido abusando de vacíos o de interpretaciones legales que la iniciativa apunta a corregir.
Observo que se abordan varios temas. Pero me gustaría consultarles, entre otros, a los Senadores señores Espina y De Urresti, miembros de la Comisión, por qué el proyecto obvia materias y enfatiza otras.
No digo que no sea legítimo. Mas parto con la presunción de que aquello que está en juego es la defensa de los derechos humanos de los chilenos, quienes están siendo violentados, no por el Estado, sino por una fuerza excesiva que violenta el ejercicio de una vida segura.
Curiosamente, no se incluye como una agravante todo lo que dice relación con la droga y la pasta base, que están destruyendo la convivencia en cientos y cientos de villas, poblaciones y otros sectores.
Pido que el Subsecretario de Prevención del Delito pueda explicarnos por qué solo se contemplan los delitos contra la propiedad y no se toma en cuenta quizás lo más violento que se está viviendo en muchas poblaciones, que es lo relativo a la droga. Y no cualquiera de ellas: se trata de la pasta base.
Respecto a mi intención de votación, deseo escuchar por qué se obvia algo tan evidente y se pone énfasis en otras materias.
Por cierto, se puede plantear que la receptación resulta preocupante -y se necesita controlarla, pero se tiene que ver cómo-, que es algo que el Honorable señor Espina ha expuesto en múltiples ocasiones. Su Señoría ha destacado que es preciso atacarla también. Pero mi preocupación es la prioridad contemplada en el proyecto.
La droga no se toca -involucra quizás la mayor violencia que se manifiesta hoy en día, cotidiana, y destruye a miles de personas-, porque se pone el énfasis en la propiedad.
Y no tengo problemas -quiero decirlo- con que se limite la facultad de un juez de variar, a través de atenuantes, la pena efectiva; con que la sanción se mantenga dentro de los rangos que se consideran; con que los reincidentes sean fuertemente limitados. Comparto varios de los aspectos planteados aquí.
Cuando se trata del concepto de receptación, quisiera saber dónde vamos a poner el énfasis y dónde esperamos centrar el accionar en esta etapa: en los que venden o en los que compran.
Es una vieja discusión, desde luego.
Por mi parte, me preocuparía más de los primeros, no porque los compradores lo hagan bien, sino porque el vendedor sabe más que el que adquiere un objeto robado en un anticuario, en Franklin o en una feria persa.
Pero, nuevamente, mi inquietud es dónde queremos fijar la prioridad en esta normativa.
Yo creo que ella tiene que ver con los delitos violentos, con la reincidencia. ¡Hasta cuándo aceptamos leer en los diarios y escuchar en las noticias que se detiene otra vez a NN, que es buscado por robo, por robo con violencia, por asalto! Y uno se queda con la sensación de que ese NN a las dos semanas va a estar libre.
Entiendo que todo eso queremos controlarlo en esta iniciativa de ley. Y en buena hora.
Tengamos conciencia, sí, de cuánta gente va a entrar a la cárcel a causa de estas normas. Y, por cierto, tengamos conciencia de que eso no será suficiente. Como todos sabemos, se requiere rehabilitación y prevención.
Pero, porque soy partidario de una legislación que efectivamente cambie comportamientos, tengo una duda también sobre ciertas disposiciones que se plantean aquí, en particular aquellas que dicen relación con la facultad de determinados funcionarios públicos, de policías de hacer registro en un domicilio y levantar evidencia en ciertas condiciones, en caso de delitos no flagrantes.
A mi juicio, es muy importante establecer cuál es la sanción para quienes abusan de esta facultad. Lo echo de menos. No porque no quiera dar la facultad, sino porque me gustaría tener cierta garantía de que aquellos uniformados que, por desgracia, se hacen cómplices del crimen organizado, o de prácticas no deseables, serán igualmente sancionados.
Señora Presidenta, voy a apoyar esta iniciativa, ya que forma parte de los ejes de trabajo en la política criminal; constituye una muestra de preocupación de todos, incluido el Gobierno, por la seguridad pública; contempla ajustes legales que se enmarcan en las bases fundamentales de nuestro sistema procesal penal; entrega más y mejores herramientas a las policías en los ámbitos de su competencia, lo que es muy importante, y modifica normas con el objeto de aplicar penas efectivas en estos tipos penales.
Me gustaría que se ampliara y que incluyera el tema de la droga, ya que es un delito tanto o más grave, por sus consecuencias, que el robo con fuerza de las cosas, de la propiedad. Y me parece que, por lo menos por lo que he visto del texto -puedo estar equivocado-, esa materia no se incluye.
A mi modo de ver, es extraordinariamente importante la distinción entre primerizos y reincidentes. Se cambia el concepto de reincidencia. De esa manera, se cumple una demanda ciudadana que todos los sectores políticos queremos abordar.
Señora Presidenta, voy a votar a favor del proyecto, pidiendo que se estudie la posibilidad de ampliar su alcance por lo menos al tema de las drogas, aunque sea al microtráfico.
Porque siempre se dice: "Para qué vamos a tocar el microtráfico si es un problema de oportunidad. Centremos los esfuerzos en el gran crimen organizado". Yo soy enemigo de esa aproximación. Yo creo que el atacar a los traficantes, el meterlos presos a todos, y que se sepa que no van a recuperar la libertad, es la única forma de cambiar conductas en nuestra sociedad.
Porque el mayor flagelo que vive el mundo popular hoy en día, el que ataca en forma más profunda...
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene un minuto más, señor Senador.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, termino expresando mi convicción de que una de las mayores violaciones de derechos humanos, uno de los delitos de mayor impacto social en nuestras poblaciones -no me refiero solo a aquellos delitos de más connotación social, que es el concepto que se usa- es el narcotráfico.
Por eso, creo que esto tenemos que elevarlo a tema de Estado.
Saludo este esfuerzo. Entiendo que, a pesar de lo que dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que no le gusta el costo de las cárceles, estas van a tener sentido si la gente que entra efectivamente se queda adentro y no la sueltan, como ocurre con ese grupo de 20 mil personas que constituye una población flotante que entra y sale. Tenemos que sacarlas de la calle de una vez y señalarles a las futuras generaciones que en esta sociedad vamos a subir los estándares.
Está bien tener garantías, pero también es necesario que exista sanción efectiva.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, la verdad es que me quedo con el nombre del proyecto más que con el mote que tiene de "ley corta".
Es una iniciativa tremendamente importante, que viene a llenar un vacío y a mejorar de manera sustantiva lo que tenemos hoy día, sin perjuicio de que se requiere un Código Penal distinto, moderno, que incorpore delitos que no están, que elimine delitos antiguos, que establezca -en lo posible- una nueva proporcionalidad de las penas, en fin.
Como reza la suma del proyecto, este "facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos".
¿Y qué es lo que hace, en síntesis?
-Aumenta la capacidad de disuasión del sistema penal, restringiendo el efecto de la aplicación de atenuantes a través de la fijación de los marcos penales para los delitos de robo, hurto y receptación.
-Incrementa las penas para los reincidentes en estos mismos delitos.
Entonces, no solo regula las atenuantes, sino que, además, incorpora penas nuevas y más severas.
-Establece un cumplimiento efectivo para los condenados por robo, hurto y receptación, especialmente para los reincidentes. ¿Cómo? Impidiendo que puedan acceder a penas alternativas para cumplir sus condenas y restringiendo la libertad condicional: los condenados por robo no podrán optar a este beneficio sino una vez cumplidos dos tercios de la pena.
-Dota de mayor eficacia al sistema de persecución, por la vía de eliminar las tareas administrativas entregadas a Carabineros, para permitir que se aboque a la labor persecutoria y preventiva al mismo tiempo, y de crear un Banco Unificado de Datos (BUD) operado por el Ministerio Público.
-Por último, introduce algo que ha sido tremendamente debatido y que esperamos perfeccionar en la discusión en particular: el control de identidad preventivo. Se establece un criterio, no sé si inteligente u ocurrente, que consiste en darle la facultad a la policía, ante el indicio -¡el indicio, no indicios!- de un delito, de pedir a una persona identificarse.
Lo que yo he detectado -tal vez se va a aclarar en la discusión en particular- es que eso operaría de la forma siguiente: la persona requerida, si no está en condiciones de identificarse, va a ser detenida hasta por cuatro o cinco horas, para que pueda aclarar su situación. Lo que no me queda claro es qué ocurre con la persona que sí se identifica, que tiene un carné adecuado, etcétera. ¿Queda libre inmediatamente?
Lo pregunto porque tal vez se da por hecho pero acá no queda claro.
En segundo término, solo a modo de comentario, me interesa hacer ver la necesidad de que en esta materia quede un registro, una bitácora clarísima de aquellas detenciones en las cuales la persona no fue capaz de identificarse directamente y hubo que hacer un procedimiento.
Creo además que, en la práctica -hablo por experiencia muy próxima-, la identificación de las placas de Carabineros no siempre ocurre como debiera. Lo digo por gente que me merece la máxima confianza y que ha sido detenida básicamente por prejuicio, y los carabineros no han sido capaces de identificarse como corresponde. Como sea, estos casos los he puesto en conocimiento de la autoridad.
Dicho eso, acá hay un aumento de pena en el robo calificado y se contempla una serie de reglas, también importantes, que dicen relación con la investigación del procedimiento procesal:
1) Se fija un plazo de diez días para que el fiscal resuelva la solicitud de diligencia realizada por los intervinientes.
2) Se amplían las facultades de las policías respecto de sus actuaciones sin orden previa. Las policías podrán ahora identificar a los testigos y consignar sus declaraciones fuera de los casos de delito flagrante.
3) En situaciones de flagrancia, la policía podrá además recoger evidencia y objetos del delito en lugares cerrados cuando esté en persecución del delincuente.
4) Se faculta a las policías para ingresar -¡ojo!- a lugares cerrados cuando existan indicios de que en el interior se está destruyendo evidencia. Se pone el ejemplo de las desarmadurías, que es de común ocurrencia.
5) Se sanciona -esto también es interesante- a los fiscales cuya inasistencia frustre las audiencias de control de detención y se establece que debe oficiarse al fiscal regional respectivo en esta materia.
En fin, hay un sinnúmero de medidas importantes; en general, las respaldo todas.
Dos reflexiones.
Aquí se aumentan las penas, se impide que las atenuantes operen como operan en general. En el fondo, hay un endurecimiento de las sanciones, ante la necesidad de que los delincuentes cumplan penas de cárcel.
Pues bien, mi conclusión es que en Chile parece que lo único que disuade de cometer delitos es la cárcel, más que las multas y la sanción social.
Así ocurrió con la Ley Emilia. Si no fuera por la cárcel efectiva, la gente seguiría conduciendo bajo los efectos del alcohol y dañando severamente a otras personas.
Se introdujo esa normativa y ha habido un cambio, una conciencia. ¿Por qué? Porque se sabe que al menos se va a estar un año preso. No hay vuelta. No importan el origen, la cuna, el apellido del infractor, ni los abogados que haya tenido.
Y ahora se piden penas de cárcel también para la colusión.
Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalaba que las echaba de menos en ese caso. Creo que son proyectos distintos.
Como sea, hago una nota al margen en esta materia: sí, yo quiero penas de cárcel para los delitos de cuello y corbata, como ocurre en las sociedades modernas: Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera. No tengo problemas. Pero no podemos confundir esa necesidad con la que nos ocupa esta tarde, porque el propósito de esta agenda antidelincuencia, llamada "corta", es hacerse cargo de algo que ocurre en el día a día, al menos en mi Circunscripción.
Yo voy a Playa Ancha, a Achupallas, a San Antonio, a Cartagena y los ciudadanos me dicen que después de las diez de la noche están preocupados por sus hijos debido a la delincuencia. ¿Tiene que ver con la pasta base? Sí. Y yo quisiera tal vez que eso estuviera sancionado acá. Pero los ciudadanos con los que lidio a diario, gente que conozco, que trabaja cercana a mí, me dicen: "Me preocupo después de las ocho, de las nueve, de las diez de la noche. No puedo salir de mi casa".
En el Belloto Norte, personas de la tercera edad me cuentan que no pueden dejar su casa a las doce del día. Si quieren ir a la playa una tarde, alguien tiene que quedarse cuidando la casa, porque no se atreven a dejarla sola.
No digo que esta iniciativa de ley vaya a resolver todo, pero por lo menos se va a hacer cargo de un problema importante.
Y no hay que tener complejos cuando uno dice: "Quiero mano dura para la delincuencia". Yo no quiero que haya delincuencia, por supuesto. Quiero que las personas tengan oportunidades, que piensen que trabajar por un salario mínimo les sale más rentable que estar infringiendo la ley, a pesar de que por esta vía en una semana se puedan hacer dos mínimos, sin necesidad de trabajar ocho horas diarias.
Pero tengo que generar un sistema que me lleve a eso, lo cual no significa desatender este punto, porque sí le importa a la gente en el día a día. Yo puedo establecer la pena -voy a ponerlo en un sentido lírico- de cortarles las manos a los delincuentes de cuello y corbata, pero si no resuelvo el tema que ocurre en el día a día en mi Valparaíso, en Viña, en Concón, en las zonas más complicadas; si no paro hoy la delincuencia de una manera más efectiva y más dura, de nada les va a servir a los ciudadanos.
Para aquellos que trabajan todos los días, que tienen hijos, que se desplazan por la ciudad, créanme que este tema es real.
Y es un problema político también. De hecho, a ratos siento que, como en la discusión sobre la delincuencia la ciudadanía opina y vota, se compite por quién es el que propone la ley más dura, o quién es el que trata de poner el acento en uno y otro asunto.
Yo creo que estamos avanzando bien.
Ha habido legislaciones muy duras en esta materia. El Senador Espina -por su intermedio, señor Presidente- me recordaba algunas de ellas, pero los que tienen que aplicar la ley no terminan aplicándola, por estimar que es extremadamente dura o por alguna otra razón.
Y eso es difícil explicárselo a los ciudadanos. Porque nos dicen: "Ponga penas duras". Bueno, si ponemos pena de muerte por entrar a robar una casa, los jueces no la van a aplicar, a menos que el tipo penal que definamos nosotros en la ley no deje otra opción, caso en el cual el sistema tampoco va a funcionar porque van a dejar libre al inculpado antes.
Entonces, este justo equilibrio, que es obvio, sobre todo para los que estudiaron Derecho, etcétera, comunicacionalmente hay que explicarlo con mucha fuerza y mucha claridad.
No me preocupa que las cárceles se llenen de gente que esté cumpliendo una pena. Sí quiero que esos recintos ayuden también a los que están adentro.
Yo concurro cada cierto tiempo a un taller de literatura en la cárcel de Playa Ancha, y créanme que hay de todo: gente que tiene condenas de cuarenta o cincuenta años, que están presos por asesinato, y otros que cumplen penas menores. Y mi impresión es que la rehabilitación es tremendamente difícil, por no decir imposible.
En consecuencia, tenemos ese tema pendiente también, y eso nos permite ser bastante progresistas si nos hacemos cargo de aquellos seres humanos que la sociedad chilena ha llevado a esa vida.
Como dijo un connotado cantautor y poeta nacional, don Mauricio Redolés, al final del día todo preso es un preso político.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, creo que la intervención del Senador Lagos debiera orientar la discusión que estamos teniendo esta tarde respecto de lo que el Gobierno ha denominado "agenda corta".
Sin duda, lo que ha marcado el debate nacional este año -aparte de lo económico y de algunos problemas políticos- es el tema de la seguridad ciudadana.
Es lo más cercano a la vida diaria de las personas, y donde realmente uno puede decir si los chilenos y las chilenas tienen certezas, tranquilidad y seguridad cuando están en su barrio, en su casa o cuando están ejerciendo el libre derecho a circular, a moverse, a transitar, a trabajar, a estudiar.
En consecuencia, señora Presidenta, pienso que es preciso encarar el problema de la seguridad ciudadana en todas sus dimensiones.
Por un lado, está todo lo que dice relación a la prevención. Y ahí siempre los énfasis nosotros los ponemos en materia de educación, de formación, de familia, de fortalecimiento de valores, de práctica de deportes, de uso de los tiempos o de los espacios libres, de asociatividad, de empleo, de manera que en los barrios sean los ciudadanos los que ocupen los espacios y no quienes los utilizan como si fueran verdaderos cotos de caza, etcétera, etcétera.
Pero no basta la prevención, si bien creo que es lo más importante, lo más grueso, lo más difícil de hacer por parte de un país, porque ella requiere de políticas de Estado permanentes, de definiciones colectivas en términos de que va a haber consistencia en la implementación de políticas públicas, de la asociatividad con las personas, con las organizaciones sociales, con los municipios, con el sector privado, con el mundo de la cultura, con el mundo del deporte.
Sin duda, eso es lo más esencial.
Lógicamente, después está el tema del control policial -parte de eso tiene que ver con esta agenda- y de la administración adecuada y correcta de justicia, como decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Pero tal vez lo más duro y complejo de todo sea la rehabilitación o reinserción en la comunidad de quienes han delinquido.
Si no trabajamos en esos cuatro ámbitos, es imposible cortar este círculo vicioso. No se rompe nunca. Por las razones que aquí se explicaban: si no hacemos rehabilitación o reinserción, la persona sale y vuelve a delinquir, para caer nuevamente en un sistema que es perverso.
Esta "agenda corta" busca establecer normas que permitan combatir los delitos de mayor ocurrencia, que son los que se producen día a día y que afectan a toda la población, como decíamos acá. Tienen que ver con los robos, con el hurto, con la receptación. Entre los casos más connotados públicamente está el de deportistas profesionales que compran televisores que han sido robados, por lo que deben sufrir sanciones y someterse al castigo, a la pena por el delito de receptación, hayan actuado a sabiendas o no.
Pero no cabe duda de que aquí se está estableciendo una agenda que encara este tipo de problemas y que procura que los delitos de mayor connotación, que generan temor en la población, ya que la afectan a diario, tengan certezas penales.
Por lo que se ve, no se contemplan aumentos en las penas, pero sí se busca que estos delitos puedan ser combatidos de manera más eficaz y que el tribunal respectivo los sancione de una forma mucho más clara.
Yo, señora Presidenta, quiero referirme de manera más particular al control de identidad preventivo que se aborda en esta iniciativa.
Durante muchísimos años existió entre nosotros la famosa detención por sospecha que podían efectuar las policías, que se prestó para abusos en miles de detenciones arbitrarias.
Este tema lo discutimos a principios de los años noventa, cuando buscábamos una norma que evitara que la autoridad policial detuviera por sospecha a alguien por andar, de repente, con determinada vestimenta, sin ningún control y sin ningún argumento claro en contra del cual el afectado pudiera defenderse. Lisa y llanamente se detenía, lo cual generó, además, todo un historial respecto de lo que fue el uso y abuso de esta herramienta en tiempos de la dictadura y que normalmente afectaba a los jóvenes.
Retomar el debate acerca de lo que era el concepto, la idea de la detención por sospecha no era aceptado, ni a nosotros nos parecía razonable efectuarlo nuevamente, por las connotaciones que trae aparejadas.
Por eso ahora hablamos de control de identidad preventivo, que fue lo que aprobó la Cámara, con condiciones muy específicas. Y ello apunta a la eterna excusa o explicación que dan las policías cuando señalan: "Mire, nosotros no podemos detener porque no tenemos facultades".
El control preventivo permite controlar a cualquier persona, dondequiera que se encuentre. Se puede identificar a cualquier persona por medios idóneos, sea donde sea que esté, sin discriminar de manera arbitraria a nadie. Aquí es donde se hace referencia a la Ley Zamudio.
Y así como se controla a una persona, también se establece que el oficial de policía que lleve a cabo el control debe identificarse claramente.
Ahora, si la persona se niega a identificarse, se procede a su detención y a trasladarla a una comisaría dentro de un plazo en el cual existe la posibilidad de que entregue su identificación, señale su domicilio y se efectúen los procedimientos correspondientes.
Por lo tanto, tal como se halla planteado el control preventivo en esta agenda corta, permite cumplir, en mi opinión, dos objetivos.
Uno, que efectivamente Carabineros e Investigaciones tengan las herramientas, los instrumentos legales para detener a una persona cuando, realizando un control de identidad, les parezca que hay motivos para ello.
Y, por otro lado, se garantiza que la acción policial se lleve a cabo de acuerdo a las normas establecidas y con la garantía de que la persona controlada tendrá derecho a normas mínimas en todo lo que significa este procedimiento.
Se busca un equilibrio mayor entre la necesidad de dar seguridad a la población y mantener los derechos individuales de las personas, a través de instrumentos adecuados que permitan que las policías actúen y no caigan, como hoy, en la excusa de que muchas veces no detienen a alguien porque no poseen las herramientas necesarias.
Este es un debate largo, señora Presidenta. Nosotros sabemos que genera polémica. Y por eso me parece bien la forma como acá se ha planteado.
Para terminar, quisiera decir que la oportunidad de este debate tiene que llevarnos a respaldar políticas públicas consistentes en materia de seguridad ciudadana, independiente del gobierno que esté en el poder y del tiempo en que se apliquen.
Aquí varios Senadores han reconocido que, como sociedad, como conjunto, hemos fracasado. Y este no es solo un problema del gobierno de turno, ni siquiera del Estado: es un problema de toda la sociedad.
Y debemos tener conciencia de que solo actuando coordinados y de manera unitaria vamos a ser eficientes en el combate contra la delincuencia y en la garantía de seguridad que corresponde a nuestros compatriotas.
Vamos a votar a favor, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en primer lugar, ratifico lo planteado por el Senador Pizarro en cuanto a que el mayor problema que enfrenta hoy nuestra sociedad es, justamente, la delincuencia.
Aprovecho de saludar a los dos Subsecretarios que nos acompañan en la tramitación de este proyecto, lo cual considero muy importante. Lo más probable es que en esta materia haya unanimidad.
Y al Senador De Urresti quiero manifestarle que la semana recién pasada aprobamos, precisamente en forma unánime, una normativa anticolusión que establece penas privativas de libertad.
Por lo tanto, creo que las señales que está dando el Senado son las que corresponden, tanto en la iniciativa que estamos analizando en el día de hoy como en aquella que discutimos hace poco.
Creo, señora Presidenta, que aquí hay un elemento muy importante que hay que valorar: el trabajo que debe realizar siempre Carabineros.
¿Qué ocurre? Sus efectivos hacen un esfuerzo para tomar detenidas a ciertas personas, pero estas salen y vuelven a salir y vuelven a salir. Al final, ¿qué sienten esos carabineros, que también son seres humanos? Que, en el fondo, su esfuerzo no sirve de nada y que los delincuentes se mofan de ellos cuando, a los pocos días, les dicen: "Miren, igual vamos a salir libres". Muchas veces hasta los amenazan cuando hay asuntos de narcotráfico de por medio u otras situaciones de ese tipo, con bandas con cancha libre para delinquir.
Por eso que este proyecto va en el sentido correcto. No sé si llamarlo "agenda corta", "agenda larga", pero es el instrumento que corresponde para poder avanzar en defensa de nuestra sociedad y de la gente que quiere vivir tranquila.
No es posible que los ciudadanos de muchos sectores del país, yo diría que actualmente de casi todos los sectores, de distinta condición social, vivan presos dentro de sus propias casas. Y eso, como sociedad, no lo podemos seguir permitiendo.
En segundo lugar, creo que hay que analizar fuertemente el tema, ya planteado, de la reinserción de quienes delinquen.
No existe reinserción social sin incentivos para que haya talleres y empresas trabajando coordinadamente con las cárceles, con el fin de que los presos que salgan de nuevo en libertad tengan la posibilidad de ganarse la vida y sentirse útiles.
El problema es que esas personas no tienen muchas alternativas. Por eso, aquí debiéramos trabajar fuertemente en dar un incentivo a las empresas, a los talleres, inclusive a los pequeños o medianos empresarios, para que trabajaran en coordinación con las cárceles y después pudieran constituirse en un campo laboral para quienes recuperaran su libertad el día de mañana.
Es más, debería analizarse incluso la posibilidad de otorgar subsidios. Para el Estado y para nuestra sociedad, sería uno de los subsidios más importantes. Significaría una garantía para las personas que fueran capaces de rehabilitarse, de pagar sus delitos, a fin de volver a ser lo que debieron haber sido siempre.
Nosotros, como sociedad, también tenemos responsabilidad, porque muchas veces no nos preocupamos, en las mismas escuelas, en las mismas casas, en las mismas familias, de enseñar lo que significa el respeto al otro.Es fundamental un cambio cultural en nuestra sociedad, el valor del respeto al otro, el valor de respetar también la propiedad del otro, porque, a la larga, es el respeto a sí mismo.
Es un tema del que no podemos dejar de preocuparnos.
Igualmente, hay problemas de droga al interior de las cárceles. Lo planteé en la Subcomisión Mixta de Presupuestos y también en la Sala, cuando se analizó la Partida del Ministerio de Justicia. Tiene que haber rehabilitación de drogas al interior de los recintos penitenciarios.
A los Subsecretarios que nos acompañan, les digo que debemos trabajar en ese ámbito.
En las cárceles concesionadas, por lo menos en la que tenemos en Rancagua, si bien existe un escáner para detectar el ingreso de droga, no funciona. Primero decían que era porque no había insumos; ahora, porque no hay personal capacitado.
Es una situación gravísima, pues justamente se está dando la señal de que se permite el ingreso de droga al sitio desde donde muchas veces se hace la repartición a los distintos lugares.
Y ahí están los microtraficantes; no, desgraciadamente, los grandes o medianos traficantes, que son aquellos contra los cuales hay que trabajar fuertemente.
De otro lado, tenemos que valorar en su debida magnitud la labor que realiza Carabineros. El incentivo a esta institución es fundamental. Los uniformados sienten que su trabajo es muy difícil.
Quiero ser franco. ¿Se le paga bien a un carabinero por las horas que trabaja? ¿Es mucho más probable que le paguen mejor en una oficina o en una empresa de seguridad?
Hagámonos estas preguntas.
A quienes más tenemos que apoyar son a nuestras policías, ahora y siempre.
¿Están recibiendo la remuneración adecuada? A menudo permanecen días enteros sin llegar a sus casas, arriesgando la vida. Y en muchas ocasiones están preocupados por sus familias porque también ellos viven en poblaciones y los persiguen los narcotraficantes y las personas que han detenido.
A mi juicio, este es un tema que debemos abordar fuertemente. Y valoro las indicaciones que se han hecho, para que ellos se sientan con poder para consultarles a las personas quiénes son.
Por eso, señora Presidenta, considero que este proyecto va en el camino correcto.
Hay ciertas materias que me gustaría consultar a los señores Subsecretarios. Otras fueron abordadas muy bien por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Por ejemplo, se busca liberar a Carabineros de Chile de las funciones de notificación y de recepción de constancias por accidentes sin lesionados. Pero, ojo, esto no significa que no vayan a ir muchas personas a las comisarías, porque eso solamente será para quienes tengan asegurados sus vehículos, que son una ínfima minoría. Por lo tanto, si no hay acuerdo a propósito de un accidente, la mayoría llegará a los juzgados, para lo cual necesitará las denuncias y constancias ante Carabineros.
Es importante señalar que aquello será solamente para quienes tengan seguro, a fin de que entren a operar las aseguradoras.
Por otra parte, resulta fundamental perfeccionar el Código Procesal Penal para mejorar la investigación y el juzgamiento de los delitos de mayor connotación social, permitiendo a Carabineros tomar declaraciones voluntarias a los testigos; revisar las vestimentas, vehículo y equipaje de los detenidos; realizar incautaciones de objetos que prueben la comisión de otros delitos en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales, e ingresar a lugares cerrados cuando existan signos evidentes de que allí se esté procediendo a la destrucción de objetos que provengan de la comisión de un delito, sus efectos o instrumentos.
Además, quiero pedirle al Gobierno que le ponga "suma" urgencia a un proyecto que hoy quedó suspendido: el de las llamadas al 133, porque Carabineros pierde mucho tiempo con las "pitanzas" que se hacen a ese número. Se derivan carros y personal, en circunstancias de que más del 70 por ciento de tales llamadas son inoficiosas o se efectúan para distraer a la entidad de su misión.
En ese sentido, pido que ojalá dicha iniciativa sea vista lo antes posible, pues también representa una manera de colaborar con Carabineros de Chile, con el fin de que pueda ejercer la misión que se le ha encomendado.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señora Presidenta.
Por lo tanto, les solicito a ambos Subsecretarios que ojalá le pongan a ese proyecto urgencia "suma" o "discusión inmediata", porque va en el camino correcto de penalizar a quienes usan el 133 para cosas que no corresponden, atacando la labor que desarrolla nuestra policía uniformada.
Votaré a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no voy a referirme a lo que acá varios colegas ya han manifestado. Quiero analizar este tema desde otra perspectiva, porque estoy convencido de que la delincuencia debe ser enfrentada con políticas integrales que tengan en cuenta las tareas de prevención psicosocial y policial, los programas dirigidos a niños y jóvenes vulnerables, la inclusión en materia educacional, la situación del empleo juvenil, la política de drogas, la rehabilitación social, la incorporación laboral de los reclusos, y hasta lo que estamos haciendo en materia de salud mental y la forma como estamos construyendo nuestras ciudades.
Sin duda, todos estos son factores que inciden en la realidad delictual del país. Pero este enfoque integral no se contradice con el endurecimiento de las penas y la restricción de la aplicación de medidas alternativas para su cumplimiento.
Normalmente, se muestran ambas visiones como opuestas, en circunstancias de que, a mi modo de ver, no hay colisión entre una política integral, comprensiva de todos los factores que inciden en el fenómeno delictual, con la persecución eficaz e implacable de los delincuentes, especialmente en los delitos de mayor connotación social.
Algo similar ocurre con el control de identidad, el que, aparentemente, se opondría a la protección de derechos individuales o a las garantías del nuevo proceso penal.
No estoy de acuerdo con ese punto de vista. En primer lugar, porque el control de identidad forma parte de las funciones de resguardo del orden y la seguridad públicas que corresponden a las policías, más que a los procedimientos de investigación criminal.
Enseguida, porque estoy seguro de que las instituciones policiales cuentan con capacidad profesional para hacer un uso racional y adecuado de esta facultad. Y, por otro lado, si se cometen abusos, hoy existe una ciudadanía más consciente de sus derechos y de sus mecanismos de control público que permitirán que esos casos puntuales sean efectivamente sancionados.
Nada de esto ocurría hace algunos años, cuando esta atribución era percibida con desconfianza por buena parte de la ciudadanía y se podía aplicar con criterios de discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, ideología, opinión política u orientación sexual.
Nuestro país ha cambiado. En muchos aspectos para bien, pero también ha retrocedido en algunas materias.
La seguridad ciudadana se ha transformado en uno de los temas que mayor preocupación y ansiedad están generando en los chilenos, los que esperan una respuesta más completa y contundente de parte de los órganos del Estado, de las policías, de los fiscales, de los jueces, del Gobierno y de los municipios.
Me parece que el presente proyecto va en la dirección correcta. El Estado de Chile no se puede permitir un fracaso en esta materia y debe hacer uso de todas las herramientas que pone a su disposición el Derecho.
Aplicar penas severas y ejemplares no impide que, en su momento, se aplique también la compasión, cuando se pueda constatar la rehabilitación y las posibilidades efectivas de reinserción de los condenados.
En este sentido, pienso que debe revisarse, de una vez, el Código Penal, para ajustar la escala de penas que actualmente se aplica y, al mismo tiempo, establecer los tribunales de cumplimiento de condenas, que permitirán tener una instancia de evaluación objetiva de los méritos para aplicar medidas alternativas de cumplimiento.
Pero nada de esto tendrá sentido si no atacamos, con la misma fuerza, los delitos de cuello y corbata, sobre todo cuando son millones los afectados, no ya por el temor de ser objeto de un delito, sino como víctimas directas de las maniobras de estafa, colusión o negociación incompatible, que tan fuertemente dañan a consumidores, a cotizantes de AFP o a pequeños empresarios y accionistas.
En definitiva, nada de esto tendrá sentido si seguimos siendo una de las economías más desiguales del mundo y no perseveramos en el camino de reducir las enormes brechas de desigualdad que existen en nuestro país.
Este proyecto se hace cargo de aumentar las penas.
En la discusión en particular haremos llegar nuestras indicaciones y observaciones, pero creo que es una buena iniciativa para que, de una vez por todas, combatamos de verdad a la delincuencia.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Solicito el acuerdo de la Sala, en primer lugar, para fijar como plazo para formular indicaciones a este proyecto el viernes 4 de diciembre, a las 12.
El señor ESPINA.- ¿Es el viernes de la semana regional?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Sí.
--Así se acuerda.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic para un planteamiento de Reglamento.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, deseo solicitar la autorización de la Sala para discutir en general y en particular a la vez la iniciativa que modifica el artículo 100 del Código Sanitario, en materia de incentivos en la venta de productos farmacéuticos.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Les parece?
--Así se acuerda.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Continuando con el debate, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, efectivamente, la agenda corta antidelincuencia se viene gestando desde hace bastante tiempo. De hecho, junto con el Senador Espina y un grupo de Senadores de Renovación Nacional (entre ellos, los colegas Prokurica y García) presentamos un proyecto de ley que buscaba atender lo que, sin lugar a dudas, es la mayor preocupación de nuestra sociedad.
Hoy han aumentado sustantivamente los índices de victimización. Y esto dice relación con una situación que nos parece compleja, y de la que entendemos que el Gobierno no se ha hecho cargo. Existe una desconexión entre las urgencias sociales y las del Ejecutivo.
Mientras el Gobierno intenta establecer como una prioridad los cambios constitucionales, nosotros creemos necesario enfrentar el tema de la seguridad ciudadana.
Hace un par de meses el Gobierno decidió restablecer la autoridad de las Policías; consignar efectivamente la agenda corta, que comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados. Lamento que los proyectos de ley que se iniciaron en el Senado no hayan sido contemplados.
En ese mismo sentido, quiero señalar que existen una serie de materias que debieran ser abordadas.
En primer lugar, aquellas que dicen relación con restablecer la autoridad de las Policías. No es posible que en nuestro país escupir a un carabinero o el maltrato de obra que no deje señales físicas queden prácticamente en la impunidad.
Por eso, junto con los Senadores que acabo de indicar presentamos una iniciativa para sancionar el maltrato de obra a carabineros. Tuvimos reuniones, en su oportunidad, con el General Director de la policía uniformada. Y pedimos también que el Gobierno le pusiera urgencia. Pero nunca ocurrió.
Del mismo modo, hemos insistido en la necesidad de restablecer la facultad de control preventivo, como un instrumento para que las Policías puedan hacer su labor.
Claramente, nos parecía una inconsistencia que hoy Carabineros pueda ejercer el control de identidad respecto del conductor de un vehículo motorizado, pero no de un transeúnte. Esto no significa restablecer la detención por sospecha en nuestro país, sino consagrar los mínimos instrumentos necesarios para que las Policías realicen su trabajo.
En ese mismo sentido, desde el Senado propusimos cuestiones que fueron recogidas, en parte, por el Ejecutivo: fijar normas que permitan efectivamente hacer una reforma a la reforma procesal penal, por ejemplo, y permitir la acumulación de causas.
Hoy, con la lógica del nuevo sistema procesal penal, no es factible -incluso respecto de ciertos delitos con el mismo modus operandi- realizar una acumulación de causas que permita determinar si la persona que cometió un delito, que está siendo investigada por su RUT, fue la que operó en otro. Ello, porque no existen posibilidades de acumular las causas.
Ese tema también lo hemos planteado con mucha fuerza. Y la acumulación de causas, para efectos de facilitar la investigación, es un hecho que debe ser puesto sobre la mesa.
También propusimos asuntos relacionados con el otorgamiento de beneficios, particularmente a las personas reincidentes.
Eso se ha planteado, y junto con el Senador Alberto Espina, que justamente ha liderado los temas de seguridad pública a través de una campaña ciudadana difundida en distintas comunas de nuestra Región, "Juntos contra la Delincuencia", asociada a un grupo importante de alcaldes y de parlamentarios de diferentes partidos, hemos vuelto a señalar la urgencia de fijar en la agenda pública los asuntos de seguridad ciudadana.
En ese mismo sentido, aprovechando que está el Subsecretario de Seguridad Pública en la Sala, quiero insistir en la necesidad de la existencia de mayores dotaciones de Carabineros e Investigaciones.
Ciertamente, acá se ha hablado de la incorporación de cerca de 10 mil nuevos efectivos, en lo que ha habido un esfuerzo importante del anterior Gobierno y del actual.
Sin embargo, en esos aumentos de dotaciones no se consideran, primero, la gran cantidad de licencias médicas y el número de personas que se van a retiro. Así, esos aumentos son números en un proyecto, más que posibilidades de concretar una mayor cantidad de efectivos.
La preparación de aquellos demora años. Y, por tanto, nos parece importante focalizarnos en la factibilidad de recontratar personal en retiro para hacer, por ejemplo, labores de tipo administrativo a fin de liberar a los carabineros, que hoy se encuentran realizando este tipo de labores en nuestros cuarteles o comisarías.
Lo mismo podemos observar en cuanto al personal de la PDI. Por eso nosotros hemos pedido mayor dotación para la Policía de Investigaciones. Y, también, la posibilidad de recontratar personal en retiro puede ser una buena alternativa.
Ahora, quiero poner sobre la mesa que acá es necesario abordar dos puntos relevantes.
El primero dice relación con una evaluación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. A más de 10 años de su entrada en vigencia creemos necesario hacer ajustes importantes. Y estos se refieren fundamentalmente a entender que, respecto de los menores infractores de ley que se encuentran en recintos cerrados o semicerrados es preciso generar una oferta de rehabilitación para que puedan tener alguna alternativa sobre el particular.
Y para qué hablar de las condiciones en que se encuentran hoy los menores infractores de ley en nuestros recintos, por ejemplo, en el Lihuén, en Limache, donde hay que hacer un esfuerzo mucho mayor desde el punto de vista de los programas y de la oferta de rehabilitación.
Hay que hacerse cargo de esos temas.
Claramente, la ocurrencia de delitos en los que están asociados menores de edad y también el consumo de alcohol y drogas es una tendencia que va en incremento.
Otro punto que nos parece relevante es la realización de la reforma a la reforma procesal penal. Países como Costa Rica, que iniciaron un proceso también garantista como el nuestro, finalmente se percataron de que había que avanzar en tal sentido. De hecho, en Costa Rica ya están en la reforma a la reforma procesal penal.
Ello, para efectos de buscar un efectivo contrapeso entre el derecho a un debido proceso del imputado y la defensa de las víctimas.
El punto es quién se hace cargo de esa defensa, lo que también forma parte de un proyecto de reforma constitucional que, junto con el Senador Espina logramos finalmente aprobar en el Parlamento.
Claramente, hoy las víctimas se encuentran en una completa indefensión. Mientras al victimario le asiste la posibilidad de tener una asistencia garantizada del Estado, la víctima se encuentra en la total indefensión.
Y eso pasa, fundamentalmente, por la ausencia de recursos para una Defensoría que se haga cargo de aquello.
En el mismo sentido, debemos acabar con la sensación de impunidad existente.
El Senador Alberto Espina se refería en sus primeras intervenciones a la gran cantidad de delitos que quedan prácticamente en la impunidad. Estamos hablando de los delitos contra la propiedad, donde cerca del 95 por ciento -¡el 95 por ciento!- de las causas quedan en último término sin responsable. Este tema nos parece complejo.
Y para qué hablar de los delitos de bagatela, de aquellos que las propias fiscalías deciden archivar. Por ejemplo, se ha hecho una constante que los ciudadanos reciban las famosas notificaciones de la Fiscalía en las cuales se indica que, por falta de antecedentes, finalmente se archivó la causa.
Este tema es dramático.
En la actualidad, los vecinos están construyendo verdaderas cárceles con el objeto de protegerse de los delincuentes en sus viviendas. Y se debe enfrentar este problema.
Pienso que el Gobierno ha entendido que tiene que ponerle urgencia a estos proyectos. Esperamos que podamos darle prontitud a su despacho.
Yo señalo mi satisfacción respecto al tratamiento de esta iniciativa.
Y quiero felicitar -por su intermedio, señora Presidenta- al Ministerio del Interior y al Subsecretario, porque efectivamente su texto viene con una redacción mucho mejor, después de un trámite legislativo bastante riguroso en la Cámara de Diputados.
Tenemos, finalmente, una iniciativa que le puede cambiar la cara al combate contra la delincuencia, de lo cual hay que hacerse cargo.
En ese mismo sentido, esperamos que esta aprobación en general sea también un signo para que el Congreso aborde la inquietud ciudadana.
Ojalá que el Ejecutivo mantenga su urgencia legislativa a fin de sacar prontamente este proyecto de ley.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminada la votación.
--Por 34 votos a favor, se aprueba en general el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Prevención del Delito, porque hubo varias consultas.
El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).- Señora Presidenta, muchas gracias por darme la palabra a fin de poder contextualizar este proyecto.
Primero, creo que tenemos que mirar el conjunto de políticas públicas que se aplican respecto al tema de la delincuencia y la inseguridad.
Debo aclarar que la última encuesta de la Fundación Paz Ciudadana mostró algo histórico en Chile, y debemos tomar conciencia de que, al parecer, todavía no lo entendemos bien.
Me refiero a que se registraron 4,6 puntos de baja en la victimización. Es la baja, en la serie histórica, más importante de los últimos 15 años. Pero, al mismo tiempo, también tenemos un aumento histórico en los niveles de inseguridad, y la serie nos indica que es el más alto en todo el proceso de medición, que alcanza casi a 15 años.
Por lo tanto, aquí tenemos un conjunto de materias por tratar, que tienen que ver con el delito, con la victimización real de las personas. Pero también con un conjunto de otras cosas que ocurren en el territorio, desde balaceras hasta la ocupación indebida de un espacio público, que afectan la calidad de vida de las personas y su percepción respecto del delito.
Además, esa encuesta muestra, por primera vez en dos oportunidades consecutivas, que ninguna institución -¡ninguna institución de la república!- se salva de las bajas en la aprobación ciudadana.
Se trata de un hito que hay que mirar con bastante cuidado y detención.
En tal contexto, solo para hablar de un conjunto de medidas, quiero mencionar las siguientes:
Primero, el proceso de modernización del Ministerio Público, que no solo busca aumentar el personal de dicha institución, sino también -lo sabe muy bien nuestro Subsecretario de Justicia, porque estuvo en la discusión- terminar con el tratamiento uno a uno de los delitos que, finalmente, no permite abordar el problema.
Es de poco éxito efectivo tratarlos uno a uno; es mejor tratar el conjunto de patrones criminales que obedecen a bandas.
Hoy estamos en presencia de bandas con alta adaptación a los cambios que, además, van siempre adelante de la autoridad, en el sentido de los modus operandi y la forma de tener éxito en la realidad.
Así, pasamos del robo de cajero automático al portonazo, y ahora estamos con otro tipo de delito que se da en las esquinas de los semáforos, etcétera.
Se van usando una serie de modalidades para ir innovando más rápido que la política pública.
En tal contexto, tenemos la modernización del Ministerio Público, que es una gran apuesta. Y contamos con un nuevo Fiscal que nos puede servir de palanca con el objeto de implementar esta gran modernización, tan necesaria en el contexto de lo señalado por muchos Senadores aquí: los sentimientos de impunidad, sobre todo en los delitos contra la propiedad.
Segundo, el Banco Unificado de Datos, que lleva 17 años.
Yo he participado en varias etapas de ese proceso, y ahora me encuentro en la parte final. No sé si me tocó ponerme el gorro al respecto, pero hemos logrado como Estado, al fin -y esto se va a dar a conocer en las próximas semanas-, disponer de un conjunto de informaciones (78 millones de registros) que podrán conversar entre sí para facilitar la toma de decisiones operativas.
Lo anterior quiere decir que ningún delincuente en el futuro se nos podrá ir de entre las manos, como dice la canción.
Y eso es muy importante de consignar.
Se trata de una gran reforma que, además, se institucionaliza en este proyecto.
En tercer lugar, se encuentran los Consejos Comunales de Seguridad Pública, que persiguen un gran objetivo: juntar a las instituciones públicas para que se coordinen mejor, a fin de que establezcan un plan que sea conocido por los vecinos y sobre el cual puedan pedir rendición de cuenta acerca de lo comprometido: tanto proyectos con financiamiento de la Subsecretaria y de otras instituciones como lo que hace cada institución en territorios determinados, en esquinas determinadas, en lugares determinados y en delitos determinados, conocidos por los ciudadanos.
Ello, porque nuestro gran problema es que no sabemos por qué está subiendo la delincuencia.
Quiero agregar que ha habido un gran esfuerzo de varios Gobiernos respecto al aumento tanto en Carabineros, y por primera vez -esto es muy relevante-, como en la Policía de Investigaciones, con un incremento de mil 200 personas, que están ingresando en buenas condiciones: con un aumento en las plantas, en la especialidad en estas, que permitirá justamente mejorar la investigación criminal, que es fundamental.
En lo relativo a la agenda corta, solo quiero decir que perseguimos cinco grandes objetivos.
-Combatir de manera mucho más drástica y eficaz los delitos contra la propiedad que aquí se consignan: hurto, robo y receptación.
-Mejorar la investigación criminal y la persecución y juzgamiento de los delitos.
-Reducir las funciones administrativas de Carabineros, en todo lo que permita mejorar, pero sin disminuirlas de manera cuantiosa, para priorizar las tareas relacionadas con el combate al delito.
-Dotar a las policías de una herramienta preventiva innovadora. Recordemos que no se ha hecho -¡no se ha hecho!- legislación preventiva respecto a Carabineros en los últimos 25 años.
Y estamos redactando un artículo que permitirá justamente otorgar a la labor preventiva de las policías una facultad nueva: el control preventivo de identidad (no es detención), que por su aleatoriedad y sistematicidad en la aplicación en el territorio causará un efecto disuasivo preventivo (hay que aclararlo). Este no busca detener a las personas, sino justamente resguardar sus derechos, para lo cual hay fuertes cortapisas, y, además, hace una alusión específica a la Ley Antidiscriminación.
-Una mejora -lo acabo de señalar- en la coordinación y la toma de decisiones operativas a través de algo tan simple como compartir información por medio del Banco Unificado de Datos, proyecto en que numerosos Gobiernos han participado y que hoy estamos en posición de concluir.
Considero que esos son aspectos centrales que hay que señalar.
Nos falta mucho por hacer, evidentemente:
-Un Código Penal nuevo, que permita una solución a largo plazo.
-Un proceso -también el Subsecretario lo va a aclarar- de construcción de cárceles y de mejoramiento de las existentes, que diversos Gobiernos han abordado.
-Un servicio de reinserción social de verdad, que permita tomar medidas alternativas eficaces y efectivas.
-Un conjunto de otras iniciativas que se están llevando a la práctica.
Lo importante es entender que los Gobiernos van avanzando -de a poco, pero van avanzando- y que necesitamos consenso en esta materia. Y aquí, al parecer, estamos consiguiendo un tremendo acuerdo, lo cual es fundamental para seguir adelante.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra al señor Subsecretario de Justicia.
El señor SUÁREZ (Subsecretario de Justicia).- Señora Presidenta, quiero partir mi intervención destacando lo último que señaló mi colega el Subsecretario de Prevención del Delito, con relación al consenso.
Acá se ha suscitado un acuerdo unánime en orden a construir un Chile más seguro, un Chile más pacífico, un Chile donde realizar una vida con mayor felicidad. Queremos estar tranquilos con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo.
Un aspecto importante -digo esto en respuesta a consultas que se han formulado- es que esta llamada "agenda corta" o "agenda de seguridad" se enmarca en una política más integral en la materia, que se inicia con la prevención del delito; luego pasa por el nivel sancionatorio o punitivo, y termina en la reinserción social del penado, principio fundamental para tener una seguridad real y plena.
En cuanto a la prevención, como lo mencionó el Subsecretario señor Frey, se contempla aumentar la dotación de las policías: 1.200 nuevos efectivos para la PDI y 6 mil para Carabineros.
También se plantea el fortalecimiento del Ministerio Público y una iniciativa muy relevante para garantizar la participación ciudadana: la creación de los consejos comunales de seguridad.
En lo concerniente al proyecto que nos ocupa, que aborda la parte sancionatoria, cabe relevar que ataca el corazón del delito, o sea, los que se cometen en contra de la propiedad.
¿Por qué se ataca solo ese tipo delictual? Porque representa el 85 por ciento de los delitos que se cometen actualmente en Chile.
En la iniciativa se propone una norma fundamental de disuasión, que tiene que ver con lo que se llama "la prevención general" y que es de sentido común: que se cumplan efectivamente las penas que correspondan.
Ese es el corazón del proyecto.
Cuando uno concurre a una comuna, en una acción de Gobierno en terreno, y señala este principio, que es de un tremendo sentido común, sucede algo esencial: se entrega a la comunidad certeza jurídica, que es el propósito del Derecho, al fin y al cabo.
Además, se dota de mayores herramientas de investigación a las policías. Sobre eso también se consultó.
También se abordó lo concerniente al control preventivo de identidad, que es un control de orden público, innovador, que solo exige a las personas mostrar su cédula o cualquier otro documento que las identifique. Ello genera una tremenda certeza y seguridad en todos quienes circulamos por el país.
Asimismo, se faculta para realizar las primeras diligencias policiales, como el empadronamiento de testigos y el registro de lugares, cuando se trate de delitos flagrantes.
Por otro lado, se propone algo muy importante: restringir los beneficios de penas sustitutivas para los reincidentes.
En otro ámbito, quiero hacer referencia a algo fundamental que señaló el Subsecretario de Prevención del Delito: la obligatoriedad de que en materias tan trascendentales como el combate contra el crimen todos los Poderes del Estado compartan información relevante.
En cuanto a la reinserción, cabe señalar que el mismo mensaje de este proyecto consigna dos temas esenciales.
El primero es la creación de un servicio o sistema de reinserción social, entendiendo que la reinserción es seguridad. Habitualmente, se mira dicho concepto desde el punto de vista de los derechos del penado. Pero también debiéramos pensar que cada peso bien invertido en reinserción es un peso que estamos gastando como Estado en la seguridad de todos nosotros.
Y el segundo se refiere a lo que se denomina "la justicia terapéutica", que dice relación con los TTD (tribunales de tratamiento de drogas y alcohol), herramienta fundamental para entender la seguridad como un todo.
En consecuencia, agradezco la tremenda votación que ha tenido este proyecto de ley del Ejecutivo. Me quedo, como decía mi colega, con los consensos alcanzados, y llamo a seguir trabajando en estas materias de seguridad.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- A usted, señor Subsecretario.