AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE SERVICIO ELECTORAL
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta Fundamental, en segundo trámite, que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.840-07 y 10.055-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2015.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión: 44ª, en 18 de agosto de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es concederle autonomía constitucional a la entidad, con el fin de fortalecer su independencia y capacidades institucionales para cumplir su rol administrativo de organización de elecciones y de fiscalización del funcionamiento y financiamiento de procesos electorales y partidos políticos.
La Comisión la discutió en general y en particular y la aprobó en general por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín. La sancionó en particular con enmiendas, consignando las votaciones y la redacción respectivas en su certificado.
Cabe destacar que el artículo único requiere, para ser acogido, las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 21 votos a favor.
El texto que se propone se incluye en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor De Urresti, Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, la iniciativa refunde dos proyectos de reforma constitucional, uno de ellos iniciado en moción y el otro en mensaje.
A modo de síntesis, en los fundamentos se hace presente que actualmente existe un sólido compromiso con el proceso de fortalecimiento de la democracia. Por eso, se recuerda que ya se avanzó en la aprobación de un cambio al sistema electoral para establecer otro de carácter proporcional y representativo.
Se agrega que con el mismo objetivo se trabaja en una agenda legislativa orientada a asegurar que la política y los negocios constituyan ámbitos distintos, a fin de prevenir conflictos de intereses. Se añade que las modificaciones procuran garantizar una mayor equidad y transparencia en las campañas y potenciar el rol que deben cumplir los partidos políticos.
El mensaje asimismo se refiere a la función electoral. Indica que ella se compone de un conjunto de actos orientados básicamente a la elección de los gobernantes de un Estado. Expresa que abarca también, entre otros aspectos, el registro de electores y de candidaturas; la regulación de los recursos económicos y materiales de estas últimas; la recepción y clasificación de los sufragios, y la solución de las controversias generadas en los procesos electorales.
Se puntualiza que el encargado de la administración de la actividad de que se trata es el Servicio Electoral. En relación con dicho organismo, se destaca que la reforma busca perfeccionar su funcionamiento, para lo cual se lo dota de autonomía constitucional a fin de reforzar su independencia.
Por último, se explica que en la condición jurídica recién mencionada ya se encuentran la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público y las municipalidades.
Luego de escuchar al Ejecutivo y de ponderar las virtudes de dotar de autonomía al Servicio, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Araya, Espina, Harboe, Larraín y quien habla, aprobó en general la iniciativa.
Durante el análisis en particular, resolvió introducir algunas enmiendas al texto aprobado en el primer trámite.
Así, determinó la supresión del número 1, en el entendido de que el funcionamiento del sistema electoral es una materia que corresponde que sea de competencia del legislador.
Igualmente, decidió reemplazar el epígrafe del Capítulo IX de la Carta por otro que hace una referencia expresa al Servicio Electoral. Con ello se quiere destacar la importancia de la entidad como un órgano autónomo y de rango constitucional.
Además, sustituyó el artículo 97 bis del texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Al efecto, acordó introducir un artículo 94 bis, nuevo, en el mencionado Capítulo IX, para establecer expresamente que "Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.".
El inciso siguiente señala que "La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomiende la Constitución o las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.".
Esta última disposición fue la más debatida por el órgano técnico, pues el Senador que habla estimó exagerado y desproporcionado dicho quorum y propuso mantener el criterio de los tres quintos de los miembros en ejercicio, contemplado por la Cámara de Diputados. La mayoría de la Comisión estimó, en cambio, que el primero era necesario para alcanzar un acuerdo.
En seguida se precisa que "Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.".
Finalmente se prescribe que "La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatutos del personal serán establecidos por una ley.".
Con la norma anterior queda claro que las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán competencia de la ley común y no una materia orgánica constitucional.
En concordancia con el texto del que sería artículo 94 bis, se agrega una disposición transitoria nueva a la Carta y se regula el proceso escalonado de sustitución de los actuales integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral. En todo caso, se precisa que no podrán ser reelegidos en sus cargos.
Todos estos cambios, con la sola excepción del inciso segundo del artículo 94 bis, fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, creo que nos hallamos ante una buena noticia. Esto es parte de la agenda de transparencia y avanzamos en el sentido correcto. Lo que en el proyecto estamos haciendo es entregarle al Servicio Electoral el carácter de constitucionalmente autónomo.
¿Qué significa eso, en la práctica? Que no dependerá del Gobierno de turno y que, por lo tanto, va a disponer de una mayor potestad para tomar decisiones. Ello responde a una lógica: la de que le estamos dando, junto a la autonomía, un conjunto de facultades de las cuales ha carecido hasta el día de hoy.
Es preciso recordar que la iniciativa en debate va aparejada a otra que despachamos la semana recién pasada, relativa a la posibilidad de que un concejal, un alcalde, un consejero regional, un Diputado o un Senador sea destituido cuando se compruebe una infracción grave a las leyes de control, financiamiento y límite del gasto electoral. ¿Por qué ambas se vinculan? Porque el Consejo del Servicio Electoral es justamente el que puede formular de manera exclusiva una petición de cesación en el cargo respecto de esas autoridades elegidas.
Y por eso es que hemos estimado prudente, dada la trascendencia que va a alcanzar el organismo, otorgarle una total autonomía.
Para ello, se determinó un conjunto de modificaciones. En primer lugar, el epígrafe del Capítulo IX de la Carta, "JUSTICIA ELECTORAL", pasará a ser "SERVICIO ELECTORAL Y JUSTICIA ELECTORAL", ya que hemos incorporado a la entidad de que se trata, cuyo rango ha sido hasta ahora de carácter legal.
En segundo término, se agrega un artículo 94 bis, relativo a que el Servicio "ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional".
Es decir, hemos ampliado el ámbito de competencia del organismo al límite y control del gasto electoral, tal como he señalado, pero, a la vez, va a ejercer la supervigilancia de las normas sobre los partidos políticos. ¿Cuál es la relevancia de eso? Cabe recordar que es necesario entender la legislación como un todo: en la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto -prontamente llegará acá- que modifica la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, donde se va a contemplar la posibilidad de financiamiento público, pero, para poder optar a este, se tendrá que reunir un conjunto de requisitos. ¿Quién va a fiscalizar que ello se cumpla? El Consejo del Servicio Electoral. Por eso es que la autonomía constitucional es tan significativa.
Los consejeros serán nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo de dos tercios de los Senadores en ejercicio. Durarán diez años en sus cargos y se renovarán cada dos años por parcialidades. No podrán ser designados para un nuevo período.
En la Comisión se registró una profunda discusión respecto del sistema de reemplazo. Y tal como ha resultado positivo que el Senado de la República se renueve por parcialidades, hemos estimado importante que en el Consejo del Servicio Electoral, a fin de ir aprovechando su experiencia y sobre la base de una transición en el tiempo, se aplique el mismo procedimiento cada dos años.
Además, una norma transitoria impide que una eventual mayoría circunstancial del Gobierno de turno coopte en el nombramiento de más consejeros y sea preciso someterse a un hecho de esa índole.
Se agregan, respecto de lo planteado por la Cámara de Diputados, dos causales de remoción: infracción grave a la Constitución o las leyes -no parecía lógico que ello no se extendiera a los consejeros, ya que incluso el Jefe del Estado puede ser cesado en el cargo por tal razón- y mal comportamiento.
Se suscitó un debate sobre la resolución correspondiente y se manifestaron diferentes posiciones, pero ello sigue siendo resuelto por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados.
Una ley orgánica constitucional establecerá la organización y atribuciones del Servicio.
Es decir, existirá un organismo con autonomía y capacidad para ejercer sus funciones y con una estructura de carácter territorial que será descentralizada, como lo consideramos en la discusión. Eso quedó consignado dentro de los principios de la presente reforma de la Carta y se va a plasmar en el tratamiento de la ley orgánica constitucional.
La Primera Mandataria anunció en su discurso del 21 de mayo recién pasado que en el año en curso se iba a aprobar la normativa en estudio, por lo que me parece que estamos llevando a cabo un importante avance.
Agradezco la cooperación permanente del Presidente y del Consejo del Servicio Electoral, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y de cada uno de los asesores de los señores Senadores integrantes de la Comisión de Constitución, quienes hicieron posible llegar a un acuerdo que configurará un aporte importante. Más allá del Gobierno o del Senado de turno, de mayorías circunstanciales, estamos creando una institución de carácter permanente que va a apoyar los procesos de transparencia y a mejorar, obviamente, la calidad de la política.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la aprobación de la reforma constitucional que nos ocupa es un paso absolutamente necesario para la modernización de la política y la corrección de una serie de vacíos y problemas que han enfrentado, entre otros casos, las elecciones, particularmente en cuanto al financiamiento de las campañas, ámbito que ha motivado incluso algunas investigaciones judiciales en curso.
El proceso de mejoramiento de la política ha sido un secreto a voces airadas. Ya hace un año expusimos con el Senador señor Harboe una propuesta de agenda de modernización que incluía, entre otras cosas, el perfeccionamiento del Servicio Electoral.
En verdad, este organismo es un ejemplo de civismo y de garantía de un buen funcionamiento de los resultados electorales: son transparentes, se dan siempre a tiempo y, por lo tanto, no se cuestionan. Sin embargo, sus atribuciones fueron creciendo con el tiempo, habiéndose incluido, entre otras, la relativa al financiamiento de las campañas, y, lamentablemente, ha carecido de las competencias, de los recursos y del personal para poder hacerse cargo de ellas.
En consecuencia, no ha sido posible fiscalizar el desembolso real -respecto de las campañas han existido montos acotados de presupuesto-, sino que solo se ha revisado la rendición de cuentas entregada por cada uno de los candidatos, que tanto han podido ser efectivas como no serlo. El gasto electoral, entonces -que mucho preocupa a los Senadores presentes-, no se ha controlado, lo que permitió que estos procesos efectivamente se "inflaran". Por eso es que era indispensable dar este paso.
Adicionalmente, la agenda de transparencia y probidad que se está impulsando requiere la reforma en examen, porque es el marco de referencia, no solo de la nueva organización del Servicio Electoral, que se va a expresar en una ley orgánica constitucional que vendrá a continuación, sino también del cuerpo legal sobre el financiamiento de las colectividades y, en general, de los gastos electorales, así como de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Dicho organismo es el que va a estar a cargo de supervisar que estos otros aspectos funcionen debidamente.
Por lo tanto, para poder avanzar en las otras legislaciones que están en cuestión, resulta indispensable dar el paso de aprobar esta reforma constitucional. Es lo que hemos hecho, con algunas modificaciones a las cuales ya se refirieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Destaco, en primer lugar, que este será un órgano autónomo a nivel constitucional.
Desde hace mucho tiempo, algunos de nosotros hemos venido planteando la necesidad de que existan en nuestro ordenamiento constitucional entidades autónomas, que se ubiquen en un ámbito distinto de lo que es la Administración Pública específica, que no dependan del poder político, del Poder Ejecutivo ni, por cierto, de los otros Poderes a los que no podrían prestarles servicios ni dependencias, como el Legislativo o el Judicial. Esto es precisamente lo que se ha venido desarrollando en diferentes áreas desde hace mucho tiempo: ocurrió con la Contraloría General de la República; luego, el Banco Central se constituyó con esa calidad, y lo propio sucedió con las municipalidades, el Consejo Nacional de Televisión. Y probablemente haya que incorporar en el futuro a otros órganos autónomos a nivel de la Constitución, como el Consejo para la Transparencia, el Registro Civil, la Dirección General de Impuestos Internos, instituciones que podrían cumplir mucho mejor su función si gozaran de una autonomía de este tipo.
Yo espero que con el tiempo exista incluso a nivel constitucional un estatuto de órganos autónomos, porque esa es una de las modernizaciones que nuestra Carta Fundamental ha ido desarrollando pero que aún no ha consagrado.
Desde el punto de vista de los objetivos que tendrá este nuevo Servicio, vale la pena destacar que el ámbito de sus funciones dice relación con tres aspectos: uno, ejercer la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; dos, asegurar el cumplimiento de las normas de transparencia, límite y control del gasto electoral; tres, velar por que se cumpla la legislación relativa a los partidos políticos y llevar a cabo las demás funciones que le encomiende la ley. Vale decir, procesos electorales, gasto electoral y partidos políticos.
Por eso, este proyecto es absolutamente necesario para desarrollar debidamente esas actividades en el país.
Ya se ha dicho: la dirección superior corresponderá a un Consejo Directivo integrado por cinco personas, el que tendrá, entre otras, la atribución exclusiva de desarrollar las funciones que les encomienden la Constitución y las leyes. Esto supone la titularidad exclusiva para ejercer acciones destinadas a hacer efectiva la responsabilidad de los partidos y de las personas elegidas en cargos de elección popular.
Tal atribución es especialmente relevante porque impide que cualquier persona pueda iniciar una demanda, por ejemplo, en contra de candidatos que resulten electos, ya que eso podría prestarse para una infinidad de abusos por parte de quienes hayan perdido las elecciones o simplemente quieran perjudicar al que ganó, sin fundamento alguno.
El hecho de que lo anterior se radique en este organismo da garantías de que, para poder emplazar a alguien porque no cumplió con las normas sobre gasto electoral, por ejemplo, se requerirá el concurso de un órgano que tiene las atribuciones, la seriedad y el rigor que corresponden.
Por otro lado, también se ha dicho que el Consejo en cuestión estará integrado por consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo de los dos tercios del Senado. Mucho se discutió -como dijo el Presidente de la Comisión, el Senador De Urresti- si la fórmula debiera ser la de los dos tercios u otra. Y la verdad es que entre la semana pasada y esta una Comisión técnica, que estuvo conformada por representantes del Gobierno, del Servicio Electoral y de la Comisión de Constitución, llevó a cabo un trabajo sobre el particular y acordó, por las razones que estimó más prudentes -algunos ya se refirieron a ellas-, el mecanismo de los dos tercios.
En ese sentido, si bien estas materias siempre pueden ser opinables, nosotros queremos honrar el acuerdo político alcanzado, porque nos parece que nos da garantías a todos. La idea es que este organismo, con la importancia que tendrá en la fiscalización de la política en Chile, sea de las campañas, de los procesos electorales, del gasto electoral y de los partidos políticos, nos brinde a todos la mayor garantía, y ella se logra con un quórum de la naturaleza del que se exige, lo cual nos da la tranquilidad de que se contará con personas de la primera calidad en el desarrollo de esas funciones.
Finalmente, quiero referirme, dentro de las muchas disposiciones que comprende esta iniciativa, a la que aborda la remoción de los integrantes del Consejo Directivo.
También fue motivo de discusión si acaso ella debería llevarse a cabo conforme a un juicio político; es decir, mediante una acusación constitucional de los Diputados y una definición del Senado en calidad de juez en conciencia, como generalmente ocurre en ese tipo de acusaciones. Pero, con el propósito de evitar la eventual politización que se pudiera generar en lo referente al mencionado Consejo, se prefirió seguir un camino similar al que se utiliza para el Fiscal Nacional; esto es, que la destitución sea efectuada por la Corte Suprema, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Y ella debe ser solicitada no por cualquiera, sino por el Presidente de la República o por un tercio de los Diputados en ejercicio, cautelándose de nuevo que no cualquier persona podrá hacer la presentación. Porque la remoción requerirá un alto quórum por parte del Tribunal Supremo, el que deberá resolver la materia en pleno.
Por otra parte, deseo agregar que, dentro de los distintos órdenes normativos que se establecieron, uno de los aspectos que se va a considerar es el de la necesaria desconcentración del funcionamiento del Servicio Electoral.
Nosotros hicimos mucho hincapié en que aquel simplemente no puede ser un organismo central, sino que debe expresarse y descentralizarse a lo largo del territorio nacional, en las regiones. Y eso se garantiza porque la desconcentración -por ejemplo, de las plantas, del personal, etcétera- va a ser regulada por la ley, lo cual, a mi juicio, permite asegurar que efectivamente tendremos un Consejo de verdad y no -como alguien dijo por ahí- una especie de "oficina termal" en las regiones, como sucede en muchos otros casos.
Por último, a fin de asegurar que los nombramientos se realicen por parcialidades, la norma transitoria establece un camino especial para resolver estos temas.
En definitiva, señor Presidente, creo que estamos ante una normativa necesaria, que ha quedado muy bien resuelta de la manera como salió de la Comisión. Y, por lo tanto, espero que se logre la unanimidad para aprobar una pieza clave en la modernización de la política en Chile.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, esta reforma constitucional surge de la discusión que hemos tenido en el último tiempo respecto a la calidad de la política y a cómo mejorar el sistema electoral y las relaciones entre la política y la ciudadanía.
El proyecto en debate forma parte de un conjunto de iniciativas legales que están impulsando la Presidenta Michelle Bachelet y este Congreso, en orden a fortalecer aquellas instituciones que tienen que ver con la relación política.
Esta reforma constitucional pareciera ser muy simple, porque busca habilitar que se dicte la ley orgánica constitucional que regulará al Servicio Electoral en lo atinente a la manera de desarrollar los procesos electorales, para lo cual les entrega al Consejo y al Servicio Electoral propiamente tal una serie de atribuciones que hoy día no tienen. Por lo pronto, contarán con una mayor capacidad de fiscalización en lo concerniente al gasto electoral.
Por esa razón, la iniciativa en estudio fue objeto de una extensa discusión y, asimismo, de un amplio consenso en la Comisión de Constitución, donde prácticamente fue aprobada por unanimidad, salvo en un tema puntual.
Como fui parte de ese acuerdo, no haré mayor cuestión de él. Pero quiero dejar sentados algunos precedentes que me parecen importantes de destacar.
En primer lugar, en la referida instancia sostuve que, desde el punto de vista de la técnica constitucional, uno tiene dos formas de regular en la Carta: por una parte, se pueden regular los principios constitucionales generales; y, por otra, junto con eso, también es posible hacer un desarrollo más extenso de la institución que se está planteando.
Nuestra Constitución carece de una línea clara en la materia, porque si se revisan sus distintos capítulos, nos encontramos con que en el caso del Banco Central hace una declaración de principios respecto de lo que es dicha entidad y de su principal función, sin que exista un mayor desarrollo, y, como consecuencia de ello, le entrega a la Ley Orgánica Constitucional la tarea de regular el nombramiento de sus consejeros, su funcionamiento, inhabilidades, formas de remoción, etcétera.
Pero, si revisamos el Capítulo relativo al Ministerio Público, advertiremos que la declaración de principios señala en qué consiste ese organismo y que también se hace una relación -mucho más extensa- que dispone cuáles son sus funciones, quién puede ser Fiscal Nacional, qué requisitos se necesitan para acceder al cargo, cuáles son las formas de nombramiento y cuáles las formas de remoción.
Como consecuencia de ello, vemos que la Constitución de 1980 recoge estas dos maneras de legislar en materia constitucional.
En lo personal, sostuve en la Comisión -esto no se acogió; de hecho, el acuerdo fue en sentido contrario- que debíamos tener más bien una regulación genérica del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y utilizar para ello una fórmula muy similar a la del Banco Central. Es decir, bastaba con señalar que se crea un órgano constitucionalmente autónomo y que una ley orgánica constitucional definirá sus funciones y una ley simple, su planta de funcionarios.
No prosperó esa idea y se optó por regular más in extenso este Servicio, estableciendo las formas de elección, tiempos de duración y tiempos de remoción.
Me quiero detener en dos aspectos.
Primero, la Comisión, atendido el hecho de que el nuevo Consejo Directivo del Servicio Electoral dispondrá de funciones fiscalizadoras, que tendrán incidencia directa en la actividad pública, escogió un mecanismo de nombramiento que asegura que aquel no se va a politizar y que habrá respeto suficiente por las minorías.
Por eso, se dispone que los consejeros durarán diez años en el cargo, y que se nombrarán cada dos años. Es un sistema traslapado de elección que, en la práctica, va a impedir que cualquier coalición -salvo que sea muy exitosa y logre ganar tres elecciones consecutivas- pueda nombrar la totalidad del Consejo. Además, el nombramiento de cada consejero se realizará con el acuerdo de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, lo que obligará a buscar un consenso importante.
Teóricamente, a un Presidente de la República le tocaría nombrar dos consejeros durante su mandato. Eso da cierta garantía de independencia en el nombramiento de estos funcionarios, lo que les permitirá ejercer sus funciones adecuadamente, sin ningún tipo de presión. Porque es preciso tener presente que será este Consejo Directivo, en cumplimiento de la normativa de gasto electoral, el que podrá pedir la destitución de aquella autoridad que haya infringido la ley en esa materia.
Entonces, este sistema de nombramiento -cada dos años-, sumado al alto quórum que requiere en el Senado, garantizará, a nuestro juicio, la independencia del SERVEL.
En seguida, en la Comisión de Constitución se propuso como forma de remoción de los consejeros la misma que se utiliza en el caso del Fiscal Nacional, quien puede ser removido por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados.
Por mi parte, hice presente -y me gustaría dejar constancia de este punto en la Sala, para la historia de la ley- que hasta el día de hoy no encuentro una razón jurídica que nos lleve a afirmar que deba ser la Corte Suprema la que remueva a los integrantes del Consejo Directivo, básicamente, porque este no va a ejercer funciones jurisdiccionales.
En lo personal, sostuve en la Comisión -no fue acogido por la mayoría- que, tratándose más bien de un órgano de carácter político-administrativo, la remoción podría producirse por dos vías distintas: a través de un juicio político que fuera llevado en forma similar al que se realiza con los Ministros de Estado, lo que obviamente tiene el inconveniente de que, siendo fiscalizados los parlamentarios por el Servicio Electoral en relación con el gasto electoral, se podría interpretar como una suerte de presión respecto de ellos, lo cual impediría que pudieran ejercer adecuadamente su labor; o estableciendo -esta es la segunda fórmula- que los destituyera el Tribunal Constitucional, en el entendido de que este podría cumplir un rol mejor que la Corte Suprema.
Señaladas esas dos aprensiones, creemos que esta norma es absolutamente necesaria para poder avanzar en las reformas que vienen.
Ha quedado sentado como precedente que este Servicio tiene que ser desconcentrado. Por ello, se ha pedido al Ejecutivo el compromiso de ratificar la necesidad de que se miren las particularidades de cada Región al momento de la implementación de los Servicios Electorales.
Dicho eso, señor Presidente, voy a votar a favor de esta reforma constitucional.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Quiero señalar que hay un murmullo constante en la Sala. Así que, si alguien tiene algo que conversar -Ministro Furche, ¡lo veo muy entusiasmado...!-, le pido por favor que lo haga afuera.
--(Aplausos en tribunas).
De igual forma, les ruego a quienes nos acompañan desde las tribunas no realizar manifestaciones, pues está prohibido por el Reglamento.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero reiterar mi voto positivo en esta materia.
Me parece muy importante que cumplamos con este proyecto de reforma constitucional que otorga autonomía al Servicio Electoral.
Si hay un tema significativo en las democracias representativas es el de las elecciones.
Chile ha gozado de un merecido y reconocido prestigio en esta materia, y especialmente en las elecciones presidenciales y parlamentarias, en las cuales jamás me he enterado de algún reclamo o algún intento de sostener que hubo adulteración o hechos que no correspondiesen estrictamente a la soberanía popular ejercida democráticamente.
Las elecciones libres, informadas son fundamentales. Por eso, muchos sentíamos que el Servicio Electoral tenía que cumplir, de manera creciente, funciones para las cuales desgraciadamente no estaba dotado en términos de cantidad de personal, de competencia, de recursos, en fin.
En adelante, el Servicio Electoral -y esto es muy importante- deberá regular, fiscalizar y velar porque efectivamente los gastos cumplan con los límites establecidos; porque exista regularidad en la forma en la cual los candidatos obtienen sus recursos. De otra manera, como aquí ya lo hemos aprobado, quienes resulten electos en forma fraudulenta cesarán en sus cargos.
Por lo tanto, el Servicio Electoral va a adquirir una relevancia inédita en su historia. Y le estamos otorgando este nivel, este carácter precisamente para dar una señal a la sociedad de que contará con un Servicio autónomo, que no va a depender ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial.
A la par de aquello, obviamente tenemos que darle atribuciones, competencias, recursos, personal -no quisiéramos que esta fuera una ley muerta-, porque es demasiado importante su tarea: fiscalizar como nunca antes lo pudo hacer.
Todos sabemos que las campañas no cumplen exactamente con los períodos señalados por la ley; que existen resquicios que permiten comenzar la campaña antes, simplemente al no poner "vote por" en la propaganda. Es más, sabemos perfectamente de candidaturas que sobrepasaron con mucho los límites de gasto establecidos. Pero el Servicio Electoral no tenía las condiciones para fiscalizar esas materias. Y eso es ampliamente sabido y reconocido, aunque no se diga explícitamente.
Vivimos un momento de cuestionamiento, pero queremos reaccionar y decirle a la ciudadanía que hemos aprendido de los errores, que estamos dispuestos incluso a aceptar sanciones ejemplificadoras, drásticas, como perder el escaño en caso de que haya financiamiento fraudulento o de que no se respeten los límites establecidos por la ley. Por tanto, obviamente, debemos dotar al SERVEL de facultades para que pueda cumplir sus funciones en plenitud.
Señor Presidente, reitero que voy a aprobar el proyecto; estoy completamente a favor de él.
Tengo una sola observación. En aras del acuerdo que se logró para que esta iniciativa pudiera ser despachada hoy día, no voy a hacer mayor cuestión de ella, pero quiero al menos enunciarla, para que quede constancia en la historia fidedigna de la ley.
Me refiero al inciso segundo de la disposición vigesimoséptima transitoria nueva, que dice: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos".
Yo entiendo que a una persona que lleve ocho años no se le agreguen ahora diez años más, pues eso significaría que estaría 18 años en su cargo, lo que francamente no resultaría presentable.
Esta nueva normativa habla claramente de diez años, y señala que los consejeros no serán reelegidos.
Sin embargo, pregunto: ¿qué pasa con los consejeros que hemos tenido, que han cumplido su rol fehacientemente, y que no llevan ni dos años? Esta norma me parece injusta; no es la forma adecuada de resolver el problema. Creo que ella no debió haber estado en un proyecto de reforma constitucional.
Por último, se pudo haber hecho por tramos, o especificado que de ninguna manera se van a sobrepasar los diez años.
Pero considero enteramente injusto, señor Presidente, que a un consejero que lleva apenas dos años, por la vía de este inciso, le estemos diciendo "Váyase a su casa", a pesar del trabajo que desarrolló con responsabilidad y eficiencia.
Acabo de manifestar mi posición en este punto al Ministro Eyzaguirre.
Sin embargo, en aras del acuerdo existente para despachar el proyecto hoy, doy mi voto favorable. Pero de verdad lamento mucho que en la Comisión de Constitución hayan dejado pasar esto, porque creo que no es justo, que no corresponde.
Me parece que a veces no sabemos apreciar el trabajo que realiza gente muy comprometida -cuyo nombramiento nosotros mismos aprobamos- y que se desempeña con responsabilidad, pues por esta vía le estamos diciendo: "¡Hasta luego!". Eso no es correcto.
Entonces, ojalá -lo quiero decir aquí- hubiese existido acuerdo en la Comisión de Constitución al respecto; ojalá la norma no hubiese quedado de la forma en que viene redactada. Repito que no lo considero correcto. Creo que es un mal ejemplo, y que no obramos bien cuando no reconocemos los trabajos que se hacen de manera responsable, como lo he mencionado.
Por eso, señor Presidente, obviamente que mi voto es favorable a este proyecto. Pero quería dejar constancia de lo que acabo de mencionar y de que lamento enormemente -tal como señalé- que esto no se solucionara como correspondía en la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, sin duda las modificaciones que se están realizando en materia de legitimidad, probidad y transparencia se relacionan más con los procedimientos que se definen en distintos cuerpos legales.
Hace algunos días vimos la manera en que se elegirían los candidatos a parlamentario, y corregimos la forma de seleccionarlos.
Sin embargo, esa modalidad de elección, que limita los gastos, que dispone mayor control, debe ser fiscalizada por algún organismo del Estado determinado por ley.
En verdad, el Servicio Electoral, al cual fortalecemos a través de este proyecto, dándole autonomía, más espalda, lo único que conservará será su nombre, porque se tratará de otra institución, con un rol de fiscalización, de seguimiento, que no solo se va a limitar a lo que la actual ley establece: ser un órgano administrativo, de recepción de antecedentes, más bien simbólico, de carácter protocolar.
La iniciativa que debatimos ahora crea una institucionalidad para hacer eficaz la ley que aprobamos sobre cómo se eligen los parlamentarios, que tiene mucho que ver y que depende en gran medida de si tendremos un órgano que haga cumplir sus normas, para que no se puedan burlar.
Esa es la diferencia que debemos consignar al respecto.
En este proyecto de ley no estamos analizando solo lo que hicimos anteriormente cuando modificamos la forma de elegir a los parlamentarios, sino que aquí está el corazón de lo que significa la separación de la política con el dinero.
Eso hay que controlar, que fiscalizar. Y para que se pueda hacer se debe poner espalda a un organismo del Estado; destinar recursos, con el objeto de que efectivamente se respete la legislación pertinente.
No tengo reparo sobre la manera en que se va a elegir el Consejo Directivo, salvo en lo relativo a los actuales directivos, respecto a lo cual coincido con lo manifestado por la Senadora Allende. Pero, en definitiva, en la norma pertinente se establece cómo se eligen, cómo se remueven, cuáles son sus facultades, y cada cuánto tiempo se renuevan los consejeros.
Por tanto, creo que será un órgano absolutamente independiente del poder central, del Gobierno de turno. De eso se trata, pues la administración del momento es política. Y aquí lo que estamos haciendo es regular la política, lo cual no lo podría hacer con objetividad un organismo que dependiera del poder central.
Señor Presidente, voy a apoyar esta reforma constitucional, pues otorga a una institución las herramientas para asegurar que la política y los negocios se desenvuelvan en ámbitos distintos, a fin de prevenir los conflictos de intereses. Y esa institución no es otra que este nuevo Servicio Electoral, al cual con este proyecto damos vida y forma.
En consecuencia, con entusiasmo aprobaré la iniciativa que nos ocupa.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, yo he expresado en la discusión de todos los proyectos de ley que tienden a mejorar la transparencia en la política, en reiteradas oportunidades, mi respaldo, siempre con total convicción, y los he votado a favor, cosa que seguiré haciendo.
Pero en este marco de cuestionamientos, quiero hacer una pequeña introducción.
Creo que quedó demostrada la existencia de una serie de vacíos, de poca rigurosidad y claridad en las leyes actuales que permitieron la ocurrencia de una cadena de infracciones e irregularidades respecto de las que yo -lo digo con mayúscula-, en lo personal, asumí mi responsabilidad política.
Ahora, mi compromiso para rectificar lo que sucede, luego de haber aprendido la lección, me lleva con mayor razón y convicción a aprobar cada una de las iniciativas sobre el particular, para que unos y otros no vuelvan a pasar por las situaciones -incluida la política chilena- experimentadas en el último tiempo.
Dicho lo anterior, señor Presidente, debo señalar que, con el conjunto de modificaciones constitucionales y regulaciones legales que se harán respecto a las normas sobre transparencia, límite, control y aportes al gasto electoral, y las sanciones que se aplicarán en caso de su incumplimiento grave, como la de la iniciativa que recién aprobamos, que llega incluso a la cesación en el cargo de las autoridades electas, es de la esencia que el organismo que tenga el poder de fiscalización y de requerir al Tribunal Electoral para que conozca de esos asuntos goce de plena autonomía e independencia del Gobierno de turno.
El poder que le estamos confiando al Servicio Electoral hace que sea propio de esta nueva reestructuración que dicho órgano goce de rango constitucional y que, desde nuestra Carta Fundamental, se garantice su plena autonomía.
Las nuevas normas relativas a la probidad y transparencia de la política que estamos aprobando tienen que contar con los debidos resguardos, para que no sean aplicadas solo a un sector político en beneficio de otro.
No hay justicia cuando esta es parcial; cuando algunas causas se investigan con más celo que otras, o cuando un servicio presenta denuncias o querellas solo respecto de las autoridades o los miembros de determinado sector político y omite hacerlo, o lo hace con menos fuerza, en relación con otros.
Debemos despejar toda duda de que actos u omisiones de esta naturaleza -de una arbitrariedad e injusticia inconmensurable- puedan ocurrir en esta nueva institucionalidad que estamos creando en cuanto al financiamiento y los gastos generados en la actividad política.
De lo contrario, lo único que conseguiremos con estas iniciativas legales será debilitar la democracia, cuando justamente se supone que estamos buscando lo opuesto, es decir, crear una nueva institucionalidad mediante regulaciones que sirvan para fortalecer y mejorar nuestra democracia.
Por tal razón, señor Presidente, es de suma importancia aprobar esta reforma constitucional, que contribuye a la independencia y autonomía del Servicio Electoral, lo cual generará mejores condiciones para que todos los sectores políticos -¡todos los sectores políticos!- sean medidos con la misma vara.
Una vez aprobada esta ley en proyecto y cuando haya entrado en vigencia, solo cabrá esperar que el Poder Ejecutivo, en conjunto con el Senado, siempre busque consejeros para el Servicio Electoral que gocen de suficiente autonomía e independencia, para que se evalúe, sin consideraciones políticas, cada caso en su mérito y se apliquen invariablemente los mismos estándares para todos quienes sean fiscalizados en el futuro.
Voto a favor de esta iniciativa, porque -como bien lo señaló una de las Senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra-, luego de los cuestionamientos que hemos sufrido en el último tiempo y de aprendida la lección, este conjunto de iniciativas legales de transparencia, de probidad para mejorar la política claramente tienen que disminuir los parámetros que hoy existen con respecto al Congreso Nacional.
Aquí hay un esfuerzo por mejorar lo que existe; por asumir los errores, unos u otros, en virtud de mejorar la democracia.
Voto a favor.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pero ¿podríamos bajar a siete minutos las intervenciones por Senador?
El señor COLOMA.- Que se mantengan los tiempos, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parecería bien que se fijaran cinco minutos por Senador, salvo para el Honorable señor Coloma, a quien se le otorgarían diez?
El señor LETELIER.- Solo cinco minutos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Reitero: se darían cinco minutos, excepto al Senador señor Coloma, quien ocuparía diez.
¿Habría acuerdo?
El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, no quiero abusar de la paciencia de nadie. Solo deseo hacer dos reflexiones y una sugerencia.
La primera se relaciona con el tema de los contenidos.
Obviamente, esto es una alteración a la lógica de la separación de poderes tradicional que conocemos en Chile. Y puede ser una evolución. Antiguamente, había tres grandes poderes; hoy, a través de la autonomía constitucional, se van generando otros. Según estuve viendo, en la Constitución figuran diez, que son de distinta naturaleza -no estoy haciendo una crítica, sino una constatación-, que pueden ser la Defensoría Penal Pública, el Consejo para la Transparencia, algunas otras que se crean.
Ahora, mi impresión es que la institución del TRICEL, va a caer más o menos en una lógica equivalente. Pienso que debería ser algo de ese nivel.
Entonces, simplemente quiero dejar constancia de que estamos evolucionando en nuestra lógica constitucional hacia otros espacios. Y en eso, más allá de ser interesante, debemos tener conciencia del tipo de normas que estamos generando, muchas de las cuales -y con toda razón- son de un quórum exigente, porque de alguna manera reemplazan lo que hacen otras instituciones con menor poder.
Hoy se las empodera como alternativas a los poderes tradicionales, en términos de resguardar valores, principios, tareas que uno pasa a considerar crecientemente importantes. Y espero que el TRICEL tenga esa misma lógica.
En segundo lugar, señor Presidente, ello es obviamente la primera parte de la transformación. Aquí se está armando el cascarón. Lo relevante es que en la ley orgánica constitucional respectiva y en la legislación, la nueva organización tenga -ojalá que el Gobierno lo pueda garantizar- la energía, el músculo suficiente para velar ¡por lo que tiene que hacer! Hasta ahora lo único que estamos diciendo es que habrá un organismo con autonomía constitucional que se hará cargo de todos los procesos electorales.
¿A qué apunto con eso? A que, obviamente, la tarea hoy es distinta: interiorizarse de los procesos electorales para saber lo que se gasta y en qué momentos se gasta.
Lo decían algunos parlamentarios: la mayoría de los problemas que existen en materia de transparencia o de gasto electoral se dan en las precampañas o en las poscampañas, más que durante la campaña.
Por lo tanto, en tal sentido, organismos como estos son insustituibles para, con fe pública, velar porque se cumpla la ley.
Cuántas veces hemos visto que se dice que no se trata de campañas, pues no se afirma: "Vote por...". Bueno, imagino que eso forma parte de la tarea que tendrá que realizar este nuevo organismo: la búsqueda exacta de lo que se pretende. O sea, se muestra la cara de una persona o se reproduce su voz, a propósito de un tema equis, ¿por inocencia o como forma de realizar algo que en otras condiciones no se podría hacer?
En consecuencia, creo en un organismo de tal naturaleza, pero en la medida que disponga de la organización necesaria y sin que se dé la frustrante situación de que las cosas ocurran igual, y no existan sanciones.
Eso es esencial. Es decir, si esto no va acompañado de un empoderamiento real, será imposible lograr lo que se persigue. Y, además, ello debe contener una visión ciudadana a nivel regional (estas cosas no suceden solo a nivel nacional) en el sentido de que se garantice que la ley se tiene que cumplir.
Y lo mismo se aplica a los gastos electorales, pues hoy existe una rendición más bien formal. Hay que chequear efectivamente si lo que se declara es lo que se gasta, a veces en ambos lados.
Considero que este es el sentido de crear un nuevo organismo. ¡Es un rol muy distinto del que ha tenido hasta ahora el Servicio Electoral!
Valoro lo realizado hasta el momento. Sin embargo, le estamos poniendo una tremenda mochila a esta institución al decirle: "Usted, ahora no solamente va a procurar la formalidad del acto" (lo efectúa bien, ya que es muy importante para contar votos), porque existirá un contenido de la elección que va a ser mucho más potente.
Dentro de mi tiempo, señor Presidente, quiero formular simplemente una sugerencia. Creo que la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra tiene razón. Y deseo hacerle una consulta, por su intermedio, a los Ministros que se encuentran presentes.
Si hay algo que considero muy importante en esta materia, es la experiencia. Es decir, llegar a entender cómo funciona el Servicio Electoral es muy difícil. Lo digo, pues como secretario general de mi partido en su momento me tocó presentar las listas de candidatos. Y para quienes hemos desarrollado estas tareas han resultado de una complejidad casi imposible de narrar.
Si hace algún tiempo creamos este Consejo Directivo cuyos integrantes lograron darle al SERVEL una nueva dimensión, no me parece razonable lo que se propone (desconozco si se trata de un acuerdo que no se pueda cambiar; en esto voy a ser superrespetuoso). Entiendo la lógica de la frase que dice: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos". Sin embargo, en este caso particular de consejeros que llevan dos años -así lo entiendo-, encuentro que constituye un error como país, y transversal, porque afecta a todos los lados. Lo digo pues vi al actual Presidente del Consejo Directivo entregando las listas de otros partidos, pero hoy se puso la camiseta del SERVEL.
Repito que esto no me parece razonable, señor Presidente, y también lo planteó la Senadora Allende.
Si fuera posible, sin romper ningún compromiso, votar en forma separada o pedir que los actuales consejeros puedan ser reelegidos en sus cargos lo consideraría mejor. Porque, de no ser así, miren lo que pasaría: elegiríamos a esas alturas a personas que tienen que hacerse cargo de la elección del 2017. Ello significaría perder un capital que ha sido muy difícil de formar y respecto al cual me siento satisfecho.
Reitero: aquí se dieron cosas casuales, hay un equipo transversal encargado del ámbito electoral.
Señor Presidente, pido que se vote por separado, si es que no estoy violando ningún acuerdo, pues estos asuntos siempre son complejos (sé que una cosa puede traer otra).
Quiero sugerir, si no hay inconveniente, que se permita aprovechar la capacidad ya instalada, sobre todo considerando que los consejeros se cambiarán en el 2017, que será el peak de las elecciones.
Tuvimos mala suerte: los miembros del Consejo Directivo deberán reemplazarse cuando estén ya las primarias presidenciales desatadas y tengamos elecciones de Presidente, de Senadores y Diputados, de Intendentes y de Cores el 2017. O sea, se producirá un full.
Sería preferible hacerlo de otra manera, y quiero sugerirle que busque un acuerdo en ese sentido, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Propongo lo siguiente: abrir la votación en general, porque el proyecto tiene un primer informe, y dar por aprobadas las normas en particular respecto de las cuales no se ha pedido votación separada.
Ahora, algunos Senadores pidieron votación dividida -están en su derecho reglamentario a hacerlo- para el inciso final, que dice: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos".
Sé que en eso no hay acuerdo y que genera discusión. Entonces, dejemos ese punto para una votación en particular aparte y ahora votemos en general y aprobemos con el mismo quórum las normas para las que no se ha pedido votación separada.
¿Habría acuerdo para ello?
Señor Ministro, le quiero recordar que a los señores Senadores les asiste derecho a pedir votación separada. Entonces, le propongo que esa discusión la tengamos después, ¿o usted quiere hacer uso de la palabra ahora?
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, entiendo que no puedo hablar después de que se abra la votación. Por eso quería intervenir ahora.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entonces, tiene la palabra.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, el Ejecutivo está disponible para lo que acuerde el Senado. Pero debo decir -nobleza obliga- que todos cedieron un poco en pro de alcanzar un acuerdo.
Hubo distintas opiniones sobre qué incluir en la Constitución y qué, en la ley orgánica.
Entonces, me aproblema cambiar algo que fue consensuado, a pesar de que soy conocido de uno de los consejeros que se verían beneficiados por lo que se plantea.
No puedo afirmar que lo propuesto no reabrirá la discusión.
Intervengo solo para dejar constancia, como testigo de fe, de esa situación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero ser superclaro: si alguien considera que mi petición de votación separada toca el acuerdo aunque sea con el pétalo de un rosa, la retiro inmediatamente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El asunto es que Su Señoría no fue el único que la formuló.
El señor COLOMA.- A mi entender, lo que sugerí mejoraba la ley en proyecto. Sin embargo, no pondré ningún obstáculo para que la iniciativa se apruebe con el quórum adecuado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señores Senadores, tengo que cumplir el Reglamento.
El señor ESPINA.- Señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ya le voy a dar la palabra, Su Señoría. Hay tres oradores inscritos antes que usted.
El punto es que algunos señores Senadores -entre ellos, el Honorable señor Zaldívar- pidieron votar separadamente el inciso final de la disposición VIGESÉPTIMA transitoria, nueva, del número 3. del artículo único del proyecto. En su minuto llevaremos a cabo la discusión sobre el particular. Y si tal solicitud incumple algún acuerdo, quienes no la apoyen podrán votar en contra.
No obstante, aclaro que, reglamentariamente, cualquier señor Senador tiene derecho a pedir votación dividida.
Reitero: propongo votar la idea de legislar y todas las normas que no fueron objeto de solicitud de votación separada, dejando constancia -si se alcanza- del quórum constitucional reunido.
¿Habría acuerdo?
El señor HARBOE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HARBOE.- Solo quiero manifestar mi preocupación ante las peticiones que se han formulado, porque este proyecto fue fruto de un acuerdo global.
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Llamen a Zaldívar!
El señor HARBOE.- Cuando se solicita votar separadamente y discutir norma por norma, se afecta el texto que se ha consensuado.
Nosotros cedimos en materia de quórums -algo que consideramos bien importante- en el entendido de que se alcanzaban otros acuerdos sobre el particular.
Por ello, sugiero que, con la anuencia de la Sala y reconociendo el derecho de cada Senador a pedir la división de la votación, nos pronunciemos ahora en general y en particular. Así comenzaremos pronto el debate del proyecto de reforma laboral, que es muy importante.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a las personas en las tribunas no realizar manifestaciones, pues está prohibido por Reglamento.
Propongo lo siguiente.
El señor ESPINA.- Señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ya le voy a dar la palabra, Su Señoría. Recuerde que hay tres inscritos antes.
Tal vez podamos hablar con los Senadores que pidieron votación separada para intentar persuadirlos, aunque no es posible en este minuto porque algunos de ellos -incluido el Honorable señor Zaldívar- no se encuentran en la Sala.
Mientras tanto, con el quórum especial pertinente, sugiero que votemos la iniciativa en general y en particular, con excepción del inciso respecto del cual se pidió votación dividida.
¿Les parece?
El señor HARBOE.- ¿En una sola votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sí. Pero -reitero- sin considerar la disposición que fue objeto de votación separada.
¿Habría acuerdo?
El señor HARBOE.- Sí.
El señor COLOMA.- Conforme.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Acordado.
En votación el proyecto en general y particular en los términos señalados.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Antes de dar la palabra, quiero saludar a una delegación del sector Medio Camino, de Talcahuano.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
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--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, estamos frente a una modificación constitucional de la máxima importancia para nuestra institucionalidad política.
Durante más de veinte años el Servicio Electoral ha dado muestra de su eficacia y transparencia en todo lo relacionado con los procesos eleccionarios. Siempre ha habido un comportamiento ejemplar en las elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales. En ello, por cierto, el SERVEL ha cumplido un rol digno de valorar.
Sin embargo, dicho organismo ha carecido de las atribuciones y facultades para hacerse cargo de otro aspecto relevante en materia electoral: del financiamiento de las campañas, del financiamiento de la política.
Para eso se requiere una institucionalidad mucho más fuerte, más potente, más fiscalizadora, con más cuerpo que el actual Servicio Electoral.
Por lo mismo, me parece extraordinariamente significativo lo propuesto por la Comisión de Constitución -es una de las medidas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad-, que estamos votando: un SERVEL autónomo, con rango constitucional, permanente en el tiempo, que constituirá un precedente fundamental para garantizarles a los ciudadanos y a las ciudadanas que no solo tendremos actos electorales limpios y transparentes, sino que, además, se fiscalizará y regulará la actividad política y su financiamiento, con el fin de detectar a quien cometa irregularidades en la materia.
En consecuencia, resulta fundamental la autonomía constitucional que le estamos otorgando a dicho organismo.
El debate sobre su estructura se hará cuando analicemos el proyecto que fije la nueva ley orgánica constitucional del SERVEL, que es urgente discutir a la brevedad.
Todas las normativas en este ámbito deberán estar vigentes antes del próximo proceso de elección municipal, que se inicia el 11 de abril de 2016. Por consiguiente, en enero debieran estar listas no solo la presente iniciativa, sino también las relativas al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales; a la cesación en el cargo de las autoridades que trasgredan gravemente las normas sobre gasto electoral, y a todo lo relacionado con el TRICEL, que es otro aspecto fundamental.
Por eso debemos trabajar bien y de manera rápida.
Estamos dando un paso trascendental, considerando que, sin duda, la evidencia, la práctica, la realidad, da cuenta de que el Servicio Electoral carece de atribuciones fiscalizadoras en materia de financiamiento. Por tanto, dicha entidad hoy no puede dar respuesta a la ciudadanía con relación a los montos utilizados en las campañas, a la transparencia y a los límites fijados en la ley.
Como el SERVEL no posee esa facultad, enfrentamos una dificultad compleja, la cual pretendemos subsanar a través del siguiente mecanismo legislativo: primero, le entregamos autonomía constitucional y, luego, le damos cuerpo a la ley orgánica pertinente, con el objetivo de que ese organismo cuente con capacidad profesional y técnica para fiscalizar, a nivel regional y nacional, el cumplimiento de todas las normativas que ahora estamos tramitando, como la relacionada con el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
Tal fiscalización tiene que ser rigurosa para darle tranquilidad a la ciudadanía, que nos pide dos cosas: primero, que las leyes que dictemos sobre financiamiento de la política y las campañas aseguren transparencia y, segundo, que ello sea objeto de supervisión.
Con esos dos conceptos, con esos dos principios fundamentales, construiremos una verdadera y sólida institucionalidad, que garantizará que quien trasgreda las normas legales y cometa infracciones sea detectado y sancionado.
¡Eso es lo esencial!
Las atribuciones con las que contará el Consejo Directivo del Servicio Electoral para hacer las denuncias ante el TRICEL forman parte de ese elemento central.
Para finalizar, señor Presidente, deseo manifestar que estamos dando un paso extraordinariamente importante y sustantivo esta tarde: dar a nuestra institucionalidad los poderes fiscalizadores para que las normas que dictemos se cumplan de verdad, asegurando que quien no las respete sea sancionado, incluso con la destitución de su cargo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hasta no hace mucho era una costumbre calificar los procesos electorales que se desarrollaban en Chile como "impecables" o "ejemplares".
Pero vino el voto voluntario y la abstención se disparó.
Luego las denuncias por financiamiento electoral irregular terminaron por convertir algo que nos llenaba de orgullo en un hecho controvertido.
La verdad es que desde hace varios años se advertían síntomas del progresivo deterioro que afecta la salud de nuestra democracia: la convocatoria era cada vez menor, incluso con voto obligatorio; el gasto en propaganda electoral se volvía cada vez más excesivo, y los mecanismos de financiamiento irregular se hacían cada vez más frecuentes.
Hubo reacciones, pero fueron insuficientes. Primó la actitud de tolerancia o resignación sobre lo que estaba ocurriendo.
Ahora tenemos la posibilidad de reaccionar de manera radical. Los cambios no pueden ser cosméticos; las reformas deben ser de fondo.
Los sistemas de control deben operar.
La ciudadanía no podría comprender que, después de todo lo que ha pasado, los candidatos y los partidos siguieran burlando las limitaciones al gasto en las campañas electorales.
A través de esta y otras reformas constitucionales e iniciativas de ley que se están tramitando en forma paralela, estamos cambiando de manera drástica las reglas del juego del sistema político, en especial, de las elecciones.
Existe consenso en que una piedra angular del nuevo sistema será el Servicio Electoral, para lo cual no solo debe fortalecerse su autonomía, sino que también ha de dotárselo de suficientes facultades y recursos para asegurar su capacidad fiscalizadora.
¡Eso es clave!
De nada valdrán las modificaciones a las normas de probidad o el establecimiento de sanciones más duras si la ciudadanía no percibe, a partir de las próximas elecciones, un cambio en la conducta de candidatos y partidos, y también de parte de las autoridades del SERVEL.
Es necesario que haya campañas en las que primen las ideas y no los recursos; respeto a los límites que fije la ley en materia de propaganda; fiscalizadores que hagan cumplir la normativa vigente.
Si eso no se percibe de manera visible desde la próxima elección municipal, en 2016, será muy difícil recuperar la confianza y credibilidad de la gente.
Por lo tanto, la responsabilidad de las autoridades del Servicio Electoral es muy grande. No puede haber fallas.
La ley respectiva deberá contemplar las atribuciones y los recursos humanos y financieros para garantizar el cumplimiento de esos objetivos.
En cuanto a la autonomía constitucional que se está otorgando al SERVEL, estoy de acuerdo con ella. Comprendo la intención que hay detrás de dar garantías de imparcialidad a todos los actores políticos.
Sin perjuicio de lo anterior -haciéndome eco de las palabras de un señor Senador-, manifiesto que me preocupa la tendencia a aumentar el número de entidades autónomas dentro de nuestra institucionalidad.
En algunas materias la autonomía puede interpretarse en forma errada y la profusión de organismos que la poseen puede transformarse en un obstáculo para la debida coordinación de la acción del Estado. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública, ha costado mucho coordinar a todas las instituciones competentes, con lo cual se diluyen las responsabilidades.
Sin duda, el debate de fondo habrá que darlo en el marco del estudio para una nueva Constitución.
Por ahora, lo relevante es que estamos dando un nuevo paso en la Agenda para la Transparencia y la Probidad.
El próximo año enfrentaremos elecciones bajo condiciones nunca antes vistas en nuestra historia republicana.
Por cierto, como siempre digo, todas estas reformas no aseguran por sí mismas que contaremos con mejores instituciones, pues ello dependerá, en definitiva, de las personas que asuman las funciones correspondientes.
Estoy confiado en que, con la voluntad de todos los sectores políticos, con instituciones fuertes y vigilantes y con el juicio atento de la ciudadanía, volveremos a tener procesos electorales de los que nos sintamos orgullosos, que es la base de una política sana y de un mejor país.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, a mi juicio, hay tres proyectos de ley relevantes a efectos de avanzar en transparencia, en acceso a la información, en modernización y en clara diferenciación entre decisión política y uso de recursos, en respuesta a una serie de hechos que han acaparado la atención tanto de la opinión pública como de los señores Senadores durante todo el año.
La primera de esas iniciativas es la que fija la obligación de efectuar la declaración de patrimonio e intereses a todas las autoridades.
Además, establece el fideicomiso ciego particularmente para quienes poseen acciones u otros instrumentos que podrían generar un conflicto de intereses mayor. En el fondo, se pide a las autoridades que hagan entrega de esos recursos a un tercero para que se los administre en forma absolutamente autónoma e independiente y con todos los resguardos del caso. Me refiero a cargos de distinta índole: no solamente a Senadores y Diputados, sino también a Presidente de la República, a alcaldes, etcétera.
Asimismo, se contempla la enajenación de activos. Por primera vez en nuestro país se dispone que, en determinados casos, una persona deberá vender los derechos que posee en sociedades que realicen operaciones con el Estado.
El segundo proyecto dice relación con el financiamiento de la política en general, o sea, de las campañas electorales y de los partidos. Esa propuesta legislativa se encuentra en tramitación en el Parlamento y, según entiendo, en este mes vence el plazo para presentar indicaciones.
La tercera iniciativa es la que nos ocupa, que otorga autonomía al Servicio Electoral.
En mi concepto, esos tres proyectos son esenciales. Lo destaco, porque tendemos a afirmar que hay 15, 20, 25 en esta materia, y eso es casi como decir "nada".
Las tres iniciativas claves son: la relativa a la declaración de patrimonio e intereses; la relacionada con el financiamiento de la política en lo concerniente a las campañas y al funcionamiento regular de los partidos políticos (financiamiento público y privado, etcétera), y, obviamente, la referida al SERVEL.
La presente reforma constitucional implica un cambio radical en el Servicio Electoral en comparación a lo que es hoy. Creo que todos debiéramos tener conciencia de ello, sobre todo la opinión pública.
El SERVEL actual, más allá de toda la buena voluntad, disposición y honorabilidad de sus integrantes, no cuenta ni con la plata ni con los instrumentos ni con las facultades para cumplir adecuadamente su labor.
Estamos incorporando en la Constitución una institución de carácter autónoma, cuyos consejeros serán nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, que es el mismo quórum exigido para designar a un Ministro de la Corte Suprema, al Fiscal Nacional o a los integrantes del Consejo para la Transparencia.
Ahora bien, ¿ese quórum es alto? Sí, lo es.
Al respecto, valoro el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Constitución para llegar a un acuerdo, porque algunos plantearon, legítimamente, que el quórum debería ser inferior. A mi juicio, tal acuerdo nos permitirá contar con una institucionalidad sólida.
Deseo que aprobemos pronto este proyecto, para tramitar luego la ley orgánica pertinente.
Días atrás conversé con el Senador Allamand, aquí presente, quien me decía: "Imagínese lo que significaría llegar a la próxima elección sin que el SERVEL estuviera funcionando autónomamente con su ley nueva".
Hago presente que los tiempos están bien ajustados para eso.
En consecuencia, señora Presidenta, siento que debemos aprobar a la brevedad la reforma constitucional que nos ocupa, porque después tendremos que introducir los cambios pertinentes a la Ley Orgánica del Servicio Electoral.
Entre tales enmiendas, habrá que definir cómo y cuándo se eligen los directores regionales. Hoy son nombrados mediante una facultad exclusiva del Director Nacional.
Otra cosa distinta es lo relativo a los miembros del Consejo Directivo. Mi pregunta es quién va a nombrar a los candidatos y cómo. ¿Se hará a través de la Alta Dirección Pública? Porque se trata de autoridades que van a tener mucho poder.
¿Cuáles serán los requisitos definitivos para postular al SERVEL? Los que existen hoy son exigentes. ¿Se agregarán más?
Todas esas materias no pueden quedar en el aire; hay que definirlas bien. Y, en aras del acuerdo, preferimos no incluirlas en la Constitución, sino dejarlas para cuando se discuta la ley orgánica correspondiente.
También hubo debate en lo concerniente a la dedicación exclusiva. Al respecto, yo no he asumido una posición. ¿Es necesario que los miembros del Consejo Directivo tengan dedicación exclusiva? Eso habrá que resolverlo definitivamente cuando se analice la ley orgánica.
En consecuencia, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, la verdad es que la mayor parte de las cosas ya se ha dicho; así que voy a abreviar bastante mi intervención, refiriéndome solo a dos puntos.
Primero, abordaré el riesgo de la tendencia a las nuevas autonomías del Estado frente a otros Poderes, como sucede con el contenido de este proyecto en relación con el Ejecutivo y el Legislativo, principalmente.
Si bien es cierto la autonomía permitirá al SERVEL moverse con más independencia respecto de otro Poderes, a los cuales, finalmente, debe fiscalizar a través de los procesos electorales, ese mismo hecho, a su vez, se traducirá en una menor posibilidad de fiscalizar y controlar a todos los otros organismos que se declaran autónomos.
Consideremos, por ejemplo, la experiencia de empresas públicas que reclaman el estatuto de autónomas y que, en el fondo, lo hacen para liberalizarse o escapar, escabullirse de la fiscalización de los órganos regulares del Estado, con resultados bastante discutibles.
En segundo lugar, uno de los desafíos de la ley en proyecto apunta a que realmente cumpla con los principios de objetividad, independencia, especialización, profesionalismo y que eso redunde en mayor credibilidad y transparencia. Y ello dependerá de la efectiva capacidad de fiscalizar y sancionar.
Por consiguiente, una ley orgánica deberá establecer cuáles serán esas facultades, esos recursos. Además, el Servicio tendrá que asegurar un personal con las suficientes capacidades para hacer efectiva la fiscalización, producto de la cual eventualmente se puede llegar a la sanción de destitución o pérdida del cargo.
Entiendo que el propósito es generar un escenario en nuestro país donde el SERVEL juegue un rol político diferente al que ha desempeñado en el pasado, en el sentido de enfrentar los desafíos democráticos de transparencia con mayor fuerza.
Por lo tanto, la autonomía constitucional es solo el primer paso para fortalecer esa institucionalidad. Por cierto, esta dependerá, por un lado, de cómo se maneje esta mayor autonomía, que, a su vez, será más difícil de fiscalizar; y por otra parte, de que la ley orgánica realmente le otorgue las facultades y los recursos para hacer efectivo el propósito final, que es fiscalizar y, cuando sea necesario, presentar una propuesta de sanción a ese mismo Servicio.
Voto a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (33 votos favorables), con excepción del inciso segundo de la disposición transitoria que se agrega, dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, se pidió votación separada del inciso segundo de la disposición vigesimoséptima transitoria que se propone. Su texto es el siguiente: "Los actuales consejeros no podrán ser reelegidos en sus cargos.".
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Si no hay inscritos para fundamentar, se pondrá en votación el inciso.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, quienes estén de acuerdo con la norma propuesta en el proyecto, deben votar que sí; y los que la rechacen, tienen que votar que no.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requieren 21 votos favorables para aprobar el inciso.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, antes de proceder a la votación, me gustaría que se pronunciara el Ejecutivo, el Ministro Eyzaguirre, quien nos solicitó formalmente un acuerdo político para aprobar esta reforma.
A mí no me parece correcto -lo digo con toda responsabilidad- que aquí se haya trabajado durante más de una semana en un acuerdo, que hoy se discutió en la Comisión con la concurrencia del Ministro, y que en este momento se plantee un cambio.
Porque si vamos a hacer modificaciones, ¡evaluamos todo el acuerdo, señor Ministro! -por su intermedio, señora Presidenta-.
Entonces, creo que no corresponde este cambio.
Sería importante escuchar al Secretario de Estado. Porque si él plantea que este acuerdo se deshace, votamos según nuestro parecer o según nuevas interpretaciones, considerando el quórum de aprobación.
Nosotros establecimos un acuerdo luego de más de una semana de trabajo de nuestros asesores. Hoy día se discutió. El inciso mencionado no fue un punto en la Comisión, de acuerdo al protocolo que se acompañó, al que concurrieron todos sus integrantes. Y ahora estamos haciendo otra discusión.
Entonces, me gustaría que previo a votar el Ministro Eyzaguirre aclarara esta situación.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señora Presidenta, yo consulté a la Mesa si podía hablar una vez que se hubiera abierto la votación, y me dijeron que no.
Por eso intervine, Senador De Urresti, antes de que se abriera la votación y dije exactamente lo que usted acaba de señalar: que esto fue un acuerdo global y que, por tanto, no me parecía consistente con el espíritu de la Comisión poder trozar y votar en contra algún pedazo.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, disculpe, pero uno no necesariamente sigue el detalle de todos los proyectos.
Yo escucho que aquí hay un acuerdo, pero no logro que me expliquen el porqué.
Lo único que pido para concurrir con mi voto es que me aclaren qué tiene que ver esta limitación, que afecta a dos personas, y por qué, además, debe estar contenida en una norma constitucional. ¿Qué relación existe entre esto y el acuerdo sustantivo?
Creo que esto no tendría que ser materia constitucional. Me parece, más bien, que corresponde a una disposición de otro orden.
Disculpen el lenguaje y la forma, pero ¿a cambio de qué fue esto?
Por ello, señora Presidenta, solicito que el Titular de la Comisión o el señor Ministro expliquen cuáles son los elementos que están balanceados para tener que aprobar algo respecto de lo cual uno está intuitivamente, y no solo desde el punto de vista político, tremendamente contrariado.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, me alegro de que hayan construido un acuerdo sobre este tema, que discutimos la semana pasada en general.
Y, en verdad, conversando con el Presidente del Consejo Directivo del SERVEL, este me señaló que no había participado del debate puntual de esta norma, que no tenía idea de la disposición que incluía la prohibición de repostularse. Es una posibilidad hipotética, por lo demás. Pero, tal como se presenta, puede aparecer como un agravio al menos hacia dos de los integrantes actuales (en todo caso, no sé si repostularán).
Como no consideramos que se tratara de un aspecto relevante dentro del contexto del acuerdo, con el Senador Zaldívar y otros colegas presentamos la petición de votación separada.
La explicación que se nos ha dado es que la norma fue producto de la conversación que se desarrolló. Pero no entendí bien cuál era la lógica. Porque cada cargo después tendrá una duración de diez años. Serán elegidos cada dos años, sucesivamente. Y estos pobres, que son los primeros, quedarán con cuatro años. ¡Y hay otros que entraron igual que ellos y van a durar ocho años! Entonces, la verdad es que no entiendo.
Pienso que este punto ni le quita ni le pone al acuerdo completo que se logró. Pero, a lo mejor, vamos a cometer un acto de injusticia o un agravio que no tiene mayor sentido.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en esto yo quiero ser bien claro y tratar de explicar lo que aquí ha ocurrido.
Cuando uno construye un acuerdo político, lo cumple.
Y este acuerdo implicó una concesión importante de los distintos miembros de la Comisión en materias en que teníamos divergencias.
Por ejemplo, algunos queríamos que hubiesen quedado establecidos en la Constitución los requisitos para ser miembro del SERVEL, como ocurre con los Ministros de la Corte Suprema (los provenientes del Poder Judicial y los externos a la administración de justicia).
Otros deseaban que se estableciera cómo se nombrarán los jefes regionales, quienes contarán con un poder mucho mayor del que tienen hoy. Y quedamos en que ello se haría en la ley orgánica.
También se discutió lo relativo al quórum Y los parlamentarios de la Nueva Mayoría llegaron a un acuerdo con el Gobierno que yo valoro, pues se quiere que, al igual como ocurre hoy día con los Ministros de la Corte Suprema o con el Fiscal Nacional, exista un altísimo quórum, para asegurar que esta sea una institucionalidad que a todos nos diga que quien sea nombrado, por el poder que tendrá, será una persona absolutamente concordada. Esa fue la razón. Y los acuerdos se construyen por motivos políticos.
Y había buenas razones para dar otros argumentos.
Entre ellos se señaló que resultaba importante establecer, por una parte, que aquellos consejeros que estaban cumpliendo sus funciones y se mantenían después de 2017 pudieran durar más allá de ese período, y por otro lado, que en el caso de aquellos que terminaban el 2017, aunque su período hubiera sido menor, se debía efectuar una nueva elección y no podían seguir aquellos que estaban ejerciendo.
El tema podrá ser controvertido, pero los acuerdos políticos se cumplen.
Por lo menos yo le he pedido a la Sala de Senadores de Renovación Nacional que cumplamos el acuerdo, toda vez que tuvimos tiempo de discutir y analizar la materia.
Ahora, si la Cámara de Diputados quiere hacer una cosa distinta, ese es otro problema.
Si nosotros construimos un consenso después de diez días de trabajo en un tema de esta sensibilidad, yo respaldaré el acuerdo que adopté con el Ministro Eyzaguirre, porque me parece clave cumplir los compromisos.
Esa es la razón por la que se elaboró.
Nosotros firmamos un acuerdo con concesiones de la Nueva Mayoría, que valoramos, y con concesiones de la Alianza, que al menos yo también aprecio. Entonces, las confianzas se construyen sobre la base de decir que los acuerdos políticos se cumplen, pues todos ceden.
Por ejemplo, a mí me parece superdiscutible -y con esto termino, señora Presidenta- que los mecanismos de nombramiento de los directores regionales del Servicio Electoral no estén contemplados en la Constitución Política, toda vez que van a tener un enorme poder, al ser los responsables de supervigilar la elección en cada región.
Finalmente, los acuerdos se construyeron así. Y pido que los respetemos tal como están, pues allí radica el valor de la palabra empeñada respecto de los compromisos que se adoptaron.
Además, entiendo que todos los Senadores, más allá de que nadie conoce el detalle y la letra del texto completo, confían en que los miembros de la Comisión de Constitución actuaron en conjunto con el Gobierno para sacar una ley fundamental, importante, trascendente, que, en lo esencial, nos permite dar un ejemplo en cuanto a que estamos llegando a un acuerdo relevante para nuestro país: un órgano autónomo, independiente, que tendrá el poder de pedirle al TRICEL que destituya a un parlamentario, a un alcalde.
En consecuencia, soy partidario de cumplir el acuerdo por las mismas razones que enunciaron el señor Ministro y el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador De Urresti.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, como ya se explicó latamente, todos los miembros de la Comisión de Constitución cedimos en puntos distintos con el objeto de sacar adelante un proyecto de ley a través del cual buscábamos dar la señal de que fuera consensuado y votado en forma unánime, en primer lugar, por dicho órgano técnico y, luego, por el Senado.
En aras de ello, hemos conversado con el resto de los Senadores de la bancada de la Democracia Cristiana y llegamos a la conclusión de retirar la solicitud de votación separada.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Han pedido la palabra tres señores Senadores.
¿Senador señor Harboe?
El señor HARBOE.- No intervendré, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Senador señor Coloma?
El señor COLOMA.- Tampoco, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Senador señor De Urresti?
El señor DE URRESTI.- No. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Ante la decisión del Comité de la Democracia Cristiana de retirar la solicitud que había formulado, queda aprobado el proyecto de reforma constitucional tanto en general cuanto en particular, dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido. En consecuencia, el proyecto queda despachado en este trámite.