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NORMAS PERMANENTES PARA CONSECUENCIAS DE CATÁSTROFES NATURALES EN SECTOR PESQUERO


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que establece normas permanentes para enfrentar las consecuencias de catástrofes naturales en el sector pesquero, con certificados de las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.338-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 60ª, en 13 de octubre de 2015.
Informes de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 60ª, en 13 de octubre de 2015.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (certificado): sesión 60ª, en 13 de octubre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es el que se acaba de exponer.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo acogió por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Muñoz y señores García-Huidobro y Quinteros, en los mismos términos en que fue remitido por el Ejecutivo.
Conforme a su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de los cinco artículos de la iniciativa, los que aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Coloma, García, Montes y Zaldívar, en los mismos términos en que fueron despachados por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El texto que se propone aprobar es el del mensaje y se incluye en el comparado que se encuentra en los escritorios de Sus Señorías.
Nada más.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.


El señor PIZARRO.- Señor Presidente, qué bueno que esta Corporación haya podido abocarse al proyecto con la urgencia que se requiere.
Con la Senadora señora Muñoz y los Diputados señores Walker, Núñez, Saldívar, Lemus y Alvarado, los parlamentarios de la Región de Coquimbo sostuvimos una reunión de trabajo muy importante la semana pasada con las autoridades centrales de Gobierno, con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda.
Hicimos ver la necesidad de que en el sector de la pesca artesanal se pudiera tener la oportunidad de trabajar, mediante la declaración de zona de catástrofe, en embarcaciones de otros pescadores o de traspasar, en parte, sus cuotas de pesca o de captura, en la medida en que, producto del tsunami que llegó a la Región y al terremoto, se perdieron los implementos propios y no existe posibilidad alguna de salir a realizar su labor.
Como la reposición de las embarcaciones es lenta -no se pueden comprar como quien va a adquirir un auto, sino que es preciso mandarlas a hacer, proceso en el cual el Gobierno ha estado colaborando-, la iniciativa apunta a que, en casos de emergencia o de catástrofe natural, se autorice, con la declaración respectiva, el traspaso, el arriendo e incluso la venta de las cuotas, para los efectos de generar ingresos a las familias de los pescadores artesanales perjudicados.
Ello es beneficioso para todo el país, en realidad. No es solo un asunto de nuestra Región. Lo que pasa es que la solución se buscó porque, cuando se generaron problemas por el terremoto en el norte o en la Tercera Región, fue algo que pareció necesario corregir.
Me alegro mucho de que la aprobación del proyecto en el Senado sea con "discusión inmediata", porque puede empezar a regir la semana próxima, una vez promulgado. Eso puede facilitarles la vida a cientos de pescadores artesanales de la Cuarta Región, quienes vieron cómo se perdían todos sus materiales de trabajo, embarcaciones, motores y aparatos de pesca, y cómo las áreas de manejo se vieron afectadas, al igual que el sector ostionero. Se puede mencionar los casos de la bahía de Tongoy, de Guanaqueros y de Coquimbo, y de las caletas Sierra y La Cebada.
Otro tanto ocurrió en las provincias de Limarí y de Choapa, donde se hundieron embarcaciones y no existe hoy día la posibilidad cierta de salir a trabajar.
Hay todo un sistema, además, que permite facilitar las cosas. SERNAPESCA se halla en conocimiento de las cantidades de productos que cada uno de los pescadores registrados ha sacado durante la temporada y de lo que es posible obtener con los traspasos y las autorizaciones de excepción que se establecen en el proyecto.
Por eso, me alegro mucho de que tanto la Comisión de Pesca como la de Hacienda lo hayan aprobado de manera unánime.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir la Senadora señora Muñoz.


La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, seré muy breve.
Agregaré a la intervención del Honorable señor Pizarro solo que la iniciativa, si bien se presenta en el marco del fenómeno ocurrido recientemente en nuestra Región de Coquimbo, tiende a establecer una normativa de carácter permanente que se haga cargo de las consecuencias de las catástrofes en el sector pesquero.
Ello, por cierto, se implementará desde ahora y tendrá un impacto inmediato en esa zona; pero creo que nuestra legislación está recogiendo, con la normativa en estudio, una realidad dramática en la medida en que tales trastornos tienen lugar cada cierto tiempo y afectan a las distintas regiones a lo largo de nuestro país.
Es por eso que resulta muy importante una aprobación rápida, ya que se trata de disposiciones que operarán directamente en beneficio de miles de pescadores artesanales e industriales de la Cuarta Región, como también de armadores, ya que se han perdido las naves y no se obtiene un ingreso para estas personas y sus familias.
La iniciativa va a permitir que quienes se han visto privados de sus embarcaciones vuelvan a trabajar prontamente y que la no operación como resultado de los hechos acaecidos no lesione sus derechos.
Para ello, se propone:
a) No computar, para efectos del plazo de caducidad al que la persona se pueda ver afectada, la paralización de operaciones extractivas en que se incurra con ocasión de la catástrofe, siempre que se haya operado e informado de capturas o desembarques al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura durante los tres años anteriores.
b) Autorizar a los armadores artesanales cuyas embarcaciones se hayan siniestrado, por medio de un régimen de sustitución transitoria, a que operen con naves que no sean de su propiedad, sin desmedro de la cuota que les corresponde.
c) Permitir que los titulares de asignaciones otorgadas en el marco del régimen artesanal de extracción cedan total o parcialmente las respectivas cuotas asignadas, sin que ello signifique la pérdida de su inscripción por una caducidad en el Registro Artesanal.
Por todos estos motivos, invito a votar con prontitud y afirmativamente la iniciativa que la Presidenta Bachelet ha hecho llegar muy rápido al Congreso, la cual va a constituir un enorme apoyo a nuestra Región y, por cierto, ante cada una de estas situaciones dramáticas que toque vivir en otras del país.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, Honorables colegas, Chile es un país de catástrofes. Hace unos meses fue la Región de Atacama la que sufrió un aluvión, con grandes pérdidas. Ahora le toca a la Cuarta Región, especialmente a los sectores costeros.
Creo que esta es una buena reacción. Tal como lo han planteado los señores Senadores que intervinieron con anterioridad, numerosos pescadores resultaron privados de su fuente laboral y perdieron botes, motores, redes, medios de trabajo.
En virtud del proyecto de ley, los inscritos en el Registro Pesquero Artesanal cuyas embarcaciones estén impedidas de operar con motivo de uno de estos trastornos se entenderán autorizados por el plazo de dos años, contado desde la entrada en vigencia de la declaración que haya tenido lugar, para poder hacerlo en otras embarcaciones. También podrán transar o transferir sus cuotas, de tal manera que puedan subsistir.
A mí me parece que esta es una buena forma de reaccionar frente a un problema que ha afectado a mucha gente que ha perdido todas sus posesiones.
Y quisiera agregar una reflexión que ya hice en la Comisión de Pesca.
Cuando tiempo atrás ocurrió el fenómeno de las heladas en la zona central, el sector agrícola perdió su producción, perdió todo lo que tenía. Y lo que se hizo fue generar un seguro obligatorio cuya parte principal pagaba el Estado y que permitía indemnizar a aquellos agricultores que habían perdido sus cosechas, que habían perdido sus bienes.
La bancada de Renovación Nacional va a votar a favor de este proyecto, pero creo que debiéramos pensar en algo que se insinuó en algún minuto en el Gobierno anterior, en el sentido de financiar parte importante de un seguro de vida que cubra además los bienes de los pescadores, de tal manera que no se repita la situación que estamos observando en estos días: que los trabajadores deben estar esperando al gobierno de turno, a un Ministro o a un subsecretario que tenga la buena voluntad de tomar esa decisión.
Al revés, si ellos contaran con un seguro de vida -hoy no lo tienen- y un seguro para resguardar sus bienes, sus botes, sus motores, sus redes, financiado con recursos y el apoyo del Estado, creo que estaríamos frente a una situación distinta y se evitaría este habitual peregrinar de pescadores que no poseen recursos para pedir que les repongan sus bienes, así como la intervención política que muchas veces se da en esta materia en las caletas.
Vamos a apoyar este proyecto de ley, porque constituye una forma de ayudar a miles de pescadores que lo perdieron todo y que hoy no tienen cómo aportar a sus familias sin sus instrumentos de trabajo.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Solo para conocimiento de los Senadores: es muy probable que el próximo martes haya sesión de Sala en la mañana, porque tenemos varios proyectos con urgencia (el de los centros de formación técnica, que no sabemos si vamos a alcanzar a votar ahora; el del Transantiago; el de los ex presos políticos). Y queremos sacarlos sí o sí a más tardar el martes o miércoles de la semana que viene. Lo digo para que se hagan la idea de que probablemente haya sesión de Sala el martes en la mañana.
Además, informo que en este minuto hay muchas Comisiones funcionando en paralelo, entre otras la de Probidad y las Subcomisiones de Presupuestos, pues ya se inició la discusión de la Ley de Presupuestos.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, efectivamente, hay muchas Comisiones funcionando simultáneamente, de modo que si hay pocos Senadores en la Sala no es porque el tema que estamos tratando no tenga en sí mismo una gran relevancia.
Creo que estamos frente a un proyecto bien diseñado. Y me gustaría dar una pequeña explicación complementaria.
La Ley General de Pesca y Acuicultura exige, con razón, que los pescadores artesanales, los titulares de autorizaciones de pesca, permisos y licencias transables de pesca y las embarcaciones respectivas estén funcionando en forma permanente conforme a las cuotas que se han asignado según el tipo de pesquería.
Esto es algo que tiene sentido, ya que se entiende que los derechos que poseen aquellas personas son para realizar tareas productivas que forman parte de su vida. Y no fue objeto de discusión cuando se analizó la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Lo que pasa es que hemos aprendido -esta es la tercera vez que ocurre lo mismo- que por imprevistos de la naturaleza (terremotos, aluviones, erupción de volcanes) la realización de actividades pesqueras se ha visto impedida de hecho, durante un período más bien largo, a raíz de ese tipo de catástrofes.
Las dos veces anteriores la situación fue resuelta a través de leyes especiales, que, atendiendo al problema ocurrido en tal o cual lugar, exceptuaban a ese sector de la costa para cumplir con las obligaciones pertinentes por un período de dos años, que es el tiempo que generalmente toma rearmar todo el sistema, en particular cuando se han perdido los botes.
La idea contenida en este proyecto es resolver dicha contingencia en forma permanente, a partir del hecho sobreviniente que ocasione la declaración de estado de catástrofe.
Eso es lo que, en el fondo, va a gatillar, como norma general, la suspensión de las obligaciones que hoy se imponen a los pescadores y embarcaciones respectivas.
Entonces, se supone -va a ser uno de los elementos a considerar cuando se declare estado de catástrofe- que, además de lo que conlleva tal declaración en materia de facultades a la autoridad y en materia de uso de recursos, automáticamente, en la medida en que haya costa, las obligaciones de permanencia en la actividad quedarán suspendidas hasta por dos años, a fin de no perder la licencia o los derechos, que es lo que la ley plantea en términos generales.
Así que, en vez de estar resolviendo al efecto, en cada situación, los problemas que se producen en este sector productivo, que constituye un modo de vida para miles de personas, me parece mucho mejor establecer una norma general.
Y es lo que se busca a través de este proyecto de ley -a mi juicio, en forma adecuada-, consagrando en el artículo 1° precisamente una excepción, consistente en que no se considerará, durante el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de la declaración de estado de catástrofe efectuada en conformidad a la ley, la obligación de realizar actividad pesquera extractiva para las personas ahí señaladas.
Por eso, señor Presidente, nos parece que estamos frente a un texto bien diseñado, que evita ir actuando legislativamente respecto de cada catástrofe y que genera un marco que también podría vincularse -sería una buena idea- a otro tipo de actividades.
Vamos a votar a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por fin tenemos una normativa permanente que hará que las medidas de emergencia sean de verdad de emergencia, pues, sin duda, entrar a dictar una ley cada vez que se produzca un desastre pone en riesgo la viabilidad de la pesca artesanal.
Leyendo la prensa de agosto -y este es el punto que quiero plantear-, me he informado que más de cien embarcaciones artesanales quedaron destruidas por las marejadas.
La Armada dio aviso con tiempo de su ocurrencia, pues se habían pronosticado con anticipación durante todo el fin de semana. Sin embargo, a pesar de que se dio aviso con antelación, más de cien embarcaciones fueron destruidas, lo que necesariamente nos lleva a revisar el tiempo de respuesta y la obligatoriedad y si existen los medios necesarios para que, cuando se registren marejadas, exista un lapso adecuado para sacar del agua las embarcaciones.
En el último caso ello no ocurrió. Se advirtió con tiempo, pero igual cien embarcaciones fueron destruidas.
Las preguntas que surgen son: ¿Pudo actuarse a tiempo en Coquimbo para impedir la destrucción de tales embarcaciones? ¿Faltó infraestructura para retirarlas y ponerlas en tierra firme, o, simplemente, no se dio el aviso adecuado?
Hasta donde las noticias indican, las marejadas fueron previstas con 48 y hasta 72 horas de anticipación.
El proyecto de ley dice relación con el sismo ocurrido el 16 de septiembre último, de 8,4 grados en la escala Richter, que sin duda dio muy poco tiempo para efectuar la evacuación del borde costero.
Se percibió a las 19:55 y ya a las 20:03 horas la Oficina Nacional de Emergencia estaba pidiendo la evacuación. Y, según el horario establecido por el SHOA, hay de 15 a 20 minutos para la llegada de las grandes olas producto del movimiento.
Voy a votar a favor, señor Presidente, porque el proyecto contiene un instrumento valioso para prevenir y mitigar los daños. En lo sucesivo, cada vez que se produzca un evento de la naturaleza que pueda afectar a las embarcaciones artesanales, habrá que llevarlas a tierra firme si existe el tiempo necesario, pero, para ello, se requiere infraestructura. Si no, van a quedar destruidas igual. Y para mí no basta su reposición.
Les vamos a pedir al SERNAPESCA y al Ministerio de Economía que informen si en las caletas afectadas existe efectivamente infraestructura adecuada para poner a resguardo las embarcaciones.
Eso significa inversiones que los pescadores no pueden hacer. Se necesitan huinches, mecanismos de arrastre y lugares apropiados para salvaguardar los bienes.
Ojalá tuviéramos una legislación que facultara a la autoridad para actuar de manera inmediata y en forma preventiva, pero también, en casos en que fuera imposible prever los daños, para reparar sin tener que andar pidiendo ley ni fondos a Santiago y para proceder a la más inmediata restitución de las embarcaciones, y, mientras durara ese período, que la facultara para que los pescadores no sufrieran pérdida de cuotas ni pérdida de tiempo de temporada, posibilitándolos para usar embarcaciones distintas, de otros propietarios, pero asignadas a la cuota y a lo que el proyecto determina.
Todo eso está muy bien, siempre que seamos capaces de tener mayor capacidad de prevención, lo cual se traduce en mejor infraestructura para cada una de nuestras caletas. Si vuelven las marejadas y no hemos hecho las obras de infraestructura necesarias, de nuevo los botes quedarán destruidos y tendremos que pagarlos, una vez más, con dinero de todos los chilenos.
Solo quiero llamar la atención en cuanto a que se requieren inversiones en las caletas que protejan y resguarden adecuadamente, frente a eventos de esa naturaleza, las embarcaciones de nuestros pescadores artesanales, quienes claramente no pueden realizar dichas inversiones.
Voto a favor, señor Presidente, felicitando a las Comisiones por la rapidez con que despacharon el proyecto, el cual, en mi opinión, es una buena noticia para los pescadores artesanales del norte.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que solo puede hablar un Senador por bancada, porque en algunas aparece más de uno inscrito.
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, no voy a repetir lo que ya se ha dicho.
La verdad es que el terremoto no solo afectó a la Región de Coquimbo, sino también a la de Atacama, a las del sur de nuestro país y a otras.
Este proyecto, específicamente, permitirá que quienes hayan perdido sus embarcaciones, en este caso específico con motivo de una catástrofe, vuelvan a operar prontamente y que esta nueva operación, como resultado de los hechos acaecidos, no afecte sus derechos, siempre que se haya declarado estado de catástrofe en conformidad a la ley.
Me voy a referir exclusivamente a algo que, en mi concepto, se halla incompleto en el texto.
Cuando se habla de "Autorizar a los armadores artesanales cuyas embarcaciones se hayan siniestrado, por medio de un régimen de sustitución transitoria, a que operen con naves que no sean de su propiedad", ¿se refiere a naves de la misma región o también a naves de otras regiones?
Eso no queda claro en la ley. Si se limita a la misma región, es posible que las otras naves se hallen en idéntica situación.
También se habla de "Permitir que los titulares de asignaciones otorgadas en el marco del Régimen Artesanal de Extracción puedan ceder total o parcialmente las respectivas cuotas asignadas, sin que ello signifique pérdida de su inscripción por caducidad en el Registro Artesanal".
¿A quién se le permite asignar? ¿A alguien de la misma región?
Es una interrogante similar a la anterior, que ojalá se puedan clarificar en el reglamento o como lo estime pertinente la Subsecretaría. Pero creo que es necesaria una aclaración.
El proyecto, señor Presidente, viene a solucionar en parte el problema de los daños causados por catástrofes naturales.
Sin embargo, desde mi punto de vista, la mayor dificultad se produce por efecto de los costos, de las reposiciones y de las reparaciones de la infraestructura y los equipos dañados: caletas, huinches, botes, mallas o redes, etcétera.
Como es común en ocasiones de catástrofe, el Gobierno redestina recursos, ya sea de los mismos sectores o de otros que no hayan sufrido sus efectos. En el caso de la pesca artesanal, ello repercute en el presupuesto del FAP (Fondo de Administración Pesquero) y en el del FFPA (Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal), cuyos montos son bastante exiguos. El año 2015 alcanzan a 4 mil 657 millones de pesos, el primero, y a 5 mil 135 millones de pesos, el segundo. Sumando ambos fondos para la pesca artesanal, no se llega a los 10 mil millones, los que deben distribuirse entre los aproximadamente 83 mil beneficiarios que existen a lo largo de todo el país.
¿Qué quiero decir con esto, señor Presidente? Que al tomarse, de una vez por todas, la decisión de enviar este proyecto de ley, ojalá los recursos extra no constituyan una redestinación dentro del mismo sector. Un fondo de contingencia para reparar en parte los daños causados por situaciones de catástrofe no debe afectar significativamente, más allá de la necesaria solidaridad, los planes de desarrollo y fomento de otras zonas pesqueras.
Como bancada, apoyamos este proyecto. Pensamos que es parte de la solución y esperamos que el sector pesquero artesanal siga recibiendo, con mayor fuerza aún, los recursos necesarios para su desarrollo y crecimiento.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor) y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.