FORTALECIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La presente sesión fue especialmente convocada para tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.057-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2015.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son facultar a los alcaldes para fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades; establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario, incremento previsional y asignación profesional; conceder un bono especial, y condonar lo recibido en exceso por error de cálculo en el incremento previsional.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.
Cabe tener presente que esta iniciativa contiene normas de rango orgánico constitucional, por lo que, para su aprobación, se requiere el voto favorable de 21 señores Senadores.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 48 a 64 del primer informe de la Comisión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solo quiero solicitar que abra la votación de inmediato, porque varios de nosotros debemos ir a Comisiones y hacer otras cosas en paralelo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No creo que haya inconveniente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero entregar un informe en términos muy generales para que los señores Senadores dispongan de más tiempo para intervenir, considerando que, gracias a la gentileza de Su Señoría, se cambió a esta hora la sesión especial, que originalmente estaba fijada para el mediodía, decisión que permitió a la Comisión de Gobierno analizar el proyecto sobre creación de consejos comunales de seguridad pública, cuyo estudio prácticamente estamos terminando.
Como dije, voy a informar de modo global los aspectos de la iniciativa en votación, originada en mensaje de la Presidenta de la República, que busca enmendar normas aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
En primer lugar, se establecen disposiciones sobre fijación y modificación de las plantas municipales.
Esta iniciativa posibilita el aumento de las plantas municipales, con especial focalización en los cargos de profesionales y técnicos. De ese modo, se faculta a las municipalidades para que, cada diez años, a propuesta de los alcaldes y con el acuerdo de dos tercios de los concejales en ejercicio, fijen o modifiquen sus respectivas plantas, siempre dentro de sus disponibilidades presupuestarias.
Luego se establecen enmiendas a los límites máximos de gasto en personal y a los requisitos para el ingreso y la promoción en los cargos de planta.
En este ámbito, se amplía el tope del gasto anual en personal desde un 35 por ciento hasta un 40 por ciento de los ingresos propios municipales.
Asimismo, se aumenta el límite superior del gasto en personal a contrata de 20 por ciento a 40 por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal, lo que permitirá pasar a aquella condición laboral a trabajadores a honorarios.
Además, en las municipalidades con planta de menos de 20 cargos se autorizará contratar hasta 8 personas y no 4, como dispone actualmente la ley.
Después se proponen normas sobre la asignación profesional.
Se dispone el pago de ella a los funcionarios municipales para que los profesionales de los municipios que se desempeñen en las plantas de directivos, profesionales y jefaturas perciban una asignación similar a la de sus pares en el nivel central.
Antes de seguir, quiero hacer una aclaración, señor Presidente. Estoy indicando lo que dice el proyecto en mi calidad de informante. Pero tenemos discrepancias no menores en muchas materias, las que serán objeto de debate en su oportunidad. En estos momentos me corresponde dar a conocer lo que plantea el texto de la iniciativa. Así que -por favor- no vayan a retar al cartero por entregar las noticias. Después cada señor Senador expresará qué le parece bien o mal de lo propuesto.
Continúo con mi informe.
También se establece que, como consecuencia del pago de la asignación profesional, ningún funcionario municipal podrá obtener una remuneración bruta mensual superior a la de un funcionario del nivel central de igual grado regido por la escala única de sueldos. Para ello, se dispone la obligación de realizar un ejercicio comparado, que, en casos calificados, implicará efectuar una reducción exclusiva del monto de la citada asignación.
Posteriormente, se incorporan disposiciones sobre el bono poslaboral de la ley Nº 20.305.
También se contemplan mejoras de grados; la incorporación de personal a contrata en la planta respectiva, y una actualización de las posiciones relativas.
Después se plantea un bono especial.
Quienes ejerzan cargos en plantas de técnicos, administrativos o auxiliares y se encuentren al 1 de enero de 2015 entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive, podrán acceder a dicho bono. Este será equivalente a la diferencia mensual entre el total de haberes brutos que corresponda a partir de la vigencia del incremento de grado y los existentes en forma previa al aumento de aquel, multiplicado por determinado factor.
En seguida, se plantea un tema muy controvertido: el incremento previsional.
La jurisprudencia de la Contraloría General de la República dispuso que no procedía calcular el incremento previsional respecto de elementos remuneratorios creados o reconocidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley Nº 3.501, es decir, a partir del 28 de febrero de 1981.
En su momento las municipalidades entregaron esos recursos y, posteriormente, el Órgano Contralor rechazó ese gasto. A raíz de ello, hoy existe una cantidad muy relevante de funcionarios municipales demandados para que devuelvan ese dinero.
Nos preocupa este asunto, y está incorporado en las normas del proyecto.
Algunos sostienen que esa materia debiera abordarse en una iniciativa de ley aparte, para no confundir los objetivos de esta propuesta con la necesidad de una solución definitiva al incremento previsional. La idea sería pronunciarse sobre el particular con el objeto de establecer una norma de evite que se persiga legalmente a los funcionarios municipales que percibieron dichos recursos, los cuales fueron entregados de acuerdo a las disposiciones que su propio municipio había establecido.
El señor PROKURICA.- ¡Ese gasto fue autorizado en su momento!
El señor ESPINA.- Efectivamente. Había sido autorizado.
Además, se contemplan nuevas competencias para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Se proponen un aumento del aporte fiscal permanente al Fondo Común Municipal y normas especiales para su financiamiento.
Y se incluyen disposiciones para el fortalecimiento de la política de recursos humanos.
Los señores Senadores podrán revisar en el informe todas las materias que he enumerado.
No he querido profundizar en ellas, señor Presidente, porque esta sesión termina en cuarenta minutos y los colegas tienen todo el derecho a hacer uso de la palabra.
Solo quisiera agregar dos comentarios, para no intervenir por segunda vez.
Los funcionarios municipales tienen toda la razón cuando piden al Gobierno que dé cumplimiento al Protocolo de Acuerdo para la Modernización del Sistema Municipal, de 14 de noviembre de 2014.
Ese documento fue firmado por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes; por el entonces Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Christian Vittori, y por el Presidente de ASEMUCH, don Oscar Yáñez.
Debo señalar que también participó en el Comisión, en forma permanente, el señor Víctor Mora, Presidente de UFEMUCH.
Los funcionarios municipales reclaman con razón, porque aspectos relevantes de dicho Protocolo no se estarían cumpliendo.
Aquí se evidencia un problema de recursos involucrados.
Piden respuesta respecto de una serie de materias: saber a quiénes se extenderá el beneficio de asignación profesional; precisar lo relativo al aumento del porcentaje a contrata.
Además, no existe igualdad real entre la remuneración de los funcionarios municipales y sus pares del nivel central. Los miembros de la Comisión creemos que esto refleja una enorme injusticia. Si hay autoridades o trabajadores que están en el primer frente de contacto con la ciudadanía, ¡son precisamente los que se desempeñan en los municipios!
En forma increíble, desde hace mucho tiempo los funcionarios municipales quedaron ganando menos que aquellos que pertenecen a los organismos de la Administración central. Y no existe una explicación razonable para ello.
Efectuamos varias sesiones en la Comisión, a las que asistieron los representantes de todas las organizaciones gremiales, tanto de alcaldes -las dos que existen- como de los funcionarios municipales, instancia en la que pudieron exponer con claridad sus puntos de vista.
Los miembros del órgano técnico aprobamos la idea de legislar esta semana, en consonancia a la urgencia con que el Gobierno calificó este proyecto. Estábamos obligados a hacerlo en ese plazo.
No obstante, advierto que esta iniciativa no será fácil de despachar en particular, ya que en algunos aspectos existen discrepancias muy de fondo.
En ese sentido, destaco la diferencia existente entre las legítimas aspiraciones de los funcionarios y el contenido del texto propuesto, sobre todo existiendo de por medio un Protocolo de Acuerdo, el que no se está cumpliendo en los términos suscritos. Esto obviamente motiva al personal municipal a pedir al Ejecutivo que se haga cargo de lo comprometido en dicho documento.
Es cuanto deseo informar en términos generales respecto del presente proyecto, con el propósito de que los demás señores Senadores y señoras Senadoras puedan hacer uso de la palabra en esta sesión, que es breve.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entendemos la alegría que existe por la discusión de esta iniciativa de ley. Sin embargo, les solicito silencio a los asistentes en las tribunas, porque el Reglamento prohíbe las manifestaciones. Les sugiero mover las manos cuando estén contentos, pero no aplaudir.
Tenemos la siguiente situación: habíamos acordado ayer realizar esta sesión especial por dos horas, pero luego se planteó a la Mesa la posibilidad de resolver esta materia en menos tiempo, razón por la cual decidimos que la sesión durara una hora. Sin embargo, dada la cantidad de inscritos, no existe ninguna posibilidad de finalizar en el plazo fijado.
El señor CHAHUÁN.- Que se acorte el tiempo de cada orador, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- Sugiero que se abra la votación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ya se abrió, Su Señoría. Estamos en el fundamento de voto. Por tanto, se puede intervenir hasta por cinco minutos.
El problema es que, si cada uno de los inscritos habla por cinco minutos, nos pasaremos por mucho de la hora de término de la sesión.
¿Habría acuerdo para que se fundamente el voto hasta por tres minutos?
El señor LARRAÍN.- Con excepción de los miembros de la Comisión.
El señor LETELIER.- Sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Tres minutos, salvo para los integrantes de la Comisión, que podrían hablar hasta por cinco minutos?
El señor PÉREZ VARELA.- ¡No!
El señor NAVARRO.- ¡No hay acuerdo!
El señor PROKURICA.- ¡Me opongo!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entonces, solo me queda decirles que en adelante no habrá posibilidad alguna de llegar a acuerdos, considerando que el compromiso asumido ayer por Sus Señorías no se está cumpliendo hoy.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quienes nos hemos desempeñado en cargos de servicio público en gobiernos regiones y locales, justamente por nuestro conocimiento práctico, tenemos una motivación especial por contribuir a que se abra paso a la descentralización del Estado.
Desde el Senado, he podido constatar el desconocimiento, la incomprensión y hasta la desconfianza que afecta a la gestión de los gobiernos regionales y locales, lo que hace difícil todo avance en su fortalecimiento.
La larga historia de este proyecto de ley que modifica normas sobre funcionarios municipales es una expresión de esa realidad.
Ya en 1997 fue aprobada una reforma constitucional que radicó en los municipios la facultad para establecer sus propias plantas de funcionarios, materializando con ello el principio de la autonomía municipal.
En 2004 fue presentada una iniciativa que se denominó "de modernización municipal", que constituía una verdadera reforma y que, en mi calidad entonces de Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, me correspondió negociar e impulsar.
Ese proyecto fue finalmente rechazado por el Senado en 2008.
El Gobierno del Presidente Piñera mantuvo el statu quo. Y ahora, en la segunda Administración de la Presidenta Bachelet, por fin estamos cerca de concretar esa aspiración.
La iniciativa en análisis es menos ambiciosa. No se trata de la reforma que han venido solicitando los municipios desde hace años, pues no se hace cargo de dotarlos de las atribuciones y recursos para cumplir efectivamente sus fines.
Tampoco es un proyecto que recoja todas las legítimas reivindicaciones de los funcionarios municipales.
Sin embargo, permitirá adaptar las plantas a las necesidades y a la realidad de cada municipio; regularizar la situación de muchos servidores públicos que se han desempeñado por años a contrata o a honorarios, y mejorar las remuneraciones de los funcionarios.
En cuanto a la posibilidad de modificar las plantas, la situación actual es insostenible. Hay comunas que multiplicaron varias veces su población, mientras sus municipios mantienen la misma planta desde 1994.
Tal situación generó una enorme traba para la gestión de esas corporaciones.
Conozco los problemas que acarrea la ejecución de un flujo creciente de miles de millones de pesos en proyectos de inversión que recaen en todo tipo de obras.
Sé lo que significa administrar decenas de programas sociales destinados a atender las necesidades de toda clase de personas.
Todo ello lo han hecho los municipios, con limitadas capacidades, con personal escaso y de menor calificación.
Esa tarea ha sido posible -hay que decirlo- gracias al sacrificio de miles de trabajadores a honorarios, que no han tenido la posibilidad de desarrollar su vocación a través de una carrera profesional ni han contado -durante años y a veces décadas- con derecho a la previsión.
También ha sido posible con el sacrificio de miles de funcionarios de planta que, históricamente, han sido tratados en forma discriminatoria, recibiendo remuneraciones inferiores en comparación con el resto de quienes laboran en la Administración Pública.
¿Por qué hasta ahora todos los funcionarios públicos con título profesional tienen derecho a la correspondiente asignación profesional, con la sola excepción de quienes se desempeñan en los municipios?
Esa desigualdad viene revirtiéndose durante los últimos años.
En síntesis, esta iniciativa constituye un importante paso para regularizar la gestión de los municipios y resolver las condiciones inequitativas en las que se han desenvuelto sus funcionarios de planta, a contrata y a honorarios.
Sin embargo, como mencioné, no resuelve todos los problemas y es susceptible de perfeccionamientos. El Ejecutivo ya escuchó algunas proposiciones y esperamos que acoja otras tantas durante el plazo para presentar indicaciones.
Por ejemplo, con relación al aumento de grados que recibirán los funcionarios de los escalafones de auxiliares, administrativos y técnicos, los ubicados en los lugares más bajos aumentarán en dos grados, mientras que los superiores en solo uno, lo cual me parece bien. Pero estos últimos solo percibirán el beneficio a contar de 2016.
El ideal sería que todos vieran a partir de este año un beneficio concreto en virtud de la ley en proyecto.
Señor Presidente, respetaré los cinco minutos de intervención.
Este proyecto viene a dar en parte una pequeña solución a los problemas municipales.
Espero que mediante indicaciones el Ejecutivo se allane a aportar mayor cantidad de recursos para ir convirtiendo a los municipios en verdaderos gobiernos locales.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, trataré de ser lo más breve que pueda, pues considero que el interés de todos, y principalmente el de los funcionarios municipales, es que este proyecto de ley se haga realidad lo antes posible.
En lo principal, cabe destacar que se suscribió un protocolo entre los funcionarios municipales y el Gobierno. Y algunos participamos al objeto de lograr el acuerdo que hoy se halla vigente.
Nuestra Comisión, cuando analicemos en particular la iniciativa, tendrá que vigilar que ese protocolo se cumpla en la forma establecida. Podrá haber interpretaciones en un sentido o en otro, pero lo relevante será despachar el proyecto de ley.
Esta iniciativa -muy bien se dijo en este Hemiciclo- cumple en parte importante ese protocolo. Aunque hay materias que sí se encuentran en discusión.
Me parece que está de acuerdo con el protocolo el hecho de entregarles facultades a las municipalidades para que cada ocho años fijen sus propias plantas, lo cual es un gran logro para ellas, pues les dará autonomía para manejar su política de personal.
Además, se aumenta el margen de los recursos municipales que pueden destinarse al pago de remuneraciones, del 35 por ciento actual a 42 por ciento.
Ese es otro logro importante.
Asimismo, se propone una modificación en el sentido de realizar un incremento de dos grados a los funcionarios ubicados más abajo en el escalafón y de un grado a quienes se encuentran más arriba.
Esa mejora se encuentra dentro del protocolo.
Luego, se establece un sistema de asignación profesional, de manera que los funcionarios municipales gocen del mismo beneficio que quienes laboran en el nivel central.
Lo anterior también es trascendente para esos trabajadores, porque se trata de una norma de equidad en la función pública.
El proyecto de ley contempla, además, la entrega de recursos para que las municipalidades solventen los beneficios contenidos en él, ya que un reclamo permanente de los municipios es que nosotros aprobamos iniciativas sin el suficiente financiamiento.
El Fisco efectuará aportes especiales durante tres años, llegando a entregar 36 mil millones de pesos en 2017, con lo que se logrará concretar todos los acuerdos.
Adicionalmente, a contar de 2018, se compromete un incremento del aporte fiscal al sector municipal hasta llegar a un millón 52 mil unidades tributarias mensuales, cifra que representa casi cinco veces más de lo que hasta ahora el Fisco entrega para gastos en personal.
Existe, sí, un asunto, que le representé al Gobierno y que debemos revisar, relativo a la fecha a partir de la cual rige la ley en proyecto. Por eso considero urgente aprobar y despachar la iniciativa.
Se dijo que esta legislación tendría efecto retroactivo a contar del 1 de enero, mientras el Gobierno está planteando más bien un bono equivalente a cuatro meses.
Si tomamos nota de ello, eso no coincide con la fecha 1 de enero.
Se trata de un aspecto que habremos de revisar y plantear. Como no poseemos iniciativa para formular indicaciones sobre la materia, el Ejecutivo tendrá que presentarlas.
Por todas esas razones, espero que el proyecto sea aprobado por la Sala -estoy seguro de que hay acuerdo unánime- y vuelva a la Comisión de Gobierno para que ojalá pueda convertirse en ley lo antes posible.
Cualquier demora irá en perjuicio de los funcionarios municipales.
Considero que, en sí, hay que lograr que el protocolo sea cumplido de buena fe por todas las partes.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, nadie discute, aunque se avanza poco, la necesidad de fortalecer a los municipios y de preocuparse de la situación de los trabajadores municipales.
Uno podría decir que este proyecto va en la dirección correcta. Sin embargo, resulta claramente insuficiente.
De aprobarse tal como está, veremos que las remuneraciones de esos funcionarios crecerán de manera muy menguada.
Por lo tanto, no habrá una diferencia sustancial.
Pero nuestro problema con esta iniciativa no es ese.
Hoy discutimos la ley en proyecto porque en 2014 hubo una movilización de funcionarios municipales que terminó cuando el Gobierno se comprometió, mediante un protocolo, a enviar una iniciativa, trámite que se cumplió el 20 de mayo del año en curso.
De la sola lectura de las distintas normas del proyecto, se desprende que no se respeta el protocolo que el propio Ejecutivo firmó junto con las organizaciones de los funcionarios municipales.
Y aquí tenemos un problema, porque estamos discutiendo sin la presencia del Gobierno un proyecto en que el Ejecutivo incumple su palabra. El Gobierno no está aquí para decirle al Senado que está dispuesto a respetar lo acordado y que presentará indicaciones para modificarlo.
¿Va a ocurrir eso o no?
Porque, sin duda, la Cámara Alta no puede aprobar una normativa en la cual se les da vuelta la espalda a los funcionarios municipales.
Son varias las materias en las que este proyecto no da cuenta de lo firmado en noviembre de 2014.
Lo relativo al efecto retroactivo -como se dijo- no se respetó.
Y como la norma para cumplirlo es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, el Senado, al aprobar este proyecto hoy día, da una especie de cheque en blanco, firma un documento en blanco sin saber si el Gobierno cumplirá o no su compromiso.
Habría sido importante que el Ministro del Interior estuviera presente para señalar si el Gobierno está dispuesto a respetar ese protocolo de acuerdo.
Por otro lado, se encuentra el tema de la asignación profesional.
No todos los profesionales que se desempeñan en las municipalidades recibirán la asignación profesional. Se dice que serán homologados con el nivel central, pero no es así. No hay una homologación exacta entre lo que percibe un profesional del nivel central y uno de las municipalidades. Por lo tanto, a muchos de ellos esto no les significará absolutamente nada.
Por otra parte, está lo relativo al incremento previsional.
Esa materia no fue parte del protocolo. Cuando los funcionarios municipales llegaron a acuerdo con el Gobierno no incorporaron entre los temas para levantar la movilización el que se legislara en este proyecto acerca del incremento previsional. Además, de la sola lectura queda demostrado que es un tema complejo, que ofrece una zanahoria, pero también un garrote.
Como lo han pedido las organizaciones de los funcionarios municipales, hemos planteado desde el principio que el Gobierno saque de esta iniciativa de ley lo relacionado con el incremento previsional, y que este tema lo tratemos, como su complejidad verdaderamente lo requiere, en un proyecto aparte. Porque -reitero- de la sola lectura se aprecia que hay una zanahoria para algunos y un garrote muy grande para la mayoría de los funcionarios municipales.
A mi juicio, señor Presidente, es clave escuchar al Gobierno, que este señale si está dispuesto a resolver las inconsecuencias existentes entre el protocolo de acuerdo y el proyecto de ley. Porque, si no, estaremos obligados a rechazarlo en la discusión en particular, pues el texto actual va a generar conflictos.
Espero que el Ejecutivo no esté pretendiendo dividir la organización de los trabajadores municipales, y que no se genere un cuestionamiento. Por el contrario, pienso que el Gobierno debe estar preocupado de avanzar para resolver las dificultades. Y, para ello, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la palabra comprometida en el protocolo de acuerdo que firmó en 2014. Y eso, claramente, no lo está haciendo aquí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, quiero partir haciendo un reconocimiento.
Yo fui alcaldesa por más de diez años. Y, efectivamente, la labor que realizan los funcionarios municipales es de una importancia enorme para muchísimas personas, particularmente para las que están en condición de mayor vulnerabilidad.
Cuando se habla de regionalización, sin duda el poder más cercano a la gente es el municipio. Por lo tanto, debiera ser de interés de todos contar con instituciones municipales fuertes, potentes y sanas, que sean de verdad lugares no solo de servicio, sino también de realización para sus funcionarios.
Sin embargo, hay algo que me llama la atención.
Si este es un tema tan relevante y se le da la importancia que se supone debe tener, ¿dónde está el Ejecutivo en esta discusión?
El señor LETELIER.- ¡Ustedes no lo dejaron entrar! ¡El Subsecretario está afuera y ustedes no le permitieron el ingreso!
La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¿Y el Ministro?
Me parece que esta materia es de mucha importancia y me gustaría que estuviera aquí el Ministro del Interior. Esta discusión amerita su presencia, y me parece que de verdad debiera estar acá. Eso, en primer lugar.
En segundo término, la iniciativa no se ajusta al protocolo de acuerdo al que se llegó y que motivó el término de la movilización de los funcionarios municipales.
Uno podrá estar de acuerdo o no, compartir o no los términos de dicho acuerdo, pero este no se está respetando.
Ahora bien, yo conversé con las asociaciones de funcionarios municipales de mi zona. Ellos plantearon que celebraron una reunión con la SUBDERE y que existiría voluntad de subsanar las diferencias. Sin embargo, me habría gustado que ello se hubiese planteado en forma más clara. Porque, tal como sostuvo el Senador Pérez, nosotros estamos entregando un cheque en blanco, porque es un compromiso que hoy día queda en el aire. Es decir, así como no se cumplió el compromiso anterior, podría no respetarse este.
A mi juicio, el debate no debiera haberse realizado de esta manera.
Siempre se ha dicho que el Estado es un mal empleador. Y cuando hablo del Estado también me refiero a los municipios, porque estos tienen trabajando a muchas personas a plazo fijo, con contratos bastante precarios. Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa se aumentan los funcionarios a contrata a un 40 por ciento. Pero eso no estaba en el texto anterior.
Entonces, de verdad creo que la iniciativa de ley tiene muchas deficiencias.
Si efectivamente terminamos en un proyecto en el cual se respete el protocolo de acuerdo, yo seré la primera en felicitar el trabajo realizado por las asociaciones de funcionarios, el Gobierno y cada uno de los parlamentarios que han integrado las Comisiones correspondientes, y concurriré con mucho agrado con mi voto favorable.
Voy a aprobar la idea de legislar. Pero, sinceramente, espero que en esta oportunidad se cumpla el acuerdo, y no como la vez anterior, en que a pesar de consensuar un protocolo, este no se respetó.
Por lo tanto, deseo que esta vez sí se cumpla lo acordado y que lo conversado con las asociaciones de funcionarios se respete, a fin de despachar un buen proyecto de ley que, de alguna manera, satisfaga sus necesidades, porque, por lo demás, el personal municipal es el que se halla en peores condiciones en todo el aparato público.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar, expresando mi confianza y mi esperanza de que el proyecto signifique un real mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios municipales.
Durante la discusión en particular nos vamos a preocupar especialmente de tres materias que, por lo menos en la Región de La Araucanía, son extraordinariamente sensibles.
La primera dice relación con la forma en que la iniciativa está abordando el llamado "incremento previsional".
Cabe recordar que esta fue una materia no provocada por los funcionarios municipales. Fue la Contraloría General de la República la que emitió un dictamen que señalaba que los trabajadores del sector municipal tenían derecho a determinado monto que debían pagar los municipios.
Sucede que en la Región de La Araucanía prácticamente todos los municipios decidieron cancelarlo. Y ahora estamos ante varias situaciones extrañas: ciertos alcaldes tienen juicios de cuentas y demandas; algunos todavía están pagando, otros ya no lo están haciendo.
Sin embargo, ese desorden no es atribuible a los funcionarios municipales. Esto es absoluta y enteramente causado por una decisión que, en su momento, adoptó la Contraloría General de la República.
Por tal motivo, creo que ese aspecto, esa consideración, debe estar presente en la solución que se le dé al problema.
Segundo elemento: funcionarios municipales a honorarios.
Son varios miles los que se encuentran en esa situación. Y no llevan poco tiempo cumpliendo tareas a honorarios, sino 25, 20, 15 o 10 años. ¡Se imaginan el daño previsional que tienen esos trabajadores! ¡Es gigantesco! Muchos de ellos están llegando a las edades para jubilarse. ¿Cómo lo harán si no tienen las cotizaciones previsionales respectivas?
Entonces, el Estado ha de hacerse cargo de la situación que les afecta, que es francamente dramática.
Por su parte, también tenemos el tema de la asignación profesional, que es de toda justicia. Y por ser de toda justicia, ha de entregarse de forma íntegra. La iniciativa no debiera establecer que si se sobrepasa lo que recibe un funcionario de la administración central, al profesional de una municipalidad se le tiene que reducir la renta. Porque, entonces, estaríamos legislando, como tantas veces se dijo y se criticó, con letra chica.
Espero, señor Presidente, que en la discusión en particular seamos capaces de subsanar todos esos aspectos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón, ex alcalde de Puente Alto y de Pirque.
El señor OSSANDÓN.- Primero de Pirque y luego de Puente Alto, señor Presidente.
Con los Senadores Guillier y Quinteros presentamos un proyecto de reforma constitucional que entrega a los municipios su verdadero rostro: que no sean simples administradores comunales, sino auténticos gobiernos locales.
Considero que eso es modernizar en serio el mundo municipal y, al mismo tiempo, efectuar un verdadero proceso de descentralización. Porque esta no pasa por los cores ni por los gobiernos regionales, sino por los municipios. Estas instituciones disponen de más personal y de funcionarios mejor preparados. Y, además, sus autoridades son elegidas democráticamente.
A mi juicio, el proyecto es una buena base. Pero hay que transparentar en forma definitiva el tema laboral existente en los municipios de Chile. Porque ello no va a significar, contrariamente a lo que dicen algunos, mayores gastos, por cierto si se procede en forma correcta. Porque, por ejemplo, hoy miles de personas laboran a honorarios en programas sociales disfrazados para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones de las plantas municipales.
Creo que también deberíamos aprovechar este proyecto para eliminar de una vez por todas los grados 16 a 20, donde figuran funcionarios que, no obstante ser parte de la misma pobreza, laboran con personas vulnerables.
Los municipios tienen dinero. Y, en nuestro país, la mayoría de los trabajadores arregla su situación vía horas extras. De manera que, como no se requieren mayores recursos, hay que evitar que la gente, para pagar sus deudas a fin de mes, deba inventar trabajo adicional en la semana o ir a laborar en día sábado. Entonces, hay que transparentar la situación y tener una escala que vaya del grado 1 al 15.
Asimismo, me parece que sería del caso aprovechar esta iniciativa para elaborar un sistema mixto. Porque los alcaldes no pueden tener contratas por el tiempo que dure su período -más bien, ellas son propias de los integrantes de su equipo-, pues en tal caso quienes ocupan cargos de esa índole ¡deben esperar a fin de año la llegada del Viejo de Pascua con el nuevo contrato...!
Todos los funcionarios deben tener la oportunidad de desarrollarse. Y no estoy hablando solo de los trabajadores municipales. Pero lo cierto es que quienes ocupan cargos de confianza están en ellos con contratas anuales o para insertarse en programas sociales inventados.
El que firma un contrato por cuatro años también puede proyectarse a ese plazo: pedir un crédito, planificarse familiarmente, en fin.
Los municipios deben tener hoy un trato más parecido al del nivel central. Las diferencias carecen de sentido.
Este proyecto, que constituye un avance, no transparenta la realidad.
Decir que estamos subiendo del 35 al 42 por ciento es teoría, porque actualmente las municipalidades, con los programas sociales, gastan muchísimo más de 42 por ciento.
A mayor abundamiento, debemos considerar que no se ha adecuado la población. Recordemos que se está operando sobre la base de un censo de hace más de quince años.
Por consiguiente, hago un llamado al Gobierno para que de una vez por todas sinceremos la realidad, tanto más cuanto que esto se puede cuadrar en cada administración con la misma plata que se gasta hoy: no existe costo alguno.
Como vimos en la última sesión, en el mundo municipal (también en el Senado) mucha gente no tiene imposiciones, ni por ende acceso a la salud, porque no somos capaces de transparentar la situación.
En mi concepto, es factible dejar cierto grado de libertad amarrado a la responsabilidad de cada autoridad. Y, como hay evaluación cada cuatro años, ella va a aquedarse o saldrá a patadas: una de las dos cosas le sucederá.
En consecuencia, reitero mi llamado al Ejecutivo para que sinceremos lo que acontece en los municipios.
Por supuesto, apoyaré esta iniciativa. Pero ojalá podamos modificarla y, sobre todo, eliminar los grados 16 a 20.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, hoy debemos tomar una decisión difícil y compleja. Porque todos sabemos -y lo dijimos muchas veces en la Comisión de Gobierno- que los funcionarios municipales tienen gran relevancia: son la puerta de entrada al Estado. Entonces, es importantísimo que cumplan bien su trabajo. Y para eso deben contar con condiciones laborales adecuadas, estables, y no depender de un ciclo político de cuatro años. Como ellos mismos nos decían, la experiencia del trabajo en el municipio es indispensable para entregar un buen servicio a los ciudadanos.
Este proyecto de ley, tal como está ahora, constituye un avance, pues permite, después de harto tiempo, que las municipalidades cambien sus plantas de personal cada diez años. De modo que, en tal sentido, descentraliza.
Asimismo, exhibe responsabilidad presupuestaria, aspecto que debiera preocuparnos cuando observamos a países que enfrentan problemas con municipios que gastan más de lo que tienen. Y, por eso, en su articulado se dispone que a los alcaldes que cometan ese error -por decirlo así- se los podrá sancionar por notable abandono de deberes.
Es un avance, además, porque permite mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales.
Sin embargo -y así lo vimos en la Comisión de Gobierno con los funcionarios involucrados-, esta iniciativa no cumple la palabra empeñada por el Ejecutivo.
Entonces, uno duda de si lo que propone el Gobierno va en la dirección que todos queremos: que el Ejecutivo cumpla completamente el Protocolo de Acuerdo.
En esa línea, se mencionaron varios puntos. Yo voy a repetir solo algunos.
Se planteó un reencasillamiento para todos por igual. Pero, como él se realiza en tiempos diferentes, va en detrimento de los grados favorecidos más tarde.
De otro lado, se comprometió retroactividad. Ello no está sucediendo completamente, pues solo se reconocen cuatro meses. De manera que en esta materia tampoco se cumple el Protocolo.
Y hay otros puntos que mueven a duda.
Por ejemplo, en el caso de la asignación profesional vemos una diferencia con lo que sucede en el gobierno central: en este se paga a todos, incluidos los grados más bajos, y en el proyecto, a los directivos, a los profesionales y a las jefaturas, pero no a los funcionarios municipales que se esforzaron por obtener su título y contribuir a la profesionalización de la planta respectiva completa.
Por otra parte, existe la situación de jefaturas que no tienen título profesional. Este punto es especialmente significativo, pues aquello sucede mucho en comunas pequeñas, en comunas alejadas, en comunas rurales, como las de la Región de Los Ríos. En ese caso el proyecto no otorga la asignación pertinente. El Gobierno dijo en la Comisión que algo iba a mejorar a ese respecto. Esperamos el mejoramiento.
Señor Presidente, por lo escaso del tiempo, no me referiré a otros puntos que deseaba tocar.
En todo caso, nosotros tenemos bien clarito qué está cumpliendo el Gobierno y en cuáles aspectos se halla en deuda.
Por último, quiero referirme a la precarización del trabajo de los funcionarios municipales.
Se sostiene que en este proyecto el límite máximo del gasto en personal a contrata se amplía de 20 a 40 por ciento. Y se añade -es la explicación que dio el Ejecutivo- que ello se hace para mejorar la situación de los honorarios. Sin embargo, el articulado no dice que quien está hoy a honorarios pasa a contrata. De manera que, para aquellos que trabajan a honorarios, la situación queda exactamente igual y con el mismo grado de precariedad.
Por eso, señor Presidente, la decisión es difícil: avanzamos o rechazamos esta iniciativa completa.
Lo conversamos con los funcionarios, y decidimos que "más vale pájaro en mano que cien volando".
Por eso, voto a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, debí tomar la decisión de no dejar entrar al Subsecretario de Desarrollo Regional porque desde hace meses estoy pidiendo, a través del Senado, un informe sobre la inversión de recursos en la Región de Atacama y, pese a que mediante un proyecto de ley aprobado en esta misma Sala se destinaron 500 millones de dólares a cinco comunas de ella más Taltal, solo recibí dos carillas que llegaron con un atraso de 19 días y no dicen nada que le pueda interesar a alguien.
Señor Presidente, o nos hacemos respetar como Parlamento, o seguimos aceptando que los ministros nos manden cualquier cosa solo por cumplir.
Le he pedido aquello al Ministro de Hacienda por todas las vías institucionales. Se demoró -repito- 19 días en contestar, y la verdad es que no cumplió.
Voy a remitir a la Mesa la respuesta que recibí.
Así que mientras no haya un detalle de los recursos pertinentes seguiré oponiéndome a que los subsecretarios ingresen a esta Sala.
No tengo otro mecanismo para lograr que se cumpla la legislación vigente.
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo en general una iniciativa de ley muy esperada por los funcionarios municipales.
El mensaje señala que este proyecto se fundamenta en el proceso de desarrollo de la descentralización de nuestro país a partir del fortalecimiento de las municipalidades. Añade que a través de él se busca dar respuesta al aumento permanente de las responsabilidades de aquellas fortaleciendo el ámbito de sus recursos humanos e imponiéndoles obligaciones de información y rendición de cuentas en las materias pertinentes. Es decir, se trata de avanzar para que los municipios transiten de administraciones a auténticos gobiernos locales.
Luego expresa que 1994 fue el último año en que se definieron las plantas municipales.
Manifiesta en seguida que esta iniciativa no implica solo aumento del número de funcionarios o de sus remuneraciones, sino que, además, su idea es proponer un nuevo diseño del municipio en cuanto a la gestión de sus recursos humanos.
Por otro lado, dice que debe tenerse en cuenta la relación existente entre el número de funcionarios y la cantidad de población a atender, la que actualmente, si se la compara con la de las demás naciones de la OCDE o incluso con la de algunos países de América Latina, no calza para nada.
A ello se debe agregar que el nivel promedio de profesionalización de las municipalidades es bajo: tan solo un profesional por cada cuatro funcionarios.
En tal sentido, señor Presidente, recojo un punto que planteó la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra: no se trata de que los trabajadores no se interesen en profesionalizarse, aprender y mejorar sus competencias para prestar servicios en el municipio.
En efecto, sé de funcionarios de la Región de Atacama que, conscientes de que no iban a obtener una mayor remuneración ni una mejor condición laboral, estudiaron pagando con sus propios recursos las carreras respectivas. Hay ejemplos de ese esfuerzo en las Municipalidades de Chañaral y de Vallenar, entre otras; sin embargo, no existe una contraprestación que incentive a hacerlo.
La iniciativa que nos ocupa recoge diálogos con alcaldes y funcionarios, los que terminaron en el Protocolo para la Modernización del Sistema Municipal Chileno, de noviembre de 2014.
Empero, y conviniendo con la Senadora Von Baer, debo puntualizar que dicho Protocolo se cumple solo parcialmente en esta iniciativa.
Señor Presidente, los gobiernos municipales son una pieza clave en la vinculación del poder público con los ciudadanos.
En la idea de erradicar factores que puedan generar riesgos de corrupción, este proyecto de ley establece mecanismos que potencian la profesionalización del personal, en parte.
Además, restringe el uso de la facultad de efectuar modificaciones en la planta en períodos cercanos a elecciones municipales, en los que muchos funcionarios son castigados por no pertenecer a determinado sector político.
Por último, señor Presidente -me queda poco tiempo-, deseo referirme a la cuestión del incremento previsional, que fui uno de los primeros en abordar.
Ese problema debe resolverse, porque no solo están afectados los funcionarios que recibieron los dineros, sino también aquellos a los que el alcalde les dio la orden de autorizar los documentos, quienes ahora tienen sus bienes embargados.
La Contraloría dice no tener responsabilidad en esta materia (el Senador García describió muy bien la situación). Sin embargo, se trata de un dictamen de dicho órgano para una región y que algunos alcaldes quisieron aplicar en el resto del país. Al final de cuentas,...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor PROKURICA.-... se terminó perjudicando a muchos funcionarios, quienes hoy necesitan una solución para no perder sus casas y otros bienes por un asunto en el que no les cabe responsabilidad alguna.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Por razones de tiempo, señor Presidente, seré muy breve, pues comparto todo lo que se ha dicho.
Solo quiero hacer una reflexión: por algo están desprestigiados los políticos.
En parte, ello tiene que ver con la circunstancia de hacer promesas y no cumplirlas.
Es muy habitual que en las campañas los candidatos se floreen. Pero después, cuando ocupan los cargos a que postularon, no cumplen lo que ofrecieron.
Eso nos desprestigia. Y, aunque algunos no lo hagamos, igual quedamos en el grupo.
Sin embargo, mucho más grave es que el Gobierno firme un acuerdo y antes de un año, en su intento por cumplirlo, no haga honor a lo que empeñó en su palabra escrita.
Eso es un desprestigio para el Ejecutivo, pero que de nuevo afecta a la política en general.
No resulta aceptable que el Gobierno firme un compromiso y, en el transcurso de su mandato, se dé una vuelta en el aire.
Eso es feo, señor Presidente.
Considero fundamental que el Ejecutivo se haga cargo de sus compromisos. Y esperamos que en las indicaciones que formule durante la discusión particular los concrete.
Los funcionarios municipales llevan mucho tiempo esperando. Por eso, es hora de que se les cumpla.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Seré muy breve, señor Presidente.
Por cierto, voy a aprobar la idea de legislar.
Sin embargo, quiero decir que me habría gustado mucho que la reforma laboral presentada por el Gobierno, que no tiene nada de positivo para generar nuevos puestos de trabajo o mantener los ya existentes, hubiese incorporado medidas relacionadas con los trabajadores a honorarios, con los empleados públicos y con los funcionarios municipales.
Era muy importante hincarle el diente a aquello para hablar de una reforma laboral verdadera.
Con todo, voto a favor, pues este proyecto es un paso adelante, aunque insuficiente para lo que se necesita y para restablecer las confianzas en los municipios, máxime si todo el mundo, y en general los gobiernos, desconfía mucho de ellos.
Por último, recojo las afirmaciones del Senador Zaldívar en el sentido de que los miembros de la Comisión de Gobierno, órgano presidido por el Senador Espina, van a estar vigilantes como ministros de fe para que el Protocolo suscrito con el Ejecutivo se cumpla, en beneficio de los funcionarios municipales.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Senador Quinteros, entiendo que quiere hacer una precisión.
El señor QUINTEROS.- Así es.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, yo apruebo la idea de legislar, pero me inhabilito en los artículos transitorios relacionados con el incremento previsional.
Dejo constancia de tal situación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Así se hará constar, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si los puntos en comento constituyen un avance; si todo ello faltaba para mejorar la situación de los funcionarios municipales, la pregunta que uno debe hacer es por qué no se abordaron antes.
Ahora, si a los municipios se les aportarán extraordinariamente 12 mil millones de pesos en 2015, 24 mil millones en 2016 y 36 mil millones en 2017, espero que la ley en proyecto garantice firmemente que los mayores recursos estarán dirigidos a aumentos remuneracionales para los funcionarios y no a otros pagos.
Ojalá que con el Senador Espina, en el transcurso del debate que viene, podamos amarrar definitivamente los mayores recursos al financiamiento de la nivelación, del incremento remuneracional y de los otros aspectos de esta iniciativa, para evitar que se destinen a otras acciones que puedan emprender los alcaldes.
Del mismo modo, el aumento del porcentaje de funcionarios a contrata nos pone ante una cuestión de fondo: qué planta requieren las municipalidades. Porque si bien el proyecto establece que de aquí a ocho años los municipios podrán fijar sus propias plantas, me gustaría que ello quedara bien regulado. No pueden depender totalmente del alcalde de turno la fijación de la planta, el número de funcionarios de confianza que ingresará durante su período, etcétera. La planta debe estar acorde con las necesidades de la comuna.
Confío en que cuando abordemos el problema municipal en su globalidad podamos también reglar las facultades de los alcaldes, pues siento que existe una concentración de poder excesiva.
En mi concepto, hay que darles más poder a los concejales, a la ciudadanía. Y también se requiere tener mecanismos más eficaces para evitar el maltrato y los abusos de poder dentro de lo que yo llamo "feudalismo municipal", que va paralelo con la monarquía presidencial consagrada en el Texto Fundamental vigente, la cual permite que autoridades con mucho poder a veces no lo usen adecuadamente, vulnerando derechos esenciales de los ciudadanos, y en este caso de los funcionarios municipales.
Voy a votar a favor, señor Presidente.
Tenemos observaciones que plantear. Confío en que se avance en el acuerdo con las asociaciones de funcionarios.
Nos hemos reunido -al menos en la Región del Biobío- con diversos municipios. Y ellos han hecho presente la urgencia de aprobar esta iniciativa, que no resuelve todas las materias, pero constituye un avance.
Yo quisiera que quedara claro, cuando se despache el proyecto, si bien se trata de un avance, cuánto más nos falta. Ello, con el objeto de saber si lo que realizamos fue suficiente.
Voto a favor de esta iniciativa. Y esperamos que en la Comisión -tal como se señaló- vayamos a las cuestiones de fondo, y así saber exactamente cuánto vamos a avanzar y cuánto nos resta por hacer. Porque eso nos permite la Ley de Presupuestos para este año.
A propósito de esto último, todos queremos que la economía mejore. Si lo hace, me gustaría que se precisara la incidencia que eso tendrá en los funcionarios municipales.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido, y se fija como plazo para la presentación de indicaciones el 28 de agosto, a las 12.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.