INCIDENTES EN ESTADIOS CON MOTIVO DE PARTIDOS DE FÚTBOL PROFESIONAL

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Esta sesión especial, a la que se citó por petición de los Comités Partido Renovación Nacional y Partido Unión Demócrata Independiente, tiene por objeto tratar los graves incidentes que de manera reiterada se han registrado durante el último tiempo en diversos estadios de nuestro país con motivo de la realización de partidos de fútbol profesional. Y, según dice la convocatoria, se pretende proponer las medidas destinadas a evitar la repetición de tales hechos.

Se invitó al Subsecretario del Interior, señor Mahmud Aleuy, quien se excusó; al Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey, quien nos acompaña esta mañana, y al Jefe del Plan Estadio Seguro, señor José Roa, quien también se halla hoy en esta Sala.

Se distribuyó el tiempo por Comité.

Tiene la palabra en primer lugar el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado, junto con los jefes del Comité Unión Demócrata Independiente, solicitamos celebrar esta sesión especial para tratar los graves incidentes que de manera reiterada se han venido sucediendo últimamente en los distintos estadios de nuestro país con motivo de la realización de partidos de fútbol profesional.

La violencia en dichos recintos constituye un problema que se ha venido debatiendo en este Congreso desde su reinstauración, toda vez que en 1991 ingresó el mensaje legislativo que con posterioridad, tras una intensa discusión del proyecto pertinente, dio lugar a la ley N° 19.327, publicada en 1994.

En 2007, gracias al valioso aporte que nos hizo Carabineros de Chile fruto de la experiencia recogida durante los trece años de vigencia del mencionado cuerpo legal, un grupo de diez Diputados presentamos una moción que dio nacimiento a una iniciativa que se tramitó a lo largo de un lustro, hasta concretarse en la ley N° 20.620, mediante la cual se hicieron correcciones absolutamente necesarias (fui coautor de esta ley; y durante la tramitación del proyecto respectivo en la Cámara Alta el Senador Alberto Espina tuvo una labor importante).

Tal como señalé durante la sesión en que se aprobó la iniciativa originada en dicha moción, el 14 de marzo de 2012, la asistencia a un espectáculo deportivo debe constituir un sano espacio de recreación y esparcimiento, muy necesario para el desarrollo de los seres humanos como personas, pero que en ningún caso puede transformarse en escenario de batallas campales causadas por el fanatismo y el descontrol de los miembros de las llamadas "barras bravas", o por delincuentes que se infiltran en estos grupos de apoyo a los clubes y tienen la sola intención de provocar daño, con los resultados que constantemente debemos presenciar o que nos informan los medios de comunicación.

El 10 de junio del presente año se publicó la ley N° 20.844, que estableció los derechos y deberes tanto de los asistentes a los espectáculos de fútbol profesional como de sus organizadores; que modificó diversas disposiciones de la ley primitiva, y que incorporó nuevas normas, para lo cual se consideró la experiencia de la legislación comparada sobre la materia. Y de nuevo tuvimos al Senador Espina como protagonista.

O sea, en cuanto a la legislación aplicable al ámbito que nos ocupa, hemos realizado todo lo que ha estado a nuestro alcance.

Hace poco tiempo Chile tuvo el privilegio de ser sede de la Copa América, en la que nuestra Selección alcanzó el ansiado título de Campeón de Fútbol Continental. Pero en ese torneo no se registraron incidentes graves como los ocurridos con posterioridad en los encuentros de nuestro campeonato interno.

Entonces, cabe preguntarse: si contamos con una legislación adecuada para regular esta materia, ¿qué está sucediendo realmente?

Por eso pedimos invitar a las autoridades que tienen injerencia en este tema, al objeto de que nos den una apreciación sobre el referido fenómeno e indiquen posibles acciones para evitar su repetición.

Creemos que, sin perjuicio de sancionar los graves hechos registrados en diferentes recintos, es necesario prevenir su ocurrencia mediante campañas educativas que demuestren que el fútbol es un espectáculo digno de presenciar, pero con respeto a los demás, sean hinchas de los equipos adversarios o de aquellos a los que adherimos o con los que simpatizamos, porque eso motiva a los jugadores que participan en los respectivos encuentros.

Podemos alentar a los jugadores de los equipos de nuestra afición y alegrarnos con sus triunfos, o bien, entristecernos con sus derrotas; pero ello, sin violencia, ni en los estadios ni en sus inmediaciones.

Lo que resulta más grave aún es que, cuando se causan lesiones a las personas o daños a los bienes públicos y privados con ocasión de los referidos espectáculos, nadie se hace responsable de su autoría.

Por eso, estimamos que, aun cuando contamos con abundante normativa sobre la materia, la que en el transcurso de los años se ha ido perfeccionando con la implementación de medidas de seguridad adecuadas, al parecer no existe una debida aplicación de ella. Esto motiva la ocurrencia de desmanes de graves consecuencias, ante los que nadie asume responsabilidad, pues unos a otros se endosan las culpas.

Estimamos que, sin perjuicio de los interesantes aportes que puedan entregarnos las autoridades pertinentes, debiera conformarse una instancia de coordinación en que participen tanto los personeros del sector público que tienen a su cargo la seguridad en los estadios cuanto representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional; de los clubes de fútbol que organizan los partidos; de la policía, e incluso, del Ministerio Público, que también cuenta con fiscales a los que les ha correspondido efectuar investigaciones por hechos como los que nos ocupan.

Creemos que esa instancia debiera proponer, al cabo de un breve período de trabajo, un conjunto de medidas destinadas a evitar la repetición de tan deleznables hechos, las que, a su vez, tendrían que transformarse en un cuerpo normativo, como parte de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que complemente y haga aplicables en su integridad las disposiciones de la ley sobre violencia en los estadios.

Solo de esa forma los aficionados al fútbol podrán volver a disfrutar de los espectáculos insertos en los diversos campeonatos que se programan anualmente en nuestro país. Y, en familia, con sus hijos, en forma tranquila, podrán alentar a los equipos de su preferencia con pasión, pero sin violencia, y disfrutando real y efectivamente de un estadio seguro.

Existe una normativa, señor Presidente, pero hoy no se aplica.

Finalmente, la violencia se ha tomado los recintos. Lo vimos en el estadio Sausalito, de Viña del Mar; se repitió en Talca, y también en La Serena.

¡La violencia se ha tomado los espectáculos deportivos!

Frente a ello, no hemos visto un accionar que dé cuenta de la aplicación de la ley vigente. Porque, como señalé, esta no se aplica.

Por último, cuando la impunidad se toma los espectáculos deportivos, se va corriendo la vara.

En algún minuto se estableció el Plan Estadio Seguro, que era contundente. Sin embargo, fue desechado, por su alto costo.

Básicamente, yo hago un llamado para que de las actuales disponibilidades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional salgan los recursos necesarios para establecer una política que permita ejercer una acción de tolerancia cero frente a la violencia en los estadios.

En materia de seguridad en los estadios, el fútbol, la ANFP, los clubes y Estadio Seguro deben tomar una decisión drástica en cuanto a qué tipo de espectáculo se quiere promover: el negocio de los que transmiten por televisión, a quienes no les interesan las personas en los estadios y sí más abonados, o recintos colmados de público y además seguros.

Tengo la certeza de que los réditos económicos son los mismos, aunque está claro que uno de los objetivos es más fácil, pues finalmente el cheque llega a fin de mes sin moverse del escritorio.

Nuestro fútbol asimiló lo más cruel de la sociedad chilena. La desigualdad es terrible. Por un lado somos Campeones de América, con ganancias históricas, y por otro damos un triste espectáculo en materia de violencia y soluciones.

La mayoría de los clubes, salvo los grandes, administran pobreza. Aunque estén bajo la lógica de las sociedades anónimas deportivas, casi todos con suerte llegan a fin de mes para pagar los sueldos.

¡Esa es la realidad!

Entonces, yo pregunto: ¿son ellos los que tienen que financiar aquella lucha, que además es social, mientras los demás actores se lavan las manos?

Obviamente, los clubes deben asumir su responsabilidad. Pero seamos realistas con lo que sucede hoy: si la solución hubiese sido cien o doscientos guardias, el problema estaría solucionado; pero eso no ha pasado.

Propongo, pues, que la Asociación Nacional de Fútbol, desglosando su ítem de ganancias -en los últimos años ha sido millonario-, destine un porcentaje para subvencionar a los clubes en un gran programa contra la violencia. Y esto no solo significa contratar guardias, sino también invertir en educación y en responsabilidad social con el entorno.

Hacemos un llamado, básicamente, a entender que el problema de la violencia en los estadios se relaciona con una cuestión más bien sociológica que se registra en Chile: la violencia se está tomando los espectáculos; en este caso, los deportivos.

Sin embargo, frente a los actos de violencia debe restablecerse la autoridad y aplicarse tolerancia cero.

Por eso, pretendemos que don José Roa, quien está a cargo de Estadio Seguro, y la Subsecretaría del Interior nos den su opinión al respecto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Lo mío es menos dramático, señor Presidente: quiero pedirle que recabe la autorización necesaria para que la Comisión de Hacienda sesione en paralelo con la Sala, pues estamos despachando una serie de proyectos de acuerdo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?

El señor CHAHUÁN.- Sí.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Acordado.

El señor LAGOS.- Muchas gracias.

Y aprovecho de hacer mías las palabras del Senador Chahuán, que respaldo en cien por ciento.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Esperamos, señor Senador, que puedan sacar el Tratado con Tailandia y los Protocolos con Argentina sobre túneles.

El señor LAGOS.- Puedo anticiparle un informe, señor Presidente.

Se aprobó en la Comisión el Acuerdo de Libre Comercio con Tailandia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡Qué bueno!

¡Muy bien!

El señor LAGOS.- En el caso de Argentina, se aprobaron los Protocolos relativos a los Proyectos Túnel de Baja Altura y Túnel Internacional Paso Las Leñas-Ferrocarril Trasandino Central.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¡Me alegra mucho!

El señor LAGOS.- El atinente al Túnel Internacional Paso de Agua Negra quedó pendiente hasta la llegada de un nuevo informe financiero.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muchas gracias.

Su Señoría ha comprobado, pues, que la Mesa está bien informada de los proyectos que analiza la Comisión de Hacienda.

El señor LAGOS.- Si usted lo permite, señor Presidente, volveré a dicha Comisión, donde despacharemos convenios con Estados Unidos y Austria sobre doble tributación y un acuerdo con la Unión Europea concerniente a operaciones de gestión de crisis.

Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en general, todo el mundo cree que a las mujeres no nos interesa mucho el fútbol. Sin embargo, en nuestro país esta es una actividad deportiva relevante, que también le importa harto a la familia.

Pues bien, en el último tiempo hemos observado mucha delincuencia, sobre todo al interior de los estadios. Es algo que a mí, en lo personal, me preocupa sobremanera. Y lo vimos con posterioridad a la inauguración de recintos en los que se invirtieron no solo ingentes recursos económicos sino también capital humano.

Chile está importando el fenómeno de la violencia en los estadios de fútbol desde hace aproximadamente 20 años. Pero con tres modificaciones legales durante esos dos decenios, aunque hayan sido significativas, a mi juicio no se avizora ningún avance efectivo en esta materia. Y la razón me parece muy clara: los dueños del servicio "fútbol profesional" no tienen ningún interés en resolver dicho problema.

Señor Presidente, a propósito del fallecimiento de 43 personas durante un partido de fútbol disputado en Bruselas el año 1985, Europa decidió ponerle un freno a la violencia desatada a lo largo de décadas fundamentalmente por un movimiento anarquista y amorfo de los suburbios londinenses, conocido como "hooliganismo".

La palabra "hooligan" no tiene traducción al español. Fue extraída de un sustantivo propio inglés, correspondiente al apellido de un ciudadano británico alcohólico y pendenciero llamado "Edward Hooligan", que finalmente dio en Europa el nombre a dicho fenómeno, el cual terminó siendo importado por Argentina y, lamentablemente, con posterioridad, por Chile.

¿Cómo resolvió Inglaterra la violencia de su fútbol profesional (ella exhibía los mismos niveles alcanzados en nuestro país), al punto que hoy todos los partidos de la Premier League se juegan a estadio lleno?

En primer lugar, todo club inglés debe pagar por cada policía que despliega al interior del recinto: no existe razón para que el Estado subvencione con la fuerza policial un evento que va en beneficio directo de un patrimonio personal.

Hay ciertos partidos que igual requieren protección policial extraperímetro del estadio. Pero la proporción de policías y guardias privados entrenados es de 1 a 10; o sea, por cada policía, el club local debe poner 10 guardias entrenados a su costo.

En segundo término está el mejoramiento de las instalaciones deportivas. Si a cada persona se la asocia en su ticket a determinado asiento (como ocurre en el resto del mundo, salvo en Chile), las posibilidades de destrucción del recinto son muy escasas, porque la prueba es mucho más evidente. Algunos países, incluso de Sudamérica, solo venden hasta cuatro entradas nominativas por persona; y se asocia una entrada a un nombre y a una butaca.

En tercer lugar, las cámaras de seguridad deben ser del mejor nivel, de modo que produzcan plena prueba en un tribunal y no dejen margen alguno de error o duda al juez, margen que en la actualidad existe con frecuencia.

Por eso hoy se trabaja con cámaras digitales y no con cámaras analógicas.

Recordemos que en un momento de nuestra historia se gastaron más de 200 millones de pesos en cámaras que ahora no sirven.

Esto requiere más que una explicación técnica. Pero trataré de graficarlo del modo más simple posible.

La actual tecnología de los estadios es analógica, es decir, de baja resolución, lo que no permite obtener una imagen clara y definida susceptible de utilizarse como medio de prueba ante un tribunal. Además, dada su condición análoga, no es posible efectuar análisis computacionales de las imágenes obtenidas (reconocimiento facial, detección de incidentes predefinidos y de humo, traspaso no autorizado, etcétera), ni zum de alta definición.

Respecto a la tecnología que debiera implementarse -y aprovecho que nos acompañan el Jefe de Estadio Seguro, don José Roa, y el Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey-, considero muy relevante que para la captura de imágenes se usen cámaras de alta tecnología digitales con resolución de otro nivel que permitan hacer reconocimiento facial; efectuar seguimiento de personas en escena; descubrir incidentes; realizar intrusión en zonas no autorizadas; detectar humo o fuego en la escena, a fin de facilitar el diseño de soluciones a la medida y la integración con otros sistemas de seguridad.

Obviamente, un buen, adecuado y moderno sistema de cámaras permitirá en los estadios de fútbol mejorar y validar las identidades, generar fichas de asistentes, controlar el acceso del público en forma eficiente y ordenada y -lo más relevante- controlar los incidentes que ocurran en las graderías y generar los medios de prueba indispensables para los procedimientos judiciales de formalización de cargos derivados de las infracciones a la ley de violencia en los estadios.

De lo contrario, señor Presidente, la ley que tenemos será letra muerta.

Si no contamos con implementos tecnológicos que permitan acreditar las pruebas, la ley de violencia en los estadios será letra muerta.

Nada sacamos, pues, con impedir los bombos, las vuvuzelas y todo aquello que supuestamente lleva alegría a los estadios. Se creyó que con esa prohibición se iba a lograr mucho. Al final, no fue así, porque la violencia sigue desatada.

Hay que procurar tener buena tecnología y, además, conseguir un objetivo ético: que los dueños de los clubes deportivos se hagan responsables de los daños que causen sus barras bravas, pues resulta inaceptable que digan que no saben quiénes son los dirigentes de ellas.

Por último, debe efectuarse un control eficaz de incidentes a través de un circuito cerrado de televisión.

Es muy importante la acción integrada de la inteligencia policial y de quienes trabajan directamente en los clubes.

Debe haber por cada club un experto policial. Es algo que hicieron en Inglaterra. Y con ello se ha logrado bajar los niveles de delincuencia y de agresividad al interior de sus estadios. Se trata de detectar a los cabecillas, de buscar la forma de relacionarlos con los ilícitos y de que la prueba sea contundente. La idea es que terminen presos, y cuando no sea así, sujetos a la prohibición de acercarse a un estadio durante tres años. Eso es lo que en ese país han hecho con gran éxito, por lo cual, obviamente, estas personas tienden a inhibirse de participar en manifestaciones que finalizan en actos delictuales.

Y que cada club, como dueño de un espectáculo deportivo, ejerza el derecho de selección. Es imposible que las instituciones grandes no sepan quiénes dirigen sus barras.

Por último, a los guardias entrenados se les debe dar, en virtud de la ley, el imperio y el entrenamiento suficientes para operar tal como si fueran una fuerza policial. El nuestro probablemente es el único país donde a un agente del orden se le puede escupir, insultar, patear y tratar de la peor manera. Y algunos lo encuentran hasta simpático. En otras partes del mundo, como en Inglaterra o en los Estados Unidos, el que incurre en un maltrato de obra de esa índole puede ser hasta detenido.

Es de esperar que la presente sesión, que fue convocada a solicitud de los Comités Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, realmente traiga algo de efecto a través de las autoridades de Gobierno que tienen que tomar decisiones en este ámbito.

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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El Honorable señor Horvath le ha solicitado a la Mesa recabar el asentimiento para que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales pueda sesionar en forma simultánea con la Sala.

Si no hay objeciones, se accederá.

Acordado.

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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, seré muy escueto.

Recordemos que la última modificación de la ley en la materia entró en vigencia el 10 de junio recién pasado -o sea, todavía no cumple dos meses- y fue producto de un largo y apasionado debate. Mi reflexión no es la de un acreedor por algún concepto, sino que simplemente dice relación con que algo no está funcionando, porque en los pocos días de teórica aplicación de la normativa se han registrado al menos dos episodios delictuales, graves, de violencia en los estadios con motivo de la Copa Chile, que incluso no es la generadora de más pasión en el deporte. A mi juicio, la nueva legislación ha revelado, con motivo de ellos -no sé lo que pensará quien se halla a cargo del asunto, más allá de la conversación privada que sostiene-, falencias muy serias.

Uno de esos incidentes ocurrió en Valparaíso, donde una virtual batalla campal impidió el desarrollo de un partido, en tanto que otro similar tuvo lugar en Talca, pero ya en el entretiempo, lo que originó no solo el término del espectáculo, sino también decenas de heridos, violencia y despojo, es decir, la peor de las versiones que pueden darse de un espectáculo deportivo.

¿Y cuál es la inquietud que quería plantearle, señor Presidente?

A mí no me deja de sorprender que durante la discusión del último cuerpo legal en la materia se dijera que se iban a dar todas las condiciones para captar en forma eficiente -algo manifestó al respecto la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra- las señales concernientes a los delincuentes que provocan daño y que existiría un sistema de acceso seguro, en cuanto a la identificación, para que ninguno de los que hubieran estado sometidos a algún tipo de proceso pudiera ingresar.

Los dos episodios mencionados se vieron en la televisión -el Senador que habla se impuso de ellos en Talca por esa vía-, y, no obstante involucrar entre ambos a centenares de personas, por no decir miles, al final hubo catorce detenidos. Siete de ellos correspondieron a la Región del Maule, donde tuvo lugar -digámoslo en castellano- una hecatombe: no solo se llegó a una destrucción física en el estadio, sino también a agresiones, enfrentamientos e imposición del terror. Hasta donde entiendo -puedo estar equivocado-, ninguna de estas personas fue aprehendida en función de la ley de que se trata, sino por otros conceptos, como porte de armas, una situación jurídica pendiente, etcétera.

Declaro, con toda honestidad, que no puedo sentirme contento de que dicho cuerpo legal no lleve aún dos meses de vigencia -creo que el mismo ánimo embarga al Gobierno, sector desde el cual fue impulsado- y ya se registren dos incidentes gravísimos, habiendo abandonado completamente los hogares la sensación de que se lograría seguridad en los estadios.

No sé si es normal que haya siete detenidos cuando la televisión muestra imágenes como para involucrar a setecientos. Ignoro qué grabaciones habrán proporcionado las cámaras internas, que ya deberían estar en funcionamiento.

Les consulté a las autoridades de Gobierno cómo habían funcionado los detectores, pues me dijeron que iban a ser muy eficientes -no sé si mis Honorables colegas se acuerdan de que discutí el punto- en relación con el carné de identidad. Duraron veinte minutos: llegó una turba, pasó por arriba y arrasó. No hubo capacidad para nada.

¿Sabe lo que sucede, señor Presidente, ya que es bueno que la gente lo sepa? El Senador que habla no fue a ese partido, sino a otro, y cada vez que se pasaba el carné al entrar, la máquina -la que a mí me tocó, por lo menos- tenía que conectarse con Internet, pero la señal no se captaba. Demoré un minuto treinta segundos, ante lo cual la gente que se hallaba detrás empezó a pifiar, no a mí, sino al aparato. A la persona que venía detrás le ocurrió lo mismo, y a la siguiente, otro tanto. Y ya después hubo una aglomeración y se desató la indignación. Si la demora había llegado a un minuto y medio por asistente, habiéndose configurado una especie de puerta única, al final pasaron todos, no más. No se daban las condiciones técnicas que aquí se expresó que concurrirían. Es algo que viví.

Ignoro cómo funcionaron las cámaras para que en el encuentro a que aludo haya habido siete detenidos.

Y no sé cuál es la visión de los señores Senadores sobre el particular. Porque me he impuesto de una polémica posterior respecto de Carabineros, en la medida en que el Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha sido duramente criticado por las autoridades de Gobierno al manifestar que la policía uniformada tiene que cumplir un rol preventivo in situ.

Me interesa consignar que en Talca, por lo menos, Carabineros no se encontraba en el lugar, porque se afirmó que los guardias iban a ser suficientes para enfrentar lo que venía. Los funcionarios policiales fueron llamados cuando ya el enredo era mayúsculo -y no estoy diciendo nada novedoso, porque todo se halla grabado- y estaba quedando la escoba.

Entonces, junto a preguntar qué pasa con las cámaras, con el control de identidad, con el personal de seguridad, con el número de detenidos, con los delitos contemplados en la ley y que no aparecen, la otra interrogante es qué sucede con Carabineros. Da la impresión de que existe una función preventiva insustituible, que no es equivalente a la utilización de guardias.

Me parece que dicha Institución tiene que ser considerada en la ley. El criterio práctico que se ha aplicado es más bien el de que a los guardias se les pueden encargar algunas funciones y el de llamar a Carabineros cuando se presente una situación incontrolable. Pero este, al final, ya es un escenario que se hace imposible de contener.

Estimo que la presente sesión es útil, no para crucificar a alguien, pero sí para advertir que un cuerpo legal originalmente se planteó como una solución a los problemas de violencia en los estadios y que a menos de dos meses de su vigencia se ha observado, en forma objetiva, una incapacidad para preverlos, a lo cual se apuntaba a través de los guardias o los controles de identidad, o para sancionarlos, lo que se buscaba a través de cámaras -el texto legal emplea un concepto equivalente a "ultramodernas"- que realmente puedan identificar a quienes cometen actos delictuales.

Entonces, juzgo que nadie puede estar contento del resultado. He deseado exponer algunas de las ideas o cosas que no funcionaron. Y estimo que es un rol de quienes plantearon la ley -se encuentran presentes- el ver cuáles son las correcciones urgentes que se necesitan, porque no creo que el sistema, así como está, vaya a operar.

Lamentablemente, ha tenido lugar un desastre que mi zona deplora hasta el día de hoy. Porque la cuestión es fácil cuando ocurre algo y se acaba a la semana siguiente, pero "el tema" de Talca, y con toda razón, es el de la violencia registrada en su estadio. Y la indignación deriva de las siete personas detenidas y de que ya nadie se atreve a ir a un partido de fútbol, sobre todo porque había mediado la ilusión de que un cuerpo legal iba a generar un nuevo escenario. En efecto, las expectativas también importan: se dictó una nueva ley, con mucha prensa, dando la sensación de "ahora sí", ¿y pasa esto?

Humildemente opino, por lo tanto, que se ha cometido un error serio. Estoy por resolver los problemas, no por provocarlos; pero admitamos que lo planteado por la autoridad de Gobierno, en su momento, claramente murió o se destruyó o no funcionó. Es ahí donde se requiere generar una reflexión madura, pero mucho más enérgica, en cuanto a cómo se enfrentan estos aspectos.

¡No puede ser que un conjunto de delincuentes -porque no hay otra forma de definirlos- le ganen a la autoridad, a la ley, dos veces en dos semanas, a un mes de haberse publicado la nueva normativa! Ello constituye una agravante muy seria en lo que dice relación con la fe pública en este tipo de materias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, la verdad es que me sorprenden -y quiero consignarlo con mucha franqueza- algunos de los argumentos proporcionados para echarle la culpa a la ley ante cada exceso en los recintos deportivos, en circunstancias de que el Senado aprobó en forma unánime los cambios al cuerpo legal sobre hechos de violencia en los estadios.

Deseo afirmar, con toda claridad, que la legislación chilena contempla los mismos estándares de exigencia que los ordenamientos más duros de los países que han logrado superar el problema: España, Italia, Francia, etcétera.

Lo más cómodo, cada vez que ocurre un desmán, es criticar la ley.

El texto actual -me tocó participar activamente en su estudio y esta Corporación tuvo la posibilidad de conocerlo en detalle- establece normas y obligaciones claras y precisas para los organizadores de eventos deportivos, como también durísimas sanciones en caso de incumplimiento.

Desde hace mucho tiempo hemos sostenido un debate sobre el control preventivo de identidad. Hago presente que los únicos sitios en que este se lleva a cabo, sin ninguna exigencia, son los estadios y sus entornos.

La aplicación del cuerpo legal se extendió a los llamados "lugares conexos" -esto es, no solo al recinto deportivo, sino también a cualquier área donde se realice alguna actividad o festejo relacionado con un espectáculo de fútbol profesional-, con el propósito de hacer aplicable la prohibición de ingreso a los estadios.

Asimismo, se ha establecido la obligación de contar con cámaras de televisión en el interior y el exterior de estos últimos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Perdón que lo interrumpa, Su Señoría.

¿Hay acuerdo para que el Senador señor Pizarro me reemplace en la testera por diez minutos?

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor Pizarro, en calidad de Presidente accidental.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Puede continuar con su intervención, señor Senador.

El señor ESPINA.- Se exige, además, que dichos aparatos satisfagan los requisitos técnicos para los efectos de monitorear íntegramente los recintos y su parte externa, de tal manera de poder obtenerse las grabaciones que se requieran con motivo de un hecho de violencia.

Del mismo modo, se faculta a las policías para pedirles a los medios de comunicación, sin autorización del fiscal, la entrega de videos o filmaciones cuando se considere que en ellos puede constar una prueba.

Se contempla una altísima penalidad, superior a los cinco años, cuando, como ocurre muchas veces, un grupo de barristas secuestren un bus de la locomoción colectiva o del transporte público, lo desvíen y cometan robos. Adicionalmente, se suman las sanciones por la comisión de estos delitos.

Cabe recordar que se duplican las penas de prohibición de asistir a los estadios.

Considero difícil encontrar una norma que se pueda agregar.

Entonces, señor Presidente, el problema no es de la ley. A mí me sorprende que distinguidos y Honorables parlamentarios le echen la culpa a la propia normativa que todos aprobamos, respecto de la cual puedo garantizar que se ciñe a los más altos estándares de exigencia, y no a aquellos en quienes recae la obligación de hacerla cumplir. La obligación de aplicarla les corresponde a los clubes y la de mantener el orden público es de Carabineros.

Ninguna de las disposiciones prohíbe el ingreso de la policía uniformada a los estadios para el efecto de esta última función, porque, además, ello sería inconstitucional. Solo se determina que los clubes deben contar con guardias privados, ya que resulta inaceptable, considerando los niveles de delincuencia en el país, que seiscientos o setecientos carabineros, cada vez que hay un partido de fútbol, tengan que ser distraídos del resguardo del orden público en villas, poblaciones, sectores o comunas aledañas para ir a meterse en el recinto deportivo y realizar una labor de vigilancia.

Los delincuentes saben que, tal como se aplicaba ello antes...

Señor Presidente, si es tan amable, ¿me puede conceder un minuto para terminar mi intervención?

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Por supuesto, señor Senador.

El señor ESPINA.- Gracias.

Entonces, es necesario tomar una decisión. ¡Si queremos que seiscientos o setecientos carabineros permanezcan dentro del estadio, los delincuentes van a saber que en esa misma cantidad disminuirán los que actúen en el entorno, en las comunas aledañas, y saldrán a robar y asaltar!

En ninguna parte del mundo los policías permanentemente están en el interior, sino que una unidad se mantiene en contacto por radio con otras. En caso de suscitarse desmanes de magnitud, ellos ingresan y actúan como corresponde.

Deseo concluir expresando que esta es una buena ley. La elaboramos en forma rigurosa -trabajamos con toda la legislación comparada- y dispone durísimas sanciones. Pero los problemas en la aplicación no obedecen a su texto. Una muy mala costumbre que se viene observando en el Congreso y en la autoridad es salir a afirmar primero que lo que está fallando es el cuerpo legal. Ello no es así en el caso del relativo a los hechos de violencia en los estadios.

Lo que puede provocar dificultades es que los organizadores no satisfagan las exigencias establecidas por el texto; que los controles de acceso a los estadios no hayan sido adecuados; que no se cuente con cámaras de televisión.

La policía ha de cumplir con su deber de resguardar el orden público y adoptar las medidas necesarias, para lo cual obviamente requiere el apoyo político, en el buen sentido de la palabra, de las autoridades, a fin de que el carabinero, cuando se reprima un hecho de violencia y quede un lesionado, no termine siendo el delincuente, y el delincuente, la víctima.

Sinceramente, pienso que no se requiere introducir ningún cambio, pues el ya efectuado se verificó recién. Lo que se precisa es que la ley se respete y se apliquen duras sanciones a quienes no lo hagan, sean quienes fueren. Porque la Intendencia, los policías y los organizadores disponen de todas las atribuciones habidas y por haber para prevenir hechos de violencia y castigar con severidad a sus autores.

Por estas razones, tan pronto tuvieron lugar los desmanes sostuve que lo más fácil es culpar a la ley, cuando la verdad es que las fallas radican en quienes tienen la obligación de hacerla cumplir.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, es muy difícil evaluar una legislación que entró en vigor hace alrededor de dos meses.

Sin perjuicio de lo que la ciudadanía nos comenta, el interés que nos llevó a solicitar la citación de la presente sesión obedece a que hace menos de un mes fuimos testigos de dos situaciones, casi simultáneas, en las cuales la violencia impidió el desarrollo completo de dos partidos del fútbol profesional. Entiendo que el de Universidad de Chile y Rangers se tiene que jugar sin público el día de mañana, y no sé si el encuentro entre Santiago Wanderers y Everton ya se realizó o se debe llevar a cabo en las mismas condiciones. O sea, se registraron hechos de violencia extremadamente impactantes.

Las preguntas que uno recibe de parte de quienes van comúnmente al estadio, de la ciudadanía, es dónde están las sanciones; cuántos son los violentistas o los delincuentes que están siendo castigados o encarcelados; cuáles son las penas que recibirán los clubes, los organizadores; cuál es la aplicación que se hace de una legislación respecto de la cual todos consideramos que, en términos teóricos, está planteada adecuadamente.

Lo anterior se halla unido al hecho de que no es primera vez que se modifica la ley sobre violencia en los estadios. Esta ley viene discutiéndose -ha habido distintas iniciativas que dieron lugar a diversas legislaciones que la han corregido- por lo menos durante los últimos 10 años.

Entonces, resulta absolutamente previsible que la ciudadanía desconfíe de la normativa que se dictó. La gente, sin duda, visualiza una cosa clara: la impunidad de quienes cometen los hechos de violencia.

Eso es así de evidente.

Tampoco he visto a ningún dirigente de los clubes deportivos involucrados (víctimas o no) en tales acciones que asuma alguna responsabilidad, ni siquiera de carácter administrativo.

A lo mejor la única sanción por los desmanes ocurridos en el partido de la Universidad de Chile y Rangers es que el segundo tiempo se juegue sin público y que algo similar acontezca en el caso del encuentro entre Wanderers y Everton.

Pero ese castigo no significa un cambio en el estándar que debe regir para el resguardo de la tranquilidad de los espectáculos de fútbol.

Porque eso se ha hecho en otras ocasiones.

Recuerdo que a fines de los sesenta e inicios de los setenta estaban disputando los primeros lugares la Católica con Wanderers y hubo desmanes en el estadio Santa Laura, por lo que se suspendió el partido. Después, el segundo tiempo se jugó sin público.

O sea, en ese tiempo no había una ley sobre violencia en los estadios, pero la sanción fue exactamente la misma que se aplica ahora.

Aquí la opinión pública percibe -así lo constatamos- que el único efecto derivado de los hechos de violencia en los estadios es que se jugarán partidos sin público. Y eso -yo diría- va por un camino no adecuado para la resolución de un problema que hemos de erradicar.

¿Qué fue lo distinto en la Copa América? Que el comportamiento del público fue ejemplar.

¿Qué hubo de diferente en la organización de ese evento que no realizan los clubes profesionales? Porque el de la Copa América debiera ser el único estándar aceptable para el fútbol profesional, que es de lo que estamos hablando.

Todos los chilenos sentimos orgullo de cómo la gente se comportó en una competencia de tal envergadura. Esa tendría que ser la conducta del público en nuestro campeonato profesional.

Por lo tanto, las medidas de seguridad, de organización deben estar en ese mismo nivel.

Sería bueno, pues, que tanto el Subsecretario de Prevención del Delito como el jefe del Plan Estadio Seguro, quienes ahora nos acompañan, nos dijeran cuáles son las sanciones reales que se han aplicado con ocasión de los hechos de violencia producidos en los dos partidos a que me referí y que impactaron a la opinión pública durante el mes de julio.

¿Qué sanciones ha tenido, por ejemplo, una institución como Rangers de Talca, que -según entiendo- era el club que organizó el partido con la Universidad de Chile, a pesar de que quienes provocaron los desmanes fueron los hinchas de la U (incluso estuvieron a punto de agredir a los jugadores de su propio equipo)?

¿Qué castigos se les impusieron a los hinchas de Wanderers y de Everton que entraron a la cancha frente a todas las autoridades que se hallaban presentes, pues se trataba de un clásico extraordinariamente importante de la Quinta Región?

¿Cuántos de dichos hinchas están siendo sancionados? ¿Cuántos fueron procesados? ¿Cuántos han sido formalizados?

¿Y cuáles son las penas para Rangers de Talca y para el club organizador del partido en la Quinta Región?

Si uno no logra visualizar personas sancionadas, castigadas por tales acciones, tendremos una suerte de impunidad en el sentido de que quien comete hechos de violencia en nuestros estadios "no le sale ni por curao". Porque, en verdad, no es objeto de sanción alguna.

De otro lado, resulta muy importante lo que señaló el Senador Coloma, pues según la información entregada a través de la prensa -y sería bueno tener la versión oficial- las personas detenidas pasaron a los tribunales por delitos establecidos en otras legislaciones (porte de armas, orden de detención pendiente, en fin) y no por aquellos que contempla la ley sobre violencia en los estadios, respecto de la cual me consta el muy importante esfuerzo que se realizó por lograr una normativa que verdaderamente ayude a garantizar que la familia pueda volver al fútbol profesional, que la juventud asista a los estadios, que la gente nuevamente los replete teniendo la seguridad de que ningún hecho de violencia va a ocurrir en ellos.

Eso, sin duda, se halla en cuestión. Y lo está principalmente porque uno ve que los hechos de violencia (la televisión y los diarios informan sobre eso) suceden sin que nadie o muy pocos sean sancionados.

El señor Pizarro (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hace pocas semanas aprobamos la nueva ley que establece derechos y deberes de asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, que vino a remplazar a la ley sobre violencia en los estadios.

Al poco andar de su entrada en vigencia, ya podemos anotar la experiencia positiva de la Copa América y dos experiencias negativas: en Viña del Mar y en Talca.

Lo que debe responder la autoridad administrativa a cargo -en este caso, la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del Plan Estadio Seguro- es si identificó los factores que provocaron los desórdenes y situaciones de violencia.

La ley radica la primera responsabilidad en el organizador del espectáculo.

En segundo lugar, se halla la intendencia que autoriza y define las condiciones.

En tercer lugar, Carabineros, que informa a la intendencia y luego debe estar en el recinto deportivo durante el cotejo.

En cuarto lugar, el Ministerio Público, que debe hacerse presente.

Y, por último, los jueces que han de resolver sobre los detenidos.

Será muy útil conocer ese informe. Pero, en situaciones de infracción de carácter masivo, podríamos anticipar que hay una cuota de responsabilidad de cada de uno de los actores involucrados.

Sin duda, la principal es la del organizador (en este caso, el club local).

Pero aquí advierto una debilidad.

¿Podríamos establecer alguna responsabilidad compartida de la ANFP y del club visitante? ¿Sería factible esperar una mayor coordinación entre los entes del fútbol, que son quienes conocen la realidad más cercana de esta actividad, sus prácticas y situaciones de riesgo?

Esa coordinación podría generar más información, más inteligencia, que permita a las autoridades, a los fiscales y a las policías actuar más eficazmente en la prevención y en la persecución de las infracciones.

No bastan los planes generales de seguridad. Hay que planificar sobre la base de la realidad de cada encuentro deportivo.

No creo que el acento haya que ponerlo en la persecución de cada uno de los participantes de los incidentes. Muchos de ellos son refractarios a cualquier tipo de sanciones; y no dudarán en exponerse a penas más duras para asistir a un partido.

La principal inhibición está en las sanciones deportivas a los clubes: no con multas, sino con puntos. Es lo que más duele a los hinchas.

Las multas las pagan los dueños, que son sociedades anónimas. Y a veces los hinchas están en contra de tales sociedades.

La sanción más dura para los hinchas es jugar sin público, o restar puntos. Eso se halla contemplado en el reglamento de la ANFP, pero poco se aplica.

Los hinchas son parte del club. Creo equivocado negarles toda participación.

Forman, pues, parte del espectáculo, y los clubes deben responder por ellos, especialmente cuando se generan reacciones masivas. No estamos hablando de un incidente aislado de un hincha, sino de acciones de grupos. Y eso siempre tiene que ser responsabilidad del club.

Siendo el público parte del espectáculo, debe considerarse dentro de la regulación del fútbol.

El fútbol reclama una gran autonomía en todos sus asuntos; y sus tribunales aplican drásticas sanciones en el caso de infracciones a sus códigos de conducta.

Lo mismo debe hacerse respecto de los hinchas.

Por lo tanto, la primera en reaccionar frente a los graves incidentes que ocurrieron hace semanas es la propia ANFP, quien no tiene las limitaciones de prueba de los tribunales y puede y debe actuar más rápidamente en contra de los promotores de estos desórdenes y establecer las responsabilidades de los clubes en tales casos.

El daño que hace una hinchada y, por lo tanto, un club en un partido no se limita a ese encuentro: se extiende a toda la actividad.

Me imagino que después de los recientes incidentes en Talca y en Viña del Mar habrá bajado la asistencia no solo en esos estadios, sino también en buena parte de los recintos deportivos de nuestro país.

Por consiguiente, los demás clubes deben ser más proactivos para denunciar y perseguir las responsabilidades.

La ANFP debe dar garantías de que sus tribunales actuarán. Si ellos no lo hacen, entonces que no reclame por una mayor intervención del Gobierno, que exigirá estándares superiores, los cuales terminarán afectando a todos los clubes.

Luego vendrá la respuesta del Estado, de las autoridades administrativas y judiciales. Pero esta siempre será más lenta.

La acción primera debe provenir de la ANFP. Si no se adelanta y cumple su rol, provocará un daño a toda la actividad.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, se convocó a esta sesión especial hoy para analizar los graves hechos de violencia registrados en diversos estadios de nuestro país. Ello, probablemente, motivado por los últimos incidentes que nos ha tocado ver a través de las pantallas de televisión.

Pero, en verdad, la violencia en los estadios es un asunto recurrente, que viene regulándose desde 1994, con la dictación de la primera ley sobre violencia en los estadios. Esta normativa estableció un catálogo de delitos; un conjunto de obligaciones; facultades (en este caso, para los intendentes), etcétera.

Luego, en 2012, se le introdujo una modificación a su texto.

Y este año, el Parlamento acaba de despachar la nueva ley sobre derechos y deberes de asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, que junto con fijar un catálogo de delitos e infracciones crea un estatuto de derechos y deberes; obligaciones para los clubes; sanciones; nuevas facultades para los intendentes y para los guardias de seguridad.

Señalo lo anterior porque la erradicación de la violencia en los recintos deportivos es un proceso.

Me correspondió, por encargo del Ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, ir a perfeccionarme en esta materia al Reino Unido y a España.

En aquella oportunidad pude observar la experiencia internacional que había sobre el particular. Y, señor Presidente, no existe país que haya superado o erradicado la violencia deportiva sin haber sido capaz primero de establecer un catálogo de sanciones adecuado respecto de quienes ejercen la violencia en los recintos deportivos.

La violencia en los estadios no la causan ni el árbitro, ni los jugadores. Los primeros responsables no son los clubes deportivos, sino las personas que cometen hechos ilícitos. Y como tales, deben ser sancionadas.

Un segundo elemento relevante común en el proceso europeo de erradicación de la violencia tuvo que ver también con la responsabilidad que los clubes deportivos debieron asumir por ser organizadores de un espectáculo de fútbol.

En Chile no estábamos acostumbrados a ello, pues hasta hace un tiempo los clubes deportivos eran -como su nombre lo indica- solo eso y no sociedades anónimas. Cuando se profesionaliza la estructura jurídica de los clubes de fútbol, a través de la constitución de sociedades anónimas, se transforman en un negocio, cuestionado por algunos, felicitado por otros. Pero se trata de un negocio legítimo, que lucra. Y si sus dueños quieren lucrar legítimamente, cobrar entradas y fijar un conjunto de condiciones, deben hacerse cargo de la seguridad de su espectáculo, como en cualquier otra actividad.

Por ejemplo, cuando una empresa quiere realizar un recital de música debe someterse al cumplimiento de una serie de obligaciones. De no hacerlo, no se la autoriza a efectuarlo.

Pero acá tenemos una diferencia con respecto a esas empresas: existe la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, órgano que ampara, cobija y resguarda a sus clubes afiliados.

Aquí se requiere, en primer lugar, que los organizadores asuman su responsabilidad.

Por qué se produjeron los incidentes en Talca, señor Presidente.

¿Porque el Gobierno no hizo su trabajo? ¿Porque el encargado del Plan Estadio Seguro miraba para otro lado? No. Los hechos de violencia se originaron en parte importante por culpa del Club Rangers de Talca, que, primero, vendió más entradas para las visitas que las autorizadas.

Entonces, cómo no van a haber incidentes si se vende un número de entradas que excede la capacidad del estadio.

En seguida, ¡cómo no se les ocurrió ubicar a las barras rivales frente a frente y no al lado! ¡No es necesario haber estudiado en el Reino Unido para entender que eso no se puede hacer...!

Y después se plantea la solución fácil: "Queremos que los carabineros estén dentro del estadio; volvamos a lo que era antes".

¡Ah, momentito! Ello significaría entregar un subsidio del Estado a esa actividad lucrativa.

Señor Presidente, en medio de la discusión sobre seguridad ciudadana resulta inaceptable que un club deportivo diga que debe haber más carabineros al interior de los estadios, ¡porque eso implica disminuir la dotación policial encargada de cumplir labores de seguridad en los barrios!

El problema es que dichas instituciones no quieren asumir los costos. Por eso contratan a una empresa de guardias más barata, porque así reducen los gastos y, por tanto, obtienen más utilidad.

Perdóneme, señor Presidente, pero aquí tendrá que fijarse un mecanismo de certificación.

Por ello, espero que prontamente se mande el proyecto de ley relativo a la seguridad privada, para certificar de manera autónoma la calidad de los guardias privados. Porque así como se procedió en la Copa América, en que los guardias eran adecuados, la pregunta es por qué entonces los clubes deportivos no contratan a esas empresas de calidad para cuidar los espectáculos de fútbol profesional, sea la Copa Chile u otro campeonato interno.

No me parece aceptable lo que se propone, señor Presidente.

En consecuencia, lo que se precisa es que los clubes deportivos cumplan la obligación que la ley les impone. Es muy fácil para el ciudadano más ignorante decir: "¡La ley es mala! ¡Otra legislación que no se aplica!"

Excúsenme: el Parlamento ha hecho un tremendo esfuerzo. La normativa vigente tiene estándares europeos. El problema no es la ley, sino su aplicación práctica.

Acá se requiere que, de una vez por todas, los clubes asuman la responsabilidad y los costos que conlleva tener un equipo de fútbol profesional.

Porque la ley -dicho sea de paso, hay gente que no tiene idea- solo se aplica a los espectáculos de fútbol profesional, es decir, Primera División y Primera B. Al resto no se le aplica, ya que, obviamente, impone un conjunto de obligaciones que implican costos económicos.

Debemos, pues, terminar con esa situación.

Hace unas semanas escuché al Alcalde de Chillán, exdirector de un club deportivo local, decir: "Los carabineros tienen que volver a instalarse en los estadios".

Yo le señalé: "Perdóneme, Alcalde, pero cada carabinero que usted destine al interior de un estadio es un carabinero que saca de los barrios. Entonces, cómo le va a explicar a una familia que fue asaltada que no había carabineros disponibles porque estos se hallaban dentro del estadio debido a que el club deportivo no cumplió con la obligación de contratar guardias de seguridad, en número y calidad, para resguardar el espectáculo".

En Concepción, en un partido de la Copa Chile cerca del 10 por ciento de la dotación policial se encontraba en el estadio. ¡Por favor!

Yo quiero al fútbol; deseo que se desarrolle. Creo que tenemos una buena ley. Pero aquí hace falta que los clubes deportivos se ganen el lío y la cumplan. Porque cuando uno observa sus normas se da cuenta de que no existe mucha diferencia con las contenidas en el Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores en manifestaciones deportivas o en las leyes inglesa o española.

Por ejemplo, en nuestra normativa, los organizadores de espectáculos de fútbol tienen, entre otros, los siguientes deberes:

-Supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley, su reglamento y las disposiciones de la autoridad.

-Adoptar las medidas de seguridad establecidas en las leyes, reglamentos, disposiciones de la autoridad.

-Entregar a la autoridad, a la mayor brevedad, los antecedentes que les sean requeridos para la fiscalización de la presente ley.

-Ejercer el derecho de admisión.

-Denunciar, ante la autoridad que corresponda, los delitos que presenciaren.

En cuanto a las medidas de seguridad preventivas (artículo 6°, letra a), se dispone: "Que la venta de los boletos de entrada se ajuste a las condiciones especiales de seguridad fijadas por la Intendencia".

Es decir, hay obligaciones contempladas en la ley.

Entonces, si la aplicación de la ley resulta insuficiente -y con esto termino, señor Presidente-, tendremos que establecer un catálogo de sanciones mucho más altas ya no solo para quienes cometan los hechos de violencia, sino también para los representantes legales de los clubes. Porque -vuelvo a insistir- la arquitectura jurídica moderna de regulación para disminuir la violencia en los estadios descansa en el supuesto de que el organizador del espectáculo de fútbol profesional es el responsable de las medidas de seguridad y de que Carabineros actúa como coadyuvante en caso de emergencia.

Lo que no pueden pretender estos señores es que sea al revés: que ellos reciban un subsidio público y que la policía uniformada tenga que cumplir funciones al interior de los estadios porque no quieren gastar plata en medidas de seguridad.

Dicho sea de paso, dada mi experiencia como ex Subsecretario de Carabineros puedo decir que los funcionarios de las Fuerzas Especiales son los más caros, desde el punto de vista de las remuneraciones, por la asignación de riesgo que perciben. Entonces, también existe un costo adicional para el Estado.

Señor Presidente, quiero plantear una reflexión muy importante.

La Ley de Violencia en los Estadios es una buena legislación. He sido crítico de normas anteriores, pero esta es buena y tiene un estándar internacional.

Tenemos autoridades preocupadas por el tema, pero este no es responsabilidad del Gobierno A, del Gobierno B, sino que es un asunto cultural, es un proceso.

Hemos iniciado un camino sin vuelta atrás, donde no solo los hinchas tendrán que aprender a comportarse frente a eventuales sanciones que puedan recibir en caso de violencia, sino que además los clubes deportivos y sus dirigentes deberán asumir la responsabilidad de ser los sostenedores de esta transformación.

Señor Presidente, este proceso implica un cambio cultural y, como chilenos, deberemos acostumbrarnos a que los responsables son quienes cometen los hechos ilícitos; a que tenemos una ley que debe aplicarse; a que Carabineros, probablemente, deba adecuar sus procedimientos a las nuevas realidades cuando haya enfrentamientos, a fin de no verse sobrepasados; y sobre todo -insisto-, a que los clubes deportivos asuman la responsabilidad de la coordinación, de la supervigilancia y de la adopción de medidas de seguridad.

No es posible que, por un lado, estemos construyendo una red de infraestructura de estadios de categoría internacional, que seamos país anfitrión de torneos internacionales (la Copa América, el Mundial Sub 17, el Mundial Femenino y otras actividades internacionales), y que, por otro, no tengamos capacidad para garantizar la seguridad, porque hay un conjunto de dirigentes que, más bien, prefieren no ganarse líos con las barras, con los hinchas, y que ponen en riesgo la seguridad de miles de personas que desean asistir a los estadios con sus familias.

El ejemplo de la Copa América debe servir como base, como estándar básico, para el campeonato nacional, para la Copa Chile. Si no, habrá que decirle a tal o cual club deportivo: "Mire, perdóneme, vamos a analizar la posibilidad de aplicar, incluso, la responsabilidad penal de personas jurídicas". Ello podría ser una alternativa, porque por más leyes que dictemos, por más carabineros, por más funcionarios de Gobierno disponibles para esto, si los clubes deportivos no asumen su responsabilidad, lamentablemente no mejoraremos el estándar de tranquilidad y seguridad.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No hay más señores Senadores inscritos.

¿El Ejecutivo desea intervenir?

El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).- Sí, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Entonces, tiene la palabra.

El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).- Señor Presidente, en primer lugar, la Ley de Violencia en los Estadios tiene dos meses de existencia; por tanto, es pronto para evaluarla.

Hemos tenido de dulce y agraz: un proceso de Copa América impecable; y, de 140 partidos, cuatro que presentaron niveles inaceptables de violencia.

Contamos con una normativa moderna, gracias al concurso y la responsabilidad política de todos los sectores. Y aquí invoco la participación del Senador Espina, quien colaboró en gran medida para poder lograr una legislación a la altura de la que Chile requería.

Sin embargo, las leyes son instrumentos, son herramientas. No cambian automáticamente los comportamientos. Incentivan el cambio. Pero eso, como lo dijo el Senador Harboe, es un proceso de trabajo.

En los hechos ocurridos en Talca -tuve la desgracia de presenciarlos en vivo esa mañana con el Intendente- hubo un conjunto de decisiones que provocaron como consecuencia situaciones no previstas por el club. Y este, si bien no lo podemos responsabilizar por los actos de violencia cometidos, se refugió en el formalismo de que había dispuesto el número de guardias establecido en el compromiso con el Intendente, sin darse cuenta de que hubo un conjunto de decisiones que llevaron a la catástrofe final.

En tal sentido, se aprecia que la Ley de Violencia en los Estadios no se encuentra incorporada en la cultura de aquellos que organizan estos espectáculos privados, y eso hay que dejarlo relativamente claro.

En segundo término, se dice que Carabineros se ha ido de los estadios.

Pues bien, esa institución duplica o triplica muchas veces la cantidad de guardias privados. En numerosas ocasiones alcanza al diez, quince, veinte por ciento de toda la fuerza pública de una región, en particular en la del Maule.

Por lo tanto, la policía nunca se ha ido de los estadios. Ninguna norma, como lo dijo el Senador Espina, establece o prohíbe su ingreso estratégico a los estadios. Sí hemos disminuido su cantidad en el tiempo. Eso es un logro. Y tenemos que ir reduciéndola todavía más para poder optimizar los recursos policiales siempre escasos en el combate a la violencia y el delito.

Sin embargo, queda bastante camino por recorrer, pues hay que aceitar los engranajes entre la fuerza pública y -por decirlo de una manera muy práctica- la llamada "seguridad privada".

¿Dónde hay que subir los estándares de los guardias?

Ello está pendiente y forma parte de la agenda legislativa del Gobierno: la Ley de Seguridad Privada mejorará dicho estándar y dará valor agregado a la industria, lo cual es muy necesario para todos los efectos de los espectáculos masivos, en general, y del fútbol, en particular.

Reitero: Carabineros no se ha ido de los estadios. Tenemos que perfeccionar y especializar a la fuerza pública para que aceite de mejor manera la relación con el sector privado. Las malas decisiones de unos o de otros afectan el conjunto de la gestión en seguridad.

En tercer lugar, debemos valorar también lo que ha dicho el Senador Chahuán.

Aquí necesitamos unirnos.

Necesitamos establecer fuerzas de tarea.

Necesitamos crear comités. Estos ya se están creando. Podemos verlo en detalle, porque aquí se halla presente el Jefe del Plan Estadio Seguro, don José Roa, que se quema las pestañas por este tema -lo digo desde una perspectiva personal-, y constantemente monitorea los procesos de trabajo, llega a acuerdos y no culpa a los unos o a los otros. Esto es muy importante en el proceso de unirnos para lograr una solución conjunta.

Asimismo, debemos obtener una mayor participación de la ANFP y de todos los clubes, porque son quienes tienen mejor identificados a los antisociales y, por lo tanto, podemos tener ahí mejores resultados.

Contamos con una ley que, además, tiene y tendrá, en la práctica, una aplicación.

Existen sanciones para los clubes que estuvieron involucrados, sanciones que son, respecto de lo que había, millonarias, importantes, dolorosas.

También tenemos sanciones para los hinchas. Evidentemente, cuando uno ve la cantidad de personas involucradas le gustaría que fueran mucho más los castigados. Pero en comparación con lo que había, hay sanciones para ellas. Antes eran casi inexistentes.

Claramente, queda bastante por recorrer.

Las imágenes de desórdenes tienen que ser utilizadas de manera mucho más pulcra, profesional, con el fin de identificar a los culpables con la colaboración de todos. De lo contrario, será casi imposible hacerlo. Es muy difícil cotejar siete, ocho mil identificaciones, en la práctica. No obstante, si recibimos cooperación y hacemos fuerza de tarea ello será factible.

Asimismo, hay gente en detención preventiva, lo cual nunca había ocurrido por fenómenos ligados directamente a la violencia en los estadios.

Un punto importante corresponde a una discusión de fondo: la especialización de la fuerza pública en estos eventos masivos, que es muy compleja.

La rotación continua de las fuerzas que actúan en este ámbito, si bien es necesaria desde el punto de vista de la racionalización de la fuerza pública y tiene una explicación técnica, debe ser superada y poco a poco debemos contar con un conjunto menor de carabineros dedicados a estos temas para no perder fuerza pública en labores de escritorio, pero cada vez más profesionalizados, imbuidos de las características propias de este fenómeno.

Finalmente, digamos que las normas están y tenemos los incentivos adecuadamente puestos.

Hubo una discusión rica, nutrida con jurisprudencia comparada, y ampliamos el ámbito de aplicación de la ley: no lo circunscribimos al estadio ni al desarrollo de un partido, sino a lo que ocurre antes y después. Ahí existe una tremenda innovación.

Creamos un delito específico, el secuestro de buses, en el Código Penal, que conlleva una pena gravísima para quien lo ejecute, algo no contemplado como tipo penal específico.

Establecimos un régimen efectivo de sanciones, donde el Intendente juega un rol central y la policía tiene mayores facultades.

Creamos además un conjunto de sanciones para las infracciones a la ley, las cuales cursa directamente la policía local a fin de evitar las externalidades negativas del principio de oportunidad en el sistema de justicia tradicional, ya que existen ahí impedimentos que se duplican en prohibiciones de entrada.

Están las facultades nuevas para las policías desde el punto de vista operativo. ¡Por Dios! Ellas pueden pedir, sin recurrir a un entramado de decisiones burocráticas, las imágenes de los incidentes. Nadie se puede oponer, ni siquiera un asistente que filma con su propio celular, a entregarlas.

Hay elementos para probar los delitos.

Queda mucho trabajo por hacer, pero este es un proceso en el cual debemos ir mejorando.

Está además el control preventivo de identidad, adaptado a esta circunstancia, que también constituye una novedad y una innovación importantes.

Por último -con esto termino-, contamos con el derecho de admisión, que tiene que aplicarse de manera solidaria.

Se trata de una tremenda innovación, porque cuando un club la aplica, las otras instituciones deportivas también deben hacerlo.

Con eso, creamos un efecto importantísimo para ir aislando poco a poco a los antisociales, a los delincuentes que están detrás de todos estos hechos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor José Roa, Jefe del Plan Estadio Seguro.

El señor ROA (Jefe de Plan Estadio Seguro).- Muchas gracias, señor Presidente.

En efecto, hace dos meses estuvimos en esta misma Sala para la aprobación de una enmienda a la ley que nos entregó una batería de derechos y deberes. Con esa normativa se estableció un nuevo marco de regulación a los espectáculos del fútbol profesional, se perfeccionó la política de Estado existente a la fecha y se entregó un conjunto de herramientas.

Sobre el particular, me gustaría explicar cómo ese grupo de instrumentos se ha utilizado en cada uno de los casos mencionados.

Como bien señalaba el señor Subsecretario, y el Senador Harboe, la sola dictación de esas normas no es capaz de cambiar la realidad. Sin embargo, su aplicación sistemática y en conjunto por parte de todos los actores puede producir la aptitud de conducir la realidad en un sentido distinto.

Por eso, después de este marco de 140 partidos jugados en cerca de dos meses -estamos hablando de la Copa América, la Copa Chile y el campeonato nacional- existe un balance.

Es evidente, los hechos de violencia no se cuentan: se pesan. Y las situaciones vividas no son aceptables y hay que enfrentarlas con todos los mecanismos disponibles.

Pero también tenemos, principalmente en la Copa América, un legado de convivencia, de buena celebración, de buenos anfitriones, de buena organización, que tiene, y puede tener, una mayor proyección en el campeonato nacional.

Contamos además con un espacio para consolidar el fútbol que queremos en esa mayoría de partidos desarrollados sin inconvenientes.

Por el contrario, en los cuatro partidos con incidentes de distinto calibre las herramientas solicitadas al Congreso -tras reconocer la existencia de un problema y la necesidad de tener mecanismos adicionales para enfrentarlo- se han utilizado.

Una de ellas -probablemente, una de las más polémicas en el inicio de la tramitación- es la facultad de la autoridad administrativa para suspender el espectáculo deportivo, porque en cuanto al partido propiamente tal lo hace el árbitro.

Esa norma, que fue discutida, perfeccionada y aprobada con el acuerdo de los distintos actores, fue utilizada.

En el caso del encuentro entre Everton y Santiago Wanderers el partido no se inició: los equipos no ingresaron a la cancha debido a que no había garantías por parte del organizador para otorgar condiciones responsables a los asistentes.

En cuanto a la brega entre Rangers y Universidad de Chile, el partido se suspendió en el entretiempo porque nuevamente, dados los acontecimientos, no estaban las condiciones para el desarrollo y término responsable del espectáculo.

Con posterioridad, se suspendieron dos partidos días antes de su realización precisamente por no existir garantías respecto del estadio o del organizador. Es decir, la facultad solicitada se ha ejercido por parte de la autoridad administrativa caso a caso.

Otra de las herramientas que pedimos al Parlamento fue la potestad de sancionar a los clubes que no hicieran bien su trabajo.

Es cierto que las instituciones deportivas no son responsables de los hechos de violencia -los delincuentes responden por los delitos-, pero sí deben responder por una labor bien realizada.

Cuando eso no ocurre se abre un espacio para llevar a cabo estos hechos ilícitos.

Sobre el particular, ya se iniciaron los procedimientos sancionatorios para los clubes locales por esos dos partidos. Porque, como encargado del Plan Estadio Seguro, estimo que el organizador no hizo bien su trabajo, lo cual tuvo como resultado los acontecimientos que hoy todos conocemos y lamentamos.

Lo que el Senador Coloma estaba haciendo de manera adecuada era la descripción de un organizador que no lleva a cabo de buena forma su tarea. Quien no vende bien las entradas; quien no realiza un adecuado diseño de los accesos a los estadios y un control pertinente en ellos para impedir el ingreso de personas con prohibición de hacerlo; quien no segrega de buena forma a hinchadas con historial de conflictividad y bajo nivel de convivencia en los estadios, es alguien que no hace bien su trabajo.

Cuando eso sucede se posibilita que esas personas, que no son ni todo el estadio, ni toda una galería, ni toda una hinchada, ni toda una barra -es decir, minorías- tengan este tipo de comportamientos.

Frente a hechos reconocidos, vinimos a solicitar más herramientas. Por ejemplo, la utilización de imágenes, captadas tanto por las cámaras de los estadios como las de los canales de televisión o las de los reporteros gráficos, para iniciar acciones judiciales.

Es verdad, como dijeron principalmente los Senadores Chahuán, Coloma y Pérez Varela, que los datos de las personas detenidas durante un partido no son suficientes y no nos dejan satisfechos. Por eso mismo es que requerimos herramientas adicionales, una de las cuales es la utilización de las imágenes.

Al respecto, les puedo señalar ese material recopilado fue entregado a Carabineros y la Policía de Investigaciones para que realicen la investigación policial tendiente a identificar a esas personas y hacerlas responsables, como corresponde.

Esas imágenes están en manos de las policías; serán utilizadas. Y una de las medidas anunciadas por la ANFP, en conjunto y en coordinación con nosotros, en un consejo de presidentes al que me tocó asistir se refiere precisamente a la creación de un registro del hincha que permitirá a la comunidad del fútbol ingresar con tranquilidad a los estadios. Porque quienes cometan delitos, quienes se involucren en hechos de violencia, quienes se aparten de la comunidad del fútbol, deben quedar en forma definitiva fuera de los estadios en Chile.

Sabemos que se requiere un camino de colaboración entre todos los sectores. En ese marco, me parece que el anuncio de las autoridades del fútbol, en coordinación con el Gobierno, sobre un set de siete medidas va en el sentido correcto.

Porque este problema, sin la colaboración de los involucrados, sin la aplicación práctica, por parte de todos ellos, de las herramientas solicitamos al Congreso, no se solucionará partido tras partido.

Este trabajo requiere una aproximación sistemática en el tiempo. Por consiguiente, tenemos que ir, partido tras partido, fecha tras fecha, entregando resultados en la materia.

Po último, señor Presidente, nuestro objetivo principal es la responsabilidad de los actores, lo cual supone felicitar a los clubes si realizan bien su trabajo, pero sancionarlos si lo hacen mal.

Lo anterior implica combatir la sensación de impunidad de las personas que cometen este tipo de ilícitos al interior de los estadios.

Sobre el particular, no solo se presentaron acciones judiciales, sino que también algunos involucrados están sujetos a medidas cautelares.

En el caso del partido de Valparaíso hay cinco personas con medidas cautelares y tres con prisión preventiva.

En lo que respecta al encuentro en el Maule, de los seis imputados formalizados, cinco están sujetos a medidas cautelares y uno quedó en prisión preventiva.

Tal vez no sea suficiente, pero estamos trabajando con las policías para identificar y responsabilizar a los hechores.

Finalmente, esta labor debe ir acompañada de un trabajo de más largo aliento: consolidar el legado de convivencia, de bienestar, de seguridad, de buenos anfitriones, de buena celebración, que quedó de la Copa América y que en muchos partidos de fútbol profesional existe.

Tenemos que avanzar, junto con la responsabilidad de los actores, en una tarea de más largo plazo, pero necesaria, en materia de convivencia en los estadios.

Los problemas en este ámbito son un fenómeno que no se da solamente en los estadios. Es posible visualizarlo entre dos peatones, entre un ciclista y un peatón o entre automovilistas, quienes, enfrentados a una situación de tráfico, suelen tener reacciones inadecuadas.

Evidentemente tal conducta se manifiesta también en dichos recintos deportivos. Por lo tanto -insisto-, debemos iniciar un trabajo de largo aliento para ampliar los espacios de convivencia en su interior y, con ello, reducir la segregación.

Mientras eso no suceda, solicitamos al Congreso que nos proporcione ciertas herramientas adicionales.

Habrá que tomar las decisiones pertinentes cuando sean necesarias: suspender partidos, responsabilizar a los clubes en lo que les competa y a los asistentes a los estadios que no cumplan con los deberes básicos y propios de la comunidad del fútbol.

Solo con esa perspectiva, que supone un esfuerzo conjunto, podremos avanzar semana tras semana para superar la actual realidad. Al respecto, se han hecho varias sugerencias bastante concretas -menciono especialmente las del Senador Chahuán y las de la Senadora Pérez-, que nosotros acogemos. Consideramos que el trabajo colaborativo entre los distintos actores permitirá resolver esas dificultades. Por el contrario, si no actuamos unidos, quienes ganan son los delincuentes.

En efecto, se requiere una labor entre todos, como la que realizamos en esta Corporación con el Senador Espina, quien trabajó con nosotros codo a codo para la elaboración de esta ley; o como la que llevamos a cabo en la Cámara Baja con el Diputado Pilowsky, quien presidía la Comisión que analizó esta materia, y, a través de ellos, con el resto de los parlamentarios.

Esto va a precisar un trabajo conjunto también con el sector del fútbol, con las policías y con los demás actores, con el propósito de mejorar los aspectos operacionales y de gestión que sean necesarios.

El Subsecretario de Prevención del Delito ya ha anunciado, en la línea de seguridad privada, un plan de trabajo con los guardias de los estadios, a fin de resolver ciertos nudos de gestión operativa.

Asimismo, como mencionó el Senador Chahuán, se busca ampliar el funcionamiento de la mesa de gestión semanal.

Por último, urge efectuar una actualización constante del reglamento de esta ley. Nos parece que debe ser una tarea permanente, porque solo podremos enfrentar la situación si juntos vamos actualizando el set de herramientas disponibles para ello, fecha tras fecha.