ELIMINACIÓN DE PROHIBICIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS EN GOBIERNO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la iniciativa que votamos hoy es un logro concreto del movimiento social que se ha estructurado desde el año 2011 en adelante, detrás de las banderas de la educación pública gratuita y de calidad.

No obstante, su origen es aún anterior. La participación estamental en el gobierno universitario fue uno de los ejes de la reforma universitaria de los años 60, y luego, de la lucha del movimiento estudiantil contra los rectores delegados y la intervención militar de las universidades.

Ha sido, por tanto, una demanda histórica, respaldada por varias generaciones de jóvenes estudiantes que en distintos momentos han salido a las calles para reclamar no solo por sus condiciones particulares, sino también por la democracia; por los derechos humanos; por la suerte de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos originarios; y por todos los postergados del sistema.

En consecuencia, me parece de plena justicia este proyecto de ley, que al menos en parte sintoniza con ese movimiento, que -como decía- ha cruzado generaciones.

En concreto, por un lado, esta iniciativa fortalece la democracia al resolver las limitantes de participación de estudiantes y trabajadores, ampliando las posibilidades de ejercicio de la autonomía de universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, y por otro, ayuda a configurar un sistema universitario más participativo, acorde no solo a los tiempos que corren, sino también al tipo de educación que anida en la base de la reforma de la enseñanza comprometida con la ciudadanía.

Mucho se ha hablado acá en el último tiempo de la libertad de enseñanza. Precisamente este proyecto de ley pone en tensión el discurso referido a la libertad de enseñanza y obliga a ser consecuentes. ¡En el país necesitamos hechos y no solo palabras!

Aquí ya no estamos hablando de la libertad de emprender negocios educativos, sino de garantizar la participación de los estudiantes y administrativos en la gestión de sus casas de estudio, recogiendo en ello un principio básico de la libertad de enseñanza: la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria conculcada atenta contra la libertad del desarrollo del pensamiento crítico y, por tanto, afecta la libre expresión del conocimiento, el que, sin limitaciones mayores que aquellas que puedan incidir en el bien común, debe estar abierto y ser garantía de permitir a la capacidad humana ampliar las fronteras, siempre dinámicas, del saber.

El proyecto establece que en ningún caso los estatutos o normativas internas de las universidades podrán contener disposiciones que prohíban la libre organización de sus estudiantes y personal docente, a fin de asegurar que la comunidad universitaria pueda asociarse libremente.

Aquí hay un elemento destacable. Si esperamos contar con una ciudadanía activa, que participe, se empodere, decida y actúe de modo colectivo, el permitir su organización dentro de las universidades debiera ser un paso necesario, si es que no imprescindible, en el proceso de formación para la vida, que se espera que entreguen las instituciones de educación superior.

Lamentablemente, todavía hay casas de estudio que ponen limitaciones a la organización estudiantil o que afectan la libertad de cátedra, lo que se contradice abiertamente no solo con el desarrollo que ha alcanzado nuestra legislación, sino también con el nivel de madurez de las personas y el rol creciente que estas juegan en el quehacer de las instituciones.

El sector público ha avanzado desde la recuperación de la democracia en el desarrollo de los espacios de participación, pero poco ha hecho el sector privado en este ámbito. Nada se habla, por ejemplo, sobre la participación de los trabajadores en la conducción de las empresas.

¡Cuántas irregularidades que se esconden en las actas de los conspicuos directorios de empresas se habrían evitado con una participación, así sea simbólica, de los trabajadores en esas instancias!

El país necesita abrir las ventanas y permitir que entre el aire fresco de la renovación y de la participación democrática de la gente, tanto en el sector público como en el privado.