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ESTABLECIMIENTO DE LEY MARCO PARA INVERSIÓN EXTRANJERA Y CREACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD RESPECTIVA


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, que establece una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.899-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 8 de abril de 2015.
Informe de Comisión:
Hacienda: 14ª, en 6 de mayo de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Establecer el régimen aplicable a la inversión extranjera directa, que reconoce el acceso al mercado cambiario formal y a la remesa de capital y utilidades, la no discriminación arbitraria y la exención del impuesto a las ventas y servicios a las importaciones de bienes de capital que cumplan con los requisitos establecidos en el número 10 de la letra B del artículo 12 del decreto ley Nº 825, de 1974.
-Proponer una nueva institucionalidad para la atracción de la inversión extranjera directa, integrada por un Comité de Ministros encargado de sugerir al Presidente de la República una estrategia de fomento y promoción, y por una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que sería un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
-Regular los efectos de los contratos leyes celebrados durante la vigencia del decreto ley Nº 600, para asegurar la plena vigencia de los derechos y deberes adquiridos por los inversionistas extranjeros bajo ese régimen legal, y disponer un régimen excepcional de carácter transitorio, por cuatro años a contar de la entrada en vigencia de la ley, que habilita a suscribir nuevos contratos de inversión extranjera en los términos establecidos en el decreto ley Nº 600.
La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor y una abstención. Se pronunciaron afirmativamente los Senadores señores García, Lagos, Montes y Zaldívar, y se abstuvo el Honorable señor Coloma.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas respectivas del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Andrés Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, el referido órgano técnico analizó este proyecto luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara en una votación bastante transversal.
¿Cuál es el origen de esta iniciativa?
La Ley de Reforma Tributaria, la Nº 20.780, que aprobamos en este Parlamento, contempla en su artículo 9° la derogación del decreto ley N° 600, de 1974 (estatuto de la inversión extranjera), a partir del 1 de enero del año 2016. A su vez, el artículo vigésimo tercero transitorio de esa misma ley establece que, a más tardar el 31 de enero del 2015, debía entrar a trámite legislativo un proyecto que buscara crear una nueva institucionalidad en la materia.
Para esos efectos, se conformó a nivel de Gobierno, dirigida por el Ministro de Economía, la Comisión Asesora Transversal para la Nueva Institucionalidad en Inversión Extranjera, la que entregó su informe el día 13 de enero.
El decreto ley N° 600 fue concebido en otro momento de nuestra historia, cuando efectivamente las inversiones extranjeras necesitaban un marco especial, tanto en lo institucional como en lo relativo a la estabilidad.
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de avanzar en una nueva regulación acorde a los requerimientos actuales; sobre todo, después del tiempo transcurrido y la experiencia acumulada gracias a la aplicación del decreto ley N° 600.
En este ámbito, Chile ha llevado adelante una política internacional que ha fomentado la celebración de acuerdos bilaterales para la promoción y protección de inversiones, de tratados de libre comercio con un sinnúmero de países y de convenios para evitar la doble tributación, conforme lo establecido para estos efectos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Todo ello ha llevado a la elaboración del proyecto que hoy estamos considerando.
Para responder a este desafío, la iniciativa contempla, en primer lugar, la creación de un nuevo Comité de Ministros, encargado de sugerir al Presidente de la República una estrategia de fomento y promoción de la inversión extranjera.
A mi juicio, la gran diferencia entre el estatuto que se propone y el que aún rige es que este último se basa en un Comité de Inversiones Extranjeras que actúa de forma pasiva; o sea, que solo recibe solicitudes de inversión desde el exterior. La institucionalidad que se plantea pretende cambiar ese sentido. Esta buscará promover, motivar, incentivar la inversión extranjera en nuestro país.
Entonces, se crea este Comité de Ministros para llevar adelante esta estrategia de fomento y promoción.
El proyecto también establece una nueva institucionalidad: la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que, conforme a altos estándares internacionales, estará a cargo de la política de promoción de tales inversiones.
Asimismo, se incluyen mecanismos de coordinación entre las organizaciones encargadas de la atracción de inversiones y las encargadas de la promoción de exportaciones y agilización de inversiones.
En nuestro país hay no solo un área donde se trata de promover la inversión extranjera, sino que también existen la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, Imagen de Chile, etcétera, y es necesario que haya una coordinación para que todas juntas vayan en el mismo sentido.
La iniciativa también establece garantías para los inversionistas extranjeros, conforme a la política desarrollada en esta materia durante los últimos años: acceso al mercado cambiario formal, a la remesa de capital y utilidades (con pleno resguardo de las facultades que le competen al Banco Central de Chile en este aspecto) y a la no discriminación arbitraria.
Yo diría que esos son los principios fundamentales sobre los cuales se sienta la posibilidad de atraer la inversión extranjera.
El proyecto en análisis regula los efectos de los contratos leyes celebrados durante la vigencia del decreto ley N° 600 -por más de veinte años-, para asegurar la plena vigencia de los derechos y deberes adquiridos por los inversionistas extranjeros bajo ese régimen legal. Es decir, se respetan los contratos celebrados. De esta forma, no se verá afectada de manera alguna la protección con que cuentan las inversiones que ya se encuentran asociadas a dichos contratos.
Finalmente, para permitir la adaptación de los actores al cambio del régimen aplicable a la inversión extranjera, y en el marco de las propuestas efectuadas por la Comisión Asesora, se establece que, por un plazo máximo de cuatro años, los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones de inversión extranjera en los términos del artículo 3° del decreto ley N° 600, con los derechos y obligaciones que contempla el precitado decreto ley, pero con una invariabilidad tributaria, por esta situación transitoria durante cuatro años, con una tasa total de 44,45 por ciento.
Es necesario destacar los artículos transitorios.
El artículo primero regula los efectos de los contratos leyes celebrados durante la vigencia del decreto ley N° 600, como dijimos anteriormente.
El artículo segundo dispone que por cuatro años los inversionistas se podrán acoger al decreto ley N° 600, con la tasa de invariabilidad que ya señalé.
En los artículos tercero a séptimo se autoriza la dictación de decretos con fuerza de ley relativos a fijación de la planta de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, a traspaso de funcionarios y a normas de resguardo. Igualmente, se regula el nombramiento del primer director, el establecimiento del primer presupuesto, la fijación de remuneraciones del período intermedio y la imputación del gasto.
Uno de los aspectos más controvertidos, tanto en la Cámara de Diputados como en el debate desarrollado en la Comisión de Hacienda, se refiere -seguramente se hará presente en la discusión en la Sala- a la invariabilidad, que se recogía en plenitud en el decreto ley N° 600. Según la información que se nos entregó hace algún tiempo, no se acogían a esa invariabilidad diversos tipos de inversiones, salvo las tocantes a la minería.
Se les preguntó a los expertos acerca de qué ocurría en el resto del mundo en relación con la inversión extranjera, apuntando a las naciones que podrían ser nuestras competidoras, y se nos entregó un informe completo acerca de los países en los cuales rige o no la invariabilidad.
Ella no rige en Argentina, Brasil, Australia, Alemania, India, Indonesia, México, Federación Rusa, Sudáfrica, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Por el contrario, sí rige en Perú, en la República Democrática del Congo, en la República del Congo y en la República de Ghana.
Frente a esa discusión, en la Comisión hubo dos posiciones. Lo mismo ocurrió en la Comisión Asesora, donde la inmensa mayoría de sus integrantes dieron lugar al contenido del proyecto que hoy se halla en trámite y que buscamos aprobar.
Si se revisa la votación que se dio en la Comisión, veremos que fue unánime, con la sola abstención del Senador señor Coloma.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este proyecto es de vital importancia. En tal sentido, es bueno que haya llegado el Ministro de Economía a la Sala.
Quienes hemos intentado atraer inversiones extranjeras desde las regiones nos hemos encontrado con las grandes y severas limitantes que presenta la institucionalidad tanto a nivel nacional como regional. Por tanto, ha sido imposible adaptar tales requerimientos.
La iniciativa en análisis busca fomentar la inversión extranjera que Chile necesita para el desarrollo del empleo y, particularmente, normar. Sin embargo, es primera vez que ella llega a la Sala. No habíamos tenido posibilidad de conocerla. El Ejecutivo le ha puesto urgencia de "discusión inmediata". Y les quiero recordar a los parlamentarios de la Derecha que cuando la Nueva Mayoría ponía tal urgencia ellos se transformaban, se lanzaban graves acusaciones.
Un proyecto de esta envergadura con "discusión inmediata" nos obliga solo a debatirlo, sin poder presentar indicaciones. Tenemos que discutirlo bajo presión.
En consecuencia, señor Presidente, pediré votación separada de todos los artículos, salvo que el señor Ministro de Economía, que nos acompaña, nos diga: "El Gobierno tiene urgencia en sacar este proyecto, pero les va a permitir conocer su orientación a quienes no poseen la virtud o la capacidad para estar en la Comisión de Hacienda".
La iniciativa contiene elementos muy debatibles en torno a la no discriminación absoluta en relación con la inversión.
El decreto ley N° 600 establecía una limitación en cuanto a que si había producción nacional de buena calidad y una inversión extranjera quería ingresar, se debía tener consideración respecto a si la inversión nacional era suficiente. En caso de no serlo, se permitía el ingreso de la extranjera. Pero ahora el procedimiento es indiscriminado. Se elimina toda la regulación. O sea, neoliberalismo puro. El que quiera venir a producir lo que desee, aunque haya ya un producto nacional, en cualquier condición, lo puede hacer sin sufrir ningún tipo de discriminación.
Por otra parte, este proyecto nos permitiría darles una función mayor a los gobiernos regionales en lo que respecta a la atracción de la inversión extranjera. Se crea una agencia, que será más agresiva, como manifestó el Senador Zaldívar. Sin embargo, hay regiones que poseen muchas capacidades y se hallan absolutamente limitadas. Las regiones deben tener capacidad de promocionarse, de venderse, de atraer inversiones extranjeras. Esto no debe ser una función exclusiva de una agencia centralizada.
En tal sentido, el proyecto puede ser perfeccionado. Es decir, podemos mejorarlo, incorporarle una visión más amplia.
Lo más preocupante, señor Presidente, y por eso pido la votación separada, es lo referente al numeral 10 del artículo 12° del decreto ley Nº 825. Allí se señala que estará exenta del impuesto establecido en el Título pertinente la importación de especies efectuadas por quienes ahí se especifica. Este es uno de los elementos que vale la pena analizar, porque lamentarse o arrepentirse después será lo más fácil. Y se habla de los "bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión extranjera formalmente convenido con el Estado de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley N° 600, de 1974," -ya no existe- "o en bienes de capital que no se produzcan en Chile en calidad y cantidad suficiente, que formen parte de un proyecto similar de inversión nacional, que sea considerado de interés para el país, circunstancias todas que serán calificadas por resolución fundada del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción".
Es decir, a lo menos había una limitante. Porque si la intención es generar más desarrollo productivo, más empleo, si a la débil industria nacional, por ejemplo, la farmacéutica, la de medicamentos, se le vienen a instalar los gigantes del rubro, los que van a realizar toda la importación de los bienes de uso y de capital sin estar afectos a un régimen de impuestos, entonces, habrá una competencia desleal.
Aquí tenemos la expresión máxima del neoliberalismo. Y llamo al Senado para que tengamos, por lo menos, la capacidad de conversar, de abrir el debate cuando estamos modificando la legislación.
Todos queremos que venga la inversión extranjera, que haya las mayores facilidades para ella. Pero no deseamos que venga a destruir la escasa industria nacional que nos queda en algunos ámbitos.
Señor Presidente, entiendo que el proyecto proviene del Ministerio de Hacienda, en el que ha habido cambios importantes en las últimas horas. Como sea, aprovecho la presencia del Ministro de Economía para señalar que a mi juicio esta materia amerita un debate.
En lo personal, me hubiera gustado participar en su tramitación en la Comisión de Hacienda, pero el Reglamento establece un procedimiento: la Comisión lo ve, viene a la Sala, se aprueba en general y se abre plazo para indicaciones. Pero eso no ha ocurrido. No hay posibilidad de introducirle ninguna modificación.
Por tanto, me veo compelido a pedir votación separada respecto de cada uno de los artículos.
Leo solo lo que propone el artículo 9°: "Los inversionistas extranjeros se sujetarán al régimen jurídico común aplicable a los inversionistas nacionales, sin que pueda discriminarse arbitrariamente respecto de ellos, sea de manera directa o indirecta.".
O sea, esto es una autolimitación del Estado, a través de una ley, que incluso está por sobre la Constitución. Porque esta última contempla formas de discriminación, de limitar la actividad productiva o la propiedad privada cuando se trata del bien común o cuando así sea demandado.
Este concepto de "sin ninguna discriminación, directa o indirecta" lo que dice es "todo", ninguna posibilidad de discriminar. Eso queda en la ley.
El artículo 9° es preciso y concreto.
Y yo digo que venga la inversión extranjera; es importante; Chile y las regiones la necesitan. Pero esa inversión no debe producir lo contrario de lo que todos esperamos: no puede venir a competir de manera desleal con la industria nacional; no puede venir a generar empleos más precarios. Porque no se contempla ningún tipo de discriminación. En general, la inversión extranjera se adapta al régimen nacional. Sin embargo, hay áreas sensibles.
Pienso, por ejemplo, en la Región del Biobío. Cuando firmamos el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el arancel cayó de 6 por ciento a cero. Eso significó la muerte de Bellavista Oveja Tomé, una industria chilena que exportaba a más de 89 países, con telas de calidad mundial. En el lugar al que se fuera del mundo se encontraban sus productos. La rebaja del arancel en los hechos la terminó de destruir. Desapareció la industria textil en Chile.
Por tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es fomentar la inversión donde queremos que ella exista: en la minería, en energía. Pero no en todos y absolutamente todos los aspectos de la productividad nacional. Eso sería entregarse absolutamente al capital internacional y limitarnos en demasía en la protección de nuestra industria.
Señor Presidente, ha llegado el Ministro de Economía. Yo he pedido la votación separada. Sé que eso alargará el debate, pero no hay ni una sola posibilidad...
El señor COLOMA.- Es votación general.
El señor NAVARRO.- El proyecto se encuentra con urgencia de "discusión inmediata". Ello obliga a discutirlo en general y en particular hoy día. O sea, la Sala debe despacharlo esta tarde sin haberlo conocido con anterioridad. Ese es mi punto...
El señor COLOMA.- Tiene razón, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Los únicos que lo conocen son los miembros de la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, yo confío en el criterio de los Senadores; desconfío del proyecto, porque no lo ingresaron los miembros de la Comisión de Hacienda, sino que vino del Gobierno, no sé si del actual o del anterior...
El señor ALLAMAND.- Del actual.
El señor NAVARRO.- Da lo mismo. En definitiva, a nosotros nos corresponde la responsabilidad de aprobarlo o rechazarlo.
Señor Presidente, en esta Sala hay 34 Senadores de regiones -¡34 de 38!-, y la iniciativa no contiene una sola palabra acerca de promover a los gobiernos regionales en una tarea tan importante como esta. Yo no sé a qué van los cores a recorrer China, Japón, Asia, Estados Unidos, dadas las limitaciones que tienen para trabajar. Son elegidos tan democráticamente como los Senadores que están en la Sala, pero no se contempla su incorporación a la Agencia propuesta.
Mi Intendente, Rodrigo Díaz, quien lo ha hecho muy bien, fue a China. Estuvo 12 días. Volvió con iniciativas de convenios, de inversiones. Pero nada: aquí pasan a depender de la Agencia de Santiago y de una CORFO que lo ha hecho mal. Los últimos 25 años de esta Corporación son una mala experiencia: multiplicidad de instrumentos que no dicen relación alguna con el interés de los inversionistas.
Refiero un hecho muy brevemente: trajimos a la delegación china de Yutong, los mayores fabricantes de camiones y de buses del mundo, que por cierto tienen presencia en América Latina. Estuvieron en mi Región dos días y medio. Después de largas visitas a puertos, lugares de inversión, parques industriales, en la reunión con el Intendente, con CORFO, con SERCOTEC, tras escuchar dos horas y media de exposición, con la sabiduría oriental les dijeron: "Bien, los hemos escuchado todo este tiempo y hemos conocido la Región y todo lo que ustedes nos ofrecen. Ahora queremos plantearles lo que nosotros necesitamos". Pues bien, hicieron una intervención de 20 minutos y nada de lo que ellos requerían había estado en el marco de la visita, en el marco de la propuesta de CORFO. Necesitaban cosas muy distintas: exención tributaria; fomento muy fuerte de la mano de obra; terrenos y concesiones por más de 40 o 50 años. Y como nada de eso estaba, se fueron a Brasil.
Entonces, si de inversiones...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador. Dispone de un minuto más para redondear su idea.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si de atracción de inversión extranjera se trata, me parece bien la creación de una Agencia, pero la incorporación de los gobiernos regionales es vital. En la agenda prodescentralización y prorregionalización que mi Gobierno y la Presidenta Bachelet han comprometido no puede haber una ley de este impacto que no los tenga incorporados.
Por tanto, señor Presidente, a pesar de que la iniciativa está bien orientada, contiene falencias graves que espero se puedan subsanar si el Ejecutivo se allana a la apertura de un plazo de indicaciones, para despacharla tan prontamente como se requiere, pero con las modificaciones que he señalado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la iniciativa que votamos hoy debe ser discutida en la reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo que queremos construir para Chile. El nuevo marco institucional para el fomento y promoción de la inversión extranjera directa se fundamenta principalmente en la estabilidad económica, social e institucional que hemos alcanzado en las últimas décadas.
Es cierto: mantenemos una estabilidad económica que nos ha permitido avanzar en inversiones importantes para nuestro país y la ciudadanía. Pero también es efectivo que tenemos una deuda pendiente con los chilenos que no han logrado recibir aún los beneficios de estos avances económicos y que esperan más del sistema institucional y social en que esta iniciativa legal se enmarca.
Pese a que pertenecemos a la OCDE y nos jactamos de ser un país que progresa en materia de crecimiento económico, hemos sido fuertemente criticados por mantener índices de desigualdad alarmantes a nivel nacional y regional. No por casualidad nos hemos convertido en una de las naciones más desiguales del mundo, con una fuerte segregación territorial y educacional, y una matriz laboral donde los salarios bajos y el endeudamiento limitan la formación de capital humano y el avance de nuestro país en su conjunto.
Es justamente en este punto en donde es preciso detenernos.
La actual ley de inversión extranjera y su nuevo marco institucional deben considerar un enfoque que fomente el desarrollo, pero colocando énfasis en el crecimiento con igualdad, centrado en el territorio. Es necesario tomar en cuenta incentivos al empleo y la protección de los trabajadores, con salarios justos y contratos seguros; el cuidado del medioambiente y la explotación sustentable de los recursos, así como la responsabilidad empresarial en el marco del cumplimiento de actividades económicas e industriales con estándares internacionales.
Estas inversiones tienen que apuntar no solo al progreso del país, sino también al progreso de las regiones en sus contextos respectivos, de acuerdo a sus fortalezas estratégicas y necesidades, con un enfoque territorial y particular que proteja las riquezas de cada rincón de Chile. Por ello, tanto la estrategia de fomento y promoción de la inversión extranjera como el Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera, que asesorará a la Presidenta de la República en estas materias, deben contar con una visión y un enfoque centrado en el territorio y sus particularidades.
La ley en proyecto señala que la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que promoverá el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones foráneas al país, debe seguir los estándares que fueron sugeridos especialmente para este efecto por la OCDE. Y, por lo mismo, es de suma relevancia incentivar el empleo protegido con contratos y salarios dignos para los trabajadores, en condiciones laborales adecuadas a los entornos en que se desarrollan las actividades.
Aquí es fundamental llamar la atención sobre los accidentes laborales y los desastres ambientales que han ocurrido en la última década, por ejemplo, en la gran, mediana y pequeña minerías y en sectores industriales, como el de las salmoneras.
En el nombre del crecimiento y del progreso se han perdido vidas; se han dañado territorios y recursos preciosos, como nuestro mar y sus especies.
Las inversiones deben ser responsables, tal como lo son en países del primer mundo, manteniendo y respetando el medioambiente y el crecimiento sustentable.
Esta iniciativa de ley ha de enmarcarse en una nueva política de desarrollo, donde el territorio y las personas pasen a ser protagonistas. Los encargados de promover la inversión tienen la obligación de considerar las regiones de Chile, a sus habitantes, sus riquezas naturales y la protección de ellos en cada una de las estrategias que se diseñen.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, efectivamente, cuando tratamos la reforma tributaria aquí, en el Senado, recibimos pura y simplemente la derogación del decreto ley N° 600. Se expresaba que no era necesario que Chile tuviera ningún tipo de legislación especial para acoger y atraer inversión extranjera.
Fruto de las negociaciones que permitieron la aprobación de la mencionada reforma, se estableció que dicho decreto ley iba a ser sustituido por otra institucionalidad, por una nueva legislación. Y para proponer esa nueva legislación se creó una comisión transversal, con especialistas, con técnicos, quienes fueron aportando sus distintas visiones e ideas para materializar en términos generales el proyecto de ley que hoy se nos plantea.
Quiero, en primer lugar, entender que esta tarde vamos a votar la idea de legislar.
El señor MONTES.- No.
El señor GARCÍA.- Parece que no va a ser así: vamos a votar todo. Y creo que, desgraciadamente, eso cambia lo que nosotros habíamos pensado.
Señor Presidente, yo soy partidario de esta iniciativa y voy a aprobar la idea de legislar.
Creo que necesitamos una legislación que permita estimular la inversión extranjera en Chile.
Me agrada la nueva institucionalidad que se consagra. Principalmente, la estrategia de fomento y promoción de la inversión foránea; la creación del Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera, y el establecimiento de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que sustituye al actual Comité de Inversiones Extranjeras. Este último tenía una acción puramente administrativa; en cambio, la idea de la creación de la Agencia es precisamente salir a buscar la inversión, ofrecer todas las bondades de nuestro país, para posibilitar el financiamiento de proyectos productivos, esencialmente, a los efectos de que nuestra economía crezca más y tengamos empleos con mayor estabilidad, mejor remunerados, más seguros.
Todo eso lo valoro.
Sin embargo, en esta iniciativa dos aspectos han resultado tremendamente controversiales. Y yo esperaba que los viéramos en particular, pues en eso habíamos quedado en la última sesión, cuando la Comisión despachó el proyecto.
De verdad, señor Presidente, lamento que no vayamos a tener esa oportunidad, pues los dos aspectos controversiales son muy muy importantes.
Uno es si debiéramos ofrecerle al inversionista extranjero la posibilidad del contrato ley, figura que contenía el decreto ley 600.
Al respecto, los especialistas tampoco tienen opinión unánime. Empero, mayoritariamente -hay que decirlo- son de parecer de que basta la legislación, de que no es necesario el contrato ley para garantizar los distintos compromisos que asume Chile en cuanto a la inversión extranjera.
El segundo aspecto, todavía más controversial, es el de la invariabilidad tributaria. Y yo quiero poner el acento en él.
¿Es nuestro país suficientemente capaz, con nuestra institucionalidad, con nuestra legislación, de atraer en forma competitiva inversión extranjera?
Tampoco hay entre los especialistas opinión unánime sobre el particular. Pero son muchos los que levantan la voz para decir que es necesario tener algún grado de invariabilidad tributaria, no para todos los proyectos, pero, sí, particularmente para los de gran envergadura; que impliquen una inversión de volumen significativo y que debe realizarse durante varios años; y que resulten de alto interés para nuestro país.
A mayor abundamiento, lo que más me gusta es que, tratándose de proyectos de alto impacto en áreas que Chile quiere desarrollar porque forman parte de nuestro proceso de desenvolvimiento nacional, definidos así por el ya citado Comité de Ministros, les demos algún grado de invariabilidad tributaria no solo a los inversionistas extranjeros, sino también a los nacionales.
Cuando se trata de grandes proyectos, que involucran elevados volúmenes, muchos años de desarrollo, y que están en las áreas donde nuestro país desea desenvolver al máximo sus potencialidades y sus ventajas comparativas, estimo que todos, nacionales y extranjeros, debieran tener las mismas reglas del juego, especialmente en materia de tributos. La idea es que tales proyectos se desenvuelvan, porque son parte de la estrategia nacional de desarrollo, porque son de alto interés para lograr en Chile un mayor crecimiento económico y social.
Para mí, eso sería lo ideal.
Lamento, pues, que no nos demos el tiempo necesario para discutir aquellos aspectos.
Señor Presidente, tenemos competencia, y muy cerca, para atraer inversión foránea.
Perú es también un país minero, y ofrece ventajas que nosotros vamos a dejar de ofrecer.
No vaya a suceder, señor Presidente, que Perú siga teniendo un volumen creciente de inversión extranjera y que nosotros la vayamos disminuyendo.
Creo que, básicamente, de eso trata este proyecto de ley. Y por ello, con la cabeza fría, debemos ser capaces de evaluar si el instrumento que vamos a votar hoy es suficientemente atractivo para no perder competitividad, para no perder la capacidad que ha tenido Chile para atraer inversión extranjera.
Cuando lleguemos a los artículos que derogan la invariabilidad tributaria tendremos que volver a discutir el punto.
Yo considero que no debe ser una invariabilidad total, algo que vaya a generar una situación de enorme desequilibrio entre inversionistas nacionales e inversionistas foráneos. Pero, sí, ha de ser un elemento más para atraer capitales extranjeros, particularmente pensando en los países con los cuales competimos por inversión del exterior.
Votaré favorablemente la idea de legislar, señor Presidente.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor HARBOE.- ¿Se puede abrir la votación?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hay un planteamiento para iniciar la votación.
El señor COLOMA.- No.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, este proyecto reviste importancia. Más allá de que parece más bien complejo y de interés no tan general sino para un sector, lo cierto es que tiene que ver directamente con la consideración y la evaluación del rol de la inversión en Chile.
Este tema -lo planteé al menos en la Comisión, y quiero reiterarlo aquí-, según entiendo, se está evaluando en un contexto histórico distinto del que vemos hoy.
Esto es parte de un programa -es verdad- en que en nuestro país había un muy significativo grado de inversión.
¿Y qué dice básicamente el mensaje? "El decreto ley N° 600 (...) fue concebido en otro momento de nuestra historia" -esto se expresó hace dos años- "cuando efectivamente las inversiones extranjeras necesitaban un marco especial, tanto institucional como de estabilidad". Y agrega que actualmente Chile vale en sí mismo por su estabilidad económica, social e institucional, lo que permite dar tranquilidad y, por tanto, posibilita derogar el mencionado cuerpo legal.
Aquí hay una primera afirmación que yo por lo menos quiero contradecir.
El decreto ley N° 600 ha sido un elemento virtuoso dentro de la economía nacional. No hay nadie que no lo haya señalado. Todos sostienen que generó un antes y un después para atraer inversión extranjera que no existía. Y había muchos proyectos por desarrollar que requerían recursos frescos, distintos; nueva tecnología, conocimiento, lo que se favorecía generando algún grado de incentivo especial.
Como nadie lo ha debatido, uno debe preguntar qué pasó para que hoy ese decreto ley no solo se discuta sino que además se derogue y se dé paso a algo perfectamente compatible con su existencia, cual es la Agencia de Inversión Extranjera, que está bien inspirada y se aviene con la mantención de determinado incentivo tributario, pero a la que se coloca como la nueva etapa dentro de la inversión foránea.
Yo creo que la base de la argumentación, en el sentido de que basta con la estabilidad económica, social e institucional, está equivocada.
Lo único que a mí me ha quedado claro en los dos últimos años es que esa estabilidad no es tan permanente y, al contrario, ha generado una baja en la inversión, a pesar de que la ha habido a través del decreto ley N° 600, que es lo que ha permitido mantener cierta estructura en el ámbito minero. Pero, al observar, uno concluye que en la actualidad existe un serio problema de inversión; y las autoridades de Hacienda así lo establecen.
Entonces, la primera pregunta es para qué terminar con algo que ha funcionado.
Hasta ahora, no tengo una respuesta convincente. No entiendo dónde está la raíz del asunto, a menos que nos consideremos muy autosuficientes y digamos "El país está tan bien que no necesitamos ningún incentivo de inversión".
Yo reflexioné sobre el particular -en la Comisión me abstuve en la votación general y dije que iba a revisar el punto con más tranquilidad- y me pregunté dónde se usa ese tipo de beneficio. La respuesta fue en la minería, sector en el que se requieren grandes capitales.
Y fíjense lo que nos ocurre con respecto a nuestros competidores, que en dicha área son muy relevantes.
Actualmente cuentan con invariabilidad tributaria Perú, Congo y Zambia. Tal vez estos países no parezcan tan significativos, pero se encuentran entre los siete productores más importantes de cobre en el mundo.
Australia y Estados Unidos tienen incentivos especiales a la inversión.
¡Estados Unidos, señor Presidente! Lo consignó la Presidenta de la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, invitada por la Comisión de Hacienda. Ese país, del cual no podemos decir que carece de estabilidad y fuerza, sigue en este momento un camino inverso al nuestro y está generando incentivos a la inversión.
Entonces, le pregunto honestamente a la Sala si seremos tan geniales al terminar con un estímulo de esa índole mientras siete de nueve países competidores nuestros recurren a alicientes en la materia, algunos por la vía de copiar el modelo chileno.
¡Si lo que está haciendo Perú es lo que hemos aplicado nosotros hasta ahora! Alguien puede oponer: "Oiga, pero ellos son más chicos". ¡Mas han ido creciendo cada vez más! ¿Y con qué? Con instrumentos parecidos al que se derogaría.
A mí no me calza, por lo tanto, que se le ponga fin a algo con lo cual otros están empezando. No comprendo dónde está la filosofía en la que se basa la medida.
Una frase que me impactó mucho, en una de las presentaciones en la Comisión, fue que la inversión en el mundo moderno no se puede entender simplemente vinculada a la estabilidad, sino que tiene que ver con la lógica de estar abierto o no a la innovación. Y esa es una de las razones por las cuales sociedades con mucha más estabilidad han creído en una vía diferente.
Hago referencia a ir por una ruta inversa a la del resto de los países que compiten con nosotros -agrego a ellos Colombia-, no solo en relación con la lógica minera, sino también con la económica. ¿Cuál es el debate en el resto del mundo? Cómo se mejora e incentiva la inversión. ¿Cuál es el que llevamos a cabo nosotros? Cómo deshacernos de un instrumento que ha sido muy útil -nadie lo ha negado- y si creer o no que una agencia, sin facultades especiales, va a poder reemplazar algo que, además, ha exhibido el mérito de ser un contrato ley, por lo que ha existido una cierta defensa en el sentido de que, de repente, un cuerpo legal no cambiará sustancialmente los acuerdos generados.
La frase a que hice referencia expresa: "no parece adecuado pensar que los incentivos para la inversión extranjera están relacionados exclusivamente con el grado de desarrollo del país; pareciera, más bien, que están asociados a si el país es suficientemente competitivo, en comparación con otros países, en las áreas en las que pretende atraer inversión".
Señor Presidente, estamos siendo menos competitivos. Cada vez que expertos han ido a la Comisión de Hacienda, por lo menos, como cuando se explicó la cuestión del cobre, vinculada con Codelco, han señalado que presentamos un problema de eficiencia. Lo que hoy día motiva el sustento a la inversión es cómo vamos en ese aspecto, y no parece que nos estemos dando cuenta de ello.
Entonces, aquí nos estamos amarrando las manos, en cierto modo, al crear una institución como la que nos ocupa. Ojalá le vaya bien. Por mi parte, no tendría ninguna dificultad en aprobar una agencia, pero sin deshacer lo que ha sido un activo muy importante en el país.
Sobre todo, me causa mucha extrañeza, francamente -el argumento fue expuesto por el Honorable señor García-, la urgencia de "discusión inmediata", cuando en la Comisión precisamente se manifestó que se trataría la idea de legislar y después veríamos con calma si había cosas que mejorar, como efectivamente habían aparecido del debate. La verdad es que supe exactamente hace una hora y media que se había cambiado la calificación -ello ingresó recién-, con lo cual, en la práctica, se inhibe cualquier esfuerzo mínimo por innovar en un asunto que me parece de mucha relevancia o por lo menos el intento de no cometer errores después de los cuales cuesta mucho poder salir adelante.
He escuchado -ojalá uno se equivoque- argumentos en el sentido contrario. Creo que nos hallamos ante una lógica que no es la del Chile de hoy. Actualmente no sobran la inversión ni la innovación ni la competitividad. No estamos en ese escenario. Diría que más bien necesitamos -y la gente del norte podrá explicarlo con mayor conocimiento- una fuerza importante, la que no veo dónde lograremos por la vía expuesta, más allá de la descentralización que usted plantea respecto de la Agencia, señor Presidente, y que comparto. Porque, efectivamente, si además vamos a tener una entidad concentrada, cabe considerar que, a la inversa, debería ser bastante más descentralizada.
A mi juicio, enfrentamos un problema de fondo y damos un paso del cual no estoy convencido. Al contrario, tiendo a pensar que deberíamos estar reflexionando en cómo generar más incentivos a la inversión antes que terminar con algo que ha sido virtuoso, según lo han estimado todos los economistas del país.
Por eso, voto en contra.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Hay varios señores Senadores inscritos, pero el titular de Economía ha solicitado intervenir.
Tiene la palabra, señor Ministro.


El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, lo que hace el proyecto de ley es precisamente contemplar, en la promoción de la inversión extranjera, una nueva institucionalidad que responde precisamente a los desafíos actuales de Chile.
Cuando se observan cuáles son estos últimos, me parece que todos los presentes coincidirán en que uno de ellos es agregar más saber al tipo de bienes que producimos; traer más y mejores recursos desde el exterior, con más conocimiento, que nos permitan transformarnos en un país exportador de minería y no únicamente de cobre.
Acá se ha mencionado la minería como uno de los sectores en que Chile cuenta con un tremendo potencial de desarrollo. Y ciertamente convendremos en tal capacidad. Pero, al analizar cuáles son nuestras deficiencias para transformarnos en exportadores de minería y no ser solo meros exportadores de cobre, vamos a ver que las diferencias no se basan en algún beneficio tributario específico como aquel respecto del cual se está legislando.
Para poder convertirnos en exportadores de minería tenemos que cerrar nuestras brechas en términos de capital humano. Chile dispone de trescientos investigadores dedicados a dicho sector productivo; los países con un desarrollo minero importante, el equivalente a mil. O sea, registramos un déficit importante en el desarrollo científico asociado.
Los exportadores de minería incluyen servicios relacionados; están integrados no solo en la producción hacia adelante, sino también hacia atrás.
Los proveedores son de clase mundial: no solo les brindan servicios a las empresas mineras de su país, sino también del resto del mundo.
Tanto es así que una Comisión estuvo encargada de preguntarse cuáles eran los retos de la minería en Chile, con inversiones de cien mil millones de dólares proyectadas para los próximos quince años, el doble que Perú, cuyo distrito minero es mucho más joven. O sea, nuestro país sigue potenciando esta actividad.
¿Cuáles fueron los desafíos definidos por ese órgano, en el que estuvo presente el ex Presidente Ricardo Lagos? Tenemos que desarrollar capital humano, así como centros de formación técnica que permitan aumentar la productividad laboral. Cuando se conversa con las empresas mineras, se puede advertir que este último aspecto es una de las brechas principales. Y para superarla, el camino es la capacitación. Por eso es que los centros son tan importantes.
La misma Comisión nos manifestaba que una de las tareas es conformar proveedores de clase mundial. Lo deseable es que las pequeñas y medianas unidades productivas en torno a la minería no exporten solo a la empresa de su región, sino que también puedan ser actoras globales. Y para eso es preciso desarrollar políticas de fomento; dar espacios a través de contratos inteligentes, por ejemplo, que permitan efectuar inversiones tecnológicas y llevar a cabo negocios; trabajar en líneas de base medioambientales que hagan posible una mejor identificación de cuáles son los potenciales cuellos de botella que alguien encontraría a la hora de invertir en un país.
Ese es el tipo de discusión al que tenemos que abocarnos si queremos tratar, por ejemplo, la competitividad en la minería.
Y lo mismo podemos decir en cuanto a la acuicultura, la pesca, el turismo, la logística.
En Chile, el costo de exportar un contenedor es cincuenta por ciento superior a hacerlo en Corea del Sur y tenemos acuerdos de libre comercio con el 85 por ciento de lo que se produce en el mundo. O sea, somos extremadamente atractivos para cualquier empresa que quiera encontrar una plataforma a fin de vender sus productos en ese ámbito.
Sin embargo, no somos enteramente competitivos en materia logística. Y eso implica considerar la inversión portuaria, por ejemplo, y cuáles son nuestras regulaciones, de forma tal de disminuir costos y hacernos aún más interesantes.
Entonces, cuando hablamos de desarrollarnos, de atraer más y mejor inversión extranjera, tenemos que contemplar un set de instrumentos muy distintos de los que requeríamos en 1974.
Hoy día, Chile cuenta con una institucionalidad macroeconómica que nadie duda de que es de las mejores en el orbe.
Cualquier ranking, del Banco Mundial, de The Economist, del Doing Business, va a situar al país, en términos de manejo macroeconómico, en los primeros lugares. Eso implica estabilidad para un inversionista extranjero.
Lo mismo pasa en materia de institucionalidad.
Si a ello se suma el hecho de que nos encontramos abiertos al comercio exterior, necesaria e inmediatamente nos transformamos en muy atrayentes como destino de recursos provenientes de afuera. Tanto es así, que el año pasado aumentaron en catorce por ciento. ¿Por qué? Porque la base de las decisiones que toman los inversionistas para operar en otro país es la estabilidad de largo plazo, como la que exhibe Chile.
Reitero: en 2014, la inversión extranjera directa se incrementó en catorce por ciento. Y nosotros, pese a ser chicos en términos de producción, con relación al PIB mundial, somos líderes, en este último nivel, en atraerla.
La iniciativa que nos ocupa precisamente genera las condiciones necesarias para poder recibir más y mejor inversión extranjera directa.
Ahora, se ha planteado una serie de interrogantes respecto de los instrumentos considerados y nuestra vocación en la materia.
El proyecto de ley determina la obligación de definir una estrategia de fomento y desarrollo al respecto.
Y para el Gobierno de la Presidenta Bachelet, por cierto, las regiones van a ser uno de los elementos centrales en la definición de la política sobre el particular. Es precisamente en ellas donde necesitamos más inversión extranjera.
Mas nuestra institucionalidad se halla hoy dispersa. No se encuentra coordinada ni cuenta con una ventanilla única.
Un inversionista extranjero requiere una institucionalidad clara, que le permita entrar a un país y solucionar dificultades de información, por ejemplo. Con la iniciativa, lo que estamos haciendo es establecer esa estructura, con una ventanilla única para atraer la inversión de esa índole, con la generación de información positiva para poder captarla y con el ofrecimiento de una serie de instrumentos para tal efecto.
Una empresa de contenedores estaba buscando hace algunos años dónde instalarse en el mundo.
El señor LAGOS.- En San Antonio.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ¿Y cuáles eran sus requerimientos? Capital humano, para poder hacer la inversión. No buscaba un beneficio tributario, sino trabajadores calificados.
Este es el tipo de instrumento que el Estado ha de tener disponible. En efecto, aumentarían la capacitación, la productividad del sector laboral y la calidad de la inversión que queremos atraer. Es, precisamente, la discusión a la que debemos abocarnos.
Hoy día, las inversiones que registramos en energía solar, para citar un caso, son principalmente de tecnología proveniente de Alemania y de España. Sin embargo, nuestra radiación es la más alta en el mundo. Y los científicos nos dicen: "Lo que requiere Chile son centros de investigación que justamente permitan desarrollar tecnología para aprovechar el recurso especial que posee". ¿Pero eso que implica? La formación de estas entidades con inversionistas extranjeros que deseen establecerse en el país, de forma de desarrollar el conocimiento específico correspondiente, y después, los proveedores del sector.
Actualmente, gran parte de los que trabajan en la construcción de una planta solar son extranjeros, porque no disponemos del capital humano requerido.
No se trata, entonces, de un beneficio tributario. Estamos haciendo referencia a la necesidad de generar instrumentos en términos de capacitación, de investigación, de infraestructura. Esos son los retos de Chile, cuya realidad es muy distinta de la del año 1974.
Y déjeme hacer una salvedad, señor Presidente. En alguna intervención se mencionó a Colombia: ese país contaba con un estatuto similar al chileno, pero lo derogó.
El señor COLOMA.- Lo cambió por otro.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Repito que con la nueva institucionalidad generaremos un nuevo conjunto de instrumentos para atraer la inversión extranjera directa que responda a los desafíos que enfrenta una sociedad que quiere alcanzar el desarrollo.
No existen casos, salvo el de algún par de naciones exportadoras de petróleo, de que el paso de un país de ingresos medios a ser desarrollado no se haya hecho sino sobre la base de su capital humano.
Y este es el reto para Chile: diversificar su matriz productiva, agregar conocimiento a los bienes que produce. Tenemos sectores sobre los cuales construir. Minería, acuicultura, pesca, turismo, logística, son ejemplos de los que pueden ser nuestros potenciales, para el efecto de que nos permitan, no solo aprovechar el beneficio del desarrollo en algunas empresas, sino también en toda la cadena productiva; así como fomentar y aumentar nuestro capital humano.
El proyecto de ley en debate precisamente da lugar a esas condiciones.
Gracias.
El señor MONTES.- ¡Muy bien!
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, la medida de éxito considerada en relación con el crecimiento de un país tiene que ver con el ingreso per cápita, el que a su vez se vincula con la producción, las inversiones, el comercio exterior, todos ellos factores que requieren un desarrollo con tecnología y capital humano cada vez mayores.
Gran parte de lo que ha planteado el señor Ministro es cierto. Me parece que esas son las variables que tenemos que manejar para configurar una estrategia a fin de lograr un incremento de la inversión extranjera.
Creo que la lógica de la inversión ha de dirigirse a la búsqueda de apoyo para las zonas con potencialidad. Muchas de ellas tienen esta última, pero no reciben recursos. Media un desincentivo o no existe un incentivo suficiente.
Sobre la base de la reforma tributaria y de la derogación del decreto ley N° 600, debería considerarse un nuevo escenario, porque pocos o ninguno se interesará en lograr una invariabilidad tributaria a cambio de traer tecnología, inversiones con maduración a largo plazo, si la tasa impositiva es demasiado alta.
De lo que se trata es lo relativo a qué nivel de sacrificio hace un país, desde el punto de vista fiscal, para atraer inversiones suficientes en aquellos territorios o actividades que le interesan, como Estado, para producir más, para aumentar la tecnología, para lograr una mayor generación de empleo. Eso tiene que ver con el ingreso per cápita.
Por tanto, creo que el debate es sumamente útil.
La innovación es convertir el Comité en una Agencia y que Chile no solo sea un receptor, sino también un promotor que vaya indicando en qué sectores y actividades invertir. El seguir exportando materias primas, o bien, cobre y no productos de la minería, precisamente obedece a que nos faltan capital humano y tecnología. Por lo mismo, focalicemos.
He observado que en la Comisión, en la cual no participo, se consultó acerca de la legislación comparada. El resultado no lo tenemos a la vista quienes participamos en el presente debate.
Por eso, creo que el proyecto debería ser discutido en general y darse un plazo para que analizáramos cuáles son los nuevos antecedentes que podríamos tener a la vista para aprobarlo en particular.
No obstante, si se mantiene la calificación de "discusión inmediata" y estamos obligados a votar en general y en particular a la vez, me parece adecuado tratar artículo por artículo y pronunciarse en cada caso, con el objeto de analizar en profundidad si vamos a ser capaces de crecer en logística, en instrumentos, y de que la nueva institucionalidad no solo reciba capital, sino que también lo intencione y desarrolle a través de acciones de promoción.
Creo que la infraestructura productiva de nuestro país es todavía muy primaria; requerimos de mayor tecnología para incorporar valor agregado a nuestros productos, pero tenemos un déficit en cuanto a capacidad humana.
Ahora estamos con la reforma educacional, con el fortalecimiento de la educación técnica, para los profesionales. Y me parece que ese es un punto importante, pero no suficiente para pensar que vamos a lograr un salto en la productividad, en la producción, en las exportaciones, lo cual también tiene que ver con la forma en que colocamos, al interior de nuestro país, los incentivos suficientes para que los inversionistas nacionales puedan desarrollar lo que se llama "encadenamiento productivo", de acuerdo con las inversiones provenientes del extranjero.
Considero que debemos implementar una política integral para permitir la inversión extranjera y también la inversión y el desarrollo nacionales.
Voy a votar favorablemente el proyecto, aunque quisiera más tiempo para debatir en particular su articulado.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, siento que este proyecto, que estaba lleno de buenas intenciones, se vea afectado por el mal que sufren todos los gobiernos: el "veintiunomayitis", que consiste en poner el acelerador a fondo en la discusión de ciertas materias para sacarlas antes del 21 de mayo.
Yo voté a favor -lo digo con claridad- de la derogación del decreto ley 600, porque iba a ser reemplazado por un mecanismo mejor, debido a que, de su análisis -y en eso estoy de acuerdo con el señor Ministro-, se desprendía que su diseño correspondía a otra época. Sin embargo, en esta iniciativa no veo nada de lo que ve el Ministro. Y lo haré presente artículo por artículo.
Por otro lado, señor Presidente, debo señalar que al fin estoy de acuerdo con el Senador Navarro -¡al fin!- en cuanto a lo que planteó respecto de la empresa china que trajo para instalar una fábrica de buses o de camiones en su región, a la cual también representa la Senadora Van Rysselberghe. Y los chinos le dijeron: "Bueno, ¿y?". Teníamos la legislación anterior; o sea, invariabilidad tributaria y todas esas cosas. Pero ahora las estamos desechando, señor Presidente.
Yo vine -por lo que me manifestó el Senador García- con la idea de votar a favor la idea de legislar, para tratar de corregir esta normativa. Pero resulta que ahora, encima, me dicen que tiene "discusión inmediata". ¡Por el 21 de mayo, señor Presidente! ¡Para qué nos engañamos! A mí me parece muy malo medir la calidad de un proyecto conforme a si puede ser anunciado o no en esa fecha.
Yo les pido, al Ministro y al Gobierno, que por último le pongan en un "torpedo" a la Presidenta de la República que esta iniciativa "se va a aprobar", porque todavía no se ha aprobado. Pero no dañemos al país.
Cuando una empresa quiere invertir en otra nación, ¿en qué se fija? En el nivel de impuestos; en su estabilidad económica; en la cantidad de profesionales y trabajadores que tiene. ¡Por supuesto! Pero debe hacer el cálculo de si le conviene invertir con esos impuestos. Y lo digo porque represento a una región minera, donde hay inversiones de 2 mil, 3 mil millones de dólares.
Yo les pregunto a ustedes si, como gerentes de una empresa que desea invertir 2 mil millones de dólares en Chile, tomarían esa decisión.
El Ministro dice: "Aquí hay que tener `ventanilla única'". De acuerdo, me parece bien. Me carga esto de que haya DIRECON, de que haya ProChile, de que haya no sé qué, y que nuestros embajadores no desempeñen la labor que realiza todo el resto de los diplomáticos del mundo, que andan buscando la manera de que las empresas de su país vendan sus productos.
Me parece bien unificar en esta materia, pero, sinceramente, no se le puede decir a una empresa que viene a invertir 2 mil millones de dólares en un proyecto, con una condición tributaria equis -40 por ciento de sus utilidades-, que a los dos años se le subirá a 50 por ciento. ¡Se acaba el negocio!
El tema de la invariabilidad tributaria resulta básico para inversiones intensivas en capital.
El señor MONTES.- ¡Y de largo plazo!
El señor PROKURICA.- Exactamente.
Yo no estoy hablando de una invariabilidad indefinida. Eso me parecería un abuso. Pero incluso, como sugiere el Senador García, igualmente les debiéramos dar este beneficio a los inversionistas chilenos. No es justo que ellos no dispongan de esta herramienta. También se la merecen.
En segundo lugar, coincido con el Senador Coloma en el sentido de que, cuando se planteó la derogación del decreto ley 600 -con la cual estuve de acuerdo-, la idea era reemplazarlo por una herramienta mejor. Y yo leo y leo el proyecto, señor Ministro, y no veo dónde hay una herramienta mejor. ¡Al revés! Creo que con la aprobación de esta iniciativa, todavía en general y en particular, vamos a terminar con los pocos incentivos que aún existen para atraer inversión.
Lo que hay que mirar aquí, como muy bien lo dijo el Senador García, no es a Tombuctú, sino a los países que compiten con nosotros. Perú nos está derrotando sin disparar una bala. Se terminó toda la exportación de ostiones. ¡Chao! ¡Quebraron todas las ostioneras! ¿Por qué? Porque nuestro vecino está entregando incentivos para trabajar sus bancos naturales. Se terminó toda la producción de olivos, porque Perú no tiene problemas de agua, cobra menos impuestos y su mano de obra es más barata. Ese país está haciendo todo lo que nosotros hicimos en los años ochenta. Está derrotando a nuestras empresas. Si no, pregúntenle a la gente de las industrias de Arica; pregúntenle cuántos chilenos se han ido a invertir allá.
Entonces, veamos lo que están haciendo los países que compiten con nosotros, señor Presidente; lo que están haciendo los países productores de cobre: Australia y otros; y, en general, los que pueden competir con Chile.
Yo les digo derechamente: si nosotros aprobamos este proyecto así, de un plumazo -como nos lo está pidiendo el Ejecutivo-, vamos a producirle un tremendo daño a una herramienta básica para el país que permite crear más y mejores negocios.
Usted hace muy bien, señor Ministro, en decir que no debemos seguir exportando cobre en bruto, sino elaborar una exportación con valor agregado. Pero, ¿qué parte del texto le permite a usted colegir que eso va a ocurrir? ¿Porque crea tres organizaciones nuevas? ¿Porque permite la "ventanilla única"? ¡No, señor Ministro!
¡Por favor! ¡Pongámonos serios!
Parece que aquí -lo digo sinceramente- no se recogieron ciertos trabajos y ciertas opiniones en torno a lo que es la inversión extranjera. Crear instituciones, tener "ventanilla única", no me parece mal, para, de alguna manera, transformar nuestro aparato estatal y hacerlo más agresivo; para que nuestros funcionarios en el extranjero salgan de sus oficinas a ofrecer los productos chilenos, para que cumplan la labor que se realiza en las embajadas y las organizaciones de todos los países del mundo. En eso usted tiene razón, señor Ministro, pero, en lo demás, creo que no.
La pregunta del millón hoy día es qué hay que hacer para establecer condiciones más atractivas para los inversionistas extranjeros, que yo no veo en el proyecto. Con la creación de organismos integrados por Ministros u otras instituciones -algunas incluso se superponen-, no veo que vaya a haber más inversión extranjera. ¡No lo veo! ¡Créame, señor Ministro!
Yo, señor Presidente, tal como ya lo he dicho, venía con la idea de votar a favor de este proyecto de ley, de corregir lo que considero que puede significar un efecto negativo en la inversión extranjera, pero creo que aprobar esta iniciativa es un error que nos va a causar un grave daño, porque no me parece que ahí se esté entregando ninguna herramienta para hacer a Chile un país más atractivo para la inversión extranjera, instrumento básico para el crecimiento.
Comparto todos los objetivos que usted plantea, señor Ministro, pero este articulado no llega a ellos. Yo soy partidario -como lo he dicho muchas veces- de que fabriquemos más elementos elaborados. El desafío de Chile es no seguir exportando piedras. Y -escuchen bien esto- hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en materia de inversión en fundiciones. Aquí se están cerrando fundiciones, señor Presidente. En el 2020 -se lo digo a usted, que es tan amigo de los chinos, igual que yo- China va a tener el 70 por ciento de la fundición de cobre en el mundo. Y somos nosotros los grandes productores de ese metal.
Yo pregunto quién va a poner las condiciones cuando nosotros sigamos pensando en cerrar fundiciones como Paipote u otras que, en la práctica, son lo más lejos a lo que estamos llegando, porque ya ni siquiera fabricamos alambrón. Teníamos una fábrica de alambrón y la hemos cerrado.
Yo estoy de acuerdo con usted, señor Ministro: debemos tratar de tener más y mejor inversión, no solamente seguir exportando piedras, pero, con este proyecto, pienso que vamos a retroceder.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, primero, una observación general.
Estamos discutiendo una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile, país que vive de la inversión extranjera, particularmente en minería, y lo estamos haciendo en una competencia récord, contra el tiempo, en circunstancias de que este debería haber sido un tema de debate nacional, pausado y respondiendo a una estrategia de desarrollo que implicara que Chile pudiera aprovechar sus recursos naturales y dar un salto al desarrollo.
¿Cuál es la realidad?
En primer lugar, las exigencias de los mercados internacionales están obligando a Chile a dejar de ser un exportador de cobre fino y a transformarse en un país exportador de concentrado.
Segundo, las fundiciones chinas, que mencionaba el Senador Prokurica, pueden separar hoy -las más sofisticadas- hasta 15 metales del cobre que Chile vende como polvo, de los cuales la mayoría o varios obtienen mejor precio. Y nosotros no recibimos ningún beneficio de aquello. Este dato lo chequeé con Aduanas, que me indicó que no tiene ninguna forma de establecer qué se exporta a través del concentrado. Y las proyecciones de los proyectos mineros, incluyendo los de CODELCO, indican que vamos a seguir avanzando a porcentajes crecientes de concentrado de cobre y no de cobre fino.
Chile fue la estrella de la exportación de cobre fino en el mundo, de cobre de la mejor calidad, y hoy es exportador de un cobre que va molido en un concentrado, con menor valor agregado y, además, con mayor déficit, por la calidad de nuestros minerales.
Y durante un par de décadas fuimos la estrella, no en realidad por el DL 600, sino porque la ley de los minerales chilenos, de alta calidad en el mundo, y el precio de la energía, particularmente cuando usamos el gas natural licuado argentino u otras fuentes más baratas al precio de hoy, nos hacían un país donde los costos de producción eran infinitamente inferiores.
Pero la calidad del mineral cambió y el precio de la energía se disparó. Ese es el principal motivo, más que los incentivos tributarios u otros. Estos, como los contenidos en el decreto ley 600, sirvieron más para generar confianza política en que Chile no iba a hacer cambios estructurales, pero no fueron determinantes. Simplemente, esa situación se debió al mercado, por tener buena materia prima y energía barata.
El problema que estamos observando hoy es que los países que están comprando cobre chileno ya no solo nos ponen las exigencias del producto que vendemos -ya no es cobre fino, es concentrado-, sino que además se empiezan a constituir en una amenaza para el cluster local. Este -la industria de base regional que apoya la producción de minería en Chile- se encuentra prácticamente desaparecido. No tuvo capacidad alguna de enfrentarse a los grandes exportadores radicados en la zona central de Chile.
Por lo tanto, el paso siguiente es que los grandes proveedores nacionales de la minería se sientan amenazados, porque ven y prevén que la presión china ya no solo apunta a que nosotros exportemos concentrado de cobre con menor valor agregado, para ellos realizar la separación de los metales y obtener la diferencia de valor, sino que además nos están exigiendo que los clusters compren los servicios o la maquinaria a los productores chinos o a aquellos con los cuales están asociados.
Igual situación se está dando con las fundiciones. Cuando nos dicen que las cerremos, por ser de alto costo y porque el negocio es vender concentrado, entramos en la misma lógica de avanzar hacia la mina, en vez de salir de ella y apuntar a la generación de una industria sustentable.
Quiero mencionar la experiencia de Australia, invitada a EXPONOR, el mayor evento económico del año: más de mil empresas expositoras; más de 30 países presentes, incluidos todos los grandes exportadores de cobre; negocios proyectados a 12 meses por 850 millones de dólares. ¡Ninguna autoridad chilena asistió! El Intendente era el funcionario de mayor rango presente.
Eso se llama centralismo.
Pero, más allá de mencionar, de pasada, esta discriminación, quiero decir que el tema que se ventiló en la trastienda de ese evento fue la presencia amenazante que muchos ven en las grandes transnacionales que quieren desplazar a los industriales chilenos.
Lo que ha hecho Australia es precisamente lo contrario. Es un país de origen minero, con niveles de producción inferiores al nuestro, pero que ha sido capaz de generar una industria que nos abastece. Nosotros somos uno de sus principales socios. Ellos exportan más de 30 mil millones de dólares en maquinarias y equipos para la minería, y además tienen negocios, en la industria o cluster minero, del orden de los 70 mil millones de dólares (datos de la embajada australiana en Chile).
Nosotros, como país, hemos sido incapaces de generar una política de promoción del cobre fino, del valor agregado y, más aún, de la generación de una industria competitiva a nivel internacional que nos dé sustentabilidad en el sector minero. Podríamos tener un alto ingreso asegurado, más allá de los minerales y de las reservas naturales de la materia prima, y una industria de alta sofisticación. Pero no se observa ninguna medida objetiva, significativa, que nos haga pensar que el país está desarrollando una industria robusta, capaz de darle sustentabilidad a la minería chilena. Por el contrario, estamos retrocediendo hacia niveles de producción de un concentrado que -insisto- tiene menor valor agregado que el que existía hace 20, 30 y 40 años.
Por consiguiente, yo no puedo considerar este proyecto suficiente para la magnitud del desafío de la minería, y menos discutirlo en un tiempo de diez minutos. En estas condiciones no puedo aprobar, en general y en particular, una iniciativa que tiene que ver con los recursos naturales de nuestro país.
Por lo tanto, me voy a abstener.
Y dejo constancia de que me parece impresentable que una normativa de la mayor importancia para el desarrollo del país tenga que ser discutida en estos términos y a la cual haya que adherir, como una suerte de lealtad de turno, bajo una cierta urgencia discursiva.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley que en el papel parece relativamente simple, pero que tiene toda una historia detrás, relacionada con el decreto ley 600, mecanismo creado durante el Gobierno militar con el objeto de permitir la llegada de inversión extranjera.
Chile era entonces, ciertamente, un país subdesarrollado, o, para ser más franco, en vías de desarrollo, no comparable con el que es hoy. Tenía severas dificultades para integrarse al mundo. No solo los gobernantes no podían viajar al exterior, sino que además los capitales no querían venir aquí, porque no estaban las condiciones. Podía haber recursos naturales interesantes de explotar, con una buena ley mineral, pero no existían condiciones adecuadas. De ahí que se estableció un sistema que, a ojos del año 1975 y por mucho tiempo, fue un régimen razonable desde el punto de vista de darle cierta tranquilidad adicional al inversionista extranjero que quería poner su capital en nuestro país.
Pues bien, el decreto ley 600, a juicio de muchos, ¡muchos!, incluidas instituciones respetables como la OCDE, está hoy día en retirada. No cumple el objetivo inicial que tuvo.
Quiero señalar que este proyecto -lo indicó el señor Ministro y todos los que han intervenido- persigue, básicamente, tres objetivos.
Los repaso bien rápido.
Primero, consagrar una nueva institucionalidad para atraer inversión extranjera directa; es decir, no solo para garantizar la inversión que llegue, sino también para promocionar las oportunidades de inversión en Chile.
Segundo, se establece una disposición transitoria para que aquellos que quieran acogerse al actual sistema lo puedan hacer durante los próximos cuatro años -hasta el 2020-, de modo de poder seguir trayendo inversión bajo el DL 600. O sea, aprobado este proyecto hoy día y promulgado como ley antes del 21 de mayo, como decía el Senador Prokurica, habrá hasta cuatro años para poder seguir usando el actual sistema.
Y tercero -y este es el tema importante para el capital extranjero-, a la inversión extranjera directa se le reconoce acceso al mercado cambiario formal, derecho a remesar el capital y las utilidades, la no discriminación arbitraria y la exención del impuesto sobre las ventas y servicios en la importación de bienes de capital. Es un incentivo para la inversión en general; esto es, para todos.
La pregunta que se hacen empresarios chilenos es: "¿Y por qué nosotros no podemos tener también un tratamiento garantizado al mercado cambiario formal?". Porque ocurre que, nos guste o no, seguimos siendo un país en vías de desarrollo, con ciertas peculiaridades. Y los empresarios internacionales, que tienen varias opciones para invertir su capital, andan en busca de lugares que efectivamente cuenten con mejores condiciones, ya sea por el recurso natural, la oportunidad de negocios, la capacitación del recurso humano, la institucionalidad, el grado de corrupción, la estabilidad de los gobiernos o de las reglas del juego.
En cuanto a las remesas y la posibilidad de recurrir al mercado formal cambiario, se trata de un elemento interesante. ¿Por qué querría poner mis recursos en Chile si cuando desee retirar mi inversión o mi utilidad o mi remesa no tuviera esa posibilidad garantizada?
Es lo mínimo; es la ley de la vida.
Podría no gustarme esa opción o no estar dispuesto a aprobarla. Pero, de no existir, seguramente habría menos inversión extranjera.
Ahora bien, el decreto ley N° 600 se concentró básicamente en el sector minero. Allí se hizo la principal inversión.
En tal sentido, a la Comisión asistieron representantes del Consejo Minero, quienes entregaron un informe -algunos Senadores han descansado en él- en el cual se señalaba que nuestros principales competidores en el mundo: Australia, Estados Unidos, Indonesia, Perú, El Congo, Zambia, Colombia y Canadá se hallaban en mejores condiciones, lo cual los hacía tener mayor competitividad.
Y se tendió a atribuir -ello quedó despejado en el órgano técnico- que el problema no era la invariabilidad tributaria, contrariamente a lo que algunos colegas han manifestado como algo muy importante, porque, de todos esos países que nombré, solo Perú, El Congo y Zambia ofrecen esa facilidad.
Para poner las cosas en perspectiva, nuestra nación representa el 39 por ciento de la minería mundial, mientras que Perú no llega al 6 por ciento. No digo con eso que estemos mejor, pero las razones por las cuales Australia, Estados Unidos, Indonesia, Colombia y Canadá pueden tener mayor competitividad son que cuentan con instrumentos que no incluyen la invariabilidad, lo cual hace la diferencia.
Y sobre eso este proyecto de ley, en concordancia con el resto de las políticas públicas de las que habló el Ministro -se hallan en su texto-, hará la diferencia.
Entre paréntesis, tampoco existen contratos de ley.
¿Qué hay? Subvenciones o descuentos en la provisión de infraestructura y algunas medidas tributarias como la depreciación acelerada, existente en Chile.
En Estados Unidos se ofrecen franquicias tributarias, condicionadas a determinados requisitos, para los proyectos de inversión. Básicamente, salarios altos para personas que trabajen en mineras. ¡Ya quisiéramos nosotros algo así para los trabajadores!
Respecto de Indonesia, en el sudeste asiático rara vez garantizarán invariabilidad tributaria. Eso sí, ofrecen algunas condiciones distintas: por ejemplo, mecanismos para resolver disputas con gobiernos locales en esa nación.
Tal es el tipo de incentivos que tienen. Si a alguien no le gusta, le dicen que invierta en otro lado. ¿Por qué? Porque maximizan la explotación del recurso natural.
En cuanto a Colombia, deseo hacer una aclaración: en ese país contaban con un sistema similar al peruano, pero lo derogaron en 2012, de manera que hoy día tienen uno que establece un marco legal que prioriza las ventajas estructurales de invertir allí, en desmedro de las garantías extraordinarias que contemplaba el estatuto original de invariabilidad tributaria.
En relación con Canadá, en algunas provincias descansan básicamente en créditos tributarios de hasta un 30 por ciento de los gastos asociados a la exploración y la explotación de mineral.
Lo que pretendo afirmar es que se ofrece un número diverso de incentivos.
Sobre el particular, me voy a centrar en un asunto que mencionó el Ministro de Economía. Para eso, solicito -por intermedio de la Mesa- que el señor Céspedes elabore un poco más su respuesta sobre los incentivos que hay en Chile. Porque no me basta con que contemos con un mecanismo de promoción de inversiones o con atraerlas si no tengo qué ofrecer a cambio.
En lo relativo al ejemplo que se dio sobre San Antonio, la empresa internacional Maersk Line produce contenedores en Chile, en circunstancias de que podría fabricarlos en China.
Las razones por las cuales aquello se estableció en nuestro país fueron tres.
La primera es que la mano de obra nacional, si bien requiere capacitación, vis a vis con la mano de obra china es más capacitada.
La segunda se refiere a que el Estado chileno entrega ingentes recursos a través del SENCE, que hacen que hoy se capaciten en esa ciudad más de 2 mil personas a fin de tener aproximadamente un total de 4 mil trabajadores. Eso, literalmente, cambia la naturaleza de trabajo en ese puerto.
Y la tercera, que no es menor, dice relación con nuestra posición geográfica. Porque, si los contenedores se elaboraran en China, como en general deben tener refrigeración para el transporte de fruta, una vez construidos tendrían que enviarse al lugar donde se cargan, con lo cual se perdería el viaje de ida.
En cambio, si los hacen en el puerto de San Antonio, toda la fruta de las Regiones de Valparaíso, de O'Higgins y del Maule es cargada una vez construido el contenedor.
Eso es aprovechar, y constituye un incentivo real. Sin embargo, hay otros mayores en la CORFO, en el ámbito científico-tecnológico. Se cuenta con millones de dólares en materia de inversión.
A continuación, deseo referirme a algo que no se menciona acá: qué cosas no atraen la inversión extranjera directa.
Por ejemplo, que la institucionalidad no funcione.
¿Le parece razonable a alguien, con el respeto que me merece dicho magistrado, que sobre los hombros del juez de letras de Los Vilos descanse la resolución de un conflicto relativo a una inversión de más de 3 mil millones de dólares, como es el caso del tranque de relave de la minera Los Pelambres?
Debemos resolver ese problema institucional, ya que no resulta sano que una inversión de tal magnitud termine reducida a la decisión de un juez de letras o, después, de una corte de apelaciones, como tampoco -este ejemplo tal vez genere más escozor- a que, habiéndose cumplido todos los trámites para la concreción de un proyecto energético -muy bien me lo señala, caricaturescamente, el Senador Víctor Pérez; pero es bueno que me lo recuerde-, un Presidente de la República tome el teléfono y le pida a la empresa, que cumplió todos los requisitos, que retire esa inversión extranjera.
¿Qué es más serio desde el punto de vista internacional: que me señalen que me retirarán la invariabilidad cuando los impuestos estén en 44 por ciento o que, cuando cumplí todos los requisitos, me digan desde el palacio presidencial: "Mejor no invierta en Chile"?
Ese es el tipo de temas en cuestión.
Por último -termino acá-, está lo relativo al royalty.
Escuché atentamente a Senadores de las bancadas del frente y estoy de acuerdo con ellos, pues quiero más incentivos, pero no tienen por qué referirse solo a la invariabilidad tributaria.
No obstante, hay algo que queda pendiente respecto de los recursos naturales: el famoso royalty.
Cuando se presentó el primer proyecto sobre la materia -¡entiendo que ni siquiera era un royalty propiamente tal, sino uno más o menos...!- fue rechazado. Y la idea de este gravamen es hacerse cargo de que el cobre no es infinito, de que se acabará, de que la ley del mineral disminuirá.
Es cierto que existe un proyecto grande en la Región de Valparaíso, Expansión Andina 244, pero se va a terminar.
Entonces, debemos usar parte de esas riquezas e invertirla solo en educación y generar valor agregado a esas exportaciones, no pensando en que vamos a seguir exportando cobre cuando no tengamos, sino en si dispondremos de la capacidad para trabajar todavía en el valor agregado de la producción de ese metal en la explotación en otros países y, sobre todo, para sustituir esa riqueza por la inteligencia de nuestros hijos y nuestros nietos.
Por eso, tal vez se tenga que repensar en el futuro un royalty redirigido en forma exclusiva a la investigación y al desarrollo de la educación superior en Chile, que permita reemplazar la explotación del mineral.
Solo me queda decir que aprobaré este proyecto de ley.
Por cierto, uno quisiera tener a veces más espacio para debatir en detalle. Pero no me cabe duda de que esta iniciativa constituye un avance sustantivo. Como dijo la OCDE, este mecanismo no existe en ningún país que integra esa organización y es posible hallarlo en Perú, Kazajistán, El Congo y Zambia.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le voy a dar la palabra al señor Ministro de Economía, don Felipe Céspedes.
La señora ALLENDE.- ¿Se puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
El señor MONTES.- Por supuesto.
El señor LARRAÍN.- Solo si se mantienen los tiempos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se darán los 10 minutos, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- ¿Señor Presidente, se retirará la urgencia o se mantendrá?
El señor COLOMA.- Si abre la votación, no podrá intervenir el Ministro.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, iniciaremos la votación después de que intervenga el Ministro de Economía.
Acordado.
Tiene la palabra.


El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Gracias, señor Presidente.
Quiero referirme a algunas preguntas planteadas por el Senador Lagos Weber y, también, a otras dudas mencionadas durante la discusión.
En primer término, respecto del mecanismo del decreto ley N° 600 sobre el cual se está legislando, la invariabilidad tributaria, la iniciativa establece una transición hasta enero de 2020 para la firma de proyectos a través de la legislación actual. O sea, hasta esa fecha tales contratos podrán ser firmados sobre la base de lo que ahora existe.
Mediante esa norma, como Gobierno estamos dando un plazo de transición lo suficientemente amplio para adecuar el funcionamiento de cada una de las industrias que pudiera verse afectada o que pensara acogerse a la invariabilidad.
Al mismo tiempo, deseo expresar que las propias cifras demuestran que el mecanismo de invariabilidad tributaria cada día es usado menos por las empresas que invierten en Chile. Es decir, esto también demuestra que quienes comienzan a invertir en nuestro país no tienen en cuenta la invariabilidad tributaria, sino otro tipo de características que venimos desarrollando.
Además, estimo importante señalar que en el artículo segundo transitorio se consigna claramente que la invariabilidad tributaria establecida actualmente durará hasta enero de 2020.
Me parece un antecedente muy relevante respecto de la forma en que, como Gobierno, estamos planteando la eliminación de este mecanismo.
Quiero agregar que se ha llevado a cabo aquí una discusión -lo plantearon de manera muy clara los Honorables señores Guillier y Navarro, como también otros Senadores- sobre la estrategia de desarrollo productivo del país, que ciertamente va mucho más allá de esta iniciativa.
Este proyecto, que habla acerca de la institucionalidad para atraer inversión extranjera en Chile, recoge precisamente todas las recomendaciones que la OCDE ha hecho al país en términos de lo que debiera ser esa institucionalidad. Ella nos ha dicho que tenemos múltiples organismos que no están coordinados, que no interactúan, y que es necesario generar una entidad que coordine y promueva (así como ocurre en más de 140 países en el mundo) la atracción de dicha inversión.
Una discusión tan relevante como esta, o quizás aún más, recae en el desarrollo productivo de nuestro país. Esto es, ¿qué sectores nos darán crecimiento en el futuro?, ¿dónde estarán los sectores que van agregar valor? Pero, ciertamente, esa discusión -estoy de acuerdo con lo planteado por el Senador Prokurica- va muchísimo más allá de la atracción de inversión extranjera al país: se basa en el debate que se debe llevar a cabo sobre nuestro desarrollo productivo.
Muchas de las ideas expresadas en esta Sala son compartidas plenamente por el Gobierno. Tanto es así que hemos dicho que debemos generar nuevos instrumentos, realmente acordes con los desafíos del país; por ejemplo, con el desafío de nuestro sector minero. Este va mucho más allá de uno u otro beneficio tributario que se pueda obtener, pues se vincula con la productividad minera en materia laboral, como el tratamiento de todos los relaves sobre la base de conocimientos, la generación de capacitación, el capital humano avanzado, los centros de formación técnica.
Y podemos tener esa discusión -comparto los puntos señalados por el Senador Guillier- en múltiples áreas: energía solar, acuicultura, turismo y Sus Señorías probablemente encontrarán muchos otros sectores en donde esa discusión debe darse.
¿Qué hacemos nosotros desde el Gobierno? Planteamos una discusión precisamente en esas dimensiones. Y para responder a la pregunta del Senador Lagos Weber, él daba el ejemplo de la empresa Maersk, y ese es el tipo de instrumentos que tenemos que generar.
Así, los subsidios al capital humano efectivamente nos permiten atraer más inversión extranjera con un componente basado en ese capital.
En cuanto a la generación de centros de formación de conocimientos para empresas que invierten en nuestro país, como Ejecutivo firmamos hace pocos meses un acuerdo con el Instituto Fraunhofer con el fin de realizar investigación solar en el norte de Chile. Esta es la forma de comenzar a desarrollarnos.
Y en otros sectores, como la acuicultura, necesitamos más investigación. La que se realiza en Chile todavía no se encuentra al nivel de nuestro potencial en esa área. Para producir la misma cantidad de proteínas, la acuicultura necesita un quinto del agua que se requiere con respecto a la carne. Si pensamos que la demanda por proteínas en el mundo va a crecer de manera relevante, producto del ingreso per cápita, eso significa que tenemos un tremendo potencial; pero ello implica la creación de más centros de investigación en alimentos, en vacunas, lo que conlleva un mayor desarrollo de capital humano avanzado, más alumnos estudiando doctorados en Biología Marina.
Esa es precisamente la estrategia que nosotros hemos planteado al país. Lo dijimos en su momento en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, y compartimos como Gobierno las preocupaciones expresadas por diversos parlamentarios y Senadores en la Sala con relación a la necesidad de avanzar en ese tipo de discusiones.
A modo de ejemplo, la industria de servicios globales en Chile prácticamente no exportaba en 2004 (200 millones de dólares en exportaciones en servicios globales). A través de un programa de la CORFO, que comenzó en ese año, empezamos a otorgar becas de inglés, a ofrecer capacitaciones para programadores en regiones. Dicha política en regiones nos permitió que al 2010 nuestras exportaciones de servicios globales fueran de 1.000 millones de dólares; o sea, multiplicamos por cinco las exportaciones globales. ¿Sobre la base de qué? Del desarrollo de capital humano, de la generación de incentivos para atraer empresas a fin de ubicarse en nuestro país (desarrollo de la fibra óptica).
Ese es el tipo de discusión que nosotros promovemos desde el Gobierno. Pero ciertamente va más allá de este proyecto de ley, que busca generar una institucionalidad para que esa inversión extranjera se desarrolle en Chile.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación en general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.


El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, después de escuchar al señor Ministro de Economía, uno constata con absoluta nitidez y claridad que estamos frente a un proyecto relevante en donde no figuran la mayoría de las ideas que él plantea. Estos no guardan relación alguna con lo que hoy debemos votar. ¡No aparecen! Son políticas de desarrollo, son estrategias económicas, que no se hallan vinculadas -reitero- con la iniciativa legislativa que estamos analizando.
Y mi segundo comentario es que, si estamos discutiendo un proyecto relativo a una nueva institucionalidad para atraer inversión extranjera a un país en que esta es básica, es esencial, no hay duda de que tratarlo en una sola sesión en general y en particular es a lo menos una irresponsabilidad. Muchas veces se critica al Senado, al Congreso por este tipo de cosas, y el presente es un claro ejemplo de ello.
¡Vamos a cambiar nuestra institucionalidad! ¿Y cuánto tiempo tenemos? Una hora y media, diez minutos por cada uno de los Senadores para poder opinar...
Si eso no es un despropósito, verdaderamente sería importante que alguien dijera qué es.
Cambiar la institucionalidad de algo que ha funcionado de manera virtuosa -como decía el Senador Coloma-, me parece un esfuerzo en el que todos debemos poner mucha capacidad e inteligencia para mejorarlo en forma sustantiva. Porque no hay duda de que el decreto ley N° 600 operó en un país con una realidad totalmente distinta de la que hoy existe.
Eso es cierto. Sin embargo, tiene virtudes. Posee elementos muy positivos, y el dejarlos fuera constituye un riesgo extraordinariamente potente, extraordinariamente poderoso, extraordinariamente grande.
Chile se encuentra ubicado geográficamente en un lugar complejo para las relaciones internacionales, debido a la lejanía en que se encuentra. Por lo tanto, deben existir normas precisas y simples. Y, dentro del decreto ley N° 600, sin duda, la invariabilidad tributaria es un elemento de suma importancia. Significa decirle a quien venga a invertir a nuestro país que va a tener un contrato con el Estado, y que todas sus normas serán respetadas en el mediano y el largo plazo.
Ello ha permitido desarrollar la industria minera, y ojalá pudiéramos hacerlo con otras. Y para que eso sea así, ¡no cabe duda de que debemos generar una nueva institucionalidad!
No sé si el Comité de Ministros o la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera son los instrumentos adecuados. Pero, ciertamente, esa institucionalidad tiene que salir no solo a buscar la inversión extranjera, sino también a promover las regiones, los territorios y aquellos aspectos que verdaderamente le interesen a Chile. No hay que dejar que la inversión extranjera llegue únicamente por el hecho de obtener determinado beneficio tributario.
Por ende, la inversión que debemos impulsar y desarrollar tiene que pasar a través de una institucionalidad muy dinámica. Y creo que aquí estamos modificándola, eliminando aspectos esenciales como la invariabilidad tributaria y estructurándola como aparato público.
Si alguien me viene a decir que solo creando estructuras públicas, burocracia pública, va a generar el dinamismo para atraer la inversión extranjera, está muy equivocado.
En consecuencia, tienen que existir normas claras y objetivas de antemano que le aseguren a quien venga a promover una inversión en el país las condiciones propicias para ello.
Aquí, el Ministro de Economía planteaba que durante el año 2014 la inversión extranjera subió considerablemente, al revés de todo lo sucedido en Latinoamérica. Eso es parcialmente cierto. Pero en su mayoría este aumento es producto de la compra de capitales extranjeros de la industria nacional. Es decir, no ha habido una inversión para generar riquezas, generar nuevos proyectos, sino que para comprar...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.- Pero se acordó mantener los diez minutos para la fundamentación del voto, y van solo cinco.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Es cierto. Disculpe la interrupción.
Continúe, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.- Por lo tanto, no podemos engañarnos con ese dato. En 2013 hubo menos inversión extranjera y en 2014 esta aumentó solo porque los inversionistas vinieron a comprar industrias nacionales. En definitiva, por esta vía no se originó dinamismo en la economía.
Si creen que con la creación de un comité y una agencia y el establecimiento de dos o tres normas de carácter menor vamos a generar un estímulo en este ámbito, están absolutamente equivocados.
Señor Presidente, hoy nos encontramos resolviendo algo absolutamente esencial para el futuro del país. ¡Absolutamente esencial! Si tomamos una decisión errónea en esta materia, hipotecaremos el porvenir de Chile quizás por varios años.
Digamos las cosas como son: crear el Comité de Ministros y la Agencia de Promoción no asegurará la llegada de inversión extranjera.
Actualmente, cualquier persona que quiera invertir en nuestro país sufre los efectos de la burocracia. Cualquier persona que desee desarrollar un proyecto se ve afectada por la demora para conseguir los permisos que le permitan avanzar en la ejecución de este. Cualquier persona conoce las dificultades que se deben enfrentar para llevar adelante iniciativas de inversión; incluso si se trata de inversión pública.
En la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos estamos tratando el tema de la sequía, y resulta fundamental la inversión para ir en ayuda de quienes carecen de agua. Sin embargo, la tramitación de los proyectos de agua potable rural dura a lo menos cinco años, desde que se presenta la solicitud pertinente hasta que se resuelve su aprobación. Y eso ocurre en caso de que todo funcione como está previsto.
Por su parte, el Ministro de Obras Públicas esta mañana nos dijo que, si no se cambian ciertas normas administrativas, varias obras de inversión esenciales, como los embalses, van a demorar diez años en materializarse.
Y pasa por el mismo trámite cualquier inversionista, ya sea pequeño, mediano o grande. En mi opinión, lo sufren con mayor rigor los pequeños y medianos.
En consecuencia, solo el establecimiento de una institucionalidad pública para atraer inversión extranjera, a mi juicio, no resuelve el problema.
Debemos fijar reglas claras y lo más simples posible, que den estabilidad y certeza. Las instituciones de Gobierno tienen que jugar un rol dinamizador de la inversión tanto extranjera como nacional. El Estado ha de desempeñar un papel de promoción, de ayuda, para que los proyectos se desarrollen y salgan adelante.
Si no hacemos eso, claramente estaremos condenando al país a tasas de crecimiento extraordinariamente mediocres, como las que se registran hoy: entre 2 y 1,5 por ciento. Y nos contentaremos si llegamos al 3 por ciento.
Sin duda, con ello se mantiene la pobreza y la desigualdad, y se impide el avance hacia el progreso.
Por eso, señor Presidente, no estoy de acuerdo en tratar un proyecto de ley de esta envergadura en tan poco tiempo.
No estoy dispuesto a votar favorablemente una iniciativa que elimina un instrumento fundamental (la invariabilidad tributaria) como incentivo para quienes vienen a hacer una inversión riesgosa a nuestro país.
En esta materia debemos mantener normas claras, precisas y simples.
Reitero: estamos votando algo esencial para el país disponiendo para el análisis solo de diez minutos por cada orador. ¡Eso me parece irresponsable!
En consecuencia, no puedo aprobar un proyecto de tal naturaleza, por la premura con que se ha debatido, considerando el contenido de que se trata.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, estamos discutiendo la presente iniciativa porque, como se ha recordado, cuando se aprobó la reforma tributaria se estableció la derogación del Estatuto de la Inversión Extranjera a partir del 1 de enero de 2016. En el intertanto se debía dictar otro en su reemplazo, aunque inicialmente, en aquel minuto, esa no parecía ser la voluntad del Ejecutivo.
Finalmente, producto de las conversaciones habidas en el Senado, se creó una Comisión Asesora, cuyo trabajo se ve reflejado en el proyecto que nos ocupa.
Esta iniciativa tiene, sin lugar a dudas, aspectos positivos. Como estos ya fueron resaltados, no los voy a repetir.
La idea de crear la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera destaca como algo relevante. Ello implica no solo esperar a que lleguen los inversionistas, sino también tener una actitud proactiva para promover la búsqueda de inversiones en el extranjero.
Sin embargo, se produce un cambio muy radical con relación a algunas normas del aún vigente Estatuto de la Inversión Extranjera, como la pérdida de ciertos beneficios, que -según creemos- son claves para poder atraer inversiones a Chile.
Hay quienes señalan que ya no es necesario atraer inversiones al país, por su nivel de desarrollo; que naciones como la nuestra ya no requieren incentivos en esta materia, particularmente en lo que dice relación con la invariabilidad tributaria.
Sin embargo, la pregunta genérica que cabe formular es si Chile precisa o no atraer más inversión.
Quienes vean cómo ha evolucionado el escenario de las inversiones no en el mundo, sino en nuestra región, estarán conscientes de que Chile está perdiendo terreno. Tales fenómenos se advierten no en el corto ni en el mediano plazo, sino en el largo plazo. Por tanto, la irresponsabilidad de haber desincentivado mecanismos de inversión, en perjuicio del Chile de cinco o diez años más, es muy significativa.
Por eso me preocupa lo que estamos haciendo. ¡Necesitamos todavía más inversión!
Si bien los regímenes jurídicos en esta materia varían -existen los más diversos mecanismos-, todos los países disponen de instrumentos de estímulo a la inversión. Por lo mismo, nosotros no debemos renunciar a algunos muy positivos que aún nos rigen.
En ese sentido, está bien crear la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, pero es inadecuado poner fin a ciertos beneficios, como el del contrato ley y el de la invariabilidad tributaria. Este último ha sido un elemento extraordinariamente importante para Chile.
Es esencial que exista un contrato ley que garantice que las reglas del juego no se van a alterar en el tiempo. Si esto se elimina, al igual que la invariabilidad tributaria, no cabe la menor duda de que la estabilidad de los proyectos de inversión extranjera en el largo plazo se va a perder.
Pienso que en ese plano se debe tener especial cuidado.
En los últimos cuatro años, Chile ha promulgado dos reformas tributarias: la que impulsó el Presidente Piñera y la que propuso el año pasado la Presidenta Bachelet. Ello transmite la sensación de que nuestro país aún no es estable en materia de tributos.
Además, hoy se está viviendo un proceso bastante significativo de desaceleración económica. De hecho, el crecimiento está estancado. Una de las tareas que espero que asuma el nuevo Ministro de Hacienda es, precisamente, la de generar una agenda que permita recuperar el ritmo de crecimiento económico. Sin este, queda desprotegido el empleo y se originan diversos problemas. De ese modo la agenda de proyectos para ayudar a resolver los temas sociales, al no contar con los recursos necesarios, se verá muy debilitada.
Por su parte, la pérdida de la invariabilidad tributaria, a mí juicio, provocará consecuencias negativas para Chile.
Se plantea que esta futura ley producirá efectos en ese ámbito recién en cuatro años más y que, luego de ese lapso, se podrá revaluar y corregir el mecanismo si se estima que produce daños. ¡Pero entonces puede ser tarde! Tal planteamiento no parece serio. Estar improvisando en estas materias me parece inconveniente. A mi juicio, si hay dudas, más vale no cambiar los mecanismos vigentes.
Nuestro país está pasando por las dificultades que todos conocemos; no está ofreciendo estabilidad económica, y agrega incertidumbre jurídica al poner fin a instrumentos muy positivos de incentivo a la inversión, como el de la invariabilidad tributaria. Todo ello nos hace pensar que el camino que estamos siguiendo no va a servir para potenciar y fortalecer las inversiones en nuestro país.
Pero la situación es todavía más compleja: el Estatuto de la Inversión Extranjera tiene sus días contados (hasta fines del presente año) y, si no aprobamos este proyecto, que fija uno nuevo, deberemos enfrentar una dificultad mayor que la que existe hoy, por cuanto nos quedaremos sin la Agencia de Promoción para la Inversión Extranjera.
A mí no me gusta esta forma de tratar las iniciativas de ley.
No tengo ningún problema en votar favorablemente la idea de legislar; pero hago presente que no disponer del tiempo suficiente para analizar esta materia en detalle, para darle más vueltas, para evaluar con mayor certeza las medidas propuestas para atraer proyectos de inversión, nos puede llevar a cometer un grave grave error.
Votaré a favor de la iniciativa en general, ya que es peor quedarse sin un estatuto para promover inversiones extranjeras. Sin embargo, solicito que en la discusión particular se voten separadamente los artículos del proyecto con el fin de dejar estampada mi abstención.
El proyecto necesita más análisis para su corrección y un debate mayor para revisar lo relativo a la invariabilidad tributaria, asunto en lo cual, a mi juicio, todavía hay plazo para introducir mejoras y hacer un estudio más acabado del instrumento propuesto. De lo contrario, seguiremos dando señales equívocas en el ámbito de la inversión.
Se ha señalado aquí que países como Perú no compiten con nosotros en este plano, porque su participación en el mercado minero es muy menor. Pero no nos equivoquemos. El ritmo con que dicha nación está trabajando es muchísimo mayor, y sí está buscando mecanismos de estabilidad e incentivos para atraer inversión en ese campo.
Entonces, cuando nos demos cuenta de que los países vecinos ya no son la quinta parte, sino la tercera de lo que nosotros producimos en minería, será tarde.
Por eso me parece irresponsable quitarles las alas a las inversiones extranjeras hacia el futuro. Insisto: considero que estamos dando un paso peligroso, delicado.
Con todo, como no podemos prescindir de un estatuto, votaremos favorablemente la idea de legislar.
Sin embargo, no puedo dejar de manifestar que la forma como se va a discutir el proyecto en particular impide garantizar un horizonte razonable para asegurar el porvenir de la inversión en Chile. De esto, yo por lo menos no quiero ser responsable.
Por lo mismo, señor Presidente, solicito votación separada de todos los artículos, a efectos de dejar estampada mi abstención. Así, no me hago solidario de las consecuencias que se materializarán si se aprueba la iniciativa tal como está redactada, o sea, sin los cambios que requiere la propuesta legislativa del Ejecutivo por no disponer de un tiempo razonable de debate.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la Constitución Política de la República se dictó en su momento con una matriz ideológica determinada, que contempla el criterio del rol subsidiario del Estado.
Parto con esta reflexión por una razón.
Creo que uno de los grandes problemas que hay en nuestro ordenamiento jurídico -una de las reglas del juego colectivas no se halla bien precisada- es la ausencia del rol del Estado como promotor del desarrollo industrial, como actor que busca no ahogar, sino promover, estimular y facilitar el progreso económico del país.
Soy de aquellos que están convencidos de la importancia de dicho papel del Estado, el cual, por desgracia, no se encuentra consagrado en la Carta Fundamental. Por el contrario, esta pone cortapisas para que el Estado sea un agente promotor de las políticas industriales, como a mí me gustaría que fuese.
Algunos creen que es suficiente solo con incentivos de mercado.
Otros piensan que con la invariabilidad tributaria, que es uno de tantos instrumentos, basta y que el resto debe obedecer a factores de mercado.
Con el transcurso del tiempo -sobre todo en el siglo XXI-, quienes ayer defendían una visión más ideológica, sean de Derecha o de Izquierda, han cambiado sus puntos de vista. Hoy es posible avanzar hacia una concepción distinta del rol del Estado en materia de promoción y generación de mecanismos para la inversión extranjera.
Me parece muy bien que se haya establecido la derogación del decreto ley Nº 600. Este es un instrumento que respondió a un momento histórico determinado, y a quienes lo añoran les cuesta dar el próximo paso, el cual tampoco se encuentra en esta futura ley.
Aquí se busca fijar una ley marco y crear una institucionalidad para definir políticas. Lo propuesto es necesario pero insuficiente -así lo hemos escuchado en diferentes opiniones-, porque no entrega facultades para promover instrumentos o asociaciones entre el Estado y los privados, como lo hizo la CORFO en su minuto.
En consecuencia, mientras el Comité de Ministros no cuente con atribuciones para crear mecanismos de incentivo o reactivar los existentes, será insuficiente nuestra política de desarrollo industrial.
Me parece importante precisar para qué queremos inversión extranjera.
¿Para que venga a producir oro en Chile? A mí no me interesa tal propósito.
¿Para extraer los recursos naturales y punto? ¡Es absurdo!
Este año tuve el honor de participar en la comida anual del CESCO (Centro de Estudios del Cobre y la Minería), una de las instancias más importantes del mundo de la minería. En esa ocasión se juntaron en Chile más de 1.500 representantes, nacionales y extranjeros, de la industria cuprífera y minera. Y le correspondió al ex Presidente Lagos hablar ahí.
Uno de los datos que más me sorprendieron -y pongo solo el ejemplo minero- fue que Chile, siendo una nación que posee cerca del 40 por ciento de las reservas mundiales de cobre; que produce entre el 30 y el 40 por ciento del cobre fino del planeta; que cuenta con un stock de camiones para la gran minería superior al 40 por ciento; que usa una cantidad brutal de insumos en el sector, importa casi la totalidad de estos y de maquinaria. Tal situación llama la atención porque vivimos en un mundo donde esos elementos no se fabrican en un solo lugar. Empresas trasnacionales se dedican a la producción de partes y piezas en diferentes puntos del planeta. Sin embargo, a pesar de que somos un país con grandes reservas de recursos naturales, hemos sido incapaces de dar el salto que ahora se propone.
Entiendo que la inversión extranjera hoy debe dar este segundo paso -me siento tremendamente satisfecho por contribuir a ello-, y comparto la visión del Ministro de Economía, quien nos acompaña en la Sala, acerca del rol del Estado frente a estas políticas.
Por ello, las bancadas de la Nueva Mayoría ven con gran interés cómo avanzar en las próximas etapas.
En la agroindustria, señor Presidente, ocurre lo mismo.
Cómo será que en el sector vitivinícola, que es un rubro de punta, han debido importar geólogos para hacer los exámenes de suelo pertinentes, debido a que en nuestro país no existen profesionales suficientes que se dediquen a las actividades propias del área.
No tenemos los técnicos para invertir no solo en energía solar -de la cual se ha hablado acá-, sino también en los procesos de frío.
Uno puede dar muchos ejemplos.
Pero para hacer estos encadenamientos yo no creo que el mercado solo sea virtuoso y dé esta capacidad. No creo que el mercado solo tenga la intención de promover el desarrollo de un país.
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor del proyecto, que plantea una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile. Pero, al mismo tiempo, quiero dejar la reflexión y la constatación de que algunos tienen dudas sobre esta iniciativa por lo que no está establecido, y sí lo estaba en el decreto ley N° 600: incentivos tributarios.
Yo siento que no es suficiente este proyecto, porque no se le entrega al Comité de Ministros la facultad de definir otras políticas, como el no pago de equis derechos, el dar facilidades. Debería ser posible ver los proyectos caso a caso. No me parece que tengan que ser normas similares para todos.
Creo que este es un avance. Eso sí, primero necesitaremos definir las políticas. Y espero que el señor Ministro tenga la voluntad, una vez despachado este proyecto, de traernos pronto un decálogo de instrumentos y un procedimiento para que el Comité de Ministros pueda, efectivamente, asumir un rol más proactivo. Me asisten dudas en cuanto a si eso se puede hacer sin una nueva Constitución, en la forma como a mí me interesa, o como nos interesa a la bancada del Partido Socialista. Queremos un Estado más proactivo en la promoción industrial; más proactivo en atraer la inversión extranjera; más proactivo como instrumento rector del desarrollo de la economía de nuestro país.
Voto que sí, señor Presidente, en la espera y en la confianza de que tendremos eso otro presente en el Congreso dentro de los próximos años.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. Estamos en fundamentación de voto.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, yo había pedido la palabra solo para preguntar si el Ejecutivo estaba disponible para sacarle la "discusión inmediata" a esta tramitación, de manera de poder tener lo que un gran número de parlamentarios, de todos los sectores políticos, le está pidiendo al Gobierno.
A mí me parece que es una solicitud que tiene sentido, especialmente con una normativa tan importante como esta.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, García, Girardi, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvieron la señora Lily Pérez y los señores Chahuán, Espina, Guillier, Horvath y Ossandón.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El señor Secretario leerá los artículos respecto de los cuales se pidió votación separada.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los artículos que el Senador Navarro requirió votar de manera separada son los siguientes: 3°, 9°, 12, 15, 16, 20 y 21.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo por lo menos quisiera pedir votación separada de todos los artículos, solo para los efectos de dejar constancia de mi abstención respecto de ellos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿De todos?
El señor LARRAÍN.- Así es.
El señor LETELIER.- Podemos dejar constancia.
El señor LARRAÍN.- Lo planteo porque considero que abordar este proyecto con "discusión inmediata", tratándose de la inversión futura de nuestro país, es simplemente inaceptable. Esta iniciativa tiene vacíos que pueden afectar el destino de la economía nacional y, como se va a resolver de esta manera, no me quiero hacer responsable.
No puedo dejar de tener algún estatuto, qué es lo que va a quedar. Pero quiero manifestar con mi abstención mi molestia por esta manera de trabajar un proyecto de esta importancia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien, señor Senador, está en todo su derecho. Únicamente solicito que hagamos un esfuerzo para votar artículo por artículo sin discusión, ya que se realizó un debate bastante profundo, donde a todos les dimos espacio para hablar.
El señor LARRAÍN.- Hagamos una sola votación.
El señor MOREIRA.- Quienes estamos de acuerdo con el Senador Larraín podemos dejar la constancia.
La señora ALLENDE.- Se puede votar todo y dejar constancia.
El señor LETELIER.- Así es.
El señor NAVARRO.- Yo voy a argumentar acerca de todos los que pedí que se votaran por separado.
El señor MONTES.- ¡Hágalo globalmente respecto de todos!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No se puede acceder a la votación en bloque, pues el Senador señor Navarro está haciendo uso de su derecho reglamentario a pedir que nos pronunciemos artículo por artículo.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, propongo que votemos de manera separada los artículos que el Senador Navarro ha indicado, respetando su derecho reglamentario. En cuanto al resto, pronunciémonos en una sola votación. No hay ánimo de dilación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
Entonces, partiremos por los artículos respecto de los cuales pidió votación separada el Senador señor Navarro y después haremos una sola votación para el resto de las disposiciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El primer artículo que corresponde votar separadamente es el 3°, que figura en la página 2 del comparado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el artículo 3° contiene la definición de inversionista extranjero. Si bien puede ser una definición adecuada, restringe al inversionista nacional que quiere hacer una alianza estratégica internacional para constituirse en Chile. No la puede realizar.
Es más, tampoco el Estado de Chile, después de que hemos hablado de "alianza estratégica público-privada", puede constituir una sociedad, un joint venture, con un inversionista privado extranjero o con otro Estado, porque el citado artículo limita la definición solo a la persona natural o jurídica constituida en el extranjero. Porque, en definitiva, la calificación del inversionista extranjero, para la persona que pone el capital fuera del país, no cuadra con el artículo 3°.
En tal sentido, yo hubiera esperado -hemos discutido tan raudamente- una explicación sobre lo que queremos limitar. Tal vez haya un factor tributario, a fin de establecer barreras de entrada para evitar la especulación. Pero todo indica que, de votar este artículo favorablemente, si hay un inversionista internacional que quiere constituir una inversión en la Región del Biobío con el Gobierno Regional -queremos mucha independencia para los GORE, mucha autonomía, con intendentes electos popularmente-, no podrá concretar esa alianza. Hay que constituir la sociedad en el extranjero y no es posible hacerlo en Chile, para desarrollar obras públicas, de infraestructura, o para desarrollar inversiones productivas en las regiones.
Por tanto, la restricción de que el inversionista extranjero solo sea persona natural o jurídica constituida en el exterior me parece una limitación absurda, porque, en el fondo, tenemos que ofrecer las mejores condiciones para que el que quiera venir con capital a nuestro país o a las regiones busque la mejor manera de constituir la sociedad que le dé mayor garantía, mayor libertad y, en particular, mayor posibilidad a inversionistas nacionales en alianza con el extranjero. Incluso al propio Estado, ya sea a través del Gobierno central o de los Gobiernos regionales. Dado que estamos discutiendo un proyecto que les otorga mayores facultades a estos últimos, espero que esta atribución sea delegada, para que los Gobiernos regionales sí puedan establecer asociaciones que vayan en beneficio del desarrollo productivo.
Por eso, el artículo 3°, señor Presidente, genera una restricción que no alcanzo a comprender. No somos especialistas en la materia, por tanto, sería conveniente una explicación por parte de alguno de los miembros de Hacienda.
Si uno dice que queremos favorecer la inversión en Chile, demos las mejores condiciones y no limitemos el asunto solo a las personas naturales o jurídicas constituidas en el extranjero. Es posible buscar una variación que sea conveniente para el propio inversionista. En mi opinión, se trata de una restricción innecesaria.
Señor Presidente, ¿estamos votando el artículo?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Así es.
El señor NAVARRO.- Me abstengo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE.- Un momento, por favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Repito: ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 3° del proyecto (14 votos a favor y 12 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Harboe, Letelier, Matta, Montes, Pizarro, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Ossandón y Prokurica.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, señores Senadores, hay que pronunciarse acerca del artículo 9°, que figura en la página 3 del boletín comparado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todos queremos apresurar la votación, pero está claro que las condiciones que se han dado no son las mejores. Obviamente, aquello no depende de la coalición de Gobierno. Todos los gobiernos se comportan igual cuando quieren sacar adelante sus proyectos.
Les recuerdo que si hacemos una mala ley es el Senado el que se equivoca, nunca el Gobierno. Por lo tanto, las críticas al Poder Legislativo aumentan, como ha ocurrido innumerables veces producto de estas premuras.
El artículo 9° establece algo que parece razonable: ninguna discriminación arbitraria a los inversionistas extranjeros. Y eso es efectivo, pues no tiene que haber ninguna.
Se ha intentado legislar a favor de quienes desean invertir en preservación del medioambiente, como es el caso de Douglas Tompkins, quien compró vastos terrenos para convertirlos en parques nacionales, en reservas naturales, que luego ofreció a la sociedad chilena para que los disfrutara. Sin embargo, se ha hecho el intento de ponerle restricciones.
Voy a votar a favor, pues no quiero que se discrimine de manera arbitraria a los inversionistas. No obstante, me gustaría que este fuera el criterio amplio que primara, porque siempre se colocan barreras de entrada, se bloquea o se efectúa una discriminación arbitraria en contra de quienes buscan preservar el medioambiente.
Cuando sostuvimos el debate sobre la adquisición de tierras para preservar el bosque austral, se planteó algo parecido. En esa ocasión se dijo: "No se puede invertir". Pero cuando se trata de explotar el bosque nativo, se dan todas las facilidades.
Yo quiero hacer el punto, porque las leyes se derogan mediante otra ley. En definitiva, si estamos sentando un precedente para la inversión extranjera, cuando haya inversiones orientadas a la preservación del medioambiente a futuro, pensando en nuestros nietos, en el bien patrimonial de Chile, ojalá recordemos que todos votamos a favor del artículo 9°, que dice que no operará ninguna discriminación arbitraria para quienes quieran invertir tanto en desarrollo productivo como en conservación y preservación de nuestros recursos naturales.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que no se pueden hacer consultas al señor Ministro, quien viene ingresando a la Sala en este momento. Sin embargo, voy a dejar constancia de la duda que tengo respecto del artículo 9°.
El criterio general en nuestra sociedad apunta a aplicar las mismas condiciones al inversionista extranjero y al nacional. Es decir, se da un trato igualitario. Y eso, como principio, suena bien. Y es lo que uno puede interpretar de acuerdo con esta norma, que es redundante y que quizás se pueda llegar a considerar, incluso, innecesaria, porque lo que ella dispone ya se halla consignado en muchos otros instrumentos legales.
La duda que me asalta, más que con el origen del capital, en cuanto a si es extranjero o nacional, dice relación con el hecho de si el Estado tiene o debe tener la capacidad de generar incentivos cuando haya proyectos de interés estratégico para nuestro país. A mí me gustaría que fuera así, pero siento que este artículo puede llegar a ser un obstáculo para que aquello ocurra. Y esto tiene que ver con el concepto de discriminación arbitraria. No se trata tanto de darle beneficios al inversionista extranjero, porque muchas veces serán proyectos conjuntos de inversionistas extranjeros con contrapartes nacionales. Pero, tal vez, respecto de algunos proyectos el Estado muestre interés y, en tal caso, el Comité de Ministros debería poseer capacidad para generar un marco de inversiones, de incentivos que sean diferentes de aquellos que se otorgan a otras iniciativas.
Por ello, señor Presidente, me inclino a abstenerme.
No veo por qué este artículo podría ser necesario. Es más, me parece innecesario, pues introduce una rigidez inconveniente.
Yo quiero que el Estado tenga un papel proactivo en la inversión y el desarrollo industrial.
Cuando se dice que "se sujetarán al régimen jurídico común aplicable a los inversionistas nacionales", ello apunta a un criterio de no discriminación. ¿Es tan necesario hacerlo acá? ¿Es preciso incluirlo? ¿Se pueden definir políticas distintas para un tipo de proyecto versus otros?
No tengo certeza de que esa capacidad exista.
Tal como lo planteé en mi intervención anterior, me gustaría que el Ministro explicara mejor el punto. Pero entiendo que estamos en votación y se requeriría el acuerdo unánime de la Sala para tal efecto. ¿Es posible recabarlo?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que esta norma se repite en todos y cada uno de los estatutos de inversiones extranjeras en todos los países del mundo, porque es una manera de garantizarle a quien va a invertir en Chile que no será discriminado en relación con la normativa que rige para el inversionista nacional. Y al inversionista nacional también le interesa que no lo discriminen respecto del extranjero.
Ahora, si se quiere hacer una normativa que trate de promover determinado tipo de inversiones, será el Comité de Ministros el que, de acuerdo con sus atribuciones, le propondrá al Presidente de la República y al Parlamento las políticas de incentivo excepcionales que se puedan fijar. Y tendrá que ser el Congreso el que resuelva ese tipo de situaciones. Pero dejar esta facultad en forma arbitraria en manos de un funcionario del Estado, por muy importante que sea, echa por tierra el estatuto de inversionistas extranjeros.
Por tal razón, creo que este artículo es necesario, preciso, como se da en todos los estatutos de inversiones en el mundo.
Lo otro, como digo, tiene que verse una vez que el Comité de Ministros -es la instancia que planifica, fomenta, propone, etcétera- haga propuestas concretas sobre determinados tipos de inversiones que van a requerir un incentivo mayor. Pero no podemos dejar abierta la posibilidad de que exista discriminación, en un sentido o en otro.
Por eso, pienso que el artículo es necesario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 9° (17 votos a favor, 12 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Harboe, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Moreira, Pérez Varela y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Ossandón.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar el artículo 12, que figura en las páginas 4 y 5 del boletín comparado y se inserta en el Título III, Del Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, existen muchos comités de ministros en que al final se delega en los subsecretarios, en la secretaria de turno o en quien esté desocupado la responsabilidad de asistir a esas instancias, que se reúnen dos veces al año.
El artículo que nos ocupa dispone que, en el cumplimiento de su objeto, el Comité de Ministros tendrá ciertas funciones y atribuciones.
Primero, está claro que, nuevamente, no hay nada referente a las regiones. Se trata de un organismo centrado en definir políticas, coordinar, implementar. Nada vinculado con aquellas. Es como si la riqueza de nuestro país se encontrara en Santiago.
¡La riqueza de Chile se halla en las regiones: en el norte, en el sur! ¡Allí están la pesca, los bosques, el acero, la minería!
Siento que no existe integración.
El Comité de Ministros debiera incluir dentro de sus objetivos el velar por la integración de las regiones al proceso de fomento y búsqueda de inversión extranjera.
Incluso más: tendría que incorporar a los intendentes, quienes serán electos: este es el compromiso de mi Gobierno. Y yo espero intendentes elegidos por voluntad popular, con poder real, con liderazgo en las regiones, y no títeres digitados por Santiago.
Los empresarios critican la falta de liderazgo en las regiones, a la que atribuyen todos los problemas.
Ojalá que se honre la palabra empeñada y tengamos intendentes electos, pero con poder real, con legitimidad ciudadana.
¡Pero no se los considera en la ley en proyecto!
Así las cosas, cuando aprobemos la elección de los intendentes y fortalezcamos a los GORE vamos a tener que revisar todo esto y decir que también hay que incorporar al Gobierno regional y a los intendentes.
Está claro que no hay ley en materia de elección de los intendentes. Algunos quieren aplazarla, de manera que, por la vía de los hechos consumados, no alcancemos a despacharla oportunamente.
Y en cuanto a los GORE, todavía no sabemos qué tipo de responsabilidades van a tener.
Hago el punto porque, en mi concepto, a lo menos se debería haber incorporado la función de velar por que todas las regiones se integraran a este proceso, que es de interés de país.
¡El país son las 15 regiones, no un Comité de Ministros centrado en Santiago!
Por eso deseaba argumentar a propósito de este artículo. Y lo voy a votar a favor porque el Ministro dijo -no se ha comprometido en la Sala- que en el reglamento va a buscar una fórmula para incorporar lo que estoy señalando.
Ahora, los reglamentos muchas veces terminan cambiando el objetivo central de la ley. Uno dirá que en materias tan importantes como esta hay que ser fiel a la letra de la normativa. Pero también hay que serlo a su espíritu, que es de integración.
Voto que sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero detenerme en este artículo porque refleja lo que pensé que no iba a ser el cambio del decreto ley 600, asumiendo, dicho sea de paso, parte de las críticas planteadas por el Senador Navarro.
El poderoso DL 600 -porque fue poderoso- es remplazado por un Comité de Ministros.
Pero miren lo que dicho Comité puede hacer: proponer la estrategia de fomento y promoción de la inversión extranjera -bueno: el derecho a la propuesta es bastante normal-; definir planes; velar por la coherencia de la estrategia de fomento; velar por la coordinación de los organismos del Estado, y evaluar la estrategia de fomento.
Señor Presidente, honestamente, ¿cree usted que el Comité de Ministros sirve para algo desde el punto de vista práctico?
Porque de repente es posible generar una política de inversión especial en una zona de nuestro país, o bien, un proyecto muy importante (siempre se recuerda el caso de Intel, cuya instalación se definía entre Costa Rica y Chile).
Hay momentos en que puede ser necesaria la existencia de alguna autoridad con facultades especiales, como las que se le entregaban al Comité de Inversiones Extranjeras -ahora se lo está eliminando-, que tenía mucho más poder que el Comité de Ministros que se crea mediante este proyecto.
Eso es lo que motiva que la transformación planteada pierda sentido, señor Presidente.
Porque si se hubiera dicho "Aquí está la fortaleza del Estado para definir dónde invertir para beneficiar a nuestro país", yo lo habría entendido; y habríamos podido ponernos de acuerdo. Pero aquí se desviste algo que ha funcionado para establecer un ente que, básicamente, podrá (insisto; porque, para mí, los verbos son importantes) "Proponer", "Definir", "Velar", "Velar" y "Evaluar".
No sé si esos eran el mejoramiento, la estructura moderna y el cambio adecuados.
Yo creo que la propuesta hecha carece de sentido. Y es parte de las razones por las cuales me opuse a ella en la Comisión. Porque esto no tiene músculo, no tiene energía, no tiene fuerza. Digámoslo así. ¿Por qué? Porque para algunos nuestro país llegó a un estado en que no necesitamos nada y en que las cosas van a llegar casi espontáneamente.
Señor Presidente, yo voy a votar en contra, pues creo que se pudo haber sido mucho más audaz respecto a cómo generar mecanismos modernos (no me refiero necesariamente a la invariabilidad -lo digo para que no me lo planteen-, aunque sí creo que ella es muy importante). Existía otra fórmula. Teníamos una oportunidad.
Aquí hay algo -lo señalo con todo respeto- que no hace la diferencia con fuerza.
Voto en contra.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, al menos según ha anunciado la Presidenta de la República, nuestro país va a iniciar un proceso de descentralización a los fines de generar un gobierno regional con capacidad para proyectar el desarrollo de la región manteniendo criterios de justicia, de equidad, de protección al medio ambiente, de respeto a los derechos laborales y, sobre todo, de sustentabilidad.
Por consiguiente, cuando analizamos mecanismos como el ahora propuesto cabría esperar que el componente regional se hiciera presente en la institucionalidad futura de Chile.
Sin embargo, no veo ningún proyecto de ley presentado en este Congreso que muestre coherencia con ese propósito declarado de la descentralización de nuestro país.
Cuando discutimos la reforma tributaria, más allá del monto total que se esperaba recaudar, defendimos la tesis de los impuestos regionales porque ellos no solo provocan equidad en el territorio y compensan a las regiones de castigo, que son principalmente las que poseen materias primas, sino que, además, permiten generar una estrategia para que las regiones puedan con sus propios recursos, emanados de su riqueza, hacer la reconversión productiva de manera de tener un desarrollo sustentable en el largo plazo.
Empero, eso tampoco se expresa en este proyecto. Y seguimos creando organismos concentrados en los ministros.
La verdad es que uno se da cuenta de que desde Santiago hay varios Chiles y de que no existe una comprensión adecuada de las potencialidades que tiene nuestro país cuando se lo mira desde las regiones.
Nosotros estamos acostumbrados a que lo que parece razonable en la zona central debería serlo en todo Chile. Pero, en verdad, no es así.
Si revisamos las potencialidades de desarrollo que se abren en las regiones nos damos cuenta de que son muy superiores a las que uno puede ver desde la Capital, que más bien mira a aquellas como empoderadas en las actividades que ya tienen una ventaja natural, pero sin pensar en ventajas competitivas dinámicas, generadoras de estímulos para el desarrollo.
Observo, señor Presidente, que en la creación de esta suerte de institucionalidad de ministerios no hay ni siquiera consulta a los futuros gobernantes de las regiones, que van a ser los intendentes elegidos y, entiendo, empoderados con una delegación de facultades administrativas, políticas y financieras.
Entonces, mi pregunta es dónde está la visión global del Gobierno respecto a reformas en materia de descentralización cuando se trata de crear la futura institucionalidad económica, en circunstancias de que va a ser tarea de los gobiernos regionales impulsar un desarrollo sustentable en las respectivas regiones.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo soy gran partidario de la regionalización y la descentralización. Represento a una región. Sin embargo, creo que en materia de inversión extranjera debe haber una política de Estado, una política nacional. Ello, por supuesto, sin perjuicio de que en el nivel regional a esta se le puedan formular observaciones.
Ahora, quien definirá tal política será el Parlamento. Aquí han de venir las propuestas que la Presidenta de la República desee hacer para modificar dicho estatuto a los efectos de crear nuevas condiciones, etcétera: ellas no irán a las regiones.
Por cierto, cuando veamos lo concerniente a los gobiernos regionales podremos ver de qué manera a las regiones les resulta factible representar sus aspiraciones.
Sus Señorías deben pensar en qué ocurriría si el Congreso Nacional renunciara a sus facultades y radicara la materia en los gobiernos regionales para que cada uno determinara una política de inversión extranjera.
Los países vecinos que han descentralizado a nivel regional las políticas de Estado han terminado en lo que bien conocemos.
Yo soy partidario de la regionalización y de la descentralización. Empero, también soy claro en que hay materias propias de políticas nacionales que se deben determinar en el Parlamento. Aquí tendremos que resolver las propuestas que nos hagan para que el estatuto pertinente funcione en favor del desarrollo de nuestro país.
Además, al Comité en comento no le podemos otorgar más facultades. Porque sería muy fácil decir que podría modificar el estatuto para dar más beneficios, en fin. Pero ello no resultaría factible, porque en tal caso estaríamos delegando facultades del Congreso. Es este quien debe resolver la materia, salvo que quiera proceder a la delegación. En todo caso, de acuerdo con las normas constitucionales, ella no procede tratándose de materias de esta índole.
Por las razones expuestas, apoyo esta disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, es muy claro lo que señaló el Senador Zaldívar.
Se dice en este proyecto que se crea el Comité de Ministros, "que tendrá por objeto asesorar al Presidente de la República".
Ese es el objeto.
Aún más: el referido Comité será presidido por el Ministro de Economía y "Estará integrado por el Ministro de Hacienda y los demás Ministros que con carácter permanente determine el Presidente de la República".
Se añade que "El Comité de Ministros sesionará al menos dos veces al año".
Por último -esto es interesante-, se dispone que "El quórum para sesionar será de tres miembros" -¡tres miembros!- "y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes", es decir, por dos ministros.
¡Yo no creo que esa sea la mejor manera de asesorar al Presidente de la República!
Consideré importante señalar aquello para complementar lo que planteó el Senador Coloma.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.


El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en la misma línea de lo que expusieron los Senadores García-Huidobro y Coloma, debo puntualizar que aquí estamos cambiando el Estatuto de la Inversión Extranjera, que tenía músculo -el decreto ley N° 600 tenía fuerza, era capaz de atraer inversión extranjera-, por un Comité de Ministros consultivo, sin capacidad resolutoria.
En materia ambiental, el Comité de Ministros resolvía; el Comité del decreto ley 600, también.
Por lo tanto, una tarea tan relevante como la promoción de la inversión extranjera la estamos entregando aquí a un Comité de Ministros que, al margen de todas las vicisitudes que planteaba el Senador García-Huidobro, no es resolutivo, sino consultivo.
Creo, pues, que estamos generando una institucionalidad débil en un ámbito en el que debemos actuar con mucha fuerza.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.


El señor MONTES.- Señor Presidente, el debate sobre esta materia demuestra que hay proyectos que requieren más tiempo.
Porque aquí existe una cuestión muy medular, muy central, cual es el artículo 9°, que tiene que ver con la forma como queremos enfrentar el problema, con cuál es el rol del sector público en esta materia. ¿Debe quedar todo automáticamente en un artículo, tipo decreto ley 600, o ha de haber un marco que permita diferenciar en el tiempo y en el lugar medidas acordes con la naturaleza de los proyectos?
Cuando se creó, la CORFO -es la historia del fomento- tuvo un conjunto de facultades que le permitían discriminar entre los proyectos.
Sé que estamos en otro orden constitucional, en otra realidad. Sin embargo, me parece que dejar al Comité de Ministros sin facultades para discernir entre proyectos, ya sea por materias o por territorios, resulta muy complicado.
El Senador Zaldívar decía que debe mediar ley. Yo estoy de acuerdo en que por ley deben sentarse criterios -y echo de menos eso en el establecimiento de las facultades del Comité de Ministros- que fijen un rango dentro del cual puedan tomarse medidas diferentes.
Ahora, si al final hay que determinar cierta tasa, eso puede quedar hasta en la Ley de Presupuestos. Pero debemos tener un mecanismo más expedito, en vez de aprobar una ley para cada situación diferente por materia, por proyecto o por territorio.
Voy a seguir votando a favor, pues creo que hay que sacar adelante esto. Sin embargo, lamento que no nos hayamos dado el tiempo necesario para analizar en detalle algo tan central como el rol verdadero del Comité de Ministros o, dicho de otra manera, el papel del sector público en una política de fomento. Porque las políticas de fomento no pueden ser solo de leyes: debe haber actores que jueguen distintos papeles en el marco legal preestablecido.
En tal sentido, deploro que en la Comisión no hayamos hecho el debate particular, pues ello nos impidió llegar a la Sala con una propuesta un poco más madura.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 12 (19 votos a favor, 2 en contra, 7 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Coloma y Pérez Varela.
Se abstuvieron las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín y Moreira.
No votó, por estar pareado, el señor Ossandón.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar el artículo 15, que figura en la página 6 del comparado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hay una suerte de "agencismo": el Agente Bulnes; la Agencia de Protección Civil; ahora, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.
¡Suena mucho a Agencia Central de Inteligencia...!
No es un concepto que me guste demasiado. Hemos estado poco creativos para la conceptualización de lo que queremos crear.
"Créase la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, en adelante "la Agencia", como servicio público descentralizado...".
¡Por favor!
Repito: "como servicio público descentralizado".
¡Pienso que hay un error de tipeo, señor Presidente...!
Debiera ser "como servicio público centralizado". El "des" está de más.
¡Pido una aclaración!
Porque si es "descentralizado", que me indiquen un solo elemento, en todo el proyecto de ley, que hable de descentralización. ¡No existe ninguno!
"La Agencia será el único organismo autorizado para promover y atraer el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones del exterior, sin importar su monto, conforme a las facultades y atribuciones señaladas en esta ley.".
Yo voy a votar en contra de este artículo, señor Presidente.
Al determinarse que la Agencia es el único organismo autorizado para atraer inversión a Chile, ¿cuál será la política de promoción, entonces? ¿Qué impide que el país entero se encargue de ello? ¿Qué sucede en el caso de nuestros alcaldes, quienes viajan al extranjero y también promueven la inversión? ¿Y qué ocurre cuando los parlamentarios, a quienes nos expresan que es preciso invertir en regiones, viajamos y queremos proceder en el mismo sentido? ¿Tendremos que explicar que un único organismo se encarga de ello?
Eso tendremos que derogarlo. En la ley sobre descentralización, la de gobiernos regionales e intendentes electos, vamos a incorporar de manera decidida -espero contar con el apoyo de los Senadores de regiones distintas de la Metropolitana, que somos mayoría al sumar 34- al menos el reconocimiento de que en el ámbito local también hay capacidad para efectuar promoción, sin que tenga que funcionar una única Agencia centralizada.
Si el objetivo es la atracción de inversiones extranjeras y la promoción especializada, una Agencia centralizada en Santiago no reunirá la expresión múltiple, rica, de la creación en regiones, en universidades, en el sector privado y en el público, para desarrollar tal tarea.
La definición deja abajo a todos los gobiernos regionales, a todos los intendentes, a todos quienes justifiquen que quieren captar dicha inversión, porque estaríamos aprobando una norma según la cual la Agencia "será el único organismo autorizado para promover y atraer el ingreso de todo tipo de capitales". Es decir, ¿el resto de los que quieran realizar dicha labor estarán fuera del marco de la ley?
Me parece que ello representa una gran contradicción. Constituye una centralización del poder que no puedo comprender. Cabe concluir, en cambio, que con más descentralización se obtiene más transparencia, sin dejarse todo en una sola mano, en una Agencia cerrada, completa y absolutamente designada, además -es necesario señalarlo con franqueza-, por el Gobierno de turno. En consecuencia, la ecuanimidad, la elección de la mejor de las opciones, no estarán garantizadas.
Deseo hacer constar que si hubiéramos mantenido un mínimo de objetividad en lo que respecta a la inversión extranjera, hace rato que habríamos traído petróleo desde Angola -algunos aluden al factor estabilidad de los países africanos- y suscrito convenios con Ecuador y Venezuela, que son grandes productores.
Como un sesgo ideológico persigue a todos los gobiernos, sean de Derecha, de Izquierda o de Centro, tendremos una Agencia con relación a cuya actividad se dice que no se discriminará, pero alguien tomará la decisión política acerca de dónde se promoverán las inversiones. Y unos irán a China, porque les gustan más los chinos; otros, a Bélgica, y algunos a los Estados Unidos, ya que las directrices de la Agencia estarán dadas por ella misma.
El Comité de Ministros, como ya se ha mencionado, evaluará, promocionará. ¿Cuál será el criterio? Uno de carácter político. Y en materia de inversión extranjera lo que se debe tener en cuenta es la calidad de los proyectos; el origen sano, transparente, honesto a toda prueba, de los recursos. Por cierto, la procedencia de estos no debiera preocuparnos en cuanto al sesgo ideológico, porque aquí llegan inversiones de los chinos comunistas y de los yanquis capitalistas. Mas en el ámbito de América Latina sí surgen veinte sesgos respecto de quién puede invertir en las necesidades de Chile en cuanto al desarrollo productivo.
Reitero que voy a votar en contra del artículo que nos ocupa, porque creo que la Agencia, como único organismo autorizado para la promoción de inversiones, constituye un exceso de centralismo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, a riesgo de repetir argumentos, en realidad, a estas alturas del debate, considero que estamos haciendo referencia, no a la facultad del Congreso de dictar cuerpos legales ni a las prerrogativas del Ejecutivo de gobernar el país, sino a la creación de un organismo asesor.
No sé cuál es el sentido de establecer en la ley, primero, que este último solo puede instalarse en Santiago. ¿Cuál es el fundamento de ello, tratándose de un Gobierno que se define descentralizador?
Segundo, será un organismo único. Entonces, ¿para qué estarán los gobiernos regionales, que tendrán que hacerse cargo de la descentralización y del desarrollo sustentable de las regiones respectivas? ¿Qué labor van a cumplir en el diseño?
Es una simple promoción. O sea, el Alcalde de Iquique deberá dejar de viajar a los países vecinos de la parte norte, porque estaría incumpliendo la ley si promueve el desarrollo de la Zona Franca, que además vive de Bolivia y no del resto del país.
En verdad, pienso que hay un nivel de confusión, porque, además, se define a la Agencia como un servicio público descentralizado, pero que solo puede operar en Santiago y es -repito- único y exclusivo.
A mi juicio, sería bueno despejar una duda metódica, cartesiana, para intentar comprender el organismo. ¿Qué relación guarda -vuelvo a plantearlo- con las promesas de descentralización y regionalización formuladas por la Primera Mandataria?
El Senador que habla es fiel al principio de la Jefa del Estado y defiende su visión.
Gracias.
El señor NAVARRO.- ¡Somos todos bacheletistas...!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en lo referente a por qué el organismo en examen se encontrará en Santiago, estoy de acuerdo en que podría situarse en otro lugar. Esta no es la cuestión. El punto es que tiene que existir una centralización en la política de fomento y de promoción. ¿Y qué entidad ha de asumirlo eso? La Agencia.
Sin perjuicio de lo anterior, en la discusión sostenida en la Comisión de Hacienda hicimos ver que otros servicios del Estado son complementarios en el fomento y la promoción de la inversión extranjera o del comercio exterior. Y mencionamos la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), del Ministerio de Relaciones Exteriores; ProChile, que posee representantes en el extranjero, e Imagen de Chile, que se dedica a la promoción.
Sobre esa base, se establece el Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera, una de cuyas tareas, de acuerdo con el N° 4) del artículo 12 del proyecto, es "Velar por la coordinación de los distintos órganos del Estado vinculados a la implementación de la estrategia de fomento".
En el caso de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, la letra e) del artículo 16 dispone:
"Constituir un Consejo Asesor Consultivo conformado por representantes de los sectores público y privado, que tendrá por misión asesorar al Director en la definición de objetivos de mediano y largo plazo, así como evaluar las actividades, las iniciativas y los esfuerzos desplegados por la Agencia".
En el debate en el órgano técnico intentamos lograr una coordinación, o sea, que cada una de las entidades que efectúe la promoción no realice políticas por su cuenta. La idea es que el agregado agrícola de una embajada no la lleve a cabo de una forma distinta de la política de Estado correspondiente o que la Dirección Económica de la Cancillería no deje de dictar los instructivos necesarios para que ello se realice en la línea única que se desea a fin de que tenga fuerza.
El Consejo Asesor Consultivo tiene una manera de perseguir el mismo propósito.
Un aspecto que precisamente expuse en la Comisión es la necesidad de coordinación y de que una voz, que creo que debe radicarse en la Agencia, represente esa función, para lograr el mejor éxito en el fomento y la promoción de la inversión extranjera.
Por las razones expuestas, participo del apoyo al artículo 15.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.


El señor HARBOE.- Señor Presidente, esto es como el mundo al revés, porque hay disposición para poder actualizar la institucionalidad pública en estas materias, pero lo que no puede ocurrir es que estemos aprobando un proyecto de ley para modificar la existente, que cuenta con facultades de decisión. Ella probablemente corresponde a otra época y concuerda con otro instrumento de incentivo a la inversión extranjera, mas la estaríamos reemplazando por un órgano casi consultivo.
Cuando uno ve...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Discúlpeme, Su Señoría.
Si algunos señores Senadores desean sostener una conversación, les pido hacerlo fuera de la Sala.
Puede continuar.
El señor HARBOE.- Muchas gracias.
Mi preocupación es que si queremos crear una institución moderna, ágil, eficiente, con capacidad de decisión, de coordinación, de promoción de la inversión extranjera, ello no se logrará con la iniciativa en debate, tal como cabe considerarla. Estimo que puede estar muy bien inspirada, pero que se halla bastante mal lograda.
El rol del Comité de Ministros será solo el que la ley establece, la cual, de manera muy precaria, dispone que únicamente podrá proponerle al Presidente de la República la estrategia de fomento; definir los planes, programas y prioridades destinados a la implementación, o sea, ni siquiera a implementarlos; velar por la debida coherencia entre la estrategia de fomento y las medidas y acciones implementadas -si no lo hace, es para mandar la cuestión a la Contraloría, porque resulta obvio-; velar por la coordinación de los distintos órganos del Estado, lo cual presenta el problema de que no se están dando facultades para incluso establecer normas de carácter presupuestario.
Al respecto, imaginemos que el Comité define una estrategia de promoción de inversiones que implique, por ejemplo, privilegiar el "barrio", América Latina, y ProChile u otra institución también participante en el asunto legítimamente digan: "¿Sabe lo que pasa? Para la Región del Biobío es fundamental celebrar un convenio con China con el objeto de exportar tales o cuales materias primas o traer inversión extranjera a fin de promover obras públicas o innovación o agregarle valor a la industria de la madera". Lo que va a ocurrir es que no habrá capacidad de decisión del órgano, cuando, en realidad, lo que busca el inversionista, junto a la estabilidad -y el Senador señor Lagos, como experto, puede darnos cátedra sobre el particular-, es que resulte claro a quién le corresponde la definición.
Entonces, me da la impresión de que los verbos rectores utilizados en los cinco números del artículo 12 no son lo suficientemente adecuados.
Después se expresa que el Comité va a ser presidido por el Ministro de Economía, lo que me parece fantástico. Estará integrado por el Ministro de Hacienda y los demás que, con carácter permanente, determine un decreto. Es decir, solo lo formarán Secretarios de Estado.
La disposición determina que se podrá invitar a funcionarios públicos, pero a mí me gustaría que se estableciera la obligatoriedad. Confío en el actual Ministro, y estimo que lo haría estupendo, desde el punto de vista de la coordinación; pero vamos a despachar una ley atemporal, que va a trascender al actual Gobierno, y puede ocurrir que el próximo titular de la Cartera no tenga ninguna intención de observar lo que está sucediendo en las regiones, que es donde se produce la materia prima y, además, se requieren algunos tipos de inversión.
En consecuencia, más allá de la buena intención que se persigue con la iniciativa, mi percepción es que esta contiene un conjunto de elementos que pueden transformar a la institución en un buen paraguas, mas no necesariamente en una buena ejecutora de una política pública. Y eso es lo que me preocupa, porque en materia de inversión extranjera se requiere, no solo estabilidad, capacidad económica, sino también claridad en cuanto a quién define el carácter o tipo de la que se necesita y cómo se promueve a nuestro país en el exterior.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ha pedido hacer uso de la palabra el señor Ministro.
Deseo recordar que estamos en votación, por lo que Su Señoría solo puede rectificar dichos de alguien que haya fundado su pronunciamiento. Si es así, puede intervenir.
No lo hará.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 15 (15 votos a favor, 2 en contra, 9 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Goic y los señores Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Navarro y Tuma.
Se abstuvieron las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Guillier, Harboe, Hernán Larraín y Pérez Varela.
No votó, por estar pareado, el señor Ossandón.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde pronunciarse sobre el artículo 16.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, con todo cariño por el Senador señor Lagos, daré una explicación acorde con mi capacidad. Los economistas tienen otras...
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡No repitamos los mismos argumentos...!
El señor NAVARRO.- El artículo 16 dice relación con lo que hará la Agencia. Es una disposición que considero extremadamente peligrosa, dada la unilateralidad y la concentración abusiva de ser la única autorizada.
La letra a) del número 1) dispone que podrá "Organizar misiones públicas o privadas de potenciales inversionistas extranjeros hacia Chile y participar en ellas (...), así como gestionar y participar en rondas de negocios, ferias, seminarios, foros y misiones de promoción del país, para atraer inversión extranjera, las que podrán realizarse tanto dentro como fuera del país.".
¡Esta es la negación absoluta de los gobiernos regionales! O sea, la única que podrá proceder en materia de seminarios, ferias, promoción y organización de delegaciones es la Agencia. Diría que es una abusiva concentración de poder, la cual atenta contra la idea matriz en la medida en que conviene que la mayor cantidad de instituciones y organismos colaboren en un objetivo común.
Los gringos o los chinos se dirigen a los bancos en la Región Metropolitana, pero cuando quieren ver de dónde sacarán sus utilidades y rentabilidad, van a la zona donde se encuentran los negocios, la producción. Y los intendentes, los alcaldes, los parlamentarios, estarán totalmente inhibidos, dado que ni siquiera podrán organizar un seminario, pues la Agencia es concentrada. Entonces, de nuevo se observa una visión absolutamente centralista para concebir las acciones de la entidad. El señor Ministro no lo ha expresado, sino que ha tenido que decirlo el Senador que habla.
La letra e) del número 1) determina que a la institución le corresponderá "Constituir un Consejo Asesor Consultivo conformado por representantes de los sectores público y privado, que tendrá por misión asesorar al Director en la definición de objetivos de mediano y largo plazo", etcétera.
Uno quisiera que en estos órganos participaran habitantes de regiones, pero, como son todos ad honorem, gratuitos, y hay personas muy especializadas, de gran experiencia, en Punta Arenas, Puerto Montt, Iquique, Magallanes, se les dice a estas: "Vamos a invitarlo, pero tiene que llegar a Santiago. Arréglese como pueda". Ello termina en que se elimina a las regiones por la vía de los hechos.
No hay ninguna garantía de que el Consejo podrá contar, en materia de minería, con gente de Antofagasta o de Calama, o bien, en lo relativo a la pesca o al desarrollo forestal o agrario, de la Séptima o la Novena Regiones.
¡Es decir, existirá una facultad discrecional total para la Agencia! Y esta echará mano a los amigos de la promoción universitaria, a los empresarios relacionados, a toda la institucionalidad que se concentra en la Capital. En definitiva, va a tratarse de un Consejo Asesor Consultivo "de Santiago", tal como lo señala la norma de creación de la Agencia.
Y una vez más, por tanto, la diversidad de las regiones, su riqueza, la descentralización, caen ante el autoritarismo y presidencialismo monárquicos que se expresan en la Carta de 1980 y en todo lo que de ella surge.
¡Nada saldrá de la Constitución a través del Ejecutivo, sea de Izquierda, de Derecha o de Centro, que no esté regido por un autoritarismo centralista!
¡Se trata de una monarquía presidencial!
En consecuencia, nuevamente se advierte un descriterio. Con motivo del estudio de muchos proyectos de ley hemos afirmado que los consejos consultivos deben garantizar que se integrarán equilibradamente sobre la base de las diversas zonas productivas del país. Listo.
Es cuestión de una mera indicación. Por ejemplo, si se trata de puertos, Valparaíso lo es, y privilegiado. Si se trata de una materia propia de la especialización de una Región, esta integrará la entidad de que se trate. Y ella evaluará cómo hacerlo, pero se hará presente.
Del mismo modo, en un artículo anterior se dispone que la Agencia tendrá que informar solo al Comité de Ministros, no a las regiones ni a quienes estén interesados.
Los números 1), 2), 3) y 4) del artículo 16 adolecen de la misma deficiencia, es decir, la concentración absoluta de una tarea que debiera ser más comunitaria.
Voto en contra.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, si hay algo que no tiene nada que ver con la iniciativa en debate es la Constitución de 1980. La imaginación del Senador señor Navarro excede la capacidad de un entendimiento mínimo. La norma dice relación con la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que está surgiendo en 2015. No le echemos la culpa a la Ley Fundamental.
A mi juicio, aquí se requiere por parte del Ministro una aclaración, porque coincido en que hay algo que no calza. Y supongo que ese no es el objetivo.
Hay que mirar el conjunto de facultades de la Agencia y armonizarlo con lo que establece el artículo anterior. Efectivamente, el artículo 15 señala que ella "será el único organismo autorizado" -¡el único!- "para promover y atraer el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones del exterior". Y en virtud del artículo 16 se le da la atribución de "Organizar misiones públicas o privadas de potenciales inversionistas extranjeros".
Entonces, esto aparece como un cambio absoluto.
En la Región del Maule, la Fital, única feria que va quedando, tiene su propia estructura. Y en teoría, si uno es literal, actividades como esa no podrían seguir realizándose sino bajo la organización y amparo de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. Y como esa feria hay varias decenas.
Fíjense en lo que está pasando. El Senador Zaldívar lo sabe bien. Finalmente, se abrió el paso Pehuenche. Como es obvio, las municipalidades, los consejos regionales, están tratando de generar una vinculación autónoma, regional, respecto de todo lo que puede ser su potencial en función del continente americano: Argentina, Brasil, lo que pueda surgir de ahí.
Pero, si nosotros instalamos como ley de la República que el "único organismo autorizado" para promover y atraer capitales del extranjero será la Agencia, y le damos a esta la función de "Organizar misiones públicas o privadas" con ese fin, no sé -y en ese sentido le encuentro razón a un señor Senador que intervino antes que yo- si aquí estamos generando una especie de tenaza que impida por completo la capacidad de desarrollo regional que tenga cada ciudad o cada región autónomamente.
La oración es muy gráfica: "será el único organismo autorizado para promover y atraer el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones". Con esto, ¿podría un CORE organizar, como está ocurriendo ahora, un conjunto de inversiones con ciudades francesas, o con Argentina, o con Brasil, o, en virtud de esta normativa, pasaría a ser ilegal que un consejo regional organizara, por ejemplo, una visita de personas del extranjero para invertir en la región correspondiente?
Por eso, creo que ahí hay un error. Quizás se podría haber planteado de otra manera, pero, así como está, no me calza. Por lo tanto, tal como está redactada, no puedo aprobar esta norma. Me gustaría una precisión del Ministro sobre qué se busca con este conjunto de facultades de la Agencia -ya explicado anteriormente- y con la oración que señala que ella "será el único organismo autorizado para promover y atraer el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones del exterior, sin importar su monto, conforme a las facultades y atribuciones señaladas en esta ley".
Aquí podemos estar generando, probablemente sin querer, un problema muy serio respecto de cómo deben funcionar los organismos públicos en Chile.
No me parece que ese sea el objetivo.
Una cosa es que la Agencia pueda "promover", pero no puedo creer que sea el único organismo autorizado para ello. Eso no puede ser, señor Ministro, porque hay otras instancias. Los gobiernos regionales tienen hasta departamentos para ese efecto. ¿Cómo quedarían?
Yo no voy a aprobar el artículo en votación, pero, para no provocar un problema mayor, me gustaría una explicación del señor Ministro en cuanto a cómo debe entenderse la norma.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro, quien la ha solicitado.
Entiendo que es para rectificar los dichos de un señor Senador.


El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, solamente deseo despejar la inquietud.
El inciso del artículo 15 que se ha mencionado dice relación con las atribuciones que se establecen en esta iniciativa. Por lo tanto, el único organismo facultado para entregar los certificados establecidos en la normativa es la institución que estamos creando.
Ahora, la promoción de la inversión extranjera no será la que realice únicamente la Agencia. De hecho, ese tema aparece en otro artículo, el 16.
El espíritu del proyecto -para quedar bien claros- es definir una estrategia de fomento de desarrollo de la inversión extranjera directa que potencie todos los esfuerzos que se hacen en esta materia. Y eso, además, le da un fuerte carácter regional. De hecho, todas las políticas de promoción que nosotros, como Gobierno, estamos implementando dicen relación con la promoción de inversión extranjera en las regiones, apalancadas con lo que son los esfuerzos regionales.
Así que quiero dejar claramente establecido que, para la emisión de los certificados, una de las atribuciones contempladas en esta propuesta legislativa, la única institución facultada será la Agencia. Pero, para la promoción de la inversión extranjera, en general, se van a apalancar todos los distintos esfuerzos existentes en la materia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, luego de escuchar al señor Ministro y el debate anterior, creo que habría que corregir la disposición, porque su redacción no corresponde a lo que él señala. Se lo digo con toda franqueza. El texto literal debiera ir en la línea expresada, en el sentido de indicar que "La Agencia será la que podrá emitir los certificados relacionados con el tema de la inversión extranjera".
El señor COLOMA.- Esa era la lógica.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Si hubiera unanimidad en la Sala, se le podría dar esa redacción al inciso, para que manifestara lo que efectivamente precisa el Ministro y en lo cual le encuentro razón: que la Agencia sea el único organismo que, a través de certificados, pueda otorgar el reconocimiento de la inversión que efectúen inversionistas extranjeros.
Eso, respecto al artículo 15, que es, creo, el que estamos resolviendo, aunque también nos hemos referido al 16.
La letra a) de este último establece que dicho organismo podrá "Organizar misiones públicas o privadas de potenciales inversionistas extranjeros hacia Chile". Y ahí hay otro tema: si ello lo podrán hacer también las regiones. Me gustaría escuchar al señor Ministro al respecto.
No ocurre lo mismo con la letra e), que entiendo perfectamente, en cuanto a "Constituir un Consejo Asesor Consultivo", para, precisamente, la participación de entes públicos y privados en la promoción de inversiones.
Pero -insisto- debería redactarse de una manera distinta el inciso tercero del artículo 15, y hacerse una aclaración de la letra a), número 1), del artículo 16, en cuanto a cuál podría ser la participación de algunos organismos, distintos de la Agencia, en relación con la posibilidad de realizar acciones de promoción. Podría señalarse algo así como que tendrían que efectuarse "en coordinación o en relación con" dicha institución, de modo que no salgan por sí mismas sino mediante un trabajo en conjunto con la Agencia.
Me parece que habría que aclarar esos dos temas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, justamente para salvaguardar el punto indicado por el Senador Zaldívar, relativo a las acciones de inversión extranjera que realizan las regiones, el artículo 21 del Título VI, "Otras Disposiciones", deja claramente establecido que "Los gobiernos regionales, con sus propios recursos, podrán organizar unidades de promoción y atracción de inversión extranjera".
O sea, quedan resguardadas todas las facultades y posibilidades que tienen las regiones para realizar sus propias acciones de inversión extranjera.
Esa norma, tal como está redactada, salvaguarda lo que yo señalé anteriormente. El artículo 21 esclarece bien las aprensiones manifestadas por algunos Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
Consulte, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor HARBOE.- Pedí la palabra, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Disculpe, Senador Harboe, efectivamente estaba anotado.
Puede hacer uso de la palabra.


El señor HARBOE.- Señor Presidente, vuelvo a insistir: creo que hay una buena intención detrás, pero la normativa es contradictoria.
Cuando el artículo 21 establece que "Los gobiernos regionales, con sus propios recursos, podrán organizar unidades de promoción y atracción de inversión extranjera", nuevamente le endosa al presupuesto regional, ya bastante exiguo, los costos de las acciones de promoción de la inversión extranjera, y además es contradictorio con otra de las normas del proyecto.
Por eso, más allá de la buena intención -insisto-, el punto no está jurídicamente bien resuelto, de tal manera que voy a votar en contra.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, el artículo 15 señala: "La Agencia será el único organismo autorizado para promover y atraer el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones del exterior".
Y luego el artículo 21, del Título VI, en el cual el Ministro indica que está resuelta la participación de las regiones para la atracción de inversiones, dispone: "Los gobiernos regionales, con sus propios recursos, podrán organizar unidades de promoción y atracción de inversión extranjera".
Bueno, ¿cuál es la norma que vale: el artículo 15, que establece a la Agencia como único organismo autorizado para realizar promoción, o el 21, que permite a los gobiernos regionales, con sus propios recursos, organizar unidades de promoción?
El punto no es si las regiones podrán hacerlo con recursos fiscales o con los suyos propios, sino si algún otro organismo, aparte de la Agencia, se hallará facultado para llevar a cabo tal función. Y el artículo 15, que acabamos de votar, establece que la Agencia será "el único".
Entonces, ahí tenemos una contradicción, que desconozco cómo se va a resolver, señor Presidente, y que a través de usted consulto al Ministro de Economía.
El señor PROKURICA.- Dando un plazo para formular indicaciones.
La señora ALLENDE.- Que el señor Ministro aclare el punto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, hay una solución: borrar el término "único", para que la norma diga que "La Agencia será el organismo autorizado".
Creo que así salvamos la situación.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Recuerdo a la Sala que se requiere unanimidad para eliminar la palabra "único". Y no la hay en este momento.
Señor Secretario, consulte nuevamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor HARBOE.- ¿Hay unanimidad o no?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pregunto de nuevo si hay unanimidad para eliminar la expresión "único".
El señor GARCÍA.- No.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No la hay.
Entonces, terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Resultado de la votación: por el artículo 16, 7 votos a favor, 2 en contra, 9 abstenciones y un pareo.
Votaron por la afirmativa los señores Lagos, Matta, Montes, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Coloma y Navarro.
Se abstuvieron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, García-Huidobro, Harboe, Hernán Larraín y Tuma.
No votó, por estar pareado, el señor Ossandón.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se debe repetir la votación, porque las abstenciones influyen en el resultado.
Advierto que en la segunda votación las abstenciones se suman a la mayoría.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ¿puede aclarar el asunto el Ministro?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, he puesto toda mi voluntad para que este proyecto sea aprobado, porque lo considero muy conveniente para el país.
Sin embargo, creo que en su artículo 15 hay un error, y así se lo he manifestado al Ministro, que lo ha reconocido, a pesar de intentar aclararlo sosteniendo que en el artículo 21 podría entenderse resuelto el problema.
A mi juicio, no es así, porque la primera de las normas establece, en su inciso tercero, que la Agencia "será el único organismo autorizado para promover", no obstante que debería disponer lo que el Ministro nos ha dicho: que será la institución que otorgará los certificados, etcétera; o sea, la función que corresponde a su propio giro, a su propio objetivo.
Por lo tanto, habría que rectificar el mencionado inciso.
En cuanto al artículo 16, letra a), número 1), en relación con el artículo 21, podría entenderse, en esa contradicción, que los gobiernos regionales también estarían facultados para realizar actividades de promoción, por haber una exclusión precisa y a pesar de lo que indicó el Senador Harboe.
Y efectivamente, al menos en la Región del Maule, el costo que irroga la promoción de este tipo de acciones lo asume el gobierno regional. E incluso a veces se abusa en alguna medida, porque los gobiernos regionales gastan un poco más del dinero necesario para tal fin.
Ahora, si el artículo es rechazado en ese inciso, pienso que se puede buscar una fórmula de solución en el tercer trámite o en una Comisión Mixta, a pesar de que se desea tener aprobado el proyecto antes del 21 de mayo. Pero, si es así, es mejor que salga un texto bien hecho y que este asunto no quede pendiente.
Si acaso no tenemos unanimidad, no veo posibilidad de resolver el problema en el inciso y de ese modo evitar dos trámites más.
Por lo tanto, la idea sería que el Ministro nos pudiera proponer una redacción para el inciso tercero del artículo 15 que realmente salvara la situación que hemos estado discutiendo con el mejor de los espíritus. Incluso yo voy a votar a favor, porque quiero ayudar al Ministro a sacar adelante su proyecto, a pesar de que saldría con este defecto o error.
Por eso, planteo el punto como una fórmula de solución.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, lo que está ocurriendo es bastante absurdo. Primero, porque, derogado el decreto ley 600, todos estamos de acuerdo en que debemos contar con una legislación que permita incentivar, estimular, atraer inversión extranjera.
De ahí que sugiero quitarle la urgencia al proyecto, que la Comisión de Hacienda se reúna mañana, incluso en paralelo con la Sala, para introducirle los arreglos pertinentes, de manera de votarlo el martes próximo y despachar una iniciativa bien hecha.
Todavía tenemos tiempo de aquí al 21 de mayo. Pero hagamos las cosas bien, porque lo contrario, en última instancia, termina hablando mal de nuestra labor legislativa.
El señor LAGOS.- ¿Cuándo vence la urgencia?
La señora ALLENDE.- Presidente, ¿por qué no cita a reunión de Comités?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- No puedo llamar a reunión de Comités, porque lo que procedería es repetir la votación.
Lo lamento, pero tengo que aplicar el Reglamento.
Ha pedido la palabra el Senador señor Harboe.


El señor HARBOE.- Señor Presidente, hay ánimo y disposición.
Todos entendemos que es importante sacar una ley en esta materia.
Existe la voluntad de apoyar al Gobierno. Pero, objetivamente, el proyecto contiene algunos errores y, al final del día, los ministros, los gobiernos, no se hacen cargo de ellos. Las iniciativas mal hechas son culpa de los parlamentarios, Senadores y Diputados. Y eso representa un problema.
Entonces, lo que sugiero es acoger la solicitud planteada por el Senador García y armar un equipo de trabajo que se constituya mañana mismo para corregir ciertos errores. Porque, de lo contrario, hoy día aprobaremos un proyecto de mala calidad, que en la práctica va a significar la afectación de facultades de los gobiernos regionales.
Por eso, propongo tomar ese acuerdo, por la unanimidad de la Sala, para que mañana temprano nos juntemos a trabajar en la búsqueda de alguna fórmula que perfeccione el proyecto.
La señora ALLENDE.- Por unanimidad, se puede.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La única alternativa para acoger lo solicitado por el Senador Harboe, en relación con lo planteado por el Honorable señor García, es que exista unanimidad en la Sala.
La señora ALLENDE.- La hay, señor Presidente.
Estamos todos de acuerdo en este minuto para trabajar mañana en el sentido propuesto.
El señor TUMA.- Hay unanimidad, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Habría que suspender la discusión del proyecto y volverlo a Comisión.
La señora ALLENDE.- Hay unanimidad al respecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sin duda existe unanimidad, pero en el entendido -creo yo- de que la Comisión pueda revisar incluso los artículos que ya se votaron. Porque lo importante es que se llegue a un acuerdo prontamente. Y, por cierto, con tal fin el órgano técnico verá lo que estima conveniente.
No se trata de rehacer todo el proyecto. Pero, si es necesario revisar artículos ya votados, que la Comisión se entienda autorizada para ello, y además con un plazo para presentar indicaciones, de manera que pueda ser efectivo su trabajo.
Pienso que en tal sentido hay unanimidad.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que la Comisión de Hacienda, de la cual usted es Presidente, Senador señor Zaldívar, sesionara mañana temprano a fin de analizar propuestas para solucionar el problema que tenemos?
Y podríamos fijar plazo para formular indicaciones.
Honorable señor Larraín, ¿le parece hasta mañana, a las 12, o antes?
El señor LARRAÍN.- Mañana hay dos citaciones, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La Comisión de Hacienda está citada mañana, a las 11:30, para tratar la iniciativa relativa al patrimonio y conflictos de intereses; y las Comisiones unidas de Educación y de Hacienda, a las 13, a efectos de debatir el proyecto sobre creación de dos universidades.
Por lo tanto, tendríamos que ver la posibilidad de trabajar a las 15.
Yo le pediría, señor Presidente, que hubiera plazo para presentar indicaciones hasta la hora de funcionamiento de la Comisión, a fin de que esta tuviera tiempo para resolver todas y cada una de las modificaciones que se deban realizar, si es necesario hacerlas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo en torno a esa propuesta?
De ser así, seguiríamos debatiendo esta iniciativa en la sesión del próximo martes.
--Así se acuerda.