FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, el eje central del Gobierno de la Nueva Mayoría ha sido la igualdad.

Si bien el acento se ha puesto en derechos sociales como la educación, la salud y las relaciones laborales, es indudable que su ampliación tiene también su correlato en los derechos políticos. Es decir, la igualdad en la educación, la salud y el trabajo nos lleva inevitablemente a plantearnos más igualdad en la participación cívica y en nuestras instituciones democráticas.

Por eso, reformamos el sistema electoral a través de la ley N° 20.840, en virtud de la cual el valor del sufragio de cada ciudadano resultará en adelante más equitativo en los distintos territorios, lo que hace efectivo el principio "una persona, un voto".

Es por ello, también, que hace pocos meses se aseguró el derecho a sufragio de los chilenos en el extranjero, cuya opinión cuenta hoy tanto como la de quienes vivimos en el territorio nacional.

En el mismo sentido, con el proyecto en debate avanzaremos en condiciones más justas para el desarrollo de los partidos políticos y la competencia electoral, claves para la calidad de la democracia.

Más allá de eventuales errores en la implementación de estas reformas, el aporte perdurable del actual Gobierno y de la coalición será que los chilenos dispondremos de más posibilidades de acceder a una educación de calidad, independientemente de nuestra cuna; de más posibilidades reales de negociar colectivamente con los empleadores, y de más posibilidades de influir en las decisiones del país. En definitiva, seremos más ciudadanos, lo que significa ser verdaderos titulares de derechos y no meros beneficiarios de subsidios.

Antes de estos cambios fue preciso luchar por que a los hijos se les reconociera una misma condición, sin importar si habían nacido dentro del matrimonio o fuera de este, y, más recientemente, por que todas las parejas, cualquiera que sea su orientación sexual, sean tratadas con equidad y puedan ser reconocidas como una familia.

Así veo a Chile en los últimos veinticinco años: en un proceso ascendente de mayor igualdad y mayor dignidad, y me siento muy orgulloso de lo realizado.

Es cierto que una buena parte del proyecto de ley en discusión tiene su origen en las irregularidades del sistema político que se han hecho públicas en el último tiempo.

Pero con esta y otras iniciativas que vendrán se está haciendo el trabajo lento y perseverante de desarticular una a una todas las barreras, todas las trampas, todos los obstáculos que han impedido la expresión auténtica y plena de la voluntad ciudadana.

No importa que la gente no valore hoy estos esfuerzos en toda su dimensión, que a veces la voz estridente y mordaz de las redes sociales apague la voz pausada y reflexiva de quienes valoran cada avance.

La desconfianza, el individualismo han calado profundo en nuestra sociedad.

Seguramente, habrá quienes se quejen de que estamos aprobando más recursos para nosotros mismos, como si los parlamentarios fuéramos los dueños monopólicos de la política.

Debemos abstraernos de esta crítica fácil. Hay que dar esta batalla de las ideas en las organizaciones, en nuestros territorios.

Al menos, hoy no se escuchan las voces que promovían el cosismo, que planteaban que nos preocupáramos exclusivamente de los problemas de la gente y que la política no importaba.

Eso hizo mucho daño: de la despolitización se cayó fácilmente en la antipolítica; del desinterés se pasó a la aversión. Todas estas tendencias son profundamente reaccionarias y constituyen resabios de la dictadura que no hemos enfrentado a tiempo.

Por supuesto, la clase política también ha cometido errores.

Por muchos años, los candidatos descansaban en el voto duro y no importaba que las generaciones nuevas no se incorporaran.

Si no había acuerdo político para aumentar el financiamiento público de la política, se podía resolver ese vacío con resquicios, generándose una relación perjudicial entre dinero y política.

A través de la Agenda para la Transparencia y la Probidad, el Gobierno, la Nueva Mayoría y progresivamente también la Oposición estamos tomando el toro por las astas.

Los resultados de este trabajo se comenzarán a ver en la próxima elección municipal y con más fuerza en los comicios parlamentarios, en que debutará el nuevo sistema electoral, con nuevas reglas de financiamiento y con sanciones duras en casos de contravenciones.

Se requieren hechos para recuperar la credibilidad.

Nuevos rostros podrán construir nuevas relaciones de confianza.

Pero jóvenes o experimentados, los liderazgos políticos han de canalizarse preferentemente a través de partidos fuertes, unidos por una ideología y un programa, reservando siempre las posibilidades de acceso para colectividades nuevas o de regiones y para independientes.

Los partidos podrán estar desprestigiados, pero siguen siendo necesarios.

El proyecto de ley que nos ocupa resuelve adecuadamente tales demandas.

Resulta evidente que hay que aumentar el financiamiento público de la política, prohibir los aportes de empresas y disminuir los gastos electorales.

Algunas normas parecen excesivas, como la que impide las contribuciones de funcionarios públicos a la política. Pero, en general, las disposiciones se encuentran bien orientadas.

Hay, sí, un tema capital, que excede a esta iniciativa, pero que incide directamente en esta materia: los medios de comunicación.

Una política sana no puede sobrevivir en un marco de concentración de los medios de comunicación.

Es cierto que en estos tiempos han cobrado fuerza nuevos medios, como los diarios electrónicos o las redes sociales, pero el papel de los medios tradicionales en la formación de opinión sigue siendo clave.

Se podría decir que en materia de prensa escrita existe un binominal, en que además la minoría tiene los dos escaños.

Tenemos que abordar esa materia.

El acceso igualitario a los medios y a la difusión de las ideas constituye un bien público que el Estado ha de asegurar. De otra manera, nos estaremos haciendo trampa en solitario y se corre el riesgo de que al poco tiempo la clase política vuelva a buscar el atajo ante el escenario desigual en que se desenvuelvan las campañas y todo el trabajo político.

Señora Presidenta, sin duda, Chile ha cambiado mucho durante los últimos años. Algunas entidades se han adaptado más rápido que otras a estos cambios. Las instituciones políticas (partidos, Gobierno, Congreso) lo estamos haciendo con retraso.

Confío en que en el Senado habrá un gran consenso en el camino que estamos emprendiendo, que se expresará en la aprobación ojalá unánime de este proyecto y de todos los que integran la Agenda para la Transparencia y la Probidad.

Personalmente, lo siento como un deber frente a las nuevas generaciones.

La política dio sentido a nuestras vidas incorporándonos tempranamente a la militancia y a las luchas estudiantiles. Nos mantuvo de pie en los tiempos de la dictadura, y nos permitió recuperar la democracia y materializar innegables avances para nuestro país.

Nada de ello han vivido las nuevas generaciones. Es nuestra obligación legarles una política digna.