INCIDENTES EN ESTADIOS CON MOTIVO DE PARTIDOS DE FÚTBOL PROFESIONAL

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hace pocas semanas aprobamos la nueva ley que establece derechos y deberes de asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, que vino a remplazar a la ley sobre violencia en los estadios.

Al poco andar de su entrada en vigencia, ya podemos anotar la experiencia positiva de la Copa América y dos experiencias negativas: en Viña del Mar y en Talca.

Lo que debe responder la autoridad administrativa a cargo -en este caso, la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del Plan Estadio Seguro- es si identificó los factores que provocaron los desórdenes y situaciones de violencia.

La ley radica la primera responsabilidad en el organizador del espectáculo.

En segundo lugar, se halla la intendencia que autoriza y define las condiciones.

En tercer lugar, Carabineros, que informa a la intendencia y luego debe estar en el recinto deportivo durante el cotejo.

En cuarto lugar, el Ministerio Público, que debe hacerse presente.

Y, por último, los jueces que han de resolver sobre los detenidos.

Será muy útil conocer ese informe. Pero, en situaciones de infracción de carácter masivo, podríamos anticipar que hay una cuota de responsabilidad de cada de uno de los actores involucrados.

Sin duda, la principal es la del organizador (en este caso, el club local).

Pero aquí advierto una debilidad.

¿Podríamos establecer alguna responsabilidad compartida de la ANFP y del club visitante? ¿Sería factible esperar una mayor coordinación entre los entes del fútbol, que son quienes conocen la realidad más cercana de esta actividad, sus prácticas y situaciones de riesgo?

Esa coordinación podría generar más información, más inteligencia, que permita a las autoridades, a los fiscales y a las policías actuar más eficazmente en la prevención y en la persecución de las infracciones.

No bastan los planes generales de seguridad. Hay que planificar sobre la base de la realidad de cada encuentro deportivo.

No creo que el acento haya que ponerlo en la persecución de cada uno de los participantes de los incidentes. Muchos de ellos son refractarios a cualquier tipo de sanciones; y no dudarán en exponerse a penas más duras para asistir a un partido.

La principal inhibición está en las sanciones deportivas a los clubes: no con multas, sino con puntos. Es lo que más duele a los hinchas.

Las multas las pagan los dueños, que son sociedades anónimas. Y a veces los hinchas están en contra de tales sociedades.

La sanción más dura para los hinchas es jugar sin público, o restar puntos. Eso se halla contemplado en el reglamento de la ANFP, pero poco se aplica.

Los hinchas son parte del club. Creo equivocado negarles toda participación.

Forman, pues, parte del espectáculo, y los clubes deben responder por ellos, especialmente cuando se generan reacciones masivas. No estamos hablando de un incidente aislado de un hincha, sino de acciones de grupos. Y eso siempre tiene que ser responsabilidad del club.

Siendo el público parte del espectáculo, debe considerarse dentro de la regulación del fútbol.

El fútbol reclama una gran autonomía en todos sus asuntos; y sus tribunales aplican drásticas sanciones en el caso de infracciones a sus códigos de conducta.

Lo mismo debe hacerse respecto de los hinchas.

Por lo tanto, la primera en reaccionar frente a los graves incidentes que ocurrieron hace semanas es la propia ANFP, quien no tiene las limitaciones de prueba de los tribunales y puede y debe actuar más rápidamente en contra de los promotores de estos desórdenes y establecer las responsabilidades de los clubes en tales casos.

El daño que hace una hinchada y, por lo tanto, un club en un partido no se limita a ese encuentro: se extiende a toda la actividad.

Me imagino que después de los recientes incidentes en Talca y en Viña del Mar habrá bajado la asistencia no solo en esos estadios, sino también en buena parte de los recintos deportivos de nuestro país.

Por consiguiente, los demás clubes deben ser más proactivos para denunciar y perseguir las responsabilidades.

La ANFP debe dar garantías de que sus tribunales actuarán. Si ellos no lo hacen, entonces que no reclame por una mayor intervención del Gobierno, que exigirá estándares superiores, los cuales terminarán afectando a todos los clubes.

Luego vendrá la respuesta del Estado, de las autoridades administrativas y judiciales. Pero esta siempre será más lenta.

La acción primera debe provenir de la ANFP. Si no se adelanta y cumple su rol, provocará un daño a toda la actividad.