APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no voy a referirme a lo que acá varios colegas ya han manifestado. Quiero analizar este tema desde otra perspectiva, porque estoy convencido de que la delincuencia debe ser enfrentada con políticas integrales que tengan en cuenta las tareas de prevención psicosocial y policial, los programas dirigidos a niños y jóvenes vulnerables, la inclusión en materia educacional, la situación del empleo juvenil, la política de drogas, la rehabilitación social, la incorporación laboral de los reclusos, y hasta lo que estamos haciendo en materia de salud mental y la forma como estamos construyendo nuestras ciudades.

Sin duda, todos estos son factores que inciden en la realidad delictual del país. Pero este enfoque integral no se contradice con el endurecimiento de las penas y la restricción de la aplicación de medidas alternativas para su cumplimiento.

Normalmente, se muestran ambas visiones como opuestas, en circunstancias de que, a mi modo de ver, no hay colisión entre una política integral, comprensiva de todos los factores que inciden en el fenómeno delictual, con la persecución eficaz e implacable de los delincuentes, especialmente en los delitos de mayor connotación social.

Algo similar ocurre con el control de identidad, el que, aparentemente, se opondría a la protección de derechos individuales o a las garantías del nuevo proceso penal.

No estoy de acuerdo con ese punto de vista. En primer lugar, porque el control de identidad forma parte de las funciones de resguardo del orden y la seguridad públicas que corresponden a las policías, más que a los procedimientos de investigación criminal.

Enseguida, porque estoy seguro de que las instituciones policiales cuentan con capacidad profesional para hacer un uso racional y adecuado de esta facultad. Y, por otro lado, si se cometen abusos, hoy existe una ciudadanía más consciente de sus derechos y de sus mecanismos de control público que permitirán que esos casos puntuales sean efectivamente sancionados.

Nada de esto ocurría hace algunos años, cuando esta atribución era percibida con desconfianza por buena parte de la ciudadanía y se podía aplicar con criterios de discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, ideología, opinión política u orientación sexual.

Nuestro país ha cambiado. En muchos aspectos para bien, pero también ha retrocedido en algunas materias.

La seguridad ciudadana se ha transformado en uno de los temas que mayor preocupación y ansiedad están generando en los chilenos, los que esperan una respuesta más completa y contundente de parte de los órganos del Estado, de las policías, de los fiscales, de los jueces, del Gobierno y de los municipios.

Me parece que el presente proyecto va en la dirección correcta. El Estado de Chile no se puede permitir un fracaso en esta materia y debe hacer uso de todas las herramientas que pone a su disposición el Derecho.

Aplicar penas severas y ejemplares no impide que, en su momento, se aplique también la compasión, cuando se pueda constatar la rehabilitación y las posibilidades efectivas de reinserción de los condenados.

En este sentido, pienso que debe revisarse, de una vez, el Código Penal, para ajustar la escala de penas que actualmente se aplica y, al mismo tiempo, establecer los tribunales de cumplimiento de condenas, que permitirán tener una instancia de evaluación objetiva de los méritos para aplicar medidas alternativas de cumplimiento.

Pero nada de esto tendrá sentido si no atacamos, con la misma fuerza, los delitos de cuello y corbata, sobre todo cuando son millones los afectados, no ya por el temor de ser objeto de un delito, sino como víctimas directas de las maniobras de estafa, colusión o negociación incompatible, que tan fuertemente dañan a consumidores, a cotizantes de AFP o a pequeños empresarios y accionistas.

En definitiva, nada de esto tendrá sentido si seguimos siendo una de las economías más desiguales del mundo y no perseveramos en el camino de reducir las enormes brechas de desigualdad que existen en nuestro país.

Este proyecto se hace cargo de aumentar las penas.