CREACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea quince centros de formación técnica estatales, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.766-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 12 de mayo de 2015.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 24ª, en 2 de junio de 2015.
Educación, Cultura (segundo): sesión 60ª, en 13 de octubre de 2015.
Hacienda y Educación y Cultura, unidas: sesión 60ª, en 13 de octubre de 2015.
Discusión:
Sesión 24ª, en 2 de junio de 2015 (se aprueba en general).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 2 de junio de 2015.
Se deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo quinto transitorio, que pasa a ser cuarto, no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Esta disposición conserva el texto acordado en general y debe darse por aprobada, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueba reglamentariamente.
El señor COLOMA.- Hay varias peticiones de votaciones separadas, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se verán al final, señor Senador. No se preocupe, que ello se va a respetar.
El señor COLOMA.- De acuerdo, señor Presidente.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales se aprobaron por unanimidad.
Las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, por su parte, también introdujeron varias enmiendas al texto despachado por la Comisión de Educación, la mayor parte de las cuales acordaron por unanimidad, con excepción de las que se pondrán en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Entre las enmiendas unánimes se encuentran las recaídas en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo tercero transitorio, que deben aprobarse con 21 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Debo hacer presente que se excluyen las enmiendas al inciso segundo del artículo 7°, que pasa a ser 8°, ya que esa materia ha sido objeto de una indicación renovada, y al inciso segundo del artículo 13, que pasa a ser 14, para el cual se solicitó votación separada.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas unánimes que mencionó el señor Secretario. No existe diferencia entre las Comisiones unidas y la Comisión de Educación.
Luego veremos aquellas en que se pidió votación separada.
¿Habría acuerdo?
--Se aprueban las enmiendas unánimes señaladas precedentemente (22 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúe, señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado donde se transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, las modificaciones introducidas por las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, y el texto final que resultaría si estas se aprobaran.
Señores Senadores, hay que ir a la página 20 del texto comparado.
Allí se encuentra el inciso primero del artículo 5°, que señala: "Cada Instituto Tecnológico se vinculará con una universidad del Estado acreditada institucionalmente...".
La Senadora señora Von Baer solicitó votar separadamente las palabras "del Estado".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación?
No hay acuerdo.
En discusión.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, tenemos muchas dudas, que fueron compartidas en las Comisiones unidas también por Óscar Landerretche, con respecto a si realmente estamos creando centros de formación técnica de calidad.
Todos compartimos que necesitamos más formación técnica en nuestro país, especialmente en regiones, donde hay lugares en que esta no llega, por lo que hay que buscar la forma de acercar a los estudiantes la oferta de este tipo de enseñanza.
El mercado, las empresas están pidiendo cada vez más personas con formación técnica.
La interrogante que surge es si con la creación de quince centros de formación técnica estatales tendremos una educación de calidad.
¿Y por qué estatales? Porque ello podría haberse hecho de otra manera, y no con el establecimiento de los referidos centros.
¿Por qué la preocupación de que tengan el carácter de estatales?
En primer lugar, evidentemente, no porque se trate de centros de formación técnica estatales significa que van a ser de calidad. De hecho, existen universidades que se hallan entre las con menos años de acreditación y que son estatales. Por lo tanto, que pertenezcan al Estado no asegura automáticamente su calidad.
Luego, tenemos varios centros de formación técnica a lo largo de nuestro país que dependen de universidades estatales y que tampoco son de calidad. Inclusive, hay uno que se encontraba sujeto a la Universidad Tecnológica Metropolitana y que debió -escuchen bien, señores Senadores- cerrarse por falta de calidad. ¡Y era estatal!
Por consiguiente, el hecho de que los referidos institutos estén relacionados con el Estado no quiere decir que sean de calidad.
Esa es nuestra primera preocupación.
La segunda es que los centros de formación técnica que se crean mediante este proyecto automáticamente serán autónomos por el solo hecho de existir y de tener el carácter de estatales. No pasarán por el normal proceso de licenciamiento ante el Consejo Nacional de Educación para asegurar su calidad.
Entonces, nuevamente se dirá: "Estudiantes, acá el Estado está poniendo una institución". De tal modo que todo el mundo partirá de la base de que dichos centros serán de calidad. Pero ello no necesariamente ocurrirá así, pues no estarán sometidos al proceso de licenciamiento.
¿Qué logramos durante la discusión de esta materia? Que por lo menos el Ejecutivo se allanara a que el Consejo Nacional de Educación acompañara a esas instituciones al principio.
Solo lo conseguimos diciendo que así tendrían nuestro voto a favor. De otra manera nos íbamos a pronunciar en contra. Porque aquí nada garantiza la calidad de los centros de formación técnica que se establecen a través de esta iniciativa.
Las dudas son aún mayores, y no solo las hemos señalado desde la Oposición.
En el punto específico que nos ocupa, señor Presidente, los centros de formación técnica pertinentes dependerán de una universidad.
Ya eso es complejo. Porque a nivel internacional se indica que nunca es bueno que un centro de formación técnica dependa de una universidad, puesto que ello podría producir conflictos de intereses. Pero, en fin, la norma se planteó así. Por lo menos habrá una universidad que deberá encargarse de que el instituto respectivo alcance algún nivel de calidad.
Sin embargo, a nuestro juicio, lo más grave es que acá nuevamente se parte de la base de que los centros de formación deben depender de universidades estatales, pues se dice -no entiendo la razón- que eso va a ser mejor.
Vuelvo sobre el argumento inicial: existen universidades del Estado que se hallan en los niveles más bajos de calidad.
Aquí la única razón por la que se hizo la excepción -y yo me alegro- para aquellas regiones donde no hay universidades estatales es el hecho de que en la Región de Los Ríos la universidad tradicional que tenemos, aquella que pertenece al CRUCh y que es reconocida por todos los ranking como una muy buena institución de educación superior, es la Universidad Austral. Y fíjense, Sus Señorías, que no es estatal.
En las regiones no necesariamente las mejores universidades se encuentran vinculadas al Estado, señor Presidente.
La Universidad de Concepción no es estatal;...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene un minuto para concluir, señora Senadora.
La señora VON BAER.-... la Universidad Técnica Federico Santa María tampoco. Y aquí se adopta una decisión a mi juicio absolutamente arbitraria y totalmente ideológica en el sentido de que la universidad de la cual va a depender cada centro de formación técnica que se crea debe ser estatal, excepto en la Región de Los Ríos, pues ahí no existe universidad relacionada con el Estado.
¿Pero qué pasa si en las otras regiones la mejor universidad, de la que realmente debiera depender ese centro de formación técnica para asegurar su calidad, no es estatal?
Entonces, les estamos negando a los centros de formación técnica, pero sobre todo a los alumnos que elegirán estudiar en ellos porque el Estado les dirá que van a ser de calidad, la posibilidad de que dependan de la mejor universidad regional.
¿Por qué? Por una decisión arbitraria e ideológica.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Por intermedio de la Mesa, deseo saludar a los Senadores y Senadoras.
Efectivamente, señor Presidente, este proyecto ha sido objeto de un amplio debate no solo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, primero en la Comisión de Educación y luego en las Comisiones unidas de Hacienda y de Educación.
Solo quiero destacar lo siguiente, para que no se llame a error.
Los institutos tecnológicos -así se denominan ahora, después de haberse discutido esta materia en las Comisiones que mencioné- son la combinación de un centro de formación técnica, pero también con OTEC y con formación en oficios. Es decir, vienen a llenar un espacio que, pese a la existencia de CFT a lo largo de nuestro país, no se ha ocupado, puesto que el origen de las carreras que se ofrecen más bien depende -no lo quiero calificar- de lo que el análisis del mercado educacional vaya señalando.
Entonces, no obstante haber centros de formación técnica, que concentran el 12 por ciento de la matrícula, no existe en este nivel -es el único- una provisión mixta.
La provisión mixta no es solo un elemento de carácter ideológico.
Aquí los institutos tecnológicos -y vamos a ver en el articulado de este proyecto la forma como se constituyen- tienen en su gobernanza la participación de los gobiernos regionales; del sector privado, directamente a través de la Confederación de la Producción y del Comercio, y de la CUT.
Es un aspecto vinculado con la integración frente a la mirada del trabajo que nos parece muy pertinente.
Además, ya en los equipos conformados las carreras que se han levantado son muy de punta. Y ello no lo ha abordado ningún centro de formación técnica. Por ejemplo, lo relativo a logística portuaria, materia compleja; la instalación de tecnología energética alternativa.
Muchas empresas han debido traer trabajadores y equipos técnicos desde fuera, en fin.
Según la Confederación de la Producción y del Comercio, se necesitan 600 mil técnicos, y Chile no los tiene.
Si bien hoy -lo señalé anteriormente- por primera vez la matrícula de primer año que va a la formación técnica es un poquito mayor, creemos que institutos tecnológicos de muy buen nivel no solo tendrán un impacto directo en los alumnos que atenderán, sino también permitirán un acercamiento a ciertas carreras que no se están constituyendo.
En tal sentido, su gobernanza es una garantía de calidad en esa materia.
Por último, quiero señalar que dichos institutos nacen autónomos, no son dependientes de una universidad.
Se le pide a la universidad hacer algo que hoy día no tenemos. Se trata de una formación intermedia, uno de cuyos elementos es la educación técnica profesional secundaria. Por eso en el articulado se señala el vínculo que habrá con los liceos técnicos profesionales, y también, con la posibilidad de que los estudios pertinentes se reconozcan en un nivel superior, que es la trayectoria prevista en los países más desarrollados en el ámbito de la formación técnica: los alumnos estudian en la secundaria; muchas veces salen al mundo del trabajo; van a un centro de formación técnica superior, como los que estamos diseñando, y después pueden ingresar a la universidad.
La factibilidad de hacer tal trayectoria es un aspecto muy importante de esta iniciativa.
Debo aclarar, pues, que la vinculación con una universidad estatal tiene que ver con la provisión mixta, no con otra cosa. Y donde hay más de una universidad, será con la que exhiba calidad y buenos antecedentes de formación técnica, elementos que revisten gran importancia.
Señor Presidente, tal como señaló la Senadora señora Von Baer, después de que se conversó y de que formuló sus planteamientos don Óscar Landerrechte, quien levantó diversos puntos, trabajamos la materia con las Comisiones e incorporamos gran parte de las sugerencias que él hizo. Por ejemplo, que los institutos tecnológicos no sean un CFT más y, por el contrario, junto con el OTEC y mediante un tercer aspecto que nos parece muy relevante, cual es la difusión tecnológica dentro del territorio en que están insertos, les permitan a alumnos que no son de liceos técnico-profesionales sino de liceos científico-humanistas con vocación o interés por la tecnología encontrar en los establecimientos respectivos cursos, seminarios, talleres que el día de mañana les posibiliten optar por carreras técnicas que el país necesita.
Gracias, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señores Senadores, existen diez peticiones de votación separada.
Para la primera votación hay numerosos inscritos.
En consecuencia, le haré a la Sala una proposición.
La Honorable señora Von Baer sugiere eliminar, en el inciso primero del artículo 5°, la expresión "del Estado".
Los partidarios de la supresión deben votar que sí, y quienes están en contra de ella, que no.
Sobre la base de que hay varias votaciones y muchos inscritos tan solo para la primera, propongo abrir la votación, pues, como varios Senadores se hallan en Comisiones, corremos el riesgo de que en el ir y venir perdamos el quórum necesario para adoptar acuerdos.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Este es un proyecto importante, señor Presidente, y si se abre la votación la señora Ministra perderá la posibilidad de intervenir.
Al caer en el vértigo de abrir la votación, cada vez que la señora Ministra quiera hablar, como no podrá hacerlo mientras se esté votando, habrá que excepcionar.
Entonces, prefiero generar el debate respectivo y abrir la votación cuando corresponda, para no generar un problema a quienes están en sesiones paralelas, que entiendo es la legítima inquietud de Su Señoría.
Yo no soy partidario de abrir la votación. Este es un uno de los proyectos más importantes que hemos evaluado en el último tiempo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se requiere unanimidad para abrir la votación.
Simplemente, he hecho presente el punto.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, Presidente de la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que no corresponde repetir aquí la discusión general de la iniciativa, sino entrar al articulado. Porque la Senadora Von Baer hizo una relación de casi todo el contenido del proyecto para justificar su proposición, legítima, de eliminar la expresión "del Estado".
Personalmente, creo no tiene ningún sentido eliminar esas palabras, porque los quince CFT o institutos tecnológicos son estatales: no hay para qué esconderlo. No son particulares: son del Estado, y participarán en la educación técnico-profesional solos o en forma mixta gracias a la provisión realizada por institutos técnicos privados.
¿Cuál es la razón para no temerle a la palabra "Estado"? La creación de centros de formación técnica en los lugares donde no se provea este tipo de enseñanza. Porque muchas veces el privado no está presente en la prestación de esta clase de servicio educacional.
Ahora, uno podrá discutir si el proyecto es bueno o no.
Yo considero adecuado que existan centros de formación técnica en zonas donde no haya prestación por parte de privados. Es una manera de llenar un vacío que afecta a un segmento de estudiantes que no tienen acceso al servicio educacional en comento.
Ahora, la iniciativa en sí misma tiene otro aspecto destacable (lo planteó la Senadora Von Baer y lo aclaró la Ministra): el hecho positivo de que los institutos tecnológicos no dependan de un establecimiento de enseñanza superior, sino que ejerzan una especie de tutoría universidades que normalmente son de buen nivel. Por ejemplo, en el caso de la Séptima Región respaldará la creación del CFT la Universidad de Talca, que es de gran categoría. Y eso me parece bien.
Ahora, en cuanto a las Universidades Austral, Santa María, de Concepción, seamos claros: más que nada se habla de universidades tradicionales; de universidades que tienen una trayectoria de muchos años, que han logrado un enorme prestigio y que son de orden público. Esos establecimientos prestan un gran servicio público en la educación superior. No son universidades privadas como las que se crearon en los años 80. Y a estas últimas no quiero descalificarlas: hay que determinar por su propio mérito si son buenas o malas.
Yo considero adecuado que haya universidades tradicionales, o no tradicionales, o lo que sea, que estén detrás respaldando la experiencia de crear institutos tecnológicos.
Me parece muy bien, además, que se haya cambiado el nombre, no por este mero hecho, sino para darles una distinción a dichos establecimientos.
Es deseable que los quince institutos tecnológicos se ubiquen en las regiones en función de la demanda de prestación de servicios técnico-profesionales sobre la base de la producción existente en cada una de ellas. Eso es muy importante. Y ojalá tengamos éxito.
Valoro asimismo -a pesar de que ello fue muy criticado- el hecho de que los centros tecnológicos se establezcan en forma progresiva, en el espacio de casi siete años. Serán cinco en la primera fase, para terminar con cinco en la última.
¡Ojalá todos pudieran ponerse en ejecución durante el período próximo!
A propósito de ese punto, señor Presidente, aprovecho la oportunidad para referirme al informe financiero, del que no se dio cuenta.
El gasto total para poner en funcionamiento los institutos tecnológicos asciende a 114 mil millones de pesos en un período de casi siete años.
Se parte el primer año con un gasto de 2 mil 812 millones. Pero el mayor gasto corresponde a infraestructura y equipamiento, que es lo primero que hay que hacer para instalar los institutos en cada región.
Estimo que, por esa razón -y vuelvo al punto inicial; quizá me he alargado más de lo necesario-, la palabra "Estado" no debe molestar. Ella corresponde al sentido real de lo que estamos creando mediante un sistema educacional de provisión mixta, en que además conviene que el Estado se comprometa.
El hecho de que un instituto sea del Estado no es sinónimo de mala calidad.
Es cierto, como señalaba la Senadora Von Baer, que un instituto dependiente de una universidad estatal tuvo que cerrar por su mala calidad. Pero también podríamos hablar de muchos institutos privados que han debido concluir sus actividades por no haber respondido a las exigencias que pesaban sobre ellos. O sea, no por eso vamos a poner bajo sospecha a todos los institutos, sean privados o estatales.
Por las razones expuestas, rechazamos la indicación de la Senadora Von Baer.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúa la sesión.
Prosigue la discusión particular del proyecto de ley que crea centros de formación técnica.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en buena hora, ya estamos abordando la fase final de la discusión.
La iniciativa en debate dice relación, a mi juicio, con la esencia de la reforma educacional, que busca generar mayores condiciones de igualdad o enfrentar decididamente la desigualdad, pero, al mismo tiempo, haciendo de la educación un derecho social. Y eso, en definitiva, es lo que se halla en juego en este proyecto en particular. Creo que textos como el que nos ocupa determinan el carácter del cambio profundo que estamos llevando adelante en educación.
Algunos probablemente le temerán a la palabra "Estado". Sin embargo, lo que sucede es que vamos a poder llenar por fin, después de muchos años, un espacio donde este no se encuentra presente. Hacemos mucha referencia a la "provisión mixta" en educación, pero, cuando llega el momento de tomar decisiones al respecto, oponemos mil excusas distintas. Aquí se define la posibilidad de que el Estado efectivamente se manifieste en la continuidad del proceso formativo.
¿Por qué ello es importante especialmente en este caso, señor Presidente? Lo sabe muy bien la Ministra señora Delpiano, como también el señor Eyzaguirre, ex titular de la Cartera -con quien comenzó la iniciativa-, y sus equipos en el Ministerio. Porque estamos enfrentando la situación de los estudiantes más pobres de Chile, que son los de centros de formación técnica. Más del cincuenta por ciento de los jóvenes que se matriculan, año a año, en la educación superior lo hacen en esos establecimientos, muchos de los cuales son de muy mala calidad, sin regulación alguna, con fines de lucro y sin acreditación, y, por supuesto, también en institutos profesionales. Desde luego, algunos establecimientos son de buena calidad, sin lugar a dudas. Nadie puede discutir el rol del DUOC o de INACAP. Sin embargo, estos no se encuentran a lo largo del país.
Diría que la propuesta actual más bien consiste en determinar una oferta académica en todo Chile. Eso precisamente obedece a su sentido social. De los matriculados en los centros de formación técnica, el setenta por ciento del total corresponde a los primeros quintiles más pobres. Por lo tanto, creo que llegó la hora de hacerles justicia.
Sin embargo, hay algo que no quiero dejar pasar. Más allá de la unanimidad a que el asunto dio lugar, en gran medida, en las Comisiones unidas, hasta el día de hoy no logro entender el planteamiento de algunos miembros de la Comisión de Hacienda en orden a una nueva gradualidad. Lo curioso es que lo expuso gente de la Nueva Mayoría.
Cuando se trata de que el Estado se haga cargo, de que se haga responsable y de que se sitúe donde tiene que estar: gradualidad. El problema es que en otros aspectos no la hay. Si se requiere comprar servicio a clínicas privadas, eso es instantáneo. Pero si se considera el establecimiento de derechos sociales y garantizarlos: gradualidad.
El proyecto originalmente contemplaba cuatro años, y, con la propuesta de Hacienda, que mayoritariamente se aprobó, terminó en ocho, en definitiva. Entonces, es preciso ser sumamente claro con las regiones. Se les faltó el respeto.
El papa Juan Pablo II nos expresaba el 3 de abril de 1987, en la CEPAL: "Los pobres no pueden esperar". Así es. Aquí están los pobres. Sin embargo, en adelante se les diría: "¿Saben? No solo tienen que esperar cuatro años:" -era el texto que venía de la Cámara y que se aprobaba en la Comisión de Educación del Senado- "ahora son ocho".
La cuestión radica, señor Presidente, en que las regiones tampoco pueden esperar. Y reitero que se les ha faltado el respeto, ya que ni siquiera se tomó tiempo para mirar lo que están haciendo no solo los intendentes, el Gobierno o el Ministerio de Educación. Porque a algunos seguramente les generará desconfianza lo que haga esa Secretaría de Estado. Y no me refiero necesariamente a la Derecha, sino que es algo que probablemente también se da en las filas nuestras. En las regiones están la Confederación de la Producción y del Comercio, la CUT, las universidades. No se trata de una decisión discrecional. Existen miles de controles para evitar cualquier chambonada o apresuramiento innecesario.
Como lo ha dicho la señora Ministra, en Chile se requieren 600 mil jóvenes formados como técnicos en el nivel superior. O sea, si uno lo quiere ver por otro lado, el objetivo que se persigue no solo es proigualdad, sino también procrecimiento. Esta es la más fehaciente muestra de que la educación incide en la productividad.
Sin embargo, como el Estado tiene que hacerse cargo -insisto: con muchos controles-, encontramos una serie de obstáculos, de pretextos.
Las universidades estatales van a cumplir un rol fundamental. En el caso de La Araucanía, será la Universidad de la Frontera, una de las mejores en el sur. Y así.
Algunos han afirmado hoy, en efecto: "No son buenos establecimientos". Mas estamos aludiendo a los mejores planteles de enseñanza superior en el país, que transitoriamente ejercerán un rol de tutoría. ¿Hasta cuándo? Hasta que los centros de formación técnica...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Cuenta con un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Termino, señor Presidente.
Decía que hasta que los centros de formación técnica, ahora institutos tecnológicos, efectivamente logren una plena acreditación.
Aquí no está en juego la autonomía. Nunca lo ha estado. Dichos planteles van a tenerla.
El Estado no está presente en la actualidad. Tiene que hacerse cargo de los cientos de miles de jóvenes que carecen de la oportunidad de seguir estudios después de cuarto medio.
Podríamos llevar a cabo una discusión mucho más de fondo acerca de lo que significa el acceso a la educación superior vía prueba de selección universitaria, en fin; pero, para ellos, las carreras cortas son la gran oportunidad de sus vidas.
Además, en el proyecto se establece claramente lo referido a la trayectoria educativa, es decir, a la posibilidad de empalmar los centros de formación técnica con la experiencia previa que se puede haber adquirido en los liceos técnico profesionales, a los que asisten los estudiantes más pobres de Chile, y también con las universidades, donde estos jóvenes van a poder seguir estudiando.
Termino pidiendo votación separada para el inciso final del artículo 2° transitorio, donde se halla lo atinente a la gradualidad.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, quisiera partir aclarando que nosotros no estamos en contra -de hecho, votamos a favor- de la creación de los centros de formación técnica estatales. Lo que estamos diciendo es que la dependencia inicial, mencionada por el Senador señor Quintana, pudiera ser también de universidades no estatales. Porque en el país existen algunas de ellas -el Honorable señor Zaldívar ya se hizo cargo al respecto- que, como la de Concepción, no van a poder ser tutoras, producto de la redacción del artículo. Entonces, de verdad a mí me gustaría, para que les vaya bien a los centros, que las mejores universidades pudieran desempeñar ese papel.
Creo que el criterio es bastante arbitrario, porque considero deseable la participación de aquellas que ostenten la mejor calidad educativa; la de aquellas que a lo mejor se encuentren más vinculadas con las materias que dictará el centro; la de aquellas, en fin, que pudieran entregar más y mejores herramientas para que la educación finalmente fuese de la mejor calidad posible.
Entonces, quisiera acotar la discusión. Nosotros no estamos discutiendo la calidad estatal de los centros de formación técnica. Lo que pedimos es que las universidades que ejerzan una tutoría no sean solo las estatales, ya que en regiones existen otras que no revisten ese carácter, pero cuentan con un tremendo prestigio y arraigo en la comunidad, y efectúan un tremendo aporte, por lo que me parece altamente discriminatorio que queden fuera.
Como dije, los centros no podrían mantener una dependencia de dicha índole con la Universidad de Concepción.
La solicitud de la Senadora señora Von Baer en el sentido de votar separadamente las palabras "del Estado" que siguen al vocablo "universidad" -no se trata más que de eso- es un aporte a la iniciativa. Ojalá ello se vea en esa forma y se apruebe en estas condiciones, de manera que también puedan participar las universidades no estatales, pero situadas en regiones, que generan aportes y son tradicionales, y que podrían de verdad ayudar a que al proyecto le vaya bien.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, he aprobado la iniciativa, porque, a través de la creación de un instituto tecnológico estatal en cada Región, nos hacemos cargo, en parte, de algunos de los principales desafíos que enfrenta el desarrollo de nuestro país.
El primero de ellos es asegurar una educación gratuita y de calidad para todos nuestros jóvenes, especialmente para los de menores recursos que aspiran a una rápida integración al mundo del trabajo o la necesitan.
Con el proyecto habrá una oferta real en educación técnica superior para miles de jóvenes que, por razones geográficas o económicas, no tienen hoy acceso a ella, deben conformarse con la limitada oferta existente, suspenden sus estudios o simplemente no cuentan con recursos para financiarlos. Los institutos tecnológicos, lo mismo que las universidades regionales, han de constituirse en una poderosa herramienta para contribuir a este fin.
Y un desafío adicional, vinculado con nuestro crecimiento económico, se refiere a la necesidad de aumentar la productividad, que supone trabajadores técnicamente mejor calificados que innoven y dinamicen las actividades de producción de bienes y servicios propios de cada Región.
Es decir, con la normativa en examen estamos avanzando en materia de equidad social y territorial, y también haciendo un aporte al crecimiento de las regiones y del país, porque no abrigo la menor duda de que universidades e institutos tecnológicos en cada una de ellas van a ser parte de su desarrollo y crecimiento.
Los institutos tecnológicos se constituirán en una expresión concreta de la alianza público-privada de la que tanto se habla, pero que algunos reducen a beneficios tributarios.
Todos sabemos que el crecimiento económico se sustenta fundamentalmente en la iniciativa privada, y uno de los roles del Estado es justamente contribuir a que exista capital humano en la cantidad, calidad y diversidad que el país requiere.
Estos mismos objetivos fueron los que llevaron al Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1966, a fundar, a través de la CORFO, el Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP), que se convirtió en el órgano estatal que permitió acceder a capacitación y educación técnica, durante décadas, a miles de jóvenes y trabajadores.
Vale la pena destacar que ese Gobierno, al igual que el de la Presidenta Bachelet, también estaba embarcado en una ambiciosa, pero impostergable reforma que significó un gigantesco impulso a la educación en todos sus niveles, incorporando a millones de niños y jóvenes a las aulas, muchas veces por primera vez.
Lamentablemente, manos privadas se apoderaron de INACAP en la última etapa del Gobierno militar, sin pago alguno ni posibilidad de debate o de impugnación por parte de los afectados o de la ciudadanía.
Ahora, con una discusión pública y democrática, el Estado está retomando su rol en la provisión de educación técnica.
Al contrario del nivel escolar, en que todos los males se achacan a la educación pública, en la enseñanza técnica superior la oferta es casi exclusivamente privada y sus resultados, desde el punto de vista de cobertura, costos y pertinencia, no son satisfactorios, por lo que el rechazo a la participación estatal solo podría fundarse en motivos ideológicos.
Concluyo reiterando mi convicción de que los nuevos quince institutos tecnológicos están llamados a marcar las oportunidades de vida de miles de jóvenes de nuestro país y a constituirse en una poderosa palanca para el desarrollo de cada uno de nuestros territorios.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra de la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, intervengo también para reforzar por qué se establece que los centros de formación técnica -ahora institutos tecnológicos- se vincularán con una universidad del Estado.
Y ello, además, desde la experiencia de la Región, que estimo muy gráfica, porque no se trata solo de quince establecimientos, de la construcción de un centro, sino también de que la apuesta detrás del proyecto -de la ley que esperamos aprobar- es más bien la creación de un nuevo sistema de formación. Por eso, es algo que tiene un sentido. No es neutro. Ese es un rol que justamente le cabe al Estado a través de la universidad que tenga en cada una de las regiones.
Se busca garantizar que el sistema de formación incluya la participación de los distintos actores. Ya se ha señalado aquí: más que una determinación por carreras técnicas y cupos, por demanda o por el interés en los estudiantes, como sucede hoy día en varios centros de formación técnica, se tiende a la vinculación con las cuestiones regionales.
Puedo poner un ejemplo: Magallanes. Además, deseo destacar el rol cumplido por su Universidad, muy proactiva en la concreción de un diseño, pero asimismo el trabajo conjunto de los distintos actores para ver cuáles son las prioridades regionales. No han intervenido solo representantes del sector empresarial, de los distintos sectores productivos, sino también estudiantes y autoridades locales y regionales.
Para Magallanes se han definido, como áreas prioritarias de desarrollo, la industria acuícola; el sector marítimo portuario; la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables; la salud y, sobre todo, los aspectos asociados al adulto mayor, en la medida en que es una de las regiones con mayor porcentaje de ellos en el país; turismo sustentable; conservación biocultural; gastronomía regional; construcción y, en especial, lo asociado a eficiencia energética.
Entonces, cabe preguntarse cómo garantizamos que las carreras que se impartan, en sus distintos niveles, efectivamente respondan a las definiciones regionales.
No solo está lo que viene a propósito de la formación que se entregue, sino también -es algo ya señalado en el debate- cómo la oferta llega a territorios donde un privado claramente no va a invertir.
Al respecto, creo que la Región de Magallanes demuestra la pertinencia de este proyecto.
¿Qué hemos hecho? En conjunto con la Universidad de Magallanes, se ha efectuado un diseño donde se contempla no solo el centro de formación técnica, el instituto, ubicado físicamente en Punta Arenas, sino también su presencia en las provincias. Me refiero a Puerto Natales, a Porvenir e incluso a Puerto Williams, donde sería impensado que un privado invirtiera, por la cantidad de estudiantes que hay allí.
Entonces, ahí se requiere el motor y la decisión del Estado. Y es más: en el caso de Puerto Williams hay un proyecto muy virtuoso que incorpora, dentro de las prioridades del plan de zonas extremas, la construcción de un centro de visitantes -el Centro Subantártico Cabo de Hornos, cuya maqueta expusimos hace algunos días en el encuentro Nuestros Océanos, realizado en el Parlamento-, el cual contempla el centro de formación técnica (el Centro Subantártico), pero también el desarrollo de investigación científica de primer nivel, fuera de un centro de visitantes en una zona con atractivos turísticos innegables, como el turismo de intereses especiales y el turismo científico.
Ese es el sentido que tiene esta iniciativa, el por qué se incorpora la vinculación con universidades del Estado y, en concreto, la necesidad de avanzar con celeridad para que el buen trabajo que ha realizado la Universidad de Magallanes tenga existencia legal y se pueda adelantar más la elaboración en detalle de los diseños y la ejecución del proyecto, puesto que el compromiso es que este se halle efectivamente en funcionamiento el año 2017.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, estamos en el artículo 5° y algunos Senadores, con todo su derecho, han explicado su posición en función de que esta no es una discusión general, sino un debate específico acerca del rol del Estado dentro de la tuición -digámoslo de esta manera- respecto de los institutos.
Deseo dejar claro que a mí por lo menos la visión global de este proyecto me parece profundamente equivocada. Y lo dije en la votación general. Yo no estoy entre los que lo aprobaron -quiero insistir en ello- porque creo que los actuales 67 centros de formación técnica constituyen un gran capital para Chile.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Son 117!
El señor COLOMA.- Me refiero a los 67 que yo vi aquí.
Atendido que el Gobierno disponía de 16 mil millones de pesos, como monto inicial para llevar a cabo estos establecimientos y para lograr que se impartieran, eventualmente, ciertas carreras que podrían no estar dándose, algunas de carácter tecnológico, lo racional, conforme a mi visión, era utilizar esos recursos, que representan una cantidad muy importante, para fortalecer los actuales centros de formación técnica e incorporar en ellos, a un costo infinitamente menor y con un beneficio mucho más directo, aquellos ámbitos que se quiere incentivar en mejor forma.
Entonces, aquí hay una orientación que, a mi juicio, pugna contra un buen aprovechamiento de los recursos y con el hecho de darles mayor fuerza a los CFT, los que, para mí, representan un activo para Chile. Alguien podrá estar en desacuerdo, pero, en mi opinión, son un activo nacional. Conozco numerosas personas que han entregado un aporte notable al país a partir de este tipo de entidades.
Planteado así el asunto -y reiterando, una vez más, que yo no voté a favor de este proyecto-, creo que el artículo 5° en análisis genera, adicionalmente, problemas ideológicos que ya corresponden a una segunda categoría. El primero está claro: aquí se está llevando a cabo una estatización de la educación -digámoslo con todas sus letras-, que no tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido.
Pero aquí aquello empeora: se les da un rol solo a las universidades del Estado, para que de alguna manera tengan una tuición o una especie de jefatura respecto de los centros o institutos tecnológicos que se desea crear.
Yo no veo ninguna razón conceptual para que tenga que ser una universidad del Estado la que ampare o se vincule con un instituto tecnológico. Hay muchas universidades que no son del Estado -aquí se ha mencionado la Universidad de Concepción por algunos; yo agrego la Universidad Católica del Maule para otros efectos- que se encuentran en perfectas condiciones para vincularse, hacer una tutoría o como se quiera llamar a esta actividad respecto de institutos tecnológicos que puedan surgir en el país.
A mi juicio, por lo tanto, se comete un doble error. Se hace una distinción que no tiene que ver con la calidad del instituto tecnológico ni tampoco con las cosas que este vaya o no vaya a realizar, sino con una defensa del estatismo versus el emprendimiento que no sea del Estado, individual o particular, aunque cumpla un rol público del que, a estas alturas, creo que nadie duda. Hay muchas universidades que no revisten carácter estatal pero que actúan con una lógica pública.
Pienso que el proyecto está mal ideado. Esta es una chorrera de miles de millones que pudieron haberse invertido de bastante mejor manera en otras cosas. Y si, como ha dicho la señora Ministra, a quien mucho respeto y aprecio, no se estaban ofreciendo algunas carreras, estas se podrían haber impartido, con gran calidad, con el uno por ciento del valor que se está gastando ahora.
¿Cómo podría yo estar a favor de eso?
A veces se dice que es necesario apretarse el cinturón en materia económica y usar los recursos de manera razonable. Pues bien, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la ideología le gana a hacer las cosas en forma correcta y a destinar con preocupación los recursos del Estado tras el cumplimiento de buenos objetivos.
Por eso, señor Presidente, reitero el mal diseño de los CFT que plantea el proyecto, que no aprobé en su momento. Y varios de sus artículos no hacen sino agravar la falta.
Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué una universidad de calidad -de las que hay muchas- no va a poder vincularse con un instituto tecnológico? ¿Por qué debe tener la lógica del Estado? Por una ideología estatista que yo, al menos, me niego a aceptar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor MONTES.- Está bien. ¡Ya habló el Senador Coloma, así que podemos hacerlo...!
El señor COLOMA.- ¡No, porque el Senador Montes está ironizando...!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No hay acuerdo, entonces.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, por razones bastante comprensibles, el debate sobre una indicación ha derivado en un debate general sobre el proyecto de ley.
Respecto de la primera, solamente quiero decir que a mí me parece bien que en la educación chilena exista, a todo nivel, un sistema de provisión mixta, público y privado.
Y si bien en la educación escolar, básica y media, existe una provisión pública de 37 por ciento, y en el ámbito universitario o de educación superior, una provisión pública de 18 por ciento, en el área de los centros de formación técnica no hay oferta pública o estatal. Por lo tanto, me parece lógico crear 15 centros de formación técnica, con las características que la iniciativa señala, vinculados a una universidad del Estado en materia "docente y curricular", tal como especifica el inciso quinto de la disposición en estudio.
Efectivamente, es bien difícil explicar que universidades como la de Concepción, la Austral o la Federico Santa María no vayan a poder participar en esa relación. El texto está lleno de contradicciones. Sin embargo, a mí me parece lógico fortalecer una oferta pública, una oferta del Estado en materia de centros de formación técnica que hoy no existe.
Ahora bien, justificándose plenamente el proyecto, más allá de lo que diga el programa, que por supuesto también es un argumento, junto con la creación de dos universidades, ¿cuáles son los reparos que se plantearon en Comisiones?
Yo diría que básicamente son tres.
Primero, Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, afirmó que no hay evidencia de déficit de cobertura o de oferta. De hecho, la educación técnica superior ha crecido fuertemente -¡en hora buena!-: desde hace tres años, hay más matrículas en la educación no universitaria o técnica que en la universitaria.
Y don Ignacio Irarrázaval entregó algunos datos. En la actualidad, hay 147.984 alumnos en centros de formación técnica, representando el 12 por ciento de la matrícula total. El 87,39 por ciento de los CFT están acreditados. Existen 117 centros de formación técnica en el país, de un total de 398 instituciones de educación superior. Y lo más importante: en este ámbito hay un 74 por ciento de cobertura en relación con las vacantes.
Me estoy refiriendo al informe entregado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile.
Por lo tanto, ahí hay un primer punto. El problema no es tanto la falta de cobertura o de oferta; hay otros. No necesariamente es ese, en el que se ha ido avanzando mucho. Ni hablar si sumamos los institutos profesionales.
Pero ahí están las cifras. Yo no quiero cansarlos con ellas.
Segundo reparo o cuestionamiento que se hizo: aquí se está otorgando autonomía por ley a un centro de formación técnica, el que, por tanto, no pasará por el proceso de licenciamiento a que se halla sometido cualquier otro centro de formación técnica o instituto profesional que aspire a ser tal.
Se otorga autonomía por ley y no se pasa por el proceso de licenciamiento. Habrá, más bien, una tutela o una supervisión vinculada a una universidad, tal como se ha visto.
Se observa también ahí, por consiguiente, un punto planteado en forma de dudas o interrogantes surgidas durante la discusión.
Y tercero, lejos lo más importante: hasta qué punto la estructura administrativa que estamos creando desde el punto de vista burocrático va a responder a las necesidades productivas de la localidad o región de que se trate.
Los colegas de la Comisión de Hacienda recibieron el testimonio de Óscar Landerretche, que fue lapidario -esa es la verdad- en esta materia. Después se hicieron cambios para incorporar algunos aspectos, pero ahí fue muy enfático. O somos capaces de integrar estos centros de formación técnica, más que atarlos a tal o cual universidad, de tal o cual tipo, y de vincularlos con el sector productivo, de modo que las carreras surjan de necesidades reales, locales y regionales, o esto no va a tener éxito. Hay países como Austria en que el currículum de los institutos los fija el sector privado, el sector empresarial. No vaya a ser cosa que estemos creando un aparato burocrático y político-administrativo que, en definitiva, no logre vincularse efectivamente con las realidades y las necesidades productivas que existen a nivel local.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Un minuto, señor Senador.
El señor WALKER (don Ignacio).- Concluyo, señor Presidente.
Y, por último, efectivamente el financiamiento cuesta 114 mil millones de pesos, unos 160 millones de dólares, ya no en 4 años, sino, ahora, en 8.
La gradualidad siempre es un buen principio de política pública. Discrepo en ese sentido del Senador Quintana. No estamos postergando un derecho social. La gradualidad -lo hemos visto en las políticas públicas- es una garantía de buen éxito.
Esos fueron los tres o cuatro reparos principales, pero, sumando y restando, por lo menos yo creo y tengo la convicción de que, dado que no existe una oferta pública a nivel de centros de formación técnica, se justifica que la haya para asegurar una provisión mixta de educación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, efectivamente, aquí no solo se ha producido una discusión sobre el tema específico que se está analizando sino también una discusión de orden general.
A mi juicio, la posibilidad de que haya centros de formación técnica del Estado no es, en sí misma, una mala idea. Si bien existe una oferta, esta oferta no está debidamente ordenada en el plano territorial. No se da el mismo acceso en todas las regiones, en todas las provincias, en todos los sectores que las integran. Y, además, donde la hay no siempre se garantiza calidad.
En ese sentido, la posibilidad de que el Estado cree algún centro de formación técnica me parece razonable.
Ahora, el que nos obliguemos a crear 15 y que nos obliguemos a crear uno por región puede no ser lo más adecuado. Pienso que ahí hay un punto de vista que no está justificado. La gradualidad ayudará a determinar dónde deberían estar. No necesariamente tenemos que pensar que los 15 debieran estar en regiones distintas, porque las realidades son diferentes y solo habría que crear uno en cada región si ello de verdad se justificara. A lo mejor se necesita instalar dos o tres en alguna que lo requiera con mayor urgencia.
Después, me parece complejo el nombre que se les ha puesto. No participé, desgraciadamente, en ese minuto en la discusión. Pero hablar de "instituto tecnológico del Estado" genera un problema adicional.
La estructura de la educación superior, con el propósito de su ordenamiento, se halla dividida en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
La pregunta es si ahora estamos creando una cuarta categoría, y si los centros de formación no creados por ley van a ser llamados también "institutos tecnológicos".
Aunque no he participado en la discusión, pienso que este es un tema que habría que revisar, pues no podemos tener complejidades ni desórdenes en esta materia.
Ahora, por razones de tiempo, entraré de lleno en el análisis del artículo 5°.
Como algunos ya han señalado, es evidente que carece de justificación que, para los efectos de fortalecer el trabajo de estas nuevas instituciones de educación superior, la vinculación que estas deban tener con una universidad necesariamente haga que esta sea una universidad del Estado. No hay -repito- ninguna justificación para ello. Lo que importa es asegurar que el proceso de consolidación de los nuevos institutos sea bien hecho y bien guiado por una universidad de calidad.
Puede darse el caso de que la universidad estatal de la región no sea la más adecuada. En el Maule, tengo la mejor impresión de la Universidad de Talca. Probablemente, sea la mejor de las universidades regionales del Estado. Y, si se creara un instituto nuevo en nuestra zona -todo parece indicar que se ubicaría en Linares, lo cual sería una muy buena idea-, estimaría positivo que dependiera de la Universidad de Talca, porque es una buena universidad. Sin embargo, considero que esa es una decisión que debe adoptar el nuevo instituto.
Si se creara otro instituto en la Región de Valparaíso, por la naturaleza de las carreras que impartiría, su vinculación lógica debería ser con la Universidad Federico Santa María. Pero no. Por una decisión que tiene un prejuicio ideológico, dicha vinculación es entregada a una universidad del Estado. Solo muy excepcionalmente se podría vincular con alguna de las universidades del Consejo de Rectores.
Eso, señor Presidente, no lo considero correcto. Me parece un error conceptual, sobre todo porque no se está pensando en la calidad de la educación que se quiere impartir en los nuevos institutos.
Ahora, si se va a pensar en la calidad de la institución, dejemos abierta la posibilidad a las universidades que la puedan garantizar, que no necesariamente son las estatales. Al contrario, conozco muchas universidades estatales de muy mala calidad que probablemente ni siquiera deberían estar acreditadas o que deberían estarlo solo por períodos bastante breves, porque no garantizan la entrega de buena educación. Sin embargo, por prejuicios ideológicos, a estas se les da un título que otras buenas universidades, como todas las del ámbito privado del CRUCh que ya se han mencionado, no tendrán.
Por eso, señor Presidente, creo que estamos frente a una norma completamente errónea que deberíamos revisar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor MONTES.- ¡Ya nos pusimos de acuerdo con el Senador Coloma...!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
En votación entonces.
--(Durante la votación).
El señor COLOMA.- ¿Cómo votamos quienes estamos en contra del artículo, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Los que estén en contra de la frase "del Estado" deben votar a favor de la indicación formulada por la Senadora Von Baer.
El señor COLOMA.- Es votación separada.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene toda la razón.
Entonces, señor Secretario, entiendo que quienes voten a favor lo harán para eliminar la frase "del Estado", y quienes voten en contra lo harán para mantener la redacción aprobada por las Comisiones.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Efectivamente, señor Presidente.
El señor MONTES.- Hay que votar en contra, entonces. Pero hay que llamar a los Senadores que están trabajando en Comisiones.
El señor COLOMA.- ¡Los que vamos a votar en contra somos nosotros!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a llamar a los Senadores que están en Comisiones.
Entonces, los que estén a favor de la postura de la Senadora Von Baer, para eliminar la frase "del Estado", deben votar que sí.
El señor DE URRESTI.- ¡A favor de la eliminación!
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Exactamente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- O sea, a favor de la eliminación de la frase "del Estado".
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, esto se transformó en un debate en general.
Yo quiero decir telegráficamente algunas cosas.
En primer lugar, me parece que los CFT estatales, esta red de institutos tecnológicos, son importantes en dos sentidos: por un lado, en hacerse cargo del subdesarrollo de la educación pública en esta área y, por otro, en realizar una contribución importante a la reactivación económica y a la industrialización, a la nueva etapa de crecimiento del país a la que inevitablemente tenemos que entrar después del período de desarrollo de China y de todo lo que significó.
Creo que hoy tenemos oferta en el sector privado, sin lugar a dudas. Pero algo ocurre entre la oferta y la demanda, porque hay un déficit de técnicos. Aquí se ha mencionado que se requieren 600 mil técnicos. Yo tengo dudas acerca de esta cifra, pero es cierto que existe un déficit.
El sector privado se ha desarrollado con grandes franquicias, subsidios y aportes del Estado, ¡grandes! Por ahí el Rector de la Universidad de Chile, en un estudio que realizó este plantel, señaló que ha habido 15 mil millones de dólares en distintos tipos de subsidios. Esa es la estimación. Y nosotros decimos que, dado todo el desarrollo y todo el estímulo que ha tenido el sector privado de la educación superior, es importante también preocuparnos de qué ocurre con el sector público, particularmente en lo técnico, porque hay mucho retraso.
Sé que hay una discusión que no hemos hecho acá, relativa al modelo de educación superior. Personalmente, creo que el modelo brasileño puede inspirarnos y motivarnos bastante. Este tiene tres grandes sectores: uno estatal público; uno no estatal público, y otro privado que percibe lucro y todo lo demás.
Creo que hay que pensar en el futuro modelo, que entiendo que tiene bastante que ver con la ley que se va a discutir el próximo año. Pero todo supone que exista un sector estatal público que recupere su vocación de ser conciencia crítica de la nación, de anticiparse a los problemas.
¿Cómo puede ser, me pregunto, que no haya establecimientos estatales formando técnicos en energía solar? ¿Cómo puede ser que hoy tengamos técnicos búlgaros construyendo centrales de energía solar? Aquí mi asesor me habla de los paneles, pero existen distintas modalidades de desarrollo de la energía solar. O sea, hay algo que tiene que ver con anticiparse, que a lo mejor en el corto plazo no deja rentabilidad, sin embargo, se relaciona con una visión a futuro de Estado, de sociedad en su conjunto.
Yo quiero decirle al Senador Coloma que pensamos que el Estado se halla subdesarrollado en esta área y en otra. Eso no significa ser estatista; significa buscar un equilibrio distinto. Porque yo podría decir que a usted solo le preocupa el mercado. Y por ahí alguien en broma dijo: "Que desaparezca completamente el Estado", que sería la proposición de la Senadora Von Baer. Yo creo que no da para tanto, pues sin Estado no podríamos vivir en sociedad. Es decir, sin la capacidad de regular la vida en conjunto no podríamos hacerlo. El puro mercado no lo permite.
Sé que en varias intervenciones esta discusión se centra mucho más en cómo se construye esto, que corresponde a otro debate. Y creo que es muy importante que se halle muy vinculado a la dinámica económica local, a buscar las necesidades de punta en un desarrollo industrial mirando hacia el futuro. No puede ser que se reproduzcan carreras que ya tenemos y que están con el nivel de problemas que sabemos.
Y, en segundo lugar, esto tiene que encontrarse muy vinculado con la red estatal de educación superior y potenciarse con ello. Para eso es fundamental cambiar incluso los criterios de acreditación, de evaluación, porque aquellas universidades que tengan mejores convenios con estos institutos tecnológicos debieran ser acreditadas, tendrían que dárseles puntajes de acreditación. Deberíamos cambiar los criterios actuales referidos a que cada universidad, a que cada institución estén por su cuenta.
Si la Universidad de Chile tiene un buen convenio con la Universidad de Atacama en torno al agua -entiendo que respecto a eso se viene trabajando y hay una propuesta-, ello debería darles reconocimiento a ambas universidades por ser capaces de asociarse, de aliarse.
Es muy importante que reconozcamos que el Estado tiene que estar en la educación con una oferta dentro de un modelo mixto y, en el caso de la educación técnica, no estando el Estado, se trata de poner esto con inteligencia. No puede ser de golpe, tiene que haber gradualidad, tiene que ir acumulándose la capacidad de hacerlo. Y, a mi juicio, eso se expresa básicamente en el proyecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han dicho que aquí tiene que estar presente el Estado.
Yo creo que tiene que haber educación de calidad, y el problema con estos centros de formación técnica es que no aseguran que la educación que entregan sea de calidad. Porque no por ser del Estado son de calidad, ni tampoco porque sean del sector privado. Lo que hay que tener es una institucionalidad que asegure que sean de calidad, y estos centros no disponen de una institucionalidad que asegure que la educación que entregan sea de calidad.
Aquí el punto no radica en que si son del Estado o son privados, sino en que tienen que ser de calidad. Y cuando se dice que esto era necesario para fortalecer la educación técnico-profesional, la pregunta que me hago es ¿por qué no ampliamos el financiamiento de la educación técnico-profesional, en vez de gastarnos estos miles y millones de pesos en poner infraestructura, en vez de garantizar la gratuidad para universidades que, en muchos casos, no tienen más de tres años de acreditación, lo cual no significa educación de calidad?
¿Por qué lo hacemos de esta manera?
Porque aquí hay una promesa presidencial que se debe cumplir, y da lo mismo cómo y qué calidad de la educación se entregue finalmente.
Acá se ha dicho que los centros de formación técnica están para tener una educación dual, que hoy no existe. Bueno, la educación dual no está en este proyecto de ley. No se halla asegurada la educación dual ni tampoco un tipo de educación técnico-profesional realmente distinta de la que hoy se ofrece. O sea, eso tampoco es real. Da la sensación de que aquí todo el mundo proyecta sus sueños en algo que no existe, pero no debido a que sea del Estado todos los sueños se van a hacer realidad.
También, el Senador Montes ha dicho -por su intermedio, señor Presidente-, que sin el Estado no podríamos trabajar todos juntos. Sin embargo, nosotros no estamos pidiendo que se elimine al Estado. Lo único que estamos diciendo en este artículo, fíjense, es que no sean solo las universidades del Estado las que se puedan hacer cargo de estos centros de formación técnica, sino que sean las mejores, que pueden ser estatales o también privadas, como es el caso de la Universidad Austral. Es lo único que decimos. Entonces, extremar los argumentos tampoco nos ayuda para poder tener una buena conversación.
Por otra parte, aquí se ha dicho: "¡Esto tiene miles de controles!". No, señor Presidente, porque si aquí se hubiese estado tranquilo y seguro de que estos centros de formación técnica iban a ser de calidad, entonces hubiesen pasado, como todos los centros lo tienen que hacer, por el proceso de licenciamiento del Consejo Nacional de Educación.
Si el Gobierno está tan seguro de que la educación de estos centros de formación técnica será de calidad, entonces, ¿por qué no lo hizo así, señora Ministra? -señor Presidente, por su intermedio-, ¿por qué no hicieron que estos centros de formación técnica pasaran -como todos los demás- por el proceso de licenciamiento del Consejo Nacional de Educación, si ese proceso ayuda a que sean de calidad?
No se quiso, y, por lo tanto, aquí no hay, como se afirmó, señor Presidente, miles de controles para que estos centros de formación técnica sean de calidad. ¡No los hay! En consecuencia, no estamos fortaleciendo ni entregando una educación distinta de la que hoy se otorga.
Se podría fortalecer la educación técnico-profesional entregando más recursos a aquellos que hoy reciben menos financiamiento, realmente a los más pobres de los pobres, a través de becas, de créditos o incluso de la gratuidad. Pero se los deja afuera y ahí también se toma una decisión discriminatoria.
Se podría haber decidido realmente hacer de calidad a estos centros exigiéndoles todos los controles necesarios. Eso tampoco se hace. Y en esta votación, señor Presidente, lo único que hacemos es que en la Región del Biobío la Universidad de Concepción pueda ser la universidad tutora.
En estos momentos ni la Universidad de Concepción ni la Universidad Federico Santa María, excelentes planteles con vinculación regional, en una decisión que no comprendo, pueden ser tutoras de los centros de formación técnica.
Y creo, señor Presidente, que esa es una gran pérdida.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, luego de escuchar diversas intervenciones se refuerza mi convicción de que esta es una buena decisión; de que efectivamente, como lo ha hecho en muchos otros aspectos, la Presidenta Bachelet está cumpliendo el Programa que prometió a la ciudadanía y lo lleva a cabo hoy con la implementación de estos centros de formación técnica.
Es fundamental, es imprescindible tener un calendario de inversiones, y por eso le preguntaba a la señora Ministra -es importante reiterarlo- cuáles son los plazos.
Hay lugares en que están trazados; hay algunos, en que obviamente se parte de la base de tener el terreno y la infraestructura, y en otros, de cero.
Es imprescindible que eso se clarifique, y lo solicito especialmente para la Región de Los Ríos, donde, en una decisión descentralizadora se ha radicado este centro de formación en la ciudad de La Unión, capital de la provincia del Ranco, y donde además se ha podido innovar desde el punto de vista de que la universidad tutorial sea la Universidad Austral de Chile, que, no siendo estatal, es pública o no lucra.
Y ahí hay una diferencia referida a que no cualquier universidad debiera estar detrás de este tipo de iniciativas.
Comparto que hay que incluir a la Universidad de Concepción en lo que corresponde a la Región del Biobío, o a la Universidad Federico Santa María. Pero no a aquellos establecimientos de educación superior que, en definitiva, tienen controladores económicos y respecto a los cuales se ha acreditado que su función es precisamente lucrar.
Ahí hay un límite claro y preciso.
Particularmente en el caso de la Región de Los Ríos, señora Ministra, pongo especial atención en la vinculación virtuosa de una universidad regional con el medio, con amplias redes de formación, con una cercanía adecuada, para poder tener un tránsito de jóvenes entre la capital del Ranco -La Unión- y Valdivia, a fin de que el día de mañana -imagino- se puedan establecer convenios para que los jóvenes de su instituto tecnológico puedan pasar a la educación universitaria propiamente tal, si alguno quisiera perfeccionarse o seguir en la cadena formativa.
Creo que también es imprescindible que el Ministerio, en su rol orientador en materia educacional, pueda afinar de mejor manera la visión respecto a las vocaciones productivas de cada territorio.
Pienso que sería un tremendo error que nosotros reprodujéramos estos centros de formación técnica o institutos tecnológicos y, prácticamente, un grupo de iluminados o de agentes externos fijara e identificara cuáles son los énfasis, las carreras y la malla curricular.
La realidad de las regiones es tremendamente diversa, y también hay cambios enormes.
A modo de ejemplo, solo planteo que la Región que me corresponde representar, la de Los Ríos, producto de factores internos y externos está sufriendo cambios significativos en su matriz productiva.
Sin ir más lejos, con el cambio climático hoy tenemos que la zona productora de frutas principalmente o de otros cultivos se va trasladando desde la zona centro, y ya no solo somos zona ganadera, sino que viene una transformación.
Ello tiene una connotación desde el punto de vista del aparato productivo en que ya no son las lecherías, ya no es la ganadería el elemento más importante, sino que se incorporan otros aspectos.
Y también, Ministra, considero fundamental vincularse con la CONICYT, con los distintos centros de investigación, con las propias universidades, para avanzar también en formación de capital humano en aquellas tecnologías que vienen hacia el futuro -como decía el Senador Montes- en energía solar, paneles. Todos esos técnicos que necesitamos en esta materia deberían ser formados en estos centros en directa vinculación con la matriz productiva, pero además con una visión prospectiva, considerando que quizás los técnicos que formamos hoy no van a servir para el mercado laboral cuando egresen en cuatro o cinco años.
Entonces, hay que tener una visión clara entre gobierno regional, aparatos productivos, cámaras de comercio, gobiernos regionales, municipios, para poder tener un apoyo.
Felicito la iniciativa, y repito que la Presidenta Bachelet está cumpliendo uno más de los compromisos de su Programa.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la supresión de la frase "del Estado" del inciso primero del artículo 5° (20 votos por la negativa y 11 por la afirmativa), y queda en los mismos términos en que fue propuesto por las Comisiones unidas.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En relación con el artículo 8º, se ha renovado la indicación número 21, la cual propone incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Podrán también -se refiere a los institutos tecnológicos- establecer Escuelas de Artes y Oficios y sistemas de educación dual que valoricen académicamente las habilidades adquiridas mediante el trabajo.".
Es preciso señalar que esta indicación fue declarada inadmisible por la Comisión de Educación por referirse a materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República.
De conformidad al inciso final del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la inadmisibilidad de indicaciones resuelta en Comisiones no obsta a la facultad de la Sala para hacer la declaración de admisibilidad de tales indicaciones.
En consecuencia, la Sala debería pronunciarse en forma previa sobre la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad formulada en la Comisión de Educación.
Cabe hacer presente, además, que la segunda parte de la indicación, que permite a cada instituto tecnológico establecer sistemas de educación dual, ya está incorporada por las Comisiones unidas en el inciso segundo del artículo 8º que figura en la página 26 antes mencionada.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para declararla inadmisible?
El señor LARRAÍN.- Conforme.
--Por unanimidad, se declara inadmisible la indicación renovada Nº 21.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En la página 31 se encuentra el artículo 14, respecto del cual la Senadora señora Von Baer solicita votación separada para el inciso segundo, cuyo texto es el siguiente:
"Asimismo," -el Instituto Tecnológico- "tendrá la facultad de crear, organizar o asociarse, con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos correspondan o se complementen con los del Instituto Tecnológico. Estas operaciones no podrán comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos, los gobiernos regionales y las municipalidades.".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, deseo explicar mi solicitud.
Cuando uno lee este inciso, suena bastante razonable. Dice que los centros de formación técnica tendrán "la facultad de crear, organizar o asociarse, con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones".
Uno podría señalar: "Esto es una buena idea".
El problema radica en la experiencia que hemos conocido de universidades del Estado que crearon centros de formación técnica con fines de lucro. No pudimos discutir en profundidad con la Ministra sobre qué sucederá con estas instituciones, que abarcan un listado bastante amplio.
Por ejemplo, el CFT Teodoro Wickel, perteneciente a la Universidad de La Frontera, que es estatal, cuenta con acreditación por dos años y es una persona jurídica con fines de lucro.
Me pregunto qué va a pasar con ese tipo de instituciones.
Con esta iniciativa de ley se están creando otros centros de formación técnica y les estamos dando la posibilidad de hacer lo mismo que en su minuto efectuaron las casas de estudios superiores estatales, en circunstancias de que -se supone- quienes siempre abogan por el Estado están absolutamente en contra del "terrible lucro". Sin embargo, son estas propias universidades las que han creado varios CFT con fines de lucro y muchas veces, con muy baja acreditación.
Otro ejemplo es el CFTUV, de la Universidad de Valparaíso, el cual también es una institución con fines de lucro y tiene una acreditación solo por dos años.
Asimismo, está el Centro de Formación Técnica UDA, de la Universidad de Atacama, perteneciente al Estado. Fíjense que este centro no se encuentra acreditado.
Luego está el CFT de la Universidad de Tarapacá, también estatal y con fines de lucro. Por lo menos se encuentra acreditado por cuatro años. ¡Ya estamos un poquitito mejor...!
Después está el Centro de Formación Técnica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, igualmente estatal y con fines de lucro. Pero dicho centro tuvo que cerrar porque no pasó los miles de filtros de la calidad.
¿Cuál es el punto, señor Presidente? Que partíamos de la base de que no se haría nada en las instituciones educacionales del Estado que no fuera de calidad y, tampoco, que implicara fines de lucro. Esto último se supone que está muy en contra de lo que debiera ser la educación en nuestro país. Pero resulta que, con una rápida revisión -no sé si se me habrá olvidado algún centro de formación técnica- nos encontramos con que varias universidades estatales han creado CFT con fines de lucro, muchos de los cuales -casi todos- cuentan con muy baja acreditación y uno incluso ha debido cerrar.
¿Por qué planteamos esto, señor Presidente? Porque con el proyecto que nos ocupa estamos creando quince centros de formación técnica a lo largo del país, y algunos sostienen que, por ser del Estado, van a proporcionar una educación de calidad. Y aquí acabo de entregar una muestra que refleja que eso no necesariamente es así.
También se señala que tales CFT, como serán estatales, no actuarán buscando el lucro. Sin embargo, he dado a conocer el caso de universidades del Estado que han creado centros con fines de lucro.
En verdad, todo resulta tan contradictorio que uno no comprende cuál es el foco de la política pública que se pretende implementar.
Tampoco está claro qué va a pasar ahora con aquellos centros de formación técnica que enumeré, que sí son estatales porque dependen de instituciones del Estado. Además, persiguen fines de lucro y muchos de ellos son de mala calidad.
Más encima, entrarían a competir con los centros que se van a crear gracias a esta iniciativa.
¡Este es un problemón! Y no sabemos cómo se resuelve.
Quise exponer mi inquietud en esta parte de la discusión, porque puede que suceda lo mismo que he descrito con los quince CFT que estamos formando: que al final estos terminen siendo cualquier cosa menos aquello con lo que las bancas de enfrente están soñando y menos aquello que cada uno proyecta, y solamente por ser estatales.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo quiero pedir a la Sala que respalde la indicación que hemos renovado para que los centros de formación técnica puedan establecer escuelas de artes y oficios.
Dicha materia está considerada por el SENCE, pero de una forma muy débil. No son programas de educación continua. Se trata de una facultad que puede llevarse a cabo o no.
Hemos hablado con la señora Ministra, quien de alguna manera tiene contemplado este asunto en la fórmula que propone el proyecto. Sin embargo, no hay una norma explícita al respecto.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Gobierno para que incluya expresamente esta materia en las instancias legislativas que quedan.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se cursará el oficio requerido por Su Señoría.
El Ejecutivo es soberano de patrocinar o no la indicación señalada. Nosotros no tenemos facultad sobre el particular, pues dicha indicación (la Nº 21) ya fue declarada inadmisible por la Sala.
--Se anuncia el envío del oficio, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores Araya y De Urresti.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, quiero referirme en términos similares a lo que planteó la Senadora señora Von Baer.
Si el inciso segundo del artículo 14 dijera: "organizar o asociarse, con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales", uno podría estar relativamente de acuerdo.
Pero la norma incluye otro verbo: "crear". Y ahí se lee: "crear (...) otras personas naturales o jurídicas".
Ahí se genera el problema.
Hasta el minuto ese es el camino que han usado las universidades estatales para dar vida a centros de formación técnica que sí persiguen fines de lucro.
Entonces, me llama tremendamente la atención, cuando toda la reforma educacional se ha hecho sobre la base de que no se puede lucrar con recursos públicos, que el mismo Ejecutivo plantee un camino para que las casas de estudios superiores pertenecientes al Estado puedan generar CFT o alguna otra institución con fines de lucro.
En lo personal, no tendría problemas con lo anterior, pero la experiencia nos indica que los centros que han surgido al alero de las universidades estatales no cuentan con la calidad necesaria.
Entonces, no me parece prudente, a la hora de establecer estos nuevos centros de formación técnica, que se les permita por ley crear personas jurídicas sin saber exactamente de qué naturaleza serán.
No me complica que tales instituciones se asocien y se organicen, pero permitirles "crear" personas jurídicas sin limitar las características de dicha facultad me parece que no es prudente.
Además, ha quedado demostrado claramente que ello atenta contra la calidad de la educación, porque no se fija ningún tipo de restricción.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Como no hay más inscritos para intervenir, procederemos a pronunciarnos acerca del inciso segundo del artículo 14, que fue aprobado por las Comisiones unidas y respecto del cual la Senadora señora Von Baer pidió votación separada.
En votación.
Quienes deseen suprimir este inciso votan a favor.
Quienes son partidarios de mantenerlo, en contra.
Señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la supresión del inciso segundo del artículo 14 (14 votos en contra y 9 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Harboe, Lagos, Matta, Montes, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín y Ossandón.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En consecuencia, se mantiene la redacción de dicho inciso.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- A continuación, corresponde tratar el inciso segundo del artículo 16 (página 35 del texto comparado), el cual establece la forma de determinar anualmente el monto del aporte fiscal que corresponderá a cada instituto tecnológico.
La Honorable señora Von Baer ha solicitado votación separada para dicho inciso.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, el primer inciso del artículo 16 dispone que la Ley de Presupuestos de cada año -como es evidente- determinará el monto del aporte fiscal que se destinará a estos centros de formación técnica.
Y el inciso segundo establece que será el Ministerio de Educación, visado por la Cartera de Hacienda, el que fijará el monto del aporte para cada una de tales instituciones. O sea, el MINEDUC, sin tener que preguntarle al Congreso, en forma arbitraria, va a decidir a cuál CFT le da más recursos y a cuál, menos.
Creemos que va a haber muy poca transparencia respecto del gasto de los fondos públicos en esta materia.
El problema se hace bastante evidente cuando se revisan las proyecciones financieras sobre el particular; es decir, cuánto le costará finalmente al Estado esta política pública.
Lo dijo Óscar Landerretche durante la discusión en las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas.
Señor Presidente, el Gobierno ha dicho que el costo total de esta iniciativa es de 114 mil millones de pesos. ¿Verdad, señora Ministra? Le pido que me acompañe en esta conversación. Se supone que esto será en ocho años (antes se propuso en cuatro).
Nosotros hicimos un ejercicio fácil en términos de costos.
En el primer informe financiero, del 9 de diciembre del 2014, si uno divide el monto total, que incluye la puesta en marcha, el equipamiento y la infraestructura, en 15 (la cantidad de centros de formación técnica en cuatro años), obtiene un costo anual total por CFT de 4 mil 128 millones de pesos.
El segundo informe financiero, del 22 de mayo de 2015 -estamos hablando de la misma política pública- dice exactamente lo mismo: 4 mil 128 millones de pesos.
Sin embargo, señor Presidente, luego surge un antecedente que hace que la situación se ponga rara.
En el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, iniciativa que recién estamos analizando en el Congreso, hay una asignación referida al gasto previsto para los nuevos centros de formación técnica estatales.
Resulta extraño que en un ítem presupuestario sectorial se contemple el gasto de una política pública que todavía no ha terminado su tramitación en el Parlamento. Normalmente, señor Presidente, ese monto se coloca -y todos lo sabemos- en la Partida Tesoro Público.
Reitero: es difícil poner en una asignación del Presupuesto el costo de una ley que ni siquiera el Congreso ha aprobado.
¿Por qué el Gobierno propone fijar dicho financiamiento en una línea de la Partida Ministerio de Educación? Única explicación: para abultar el gasto que el Estado está haciendo en educación.
De otra manera, pondría ese monto en la Partida Tesoro Público. ¡Eso sería transparente!
En definitiva, se está inflando un gasto para decir que se están destinando más recursos a educación, en circunstancias de que la iniciativa aún no ha sido despachada por el Parlamento.
Lo más raro de todo, señor Presidente, es que en el proyecto de Ley de Presupuestos no se consignan los 4 mil 128 millones de pesos que antes indicamos. Según el cálculo que hicimos, el costo ahora será de 7 mil 99 millones.
Ya no calzan los números. ¡No calzan!
En otras palabras, el costo de la iniciativa que hoy estamos discutiendo es menor a lo fijado en el Presupuesto que se encuentra en estudio en las Subcomisiones Especiales Mixtas.
¡O sea, más abultado todavía!
Pero lo más extraño de todo, señor Presidente -y aquí uno ya no entiende nada de nada y termina totalmente de acuerdo con Óscar Landerretche, quien manifestó que esta política pública no se pensó bien-, es que en el último informe financiero, en el que se grafica la gradualidad de estos centros de formación técnica, se consignan ya no los 4 mil 128 millones de peso de los dos primeros informes, ni los 7 mil 99 millones del proyecto de Ley de Presupuestos, sino 2 mil 812 millones de pesos.
Es decir, de 4 mil 128 pasamos a 7 mil 99, para inflar el presupuesto en el ámbito de la educación. Y con el último informe financiero caímos a 2 mil 812.
Entonces, ¡cuánto cuesta esto finalmente!
Claramente, el Ejecutivo no está seguro de ello. Si no, no habría dos informes financieros distintos y un tercer monto en el proyecto de Ley de Presupuestos. ¡Tres costos diferentes para la misma política pública!
Eso no es razonable.
Óscar Landerretche lo dijo en las Comisiones unidas: "Esta propuesta no es seria". Además, no garantiza la calidad.
El Gobierno ha calculado de tres maneras distintas el costo de la misma iniciativa.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La Senadora señora Von Baer ha solicitado que el inciso segundo del artículo 16 se suprima.
Los que estén de acuerdo con ello votarán a favor.
Los que sean partidarios de mantener dicha norma se pronunciarán en contra.
Hay dos Senadores inscritos.
Consulto si hay acuerdo para abrir la votación.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí.
El señor GARCÍA.- Claro.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Acordado.
En votación la eliminación del inciso segundo del artículo 16.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, he revisado la norma respecto de la cual se ha pedido votación separada y la verdad es que, más allá de que se calculen las cifras de manera muy distinta, de la sola lectura queda la certeza de que estamos frente a una materia de total discrecionalidad, medida que, sin duda, va a generar mucha inquietud en los propios centros.
El inciso en análisis dice: "Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministro de Hacienda, se fijará el monto de este aporte que corresponderá anualmente a cada una de dichas instituciones.".
Cabe preguntarse: ¿Con qué criterio va a operar el Ministerio? ¿Va a resolver simplemente al "olfatímetro" cuánta plata le corresponderá a cada centro de formación técnica?
Dicha disposición es completamente arbitraria. Entrega una señal de discrecionalidad y, además, de todas maneras va a generar una enorme inquietud en los propios CFT, porque estos, gracias a dicho inciso, no van a saber exactamente cuál va a ser su presupuesto año tras año.
Aquí debiera haber a lo menos una suerte de compromiso o una norma que explicara con qué criterios se va a actuar.
Tal como está redactada la disposición, el futuro Gobierno va a poder cambiar, sin fundamento alguno, las asignaciones de recursos de dichas instituciones. En ese escenario, ¿qué estabilidad financiera tendrán si es posible que todos los años su presupuesto varíe en forma absolutamente arbitraria?
Aprobar un inciso de esta naturaleza a todas luces parece incorrecto.
¡Cómo no va a ser razonable que los centros cuenten, a lo menos, con una proyección de sus ingresos!
¡No se sabrá nada! Se va a aprobar una cantidad global y, posteriormente, se va a distribuir sin ningún criterio conocido.
Señor Presidente, dicha propuesta es realmente mala. Debería ser corregida. Se requiere un parámetro, un criterio, una fórmula. Así como está, va a causar una enorme incertidumbre en el manejo del sistema.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, es del todo razonable que eliminemos el inciso segundo del artículo 16. Y, para ello, debemos votar a favor de la supresión sugerida por la Senadora señora Von Baer. Y digo que es absolutamente razonable porque lo lógico es que en cada proyecto de Ley de Presupuestos discutamos el monto que se le asignará a cada instituto tecnológico. Y ello lo haríamos de manera transparente, invitando a los rectores de los respectivos planteles para conocer sus planes y cómo han invertido los recursos destinados el año anterior. Esa es la forma tradicional de discutir el Presupuesto de cada año.
No me parece adecuado que la distribución se haga solo por la vía de un decreto emitido por el Ministro de Educación y visado por el de Hacienda.
Creo que los aportes que haga el Estado deben ser discutidos en función de cada instituto y no dejar sometida su distribución -sin ningún tipo de criterio técnico- solo a un decreto del Ministerio de Educación.
Por eso, llamo a que reforcemos las facultades del Congreso: que el Parlamento defina y apruebe los aportes fiscales para los institutos y que ello no se haga solo por la vía de un decreto de la Cartera de Educación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, a mí no me llama a extrañeza el texto propuesto. Porque, efectivamente, lo que se hace -normalmente es así- es que en el proyecto de Ley de Presupuestos haya un ítem que indicará la cantidad de millones destinados al financiamiento de los institutos tecnológicos.
Y luego -es perfectamente lógico que ello ocurra- el Ministerio de Educación, de acuerdo con la realidad del manejo de sus quince institutos tecnológicos, distribuirá los recursos asignados a este objeto. Y lo hará con el visado del Ministro de Hacienda, para que se cumpla con la autorización presupuestaria.
Yo entiendo que se diga: "Es que debe haber un informe técnico". Pero ha de ser el Ministerio de Educación, que tiene la tuición de los quince institutos tecnológicos, el que vea la cantidad de recursos y discuta con cada rector, en su momento, cómo distribuirlos.
Pero no puede ser -llamo la atención al respecto- que cuando lleguemos a la discusión presupuestaria el proyecto diga: "El Instituto Tecnológico de la Primera Región, tantos recursos; el Instituto Tecnológico de la Decimoquinta Región, tantos recursos, etcétera". ¿Seremos los parlamentarios quienes determinaremos técnicamente los recursos que se requieren para cada instituto tecnológico? ¿No resulta más lógico que lo haga el Ministerio de Educación, de acuerdo con la responsabilidad que tendrá para gestionar esos planteles? Por lo demás, en general se opera así en la Ley de Presupuestos. No hay una asignación tan puntual.
Ahora bien, los parlamentarios sí podremos llevar adelante en el proyecto de Ley de Presupuestos la discusión acerca de los recursos globales asignados para los institutos tecnológicos. Por supuesto, durante el debate tendremos la posibilidad de preguntar respecto de la distribución.
Pero pienso que no corresponde que en el Parlamento definamos cuántos recursos deben destinarse en cada caso.
Por lo demás, con toda razón, cada parlamentario tratará de obtener mayores recursos para el instituto de la región que represente, dentro de la totalidad que se destine a este objeto.
Entonces, sinceramente, no me atrevo a decir que esta disposición, tal como está planteada, no tenga fundamento.
Además, estimo que posee cierta lógica: en la Ley de Presupuestos se aprobará una cantidad global a este objeto y el Ministerio de Educación propondrá su distribución. Y eso será un hecho conocido, porque contaremos con la información pertinente en el Parlamento. Deben entregarnos los antecedentes en el momento que los requiramos, conforme a la permanente fiscalización de la ejecución presupuestaria que debemos llevar adelante.
Considero que es el Ministerio de Educación el que ha de asumir la responsabilidad.
Por eso, no entiendo que suprimir la norma ayude a solucionar un tema que se pretende presentar como un problema.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me encontraba en la Comisión de Defensa, razón por la cual no he podido participar de todo el debate.
Está claro que la asignación será diferenciada. Existe tal diversidad a lo largo de todo Chile que los aportes a cada instituto dependerán de la población, de las condiciones propias de cada región.
Por lo tanto, debe haber una asignación diferenciada. Sería muy injusto pensar en una distribución igualitaria. Ella estará en relación, fundamentalmente, con el número de estudiantes y, en particular, con el tipo de especialidad que ofrezcan.
Aquí al parecer se olvida que estos institutos serán estatales. Aunque para algunos, claramente, todo lo que huela a estatal es raro, peligroso. Y una ley que asigne una responsabilidad al Estado para esta función también resulta peligrosa.
Cuando estén conformados los institutos, con una universidad pública que efectivamente apadrine, acompañe, se estructurará un presupuesto. Estamos creando una red de institutos técnico-profesionales a lo largo de todo Chile. Esto constituye una iniciativa inédita que requerirá cierto proceso. Y este consistirá en determinar si las especialidades que se ofrecerán en Magallanes serán las mismas que se impartirán en Arica. ¡No lo serán! Habrá diferencias en el costo de los profesores, en el número de estudiantes y, en particular, en todo lo que diga relación con la formación técnica. Será distinta la inversión en infraestructura y la inversión pedagógica.
Por lo tanto, parece del todo razonable que sea el Ministerio de Educación el que establezca la distribución, visada por el Ministerio de Hacienda, que para nada es un organismo que desborde dinero, y lo estamos viviendo ahora: resguarda fielmente los recursos. Y no importa -ya lo he mencionado- de qué signo sea el Gobierno: los Ministros de Hacienda se comportan igual, son todos cortados por la misma tijera. Entonces, no veo motivos para la preocupación, cuando ya sabemos cómo son los Ministros de Hacienda.
Es un hecho muy importante que haya una diferenciación en los recursos. Por cierto, la Ley de Presupuestos de cada año fijará el monto. Y podremos llevar adelante un debate, pues habrá una fundamentación. El proyecto de Ley de Presupuestos planteará: "Se requieren cien millones de dólares", y ello se deberá fundamentar. Y la asignación dependerá de una participación regional.
Y en esto hago un llamado a los Senadores de regiones. Claramente, cuando se conformen los institutos, en cada región se estructurará un presupuesto diferenciado.
Por tanto, creo que la objeción al inciso segundo del artículo 16 dice más bien relación con que no le gusta a la Oposición la creación de estos institutos, lo que consideran más bien una anomalía.
Lamento esta desconfianza permanente hacia el Estado. Porque, mal que mal -las bancadas de enfrente mirarán para acá-, aquí hemos aceptado algunos elementos del mercado. Y hemos dicho: "En la alianza estratégica público-privada queremos más Estado para que haya más mercado". Es decir, deseamos que el Estado se alíe con el sector privado para crear más empleo, más desarrollo productivo.
Por tanto, me gustaría que al menos reconocieran la flexibilidad que se ha tenido para avanzar en un proceso que a nuestro país le conviene.
Pero en materia de educación, en particular, incorporar al Estado parece más bien un estigma, se sataniza.
Nos encontramos ante una apuesta importante.
Y les digo a los Senadores, tanto de Gobierno como de Oposición, que todos tendremos que prestar nuestro apoyo, porque es una muy buena noticia para las regiones, pues el carácter del instituto respectivo se definirá en cada una de ellas. Y ese es un hecho muy muy importante, porque hay una oportunidad histórica de conformar un centro de capacitación profesional acorde con las necesidades de la región. Y eso no había ocurrido hasta hoy en un Ministerio de Educación lamentablemente hipercentralizado, como el que tenemos hoy día.
Señor Presidente, voto en contra de la supresión de la facultad que se le entrega a los Ministerios de Educación y de Hacienda.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, aprovecho la presencia de la Ministra de Educación para manifestarle que me preocupa la situación de los recursos, tal como ocurre en este instante con las universidades que creamos: la de Aysén y la de O'Higgins.
En el proyecto de Ley de Presupuestos se considera para los dos planteles 2 mil 650 millones, aproximadamente. Y eso resulta del todo insuficiente. En mi Región nos alcanza para comprar el terreno para la universidad, cuyo rector está trabajando en un proyecto de campus muy importante.
Y yo creo que en este caso puede ocurrir exactamente lo mismo. Porque me da la impresión de que por lo menos Hacienda, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, quiere cargarle la mano a los gobiernos regionales.
Pienso que es muy importante explicitar eso.
Señalo lo anterior porque hoy en mi Región don Fernando Verdugo, Presidente del CORE (de la Nueva Mayoría), dijo que no van a aceptar estar poniendo recursos para ese plantel, pues se trata de una materia comprometida en el programa de Gobierno y en lo manifestado por el Ministerio de Educación.
La actual Ministra no se desempeñaba en dicho cargo cuando se aprobó la creación de la universidad, pero nosotros siempre pensamos que los recursos los aportaría el Estado desde el Ministerio de Educación. ¡Y resulta que ahora no sabemos de dónde saldrá la plata!
Y curiosamente -es importante señalarlo-, como bien lo dijo la Senadora Von Baer, lo que estamos discutiendo todavía no es ley de la república. Pero las universidades si lo son, y vienen consideradas en el Presupuesto. Sin embargo, con los recursos que nos están entregando, en verdad, son inviables los proyectos universitarios en ambas regiones.
Nosotros necesitamos una clarificación. Porque si los gobiernos regionales, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tendrán que colocar los dineros que faltan, en el fondo se están quitando recursos para otros proyectos existentes en cada una de las regiones.
Señor Presidente, consulto respecto de ello a la señora Ministra -por su intermedio-, porque se trata de un tema fundamental.
Con los recursos que se están destinando hoy para los proyectos universitarios, nos quedamos solo en las ganas, en el apoyo del Congreso. Pero, en definitiva, hoy no existen los fondos necesarios en el Presupuesto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, esta norma tiene que ver con la instalación de un nuevo sistema. Está claro que esto no puede hacerse solo vía Presupuesto cada año, ni tampoco quedar todo en manos de Educación.
Normalmente, en distintos servicios de esta naturaleza hay gastos permanentes, que no pueden ser tocados por el Presupuesto de cada año. Ellos se encuentran, por lo tanto, en la base de funcionamiento: los sueldos y un conjunto de otras cosas. Y existe otro componente, de gasto variable, que dice relación con compromisos adquiridos y autorizados previamente, y también con expansión.
Podemos ver lo que sucede con los SERVIU: es la Ley de Presupuestos la que define cada año, dentro de lo variable, cuánto entra. Lo mismo pasa con los servicios de salud (costó que los Gobiernos estuvieran dispuestos a ponerlo aparte).
En este caso, está claro que la Ley de Presupuestos debe establecer la cifra global.
¿Cómo se distribuyen los recursos entre los CFT?
No tenemos Superintendencia; no tenemos un modelo para calcular el costo, y no tenemos todavía una política de expansión, porque aún no sabemos el perfil que tendrá cada CFT.
¡Hablemos las cosas como son!
Porque hay CFT que deberían experimentar una expansión mucho mayor que otros, dependiendo de los fundamentos que se entreguen. No hablo de un año a otro, pues se trata de materias que abarcan períodos más largos.
Sugiero que mantengamos el inciso segundo.
Pero dejemos muy en claro que aquí no está definido el problema. Este mecanismo está bien en la transición, para partir. Pero no puede quedar sujeto a un decreto anual del Ministerio de Educación cuánto crece un plantel. Al menos, ha de existir un modelo, una ecuación y ciertos criterios para definir si tiene sentido que determinado instituto se expanda.
Entonces, ante la reacción de la Oposición, no basta con decir que se distribuye un fondo conforme a un decreto del Ministerio, si no hay criterios para determinar el proceso de desarrollo de estos centros.
Tengo dudas respecto de que en todos los casos sea necesario construir infraestructura. Creo que en muchos lugares podemos, incluso, reciclar colegios que han quedado sin alumnos. Existen otras alternativas. Porque sabemos lo que cuesta construir desde cero. Pero eso tendrá que ir determinándose después de la puesta en marcha.
Reitero: esto no queda resuelto acá. Por eso quise intervenir.
Tal como está, hay que mantener el inciso. Pero el tema no queda plenamente resuelto, porque hay que ajustarlo a la Superintendencia, que tendrá un sistema de control del gasto, y también a un modelo que calcule el costo de la formación.
En este caso no existe subsidio a la demanda. Eso es lo que complica. Cuando aquel existía, se calculaba por cantidad de alumnos. Llegamos a la conclusión de que ese mecanismo tenía muchas imperfecciones para el desarrollo de entidades como estas.
Entonces, en un modelo en que se financia la oferta debe existir un mecanismo para calcular los costos de la oferta y la expansión.
Eso no se encuentra definido.
En consecuencia, dejo constancia de que estoy a favor de mantener el inciso, pero considero que se trata de una materia que debe definirse.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en reiteradas oportunidades, algunos Senadores de la Nueva Mayoría han expresado que para nosotros el concepto de Estado es absolutamente rechazado. ¡No es así!
El punto es hacer las cosas bien. Y creemos que este no es el camino para resolver lo que requiere la ciudadanía, que es la educación técnico-profesional.
¡Y ustedes lo saben!
En las dos últimas semanas he sostenido conversaciones con Diputados y Senadores de la Nueva Mayoría. Y la frase que ellos utilizan más reiteradamente es: "Ya tengo el centro de formación técnica en tal comuna". Ya está definida políticamente su ubicación. Y contrariamente a lo que sostenía el Senador Zaldívar, no estarán en los lugares donde no ha llegado la educación técnica. Se emplazarán en las zonas que electoralmente sean más convenientes para quienes están tratando de lograr el objetivo de ser el Senador o el Diputado que dé la noticia acerca del lugar en que se instalará el centro de formación técnica.
Y eso provocará una profunda distorsión del sistema, en el cual no se considerará lo que es verdaderamente un aporte educativo.
Uno no puede estar de acuerdo cuando el intento del Gobierno -desconozco el resultado de la votación pertinente- es vetar a la Universidad de Concepción como tutora de los centros de formación técnica. ¿Cuál es la razón para ello?
Ya tuvimos, hace uno o dos años, la experiencia de que en la Ley de Presupuestos se dejaba fuera de los aportes basales a la Universidad de Concepción.
Señor Presidente, no es que uno tenga un rechazo inmediato o automático hacia políticas o decisiones del Estado, sino que nos parece que determinado mecanismo es absolutamente erróneo.
¿Por qué el centro de formación técnica de la Región del Biobío no puede estar bajo la tutoría de la Universidad de Concepción? ¿Por qué se veta a esta casa de estudios en una tarea de esta naturaleza?
Creo que esas son señales que claramente van en contra del sentido común de una política pública que puede ser eficiente.
Y hasta el propio Senador que me antecedió en el uso de la palabra manifestó que la disposición no define el tema de fondo. O sea, estamos aprobando una norma presupuestaria, de financiamiento, de aporte fiscal que no resuelve definitivamente la materia. Es decir, estamos generando una dificultad adicional.
Por eso creemos que los mecanismos que se utilizan no son los adecuados.
Estoy seguro de que el intento de establecer centros de formación técnica estatales fue, a lo mejor, un genuino aporte para mejorar la calidad educacional de nuestro país.
Pero, como se está construyendo el sistema, tendremos una lucha política importante. Después, la pelea entre los parlamentarios de Gobierno será por el color del director del centro de formación técnica. Así como hoy es por el lugar. Y reitero: la zona no dice relación con las necesidades de la región, por lo que uno ya ha escuchado cuando parlamentarios de la Nueva Mayoría dicen: "Yo ya logré un centro de formación técnica en tal o cual lugar".
Y eso me parece una muy mala señal en cuanto a cómo se ha ido construyendo esta política pública.
Por lo tanto, aquí se nos hace votar una norma presupuestaria acerca de la cual los propios Senadores de la Nueva Mayoría dicen que no resuelve el problema, que no genera claridad.
Y aquí mismo el Senador García-Huidobro indicaba que en el proyecto de Ley de Presupuestos, en lo que dice relación con las nuevas universidades estatales (creadas por ley de la república), los recursos asignados para el próximo año en materia de compra de bienes inmuebles ¡no alcanzan!
Y leí al exrector de la Universidad de Chile don Luis Riveros -nadie puede calificarlo como "antiestatista"-, quien hacía una crítica muy severa en el sentido de que ello significaba la postergación indefinida de la propuesta de una universidad estatal.
Acá estamos generando una mala política pública mediante un proyecto de ley deficiente para algo tan anhelado por la ciudadanía como la educación, en particular la técnico-profesional.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, el Senador Montes explicó durante su intervención cuál es el problema real acá, pero la solución que sugirió es exactamente la inversa. Porque Su Señoría dijo: "Hay que apoyar este inciso, pero la cuestión no está definida".
El Parlamento debe resolver estas materias. No puede dejarlas abiertas a otras interpretaciones. Esa es la razón por la que el inciso segundo del artículo 16 no debe aprobarse. Porque en vez de cerrar una cuestión que siempre debe estar con buena orilla la deja abierta. Y la fórmula que emplea es remplazar el Parlamento por el Ministro de Educación a la hora de fijar el monto del aporte que corresponderá a cada uno de los institutos que se crean. O sea, se sugiere que la Ley de Presupuestos contenga un marco, y luego, internamente, que se acuchille a uno o a otro, según el momento de que se trate.
Entonces, me parece que ese es un grave error. Incluso los fanáticos representantes del Estado, a quienes les gusta que todo sea estatista, deberían preocuparse de que no entraran manos moras a asignar artificialmente fondos que tendrían que verse (ello me daría mucho más garantías) con ocasión del proyecto de Ley de Presupuestos. Porque esa es una buena instancia para que los diversos actores puedan exponer sus visiones.
Es decir, la discusión sobre los distintos CFT no se va a realizar en el Parlamento, sino al interior del Ministerio de Educación. Y los argumentos se entregarán no en forma directa, como ocurre con el trabajo que se desarrolla en una Subcomisión, sino en algún cerrado probablemente de la calle Teatinos.
Considero que se trata de otra equivocación, señor Presidente.
No entiendo por qué aquí se persiste en cercenar las facultades del Congreso y traspasarlas a la Cartera de Educación, ni menos que nosotros estemos de acuerdo en un acto de este tipo. Ello es completamente diferente y contradictorio con lo que debería ser el correcto estudio del proyecto de Ley de Presupuestos en la circunstancia que sea y respecto de cualquier materia.
Por eso, voy a votar por la supresión del inciso segundo que nos ocupa. Espero que, más allá de ser de Gobierno o de Oposición, prime el criterio de hacer bien las cosas.
Si hay un Senador de las bancas del frente que acaba de decir que esta materia no queda resuelta, yo les pido que la solucionemos. Lo peor sería dejar instalado un mecanismo de relojería que hiciera explotar el sistema producto de la falta de percepción para haberlo evitado de parte de quienes somos colegisladores.
Por todo lo expuesto, llamo a no aprobar el referido inciso segundo, que, dicho sea de paso, no afecta al resto del proyecto, el cual no me gusta por las razones que expliqué. No generemos una agravante respecto de la materia que estamos votando.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero justificar mi negativa a que se suprima el inciso segundo del artículo 16.
Me parece correcto lo que se plantea en él.
Sin embargo, me gustaría insistir en el sentido de este proyecto, sobre todo después de las argumentaciones que hemos escuchado, que hablan de la utilización política que se haría, de la discusión que podría registrarse en cuanto a dónde se ubica el centro. Creo que todo ello es muy pequeño y desperfila absolutamente lo que hay detrás de esta propuesta, que ya hemos reiterado: el establecimiento de un sistema que permita otorgar educación técnica de calidad; que además sea pertinente a la realidad local; que se determine escuchando a los diversos actores.
Yo quiero insistir sobre eso.
Ya expliqué lo que hemos hecho en nuestra Región. Y a propósito de la discusión del presupuesto que se va a destinar en esta materia, hemos complementado recursos que seguramente provendrán de una glosa del Ministerio de Educación con dineros regionales. Porque esa es la forma que tenemos de aprovechar como Región la oportunidad que significa la creación de estos centros de formación técnica.
Eso nos permite llegar con dichos centros a provincias donde nunca invertirá un privado, pues no resultan rentables.
Entonces, existe la posibilidad de complementar recursos. Y acá estamos garantizando el presupuesto para la operación.
Señor Presidente, no puedo concentrarme con este ruido.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les pido a Sus Señorías guardar silencio.
Puede continuar, señora Senadora.
La señora GOIC.- Señor Presidente, respecto del presupuesto anual, estimo absolutamente razonable dejar el espacio para que se vaya adecuando, que el Ministerio de Educación tenga flexibilidad sobre un monto global. Porque, además, acá hablamos de una implementación progresiva. Es decir, vamos a partir con las primeras cinco regiones. Probablemente, serán proyectos que tendrán ritmos distintos. Y eso no obsta a que se entregue toda la información, como corresponde, a la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos respectiva, a la Comisión de Educación, a la Comisión de Hacienda, para hacer el seguimiento de la implementación de la ley y de la instalación de cada uno de los centros en las regiones tal cual se halla programado.
Insisto: considero muy razonable dejar espacio para que sea el Ministerio de Educación el que pueda ir revisando esta materia. Hablamos de carreras distintas, que conforme a su especificidad requerirán presupuestos adecuados, cierta cantidad de alumnos, en fin.
Entonces, dentro del monto global que será aprobado en la Partida pertinente, una glosa establecerá los mecanismos para la distribución.
Creo que ese es el sentido del inciso que nos ocupa. De modo que reitero mi rechazo a su supresión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo quiero marcar un punto que considero extraordinariamente delicado.
El inciso segundo del artículo 16 cambia el sistema de asignación de recursos a través de la Ley de Presupuestos. Y eso genera un mecanismo de discrecionalidad que a mi juicio no es razonable. Aquí se le está entregando al Ministerio de Hacienda, y no a la ley, la asignación de las platas para cada uno de los institutos tecnológicos que se crean.
¿Eso es lo que queremos hacer? ¿Cambiar la forma de asignar los recursos por ley?
Yo creo que eso es inadmisible, no en términos constitucionales, sino conceptualmente. Estamos rompiendo la coherencia que tiene nuestro sistema, en que la Ley de Presupuestos es la que determina cómo se asignan los dineros. De esta forma, le entregamos al Ministro de Hacienda de turno la distribución de los recursos entre los distintos institutos que cada año determine la Partida pertinente del Presupuesto de la Nación.
Eso no me parece razonable ni justo. Se va a prestar para un manejo directo con consecuencias impredecibles. Además, establece un precedente inconveniente en la forma como se asignan los recursos.
Con ello se cercenará la atribución del Congreso para intervenir en la definición presupuestaria. Esto tiene que ver con una mala manera de entender los cambios que podemos realizar. Pero lo peor de todo es que nos amarramos las manos respecto de atribuciones que en mi concepto el Parlamento no debería abandonar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la supresión del inciso segundo del artículo 16 (16 votos en contra, 11 a favor y 2 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, los señores Lagos y Pérez Varela.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.