FORTALECIMIENTO DE MINISTERIO PÚBLICO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el Ministerio Público, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.265-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 82ª, en 23 de diciembre de 2013.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
Hacienda (certificado): sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es modernizar el Ministerio Público con el fin de elevar su nivel de persecución penal, incrementar la atención de los usuarios del sistema de justicia penal y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que se desempeñan en el referido servicio.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo que adoptó la Sala en su oportunidad, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín). Las diversas enmiendas que introdujo en particular también fueron acordadas en forma unánime.
Por acuerdo de Comités de fecha 9 de junio, se dispuso que la iniciativa pasara a la Comisión de Hacienda durante el primer trámite reglamentario. La referida instancia incorporó una enmienda al texto despachado por la Comisión de Constitución, consistente en intercalar un inciso segundo, nuevo, en el artículo segundo transitorio.
Cabe hacer presente que las normas del proyecto -con excepción de los números 11), 12) y 14) del artículo único y los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios- tienen rango orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, por lo que requieren, para su aprobación, el voto conforme de 22 señores Senadores.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión la idea de legislar.
Pido el asentimiento del Senado para que ingrese a la Sala el Fiscal Nacional, señor Sabas Chahuán.
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, corresponde que el Senado se pronuncie sobre el proyecto que fortalece el funcionamiento del Ministerio Público.
Si bien esta iniciativa fue conocida previamente por la Cámara de Diputados, durante su estudio en nuestra Corporación se comprobó que requería cambios importantes para lograr el objetivo que persigue.
En efecto, como esta Sala recordará, la reforma al sistema de justicia criminal constituyó uno de los hitos más relevantes del proceso de modernización de la justicia del país.
No obstante, la sociedad ha observado con preocupación el incremento de causas y el surgimiento de nuevas formas de criminalidad, que exigen introducir cambios en la estructura y en la manera de operar del Ministerio Público.
Este proyecto fue presentado en el año 2012 por la Administración del entonces Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, pero su formulación fue muy resistida al interior del Ministerio Público, especialmente por las asociaciones gremiales que agrupan a los fiscales y funcionarios.
Para superar esa situación, el actual Gobierno constituyó una mesa de trabajo con el Ministerio Público. A ella concurrieron, en primer lugar, la Fiscalía Nacional y los gremios del servicio. De ahí surgió un anteproyecto, que fue discutido con el Ministerio de Justicia y, luego, con el de Hacienda. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Ejecutivo elaboró la indicación sustitutiva que presentó en el Senado.
Sobre la base de ese nuevo texto, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, autorizada por la Sala de esta Corporación, aprobó en general la iniciativa; examinó en particular el articulado acordado por la Cámara de Diputados, e introdujo diversas enmiendas, todas las cuales fueron acogidas por la unanimidad de sus integrantes.
Ellas procuran dotar al Ministerio Público de los recursos humanos y técnicos que le permiten elevar los estándares de persecución penal, incrementar la protección de la ciudadanía y garantizar el desarrollo de la carrera funcionaria de los fiscales y funcionarios.
I.- En particular, la Comisión constató que la ciudadanía observa con preocupación el alto índice de archivos provisionales que se producen por falta de antecedentes necesarios para respaldar un caso ante la justicia. Para frenar esta situación, el órgano técnico propone crear un nuevo Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que potenciará la labor a fin de identificar patrones y modus operandi habituales de los delincuentes. Tales datos ayudarán a concentrar el esfuerzo investigativo en ciertos nudos delictuales críticos y llevar a buen término muchas investigaciones que hoy fracasan por falta de pruebas.
El referido sistema deberá ser evaluado a los tres años, contados desde el inicio de sus funciones. Dicha evaluación deberá contener, entre otros, los resultados de las acciones desarrolladas y las mediciones de eficiencia, eficacia y calidad. Para ello, el Ministerio Público contratará, previa licitación pública, a una entidad evaluadora externa, cuyo informe habrá de publicarse en la página web institucional al mes siguiente de la entrega de la evaluación realizada por dicha entidad, informando en la cuenta pública del año que corresponda.
II.- Además, esta iniciativa refuerza la planta de funcionarios del servicio y establece por primera vez reglas claras y justas que garantizarán la carrera funcionaria de fiscales y empleados del Ministerio Público.
En materia de personal, se crean 577 nuevos cargos, de los cuales 122 serán fiscales; 203, profesionales; 82, técnicos, y 170 tendrán la calidad de administrativos. Ellos se distribuyen entre las diversas regiones del país, según se consigna en la página 107 del informe de la Comisión.
III.- Asimismo, con el fin de apoyar la labor que realizan los fiscales, se ha determinado que los abogados asistentes de fiscal podrán realizar actuaciones procesales ante los tribunales de garantía, con excepción de la comparecencia a las audiencias de juicio oral. A tal efecto, será necesaria la delegación expresa y específica para la actuación de que se trate por parte del fiscal del Ministerio Público a dichos profesionales. En todo caso, corresponderá al Fiscal Nacional regular la forma en que se delegará esa facultad.
Se precisa que a los mencionados abogados les serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas sobre responsabilidad e inhabilidades que rigen para los fiscales.
IV.- Igualmente, cabe destacar que se propone agregar a la ley un artículo 91, nuevo, que establece el denominado "PLAN INSTITUCIONAL ANUAL" de este Servicio.
De conformidad con ello, el Ministerio Público, en el mes de abril de cada año, deberá publicar en su página web un plan institucional anual, que contenga, entre otros, los siguientes aspectos: la misión, las principales líneas de acción, los objetivos estratégicos, los bienes o servicios y los indicadores de desempeño o elementos de similar naturaleza que posibiliten la medición del grado de avance de sus distintas líneas de acción, y por región. Así, estos darán cuenta del cumplimiento efectivo de la misión institucional, esto es, de la eficacia y eficiencia en la persecución penal y el mejoramiento en la atención de víctimas, además de la evaluación del grado de cumplimiento del Plan Institucional Anual del período anterior.
Asimismo, se impone al Fiscal Nacional la obligación de dar cuenta pública de los resultados del Plan Institucional Anual. Todos estos antecedentes se publicarán en la página web institucional.
Señor Presidente, el texto que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento entrega los medios y las herramientas básicos para potenciar la capacidad operativa del Ministerio Público.
Por todas estas razones, la Comisión que presido, por la unanimidad de sus integrantes, propone la pronta aprobación de esta iniciativa, tan necesaria para modernizar al referido Servicio y fortalecer su labor de protección y de combate contra la delincuencia.
He dicho.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley que fija normas sobre planta de personal del Ministerio de Educación (boletín N° 10.127-04).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señores Senadores, el proyecto que ahora nos ocupa viene con "discusión inmediata", que vence hoy.
Fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para votarlo en general y particular, salvo el artículo tercero transitorio, respecto del cual el Senador señor Coloma pidió votar separadamente.
La idea es hacer una sola votación, con la excepción explicitada.
El señor LAGOS.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
No lo hay.
¿Les parece a Sus Señorías votar en general y particular este proyecto, salvo el artículo tercero transitorio, que -reitero- se votará separadamente?
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, con el advenimiento de la reforma procesal penal hacia el año 2000, se registraba un promedio aritmético de cerca de mil causas por fiscal -era la proyección que en su oportunidad habían efectuado tanto Fundación Paz Ciudadana como los organismos que trabajaron en ello- en un universo de 625 fiscales.
Más adelante, con la dictación de la ley N° 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, se aumentó en 22 el número de fiscales.
Dicho incremento ciertamente era insuficiente.
Sucesivas reformas en materia de legislación penal, que les dieron competencia a las fiscalías, al Ministerio Público, acrecentaron el agobio de los fiscales en cuanto al número de causas que debían cubrir.
Las modificaciones en materia de hurtos faltas, justicia militar, violencia intrafamiliar fueron incrementando el ingreso de causas al Ministerio Público, a tal nivel que durante el 2014 había un millón 348 mil causas cubiertas por solo 647 fiscales a nivel nacional. Es decir, cada fiscal en promedio debió llevar adelante poco más de 2 mil causas.
En otras palabras, cuando uno observa las estadísticas incluso de población relacionadas con el número de fiscales, puede decir que en Chile existe un fiscal por cada 25 mil 614 habitantes.
Usted comprenderá, señor Presidente, que tal circunstancia no fue prevista en el diseño original de la reforma procesal penal, y requería un plan de fortalecimiento importante.
A ello hay que sumarle el hecho de que el déficit no solo se halla radicado en el cargo de fiscal, sino también en los cargos de funcionarios y de abogados asistentes.
De hecho, hoy cada fiscal debe llevar más de dos mil causas y solo cuenta con la asistencia compartida de dos funcionarios administrativos y medio abogado ayudante, pues debe compartirlo con otro fiscal. Ello, sin duda, resulta altamente insuficiente y redunda en la afectación de la calidad de la persecución penal, más allá del esfuerzo que realizan los fiscales y sus funcionarios.
La ley en proyecto, primero, viene a dar cumplimiento al compromiso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en cuanto a fortalecer al Ministerio Público.
Aumenta la dotación de fiscales en 122 persecutores más.
Crea una carrera funcionaria real, que posibilitará establecerles un sistema de incentivos a los fiscales. Ello les permitirá alcanzar mejores remuneraciones, tener perspectivas de ascenso y evitar así un problema hasta hoy insoluble: la fuga de fiscales.
Hasta la fecha, más de 190 fiscales, quienes fueron debidamente formados por el Estado chileno, con una inversión aproximada de 30 millones de pesos por cada uno de ellos, han abandonado la institución, con el consiguiente daño que se les produce no solo a las causas y a las víctimas, sino también al sistema en su conjunto.
Por eso, señor Presidente, resulta muy significativo avanzar en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. El proyecto que hoy presentamos a esta Sala contempla, en primer lugar -reitero-, el aumento de la dotación de fiscales en 122 persecutores más.
De otro lado, debemos agregar también que el nivel de recarga laboral ha significado el incremento constante del uso de licencias médicas, de descansos maternales y de feriados legales, que en conjunto suman alrededor de 23 mil días de ausencia, con las consecuencias que esto implica para el sistema persecutor.
Hay que entender igualmente, como efecto, que durante el año 2014 el aumento de sentencias absolutorias creció en 13 mil 557. Ello permite establecer una relación causal entre fuga de fiscales y pérdida de recursos humanos con resultados procesales adversos.
No se trata acá de realizar un análisis crítico de la reforma procesal penal, sino de hacernos cargo de una realidad y decir que el plan de fortalecimiento del Ministerio Público no es solo una mejora para los fiscales. También significa una mejora para la seguridad pública y para la eficacia de la persecución penal.
De igual modo resulta relevante señalar, por ejemplo, que hoy una fiscal que hace uso de su derecho al descanso maternal lamentablemente no es remplazada mediante un sistema de suplencia, y sus causas se las entregan a otro fiscal, quien debe asumirlas conjuntamente con las que él debe cubrir.
Esa situación atenta contra los derechos laborales.
La ley en proyecto, además, se hace cargo de una cuestión central: la provisión de cargos vacantes.
En ese aspecto, se mantiene la regla general. Es decir, las vacantes, por mandato de la Constitución, deben proveerse por concurso público.
Con todo, la iniciativa acogió una petición del señor Fiscal Nacional, en el sentido de que en casos excepcionales este pueda autorizar la realización de concursos internos de promoción. Ello, al objeto de evitar la paralización del buen funcionamiento del Ministerio Público.
El artículo 75 bis, nuevo, que se incorpora es crucial, toda vez que crea la carrera funcionaria de los fiscales, pues establece que los fiscales adjuntos de grados VIII a VI tendrán un sistema de ascenso, de carácter técnico y reglado, por el que podrán acceder sucesivamente a grados jerárquicos inmediatamente superiores. Para ello es necesario haber cumplido un conjunto de requisitos.
En la práctica, esta iniciativa estatuye la carrera funcionaria para los fiscales y -valga la redundancia- para los funcionarios del Ministerio Público.
Se fija un conjunto de reglas que indican cuántos años ha de estarse en cada grado. Lo importante es que el modelamiento que se haga de la planta permitirá que funcionarios que llevan muchos años en el mismo grado puedan ascender. Esto posibilitará una carrera funcionaria que motivará a quienes se desempeñan en el Ministerio Público.
Un tercer aspecto que parece crucial es el relativo al abogado ayudante de fiscal.
Se considera la contratación, a su vez, de un conjunto de profesionales, más de 570 (profesionales, administrativos, en fin). Muchos de ellos son abogados ayudantes de fiscal.
La ley en proyecto les permite a los abogados ayudantes concurrir a un conjunto de audiencias. Ello liberará de dicha función a los fiscales, y se va a traducir en menor suspensión de audiencias y mayor posibilidad de comparecencia ante los diferentes juzgados de garantía.
De igual forma, se establecieron otros aspectos claves. Por ejemplo, se crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
¿Qué significa eso? Que a nivel nacional contaremos con sistemas de análisis criminal. Ya no será la respuesta caso a caso, fiscalía a fiscalía. Tendremos la capacidad en el Ministerio Público de poder analizar, de manera genérica, el fenómeno criminal.
Así, si existe determinado patrón de conducta criminal en el norte de nuestro país, o en una comuna de las provincias de Aconcagua o de Ñuble, la fiscalía, a través del Sistema de Análisis Criminal, podrá comparar e integrar información, y perseguir con mayor eficacia a las personas que hacen del crimen organizado su actividad habitual.
Asimismo, se establece un conjunto de otros elementos importantes, como el Plan Institucional Anual. Este instrumento constituye un avance en trasparencia y accountability, ya que posibilitará, entre otras cuestiones, conocer las líneas de acción del Ministerio Público, los objetivos estratégicos, los indicadores de desempeño, que harán factible la medición del grado de cumplimiento, junto con la evaluación del grado de cumplimiento de metas del año anterior.
Señor Presidente, estamos en presencia, quizás, de uno de los proyectos de mayor aplicación práctica, que significará fortalecer al Ministerio Público, institución a la cual la sociedad le ha encomendado la persecución penal de los delincuentes y los delitos.
Es cierto: nos queda un asunto pendiente. Ya hemos iniciado una ronda de conversaciones con el Ministerio Público y un conjunto de Senadores de diferentes bancadas, al objeto de establecer en un proyecto de ley futuro un estatuto de protección a los fiscales.
Tenemos ejemplos en todo el país de fiscales amenazados o agredidos por perseguir hechos delictuales o al crimen organizado. Por eso se requiere también, en una futura ley, dar mayor garantía, protección jurídica y social a quienes combaten la delincuencia y el delito en representación de la sociedad toda.
Por lo anterior, concurriré con mi voto favorable al plan de fortalecimiento del Ministerio Público.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Antes de continuar ofreciendo la palabra, quiero saludar a la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabas Chahuán.
Muchas gracias por acompañarnos.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, a diez años de iniciado el nuevo sistema procesal penal, no cabe la menor duda de que era menester realizar una evaluación. Porque, como ya señalaron quienes me antecedieron, el referido sistema, con todas sus bondades y beneficios, si bien no ha sido perfecto, sin duda ha mejorado el procedimiento penal y, por lo tanto, la administración de justicia en el ámbito del crimen.
Sin embargo, las predicciones sobre el comportamiento que el nuevo sistema de justicia penal iba a tener no se han ajustado a la realidad.
Ya se indicó que la sobrecarga de trabajo ha tenido implicancias en este sistema, por cuanto la capacidad de respuesta no ha sido la que nuestro país requería.
Muchas de las inquietudes que afectan a la ciudadanía en materia de seguridad pública tienen que ver con fallas en distintos ámbitos: la prevención delictual, el trabajo judicial, la investigación penal que se desarrolla para llegar a la condena.
En todos los ámbitos (en el carcelario, en el de la rehabilitación, en fin) existen falencias, y cada una de ellas debe ser corregida para lograr darle una respuesta satisfactoria a la gente.
En tal sentido, incrementar el número de profesionales participantes del sistema -esto es, mejorar su aspecto cuantitativo- y, también, perfeccionar aspectos cualitativos relacionados con su desempeño constituyen factores absolutamente necesarios de abordar.
Por eso, tanto el Gobierno anterior, presidido por don Sebastián Piñera, como el actual, encabezado por doña Michelle Bachelet, han seguido la línea de evaluar y efectuar proposiciones, las cuales se hallan contenidas en la ley en proyecto.
Luego de un análisis bastante exhaustivo, con la participación de personeros vinculados al sistema procesal penal, en particular del propio Ministerio Público, se ha llegado a una fórmula bastante razonable y satisfactoria.
A mi juicio, lo que contiene esta iniciativa está bien y merece nuestra aprobación. Es posible que falten algunos aspectos. En particular, recojo las inquietudes de algunos funcionarios por cuanto no todo lo que plantearon se acogió ahora. Pero ello no obsta que esas materias puedan ser incorporadas en otro proyecto que ciertamente auspiciaríamos y aprobaríamos con mucho entusiasmo.
En cuanto a las modificaciones, se tuvieron a la vista estudios elaborados por el BID y distintas organizaciones nacionales. Ello hizo factible dimensionar las necesidades y corregir una serie de aspectos, que fueron recogidos en este proyecto.
Me atrevo a mencionar los siguientes como los más relevantes, conforme al orden en que aparecen en el texto propuesto.
En primer lugar, la ampliación de la capacidad de trabajo de los abogados asistentes de fiscal, que les permitirá desarrollar una serie de tareas que hoy solo pueden llevar a cabo los fiscales.
Lo anterior significa incorporar una cantidad importante de personas que actualmente son abogados asistentes, quienes se van a sumar a los nuevos fiscales y abogados asistentes que se consignan en el aumento de personal planteado. Eso le dará mayor capacidad de trabajo al Ministerio Público, y le posibilitará a la comunidad encontrar solución a sus inquietudes.
Todavía existen muchos ámbitos donde las respuestas están lejos de ser satisfactorias. Por ejemplo, en el caso de delitos contra la propiedad, el 99 por ciento de ellos no tiene debida solución. Eso genera una grave sensación de indefensión en la ciudadanía, porque estamos enfrentando un problema que deja a la gente sin respuesta del sistema.
Entonces, en la medida que haya más fiscales que puedan hacer más trabajo de terreno, que actúen con mayor prontitud, esa situación debería tender a corregirse y mejorar.
Un segundo aspecto se refiere a la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, cuya finalidad es "el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles".
Al respecto, debo señalar que me parece sorprendente la expresión "mercados delictuales". Hice todos los esfuerzos posibles durante la discusión en la Comisión para evitar la palabra "mercado". Porque como se dice que estamos en un sistema jurídico economicista, pensé que no era conveniente agregar tal expresión, ya que van a creer que esto también es culpa de la actual Constitución, en circunstancias de que ello obedece a la voluntad de los legisladores de hoy, quienes han insistido en que esta es la expresión correcta.
Yo solo quiero manifestar que fui partidario de modificar la norma respectiva en tal sentido; pero se señaló que este es el lenguaje internacional utilizado en la materia.
El Sistema de Análisis Criminal, que se halla reglamentado a partir del artículo 37 bis, permitirá contar con unidades de análisis criminal y unidades de focos investigativos a lo largo de todo nuestro país. Ello hará factible -lo señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra- estudiar los comportamientos delictuales por región, por provincia, por comuna, por barrios de comunas, según la densidad poblacional, y definir cuáles son los delitos de mayor ocurrencia, de qué manera se pueden enfrentar, cómo determinar distintas estrategias durante la investigación criminal.
Creo que ese es un gran aporte, que se realizará a través de esta iniciativa.
En seguida, y respondiendo a un anhelo de larga data de los integrantes del Ministerio Público, se establece una carrera funcionaria, no al estilo tradicional de este organismo, pero sí en la forma que posibilita mantener el modelo de relaciones contractuales, siguiendo las disposiciones del Código del Trabajo, conforme a un régimen de responsabilidades vinculado a la función que desempeña ese personal.
Eso permite, entonces, contar con normas de mucha validez. Por ejemplo, el artículo 75 bis, que se refiere a los fiscales adjuntos, toda vez que crea la carrera funcionaria, para que puedan desarrollarse dentro de su escalafón y, por lo tanto, acceder a grados jerárquicos superiores y a mejores remuneraciones. Para ello deberán cumplir ciertos requisitos, como antigüedad en el cargo; no haber sido sancionados; haber efectuado capacitaciones y cursos de perfeccionamiento, en fin.
El artículo 75 ter establece lo propio respecto de los funcionarios.
Todo lo anterior generará mayor movilidad, lo cual hará factible pensar en horizontes de más largo plazo y no quedarse en este aspecto un tanto estático que tiene la actual planta del Ministerio Público.
Un cuarto antecedente que contiene la normativa en comento es la validación de la cantidad y de las remuneraciones de los fiscales y de los asistentes, que se incrementan de modo muy significativo.
Ello se contempla en diversas disposiciones. Por ejemplo, en el artículo 72, donde se observa que los aumentos y las movilidades de cada uno de aquellos elementos permiten que los ascensos en la carrera funcionaria vayan acompañados del debido reconocimiento.
Finalmente, el quinto aspecto que a mi entender valida a esta iniciativa es el establecimiento del plan institucional anual.
Puede parecer bastante obvio que todas las instituciones tengan un plan de aquella índole. Pero el previsto en este caso se estructura debidamente en dos aspectos que considero los más salientes.
No solo se trata de definir los grandes proyectos que se piensa realizar el año siguiente, sino también de, en forma muy clara, comprometerse a desarrollar ciertos objetivos con "indicadores de desempeño, o elementos de similar naturaleza, que posibiliten la medición del grado de cumplimiento en sus distintas líneas de acción y por región"; ello permitirá precisar lo que el Ministerio Público promete hacer en determinado período a lo largo del territorio nacional. Pero a continuación (y la inclusión de ello en el debate de la Comisión fue parte del trabajo que hicimos nosotros) se incorpora el grado de cumplimiento, a medida que el proceso se vaya llevando a cabo, del plan institucional anual comprometido por el Ministerio Público el año anterior. O sea, no basta con que señale "Esto voy a hacer", sino que, además, al año siguiente tendrá que decir "Qué hice de lo que planeé hacer".
Es algo como las rendiciones de cuenta que esperamos realicen pronto los presidentes de nuestras Cámaras.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor LARRAÍN.- Se trata, señor Presidente, de una obligación que, en mi concepto, deben cumplir todas las instituciones, conforme a la reforma constitucional que presentamos con esa finalidad.
Esperamos que aquello sea parte de lo que todas las instituciones deben hacer: un plan que permita no solo el autoelogio, sino también el reconocimiento de las falencias, las debilidades y los errores cometidos en el cumplimiento de los compromisos contraídos.
Hay otras concordancias. Por ejemplo, tocante a la rebaja de 10 a 8 años en la duración de los cargos; a la incorporación de la conviviente civil en las normas donde, para distintos efectos, se hace referencia a la cónyuge.
Señor Presidente, esta iniciativa le da muchos instrumentos positivos al Ministerio Público. Ojalá que ello posibilite su mejor desempeño.
Siempre esperamos una evaluación externa, la que en todo momento es relevante. Pero la Constitución, tratándose de un organismo autónomo, no lo permite.
En todo caso, confiamos en que la ley en proyecto dote al referido ente de las herramientas necesarias.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hay una petición del Gobierno y del Senador señor Allamand para que el proyecto que adapta normas laborales al ámbito del turismo (figura en el tercer lugar de la tabla de esta sesión) se trate a vuelta de la semana regional. Ello, para que -entiendo- pueda participar en la discusión la señora Ministra del Trabajo.
¿Es así, Su Señoría?
El señor ALLAMAND.- Sí, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Doy excusas a quienes se hallan inscritos, pero, habiendo informado el proyecto el Presidente de la Comisión de Constitución, lo propio debe hacer el de la Comisión de Hacienda.
¿Hay acuerdo para abrir la votación?
No.
Por consiguiente, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo no me voy a referir a las expresiones vertidas por los miembros de la Comisión de Constitución que me precedieron en el uso de la palabra, sino a la conveniencia del proyecto sometido hoy a la decisión de esta Sala.
La Comisión de Hacienda, que presido, se abocó primero al aumento de la dotación del Ministerio Público, incremento necesario para el buen funcionamiento de esta institución, que enfrenta diversos problemas. Por ejemplo, el de lugares con gran sobrecarga de causas donde es imposible la suplencia del fiscal.
Esta iniciativa, como se dijo acá, plantea la creación de 577 cargos: 122 de fiscales adjuntos, 203 de profesionales, 82 de técnicos y 170 de administrativos.
El costo del proyecto, en régimen, es de 6 mil 366 millones de pesos el primer año. El tercer año llega a un total de 16 mil 615 millones.
En segundo término, el desarrollo institucional se hace mediante la creación de las figuras de la suplencia y la subrogancia para los fiscales adjuntos.
Se aumenta el grado de inicio de la escala de los fiscales adjuntos, pasando del IX al VIII. Esto significa un gasto total anual de 2 mil 700 millones de pesos, aproximadamente.
En tercer lugar, esta iniciativa contempla el establecimiento de una carrera funcionaria.
Se crea un sistema de ascenso, de carácter técnico y reglado, conforme al cual hasta 15 por ciento de la planta de fiscales adjuntos y hasta 15 por ciento de las plantas de funcionarios podrán acceder en forma sucesiva a grados jerárquicos inmediatamente superiores.
Dicho sistema de ascenso será aplicable a los fiscales adjuntos que ocupen los grados VIII a VI, inclusive, y a los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares con contrato indefinido y que no sean de exclusiva confianza.
Ese sistema de ascenso se realizará cada 2 años y tendrá una vigencia de hasta 10 años, prorrogables por otros 10, al objeto de realizar la carrera funcionaria.
De acuerdo con los informes financieros, el costo en régimen va a llegar, el décimo año, a 9 mil 860 millones.
Es decir, para potenciar al Ministerio Público se va a invertir, en régimen, del orden de 30 mil millones de pesos, que serán de cargo, el primer año, de la Partida 23 Ministerio Público. Y si faltaren recursos, el Ministerio de Hacienda queda autorizado para adicionarlos con cargo a la Partida Tesoro Público.
Atendidas todas esas consideraciones, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, salvo en un artículo, respecto del cual el Senador Coloma hará observaciones en esta Sala, aprobó el proyecto en las materias sometidas a su pronunciamiento.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, todos están de acuerdo en que la demanda social más sentida de los últimos años es la seguridad pública. Abarca a todos los sectores sociales y se expresa a lo largo de todo el territorio nacional.
La comunidad le asigna un gran valor a la tranquilidad dentro del hogar y también para desplazarse por las calles del lugar donde se vive, se trabaja o se estudia.
Poco importan los informes de la academia, los indicadores o las estadísticas cuando esa condición básica de la vida social no está asegurada.
Por eso, enfrento este debate desde la política, que me dice que este es un problema fundamental, en que la comunidad siente que ninguna de las instituciones con participación en él está cumpliendo eficazmente su función: ni los fiscales, ni los jueces, ni las policías, ni el gobierno.
No podemos responder estas críticas repitiendo, una vez más, las bondades de la reforma procesal penal, que ya tiene más de diez años de vigencia. Hay que enfrentarlas con franqueza y decisión, pues el problema de la seguridad se ha transformado en un factor decisivo en la calidad de vida de la gente.
Para empezar, las penas son muy bajas y ha tomado años -y tomará otros tantos- modificar el Código Penal.
Las policías son instituciones que no se han adaptado a los cambios en la sociedad, y cualquier modificación hay que hacerla con especial cuidado. La única discusión que se admite es la concerniente al aumento de las dotaciones.
Los jueces son muy garantistas, aunque argumentan que solo se limitan a aplicar la ley.
La institución que está más cerca de intervenir sobre las condiciones sociales y situacionales que generan o favorecen la delincuencia son los municipios; pero la enorme mayoría de ellos solo puede acceder a programas limitados para financiar las labores de prevención.
El Ministerio Público se halla sobrepasado. La enorme mayoría de las denuncias son archivadas sin ninguna gestión investigativa real y se responde que no hay antecedentes.
La verdad es que los antecedentes están. La información está: basta recorrer unas cuantas calles y se puede recoger de las conversaciones con los vecinos.
Si hay diez hurtos en un mismo lugar, ¿es posible que nadie sepa nada? Por supuesto que no.
Sin embargo, los policías se encuentran llenos de tareas burocráticas que no les permiten tener contacto directo con la ciudadanía y en las oficinas de los fiscales se acumulan las carpetas investigativas, en circunstancias de que la reforma procesal penal prometió terminar con los expedientes. Pero la verdad es que estos solo cambiaron de nombre.
Debo decirlo con crudeza: el panorama es muy negativo; y si no nos hacemos cargo del problema, la victimización, que no es sino otra dimensión de la desconfianza, continuará creciendo y la calidad de vida de la gente seguirá deteriorándose, pese a todos los progresos que se registren en otras áreas.
Este proyecto se ocupa de la situación del Ministerio Público. De manera que abordaré sus disposiciones aunque, como he dicho, este es solo una parte del problema.
Se propone un nuevo Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que permitirá identificar patrones habituales en la acción de la delincuencia.
Como expresaba antes, la información está. Pero para conseguirla hay que recorrer la calle.
Vinculo esta materia con la creación de los consejos comunales de seguridad pública -estamos discutiendo la iniciativa pertinente en la Comisión de Gobierno-, que persigue que la información sobre cómo enfrentar la delincuencia sea compartida entre las instituciones públicas que intervienen, en especial las policías, los fiscales, los municipios y la comunidad.
Por lo tanto, todo lo que hagamos para fortalecer la inteligencia, el análisis y el procesamiento de la información será útil. Pero espero que esta nueva forma de aproximarse a la realidad delictual no se traduzca en nuevos expedientes, esta vez más voluminosos.
En segundo lugar, se refuerza la dotación. Y es cierto: hay un aumento importante, que está bien distribuido en regiones. Empero, no sé si será suficiente para superar la sobrecarga existente.
Se avanzó en una tímida carrera funcionaria. Pero, con razón, asociaciones de funcionarios la califican de elitista, pues posterga los mejoramientos reales para los administrativos y auxiliares, a quienes no se les reconoce la asignación profesional; por ende, deben esperar muchos años para un ascenso.
Por otra parte, no me explico la razón para no definir un mecanismo adecuado de tutela laboral en caso de que los funcionarios vean vulnerados sus derechos.
Me pregunto -con mucho respeto y afecto- si la actual Ministra de Justicia, hasta hace poco Ministra del Trabajo, puede explicarnos por qué los funcionarios no tienen instancias para reclamar ante ilegalidades o arbitrariedades, pues hoy no pueden recurrir ni a la Contraloría General de la República ni a la Dirección del Trabajo.
Se propone finalmente establecer un Plan Institucional Anual y una cuenta pública del Fiscal Nacional.
Eso va en la dirección correcta. Pero espero que los informes no se limiten a cuadros y cuadros de indicadores. Hay que asumir la demanda real de los ciudadanos, que es la efectividad de la acción punitiva del Estado.
Señor Presidente, mucho se critica hoy a los políticos. Y hay que hacerse cargo de eso.
Me parece que una manera de enfrentar esta realidad es hablando con franqueza y no conformarnos con discursos o informes complacientes que pueden estar muy fundamentados técnicamente pero que no responden de modo cabal a lo que siente y espera la enorme mayoría de la población.
Votaré a favor de este proyecto. Sin embargo, espero que el Ejecutivo aborde las cuestiones que quedaron pendientes, que conciernen al Ministerio Público y al resto de los temas de la agenda de seguridad pública, con la celeridad y la profundidad que la situación exige.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, después de escuchar la excelente exposición del Senador Quinteros, yo podría ahorrar parte de mi intervención, que es muy similar. Y no me cabe ninguna duda de que quienes se hallan en las tribunas aplauden porque es el sentimiento de la opinión pública, el sentimiento de las personas con las que nos reunimos en el día a día en los sectores poblacionales, en las juntas de vecinos.
A nosotros nos toca vivir este problema, que, sin duda, todos quieren arreglar. Pero pareciera que por ningún lado emerge la punta de la madeja. Y, aunque hacemos proyectos de ley -por supuesto, los vamos a aprobar- sobre fiscalías especiales, mayor dotación, mejores remuneraciones, las cosas siguen exactamente iguales.
La gran mayoría de los estudios de opinión pública señalan que la delincuencia es, a no dudarlo, uno de los problemas que el Gobierno debería solucionar rápidamente.
Así, por ejemplo, en la última encuesta CEP la delincuencia encabeza el listado con 46 por ciento de preocupación por este flagelo. Y, al mismo tiempo, en el estudio de Adimark de mayo solo 11 por ciento de los chilenos aprueba la forma como el Gobierno está manejando la delincuencia, mientras el rechazo llega a ¡87 por ciento!
A eso se suma el hecho de que los tribunales de justicia están dentro de las instituciones que menos confianza generan en la ciudadanía.
En tal sentido, la pregunta que debemos hacernos es si con el proyecto en debate caminamos en la dirección correcta para dar solución a los problemas de nuestra justicia, lo que tanto nos demanda la gente en el día a día.
Esta iniciativa, señor Presidente, tiene por objeto fortalecer el Ministerio Público a través del reforzamiento en la tramitación compleja y menos compleja; de la creación de Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos; del fortalecimiento en la atención de víctimas y testigos; de la aplicación de soluciones de continuidad en las funciones de los fiscales adjuntos, y del establecimiento de bases para una carrera funcionaria, o algo como eso.
Si uno revisa el mensaje del proyecto de reforma procesal penal, del año 2004, verá que se anunciaba que sería una verdadera maravilla en materia de justicia. Y voy a repetir parte de ello.
Los principales objetivos que se buscaban eran:
"1) Agilizar la persecución penal.
"2) Evitar zonas de impunidad en la persecución criminal.
"3) Corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigencia de la reforma procesal penal.
"4) Mayor transparencia a los procesos judiciales (en los delitos de alta connotación pública)".
Un informe sobre las estadísticas del Ministerio Público, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, estableció que en el último año han ingresado a tramitación alrededor de un millón y medio de causas.
Eso habla del atochamiento que tenemos hoy en las instituciones pertinentes.
Del total de las causas ingresadas en 2013 -es la última información de que disponemos-, 30,6 por ciento -¡escuchen bien!- termina por otra vía judicial (sobreseimiento, suspensión condicional, acuerdo reparatorio o facultad para no investigar). Solo 15 por ciento concluye con una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, mientras que el 54,4 por ciento restante se resuelve por la vía administrativa antes de llegar a una instancia judicial, siendo la gran mayoría de los casos archivados provisionalmente.
Yo me pregunto, señor Presidente: ¿eso esperábamos nosotros de la reforma procesal penal?
Aquellas son cifras duras; no las he inventado yo.
¿Eso esperaba la gente de dicha reforma?
No voy a entrar en detalles sobre lo que la reforma procesal penal les ha costado al Estado y a nuestro país. Solo quiero hacer mención de las remuneraciones, de las instalaciones.
¡Se han construido o comprado 200 edificios e instalaciones para las fiscalías!
En contraste con tales cifras, una evaluación interna realizada por el propio Ministerio Público, correspondiente al año 2014, y dada a conocer por El Mercurio hace algunos días -creo que El Mercurio dice la verdad-, señala que, de 660 fiscales evaluados, 328 obtuvieron nota máxima: 7; es decir, 49,7 por ciento de los fiscales lograron la máxima calificación. En tanto, 327 (o sea, 49,54 por ciento) alcanzaron entre 6,9 y 6, y "solo 5" persecutores (0,76 por ciento) tuvieron una nota menor que 6.
Los 660 fiscales evaluados consiguieron 6,9 de promedio. La nota más baja fue 5,2, y correspondió a uno de Coquimbo. De los 18 jefes regionales, todos obtuvieron la máxima distinción, a excepción de dos: el de la Región de Atacama, con un 6,9, y el de la Región Metropolitana, con un 6,4.
Esta positiva autoevaluación contrasta con las cifras de la última encuesta Paz Ciudadana-Adimark, conforme a la cual la victimización de los hogares llegó a 43,5 por ciento, el índice más alto desde el año 2000.
Ya sé que esta no es solo una responsabilidad del Ministerio Público, sino también de todos los que trabajan en el sector, pero llama la atención que mientras la evaluación de la opinión pública es tan baja la de los propios fiscales sea tan alta.
La gente se pregunta qué saca Carabineros con hacer su trabajo si los delincuentes quedan libres después en los tribunales. Y eso está relacionado con la baja percepción no solo de los organismos jurisdiccionales, sino asimismo con una mala impresión sobre el sistema judicial y de persecución penal en su integridad.
Las cifras negativas sobre el manejo de la delincuencia registradas en la ciudadanía se correlacionan con un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile de agosto de 2013 -me gustaría que mis Honorables colegas pudieran escucharlas-, que reveló la lista de los cien delincuentes con más detenciones entre 2009 y 2013. Entre todos sumaban casi tres mil capturas, es decir, unas treinta detenciones cada uno, en promedio. Del total, el 23 por ciento correspondía a menores de edad. Y, de acuerdo con el documento, al observarse veintisiete casos de reiteración, se detectó que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena que, en promedio, alcanzó a sesenta y cuatro días de privación de libertad.
Los números indican que el sistema procesal penal no ha caminado bien; que ha habido fracasos más que éxitos frente a la delincuencia común. Además, la gente percibe que las instituciones fundamentales en este trabajo, como las policías, Gendarmería, los jueces, los fiscales, el Servicio Nacional de Menores y otras, están sobrepasadas y son incapaces de responder frente al delito que afecta a diario a las personas. No puede ser que individuos con treinta órdenes de detención sigan en libertad, porque los juicios terminan en nada, o que los jueces de garantía no dispongan el encierro, mientras se realiza la investigación, de delincuentes sorprendidos infraganti, quienes pueden seguir cometiendo otros ilícitos y acosando a la ciudadanía.
Como lo he señalado en otras oportunidades, creo que es el minuto de replantear la reforma procesal penal para que funcione como lo prometieron sus autores. El sistema, pese a todos los recursos invertidos por el Estado, está perdiendo hoy la batalla contra la delincuencia. Es prioritario ver qué cambios son los que realmente necesita para solucionar sus grandes deficiencias, las que día a día afectan a miles de compatriotas que han pasado a ser víctimas del flagelo.
Para eso es absolutamente necesario que hagamos un alto y realicemos una evaluación seria, a fin de que después tomemos decisiones. Hoy resulta prioritario, por ejemplo, establecer criterios de gestión y de política criminal que permitan determinar, dentro de lo posible, qué se ha hecho bien y qué no. Ello, con el objetivo final de no seguir invirtiendo más y más recursos fiscales en medidas o iniciativas que no resuelven finalmente los problemas de fondo.
No me cabe ninguna duda de que en el Ministerio Público hay gente que trabaja, y mucho, pero los resultados son los resultados. Y la opinión pública no tiene una buena impresión de los que se registran en el trabajo frente a la criminalidad.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, no cabe duda de que la delincuencia, con mayúscula, es una de las dificultades más serias en nuestro país. Se puede ir alternando con Salud, con Educación, pero, constante y consistentemente, quienes somos parlamentarios nos damos cuenta de que una parte importante de las consultas e inquietudes que plantean las personas se relaciona, al final, con aspectos vinculados a la cuestión.
Y constituye un asunto bastante más complejo. No es algo cartesiano. No es un solo factor el que juega para obtener un resultado, bueno o malo. Tiene que ver con problemas de prevención, de sanción, de rehabilitación. Por eso, son muchos los elementos que se entremezclan al final para fijar la percepción ciudadana.
Mas me parece a mí que el proyecto es relevante particularmente en la dimensión de la investigación y, por lo tanto, de la sanción al mundo delincuencial. Por tal motivo creo que esta es una buena señal.
Es significativo, primero -y lo destaco-, el aumento de la dotación en el Ministerio Público. No cabe duda de que 577 personas más, entre fiscales, profesionales, técnicos y administrativos, es un paso positivo para que los atochamientos en las causas -son dos mil por fiscal y un fiscal por cada veinticinco mil personas- vayan encontrando una respuesta.
No en vano, ¡ojo!, son veinte mil millones de pesos, en régimen, lo que se aumenta en el Presupuesto para enfrentar esta nueva demanda ciudadana y dar una respuesta pública a la situación.
O sea, cabría esperar que la relación de la gente con su atención de justicia mejorara sobre la base de los nuevos funcionarios.
Un segundo punto que a mí me parece muy importante en la Región del Maule -y deseo destacarlo, porque fue expuesto por numerosas personas- es el relativo a las actuaciones procesales de los asistentes del fiscal ante los tribunales de garantía y a que no necesariamente sea el fiscal, con excepción del juicio oral, quien pueda llevar a cabo la gestión. Eso obviamente va a generar una capacidad de concentración muy positiva en lo que más le corresponde a este último.
Quisiera dejar claro que lo anterior va a suponer un aumento en la carga de trabajo de muchos funcionarios que no sé si esté representado exactamente en lo que sigue del texto.
--(Aplausos en tribunas).
Tercero, me parece muy significativa una carrera, tanto para fiscales como para funcionarios. A mi juicio, es relevante que las instituciones cuenten con un derrotero, con un camino, y estimo que ello por lo menos está insinuado, aunque no sé si resuelto.
Y, por último, en cuanto a la creación de unidades de análisis criminal y de focos investigativos, ahí sí que juzgo que la medida es muy decisiva para poder enfrentar con más capacidad técnica y modernidad materias que de alguna manera se tienen que ir resolviendo rápido. Eso es muy positivo.
Por su intermedio, señor Presidente, deseo plantearles algunas reflexiones al Fiscal Nacional y a la Ministra para poder ir llegando a una resolución -esto no es cuestión de un sector o de otro- ahora o en otra instancia.
La primera de ellas tiene que ver precisamente con la realidad de los funcionarios en el nuevo proceso. Y quiero dejarlo establecido. Los representantes de estos últimos fueron a la Comisión de Hacienda e hicieron un planteamiento que a mí me pareció superrazonable en el sentido de ver cómo se puede entender la nueva ingeniería en función tanto de los fiscales como de ellos. Para que el sistema opere, todo tiene que ir acompasado.
Imagino que les habrán hecho peticiones a los Ministros de Hacienda, quienes no son especialmente generosos ni en esta ni en ninguna otra materia, y probablemente no se pudo obtener más -los recursos no son ilimitados-, pero quisiera dejar claro que es algo que tiene que quedar como el paso siguiente. Si realmente se espera que el asunto funcione, los funcionarios han de sentirse acompañados en la áspera, difícil, pero bonita tarea de ejercer justicia. Y aquí tenemos un primer aspecto para seguir reflexionando.
Un segundo punto dice relación con la capacidad de generar metas generales en la lucha antidelincuencial. Mencioné que el monto involucrado asciende a 20 mil millones de pesos.
Lo que no pude detectar bien -el Honorable señor Zaldívar dijo que el Senador que habla se iba a referir a la cuestión- es qué se podría esperar, objetivamente, del cambio en la percepción ciudadana. Si los archivos llegan hoy a equis, ¿cuánto menos tendrían que ser a partir del nuevo esquema? ¿En cuánto puede cambiar la capacidad de lograr resoluciones que conciten la satisfacción de la gente?
La persona a cargo nos manifestó que es muy difícil anticipar un número. Pero quisiera insistir en obtener alguna determinación, porque es la única forma de saber, si el día de mañana se requieren otros 20 mil millones -voy a imaginarlo-, qué se podría esperar del cambio. Pienso que fijar este tipo de criterios nos hace bien.
Sé que la creación de las unidades de análisis criminal y de focos investigativos, que además se hallan sujetas a evaluación, apuntan en un buen sentido. Pero a mí me gustaría tener una idea más global de qué podrían esperar los chilenos a partir de un cambio tan sustancial desde un punto de vista económico.
El tercer aspecto -y deseo pedir una atención especial sobre el particular- se vincula con una nueva concepción de la carrera funcionaria.
Aquí quisiera plantear un punto. Soy partidario de esta última, pero me inquieta lo de si no estaremos repitiendo un modelo del tipo Estatuto Docente.
¿Por qué? ¿Qué dice el proyecto? Básicamente, ¿cómo se puede aspirar a mejorar el grado?
Se requiere, primero, no haber sido sancionado -ello me parece razonable- durante los últimos dos años.
Además, es preciso haber sido calificado, en los tres últimos años, con una nota promedio, en la evaluación de desempeño individual, igual o superior a 95 por ciento de la escala respectiva. Ello se refiere a casi todos los funcionarios, como se explicó recién. No hay un grado de diferenciación.
A eso se agrega el haber aprobado cursos de perfeccionamiento, diplomados o maestrías, o bien, un examen de conocimientos, lo que prácticamente hacen todos. Nunca me quedó claro cuánto invierte el Estado en el proceso. Me da la impresión de que no es mucho. Se puede hacer más. Pero tampoco pareciera haber una diferencia muy notable.
Luego se expresa -y está bien- que solo podrá ascender un número de postulantes que no supere el quince por ciento de la planta de fiscales adjuntos.
Y el criterio último es la mayor antigüedad en la institución.
Entonces, a mí me inquieta el mecanismo, porque creo que siempre -no únicamente en el caso que nos ocupa: lo he sostenido en todos- han de premiarse el mérito, la diligencia, la calidad. No se trata solo de tener buena salud para ir mejorando en la escala propia. Es necesario que se note quien despliega un esfuerzo máximo, gigantesco, para servir mejor a la justicia, a la ciudadanía. Ahí es donde siento que nos falta un criterio para el fomento de ello en los fiscales y los funcionarios.
Deseo dejar claro que todos estuvieron de acuerdo -por lo menos, cuando lo expuse- con que es preciso mejorar la forma de calificación. Lo dejo como una reflexión.
En lo personal, quiero que las cosas resulten para el bien del país, pero aquí hay un aspecto pendiente.
Por último, no es grato señalarlo, pero lo haré, porque me parece lo correcto: se establecen dos excepciones a las normas sobre las bases de la Administración del Estado.
Los cargos tienen que proveerse por concurso público. Así lo dispone, en términos generales, la ley respectiva. Una de las salvedades la comprendo más que la otra. Tiene que ver con que, en casos especiales, el Fiscal Nacional, por resolución fundada, podrá autorizar concursos internos de funcionarios, en los que, en todo caso, se deberán garantizar la transparencia y la objetividad, sobre la base de la evaluación de los méritos y la idoneidad de los postulantes. O sea, se determina que un grupo de personas no va a participar en un concurso público, sino que se faculta para realizar uno de carácter interno.
Sin embargo, me cuesta captar la lógica del artículo tercero transitorio, por lo cual pedí su votación separada, ya que dispone que veintiocho funcionarios que hoy día están a honorarios -quisiera consignar que no conozco a ninguno de ellos- serán incorporados a la planta.
Hago presente que hay 40 mil personas a honorarios en los Poderes del Estado. Entonces, si en el resto de la Administración es preciso someterse a un concurso para ascender, ¿por qué esos veintiocho funcionarios -insisto en que no tengo idea quiénes son- no pasarán por el requisito y nadie más podrá competir, en circunstancias de que puede haber algunos que deseen hacerlo por los mismos cargos?
No me parece, entonces, que ello quede bien resuelto.
En resumen, considero que este es un buen proyecto Voy a aprobarlo. Estimo que apunta al fondo del asunto. Pero quedan las reflexiones en cuanto a los funcionarios, a la carrera y a las metas de la lucha antidelincuencial.
Espero que se obtenga un buen resultado, porque pienso que, en un sentido amplio, la justicia sigue en deuda en el país, y que, en esa medida, tenemos que hacer un máximo esfuerzo para realizar mejor las cosas.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Como en este momento no se encuentra presente el Senador señor García, tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, como ya se ha intervenido bastante sobre el texto, solo deseo manifestar, en forma muy breve, que la iniciativa es muy conveniente.
Además, sigue la línea de lo que la gente está esperando, que no es solo modernizar el Ministerio Público, sino también entregarle más recursos. Cuando se le otorgan más fondos, más profesionales, más colaboradores, más elementos técnicos, más poder de investigación, más posibilidades, no se apoya únicamente la labor de los fiscales, sino también, de manera absolutamente directa, a las personas, que necesitan una fiscalía, a través del rol de la institución, cada día más cercana y eficiente.
Por esa razón, el proyecto de ley resulta muy importante, ya que, definitivamente, cuando se considera el análisis en la opinión pública, no solo el problema de la delincuencia ha revestido siempre la máxima relevancia y prioridad, sino que también, como es obvio, empiezan a surgir peticiones de encontrar a los culpables. Y unos y otros se asignan responsabilidades. ¿El Poder Legislativo, por no hacer buenas leyes? ¿El Poder Ejecutivo, por no coordinar bien la labor de las policías? ¿El Poder Judicial, que no enjuicia ni investiga ni deja detenidos a quienes corresponde? En fin. Siempre se emiten juicios, sobre todo de carácter valórico, respecto a los grandes responsables de las dificultades que se enfrentan en la materia.
A mi juicio, es un error considerar siempre que habría un solo gran responsable. La situación es mucho más multisistémica y tiene que ver con numerosos otros aspectos relacionados que a lo mejor no se ven por estar a menudo bajo una capa.
En consecuencia, me parece que sigue una línea correcta y positiva todo lo que sea entregarles recursos y darles visibilidad a quienes pueden investigar, que son los fiscales.
Muchas veces, la gente se queja de ellos, pero la verdad es que, en general, no tiene idea de la carga horaria y de trabajo que los afecta, de los pocos elementos de apoyo con que cuentan y, evidentemente, de la cantidad de casos que cada uno debe atender, que excede las condiciones humanas y físicas.
Además, en general, no hay un sistema adecuado, sistematizado, respecto a numerosas causas. Por eso, es muy frecuente que se cometan injusticias, aun cuando suene controvertido o contradictorio plantearlo. Ello se genera en cuanto a las posiciones que puede mantener uno u otro fiscal, una u otra fiscalía, según la Región en que se desempeñen. Entonces, se desconocen cuáles son los hechos que rodean a una persona investigada o que ya lo fue en otra fiscalía.
Dicho lo anterior, señor Presidente -no quiero alargarme, ya que aquí ya se han hecho muchas consideraciones de carácter más técnico por los miembros de la Comisión correspondiente-, deseo aprovechar la presencia del Fiscal Nacional para señalar que siempre he sido una profunda admiradora del rol del Ministerio Público y de los fiscales en particular. Me parece que estos han desempeñado un papel espectacular en la búsqueda de la transparencia y que no han temido enfrentar, cuando han tenido que hacerlo, a bandas delictuales peligrosas que los han amenazado. Muchos casos en que han estado en situación de riesgo han sido públicos y otros no. Creo que lo mencionó el Senador señor Harboe en algún momento de su intervención.
Quisiera agregar que también aplaudo lo logrado en el último tiempo por el Ministerio Público con la investigación tendiente a transparentar los vínculos a menudo espurios entre el dinero y la política, porque todo lo que sea la búsqueda de ese objetivo, en especial en las actividades de carácter público, debe ser siempre absolutamente correcto y bienvenido.
Obviamente, mi voto será a favor del proyecto.
El señor PÉREZ VARELA.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER (don Ignacio).- Sí, ábrala.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- A continuación está inscrito el Senador señor De Urresti, quien no se halla en el Hemiciclo.
Por lo tanto, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, todos los lunes, a la hora de almuerzo, los Senadores de la Alianza nos dedicamos a analizar distintas iniciativas de ley, y siempre lo hacemos con altura de miras, cualquiera que sea el caso.
En virtud del proyecto en debate, quise escribir algunas líneas, en el entendido de que los Senadores Larraín, Coloma, Harboe, De Urresti, García, Espina, Araya, Montes y Zaldívar han tenido una especial preocupación sobre la materia.
No obstante, me gustaría precisar algunos puntos.
Primero, que esta iniciativa viene de la Administración del Presidente Piñera, y que el actual Gobierno la mantuvo sin movimiento desde marzo del 2014 hasta marzo del 2015, a pesar de todas las necesidades que afectan al Ministerio Público, organismo que es esencial para terminar con uno de los peores índices que muestra el actual Gobierno: el de la seguridad ciudadana.
Por supuesto, todos los gobiernos anteriores -incluido el que yo apoyé- enfrentaron dificultades en materia de seguridad pública. Pero, "otra cosa es con guitarra". Hoy, la responsabilidad de la delincuencia es de la Administración de turno.
Asimismo, pienso que la seguridad ciudadana debe ser asumida con responsabilidad, como una cuestión de Estado, lo cual dependerá de la voluntad que tenga el mundo político.
Si bien es cierto que el Ejecutivo incorporó aportes positivos al proyecto, perfeccionándolo, no ha sido capaz de conformar ni de llegar a un acuerdo con la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, que también incluye a los empleados de las Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de la mía: la de Los Lagos.
Al parecer, estos funcionarios argumentan, con buenas razones, que el proyecto de ley todavía discrimina -y esta palabra no la utilizo yo, sino quienes no se sienten incorporados- entre la carrera funcionaria que hacen los señores fiscales y la que desarrollan los demás funcionarios del órgano persecutor, como es el caso de los administrativos, los psicólogos, los ingenieros e, incluso, los abogados asistentes que trabajan en el Ministerio Público.
Lo ideal hubiese sido que el Gobierno, y especialmente el nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública, pudieran haber tenido un mayor diálogo con dicha organización gremial antes de llegar a esta instancia de tramitación de la iniciativa. En el futuro deberemos hacernos cargo, por supuesto, de las omisiones e imperfecciones -por llamarlas así- que ella presente.
Como señalé anteriormente, el proyecto de ley, en términos generales, es un aporte positivo para la persecución de los delitos, pues, entre otras cosas, incorpora más fiscales y funcionarios dedicados a tal propósito, así como también crea -y es importante señalarlo- el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el que, sin duda, contribuirá fuertemente a la persecución de los delitos más comunes que se cometen en cada región.
En ese sentido, el haber puesto a las unidades que manejarán este sistema bajo la potestad de cada fiscal regional constituye un acierto, toda vez que son ellos quienes conocen de mejor manera la realidad delictual de cada región, la que muchas veces varía, dependiendo de múltiples factores geográficos, climáticos, culturales, etcétera.
Por lo demás, señor Presidente, de esta forma avanzamos en la todavía lejana descentralización del país, que a veces solo pareciera encontrarse en el discurso elocuente.
Con todos estos nuevos recursos humanos y herramientas de funcionamiento, que implican cuantiosos recursos provenientes de todos los chilenos, esperamos que el Ministerio Público pueda contribuir más todavía, en su desempeño, a la reducción de los índices de delincuencia y a mejorar la percepción de vulnerabilidad que tiene la opinión pública en materia de seguridad ciudadana.
No me cabe duda alguna de que este proyecto de ley será un aporte a tal fin, el que, asimismo, se cumplirá en la medida en que todos los fiscales investiguen con igual entusiasmo -y en algunos casos, con elocuencia- todos los hechos constitutivos de delito, sin distinción alguna. Porque hay millones de chilenos que sufren en el anonimato la delincuencia y viven cada día más asustados, con temor y miedo, enrejados en sus casas, por los asaltos en sus barrios, el tráfico de droga en sus poblaciones, las peleas de bandas juveniles y de traficantes, los abusos sexuales y las violaciones.
De este modo, señor Presidente, solo pedimos profesionalismo en la persecución de los delitos.
Así las cosas, celebro la ley en proyecto, porque viene a contribuir a la lucha contra la delincuencia, reforzando una institución que es esencial para conseguir una disminución en la impunidad que existe con relación a múltiples y verdaderos delitos comunes que afectan a gran parte de nuestra población.
Aquí, en el Senado, señor Presidente, he aprendido que, en términos generales, los proyectos de ley que benefician a Chile se aprueban sin complejos y de acuerdo a su mérito.
Votaré a favor.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto, esperando que el fortalecimiento que se hace del Ministerio Público y el aumento del número de fiscales y de profesionales contribuyan sustantivamente a dar mayor seguridad y protección a la ciudadanía.
Simplemente, quiero consultar algunos datos relacionados con el aumento de fiscales en La Araucanía. Es de conocimiento público la situación especial que vive mi región. Tenemos un conflicto, que muchas veces se manifiesta de manera muy agresiva, con delitos extraordinariamente violentos que ponen en riesgo, por supuesto, la paz, la seguridad y la tranquilidad de miles de habitantes de la zona.
Por lo tanto, el fortalecimiento de la Fiscalía Regional de La Araucanía, para encontrar a los responsables de esos hechos de violencia, aislar a los violentistas y asegurar la paz y la tranquilidad, constituye una tarea absolutamente vital.
En consecuencia, entendiendo que no hay cupos regionales, pero entendiendo también que este proyecto responde a estudios que se han realizado sobre la necesidad de fortalecer las distintas unidades territoriales, y dado que en La Araucanía vivimos una situación especial, me gustaría que la señora Ministra de Justicia nos indicara cómo se va a proceder respecto de la Novena Región, considerando que actualmente hay allí ocho funcionarios a honorarios, que se requiere un aumento de su planta y, entre otras cosas más, reforzar la Fiscalía de Pitrufquén a raíz de la creación del Juzgado de Toltén.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, al aprobar el proyecto que fortalece el Ministerio Público, lo hacemos desde la perspectiva de la urgente necesidad de mejorar los índices en la lucha contra la delincuencia.
Desde ya, sería incorrecto sostener, desde el punto de vista de la percepción ciudadana sobre la delincuencia, que la falta de seguridad es culpa del Ministerio Público, pues este organismo actúa una vez cometido el delito. Al respecto, me parece que todos los gobiernos de nuestro país han fracasado en el propósito de tener una política integral que aborde adecuadamente la prevención, particularmente en lo que se refiere a los niños, el control -o sea, una vez cometido el delito- y la rehabilitación.
Al leer encuestas sobre la materia, cualquiera de nosotros se dará cuenta de que la percepción ciudadana acerca de los malos resultados que obtiene el país en términos de los delitos que se cometen es sistemática.
Este proyecto tiene por objeto entregarle al Ministerio Público los instrumentos y las herramientas que la misma institución ha pedido para lograr mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, especialmente en lo que le corresponde, que es realizar investigaciones exitosas que permitan identificar, detener y condenar a los infractores.
En materia de robos y de hurtos se observan cifras francamente alarmantes. Y quiero reconocer la transparencia que tuvo el Fiscal Nacional, que hoy nos acompaña, cuando fue a la Comisión de Constitución -también lo hizo en su cuenta- al sostener que en los delitos contra la propiedad es donde francamente estamos obteniendo malos resultados.
Las cifras así lo indican.
Según los datos que entregó el propio Ministerio Público respecto del año 2014, en materia de robos y robos no violentos se presentaron 361 mil casos, de los cuales 24 mil 800, es decir, el 7 por ciento, terminaron con sentencia condenatoria. 336 mil quedaron sin resultados, por distintas razones: muchos de ellos porque los imputados eran desconocidos; muchos porque no se aportaron los antecedentes probatorios necesarios o porque los jueces de garantía establecen estándares probatorios tan altos para varios delitos de esta clase que finalmente resulta imposible, a veces, lograr una condena.
Si revisamos lo indicado por la Policía de Investigaciones en su informe de 5 de septiembre de 2014, veremos una cifra que yo pensé que sería alarmante cuando se diera a conocer. Pero pareciera que en materia de seguridad ciudadana ya nada alarma.
El año 2007 había 110 comunas, distribuidas en 402 poblaciones, villas o sectores, que exhibían tráfico de drogas. Esta cifra, llevada al 2013 -estoy hablando de un documento oficial de la PDI-, aumenta a 169 comunas, distribuidas en 1.660 poblaciones, villas o sectores, lo que significa un incremento de 53 por ciento respecto de las comunas, y de 312 por ciento en términos de poblaciones, villas o sectores.
Cuando conocí estos datos, a los que se agrega una cifra de 66 mil órdenes de detención pendientes por juzgados de garantía y tribunales orales, imaginé que se iba a generar un gran debate nacional, una conmoción por estos resultados.
La verdad es que en materia de drogas y de delitos contra la propiedad, fundamentalmente robos en casas particulares, en la vía pública o locales comerciales, los índices están disparados. Pero vuelvo a señalarlo, y lo recalco: no sería justo ni correcto sostener que la responsabilidad por ello está radicada exclusivamente en el Ministerio Público. Sin embargo, no hay duda de que el sistema está funcionando mal.
Las políticas de prevención no existen. Es increíble que en Chile sigamos teniendo una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que funciona pésimo. No conozco a ninguna persona que haya ido a la Comisión de Constitución que diga que funciona bien. Los fiscales señalan que contiene errores; lo mismo las autoridades de Gobierno. Pero ahí está la ley, exactamente igual. Y en términos de rehabilitación, cifras más, cifras menos, también funciona mal.
Lo importante es que este proyecto, en conjunto con la Fiscalía, logrará una mejoría muy importante: entregará instrumentos y herramientas para que el Ministerio Público pueda cumplir mejor su labor. Eso es un avance. No obstante, aún queda pendiente todo el tema de las policías, el de la legislación.
Sigo considerando inconcebible que no se realicen cambios a situaciones que desde hace años impiden a los fiscales tener suficientes atribuciones para poder actuar, en determinados casos, de forma inmediata frente a un delincuente, o la posibilidad de una coordinación adecuada con la policía. Porque, cuando uno habla con esta, se sostiene que los fiscales no le dan las instrucciones adecuadas, y cuando uno habla con los fiscales, se señala que la policía investiga mal. La falta de coordinación allí es evidente.
Ahora, el proyecto presenta varios avances relevantes que me gustaría destacar. Y voy a partir por uno que no ha sido mencionado.
A mi juicio, uno de los puntos más importantes es el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, al que ya se refirieron otros señores parlamentarios, correspondiente al artículo 37 bis. Es primera vez que se crea un mecanismo que, recogiendo la información de todas las regiones y atendiendo a la realidad de cada una de ellas, permitirá un análisis que realmente ayudará a enfrentar al mundo delictual, tanto para identificar y detener a los autores de los delitos como para conocer los modus operandi que utilizan.
Este sistema será evaluado dentro de tres años.
Lo que quiero destacar -lo dije en un medio de comunicación y lo repito ahora- es que el Fiscal Nacional -cosa que no es muy usual en las instituciones- no solo aceptó sino que propició que, para los efectos de la evaluación de dicho sistema, se contratara, previa licitación pública, a una entidad evaluadora externa, a lo cual yo le doy gran importancia.
Para quienes hemos estado vinculados al tema, tratando de ayudar en el ámbito de la seguridad ciudadana, esa ha sido una batalla -la señora Ministra lo sabe perfectamente bien- enorme.
Creo que es un ejemplo lo que está haciendo en esa materia la Fiscalía, porque no muchas instituciones del área se abren y dicen: "Voy a contratar una auditoría externa para que estudie las políticas que estoy aplicando y evalúe si son buenas o malas".
Yo le doy un enorme valor y me parece que refleja un cambio de actitud muy relevante.
Otro tema muy importante que quiero mencionar es un hecho no menor, pero que todavía tiene una pata coja.
No solo se aumentan los fiscales en un número bastante significativo -en promedio, del orden del 15 por ciento del total de funcionarios de la institución-, sino que además se da la posibilidad de que el Ministerio Público otorgue atribuciones a los asistentes de fiscal -que estos ya tienen, en parte- para los efectos de concurrir a muchas de las audiencias de tramitación de los procesos, excluida la audiencia del juicio oral, lo que significa un plus en el propósito de lograr mayor cobertura.
Aquí queda pendiente el reclamo de quienes se desempeñan en el ámbito administrativo, que consideran que sus remuneraciones no son las debidas o adecuadas y que probablemente, si algunos de los abogados asistentes se van a ir a reemplazar o sustituir provisoriamente a los fiscales adjuntos o al menos van a ser autorizados para actuar con sus atribuciones, van a sufrir una recarga de trabajo relevante.
Sobre este punto, creo que es bueno dialogar, escuchar los argumentos, ninguno de los cuales puede significar detener el proyecto -tampoco me lo han planteado así, sino que, por el contrario, que hay que despacharlo-, pero siempre debemos estar abiertos a que las cosas se puedan hacer mejor.
Además, le doy un valor enorme a la existencia de una cuenta anual, que tiene el mérito -hay que reconocérselo a la Fiscalía, sobre todo cuando a un Fiscal Nacional le va quedando poco tiempo en el ejercicio de su cargo por estar próximo el cumplimiento de su período- de ir dejando ciertos legados.
Junto con el Sistema de Análisis Criminal, el establecer en la cuenta un Plan Institucional Anual mucho más detallado del que existe hoy es, sin lugar a duda, un aporte.
¿Me da un minuto más, señor Presidente, para poder terminar?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Un minuto.
El señor ESPINA.- Gracias.
Sin duda, es un aporte muy relevante porque el Plan Institucional Anual -es conveniente señalarlo- debe contener "los objetivos estratégicos, los bienes o servicios y los indicadores de desempeño, o elementos de similar naturaleza, que posibiliten la medición del grado de cumplimiento en sus distintas líneas de acción y por región".
Es muy importante porque, en el fondo, el Fiscal Nacional, al igual que los fiscales regionales, va a tener que elaborar un plan. ¡Y no uno cualquiera!; pues al año siguiente se deberá medir si todos los indicadores que propuso se cumplieron o no.
En síntesis, señor Presidente, creo que la Comisión ha realizado un buen trabajo.
De otra parte, no tiene sentido pretender adueñarse de esta iniciativa. Al efecto, he escuchado dos versiones: primero, que el proyecto era del Gobierno anterior y que la Administración actual lo cambió íntegramente; segundo, que efectivamente era del Gobierno anterior, por lo cual el mérito sería suyo.
Les quiero decir que aquello es la única manera como no se deben enfrentar los temas de seguridad ciudadana. Da lo mismo si la iniciativa partió en el Gobierno anterior o en el actual. Lo relevante es que los proyectos sean buenos, pues es lo que la ciudadanía espera hoy de nosotros.
Vamos a votar a favor del proyecto, porque representa un aporte y, además, porque entrega herramientas e instrumentos para mejorar las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Me han pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor QUINTANA.- ¡Ya era hora!
El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- Pero sin acortar los tiempos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Acordado.
Ya me habían solicitado respetar los tiempos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se hace presente que, de acuerdo a la resolución de la Sala, el texto se debe votar en general y particular a la vez, con la sola excepción del artículo tercero transitorio, para el cual se pidió votación separada oportunamente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación general y particular el proyecto, con la salvedad que hizo el señor Secretario.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda la iniciativa que hoy analizamos es una de las más importantes que se han examinado en esta materia desde que entró en vigencia la reforma procesal penal, que cumplirá quince años de existencia en diciembre del año en curso.
Este proyecto contempla el mayor aumento de funcionarios del Ministerio Público desde el inicio de la reforma procesal penal.
Uno podría sentirse tentado de realizar un estudio completo para ver qué ha sucedido con esa reforma. En lo personal -lo he dicho y lo sostengo acá-, creo necesario discutir cómo ha funcionado el sistema.
Hay quienes lo entienden y que lo defienden -me incluyo entre ellos- señalando que ha sido muy bueno. Por cierto, presenta falencias que se deben corregir. Pero, en líneas gruesas, ha resultado: actualmente existe mayor cantidad de condenados que con el sistema antiguo y con penas bastante más altas.
Uno de los problemas de la reforma procesal penal, y que en cierta medida aborda este proyecto de ley, es aquel que dice relación con una discusión pendiente que como país nunca hemos sostenido y que las instituciones de seguridad y el Gobierno tampoco han sincerado: la existencia de políticas criminales; es decir, qué tipos de delitos se van a perseguir y hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos de persecución penal. Obviamente, con los recursos que se entregan al sector de la justicia dedicada a la persecución penal (policías, Ministerio Público y Poder Judicial) es imposible aclarar el cien por ciento de los ilícitos. Y eso conlleva a que el Ministerio Público decida de manera selectiva qué tipos de delitos se persiguen.
Por eso, muchas veces, con justa razón, se critica que la persecución penal está muy marcada por la temperatura ambiental; o sea, por cuántas veces aparece determinado delito en televisión. Por ejemplo, la prioridad del Gobierno pasado fue perseguir a las bandas que se dedicaban a robar cajeros automáticos, aun cuando se pudiera percibir que por política criminal era mejor acabar con otro tipo de delitos más complejos.
En esa línea, el proyecto se divide en tres grandes partes.
La primera, como ya señalé, contempla un aumento de dotación de 577 nuevos funcionarios para el Ministerio Público (122 nuevos fiscales). Prácticamente, se incrementa la planta del Ministerio Público en 15 por ciento.
En ello hay una diferencia con la iniciativa original que aprobó la Cámara de Diputados, porque, de modo inicial, esta dispuso una dotación de aproximadamente 340 nuevos funcionarios. Producto de la discusión habida en la Comisión de Constitución se aumentó el número a 577. Y ello repercute directamente en la persecución criminal, no solo en cuanto a que vamos a contar con más fiscales para sostener la investigación y la acción penal ante los tribunales, sino también en cuanto a la calidad de atención que se les va a otorgar a las víctimas y a los testigos. Esta mayor cantidad de funcionarios, obviamente, tiene que redundar en una mejor atención a la víctima, al testigo que concurre a la fiscalía a prestar testimonio, a dar cuenta del hecho delictual.
Hoy, con la sobrecarga de trabajo del Ministerio Público, es imposible que se pueda atender con la misma calidad a todas las víctimas y testigos, pues el tiempo de atención que en numerosas ocasiones demanda una de ellas es bastante grande y, además, se topa con otras citaciones que puedan tener.
Esperamos que este aumento de funcionarios se traduzca también en una mejor calidad de atención para las víctimas y los testigos.
La segunda parte del proyecto dice relación con la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
Como ya se manifestó, estas nuevas Unidades se van a centrar en el estudio de delitos de mayor connotación social, definidos como aquellos de mayor impacto en la seguridad de las personas, ya sea porque afectan su patrimonio, su integridad física o psicológica, o porque presentan una alta concurrencia.
La idea de esto, sobre la base de una expresión muy poco feliz -según nos han explicado tanto desde el Ministerio Público como del Ministerio de Justicia, se usa a nivel internacional-, es poder determinar cuáles son los mercados delictuales existentes en nuestro país y, a partir de ahí, centrar los esfuerzos de persecución penal.
La creación de las Unidades de Análisis Criminal va a permitir que el Ministerio Público genere una política criminal y sincere las cifras para poder decir a qué van a dedicar la persecución penal, dónde se van a centrar los grandes objetivos del Ministerio Público en materia de persecución penal.
Obviamente, tales Unidades, que parecieran ser del todo razonables, posibilitarán que los fiscales de distintas regiones compartan la información que manejan respecto del actuar, de los modus operandi de los delincuentes, con el fin de establecer si existen o no patrones de actuación.
En numerosas oportunidades -lo conversamos con el Fiscal Nacional y con los integrantes de la Fiscalía que nos acompañaron en la discusión-, una fiscalía regional carece de antecedentes acerca de un delito cometido en otra región, al no existir una unidad que cruce la información.
Lo que se pretende con estas Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, una vez que entren a operar en todo Chile y luego de evaluarse su desempeño, es contar con un sistema eficaz de levantamiento de información. Y esto no se refiere solo a una simple estadística criminal. Aquí no se busca saber cuántos o qué tipos de delitos se cometen. Lo que se pretende es conocer el detalle del modus operandi de los delincuentes, y a partir de eso generar políticas de persecución penal.
En este punto hay que hacer mucho hincapié en los focos investigativos, pues se trata de aquellas unidades que deberán perseguir los delitos de forma tal que la persecución penal sea bastante más eficiente para identificar al delincuente, al autor de un hecho delictual, así como también para sostener la acción penal en los tribunales.
Uno de los temas que más se discutieron en la Comisión fue que muchas veces la calidad de la investigación llevaba a que los tribunales, por el estándar probatorio que se exigía, terminaran absolviendo a personas que habían cometido un ilícito.
Un tercer aspecto importante de destacar dice relación con el Plan Institucional Anual.
Quiero reconocer la voluntad del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en orden a avanzar en una norma legal que establezca mecanismos eficaces para medir el trabajo del Ministerio Público.
El Plan Institucional Anual no se refiere a la cuenta pública que hace el Fiscal para dar a conocer cuántos delitos se cometieron, de qué tipo fueron, cuántos detenidos hubo y cuántos llegaron a juicio. El Plan Institucional Anual busca que el Ministerio Público se sincere y diga cuáles serán sus metas de persecución penal. Por ejemplo: "queremos, en el Plan Institucional Anual del próximo año, bajar las cifras de robos en casas y determinar, efectivamente, quiénes cometen este tipo de delitos".
El Plan Institucional Anual obliga a que el Ministerio Público fije una política criminal. Y tanto los ciudadanos como el Congreso podrán verificar si se cumple o no lo que el Fiscal Nacional o los fiscales regionales proponen.
El Plan Institucional Anual puede llegar a ser una herramienta eficaz que le permita a la ciudadanía comprender qué hace el Ministerio Público, si cumple o no las metas. De ese modo, este Plan será motivo de discusión pública para ver dónde se van a poner los esfuerzos en materia de persecución penal.
Como último tema, señor Presidente, quiero decir que entendemos y nos hacemos cargo de lo señalado por dos asociaciones del Ministerio Público: ANFUMIP y FENAMIP.
Comprendemos que existen materias que esta iniciativa no resuelve en forma adecuada y, obviamente, tendrán que motivar que el Gobierno presente un nuevo proyecto de ley o establezca una nueva mesa de trabajo con los funcionarios, con el objeto de resolver tres aspectos que, a nuestro juicio, serán complejos y que resulta primordial solucionar.
El primero se refiere al pago de la asignación profesional a los administrativos y auxiliares, lo cual no se contempla en el texto que nos ocupa.
Lo segundo tiene que ver con las normas de fiscalización laboral. Sabiendo que el Ministerio Público es un organismo autónomo, entendemos que dicha autonomía no significa necesariamente que no esté bajo el control de los tribunales del trabajo, por ejemplo, en temas de tutela laboral.
Entonces, esa es una cuestión por zanjar, dado que se han presentado algunas dudas interpretativas en cuanto a si la Contraloría puede fiscalizar lo relacionado con temas laborales o si, eventualmente, lo podrían hacer los juzgados del trabajo.
Un tercer punto, señor Presidente, respecto del cual nos han hecho saber su preocupación estos funcionarios -queremos dejar constancia de ello en la discusión-, es que al haberse aprobado una serie de normas que en la actualidad posibilitan que los asistentes de fiscal puedan ir a audiencia y ordenar diligencias que la ley original del Ministerio Público no les permitía, existe fundado temor de que se produzca una sobrecarga laboral en los administrativos y en los auxiliares, tal como me han manifestado los funcionarios de la Región de Antofagasta, a quienes les preocupa tener que asumir tareas que hoy no realizan.
Hechas esas consideraciones, señor Presidente, debo decir que pienso que este es un muy buen proyecto, que apunta a un fortalecimiento claro del Ministerio Público. Y esperamos que las nuevas herramientas que se crean, el Plan Institucional Anual y las Unidades de Análisis Criminal y de Focos Investigativos, sean eficaces en la generación de política criminal para, a partir de eso, ir sincerando como país las cifras relativas a qué vamos a perseguir como delito y qué no.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a los asistentes a las tribunas no hacer manifestaciones. Nuestro Reglamento lo prohíbe.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, por respeto a quienes han venido especialmente por el proyecto siguiente, relativo a las cooperativas, voy a ser muy breve.
La iniciativa en debate va en línea con la demanda ciudadana que tiene que ver con la seguridad de las personas, y no cabe duda de que esta última depende de cómo funcionan las fiscalías, el Ministerio Público y las policías. Por eso, me parece que ella representa un avance importante en materia de seguridad ciudadana.
No me voy a extender con respecto al proyecto. Ya lo han hecho, y muy bien, los Senadores que me antecedieron. Anuncio simplemente mi voto a favor, con la esperanza de que los colegas abrevien también sus intervenciones a objeto de atender a las asociaciones de cooperados que han venido en reiteradas oportunidades a Valparaíso para presenciar el despacho de esa iniciativa que tanto anhelan.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a las personas que nos visitan no aplaudir, por favor.
Ya sabemos del interés de ustedes por que se vea el proyecto siguiente.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que la buena nueva de una ley que favorezca al Ministerio Público dice relación con la preocupación central de la ciudadanía, el combate al delito, y se asocia a una mejora institucional. Pero, como bien lo sabe el señor Fiscal Nacional, también se vincula a resultados concretos.
Habrá un aumento importante de los funcionarios del Ministerio Público o, más bien, de los asimilados a la tarea investigativa. Son 577 los nuevos cargos, de los cuales 122 corresponden a fiscales adjuntos, 203 a profesionales, 82 a técnicos y 170 a administrativos.
En los hechos, es la creación de un nuevo ministerio. ¡Hay ministerios mucho más pequeños que el que existirá con este aumento!
Entonces, el desafío que se le impone a la Fiscalía Nacional es mayor. Y conviene tener presente la complejidad de lo que se aborda.
Ya en el Gobierno anterior, del Presidente Sebastián Piñera, se dijo: "Se les acabó la fiesta a los delincuentes". Luego se debió reconocer que derrotar a la delincuencia es una tarea muy muy difícil y compleja. Porque el enfoque no puede ser solamente investigativo ni sancionatorio, sino, a la vez, preventivo.
Hace unos días aprobamos aquí una iniciativa de ley en materia de ascensos en Gendarmería. Y dejamos pendiente lo relativo a aquellos que trabajan en la prevención. Soy de los que creen que, aunque pongamos mil funcionarios más en la Fiscalía y 10 mil más en Carabineros, si no hay prevención, y particularmente rehabilitación y reinserción social, sobre todo con los primerizos -23 por ciento de las 57 mil personas encarceladas, a las que deben sumarse otras 50 mil en régimen abierto-, esto va a ser infinito.
O sea, si no nos preocupamos de la rehabilitación de un delincuente de 13 años que escala paredes y entra a los departamentos, este será un cliente habitual de las cárceles, de los tribunales, del Ministerio Público. Por tanto, la tarea preventiva es también muy importante.
Dicho eso, anuncio que voy a votar a favor del proyecto, porque sin duda representa un avance sustantivo en aliviar la recargada agenda del Ministerio Público. Entonces, bienvenido sea el nuevo régimen de subrogancia y suplencia de fiscales. Es un reconocimiento también a los abogados asistentes, que ya estaban trabajando duramente y a los que hoy la ley viene a reconocer una condición distinta. Y espero que eso se refleje en lo remunerativo. Es decir, que el cariño del Estado no solo consista en decirle: "Ahora tiene más potestad", sino que también se acompañe de una adecuada remuneración.
La creación de las Unidades de Análisis Criminal (UAC) va a proporcionar mejor investigación.
El Plan Institucional Anual es otro instrumento.
Sin embargo, quiero señalar que el Ministerio Público podrá mejorar sus investigaciones y los tiempos en que ellas se llevan a cabo si efectivamente los fiscales y todos los funcionarios cuentan con una carrera que les ofrezca opciones de proyección y desarrollo laboral, que en la actualidad no tienen.
Por eso, este aumento del 27 por ciento del presupuesto del Ministerio Público es un hecho digno de destacar, pero debe tener un correlato institucional bastante más amplio. Es decir, se debe atender a los puntos de interés que no han sido recogidos por el proyecto de ley, vinculados a las asignaciones profesionales y a la cantidad de años que tienen que transcurrir para que se produzcan los ascensos, principalmente en los estamentos más bajos.
Queremos mejorar el Ministerio Público, pero en su integridad.
Uno de los objetivos del sistema procesal era superar el esquema juez del crimen/actuario que caracterizaba al antiguo sistema. Sin embargo, en la práctica tal esquema se sigue aplicando al interior del Ministerio Público, pues las tres cuartas partes del tiempo de un fiscal se ocupan en audiencias.
Por más que se pretenda mediante este proyecto superar ese problema por la vía de incorporar abogados asistentes que vayan a las audiencias, se soslaya el hecho de que, como los tribunales funcionarán durante las tardes, en la práctica aquellos se van convertir en pseudofiscales o en medio fiscales, que gastarán buena parte de su tiempo en audiencias y dejarán consecuentemente de estar presentes en la oficina de la Fiscalía.
Por cierto, circunstancias como estas generarán una sobrecarga de trabajo para otros funcionarios, quienes terminarán asumiendo las investigaciones criminales.
Se ha hecho hincapié en que los funcionarios acabarán no solo desarrollando tareas para las cuales no están profesionalmente calificados, sino también haciéndose cargo de los costos de la grave polifuncionalidad y falta de dotación.
En materia de asignaciones profesionales, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ellas deben entenderse asimiladas a las del Poder Judicial, porque la función que cumple la Fiscalía es también judicial. Tan es así que, sin los insumos que provee, ni el juez de garantía ni el juez del tribunal oral podrían desarrollar sus labores.
En consecuencia, resulta incomprensible que la asignación profesional no sea reconocida para los auxiliares y administrativos, sobre todo si se considera que la labor de investigación criminal ya no se limita solamente a deber tomar una declaración, sino que presenta para todos los funcionarios involucrados desafíos que pueden revestir complejidad, como tener que estudiar medidas cautelares y de protección, analizar el cumplimiento de disposiciones legales y tratar con menores de edad, víctimas posibles, imputados, testigos, etcétera.
Por eso, señor Presidente, sin perjuicio de todos los beneficios que trae el proyecto, aprovecho la presencia de la Ministra Javiera Blanco para señalar que se echan en falta algunos elementos que esperamos sean abordados a la brevedad.
La asignación profesional representa no solo una posibilidad para que los funcionarios de los estamentos más bajos profesionalicen su actividad, sino además una señal para las expectativas de quienes cuenten con calificación apropiada, porque en el futuro pueden convertirse en abogados asistentes e, incluso, en fiscales. ¡Eso es carrera funcionaria!
De ahí que equiparar la situación del Ministerio Público con la del Poder Judicial a un costo anual, según estimaciones de la Dirección de Presupuestos, de entre mil y 2 mil millones de pesos, resulta una medida de mínima justicia, tal como ha señalado en la Comisión el Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, Claudio Carvallo.
Entonces, uno esperaría que nuestro Gobierno, particularmente el Ministerio, tomara nota y atención de estos aspectos. El proyecto representa un avance sustantivo. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio de hace seis años, señala que se debiera contar con una estructura de entre 800 y mil funcionarios.
Es decir, seguimos avanzando, pero aún queda camino por recorrer.
Señor Presidente, el aumento de dotación va a oscilar entre 10 por ciento y 32 por ciento a lo largo del país. No he visto en detalle cómo se incrementará el porcentaje en cada una de las regiones. Imagino que va a existir una proporcionalidad respecto del número de habitantes y de la carga de tarea del Ministerio Público. Y confío en que sea equitativa, en particular con la Región del Biobío.
No obstante, queda pendiente la preocupación de los funcionarios por las asignaciones profesionales de auxiliares y administrativos del Ministerio Público. La Ministra señala que ello es objeto de revisión y análisis por parte del Ejecutivo. Y uno esperaría que esos funcionarios tuvieran una pronta respuesta.
Ojalá no cometiéramos el error en el que hemos incurrido con los profesores y con personas de otros estamentos que hoy están en paro, como los funcionarios de la JUNAEB.
En nuestro país, ¡si no hay movilización, no hay respuesta a las demandas!
Uno desearía que el Estado fuera un mejor empleador -¡en realidad, es pésimo!- y se preocupara de resolver la situación de los trabajadores a contrata y a honorarios, y que se hiciera cargo de modo proactivo de las peticiones de los funcionarios, particularmente de los de más abajo, quienes tienen menos posibilidades de reclamar y de hacer valer sus derechos.
En definitiva, no debiéramos esperar ningún tipo de movilización para dar solución a dichas demandas, menos del Ministerio Público, donde a todos los queremos ver trabajando duro para combatir la delincuencia.
Además, se trata de una tarea que presenta riesgos insospechados para todos los funcionarios, porque el que toma la declaración es igual de vulnerable que el fiscal que está llevando a cabo la investigación.
Por lo tanto, señor Presidente, este proyecto constituye un avance en la lucha contra la delincuencia, que es un propósito de toda la ciudadanía.
Termino diciendo que sería un error descansar en el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, ante situaciones difíciles. Porque, al final, le cargan a él todos los procesos de investigación más complicados, particularmente los que involucran a delincuentes de cuello y corbata. Estoy de acuerdo en que actualmente hay más pega en este ámbito: antes no se les perseguía, ahora sí. Queremos que se condene y encarcele a todos los que cometan delitos. No porque tengan corbata son menos delincuentes.
En consecuencia, deseo que esta iniciativa sea aprobada, con las consideraciones que he señalado con relación a los funcionarios del Ministerio Público.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego no aplaudir a quienes se encuentran en las tribunas.
Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, como ya se ha dicho, la reforma procesal penal está cumpliendo diez años desde su entrada en pleno régimen en todo el territorio nacional. Por tanto, era oportuno y necesario hacer una revisión de las cargas de personal y una actualización de la planta del Ministerio Público.
De hecho, el número de causas que lleva hoy cada fiscal, en promedio, supera prácticamente más del doble de la cantidad original, lo cual da cuenta de una sobrecarga de trabajo. Ante ello, surge la necesidad no solo de una actualización, sino también de un aprendizaje basado en la experiencia de una década con este sistema frente a una delincuencia cada día más compleja, audaz y agresiva.
Esto último ejerce presión sobre los fiscales y todos los demás niveles del escalafón del Ministerio Público. Por lo mismo, en la adecuación general de la planta, llama la atención que, conforme al aumento de dotación propuesto, la mayor parte de los cargos que se crean pertenezca al área de los fiscales y profesionales, y que los técnicos y administrativos representen una cifra bastante inferior. No sé cómo funciona la lógica de la sala y de los equipos de investigación, pero evidentemente es probable que a futuro se tenga que revisar esa situación.
No se trata solo de actualizar las plantas, sino también de modernizar el servicio. Estamos todos conscientes de que hoy la lucha más eficaz contra la delincuencia es cuando se ataca al crimen organizado.
En este sentido es una pena que en esta materia no exista un sistema digitalizado que permita compartir archivos entre los distintos actores de la seguridad nacional, asegurando la conexión con la Fiscalía, pero también con las policías. Necesitamos coordinar el trabajo investigativo, sobre todo porque los antecedentes disponibles revelan que opera un tipo de crimen que cuenta con redes, tiene poderes y actúa en diferentes niveles de complejidad, lo que obliga a funcionar con un sistema de seguridad y justicia más preciso.
Mejorar la carrera funcionaria era un asunto pendiente.
Acá se propone aumentar la dotación, ajustar los grados en los diferentes estamentos e incentivar una carrera funcionaria.
Ya veremos cómo funciona eso.
Otro elemento importante es la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, con el objeto de lograr niveles más complejos, modernos y avanzados en las estrategias de persecución de los delitos, particularmente de redes criminales. Esto se aplicará a nivel no solo de gobierno central, sino también de las dependencias del Ministerio Público en regiones, donde muchas veces se carece de personal adecuado para dar una lucha más frontal y eficaz contra el crimen organizado.
Lo anterior permitirá combatir mejor los delitos de mayor connotación social, que suelen ir deteriorando a las instituciones. Estos son capaces de permearlas y causarles daño.
Por otra parte, es destacable que en el proyecto se contemple mayor personal para atender a víctimas y testigos. Estos en los hechos -sin que sea esa la intención- se transforman en segundas víctimas frente a mecanismos demasiado burocráticos o impersonales. Debe considerarse que se encuentran bajo estados de alteración comprensibles, por la naturaleza de los crímenes en que se han visto involucrados.
Acá se plantea un aumento no solamente de fiscales y profesionales, sino también de otro tipo de personal, todos los cuales ayudarán a mejorar la atención de testigos y víctimas.
Otra medida de la iniciativa es el establecimiento de un sistema de suplencia y subrogancia de fiscales adjuntos, lo que dará más flexibilidad para atender de mejor manera a los usuarios. Creo que este es un elemento a destacar.
Donde están por verse los resultados es en lo relativo a la obligación de publicar un Plan Institucional Anual. Es importante que este establezca cuáles serán las prioridades, las líneas de acción, los objetivos estratégicos y, sobre todo, los indicadores de desempeño más exigentes.
La evaluación que se presenta sobre el funcionamiento del Ministerio Público muestra notas muy generosas, en comparación a cualquier estándar internacional.
No olvidemos que, en general, una evaluación adecuada se aplica con mecanismos y técnicas concordantes con el principio de la campana de Gauss: un 25 por ciento queda en cada extremo y un 50 por ciento se concentra en una calificación normal.
Sin embargo, acá se observa una estructura de evaluación que llega prácticamente a lo óptimo, lo que -hay que aceptar las críticas- quizás no es tan real.
Por lo tanto, invito a revisar los indicadores de desempeño con criterios más objetivos -sugiero que no se basen solo en la evaluación del superior jerárquico-, a fin de que a los funcionarios se les garantice un proceso de calificación justo y objetivo, para que puedan hacer apropiadamente su carrera en la institución.
En todo caso, no depende solo del Ministerio Público la lucha contra la delincuencia, sobre todo contra el crimen organizado.
En definitiva, para tener instituciones fuertes, con plantas adecuadas en cantidad y calidad de personal y con mecanismos atractivos para asegurar una mayor estabilidad y permanencia -este es otro tema que debe pensarse mejor, dada la rotación bastante visible de funcionarios de alta calificación-, es necesario insistir en la implementación de una carrera funcionaria del más elevado estándar y con remuneraciones que vayan en directa relación con la eficacia en el desempeño de las funciones de esta dependencia pública.
En consecuencia, pienso que habrá que evaluar este gran proyecto con un criterio un poquito más exigente cuando se encuentre en marcha. Con todo, responde a las expectativas que todos nos hemos hecho respecto del Ministerio Público.
Mi voto es favorable, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, pedí intervenir solo para inhabilitarme. Así lo hice en la Comisión, en el debate en la Sala y ahora en esta votación.
Quiero que quede constancia de que la razón de ello es que tengo vínculos familiares con algunos fiscales.
Por esa razón, no voy a pronunciarme.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, intentaré ser breve.
A diez años de creada la nueva institucionalidad en este ámbito; a diez años de haber cambiado el sistema de investigación, juzgamiento y sanción, podemos evaluar cuánto hemos avanzado como país.
No soy de aquellos que, para contentar a la galería o a la opinión pública, tratan de echarle la culpa al Poder Judicial o al Ministerio Público por los indicadores de delincuencia u otros fenómenos sociales. La sociología y la política darán cuenta de cuáles son las causas de la delincuencia y las prácticas del crimen organizado.
El Estado, a través de sus políticas, tendrá que impulsar las acciones de prevención, control y rehabilitación.
En el presente debate estamos concentrados en el tema del control.
Soy de aquellos que abrigan dudas respecto del sistema que hemos ido construyendo estos últimos diez años. Requiero saber dónde se concentran sus debilidades y cuáles dificultades existen para llegar a condenas efectivas.
Resulta evidente que necesitamos hacer un ajuste al actual sistema de justicia penal en su conjunto.
Una de las causas del problema, por cierto, es la sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales.
En lo personal, les rindo tributo a los de regiones, que es la realidad que más conozco. Ellos sacan adelante su cometido a veces en condiciones precarias y con mucha dificultad.
Pero el avance en sus investigaciones depende de los informes y antecedentes que les entreguen las policías, con el fin de reunir las pruebas suficientes para que quienes juzguen -no son los fiscales, sino los jueces- se formen la convicción para sentenciar a alguien.
Será nuestra responsabilidad en algún momento revisar ciertas leyes que hemos dictado, a fin de determinar si algunas son muy garantistas -considero que vale la pena plantear ese debate- o si la definición de determinados conceptos ("reincidencia", por ejemplo) corresponde al término más adecuado.
Asimismo, debemos ver cómo generar medidas para impedir que suceda aquello que se escucha en las noticias en forma cotidiana: "A equis persona la detuvieron en un asalto y tenía un nutrido prontuario". Uno se pregunta: ¿por qué un individuo con esos antecedentes se halla en libertad?
A mi juicio, en eso no podemos culpar -como hacen algunos- al Ministerio Público. A esta institución le cabrá su cuota de responsabilidad si no logra reunir las pruebas suficientes. Al respecto, quizás podemos enfocar el debate en torno a cómo mejorar el sistema persecutorio y la forma en que las policías proveen los medios de prueba necesarios para avanzar en una condena.
A mi juicio, el proyecto que nos ocupa es importante.
Considero fundamental también las normas relativas al aumento de personal, lo que permitirá enfrentar integralmente la carga de trabajo actual.
Tengo una interrogante: si la iniciativa se centra -es lo que entiendo- en fortalecer la capacidad para sacar la pega (disculpen la expresión), por cuanto mucho trabajo no logra ser cursado en el Ministerio Público de la forma como a uno le gustaría, el Sistema de Análisis Criminal que se propone crear -esta es una medida de tremendo interés- ¿efectivamente va a permitir que las pruebas sean más eficaces para enfrentar, por lo menos, el crimen organizado más complejo?
Señor Presidente, en algún momento tendremos que abordar otros asuntos relacionados con el sistema de justicia penal que se ha implementado en los últimos diez años. Es necesario dialogar al respecto.
Sé que para el Fiscal Nacional no es fácil señalar si se halla a gusto o no con la manera en que otros Poderes del Estado, particularmente el Judicial, aprecian sus acusaciones y pruebas, o manifestar que el Congreso debiera abordar otras materias para cerrar ciertos vacíos y resquicios que permiten a los delincuentes salir en libertad.
En lo personal -y con esto termino-, estimo que la sociedad chilena nos demanda más a todos, incluyendo al Poder Legislativo, a efectos de terminar con los referidos resquicios e impedir que un modelo que requiere contar con garantías para los acusados sea utilizado por delincuentes o criminales habituales para evadir la justicia.
Eso amerita otra conversación, señor Presidente.
Se ha señalado en otras ocasiones que el fortalecimiento de ciertas leyes obligará al Estado a invertir más, porque vamos a terminar con más gente en las cárceles. Según algunos estudios, la salida de 8 a 9 mil personas de penales en fechas recientes, por decisión del Gobierno anterior, quizás fue una mala decisión, razón por la cual se deben generar mecanismos institucionales para revertir tal situación. Ello se logra otorgando mayores potestades al Ministerio Público y dando señales más claras a los jueces, quienes deben ponderar el trabajo de los fiscales.
Voto que sí.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe, para fundar su voto.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en mi primera intervención resalté los méritos del proyecto, cuyas normas, sin duda, mejorarán los niveles de persecución penal y liberarán de carga laboral a muchos fiscales, funcionarios y administrativos, quienes hoy se hallan completamente sobrepasados por la asignación excesiva de causas.
El aumento de la dotación del Ministerio Público en 577 funcionarios, entre fiscales adjuntos, profesionales, técnicos y administrativos, es digno de destacar.
Pero cabe hacer presente que esta iniciativa no resuelve todos los problemas de dicha institución.
Por lo mismo, estimo justo mencionar, para que quede constancia en la historia fidedigna de la ley, que en este Hemiciclo, al igual como lo hicimos en la Comisión de Constitución, le planteamos al Ejecutivo la necesidad de suprimir el escalafón de auxiliares, toda vez que el 75 por ciento de ellos cumple funciones administrativas.
Nos parecía bastante injusto que se mantuviera esa situación.
Luego, en vistas de que el Ministerio de Hacienda no aceptó tal petición, propusimos que el techo del escalafón de auxiliares fuera el grado XVII. Por supuesto, la Cartera de Hacienda, ¡con su tradicional benevolencia...!, dijo que no.
Lo anterior significa, en la práctica, que los 389 funcionarios auxiliares deberán dividirse entre el grado XVIII y el XIX, con escasas remuneraciones. ¡Y eso genera un problema de equidad!
Otro elemento digno de destacar es una petición de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público que, a mi juicio, parece legítima: otorgar asignación profesional a los auxiliares administrativos que cumplen los requisitos pertinentes. No parece justo que dicho beneficio exista para otros estamentos y no para ellos. Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda también rechazó esta solicitud.
Creo importante señalarlo a efectos de que se incorpore en una futura iniciativa.
Por otra parte, cabe mencionar que hemos diseñado una carrera funcionaria que, sin duda, beneficiará al personal del Ministerio Público.
En ese punto hago presente que no parece justo que, para desarrollar sus respectivas carreras, los profesionales y técnicos deban cumplir 29 años en los diferentes grados de su escalafón, y en el caso de los administrativos, que es la categoría de menores remuneraciones, deban transcurrir 36 años de servicio. El Ministerio de Hacienda en un futuro próximo debiera buscar la forma de disminuir los tiempos por grado, para que efectivamente haya un incentivo para el desarrollo de la carrera funcionaria.
Señor Presidente, dejo planteados tales asuntos hoy en este Hemiciclo para consignar en la historia fidedigna de la ley que el plan de fortalecimiento del Ministerio Público es muy positivo, pero aún quedan cosas pendientes para hacer justicia equitativa al interior de esta institución.
Por último, quiero dar fe del trabajo que han realizado el señor Fiscal Nacional, don Sabas Chahuán, y todos los representantes de las asociaciones de funcionarios y fiscales -los felicito-, quienes desde 2009 vienen trabajando para crear este plan de fortalecimiento institucional. En el presente año hemos logrado un gran acuerdo, que va a mejorar considerablemente las condiciones de aquellos a quienes la sociedad ha encomendado la persecución penal de las personas que generan delincuencia en nuestro país.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, luego de muchos meses de discusión y de varios años de tramitación de la ley en proyecto, creo que podremos concluir con el fortalecimiento efectivo del Ministerio Público.
Los 577 nuevos funcionarios permitirán reforzar a lo largo de Chile el funcionamiento de dicho organismo. Entre los cargos que se crean, se consideran 122 fiscales -esto es significativo a la hora de la persecución penal-, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos.
No cabe duda de que el incremento contemplado hará posible una mejor capacidad de persecución penal en todo nuestro territorio.
También tendremos mayor dotación y ampliación de capacidad, entre otras razones, por las normas que aprobamos en la Comisión, en virtud de las cuales los abogados asistentes de fiscal podrán igualmente realizar actuaciones judiciales ante los tribunales de garantía. Esto aliviará el trabajo que efectúan los fiscales, especialmente en el caso de fiscalías unipersonales, donde la labor encomendada a cada uno de ellos es de enorme responsabilidad y existen inconvenientes en el funcionamiento.
Resulta relevante señalar...
Pido al Senador Espina que deje en libertad al señor Fiscal Nacional, para que pueda oír mi intervención.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Senador señor Espina, le ruego guardar silencio.
Puede continuar, Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, decía que me parece muy importante destacar el proceso de discusión en el órgano técnico, que llevó a una distribución equitativa de fiscales en nuestro país. Porque la distribución de dotación por iniciativa y por región posibilitará un equilibrio que nivelará el trabajo en cada una de ellas.
Particularmente los Senadores que representamos a regiones muchas veces escuchamos la natural queja por parte de la ciudadanía con relación a la dotación, al trabajo del Ministerio Público.
Con una disposición como la consignada en el informe de la Comisión abrigamos esperanzas de contar con mejor despliegue y mayor especialización, principalmente en aquellas regiones donde existen tipos de delitos específicos, como es el caso de los sectores rurales con el abigeato. Así, a través de las unidades de análisis criminal se podrán establecer patrones de conducta, de comportamiento o de delitos, que sin lugar a dudas harán factible que el enfoque de la investigación sea más centralizado.
En tal sentido, valoro el trabajo del Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y de su equipo técnico. Pero además valoro la contribución a veces ardua, confrontacional de las distintas asociaciones. En democracia, al menos en la Comisión de Constitución, les dimos cabida a todos los gremios para plantear sus inquietudes.
No logramos todo lo que se propuso. El Senador Harboe señaló que quedan cuestiones pendientes en materia de asignación profesional, de los funcionarios abogados que no trabajan como fiscales o que son abogados asistentes. Se trata de tareas cuya solución quedará aplazada, pero de las cuales nos haremos cargo.
Aquí es fundamental que especialmente el Ministerio de Hacienda destine los recursos y entienda que invertir en un mejor Ministerio Público sin duda facilitará y fortalecerá el trabajo que hoy realizan los fiscales a lo largo de todo Chile.
Felicito y agradezco a los integrantes de la Comisión que presido, pues hemos aprobado por unanimidad prácticamente todos los artículos. Se exceptúa aquel en que seguiremos dando la pelea y que dice relación con la rotación de los fiscales regionales, quienes al cumplir el período de ocho años tienen la posibilidad de servir en otra región. Es lo que denominamos en un momento "las sillitas musicales". Por desgracia, perdimos este punto por tres votos contra dos (del Senador Araya y de quien habla).
Insistiremos en ello, pues creemos importante que haya un tiraje efectivo de fiscales regionales, que se valorice su función, pero no que vayan circulando a través de distintas fiscalías regionales, lo cual no es una buena señal para el resto de fiscales adjuntos o fiscales que quieran acceder a un cargo de esa naturaleza.
Entonces, valorando y entendiendo el aporte que realiza cada uno de ellos, cumplamos efectivamente lo que establece la Constitución, al objeto de que estos puedan servir en otras instancias del Ministerio Público y no en fiscalías regionales.
Por último, quiero decir que estaremos atentos al funcionamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
En mi concepto, acá se encuentra el núcleo de avance y fortalecimiento del Ministerio Público. Junto a los 577 nuevos funcionarios, será precisamente ese Sistema el que hará factible centrar y direccionar de mejor manera la investigación. Ello, sumado al Plan Institucional Anual y la cuenta anual que deberá entregar el nuevo Fiscal Nacional, sin lugar a dudas permitirá contar con un Ministerio Público reforzado.
Quedan asuntos pendientes, pero creo que hemos dado un enorme paso en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Lo primordial es que esto sea recibido también como una señal relevante por parte de los funcionarios, quienes tendrán un sistema de remuneraciones más adecuado y contarán con mayor dotación para hacer de mejor manera su trabajo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, intervendré de manera muy breve, pues ya se han expresado la gran mayoría de los Senadores y, asimismo, los de nuestra bancada, por cierto, apoyando este proyecto.
Quiero reiterar que nos encontramos ante un gran avance, que era necesario. Es importante que se haya recogido una inquietud que venía arrastrándose desde hace mucho tiempo y que buscásemos la manera de fortalecer el Ministerio Público.
Es obvia, en el marco de la reforma procesal penal, la relevancia de dicho organismo, el rol que cumple y la necesidad de robustecerlo.
La imagen de fiscales con más de tres mil causas es algo que suena demasiado inhumano. Y, además, atenta contra una eficiencia absolutamente necesaria si estamos hablando de un Ministerio Público, o sea, de la tremenda responsabilidad que implica la investigación y eventualmente la formulación de cargos. Por supuesto, después serán los tribunales los encargados de sancionar o absolver, conforme a los resultados que ella arroje.
Entonces, es muy trascendente lo que estamos haciendo esta tarde en el Senado: buscar la manera de fortalecer el Ministerio Público para hacerlo más eficiente, para que los fiscales tengan menos carga y puedan trabajar de mejor manera.
En tal sentido, me sumo a lo señalado en cuanto a lo significativo del aumento de su dotación en 577 cargos, que se dividen entre fiscales, profesionales, técnicos y administrativos.
Ya se vieron también dos elementos fundamentales.
Primero, el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Obviamente, acá queremos potenciar, fortalecer, robustecer la persecución penal. Esto permite resolver de mejor manera las investigaciones.
Y segundo, el Plan Institucional Anual. Este instrumento entregará información que le permitirá a la ciudadanía conocer el desempeño, la gestión y lo que se ha logrado avanzar anualmente.
Señor Presidente, he creído necesario intervenir. Y reitero el voto positivo de nuestra bancada.
Por cierto, como aquí se ha señalado, es posible en el futuro avanzar y recoger las inquietudes planteadas por algunos gremios. Estoy segura de que el Gobierno no dejará de oír a quienes han clamado de manera legítima por un espacio, por una carrera funcionaria, por mejores condiciones, lo que, lamentablemente, no pudimos resolver en esta oportunidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, con excepción del artículo tercero transitorio, que se votará en forma separada (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Votaremos de inmediato el artículo tercero transitorio.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, les ruego dirigirse a la página 128 del comparado, donde está el artículo tercero transitorio, norma de quórum simple, que dice: "Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, hasta 28 profesionales contratados a honorarios por el Ministerio Público, para desempeñar las funciones asociadas al traspaso de procesos desde la Justicia Militar de acuerdo con la ley N° 20.477, podrán ser contratados e incorporados a la planta de profesionales del Ministerio Público, sin previo concurso público.".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, tal como lo planteé en la discusión general, este es un tema conceptual. No tiene mucho que ver con el proyecto mismo, pero sí con los principios en los que uno cree.
Aquí se establece, tal como dijo el señor Secretario, una norma transitoria especial, a cuyo tenor se señala que "hasta 28 profesionales contratados a honorarios por el Ministerio Público, para desempeñar las funciones asociadas a la ley N° 20.477, podrán pasar a la planta de profesionales".
La verdad es que son 28. Entonces, no debe decirse "hasta 28 profesionales", sino "28 profesionales".
Puede tener buenas razones el legislador o quien planteó esta disposición. Lo que pasa es que a mí me hace ruido, por la normativa que hoy rige esta materia, que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual dispone que para llenar un cargo debe haber previamente un concurso.
Aquí se hace excepción a un principio general que a mí, por lo menos, me parece sano.
Si Sus Señorías leen el informe de este proyecto verán que, de 160 cargos nuevos de profesionales, 28 están asignados previamente.
Quiero dejarlo claro: no conozco a ninguna de las 28 personas que ejercen hoy los cargos respectivos y no tengo idea de quién las nombró.
Lo que ocurre es que esto es lo mismo que sucede con otros proyectos en que se dice "No se puede hacer".
Actualmente, en la Administración Pública hay ¡40 mil personas! a honorarios. Muchas de ellas quieren precisamente concursar para pasar a la planta. Y ello ha sido objeto de discusión durante muchos gobiernos. Hay dificultades, y en la práctica eso no se puede hacer.
Sin embargo, aquí, mediante un encasillamiento teórico (entiendo que esa es la argumentación; a mí no me alcanza), se dice: "Estos 28 quedan".
Señor Presidente, otros profesionales del mismo Ministerio Público podrían querer optar a los cargos en cuestión. También, personas externas. Pero me preocupan más los de dentro de esa institución: con el artículo tercero transitorio no les será factible hacerlo.
Mi posición no tiene que ver con el mérito del proyecto. Este me parece valioso, independiente de la referida norma. Mi rechazo es a que el Congreso Nacional valide la idea de que los cargos de planta dejan de ser provistos por concurso público.
Ni siquiera se usa el mecanismo de la contrata, como ha ocurrido en otras oportunidades.
Hace algunos días vimos que existía una especie de limitación a que solo pudieran optar los funcionarios a contrata.
Aquí la situación es distinta: 28 personas contratadas a honorarios pasan a la planta de profesionales del Ministerio Público.
Desde el punto de vista de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, considero que aquello no corresponde.
Por eso pedí votación separada.
A veces no es grato lo que uno dice, pero yo prefiero plantear las cosas con transparencia. Y, en este sentido, reitero que la referida Ley Orgánica Constitucional plantea algo absolutamente diferente.
Esta norma transitoria -insisto- nada tiene que ver con el asunto de fondo, pero, a mi juicio, sienta un precedente complejo.
A mí por lo menos no me parece adecuada.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Le parece a la Sala proceder a la votación?
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Antes de abrir la votación le daré palabra a la señora Ministra.
La señora BLANCO (Ministra de Justicia).- Señor Presidente, solo deseo aclarar que la materia en debate se encuentra en una disposición transitoria porque no se pretende que sea normativa general.
Se trata de una situación particular que se da con relación a 28 abogados que, por razones de carga de trabajo en materia de justicia militar, asumieron una función que se traspasó a la fiscalía.
Tal como decía el Senador Coloma, estamos haciendo un encasillamiento específico respecto de 28 cargos a honorarios que estaban en aquella situación específica.
La norma sigue siendo la misma. Este es un artículo transitorio porque entendemos que se trata de una situación particular que se ha dado producto del traspaso de las cargas desde la justicia militar a la fiscalía. No va a constituir ni remotamente disposición general. La norma general es la del concurso público, como se ha señalado.
El artículo tercero transitorio, simplemente, hace justicia a 28 abogados contratados a honorarios, quienes ahora podrán regularizar una situación que se mantenía -por así decirlo- a raíz de una razón especial.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación el artículo tercero transitorio.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en líneas generales, comparto lo que dijo el Senador Coloma en el sentido de que la regla general debe ser el concurso público.
Ahora, el artículo tercero transitorio merece una explicación a la Sala del Senado, para evitar confusiones.
Como muy bien señaló la señora Ministra, no se trata de una norma de carácter permanente.
Mis Honorables colegas deben de recordar que a mediados del Gobierno del Presidente Piñera se cambió la competencia de la justicia militar y se eliminó el fuero militar, estableciéndose que los civiles iban a ser juzgados por civiles y que, como consecuencia de ello, el Ministerio Público iba a llevar adelante causas que antiguamente conocían los fiscales militares.
En esa época -lo conversábamos con el Fiscal Nacional- Hacienda optó por no aumentar la planta de funcionarios del Ministerio Público, sino que, más bien, determinó una suma anual -a este minuto, cerca de 800 millones de pesos- para dotar a esta institución de personal que se hiciera cargo de la situación. Así, se contrató a 28 abogados para que cumplieran la función de asistente de fiscal.
A mi entender, el artículo tercero transitorio resuelve las dudas del Senador Coloma, toda vez que establece que se trata de funcionarios que hoy están cumpliendo una función específica. Esa propia norma señala que se puede encasillar a 28 profesionales encargados de los procesos de la justicia militar traspasados en virtud de la ley N° 20.477.
En ningún caso la idea es abrir la puerta a otros funcionarios a honorarios. Por eso la disposición transitoria se refiere a los que hoy están cumpliendo la función que acabo de explicitar.
Se trata de una norma de justicia que corrige una omisión en que se incurrió en la ley N° 20.477 al no fijar adecuadamente la nueva planta del Ministerio Público para hacerse cargo de una competencia que la reforma procesal penal, en sus orígenes, no contempló: la de la justicia militar.
Nos hallamos ante una disposición excepcionalísima que señala en forma precisa quiénes pueden pasar a la planta profesional del Ministerio Público. Por lo demás -insisto-, son funcionarios que hoy están cumpliendo la función correspondiente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda debatió el artículo tercero transitorio y, con el voto en contra del Senador Coloma, lo aprobó por mayoría -el colega Araya acaba de dar una explicación- porque constituye una excepción.
La norma general siempre puede tener una excepción justificable.
Aquí no se está estableciendo un mecanismo permanente.
Todos estamos preocupados por que ojalá los honorarios terminen y se pase a contrata o a la planta permanente.
En este caso se trata de 28 abogados que, por razones que todos conocemos, al terminarse con lo de la justicia militar entraron a la fiscalía, donde están trabajando y especializándose.
Por lo tanto, la Comisión de Hacienda determinó que sí era necesario hacer una excepción a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, al igual que en otras oportunidades. No es primera vez que lo hacemos. Y en este caso existe absoluta razón para proceder en la forma señalada.
Por eso en dicho órgano técnico, con el voto contrario del Senador Coloma -insisto-, resolvimos que los funcionarios respectivos pasaran de la contratación a honorarios a la planta de profesionales del Ministerio Público.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero despejar cualquier duda en torno al artículo tercero transitorio aprobado en la Comisión de Constitución.
La Comisión de Hacienda también lo aprobó. Allí, legítimamente, el Senador Coloma hizo una observación que considero válida.
Sin embargo, es importante entender el contexto en que se desenvuelven los 28 profesionales a que se refiere la mencionada disposición, que dice: "Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, hasta 28 profesionales".
Preguntamos el porqué de esa redacción: "hasta 28 profesionales". Porque algunos podrían haber optado por otro camino. Precisamente, todos aquellos que trabajan hoy a honorarios cumpliendo una función permanente en las fiscalías militares van a pasar de pleno derecho al régimen que consagra el artículo tercero transitorio: la incorporación a la planta de profesionales del Ministerio Público.
A mayor abundamiento, si se hace concurso público, con un alto porcentaje de certeza serán esos profesionales los que se incorporarán.
Entonces, respecto de ellos estamos haciendo un acto de justicia. No se alteran otras leyes. Y -reitero- se acota a los 28 profesionales que desempeñan la función en comento.
Esa fue la discusión que se dio tanto en la Comisión de Constitución cuanto en la de Hacienda para aprobar la norma transitoria ya individualizada y mediante ella salvar la omisión en que se incurrió al sancionarse la ley N° 20.477.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, solo quiero hacer constar en la historia del artículo tercero transitorio, ante la duda del Senador Coloma, que la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de los adolescentes, cuando radicó las causas pertinentes en el Ministerio Público, aumentó la dotación en 22 fiscales y 6 profesionales. Es decir, fue dicho cuerpo normativo el que, mediante una disposición transitoria, estableció el referido incremento para hacerse cargo de la nueva carga impuesta desde el punto de vista penal.
Como la ley N° 20.477 no elevó el número de fiscales y profesionales, se mantuvo a honorarios a quienes llevaban esas causas.
Ahora bien: el artículo tercero transitorio del proyecto que nos ocupa esta tarde no hace sino reparar aquella omisión por la vía de establecer que hasta 28 personas contratadas hoy a honorarios serán parte de la planta de profesionales del Ministerio Público.
En consecuencia, no hay vulneración a norma alguna, sino que, siguiendo la tradición de otros cuerpos legales, se repara una omisión de la ley N° 20.477.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voté a favor del artículo tercero transitorio en la Comisión de Hacienda y lo mismo haré ahora en la Sala precisamente porque hemos venido pidiéndoles a los distintos gobiernos poner término a la situación de funcionarios que cumplen tareas permanentes y se encuentran contratados a honorarios.
Por lo tanto, me parece absolutamente legítimo que los 28 profesionales contratados a honorarios por el Ministerio Público sean incorporados a la planta de profesionales.
Sin embargo, lo mismo queremos que se haga en toda la Administración Central del Estado, y particularmente en las municipalidades, donde -debo recordarlo- algunas personas llevan 15, 20, 25 años trabajando sin ninguna protección social, sin derecho a previsión, e incluso, en algunos casos, sin derecho a enfermarse.
De acuerdo con el protocolo que firmaron el Gobierno y parlamentarios oficialistas tanto para el despacho en 2014 del proyecto de ley de reajuste para el sector público como para el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos 2015, hay un compromiso en el sentido de que al 30 de junio del año en curso se debe entregar un informe donde se indique el número de profesionales y funcionarios en general que realizan labores permanentes pero están contratados a honorarios; ello, con el propósito de hacer una programación realista que permita incorporarlos a lo menos en la planta de contrata y poner término a esa aberración, con la que el sector público da un muy mal ejemplo como empleador.
Por las razones que he señalado, voto a favor del artículo tercero transitorio.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en el artículo 2°, inciso tercero, del proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, a propósito de la modificación propuesta con relación a los abogados asistentes, se sugiere que además se incluya y faculte al estamento de abogados asesores para que se les puedan delegar diferentes actuaciones, excluidos los juicios ante el tribunal oral en lo penal. Lo anterior, porque no existen razones para que, habiéndose incluido a los abogados asistentes...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Perdón, señor Senador: ¿está hablando del artículo tercero transitorio o de otro precepto?
El señor TUMA.- Del inciso tercero del artículo 2°.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Su Señoría se está refiriendo a otra norma, no a la que se encuentra en votación.
El señor TUMA.- Pero quiero hacer el punto a propósito de la discusión particular, señor Presidente.
Básicamente, deseo plantear que, si se permite comparecer ante los tribunales de garantía a los abogados asistentes, con mayor razón se debe incorporar a los abogados asesores para que actúen en representación del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal ante tribunales.
El número de abogados asesores por fiscalía regional varía entre tres, seis y siete, por lo que se utilizaría un recurso altamente calificado y capacitado, sin incurrir en costos económicos y con una remuneración equiparable a la de los fiscales adjuntos (por lo de la responsabilidad, la que en el caso de los asistentes se ve afectada, ya que estos reciben una menor remuneración versus la mayor responsabilidad que eventualmente asumen).
Deseaba hacer el punto, señor Presidente, vinculado con la diferencia que hay en remuneraciones, en facultades y en tratamiento tratándose de los abogados asesores.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en cuanto al artículo tercero transitorio, creo que el Senador Coloma dio suficientes fundamentos para expresar con claridad que estamos incorporando una situación demasiado especial en nuestro ordenamiento jurídico: una norma que trata a 28 personas contratadas a honorarios de manera completamente distinta de como el Senado ha tratado -y va a seguir tratando- a quienes están en otras instituciones del Estado.
Por ejemplo, hace menos de un mes esta misma Corporación resolvió diversas situaciones de personal del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí la norma fue que los funcionarios a contrata podían optar a los cargos de planta, pero mediante un sistema de postulación.
De otro lado, el 20 de mayo último el Gobierno ingresó una iniciativa relacionada con el reencasillamiento de los funcionarios municipales, a raíz del cual van a quedar empleos vacantes. ¿Y qué dice ese proyecto sobre la forma de proveer dichos cargos? ¿Con la gente que está a honorarios en las municipalidades? ¡No! ¿Con quienes se hallan a contrata? ¡No! Los alcaldes deberán establecer un sistema de postulación.
¡Y en los municipios algunas personas llevan 20 años a contrata o a honorarios!
El sistema propuesto ahora, que es opinable, no se ha utilizado ni se utiliza para ningún otro servicio público, para ninguna otra institución del Estado.
Por lo tanto, lo consideramos sumamente discriminatorio, pues, por muy meritorias que sean las personas de que se trata y por muy necesarios que sean los servicios que prestan, no hay duda de que la provisión de 28 cargos de planta en una institución del Estado requiere la existencia de un sistema de concurso, a lo mejor similar al establecido en el caso de Impuestos Internos o en el de las municipalidades.
Por cierto, el mecanismo planteado deja a cualquier otro profesional sin ninguna posibilidad de ingresar a la planta del organismo estatal de que se trata.
Ahora, señor Presidente, debemos aceptar un dato fundamental: entrar a la planta de una institución del Estado es la aspiración de bastante gente, de numerosos profesionales. Así, cada vez que se abre un concurso para la planta de cualquier institución estatal muchos profesionales -por no decir miles- están dispuestos a someterse a una evaluación.
Para un gran número de profesionales de nuestro país, estar en la planta de entes como el Ministerio Público es un hecho significativo. Pero en este caso, por el solo mérito de la ley, a 28 cargos de la planta de profesionales de la referida institución no podrán postular personas que a lo mejor están en ella u otros profesionales especializados en el área de que se trata.
Nosotros no podemos pronunciarnos a favor de una norma que discrimina de esa manera.
Reitero: el Senado votó hace menos de un mes una situación parecida, la que resolvió de otra forma. Pero estoy seguro de que dentro de los próximos 30 o 40 días, con respecto a otra institución del Estado, ante un caso similar, dará una solución absolutamente distinta.
Por eso, señor Presidente, compartiendo los argumentos del Senador Coloma, voy a votar en contra del artículo tercero transitorio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo tercero transitorio (22 votos a favor y 3 en contra), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaronpor la afirmativa las señoras Allende y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Pérez Varela y Prokurica.