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PROBIDAD EN EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, he querido intervenir ya al finalizar este debate para señalar que el presente proyecto sobre probidad en la función pública, las recomendaciones de la Comisión Engel y los anuncios hechos por la Presidenta de la República en la materia constituyen, sin lugar a dudas, un punto de inflexión, un cambio de rumbo, para enfrentar la crisis de confianza que ha afectado al sistema político chileno desde hace largo tiempo.
Ya se han mencionado las principales innovaciones que considera esta iniciativa de ley, que apuntan a fortalecer los mecanismos de control social y de transparencia para asegurar la probidad pública y la separación tajante entre los negocios y la política.
Subrayo lo relativo a la función pública, porque, al escuchar a algunos colegas, da la impresión de que acá solo estamos pensando en los parlamentarios. Y no es así. Las normas propuestas son para todo aquel que desempeñe una función pública.
Algunos de los cambios planteados han de complementarse con otros proyectos contenidos en la agenda de probidad y transparencia anunciada por la Presidenta.
Así, por ejemplo, la misma Comisión de Gobierno ha promovido, por la unanimidad de sus miembros, la pérdida del cargo para los parlamentarios que incumplan las obligaciones referidas a las declaraciones de patrimonio e intereses.
En el mismo sentido, se requiere extender esta normativa a los directores y ejecutivos de empresas concesionarias de servicios básicos, de AFP y de isapres, lo que implicará el envío de una iniciativa de ley.
Se trata de cambios verdaderos, no cosméticos. En rigor, no son una respuesta a la situación de los últimos meses. De hecho, las ideas matrices del proyecto que nos ocupa se vienen discutiendo desde hace años, pero solo hoy contamos con una voluntad política clara de todos los sectores para impulsar estas reformas.
Esta es una de las causas de la crisis que vivimos. Las instituciones y el sistema político se han demorado mucho tiempo en reaccionar frente a signos que hace años se venían presentando y que han ido menoscabando la situación.
Este deterioro tiene raíces profundas, que están relacionadas con los cambios económicos y sociales vividos por Chile en las últimas décadas.
El retroceso de lo público en función de lo privado generó un tipo de acción política en una relación indebida con el sector empresarial, lo que ha hecho crisis.
Si bien los casos de corrupción han sido aislados, hay que reconocer que la gente ha perdido confianza en el sistema y reclama una nueva forma de relacionarse con el poder político y económico.
Frente a los primeros síntomas, algunos levantaron el discurso antipolítico y promovieron la despolitización, el "cosismo" o, lisa y llanamente, el populismo. Pero cuando detonó la crisis, ni unos ni otros fueron capaces de dar respuestas y fueron alcanzados también por el desprestigio que alentaron.
Sin embargo, antes como ahora, la mejor manera de enfrentar los males de la política es con más y mejor política. ¡Y ese es el verdadero desafío que tenemos por delante!
Los problemas de los chilenos (en educación, salud y seguridad pública) no se solucionan con fórmulas técnicas. Para ello es preciso fijar prioridades políticas, formuladas y procesadas en el seno de los partidos políticos.
Este rol es irreemplazable. Ni la academia ni la calle pueden sustituir a los partidos.
Con este proyecto, señor Presidente, los distintos partidos e independientes representados en el Congreso Nacional están haciendo su trabajo: mejorar la política desde la política.
Pero al final del día ninguna reforma legal concretará los cambios de fondo que la ciudadanía pide.
Hace falta, además, que cada uno de nosotros enfrente lo que ha pasado con claridad y energía, y fijemos nuestra posición personal y colectiva.
Llevo 25 años dedicado al servicio público en cargos de autoridad. He sido intendente y alcalde, y hoy soy Senador. Muchas veces el quehacer de las instituciones que me correspondió dirigir fue celosamente auditado por la Contraloría. Encontró errores, ¡claro!, pero nunca irregularidades, ni menos delitos. Y eso es algo de lo que me enorgullezco.
No he transgredido los valores que juré respetar. Creo firmemente que el ejercicio de la actividad política y el servicio público son un deber para con la sociedad.
Eso es algo que es necesario recordar con insistencia.
Nosotros estamos aquí porque nos han elegido para representar los intereses de la comunidad, no para formar una élite cerrada que espera a que pase el temporal para seguir haciendo lo mismo de siempre.
Tengamos la humildad para reconocer lo que somos, el coraje para defendernos de las acusaciones injustas y la voluntad para cambiar aquellas prácticas que nos alejan de las personas.