Click acá para ir directamente al contenido
CESACIÓN EN CARGOS DE PARLAMENTARIOS, ALCALDES, CONSEJEROS REGIONALES Y CONCEJALES POR INFRACCIÓN A NORMAS SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITES Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, yo apruebo las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que establece la sanción de cesación en el cargo para los parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales o concejales que infrinjan gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
En la discusión general de esta iniciativa señalé que, en cuanto a la sanción accesoria de inhabilidad para ser candidato, se requería definir un mismo período para las diferentes autoridades, pues en el caso de los parlamentarios la Constitución establece dos años, mientras que en el de los alcaldes la ley orgánica prescribe un plazo mayor.
Ahora, la Cámara Baja, desde mi punto de vista, resolvió adecuadamente la unificación de la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público a un período de tres años, y agregó -como acá se ha dicho- la inhabilidad para ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a la sanción.
Asumo que cuando se habla de las siguientes dos elecciones no se restringe a la correspondiente al cargo en el cual se cesa en las funciones, sino que se hace referencia a todo proceso electoral.
Atendido que, de acuerdo al orden actual, las elecciones municipales y regionales se realizan un año antes que las parlamentarias, siempre la inhabilidad surtirá efecto sobre un período adicional a aquel en que se cesó.
Con esta disposición se endurecen aún más las normas aplicables a quienes ejercen cargos de elección popular.
Nunca antes -¡nunca antes!-, en nuestra historia republicana, hubo normas tan exigentes para los representantes de la voluntad popular. Y es positivo que así sea.
Empero, para recuperar la confianza de la ciudadanía se requiere bastante más.
Desde luego, restan por presentarse y aprobarse muchos proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia comprometida por la Presidente Bachelet, uno de los cuales deberá ser aquel que regule la reforma constitucional que estamos despachando.
Confío en que el mismo celo que hemos tenido como Congreso Nacional para aprobar estas exigentes normas aplicaremos también una vez que debamos definir en la ley orgánica las conductas específicas que constituirán infracciones graves a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Confío también en que este último texto será presentado y aprobado con prontitud, de manera que sea aplicable en la próxima elección municipal, junto a las nuevas disposiciones sobre financiamiento de campañas y reforzamiento del Servicio Electoral.
La ciudadanía no podría entender, después de todo lo que ha pasado, que permanezca en un cargo de elección popular quien acceda a su desempeño por la vía de violar las reglas del juego y que solo se halle expuesto a sanciones menores.
He dicho.