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CREACIÓN DE CARGO DE FISCAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN MINISTERIO PÚBLICO


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.608-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite, sesión 50ª, en 30 de septiembre de 2014.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 62ª, en 11 de noviembre de 2014.
Discusión:
Sesión 65ª, en 19 de noviembre de 2014 (queda pendiente la discusión en general).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar la Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, que se dedicará a la investigación y persecución de delitos cuya gravedad y repercusión social requieren dedicación exclusiva y personal especializado en la materia.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solo en general, pese a tratarse de un proyecto de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín.
Los distintos numerales del artículo único del proyecto inciden en los Capítulos V y VII de la Constitución Política de la República, razón por la cual requieren, para su aprobación, el pronunciamiento favorable de los tres quintos de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 13 y 14 del primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.


El señor QUINTANA.- ¿Por qué no está presente el Ministro, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, Senador señor Prokurica. Voy a informar lo que se me consulta.
El señor Ministro de Justicia me llamó para contarme que tuvo problemas de agenda, razón por la cual no podrá asistir.
Consulté rápidamente por este hecho a algunos miembros de la Comisión de Constitución, quienes me dijeron que sería adecuado aprobar ahora esta iniciativa, pues se trata de un asunto muy relevante que lleva ya un tiempo posponiéndose.
Ante ello, el Comité Socialista insinuó la posibilidad de solicitar segunda discusión.
Sin embargo, si existe ánimo de aprobar hoy la idea de legislar, podemos hacerlo. Me han dicho que ello es muy importante.
Le pido disculpas nuevamente al Senador señor Prokurica, pero le daré la palabra al Senador señor De Urresti, miembro de la Comisión de Constitución, para resolver esta cuestión previa.
El señor PROKURICA.- No hay problema.


El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, entiendo que el Ministro haya tenido dificultades para concurrir a esta sesión. Pero se debe consignar que este proyecto reviste complejidad.
Además, estamos analizando en paralelo una iniciativa sobre fortalecimiento del Ministerio Público, que contempla, aparte del aumento del número de fiscales, la necesidad de contar con los debidos resguardos para una serie de funcionarios de este organismo, quienes obviamente debieran participar en la discusión.
En atención a lo mencionado, solicitamos segunda discusión.
Una Fiscalía Especial de Alta Complejidad requiere un importante debate dentro del entramado de funcionamiento del Ministerio Público.
No me gusta legislar con celeridad cuando se trata de situaciones de alta relevancia.
En consecuencia, considero relevante pedir segunda discusión, para armonizar las propuestas del Ejecutivo, que vamos a respaldar. Esperamos que esto se traduzca en una política integral de combate contra la delincuencia, pero también en un fortalecimiento de las instituciones, tanto de los fiscales como de los demás funcionarios que integran el Ministerio Público.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se ha solicitado segunda discusión.
En la primera discusión, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, seguramente ya habrán escuchado mi opinión acerca de la reforma procesal penal. Y en este caso claramente vamos a hablar de un cambio relacionado con ella.
La gran mayoría de los estudios señalan que la delincuencia es, sin duda, el principal problema que debiera solucionar el Gobierno.
Lo anterior se suma al hecho de que los tribunales de justicia se encuentran dentro de las instituciones que menos confianza generan en la ciudadanía. Incluso, en la última encuesta de Adimark los jueces resultaron peor evaluados que el Parlamento.
La pregunta que debemos hacernos es si con este proyecto caminamos en la línea correcta para resolver los problemas de la justicia chilena.
El objetivo de la iniciativa en análisis es modificar nuestra Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, que se dedicará a la investigación y persecución de delitos cuya gravedad y repercusión social requieren dedicación exclusiva y personal especializado en la materia.
En mi opinión, ese tipo de delitos es precisamente el que tiene mejor resolución en el sistema procesal penal o respecto del cual mejor se desenvuelve hoy la Fiscalía.
Si uno revisa el mensaje del proyecto de la reforma procesal penal del año 2004, observará que este anunciaba que sería una verdadera maravilla en materia de justicia, siendo calificada tanto en Chile como en el extranjero como una reforma "histórica" y "exitosa".
Los principales objetivos que se buscaban eran: "1) Agilizar la persecución penal; 2) Evitar zonas de impunidad en la persecución criminal; 3) Corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigencia de la reforma procesal penal; 4) Mayor transparencia a los procesos judiciales (en los delitos de alta connotación pública)".
Un informe sobre las estadísticas del Ministerio Público elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional estableció que en el último año han ingresado a tramitación alrededor de 1,5 millones de causas.
Quiero pedirles a los señores Senadores que pongan atención respecto del resultado de este estudio.
Del total de causas ingresadas en 2013, solo el 15 por ciento terminó en sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¡El 15 por ciento!
O sea, el 85 por ciento se resolvió de otra manera.
Yo me pregunto: ¿esto es lo que esperábamos de esta reforma?
El 30,6 por ciento de dicho total concluye por otra vía judicial (sobreseimiento, suspensión condicional, acuerdo reparatorio y facultad para no investigar).
Y el 54,4 por ciento restante se resuelve por la vía administrativa antes de llegar a una instancia judicial, siendo la gran mayoría de los casos archivados provisionalmente.
A mi juicio, la reforma procesal penal ha sido una mala experiencia, tras casi diez años de su puesta en marcha en todo el país.
Creo que llegó el minuto de que hagamos una reflexión en torno a cómo ha funcionado esta reforma. En tal sentido, considero que tanto la delincuencia como la falta de una justicia efectiva son dos cosas que tienen a los chilenos cansados.
Debemos sincerar el hecho de que, lamentablemente, la delincuencia está desatada en nuestro país. Así lo indican las cifras de la última encuesta de Paz Ciudadana-Adimark, donde la victimización de los hogares llegó al 43,5 por ciento, el índice más alto desde el año 2000.
La mayor y mejor demostración de que el Estado ha fallado en el combate contra la delincuencia es lo que está pasando con los cajeros automáticos, respecto de lo cual se dio como gran solución instalarlos en algunas comisarías.Francamente, esta es una demostración palmaria de que en materia de seguridad ciudadana el Estado no se la está pudiendo con la delincuencia.
Las autoridades no se están dando cuenta de que, con estas señales, lo único que hacen es decirle a la gente: "Hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia". Y ese fracaso no se debe al trabajo de las policías, sino al mal funcionamiento del sistema procesal penal, que permite que los delincuentes queden¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Continúe.
El señor PROKURICA.- Gracias, señora Presidenta.
Decía que los delincuentes quedan en libertad una y otra vez con el actual sistema.
El hecho de instalar los cajeros automáticos en dependencias de Carabineros obedece a un razonamiento indesmentible y más sencillo que sumar dos más dos: no se culpa a la banca, a la Nueva Mayoría, a la Derecha, al Gobierno o a Carabineros, sino al sistema judicial. Es este el que no está cumpliendo su objetivo y el que nunca ha hecho un mea culpa.
En agosto del año pasado, señora Presidenta -y pido que me otorgue tiempo adicional para exponer-, un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile reveló la lista de los cien delincuentes con más detenciones entre 2009 y 2013.
Pido, por favor, que pongan atención a estos datos.
Entre todos ellos sumaban un total de casi 3 mil capturas, lo que equivale, en promedio, a unas 30 detenciones cada uno.
Además, el 23 por ciento correspondía a menores de edad.
El mismo análisis reveló el bajo índice de personas que están sujetas a prisión preventiva o al cumplimiento de una condena.
De acuerdo con dicho documento -y aprovecho de agradecer al Senador Espina, quien me entregó gran parte de esta información-, al observar 27 casos de reiteración, se detectó que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena, la cual, en promedio, alcanzó -¡escuchen bien!- a 64 días de privación de libertad.
Según cifras proporcionadas por el Poder Judicial, el 93,4 por ciento de los casos de robo terminados o cerrados de este año quedaron impunes. ¡Por favor! ¡El 93,4 por ciento quedaron impunes, sin condena! Esto equivale a 253.340 casos.
Estas no son cifras mías. Son las que entrega el propio Poder Judicial.
A esto se suman las 66 mil órdenes de detención vigente sin resultados a octubre de este año. ¡66 mil!
Señora Presidenta, la reforma procesal penal es un sistema fallido -sé que es una afirmación dura-, donde el Estado ha gastado muchos recursos. De hecho, para llevar adelante esta reforma construyó 200 edificios a lo largo del país. ¡200 edificios! Además, los fiscales y los ayudantes ganan remuneraciones muy superiores a las que se daban en el sistema antiguo.
Con lo anterior no estoy diciendo que quiero volver al modelo anterior. No. Este presentaba un montón de problemas. Pero el sistema actual, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el propio Poder Judicial, muestra resultados francamente deplorables. Y eso ha causado una visión negativa en la opinión pública respecto de la reforma procesal penal y de los tribunales.
Por lo tanto, no estoy convencido de que se mejora el sistema creando el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público, quien se va a dedicar a atender no el caso de la señora Juanita -esos 200 y tantos mil casos a los que me referí-, sino los de gran relevancia, que son los que, precisamente, hoy se resuelven bien y rápido.
Sin embargo, las causas por delitos de común ocurrencia no se están solucionando. Esa es la realidad.
Señora Presidenta, la ciudadanía está cansada de denunciar día a día los delitos de que son víctima y reclama por el hecho de que muchos de ellos quedan impunes, sea porque no se encuentra a los responsables, sea porque los delincuentes quedan en libertad.
Para que no quede duda respecto de lo que expongo, quiero contarles mi experiencia personal:
En los últimos diez años he sido víctima de al menos 8 robos al interior de mi domicilio. ¡Imagínense eso! En el último de ellos, incluso me dejaron sin luz, por cuanto se llevaron los cables de la energía.
¡Nunca se encontró a los responsables!
He sido víctima, junto a mi familia, de 3 incendios intencionales en mi casa.
¡Nunca se encontró a los responsables!
Ya he perdido la cuenta de las veces que han entrado a robar a mi oficina parlamentaria en Vallenar y de cuántos computadores han sustraído, como en los casos antes descritos.
¡Nunca se encontró a los responsables!
Por eso, antes de aprobar este proyecto, sugiero que hagamos una evaluación en serio de los resultados de la reforma procesal penal, y después tomemos decisiones. Porque esto significa un esfuerzo tremendo y millonarios recursos del Estado de Chile.
Por favor, no me crean a mí. Revisen las cifras oficiales; pregúntenle a la gente, y vean las encuestas: los tribunales de justicia son los únicos más mal evaluados que el Parlamento.
Y eso se debe a la reforma procesal penal, que ha sido un fracaso.
¡Se han invertido ingentes recursos en ella, y hoy nos piden 100 fiscales más!
La idea que propone la iniciativa a lo mejor es buena. No digo que sea mala. Pero, con ella, ¿se va a resolver el problema de tantas personas que, día a día, una y otra vez, son víctimas de un delito y otro, aunque sea leve? Para obtener una respuesta, basta preguntarle a la gente que vive en los sectores poblacionales, a quienes los asaltan una, dos, tres, cuatro, cinco veces y les cobran peaje.
¡A esas personas la delincuencia les ha cambiado la vida para mal!
Señora Presidenta, en mi opinión, detener a un delincuente que al poco tiempo vuelve a la calle constituye un tremendo desincentivo para las policías, cuyos efectivos arriesgan la vida y no reciben buenas remuneraciones.
No le echo la culpa ni a este Gobierno ni al mío.
Esta no es la respuesta que la ciudadanía está esperando. La gente quiere que se resuelva esta situación de una vez por todas.
Sin embargo, en tanto miles de delincuentes (el 90 y tantos por ciento de los procesados) regresen nuevamente a las calles, francamente, esto no tiene solución.
Entonces, le pido al Senado -no a la Comisión de Constitución, que carece de tiempo- que nos dediquemos a evaluar la reforma procesal penal, con expertos, con personas que entienden el tema y veamos cuáles son los cambios que debemos hacer, porque ella, francamente, no ha dado los resultados que todos esperábamos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, comparto los fundamentos del presente proyecto, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público.
Sin embargo, quiero expresar algunas dudas sobre el particular.
En primer lugar, me preocupa el sesgo centralizador que puede existir detrás de esta iniciativa.
La complejidad de los delitos investigados o la necesidad de contar con personal especializado puede dar lugar a una excesiva concentración de causas.
En efecto, si la ley regulatoria es demasiado amplia pudiera ocurrir que la autoridad del momento privilegie la radicación de las principales causas en esta Fiscalía Especial, quedando las causas más simples para el resto de las fiscalías.
Preocupa que uno de los criterios utilizados para determinar los asuntos de competencia de la nueva Fiscalía Especial sea la connotación pública de los hechos, pues es bien sabido que la gran mayoría de los medios de comunicación que forman opinión se encuentran en Santiago y difícilmente los hechos ocurridos en regiones llaman la atención del resto del país.
Para graficar esto, cabe recordar que tiempo atrás una ola de asaltos a casas del sector oriente de Santiago dio lugar a reuniones entre el Ministro del Interior de la época, los altos mandos de Carabineros y los alcaldes de esa zona. Difícilmente esa reunión, con su cobertura mediática, hubiera sido posible en otras regiones, aunque se tratara de un delito de ocurrencia nacional.
Por lo tanto, también en materia de persecución penal puede producirse un centralismo que deseche los delitos de mayor complejidad y de alta connotación que ocurren en las regiones. Así, por ejemplo, en la Región que represento son de gran preocupación los ilícitos que afectan a agricultores y acuicultores y que carecen de relevancia en la Región Metropolitana.
Otra preocupación que surge se refiere a que la nueva Fiscalía Especial, que gozará de competencia nacional, debe tener presencia en las regiones, lo que podría generar una dependencia dual de los fiscales, ya sea de los fiscales regionales o del Fiscal Especial.
Por otro lado, si se optara por encargar las diligencias a las fiscalías regionales, estas terminarían recargadas de trabajo, lo que va en sentido inverso al objetivo del proyecto.
También habrá que tener en cuenta que la concentración de las causas más relevantes podría incentivar a los fiscales más competentes a postular a esta Fiscalía Especial en busca de especialización, privando con ello a las fiscalías regionales de personal valioso y contradiciendo el objetivo, que siempre se proclama, de atraer personal más calificado a las regiones.
En definitiva, esta Fiscalía Especial quedará en una posición ventajosa en desmedro de las fiscalías regionales, lo que amerita revisar cuidadosamente la ley regulatoria respectiva.
No quedan claros los beneficios de optar por la creación de una Fiscalía Especial frente a la alternativa de instalar fiscalías de alta complejidad dependientes de cada fiscalía regional, como ha ocurrido hasta el día de hoy en algunas de ellas cuando se ha estimado necesario.
Ahora bien, desde una mirada más general, no puedo dejar de mencionar la señal negativa que podríamos enviar a la comunidad en el sentido de que los asuntos más complejos o relevantes solo pueden ser resueltos centralizadamente.
Si ese criterio se aplicara al resto de la Administración Pública, ello sería fatal y contraproducente con el espíritu que anima al Gobierno y con las conclusiones emitidas recientemente por la Comisión de Descentralización.
Para terminar, me parece relevante conocer tanto en el proyecto que nos ocupa como en el de fortalecimiento del Ministerio Público la opinión de la Asociación Nacional de Fiscales y de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, toda vez que son estos últimos los que tienen la responsabilidad concreta de ejercer la acción penal pública.
A mi juicio, las grandes necesidades que tiene el Ministerio Público son aumentar su dotación, mantener a sus funcionarios calificados, evitar su fuga a otros servicios y ofrecerles mejores condiciones laborales y remuneracionales, sabiendo que son funcionarios públicos que cumplen labores de excelencia fundamentales para asegurar la paz social.
En consecuencia, señora Presidenta, votaré a favor de la idea de legislar y espero que en el debate particular de esta iniciativa y en la tramitación del respectivo proyecto de ley regulatorio se definan los mecanismos para evitar los efectos negativos de una excesiva centralización y se recojan, también, las observaciones que han emitido los fiscales y los funcionarios en esta materia.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a quienes nos acompañan en las tribunas y aprovecho de darles la bienvenida a esta Corporación.
Sin embargo, al mismo tiempo debo advertirles que están prohibidas las manifestaciones, sea a favor o en contra.
Por ello, les ruego que me ayuden a cumplir el Reglamento.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.


El señor ORPIS.- Señora Presidenta, tengo una mirada distinta con relación al proyecto que se somete a la consideración del Senado.
Y quiero plantear la siguiente reflexión.
Yo comparto el diagnóstico que hizo el Senador Prokurica, pero creo que, desde un punto de vista conceptual, debemos hacer una distinción entre el delito común y delitos de distinta naturaleza.
Sin duda, tenemos un serio problema en materia de seguridad ciudadana en lo que respecta a los delitos comunes. Estamos llegando a índices históricos que, en parte, obedecen a que se ha simplificado el diagnóstico e, incluso, en algunas ocasiones el tema de la seguridad ciudadana, particularmente lo vinculado a este tipo de ilícitos, ha formado parte de estrategias electorales respecto de las cuales mantengo mis serias objeciones, porque este flagelo tiene muchas aristas, es complejo y debe ser abordado por distintos estamentos.
Pero la reflexión más profunda quiero plantearla en los siguientes términos.
En materia de seguridad ciudadana, existe el delito común, pero también se cometen otro tipo de ilícitos que no solamente afectan a las personas, sino también a la integridad del Estado.
Y la pregunta que uno debería hacerse es si estamos preparados, desde un punto de vista institucional, para investigar todos los delitos que atentan contra la integridad del Estado. Me refiero concretamente a los delitos de narcotráfico y a los cometidos por organizaciones criminales y organizaciones terroristas.
Y mi respuesta es, categóricamente, no.
Desde una perspectiva institucional, pienso que no estamos preparados para abordar este tipo de ilícitos, que afectan la integridad del Estado, toda vez que normalmente se trata de organizaciones que, desde el punto de vista territorial, operan incluso fuera del país, y que tienen un tremendo poder de criminalidad, de corrupción, de violencia. De manera que no pueden ser abordadas bajo los parámetros habituales con que actualmente funcionan las fiscalías.
Se requiere mucha investigación, mucho análisis de carácter delictual y, por lo tanto, creo que institucionalmente Chile debe dar el paso de contar con fiscales de alta complejidad.
¿Pero cuál es mi diferencia con el proyecto en debate? Mi diferencia es que estas facultades no pueden quedar radicadas en una ley orgánica, sino que, tratándose de delitos de estas características -estoy pensando, por ejemplo, en los que ocurren en La Araucanía o en la Operación Capricornio, mediante la cual se decomisaron tres, cuatro, cinco toneladas de drogas-, las competencias de esta Fiscalía deben quedar establecidas directamente en la Constitución.
Lo peor que le puede ocurrir a un país es que se vayan incubando en su territorio organizaciones criminales que tengan este tremendo poder. Necesitamos anticiparnos a este tipo de situaciones.
Por lo tanto, creo que al hacer la modificación constitucional debe quedar claramente establecido en la Carta cuál va a ser la competencia de la Fiscalía de Alta Complejidad. Y, para mí, esa competencia debe estar determinada por lo que son el narcotráfico, las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas, porque todo ello afecta la integridad del Estado.
Sin perjuicio de que la modernización del Ministerio Público es un tema que va mucho más allá, creo que es necesario contar con esta Fiscalía de Alta Complejidad.
Hoy día, el Ministerio Público, bien, mal o más o menos, solo está preparado para enfrentar el delito común. Pero en materia de alta complejidad se requiere otro tipo de expertise, otro tipo de dedicación, otro tipo de competencia. Es decir, estamos hablando de situaciones de una envergadura diferente. Y, desde un punto de vista institucional, en Chile no existe una respuesta para abordar los delitos de alta complejidad.
Ahora bien, precisamente por la importancia que tienen estos fiscales, no me gustaría que el día de mañana -porque leí el informe y en él se dice que van a desatochar muchas situaciones del Ministerio Público en materia de delitos comunes- terminaran cumpliendo otras funciones.
No. Yo creo que el tema es tan delicado y que viene con tanta fuerza -cada vez va a ser más complejo- que debemos, precisamente en el Ministerio Público, establecer este Fiscal Especial de Alta Complejidad, pero por ningún motivo debe acabar tramitando causas que no tienen las características que he señalado.
Entonces, desde un punto de vista institucional, junto con generar la Fiscalía de Alta Complejidad, creo que tiene que quedar plenamente garantizado que ella se va a concentrar única y exclusivamente en los delitos que afectan la integridad del Estado: el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Por lo tanto, en lo personal no estoy dispuesto a dar este paso si no queda acotado en la propia Constitución, en el artículo 85 bis, cuáles van a ser las materias a las que deberán dedicarse, única y exclusivamente, estos fiscales.
Me parece que desde un punto de vista institucional hay que dar el paso, pero hay que darlo bien, de manera que tengamos plena garantía de que efectivamente van a abordar este tipo de situaciones y que no terminarán actuando contra otro tipo de delitos que no tienen la característica de afectar la integridad del Estado.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.


El señor HORVATH.- Señora Presidenta, la verdad es que plantear una reforma constitucional para crear el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad no es tan sencillo como aparentemente pretende el proyecto, y con ello no se resuelve la situación que viven las personas que son víctimas de distintos tipos de delitos en nuestro país.
La necesidad de una reforma constitucional para crear esta Fiscalía Nacional de Alta Complejidad como un medio idóneo y eficiente para perseguir ciertos delitos -una suerte de fiscalía dentro de la fiscalía- es cuestionable si se considera que en la actualidad las unidades de Alta Complejidad se pueden establecer mediante decisiones del Fiscal Nacional o Regional, según las necesidades concretas de cada lugar y debiendo siempre que sea necesario entregar más recursos humanos.
Tanto es así que en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y en la Fiscalía Metropolitana Oriente se han creado unidades de Alta Complejidad sin necesidad de una reforma constitucional.
Por otra parte, los fiscales regionales o adjuntos, cuando tienen a su cargo una investigación que supone realizar diligencias en diversos puntos del país o del extranjero, no están limitados en su actuación a un determinado territorio, ya que pueden actuar en todo el país, además de hacer solicitudes al exterior a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones que existe al interior de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público.
La necesidad de establecer equipos multidisciplinarios, según lo exija un caso concreto, se puede enfrentar a partir de las facultades que hoy ya tienen el Fiscal Nacional y cada fiscal regional, además de las atribuciones que les otorga la ley a los fiscales adjuntos para llevar a cabo sus investigaciones.
Una debida coordinación entre los diversos estamentos de las fiscalías y las policías en delitos complejos es un tema administrativo más que legislativo, y puede ser solucionado caso a caso con una buena gestión del Fiscal Nacional y de quienes estén a cargo directamente de la investigación.
Como se indicó en la discusión general en la Comisión de Constitución del Senado, la Fiscalía de Alta Complejidad que se proyecta costará al erario de la nación la suma de 4 mil 800 millones. Parece razonable requerir estudios técnicos que indiquen que la creación de esta unidad es la mejor forma de usar ese dinero para reforzar la labor del Ministerio Público, antes de votar una reforma constitucional para establecer dicha Fiscalía.
Cabe destacar que esos estudios, si es que existen, no han sido dados a conocer como fundamento del proyecto.
Parecería más sensato reforzar las fiscalías regionales a fin de que puedan atender a su realidad concreta, en lugar de crear una nueva fiscalía a nivel nacional.
Además, se debe revisar el mecanismo de designación, que no puede quedar solo al arbitrio del Fiscal Nacional a partir de una quina. Se necesita establecer una carrera funcionaria que se funde en el mérito, de manera que las designaciones no dependan de la sola facultad del Fiscal Nacional de turno.
Los delitos de mayor incidencia son aquellos en los que no se ha colocado énfasis, como ocurre con los robos y hurtos, y respecto de ellos esta iniciativa no se hace cargo de ninguna manera.
Junto con avanzar en otorgar más facultades y recursos, es necesario establecer mecanismos de control real por parte de un organismo externo e independiente de la gestión de los fondos que se le allegan al Ministerio Público. No basta con que la Fiscalía Nacional informe a múltiples entidades sobre su propia gestión; se requiere que una institución independiente pueda controlar la veracidad y consistencia de los antecedentes que se entregan. Ella debería ser la Contraloría General de la República.
El sentido verdadero de la autonomía institucional se refiere a la independencia de los fiscales para poder investigar delitos sin ser influidos por el poder político o económico, pero no dice relación al debido control en la gestión de los recursos públicos que se le entregan a la Fiscalía para realizar su misión.
Es necesario que, junto con la discusión de nuevas facultades y recursos para el Ministerio Público, se establezcan medidas de control en la eficiencia del gasto al interior de la Institución, a partir de información que pueda ser revisada y contrastada por un organismo independiente.
En definitiva, tratándose de una unidad que le costará al Estado la suma de 4 mil 800 millones; no existiendo -no los tenemos a la vista- estudios concretos de ningún tipo que justifiquen la creación de una fiscalía especializada de carácter nacional a través de una reforma constitucional como mecanismo para enfrentar ciertos tipos de delincuencia; estando ciertos de que, por lo demás, ella puede crearse por vía administrativa; siendo una medida cuestionada incluso por la asociación de funcionarios del Ministerio Público, por no considerarla una forma eficiente de asignación de recursos públicos; y encontrándose pendientes materias relevantes como el establecimiento de una carrera funcionaria fundada en el mérito y de un control por parte de un organismo independiente sobre los recursos fiscales que se le allegan al Ministerio Público, organismo que cuente con la facultad de contrastar la veracidad y consistencia de los antecedentes que se le entregan, propongo que, antes de votar esta iniciativa, ella sea revisada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y sea vuelta a estudiar por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda.
En caso contrario, si se pone en votación, tendría que optar por rechazarla o abstenerme.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le recuerdo al señor Senador que se ha solicitado segunda discusión respecto de este proyecto, lo que, como usted sabe, significa que va a haber tiempo antes de proceder a la votación.
Tengo inscritos para intervenir a los Honorables señores García y Guillier.
Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, todos sabemos que nuestra Región de La Araucanía desde hace ya varios años viene viviendo una situación de violencia extrema. Permítanme relatar hechos que han sucedido en las últimas semanas.
En la noche del 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuando todos nos reuníamos en nuestros hogares con nuestras familias y demás seres queridos para celebrar la principal fiesta del mundo cristiano, en la Novena Región fuimos sacudidos por una bomba instalada en la Segunda Comisaría de Carabineros, a 50 metros de donde están las oficinas de la Jefatura Zonal. El aparato explotó, dejando herido a un policía. Por supuesto, cientos de vecinos quedaron tremendamente conmocionados.
Esa misma noche la PDI descubrió en sus instalaciones de Extranjería de la ciudad de Temuco un artefacto explosivo que resultó ser idéntico al que había detonado en la unidad de Carabineros antes individualizada. Afortunadamente, su detección oportuna permitió desactivarlo y evitó que estallara.
En la noche de Año Nuevo, en el sector de Quepe, de la comuna de Padre las Casas, la señora Verónica Cecilia Jara Llancavil, mujer sencilla, humilde, muy esforzada, con gran capacidad de trabajo, sufrió un ataque incendiario dirigido contra las dos máquinas con que explotaba áridos. Esta actividad era su única fuente de ingresos.
En la misma noche del 31 de diciembre le quemaron tres camiones y su maquinaria agrícola a otra persona de esfuerzo y de trabajo: don Alejo Vielma, pequeño parcelero de la comuna de Teodoro Schmidt.
En estos días se ha sucedido una enorme cantidad de ataques incendiarios a bosques y sementeras, todos ellos, de acuerdo con la información de Bomberos que obra en nuestro poder, claramente intencionales.
Esa es la situación que vivimos en La Araucanía. Y nos preguntamos cómo es posible que nunca se encuentre a los responsables; cómo es posible que tales hechos ocurran en nuestro país, en una región de esfuerzo, de trabajo, y que todos ellos queden en la más completa impunidad.
A mí se me podrá decir que la Fiscalía Especial de Alta Complejidad que se sugiere crear deberá cumplir ciertos requisitos (no excederse en sus funciones, en sus atribuciones, en fin). Pero no me pidan que renuncie a este instrumento que nos está proponiendo el Ejecutivo para investigar los hechos que he señalado y muchos otros anteriores, entre ellos la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay -todo el mundo sabe que la única persona condenada por ese horrendo crimen no pudo haber actuado sola; sin embargo, nadie más está siendo procesado-, para que finalmente se encuentre a los responsables, se los ponga a disposición de los tribunales y por fin construyamos paz, desarrollo y progreso en La Araucanía.
Por eso, independiente de las aprensiones que han expresado algunos señores Senadores, yo me aferro a esta posibilidad. Quiero creer que la Fiscalía Especial de Alta Complejidad dispondrá de los recursos necesarios y se dedicará con exclusividad para que en los casos que he relatado se halle a los responsables materiales, a los autores intelectuales, a quienes financian ese tipo de acciones violentistas, y en muchos casos claramente terroristas, pues no tienen otro propósito que atemorizar a la población.
Observando los antecedentes de esta reforma constitucional, veo que una de las razones que se señalan para justificar la creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, con un fiscal jefe especial y un equipo multidisciplinario e institucional, es la posibilidad de acumular inteligencia investigativa.
A mi entender, reviste suma importancia acumular inteligencia investigativa. Porque si tales hechos fueran nuevos, uno podría decir "Sorprendieron a las autoridades, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones". Pero ellos se vienen reiterando desde hace mucho tiempo, similares unos y otros, iguales unos a otros.
Uno se pregunta, entonces: ¿Dónde están los organismos de inteligencia de nuestro país? ¿Cómo es posible que un pequeño grupo ponga en jaque a todo el aparato de seguridad del Estado chileno?
Yo quiero aferrarme a esta institucionalidad nueva, a esta Fiscalía Especial de Alta Complejidad. Y porque me aferro a ella, anuncio mi voto favorable.
Ojalá que esto no sea un volador de luces, una esperanza que se desvanece en el tiempo. Ojalá que la nueva Fiscalía sea suficientemente eficiente y eficaz para que en las situaciones que señalé de La Araucanía, pero también en otras que ocurren a lo largo y ancho de nuestro país, por fin se encuentre a sus responsables y se los ponga a disposición de los tribunales.
Votaré que sí.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, reitero que para este proyecto se pidió segunda discusión. Por lo tanto, en este momento no vamos a votar.
Le daré la palabra al Senador señor Guillier. Y cuando finalice su exposición haremos tocar los timbres, pues tenemos acuerdo para votar la designación propuesta con respecto al Segundo Tribunal Ambiental.
El señor LARRAÍN.- ¿No vamos a votar el proyecto en debate?
La señora ALLENDE (Presidenta).- No, Su Señoría. Como dije, se pidió segunda discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, en esta iniciativa yo separaría dos cosas.
Estimo que se justifica la creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, con un fiscal especial y cierta estructura jerárquica.
Estamos asistiendo a ilícitos nuevos más complejos, que tienen otra connotación, como los cometidos por las redes de pedofilia y las de lavado de dinero, los delitos informáticos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de blancas, etcétera, que constituyen amenazas contra el Estado y contra las personas.
Por consiguiente, la medida de operar en tal sentido y especializar la investigación me parece legítima. Aún más, la considero indispensable e imperativa.
También existen formas de terrorismo harto más sutiles, muchas veces con redes internacionales que operan en los distintos países; y el nuestro no es una excepción.
Sin embargo, opino que un proyecto de esta naturaleza, por la importancia que reviste, debería, además de la definición vinculada con la creación de la Fiscalía, determinar las estructuras, las funciones y las atribuciones, lo que habría de estar integrado en este proyecto más que en uno posterior, para resolver mejor sobre la finalidad de la proposición de ley que se nos hace.
Recordemos, además, que dicha Fiscalía va a tener competencia a nivel nacional. Y, en este sentido, recojo la preocupación del Senador Quinteros en cuanto a que este tipo de entes suele operar desde Santiago con criterios bastante centralistas. Porque en esta iniciativa la definición de lo que se entiende por "delito de alta complejidad" queda sometida, según entiendo, a la propia Fiscalía que se crea. Por lo tanto, no existe un factor externo que la convoque o que solicite su intervención.
Es bastante habitual que los parlamentarios muchas veces reciban en sus Regiones requerimientos para solicitar jueces especiales, dedicaciones exclusivas, en fin, cuando la población intuye que hay delitos más complejos que el crimen organizado común y que representan amenazas bastante más soterradas y peligrosas.
Por consiguiente, es indispensable conocer qué materias serán de competencia de la nueva Fiscalía, saber cómo se hará la determinación pertinente y evaluar si la definición de los asuntos sometidos a ella le compete o debería corresponderles a otras instancias que podrían requerir su intervención.
Por ende, señora Presidenta, creo que este proyecto, si bien es necesario, según mi intuición, requiere bastante más elaboración.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.


El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, yo voy a aprobar la idea de legislar. Y comparto los argumentos que dio el colega García. No obstante, quiero hacer una pequeña aclaración.
Normalmente en el trabajo de las fiscalías se usa el argumento de la territorialidad. Y eso da garantías en el sentido de que el fiscal de una zona no se puede inmiscuir en los casos de otra.
En este proyecto hay que tener sumo cuidado, porque es factible que el Fiscal Especial de Alta Complejidad quede con carácter plenipotenciario, o sea, con un poder tan impresionante y sin contrapeso que, si en algún minuto obedece a algún sector político o a algún interés, pueda transformarse en un funcionario ultrapeligroso.
Espero que durante la tramitación de esta iniciativa seamos capaces de proponer y aprobar indicaciones que permitan un control y un contrapeso para que ese cargo no se preste para abusos ni se transforme en una pesadilla, sino que sirva para estudiar los casos de más alta complejidad que hoy se registran en Chile.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Con la intervención del Senador señor Ossandón concluyen las exposiciones de la primera discusión.
--En el estudio del primer informe, el proyecto queda para segunda discusión.