FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA TRIBUTARIA

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se insistió muchísimas veces durante la tramitación de la reforma tributaria, para la realización del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, que se ha hecho cargo, entre otras, de demandas históricas en materia de educación y salud, se requiere un importante aumento de la recaudación fiscal, lo que se pretende obtener a través de cambios en la normativa tributaria y de una disminución de la evasión y la elusión.

Para ambos objetivos se precisa un fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos. Ello, a fin de adaptarse a los cambios impositivos y, también, de aumentar su capacidad fiscalizadora.

Es de toda lógica que una Administración que pretende elevar las condiciones de vida de nuestra población, para lo cual requiere mayores recursos, además esté preocupada por el fortalecimiento del Servicio encargado de la fiscalización tributaria.

Y eso no ha sido así siempre.

A partir de 1973, el Estado subsidiario, cada vez más más pequeño y ausente, dio lugar a una intervención pública crecientemente débil en la economía, lo que se tradujo en una disminución de las capacidades de los servicios fiscalizadores en general.

Si bien esta situación cambió a partir del año 90, cuando el Servicio de Impuestos Internos se posicionó como una institución de excelencia, persistieron falencias en la administración tributaria. Estas, junto con el retroceso vivido durante el Gobierno anterior, son la base de muchos problemas que hoy cobran actualidad y que provocan el justo rechazo de la población.

Es cierto que ahora toda la atención está puesta en la arista política, con las serias repercusiones en la confianza ciudadana por todos conocidas. Pero, a propósito de esta iniciativa de ley, me parece relevante destacar el grave perjuicio al erario provocado a partir de mecanismos de evasión que se generalizaron en especial en las grandes empresas.

Probablemente, la pérdida histórica para el Fisco equivale a varias reformas tributarias si consideramos que desde hace décadas venían produciéndose las prácticas evasivas que se han revelado, desde las más complejas, como la compra de empresas en quiebra, hasta el uso de boletas y facturas falsas para justificar el pago de bonos de ejecutivos y las compras personales que se hacen pasar como gastos de las empresas.

Durante todo este tiempo, más allá de la voluntad de fiscalizar que tuvieron las diferentes autoridades que han pasado por el Servicio, es evidente que este no tenía las capacidades suficientes para enfrentar estos fenómenos pues, entre otras razones, no crecía a la par de la economía, que se modernizaba aceleradamente y se hacía más compleja

No obstante, miro el futuro con una óptica positiva. Todo lo ocurrido deberá incidir en un cambio en la actitud de fiscalizados y, también, de fiscalizadores.

Este no es solo un imperativo para fines de recaudación, sino además una exigencia de equidad.

El ciudadano común que trabaja como dependiente no tiene ninguna capacidad para evitar el pago del IVA por todas las compras que realiza o el impuesto al trabajo que se le descuenta de su remuneración, mientras que el poderoso compra a través de su empresa a fin de evitar el pago del IVA o recurre a la ingeniería tributaria para hacerlo con respecto al del impuesto a la renta.

Por lo tanto, la importancia de este proyecto de ley no se restringe solo a lo relativo a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes por cierto merecen mejores condiciones laborales. Lo más relevante es que los cambios ayuden a viabilizar las reformas sociales que requiere el país y a corregir la escandalosa inequidad tributaria que ha quedado en evidencia en el último tiempo.

Una última observación.

Celebro que el Ministerio de Hacienda patrocine esta iniciativa, que se basa en un acuerdo con las Asociaciones de Funcionarios del Servicio y que reconoce derechos a los servidores a contrata en los concursos a que se llamará.