EXTENSIÓN DE COBERTURA DE MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que extiende la cobertura del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley N° 20.765, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.668-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 59ª, en 22 de octubre de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 60ª, en 4 de noviembre de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, al hacer que este se active para fluctuaciones en el valor de cualquier gasolina o mezcla de ella que se encuentre gravada en su primera venta o importación con el impuesto específico establecido en la ley N° 18.502, independiente de su octanaje.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general y acordó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores García-Huidobro, Lagos, Montes y Zaldívar y la abstención del Honorable señor García.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del certificado de la Comisión de Hacienda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión general de la iniciativa, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, hoy en la mañana, durante la sesión de la Comisión de Hacienda, a la que asistieron el Ministro del ramo y una representante de la firma Econsult, que normalmente está informando las variaciones del precio del combustible en relación con las alzas del valor internacional del petróleo, se realizó una discusión bastante profunda sobre el tema. Incluso se recordó que en diversas oportunidades en el Parlamento hemos tratado de buscar un mecanismo que logre cierta estabilización en dichos precios, ante las fluctuaciones observadas desde hace varios años en el mercado internacional del crudo.
Cada vez que hemos estudiado este asunto -antes se denominaba "SIPCO"; ahora lo conocemos como "MEPCO"- ha surgido cierta insatisfacción por el hecho de que el sistema aplicado se ha traducido normalmente en alzas de precios persistentes y en bajas menores. Por lo mismo, hoy el valor de la bencina bordea los mil pesos.
Yo le hice presente al Ministro de Hacienda de la época que, si analizábamos las cifras de rendimiento del impuesto específico a los combustibles, nos daríamos cuenta de que a diciembre del 2013 la recaudación fue superior en casi 350 millones de dólares a la que se obtuvo en 2010, lo cual ha significado, efectivamente, un incremento en los recursos fiscales.
Obviamente, tal situación no se puede corregir ahora. Es imposible devolver esos dineros. Lo importante es ver cómo lograr un sistema más justo y de mayor estabilización.
Al aprobar el MEPCO la mayoría de nosotros entendió que esa ley buscaba evitar fluctuaciones muy pronunciadas, por lo que se estableció que estas no podían exceder de 5 pesos hacia arriba y hacia abajo para todos los combustibles. Si bien en un momento dado la gasolina de 93 octanos siguió esta regla, no sucedió lo mismo con la de 97. (La de 95 no presenta dificultades porque corresponde al promedio entre la de 93 y la de 97, según se nos ha explicado). Ello dio lugar a un reclamo que llevó a que la Presidenta de la República y el Ministro de Hacienda presentaran un proyecto para incluir la bencina de 97 octanos en la fijación de esta banda de precios, que impide las fluctuaciones en más de 5 pesos o en menos de 5 pesos.
En la discusión que hubo en la Comisión le hicimos ver al Ministro que, a nuestro juicio, si no se hubiera aplicado el MEPCO en su momento, dada la variación -transitoria o no- del precio del petróleo, que ya bordea los 80 dólares el barril, la baja debería haber sido del orden de 86 pesos (algunos hablan de 80 pesos). En cambio, con la aplicación de esta ley se parte de un piso mayor que el que debiera corresponder si el precio pudiera sustentarse en el tiempo.
El Ministro se comprometió -por eso la idea de legislar se aprobó por cuatro votos a favor y una abstención- a que, si en el plazo de tres, cuatro o cinco meses se observa que la baja del petróleo es estructural -o sea, de permanencia-, se revisará la tabla de aplicación del proceso de estabilización de precios de los combustibles, llevando el valor correspondiente al precio real estructural que hubiera en ese momento. Si se mantuviera en 80 dólares el barril de crudo, por supuesto que el precio de la bencina tendría que bajar en forma más sustancial que 5 pesos.
Ese compromiso ya fue adoptado por el Secretario de Estado. Y esperamos que de aquí a marzo del próximo año se pueda hacer la revisión pertinente de la tabla.
En esas condiciones se aprobó el proyecto en general, que no es otra cosa que una modificación de lo que el Parlamento ya despachó hace algunos meses. La idea es mantener el MEPCO con una banda de fluctuación de 5 pesos menos, 5 pesos más, y que eso se pueda replicar cuatro veces en el mes, llegando a un máximo de 20 pesos hacia arriba o hacia abajo.
Por tales razones, la Comisión aprobó la idea de legislar y recomienda a la Sala que proceda de igual forma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, a mediados de junio de este año el Ministro de Hacienda, que hoy día nos acompaña, calificó como una buena noticia para los consumidores la presentación de la iniciativa que creaba el MEPCO (antes se llamaba "SIPCO"), y destacó que cada vez que las fluctuaciones de los precios sean superiores, conforme al rango de la banda, se modificará a la baja el impuesto variable, de modo que semanalmente los precios no aumentarán más de 5 pesos, precisando que "eso va a significar que de manera transitoria va a haber una menor recaudación fiscal".
Nada de esto ha ocurrido, señora Presidenta.
En su oportunidad fui uno de los pocos Senadores que no votaron a favor del MEPCO, por estimar que tal mecanismo no resuelve el problema que enfrentan los chilenos de clase media, los transportistas, los taxistas, los colectiveros, los camioneros, para quienes los combustibles representan, aproximadamente, un 40 por ciento de sus costos.
Este tema no ha sido abordado en forma seria por ningún gobierno. Aquí estamos frente a una solución de parche, al estilo chileno. Lo que se nos propone hoy no ataca el fondo del asunto.
Ya lo decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra: Chile no produce combustibles ni fija los precios de estos. Y nadie critica al Gobierno por eso. Pero sí podemos señalar que en la práctica esta es una discusión hipócrita, porque la base del problema es que, dado el sistema impositivo que rige en nuestro país, aquí se paga el impuesto específico y, además, el IVA.
Por lo tanto, al Fisco le conviene el alza del precio internacional: por una parte, como el IVA es proporcional, se registra un aumento en la recaudación de dicho tributo y, por otra, como ha crecido el número de vehículos, se ve incrementada la recaudación del gravamen específico.
Según cifras de diciembre del 2013, el Estado recauda alrededor de 2 mil 400 millones de dólares por concepto de impuesto específico y 700 millones de dólares por concepto de IVA.
Repito: cada vez que sube el precio internacional del petróleo el Ministro de Hacienda se soba las manos porque ello implica un aumento de recaudación.
Y olvidaba dar el argumento de que dicho tributo se creó para construir y mantener carreteras. Pues bien, el Estado se deshizo de esta responsabilidad y la gente se quedó con la obligación de pagar peajes y, también, el impuesto específico.
Retomando mi planteamiento, quiero destacar que en cuatro años la recaudación por concepto del referido gravamen ha crecido más de 500 millones de dólares.
¡Esa es la verdad, señora Presidenta!
Y ningún Ministro de Hacienda ha tenido la solidez de venir a plantear este problema.
¿Cuál es la solución? Que el Estado haga un sacrificio en esta materia. No estoy proponiendo que este subsidie el precio. Pero, cuando sube el precio internacional, el Fisco debiera recaudar lo mismo y no seguir enriqueciéndose, como ocurre hoy, a costa de empobrecer a la clase media (al taxista, al colectivero, a la gente que depende de los combustibles para trabajar).
¡No ha habido ningún miramiento al respecto!
En todos los discursos de este Gobierno se dice que hay que emparejar la cancha, que es necesario solidarizar con los más pobres, en fin; pero, cuando se propone una medida como esa, entonces se mira para el lado y se insiste en el MEPCO.
¿Qué es el MEPCO?
¡Nada! ¡Porque no ha funcionado para nada!
Y voy a ejemplificarlo con una pregunta: la gasolina de 97 octanos, que no está contemplada en este mecanismo -el proyecto en debate tiene por propósito incorporarla-, ¿ha bajado los 80 pesos que tenía que bajar? ¡No, pues! Bueno, ¡pero si no está en el MEPCO!
Entonces, ¿cuál es la realidad de la situación, señora Presidenta? Que el Fisco sigue acumulando y recaudando, sin ningún miramiento por la gente más modesta.
En efecto, cuando suben los combustibles, como ocurre en determinadas regiones, como la que representamos la señora Presidenta y yo, adonde todas las cosas hay que llevarlas por vehículos, por camiones y por flete, ¡todo se vuelve más caro! ¿Qué le importa a quien tiene recursos que le suban el precio del pan? ¡Nada! Paga más y punto.
¡Pero la gente que vive de un sueldo, la que debe subirse al colectivo, al taxi, a la micro, se ve afectada por esas alzas!
A mi juicio, no podemos seguir soportando tal realidad.
Nosotros, en este Senado, somos cómplices de aprobar medidas que no solucionan el problema de fondo.
Sería distinto si el Fisco recaudara lo mismo que hace cinco años. Quiero ser claro al respecto: no deseo que este regale el dinero, sino que recaude lo mismo.
¡El Estado se deshizo de la responsabilidad de construir carreteras y de mantenerlas, y las personas se quedaron con la obligación de pagar peajes!
Además, el Fisco gana 2 mil 400 millones de dólares por impuesto específico y 700 millones por concepto de IVA.
¡Y para colmo nos traen este proyecto, que no resuelve nada!
Yo no me presto para esto, señora Presidenta.
No voy a votar a favor, nuevamente, de una iniciativa que no soluciona el problema de fondo.
Espero que el Ejecutivo cumpla el compromiso que ha adquirido con los Senadores de la Comisión de Hacienda en orden a mandar un proyecto de ley en serio sobre la materia, que haga que el Fisco recaude lo mismo y que soporte el problema del precio de los combustibles sin aumentarle a la gente la carga tributaria. Porque reitero que el IVA es proporcional.
En efecto, cada vez que sube el precio del petróleo se les recarga aún más la mochila a las personas, que hoy deben pagar ese costo.
¡Realmente, no es fácil para ellas!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de continuar, quiero saludar al señor Ministro de Hacienda.
Bienvenido a la Sala.
Perdone por no haberlo saludado antes.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, quiero fundamentar mi voto de abstención, tal como lo hice en la Comisión de Hacienda.
No voy a respaldar esta iniciativa por las siguientes razones.
La primera es que tengo la convicción de que, para aplicar el MEPCO a las gasolinas de 95 y 97 octanos, no se requiere ley.
El Ejecutivo ha contado con atribuciones para ampliar el ámbito de aplicación de este mecanismo desde el primer día de vigencia, cuando, con dolor, nos dimos cuenta de que, contrariamente a lo que habíamos creído durante la discusión del proyecto, no estaban incluidas en el MEPCO las gasolinas de dichos octanajes.
Tal omisión -hay que decirlo con toda claridad- motivó todo tipo de comentarios -¡malos comentarios!- con relación al trabajo legislativo. Nadie entiende que los legisladores -en mi caso, asumo la responsabilidad como miembro de la Comisión de Hacienda- no nos hayamos percatado de que este nuevo instrumento, supuestamente de estabilización de precios de los combustibles, solo era aplicable a las gasolinas de 93 octanos.
¿Por qué sostengo que no se requiere ley? Por lo que señala el Reglamento del MEPCO:
"Título I
"De los combustibles a los que se aplica este Reglamento
"Artículo 1°.- Las disposiciones de la ley N° 20.765 que crea un Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en adelante `la ley', y del presente reglamento, se aplicarán a las categorías de combustibles" -¡a las categorías de combustibles!- "señaladas en el artículo 1° de la precitada ley. Dichas categorías comprenderán los siguientes combustibles:
"a) Gasolina automotriz.
"Esta categoría comprende toda gasolina que se utilice en vehículos motorizados terrestres que transiten por calles, caminos y vías públicas en general.".
Eso indica el Reglamento del MEPCO.
¿Cómo se puede sostener, entonces, que no hay facultad legal para extender a las otras gasolinas la aplicación de este instrumento de estabilización de precios?
Yo, por lo menos, no lo entiendo.
Una segunda razón por la cual me abstengo: las expectativas futuras de los precios internacionales de los combustibles, considerando las cifras de los últimos tres meses, están indicando que tales precios vienen a la baja. Si no se aplicara el MEPCO, hoy la bencina de 93 octanos estaría 70 u 80 pesos más barata. Tales antecedentes son, afortunadamente, de dominio público.
Por lo tanto, hay que comprender la indignación que han manifestado los taxistas, los conductores de colectivos, los que manejan transportes escolares. ¡Para qué hablar de las miles y miles de personas que usan su vehículo todos los días como herramienta de trabajo!
No se puede entender -yo tampoco lo comprendo- que hayamos creado un sistema que autorice subir el precio de los combustibles en hasta cinco pesos en caso de alzas y bajarlo en igual proporción, aun cuando los precios internacionales permitan una disminución mucho mayor. Estamos hablando de un costo que golpea a diario -¡a diario!-, particularmente, el bolsillo de nuestra clase media, de nuestros trabajadores, de la gente que sale todos los días a cumplir con su pega.
El señor Ministro de Hacienda, durante la sesión de la mañana, nos ha dicho que está dispuesto a revisar los parámetros de cálculo del MEPCO. En efecto, si dicha proyección de precios se mantiene a la baja, la referida autoridad se ha comprometido a corregir la tabla para hacer que, en consecuencia, sean mucho mayores las rebajas de impuesto específico a los combustibles. Ello, por supuesto, dentro del marco que manejamos hoy, que oscila entre 70 y 80 pesos.
Ya han transcurrido tres meses de vigencia de la ley. Pienso que no hay que esperar otros tres o cuatro meses más para corregir el problema.
Esto es tan urgente, tan sensible, tan importante para miles y miles de compatriotas que, en mi opinión, no hay ninguna razón para que el Estado no genere la disminución correspondiente en el precio de los combustibles ahora ya -¡ahora ya!-, sin esperar más tiempo.
Con todo, señora Presidenta, aquí se pretende introducir un nuevo factor de rigidez.
Tengo en mi mano una estimación de Econsult, empresa consultora que todos los jueves informa, a través de los medios de comunicación, cómo cambian los precios a público. En dicho informe señala que el precio de las bencinas anotaría un descenso de hasta 13 pesos por litro a partir de pasado mañana. ¡De hasta 13 pesos por litro!
Por su parte, la ENAP, el gran vendedor de combustible, indica que tal rebaja sería de hasta 8,6 pesos por litro.
¡Gran diferencia!
La empresa consultora proyecta 13 pesos y la ENAP, que es parte interesada en este cuento y una entidad pública, sostiene que el promedio será solo de 8,6 pesos.
En mi opinión, hay que terminar con ese tipo de situaciones. La gente ya no cree en estos sistemas de estabilización de precios. Al final, saben que lo que no se les sube hoy día se les subirá la semana siguiente o la subsiguiente, y que el precio de los combustibles ha de seguir la línea del precio internacional.
Si es así, ¿por qué no bajar los precios? ¡La tendencia se está marcando desde hace tres meses!
¿Y por qué hablo de una rigidez? Porque, una vez aprobada esta futura ley, que incorpora al MEPCO las gasolinas de 95 y 97 octanos, la disminución de precios no va a poder ser mayor a 0,12 unidades tributarias mensuales, es decir, a los famosos 5 pesos.
Y los medios de comunicación -si no es este jueves, será el próximo; todo dependerá de cuándo se promulgue la ley- van a decir que los combustibles que debieron haber bajado 13 pesos solo están disminuyendo 5 pesos.
Y nosotros no tenemos cómo salir a explicarle a la ciudadanía por qué ocurren esas distorsiones.
Creo -me he formado la convicción desde esta mañana hasta ahora- que es un profundo error lo que estamos haciendo, pues, como Estado, no estamos abordando el problema del impuesto específico a los combustibles de la manera como la gente nos reclama hacerlo.
Y no se trata de ponerse ni populista ni demagogo.
Yo estoy absolutamente interesado en que el Ministro de Hacienda cuente con los recursos que contempló en la Ley de Presupuestos. Y, por supuesto, sé que el mencionado impuesto significa una recaudación importante: del orden de 2 mil 400 millones de dólares.
¡No quiero afectar eso! ¡Que se siga recaudando tal cantidad!
Pero lo que no resulta admisible es no bajar el precio de los combustibles pudiendo hacerlo. Porque, al final, actuar siguiendo la tendencia internacional no afecta la recaudación, pues se mantiene la tasa del impuesto específico.
A mi juicio, señora Presidenta, estamos perdiendo la magnífica oportunidad de arreglar el problema de verdad, de solucionarlo en serio.
He dicho.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a una delegación del Instituto Hans Christian Andersen, de la comuna de San Fernando.
¡Bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Saludo a los alumnos de ese colegio de mi Región que nos visitan!
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en esta iniciativa hay que poner las cosas en su lugar.
En primer lugar, la incorporación de las bencinas de 95 y 97 octanos al MEPCO fue una petición unánime del Senado.
Sin duda, el MEPCO, al igual que el SIPCO, es algo que la gente no comprende. Y sabemos que ha sido un mecanismo de estabilización de precios bastante poco razonable, por cuanto ha afectado a la clase media, a las personas vulnerables que han tenido la posibilidad de acceder a un vehículo.
Como señalé, no se incorporaban aquellos octanajes.
Bien lo explicaba el Senador García: hay una diferencia con el Gobierno, que no se atrevió a actuar -seamos francos; y lo señaló el Ministro en la sesión de la Comisión de Hacienda- porque cree no tener facultades legales para incluirlos. Y sus asesores le entregaron esa información.
Por lo tanto, era necesario enviar un proyecto de ley.
Señora Presidenta, nos encontramos en un Estado de Derecho. Y el Ejecutivo dice no atreverse a tomar una decisión como la que nos ocupa vía reglamentaria o vía decreto pues de hacerlo estaría en una situación compleja.
Es el escenario que nos mostró el Ministro. Y sería importante que lo ratificara en esta Sala.
El Senado y la Cámara de Diputados solicitamos incorporar en el MEPCO las gasolinas de 95 y 97 octanos.
No obstante, hay que agregar temas a la discusión.
En primer término, según las expectativas de hace un tiempo, el precio del barril de petróleo podía llegar a 200 dólares. Hoy se considera posible que baje a 70, 75 dólares, porque las situaciones en el mundo son totalmente distintas de lo que se evaluaba con anterioridad.
La incorporación del shale gas en Estados Unidos cambió el escenario mundial. Por tanto, hoy se está viendo en los mercados internacionales la factibilidad de que baje el precio del petróleo.
Por otro lado, es interesante señalar que el impuesto específico recauda 2 mil 360 millones de dólares anuales. Y a mayor cantidad de vehículos, mayor consumo. A la vez, se produce un aumento proporcional del pago de IVA por la compra de combustibles, especialmente bencinas.
Por consiguiente, nos hallamos frente a un Estado que está recibiendo más recursos. Y el margen existente en el MEPCO es mínimo: más o menos, 5 pesos, como bien lo manifestaron los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
En mi concepto, ¿qué es fundamental?
Sobre el particular, quiero reconocer los compromisos que asumió el Ministro de Hacienda esta mañana en la Comisión.
En primer término, el de ver la posibilidad, de aquí a diciembre -si no me equivoco-, de establecer una banda más amplia, con margen mayor que la de hoy, porque existen facultades para ello.
Pero también se comprometió a realizar un estudio, de aquí a los primeros meses del próximo año, para llevar adelante un cambio estructural -lo manifestaron los Senadores García y Zaldívar-, es decir, un reestudio completo en cuanto al pago del impuesto específico a los combustibles en nuestro país. Ello, sobre la base de que existe conciencia de que esto no es lo que Chile necesita, pues algunas actividades contaminantes no pagan impuesto específico. Entonces, los únicos que lo hacen, a la larga, son quienes poseen un vehículo.
Bien lo decían otros colegas: las personas con más recursos ya se cambiaron a diésel y tienen opciones de enfrentar un impuesto menor. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Los taxistas, quienes trasladan escolares, la gente de clase media que tiene un vehículo bencinero.
Por ende, necesitamos asumir y valorar el compromiso del Ministro de Hacienda. Porque considero muy importante que ante el Senado exista información cabal respecto de qué proceso debiéramos vivir hacia delante si hay un cambio estructural, es decir, si la tendencia a la baja en los precios internacionales se mantiene. Y eso ha de verse reflejado. Porque no queremos que el Estado deje de percibir los recursos que necesita, pero tampoco que se le estén allegando más que los correspondientes. Eso lo creemos de justicia. Y tenemos que buscarle una solución definitiva.
Yo tomé una decisión al momento de firmar el proyecto de acuerdo de que se ha hecho mención. Y cumpliré mi palabra en cuanto a votar favorablemente, porque pedimos en forma unánime la incorporación de las bencinas de 95 y de 97 octanos al MEPCO.
Cosa distinta es lo que estamos conversando en torno a una reestructuración completa del sistema de cobro de los impuestos específicos y a las mayores ganancias que ha obtenido el Estado por concepto del IVA aplicado a los combustibles.
Por eso, señora Presidenta, votaré a favor del proyecto.
A mi entender, sin MEPCO se vive una situación bastante compleja, porque han subido más las bencinas de 95 y de 97 octanos. Queremos que al menos se estabilicen sus precios. Y ojalá veamos lo antes posible una ampliación de la banda, como bien planteó el Ministro de Hacienda, a quien se lo solicitamos en la Comisión especializada.
Definitivamente, se precisa una reducción ojalá gradual, pero seria, del impuesto a los combustibles, que es lo que el país está esperando desde hace muchos años.
Voto a favor.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo al Instituto Superior de Comercio de Coquimbo.
¡Bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Quinteros, para ausentarse del territorio de la república a contar del 5 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, Honorables colegas, este debate, que se ha repetido año a año, e incluso varias veces en un año, tiene que ver con cómo hacemos menos onerosas o de menor impacto las fluctuaciones del precio del petróleo, que durante tanto tiempo han afectado a mucha gente, especialmente a la de los sectores de consumidores, de la clase media, de taxistas.
Por eso, quiero reiterar algo que hemos planteado varios Senadores a diversos gobiernos -no solo al anterior, sino también al anteanterior, etcétera, y al actual- en el sentido de realizar un debate a fondo sobre este modo de recaudación.
Un colega que me antecedió en el uso de la palabra recordaba cuáles fueron la motivación y el origen del impuesto específico, que afecta tan fuertemente al precio de los combustibles.
En la gasolina, el impacto del referido impuesto por cada litro, sin importar su precio, bordea los 220 pesos. Y a ello hay que sumar el IVA.
En cuanto al impuesto específico, debo señalar que se creó para mantener carreteras, puentes y calles luego del terremoto de 1985. Eso ya está resuelto, o por la vía de las concesiones, o a través de las inversiones de los ministerios, del SERVIU, del FNDR, de los gobiernos regionales, en fin. No existe una demanda de la gente respecto de esa materia, porque se está atendiendo bien.
Pero lo que sí pregunta la ciudadanía es hasta cuándo los bolsillos de la clase media seguirán financiando un impuesto que no fue concebido para las arcas fiscales.
Y el modo de recaudación es el más doloroso. Cuando el combustible se compraba con el vuelto del pan, no importaba mucho que le aplicaran un impuesto. Pero hoy resulta dolorosísimo para las familias de clase media usar un vehículo y tener que pagar casi mil pesos por cada litro de combustible, más todavía cuando saben que un quinto de ese valor ¡es solo impuesto específico!
No queremos afectar las arcas fiscales. El ingreso promedio anual del Fisco por tal concepto es del orden de 2 mil 400 millones de dólares. ¡Y caramba que se hacen cosas a través del Estado, en especial para los sectores más vulnerables, con esos recursos! Lo sabemos.
No queremos disminuir tales fondos, pero sí que al menos la contribución por la vía de ese impuesto sea más democrática, más pareja, más equitativa. Aspiramos a construir un país de mayor equidad.
Cuando al 80 por ciento del combustible que se consume en Chile no se le aplica ese tributo o se le permite la recuperación de lo pagado, quienes adquieren el 20 por ciento restante -precisamente los ciudadanos más vulnerables, que usan nuestras calles y caminos con sus vehículos pequeños, con sus taxis- tienen la carga del costo de los 2 mil 400 millones de dólares aportados anualmente al Fisco. Es decir, el esfuerzo lo asume solo el sector de las personas.
¿Por qué no democratizamos ese impuesto, de manera que lo paguen todos y que se termine la franquicia de que gozan las compañías navieras, las mineras, las aeronáuticas, las grandes empresas, que no cancelan nada o recuperan lo desembolsado?
Si todos lo pagáramos, el precio del combustible de inmediato bajaría aproximadamente 200 pesos. Si por cada litro pagamos 250 pesos solo en impuesto específico, al rebajar este a un quinto el valor de cada litro disminuirá en 200 pesos.
Con ello dejamos de discutir si el SIPCO o el MEPCO, si ajustamos cinco pesos hacia arriba o cinco pesos hacia abajo. Este debate es absolutamente inútil. Los ciudadanos no entienden qué significa estar legislando respecto de un proyecto que prácticamente no beneficia en nada a los consumidores.
En cambio, si mantenemos el ingreso fiscal y distribuimos el impuesto para que lo paguen todos, bajamos inmediatamente en 200 pesos el precio del litro de combustible.
Eso sería celebrado por los consumidores y no afectaría el ingreso fiscal.
Todavía no le he escuchado a ningún Ministro de Hacienda, a ningún gobierno un argumento acerca de por qué no se hace algo así. A lo mejor es razonable. El Ejecutivo puede tener motivos fundados y decir: "No voy a acoger su idea porque afecta de tal o cual manera a los ciudadanos".
¡Pero llevemos adelante un debate!
¡Este es un diálogo de sordos¿!
No lo digo por nuestro Ministro Alberto Arenas, sino, en general, por el comportamiento de todos los gobiernos respecto a los planteamientos de parlamentarios en orden a ajustar el impuesto específico a una realidad, que es lo que demandan los ciudadanos.
Señora Presidenta, por lo expuesto, me abstendré, pues considero que este proyecto no resuelve el problema de fondo, ya que se preocupa de un impuesto específico que pasó de moda, que no está actualizado y que no tiene que ver con las aspiraciones ciudadanas.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de darle la palabra, saludo al Senador señor Bianchi, quien está de cumpleaños, de lo que acabo de enterarme.
Permítame felicitarlo, Su Señoría.
En nombre de la Mesa, ¡muchas felicidades!
--(Aplausos en la Sala).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor BIANCHI.- Me ha sonrojado su cordial saludo, señora Presidenta.
¡Gracias a usted y a cada uno de mis colegas!
El señor OSSANDÓN.- ¿Cuántos cumple¿?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- "Sin cuenta".
El señor BIANCHI.- ¡Está perdida la cuenta hace rato ya¿!
¡Cincuenta para arriba¿!
Señora Presidenta, me han pedido consultar si es posible abrir la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo solicitó la Senadora señora Lily Pérez, pero olvidé recabar el acuerdo.
Hago presente que también está funcionando una Subcomisión de Presupuestos.
Sí, quiero aclarar que se trata de una votación general.
Sin embargo, de no haber indicaciones, la iniciativa se aprobaría también en particular.
Para que estemos informados.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador señor Bianchi, para fundar su pronunciamiento, tiene la palabra.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, nada nuevo: estamos frente al abuso del Estado en la materia que se encuentra en votación y que no se resolverá sino cuando nuestro Ministro de Hacienda, presente hoy en la Sala, determine el próximo año -entiendo que se comprometió a ello- una fórmula que permita eliminar el perverso sistema existente y contar con un instrumento que no produzca constante daño, no solo a la clase media, sino también a muchísima clase media baja que usa un vehículo para sus emprendimientos.
Por lo tanto, solo lograremos algo más positivo cuando haya una transformación verdadera en la manera como abordamos el impuesto a los combustibles.
El origen de la iniciativa en análisis ya es conocido por todos. En el Senado presentamos hace un par de semanas un proyecto de acuerdo mediante el cual pedimos al Gobierno, al Ministro de Hacienda, a la Presidenta de la República que a lo menos el mecanismo se ampliara a las bencinas de 95 y 97 octanos. Y eso es lo que en el fondo estamos discutiendo hoy.
Valoro en la persona del Ministro Arenas la disposición y el ánimo del Ejecutivo para entender que no nos encontramos frente a la solución. Estamos corrigiendo un cálculo que para muchos de nosotros pasó inadvertido, pues se permitía el mecanismo de incremento o disminución solo en el caso de la gasolina de 93 octanos.
Afuera costó mucho explicar, hacer entender que lo que habíamos aprobado no cubría a todos los octanajes.
Pero la noticia que hoy le podemos dar al país -es lo que recojo de esta discusión- es que se acoge nuestro proyecto de acuerdo y se buscará un cambio estructural a partir del próximo año.
Entiendo que ese es el compromiso asumido en la Comisión de Hacienda.
Tal es el desafío que tenemos por delante. De otra forma no se entiende.
Por eso, valoro la disposición exhibida, que no existió anteriormente. Se trajeron distintos nombres y solo se plantearon medidas de parche, lo que la gente no entiende. Y no tiene por qué entender algo que en definitiva no significa ningún beneficio, sino al revés: constituye un enorme perjuicio, pues sin el MEPCO los combustibles estarían bastante más baratos.
Hago mención de una experiencia que me tocó vivir la última semana, señora Presidenta, en una localidad que Su Señoría conoce y que se encuentra en una isla: Tierra del Fuego. Es una zona productora de gas, de petróleo, etcétera. Allí se están pagando de los valores más altos de Chile en materia de combustibles, mientras a pocos kilómetros, en la localidad de Cerro Sombrero, la ENAP, precisamente por ser la empresa nacional, los distribuye a precios inferiores a los del resto de Tierra del Fuego.
Esta mañana fui a hablar con el Gerente General de la ENAP, señor Marcelo Tokman, para pedirle que la misma forma de distribuir combustibles en Cerro Sombrero se replique, si no en toda la Región de Magallanes -sería lo deseable, para favorecer, entre otras localidades, a la de Puerto Williams-, a lo menos en Porvenir.
Señora Presidenta, el daño que se provoca en todo el país a quienes emprenden, a las personas vinculadas con el transporte público, a aquellos que usan un vehículo para trasladarse, etcétera, es mucho más profundo en localidades apartadas, aisladas, como las que represento en el Senado.
Así que voy a votar afirmativamente esta iniciativa, entendiendo que recoge un proyecto de mi autoría aprobado en esta Sala por gran mayoría.
En consecuencia, voto a favor, pero dejando claro que el compromiso del Ejecutivo -porque no quiero que el próximo año debamos debatir exactamente lo mismo- es en el sentido de, a partir de 2015, hacer un cambio estructural que nos permita contar en esta materia con un instrumento mucho más justo y bastante más equitativo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, quizás se me pasó la opinión de alguno de quienes han intervenido esta tarde, pero debo decir que no he escuchado a nadie partir de la realidad objetiva de que somos un país dependiente del petróleo; de que no producimos todo el petróleo que requerimos; de que el Estado subsidia a un segmento de nuestra nación con cientos de millones de dólares a raíz de ese hecho. Los camioneros de Chile reciben cientos de millones de dólares de alivio tributario, entre otras cosas, porque se reconoce que somos una nación dependiente de dicho combustible y que abaratar los costos tiene que ver con cómo evitar que haya un impacto en los precios de ciertos bienes de consumo básico.
El Estado ha querido generar un mecanismo, no que abarate el precio del petróleo, sino que compense las fluctuaciones de un mercado muy inestable, en el cual, estructuralmente, los precios han ido al alza porque estamos con la realidad del peak oil, es decir, aquella realidad en la cual la extracción en algunas latitudes es más costosa en ciertos momentos. Y vivimos un ciclo de ese fenómeno objetivo con los conflictos internacionales y las intervenciones en Oriente Medio y otros hechos que han impactado al alza los precios del petróleo.
Señora Presidenta, se creó un mecanismo para evitar que se impactara cotidianamente en el bolsillo de una parte de nuestro país.
Tiempo atrás algunos fuimos muy críticos del SIPCO. Dijimos que lo propuesto por el Presidente Piñera iba a ser un fracaso; que no iba a servir, pues establecía una banda muy ancha.
No quiero detenerme en ello.
Tampoco voy a detenerme en cuánta plata no invirtió el Estado por ayudar a compensar, a mitigar el efecto de las fluctuaciones. Algunos dicen que durante el Gobierno de Piñera se dejaron de invertir más de 400 millones de dólares por evitar el impacto de las fluctuaciones, particularmente sobre la clase media.
Se ha tratado de promover este otro mecanismo, con una banda más chica. Y se planteó porque muchos tuvimos la convicción de que el proyecto inicial fue insuficiente o se interpretó de forma poco adecuada.
Aquí, un colega ha levantado una tesis para mí sorprendente: la de que la medida propuesta no requiere ley, pues el problema puede arreglarse vía reglamento.
En verdad, yo no tengo tal convicción. Pienso que, por el contrario, se precisa una ley. Si se hubiera podido llegar a la solución mediante reglamento, el Gobierno, por cierto, habría seguido este camino y no el de la ley.
Es un tanto tautológico el argumento del colega, a quien estimo mucho, que planteó aquella tesis.
Señora Presidenta, entiendo que este proyecto enfrenta una situación en la idea de que todos los combustibles, particularmente los usados por la clase media y por otra gente de trabajo, entren en un sistema de bandas, de movimiento de precios.
El debate de fondo, en todo caso, es si estamos ante una baja estructural de los precios de los combustibles fósiles.
Yo soy de aquellos que creen que nos hallamos en un punto de inflexión. No está claro si es estructural. Pero cuando ciertos estados de Estados Unidos, como el de Dakota del Norte, están produciendo sobre un millón de barriles -más que varias de las naciones petroleras- y ese país se transforma en exportador de petróleo, al ver los conflictos de Iraq, de Turquía, del pueblo kurdo y las ventas en el mercado internacional uno no puede sino concluir que estamos frente a un nuevo fenómeno en el mundo de los combustibles.
¡Qué decir si Azerbaiyán entra y tiene la posibilidad de vender gas a Europa! Ello se le ha ido bloqueando durante todo este tiempo. Y es parte de la cuestión que hay detrás del conflicto ruso-ucraniano y Europa. La gente no está viendo que allí hay un problema de otras proporciones, que tiene que ver con los combustibles.
Considero -es lo más probable- que estamos frente a un punto de inflexión en la era de los precios altos del petróleo; que podemos pensar que va a haber una baja; que podemos ver cuáles serán las repercusiones para otros países. Para Chile va a ser muy importante. Y es a la luz de esos cambios estructurales que habrá que evaluar qué tipo de instrumentos requerimos.
Esto que se está proponiendo lo pedimos todos. Es mejor que lo que hay. A un país que es dependiente le permite enfrentar las fluctuaciones de forma más adecuada.
Por eso, como bancada socialista, vamos a votar a favor, pues creemos que el complemento que se plantea para la ley en vigor ayuda a la gente de trabajo, a la gente de esfuerzo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, Sus Señorías, pero estaba saludando a la Diputada Maya Fernández -en una debilidad más familiar-, quien se acaba de acercar para decirme algo.
Ahora le ofrezco la palabra al Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Veo que hoy estamos muy en familia,...
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡A mucha honra!
El señor LARRAÍN.-... ¡y con aniversario y cumpleaños...!
Señora Presidenta, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un comentario muy breve, pero que apunta al fondo de lo que está ocurriendo.
Todos sabemos -como bien decía el Senador Letelier- que Chile no produce petróleo en cantidad suficiente. Ello, en parte también porque no hemos sido muy generosos con las posibilidades de explorar; estas se hallan limitadas constitucionalmente y, por lo tanto, el sector privado no tiene capacidad ni factibilidad para explorar como podría hacerlo.
Si se dice que no hay petróleo en Chile, ¡dejemos que se explore!, pues de repente, como ha ocurrido en el resto de América Latina, se empiezan a encontrar lugares donde él existe.
Pero, independiente de aquello, lo cierto es que hoy no producimos petróleo en la cantidad requerida y que este es un producto caro a nivel internacional. Ello trae consecuencias en el ámbito de los costos, porque al importar petróleo dependemos de esos valores, que no los fijamos nosotros.
Sin embargo, hay una parte que aquí no solo se omite, sino que además se olvida.
Cuando el precio internacional del petróleo y sus derivados es muy costoso, el mayor gasto se traspasa a los ciudadanos, a los consumidores. Pero quien se beneficia con el alza es el Fisco.
El Fisco se viene beneficiando desde hace muchos años (¿quince?; no sé cuántos) de la escalada que ha tenido el precio del petróleo a nivel internacional. Y todos los sistemas que se han inventado -el FEPCO y el SIPCO; ahora se propone el MEPCO-, al final, no han resuelto el problema de fondo, pues el precio está en una coordenada muy alta: la banda fijada es muy elevada para el consumidor e incide mucho en su bolsillo.
Chile ha crecido económicamente. Tenemos hoy una clase media con aspiraciones distintas, que accede a vehículos, los cuales, sin ser de los que más gastan, inciden enormemente en su presupuesto.
Por ese motivo, pienso que debemos mirar esta otra cara de la medalla: el mayor costo lo paga la clase media y el mayor beneficio lo recibe el Fisco.
El impuesto específico a los combustibles aporta del orden de 2 mil 400 millones de dólares. Pero ese es un impuesto fijo. A ello se agrega el IVA, que constituye parte importante del costo del combustible. Eso es variable. Y en la medida que más sube el precio, mayores son los ingresos fiscales.
La suma de los ingresos que percibe el Fisco por concepto de impuesto a los combustibles, que aumenta al año en más de 20 por ciento, nunca se ha compensado a través de los mecanismos propuestos para estabilizar los precios.
Por lo tanto, el resultado neto es que en los últimos quince años el presupuesto nacional se ha visto beneficiado a costa de los usuarios de combustibles, quienes deben pagar la mayor diferencia que se registra en sus precios.
Ese es el problema que, a mi juicio, no se resuelve todavía. Y no se va a resolver hasta que haya una rebaja de los tributos que se pagan.
Por eso hemos planteado la reducción del impuesto específico a los combustibles, una y otra vez. Pero, lamentablemente, nunca hemos sido escuchados.
En esta materia, contra mi entusiasmo, he aprobado los proyectos modificatorios sometidos a nuestra consideración. Voy a proceder de la misma manera hoy, pero dejando claro que, a mi entender, estamos perdiendo el tiempo: mientras no ataquemos la cuestión de fondo, cual es bajar la banda a niveles aceptables para el bolsillo común, el Fisco seguirá enriqueciéndose a costa de la clase media.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo al Club de Adulto Mayor La Esperanza, de la comuna de San Ramón.
¡Muy bienvenido al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Igualmente, saludo al Club Adulto Mayor Vida Nueva, de la misma comuna.
¡Muy bienvenido también!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que fueron invitados por el Diputado señor Tucapel Jiménez.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, concurro con mi voto a la aprobación de este proyecto de ley, que extiende a todas las gasolinas la cobertura que da actualmente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Como se hizo público hace algunos meses, ese mecanismo solo incluye, hasta ahora, la bencina de 93 octanos. La ley en proyecto incorpora la de 97 y, por extensión, la de 95.
Tal medida resulta de toda justicia, pues se trata de un sistema estabilizador y no de un subsidio, por lo que no se advierten razones para excluir los combustibles de mayor octanaje.
La focalización en este caso no se justifica. Por ende, se encuentra fundada la extensión que propone el Ejecutivo. Con ella se da respuesta satisfactoria a una expectativa de una parte importante de la ciudadanía, que de esta manera no enfrentará fluctuaciones fuertes de precios en plazos breves.
No se persiguen con esta iniciativa otros objetivos, como el de disminuir la carga tributaria o el de provocar una disminución de los precios más allá de los factores que los determinen. Esa sería otra discusión.
Me llama la atención, sí, que se reclame estabilidad de las reglas del juego, particularmente de las impositivas, pero sin que haya reparos para insistir en una baja de impuestos o en la revisión del sistema.
Yo me quedo con el propósito limitado, pero efectivo, de este proyecto, que va en beneficio de los consumidores de las bencinas de mayor octanaje y que fue lo que se reclamó cuando comenzó a operar el MEPCO, simplemente porque antes no existía conciencia de la forma como operaban estos mecanismos.
En consecuencia, no queda más que reconocer el gesto del Ministerio de Hacienda y del Ejecutivo, que responde adecuadamente y en forma oportuna a la demanda que hizo suya hace algún tiempo este mismo Senado, a través de un proyecto de acuerdo, y que, en definitiva, proporciona un alivio a los consumidores.
Comparto lo que aquí se ha dicho en el sentido de que, a lo mejor, es un mecanismo que no alivia al consumidor todo lo que debiera. Pero es necesario ser justo y, tal como se expresó en esta misma Sala, hay que incluir todas las bencinas, a fin de que la fluctuación de precios no sea tan grave para el consumidor.
Voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Seré muy breve, señora Presidenta.
Primero, le expreso mi agradecimiento al Ministro de Hacienda, porque nosotros mandamos un proyecto de acuerdo para pedir que se incluyeran en la ley vigente las gasolinas de 95 y 97 octanos y por primera vez un Ministerio de Hacienda acoge un planteamiento como ese.
De otro lado, sería superimportante reflexionar en torno a qué se hace con el producto del impuesto a los combustibles.
Venimos saliendo de una reforma tributaria. En todos los discursos se habla de que se trata de un tributo que grava especialmente a la clase media, en fin. Pero aquí hay alrededor de 2 mil 500 millones de dólares que van al presupuesto general de la nación y que sirven para financiar muchos proyectos sociales. Por lo tanto, no es cuestión de llegar y disminuir el ingreso pertinente.
A lo mejor hay que aclarar de una vez por todas que el producto del impuesto a los combustibles ya no se destina a la mantención de las carreteras, sino, como expresé, al presupuesto general de la nación.
Ahora, es necesario transparentar asimismo que todo el mundo paga el impuesto a los combustibles; la clase media, también. Claro, nos encantaría que fuera más reducido y que, por ende, el precio de las bencinas bajara.
Por otro lado, siempre que conversamos en torno a los distintos proyectos de ley le pedimos al Estado hacerse cargo de esto, de eso y de aquello. Pero no sé cómo van a hacerlo la Presidenta de la República y el Ministro de Hacienda si no existen las mismas fuentes de ingresos.
Entonces, hay que transparentar en definitiva, por una parte, que el impuesto a los combustibles lo pagamos todos los que usamos un vehículo, y por otra, que la recaudación respectiva va al presupuesto general de la nación, por lo que carece de sentido la referencia al mantenimiento de los caminos.
Señora Presidenta, siempre escuchamos que los taxistas, los colectiveros, los que están al otro lado del Gobierno hablan de "¡Esta locura!" y dicen: "¡Bajen el impuesto!".
¡Es un regalo para la Oposición!
Así que, Ministro, por favor, ¡baje el impuesto...! ¡Hasta cuándo abusará de la clase media¿!
Seamos más transparentes y digamos la firme: este es un impuesto necesario en Chile. Y si no, hay que hacer una modificación tributaria para remplazarlo. ¡Así de claro! Porque hay involucrados 2 mil 400 millones de dólares.
Además, hemos de anular de nuestros discursos el traspaso permanente de obligaciones al Estado en el sentido de que debe hacerse cargo de esto y de lo otro.
¡El Estado somos todos nosotros!
Así que voy a votar a favor.
Sé que estas cosas suben y bajan. Pero insisto en que sería superbueno que, de una vez por todas, se le cambiara el nombre al impuesto a los combustibles o que, si el Ejecutivo considerara adecuado mantenerlo, por lo menos se modificara su fundamentación. Pero creo que, atendidas las necesidades sociales existentes hoy en nuestro país, no podemos perder de vista que los recursos para satisfacerlas son insuficientes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, estaba revisando intervenciones de años anteriores -2011, 2013, 2014-, y la verdad es que -digámoslo francamente- aquí la joyita es el impuesto específico a los combustibles.
Leyendo en la pantalla declaraciones del Diputado Hasbún, veo que dice: "Creemos que al gobierno este tema no le interesa". Y llama a terminar con el impuesto a los combustibles, que asciende a cerca de 200 pesos por litro, los cuales se suman al precio de la bencina.
Tengo en mi mano declaraciones hechas el 25 de noviembre de 2009 por el Senador Víctor Pérez, Secretario General de la UDI. A decir verdad, resultan extraordinarias para refrescar la memoria.
Señaló: "En marzo, cuando asuma Sebastián Piñera, Presidente de la República, la UDI le propondrá poner fin al impuesto específico a los combustibles".
A continuación precisó: "Actualmente el impuesto específico a las bencinas equivale a $180 del valor del litro de gasolina".
Luego añadió: "No existe ninguna justificación para mantener este impuesto, por cuanto todos sabemos que fue creado para financiar la mantención de las carreteras," -como señaló el Senador Ossandón- "pero hoy estas están concesionadas y pagamos peaje por utilizarlas".
Y agregó: "En consecuencia, hoy los chilenos estamos pagando dos veces por el mismo servicio: el peaje y el impuesto específico a los combustibles".
Más adelante dijo: "La Concertación todos estos años se ha negado a eliminar este impuesto argumentando que beneficia solo a las familias con mayores ingresos, pero es absolutamente falso pues el precio de los combustibles incide fuertemente en el valor final de todos los productos, incluyendo aquellos que consumen los sectores de menos recursos. Por lo tanto, el beneficio es para todos.".
"Vamos a presentar esta iniciativa y estamos seguros que vamos a contar con el patrocinio del próximo Gobierno" -este Gobierno- "y ahí veremos quiénes están efectivamente con la clase media y quiénes solo la buscan para obtener votos", concluyó el Secretario General de la Unión Demócrata Independiente.
Lo anterior se publicó a las 9:03 del día mencionado.
Es claro que este asunto desata pasiones y que, en definitiva, ninguna Administración -ni de la Concertación ni la de la Alianza- quiso resolverlo. Y ahora no lo tocamos. Por lo tanto, habrá ocasión para abordar la argumentación del señor Hasbún y del Senador señor Larraín respecto del impuesto específico. Claramente, ni uno ni otro conglomerado político definieron la cuestión. Y, por cierto, la plata se incorpora al Tesoro Público y se utiliza para enfrentar los programas sociales del Gobierno.
Desde luego, el pago lo hacen todos, a excepción de las líneas de transporte marítimo, la minería y el transporte aéreo. O sea, recae en los ciudadanos de auto, en la clase media. En eso tenía razón el Senador señor Pérez. Pero sectores importantes de la economía se encuentran exentos.
Cabe consignar que le hemos rebajado hasta un 80 por ciento al transporte de carga, a los camioneros. Bien. Es una iniciativa que votamos a favor.
¿Y los colectivos? Ellos realizan mañana un paro en Santiago. Así lo informó el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH), quien expuso que mientras no sean escuchados ni recibidos, a pesar de haberlo solicitado, van a marchar y a generar una movilización.
El mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que nos propone hoy el señor Ministro apunta a paliar un alza permanente e introduce una variable antes negada: dice relación con todas las gasolinas, no solo con la de 93 octanos. Y eso es muy importante. Se origina, entonces, un efecto de mayor justicia, aun cuando subsiste el hecho de que el impuesto lo siguen pagando todos. El instrumento en estudio tiene que probarse.
En el mismo lugar donde se halla el señor Alberto Arenas, nuestro Ministro de Hacienda, estuvo el anterior titular de la Cartera, señor Felipe Larraín, a quien le preguntamos por el SIPCO. Porque se trataba de un seguro. He leído las actas del debate. No hubo respuesta.
¿Operó esa regulación? ¿Hubo alguien, en el planeta, que aceptara un seguro para poder controlar el precio del combustible, uno de los elementos más inestables en la economía mundial? Me señalan que es algo que no funcionó. No hubo una agencia aseguradora que quisiera meterse. Pero el Ministro señor Larraín nos prometió que íbamos a contar con un seguro gradual y que se aplicaría si se sobrepasaba el 12 por ciento de alza.
Lo que nos ocupa hoy día, en el Gobierno de la Nueva Mayoría, con nuestro Ministro señor Arenas, es un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que se indican, con cifras acotadas y que tiende a reducir el impacto cuando el aumento se verifica. Creo que es loable y vamos a votarlo a favor.
Solo quiero recordar que Chile, como aquí se ha dicho, no tiene petróleo. Hay que buscarlo en Magallanes. Hay que ir por el gas. Hay que invertir mucho. Pero ENAP se endeudó hace un tiempo, señor Presidente, porque seguíamos adquiriendo combustible caro y vendiéndolo barato.
El señor Bunster, anterior Ministro de Energía, fue gerente general de la COPEC durante diecinueve años. Sin embargo, estuvo encabezando todo el proceso en su Cartera.
Solo quiero plantear que compremos petróleo donde se encuentre más barato, donde exista una posibilidad de alianza. Chile tiene en la franja del Orinoco, en Venezuela, una zona para explorar, y "No se escucha, padre". Hay una barrera ideológica inaceptable y espero que en algún momento mi Gobierno se la pueda sacar y ver dónde conseguimos el mejor hidrocarburo, al mejor precio, en favor de los usuarios.
Y ojalá, por cierto, contáramos con el voto de la Unión Demócrata Independiente para poder terminar con el impuesto específico. No lo hicieron cuando lo prometieron.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Corporación, el punto en examen es típicamente tributario. La pregunta es por qué no se abordó en la reforma tributaria. Es allí donde correspondía hacerlo. Y si eso no sucedió es por la falta de voluntad política para modificar el impuesto. Así de simple.
Es algo que no solo ha ocurrido en el Gobierno actual, sino también en los anteriores.
Es decir, más allá de los documentos que se firmen, apuesto a que no se va llevar a cabo una enmienda sustancial, ya que, no obstante la opción de efectuarla en la reforma tributaria, ella no fue ejercida, por tratarse del impuesto específico.
El que así sea es razonable para el Fisco. El propio certificado de la Comisión de Hacienda lo señala. Se han recaudado casi 400 millones de dólares adicionales por este concepto. De manera que, como lo manifestó el Honorable señor Larraín, el tributo para estabilizar los precios internacionales lo ha terminado pagando la clase media. Y es el Fisco el que se ha beneficiado.
Nadie está planteando, ni mucho menos, que la recaudación para financiar los distintos programas sociales baje drásticamente. Creo que, en ese sentido, es preciso actuar con suma responsabilidad. Pero resulta inaceptable que, a partir del impuesto específico, las arcas fiscales aumenten en desmedro de lo que precisamente se le termina quitando a la clase media. Y es razonable plantear, tal como lo expresé, que el Fisco no tiene ningún incentivo para eliminarlo, porque, a mayor precio, mayor recaudación. Así de simple. Y lo demuestra el certificado, como lo señalé.
En el presente escenario se registra un cambio estructural muy profundo en los precios internacionales de los combustibles -hace dos o tres días se transaba a 82 dólares el barril-: la primera economía del mundo, la de Estados Unidos, va a ser exportadora de petróleo en 2018 o 2019, lo que nadie habría imaginado décadas atrás. Hoy día se abre una muchísimo mayor oferta a nivel mundial y eso debería beneficiarnos, como país. Porque aquí se ha destacado, como argumento, que Chile se encuentra supeditado a sus importaciones: no produce petróleo o lo hace en una cantidad muy mínima. Lo lógico es que, si exhibe ese nivel de dependencia, nuestros consumidores -en particular, la clase media- efectivamente aprovechen las rebajas de precios aparentemente estructurales a nivel mundial.
A mí me llama la atención que el acuerdo suscrito en la Comisión de Hacienda exprese que la cuestión se va a estudiar. ¿Sus Señorías creen que no ha sido considerada, o sea, que el Ministerio de Hacienda no ha analizado los precios de los combustibles, en relación con la estructura tributaria, cuando hay 2 mil 300 millones de dólares de por medio, y que se van a esperar cinco a seis meses para una propuesta acerca del impuesto específico?
Es difícil pensar que así sea. El asunto se halla archiestudiado, no solo por el Gobierno actual, sino también por todos los anteriores. Y no obstante la opción -repito- de poderlo abordar en las reformas tributarias, por revestir también este último carácter, ello no se hizo. En consecuencia, si se prescindió de las instancias correspondientes, saco una sola conclusión: no hay voluntad política para modificarlo.
Por lo tanto, voto en contra.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, la verdad es que he escuchado el debate con atención y bastante asombro.
Recuerdo que no llevaba un par de meses en esta Corporación cuando se votó justamente el proyecto del MEPCO y se planteó que era la solución para poder regular los precios de los combustibles. No pasó un par de semanas cuando nos empezamos a dar cuenta de que en realidad no era lo que se nos había dicho.
Me cuesta pensar que el hecho de que se trate solo de la gasolina de 93 octanos y no del resto haya constituido una omisión a la Sala, y me molesta profundamente que la información entregada no haya sido del todo transparente. Desafío a los colegas presentes y a los parlamentarios que aprobaron esa iniciativa a declarar que sabían que se iba a aplicar únicamente en relación con dicho producto. Estoy cien por ciento segura de que la gran mayoría de ellos no tenían tal antecedente.
Es más: en el reglamento del MEPCO, Título I "De los combustibles a los que se aplica este Reglamento", el artículo 1°, letra a) -esta última relativa a la parte automotriz, y tal como lo dijo el Honorable señor García-, se expresa que "Esta categoría comprende toda gasolina que se utilice en vehículos motorizados terrestres que transiten por calles, caminos y vías públicas en general.". Cuando se emplea la palabra "toda", no se hace referencia solo al combustible de 93 octanos, y, por lo tanto, también se incluyen el de 95 y el de 97.
Con lo anterior a la vista y ante el hecho de que el proyecto se presentó al Congreso como inclusivo de todas las gasolinas, a mí me llama profundamente la atención que hoy día se nos presente una enmienda, en circunstancias de que el Ejecutivo, en el reglamento que él mismo redactó, dispone de facultades para poder extender el beneficio a las restantes. Y este plantea que su solicitud obedece a la posibilidad de analizar un cambio estructural en el régimen tributario que rige justamente a las gasolinas y el petróleo.
Entonces, cuando veo todo ello concatenado, me da la impresión de que nos están entregando un "dulce" para que nos quedemos tranquilos, como en la psicología del niño, junto a lo cual expresan, tal como lo manifestó el Senador señor Orpis: "más adelante estudiaremos la factibilidad". A mi juicio, tienen ya absolutamente estudiada la cuestión de los impuestos, si se recaudan o no, y cómo ello afectaría al Presupuesto de la nación.
Si la decisión es no modificar la estructura tributaria de las gasolinas, entonces me parece que el señor Ministro ha de tener la valentía de plantearla con todas sus letras y no entregarnos, como si fuéramos niños, "caramelos" que en verdad no resuelven la cuestión.
Por lo demás, tiene en sus manos las herramientas para poder aplicar el mecanismo y extenderlo.
Como dije, he escuchado con asombro la discusión. Me parece que lo sucedido constituye una falta de respeto feroz. Y, por lo mismo, voy a votar en contra.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en la misma línea de la Senadora señora Van Rysselberghe, uno tiene que preguntarse por qué se está debatiendo, por qué se ha presentado la iniciativa que nos ocupa.
La razón es que en junio, cuando el Ministro de Hacienda le presentó el proyecto anterior al Congreso, afirmó que operaba para todos los combustibles, y una vez aprobado, en ese entendido, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, nos hemos dado cuenta de que la aseveración formulada en esta Sala y en nuestra Comisión de Hacienda no era correcta, no correspondía a la verdad que informaba la normativa en cuestión, y de que quedaban fuera las gasolinas de 95 y de 97 octanos. Por lo tanto, lo único que se está haciendo ahora es incorporarlas.
¿Necesitaba el Gobierno una iniciativa legal para ello? Estimo que no, pero ello es opinable.
Mas eso no oculta que lo que se está llevando a cabo aquí es la reparación de un daño a la credibilidad del debate de una ley. Porque, cuando un Ministro informa que una normativa reúne tales y cuales requisitos y va a provocar tales o cuales efectos, y eso no es cierto, a mí me parece que se genera una duda y un problema muy serio en el aspecto que he mencionado.
Y hoy día nos vemos en la obligación, entonces, de aprobar el texto en estudio, para que se incorporen las gasolinas de 95 y de 97 octanos, el cual, además, da cuenta de un proyecto de acuerdo, firmado por varios Senadores, en el que se solicita al Gobierno, producto de la letra chica o de la falta de información o del ocultamiento de los verdaderos objetivos que se persiguen, el envío de la presente iniciativa.
Por lo tanto, lo que aquí estamos discutiendo no es el impuesto específico a los combustibles. Podemos sostener un debate al respecto. Podemos señalar cuáles son los efectos del tributo. No olvidamos que uno de ellos es el recaudatorio, y los Ministros de Hacienda sucumben ante esa característica. Tampoco estamos debatiendo acerca de cuál es el uso de los recursos. Lo que nos ocupa hoy día es que al Senado y al Congreso no se les dijo la verdad hace dos o tres meses. Lo que tratamos ahora es que aquello que esta Corporación creía aprobado no lo estaba y que, por lo tanto, tenemos que incorporar a las bencinas de 95 y de 97 octanos. Es tan simple como eso.
El ocultamiento del verdadero objetivo de la normativa original les ha provocado un perjuicio a muchas personas. El ocultamiento del verdadero objetivo del proyecto presentado en junio recién pasado por el Ministro de Hacienda les ha causado un daño a muchos usuarios de combustibles. Y es necesario acoger hoy día el texto en análisis para que el detrimento por lo menos cese en determinado momento.
En ninguna parte de la información disponible el 11 de junio en la página web del Ministerio de Hacienda, cuando fue presentada la iniciativa anterior, se expresa que operaba solo para la gasolina de 93 octanos. Se empleaban las palabras "los precios de los combustibles", reiteradas en varias ocasiones.
Eso es lo que aprobamos. Y verdaderamente sorprende que se haya ocultado el verdadero propósito que se perseguía. Hoy día estamos solo volviendo a la incorporación de todos los combustibles, porque no media una razón para evitar que el sistema opere en el caso de los 95 y los 97 octanos.
Reitero que no estamos discutiendo el impuesto específico. Solo se trata de que en cierto momento se le ocultó la verdad al Senado y de que ahora estamos rectificando ese hecho.
Gracias.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Guillier.
El señor MOREIRA.- ¡Nuestro Honorable colega va a subir la nota¿!
El señor GUILLIER.- Estoy tratando de mejorar mis calificaciones, que están malonas. No importa.
Lo primero que deseo consignar, señor Presidente, es que la iniciativa responde, en parte, a una necesidad, como aquí se ha manifestado, y también a que un grupo de parlamentarios, entre los cuales me inscribo, presentamos un proyecto de acuerdo para que se consideraran los tres octanajes y las mezclas en el cálculo de las fluctuaciones de los precios. Por lo tanto, el texto en examen no obedece sino a ese objetivo específico.
El punto no se incluyó en la discusión tributaria y tampoco recuerdo que haya dado motivo para un gran debate.
En consecuencia, me parece que el mérito de la iniciativa es simplemente el de establecer el criterio de que se tomen en cuenta los tres octanajes para efectos del análisis de la fluctuación y de asegurar un mejor funcionamiento de la banda de precios.
No observo que en esta circunstancia se den las condiciones para revisar la estructura o la justicia tributarias.
De hecho, también llama la atención que este sea un impuesto que surgió con el propósito de afectar a determinados sectores de la actividad económica que utilizaban las calles y carreteras, y que no son los únicos que recurren a la gasolina ni los que más la emplean. Ello no debe de representar más allá del 20 por ciento del consumo total de este combustible.
Recordemos que hay muchos sectores económicos exentos del pago de este impuesto y, por consiguiente, el sector afectado es bien acotado.
Por lo tanto, quizás sería interesante revisar a futuro si algunos de los sectores productivos afectados por el impuesto que cumplen funciones públicas, y dado que aquel ya no se destina a reconstruir carreteras ni a mejorar caminos, también pudieran verse beneficiados con el descuento de este tributo, lo cual establecería, dentro del mismo sector productivo, una suerte de justicia.
Igualmente, a pesar de que algunos son optimistas y piensan que se vive un momento de inflexión en los precios de los combustibles y que eso podría ser una señal de que van a continuar bajando, considero que en ninguna circunstancia ello sería algo tan particularmente intenso.
Por lo tanto, es mejor ir pensando, definitivamente, en un impulso al estudio, investigación e innovación en materia de energías renovables no convencionales, para tener una estructura energética más autónoma, más independiente y de acuerdo a recursos de los que el país sí dispone en condiciones naturales.
Voto a favor del proyecto, aceptando una serie de observaciones que aquí se han formulado, pero que corresponden al marco de otra discusión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 2 votos en contra, 6 abstenciones y un pareo) y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Bianchi, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Van Rysselberghe y el señor Orpis.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Chahuán, García, Moreira, Prokurica y Tuma.
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.