DESIGNACIÓN DE SEÑOR MANUEL VALDERRAMA REBOLLEDO COMO MINISTRO DE CORTE SUPREMA

El señor ESPINA.- Señor Presidente, una de las atribuciones más importantes del Senado es nada menos que la de nombrar ministros de la Excelentísima Corte Suprema. Pero creo que, de ejercerla con mucha frecuencia, a veces no valoramos la responsabilidad que esa atribución envuelve para nosotros.

Los ministros de la Corte Suprema son las máximas autoridades del Poder Judicial. Por ende, elegir buenos integrantes para el Máximo Tribunal es una tarea que no podemos delegar. Y nuestra resolución a veces podrá coincidir con la opinión del Ejecutivo, pero en otras oportunidades, no.

En este caso, pensamos que la Presidenta de la República tomó una muy buena decisión, porque el Ministro señor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo tiene una trayectoria impecable, intachable, que, a mayor abundamiento, inicia -esto es muy significativo- como juez de letras de Punta Arenas.

O sea, estamos en presencia de un magistrado que sabe lo que ocurre en un tribunal de comuna. Ello reviste gran importancia, pues permite recoger la experiencia en terreno -y, por tanto, no quedarse solo con la formación académica y teórica- y conocer los problemas reales que afectan a la ciudadanía en el ámbito legal.

Un ministro "con camarín" es importantísimo.

A mi entender, en esta ocasión tenemos un muy buen ministro.

De otra parte, pude leer muchos fallos del señor Valderrama como Ministro de Corte de Apelaciones: estaban -lo digo francamente- muy bien fundados.

Más allá de si uno concuerda o no, reviste gran significación ver si un juez falla conforme al mérito de los antecedentes del juicio; si su argumentación es adecuada; si razona como debe hacerlo un magistrado independiente.

El Ministro señor Valderrama tiene fallos que han formado parte de nuestra jurisprudencia.

Ahora, dicho magistrado se refirió a un asunto que toca al Senado: las modificaciones al Código Procesal Penal, que se encuentran pendientes en el Parlamento desde hace dos o tres años; aún no las hemos despachado.

En la Cámara de Diputados hay una agenda corta, a la que se puso "suma" urgencia.

Sin embargo, yo quiero puntualizar que, cuando el actual Gobierno tiene 9 por ciento de evaluación positiva en materia de seguridad ciudadana -la situación no era muy distinta en la Administración anterior- y en el Parlamento no somos capaces de adoptar decisiones sobre enmiendas legales urgentes para enfrentar el principal problema de la ciudadanía, el Ministro señor Valderrama nos dice: "¿Se requieren modificaciones? Sí". Y señala cuáles son: las planteadas en diversos proyectos. O sea, con toda razón, nos traslada la responsabilidad y nos pide que dejemos de ser diagnosticadores y comentaristas de la seguridad ciudadana y procedamos a cambiar leyes (al respecto existe amplio consenso) que necesariamente deben reformarse.

No sé qué les ocurre a Sus Señorías cuando van a sus circunscripciones; a lo mejor les expresan que el problema de la seguridad ciudadana está resuelto. Pero a mí me sucede todo lo contrario: la gente me dice: "¡Estoy angustiada! ¡Me asaltan, me roban! Lo único que le pido es que usted, por quien voté, represente esta realidad, legisle y la cambie".

En la Comisión Especial de Seguridad del Senado acabamos de terminar un informe que contiene una cantidad enorme de propuestas.

En todo caso, creo que llegó la hora de que legislemos sobre la materia en comento.

Y el Ministro señor Valderrama apunta:

Primero, es fundamental hacer un seguimiento a quienes tienen órdenes de detención por delitos graves y están prófugos de la justicia. Suman 66 mil personas; o sea, ¡un y medio Estadio Nacional!

Segundo, es necesario fortalecer las atribuciones de nuestras policías, que son de las más débiles previstas en la legislación comparada.

Tercero, debe haber coordinación entre policías, fiscales, jueces y alcaldes (eso figura en el proyecto sobre seguridad que proponemos).

Y cuarto, es esencial -con esto termino- exigirles a los fiscales que cumplan adecuadamente su labor de investigar.