REGLAMENTO DE REGISTROS DE AGENDA PÚBLICA Y DE LOBBISTAS Y GESTORES DE INTERESES PARTICULARES DEL SENADO

La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares del Senado, con informe de la Comisión de Ética y Transparencia.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.742-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014.

Informe de Comisión:

Ética y Transparencia: en sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es dar cumplimiento al mandato legal contenido en los artículos 10, inciso cuarto; 12, N° 4; 13, inciso final, y segundo transitorio de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y los funcionarios, en el sentido de que la Comisión de Ética y Transparencia proponga a la Sala tanto las normas que regulen los registros a que se refiere la aludida ley en lo concerniente al Senado como otras disposiciones administrativas que sean convenientes y necesarias en las materias que le conciernen específicamente.

Dicha Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores García, Guillier, Larraín, Montes y Zaldívar, propone la aprobación de la idea de legislar y sugiere que, atendida la cercanía de la fecha en que debe comenzar a regir el Reglamento aludido, así como las diversas actuaciones que deben efectuarse antes, se abra un plazo breve para la recepción de indicaciones.

El texto que se sugiere aprobar en general se transcribe en las páginas 24 a 38 del primer informe de la Comisión de Ética y Transparencia.

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, quiero informar sobre el proyecto que nos ocupa, que busca reglamentar el lobby en el Senado, iniciativa que se halla alineada con otra similar que se discute en la Cámara de Diputados, con el propósito de que en el Congreso exista la reglamentación adecuada para dar cumplimiento a nuestra obligación legal.

Como ustedes recordarán, la ley N° 20.730 estableció la regulación del lobby y de las gestiones que representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Su finalidad es asegurar que las actuaciones de terceros que procuran influir en las decisiones de las autoridades de distinta índole sean transparentes, evitándose así las acciones indebidas y las influencias impropias.

Estoy hablando de gestiones de lobby, que son las que llevan a cabo representantes de actividades con carácter remunerado, y de gestiones particulares, que son las que realizan personas en representación de entidades gremiales o de asociaciones diversas que no persiguen fines de lucro.

La ley regula estas materias en un espacio bastante extenso y señala que el Ejecutivo debe dictar un reglamento aplicable a sus actuaciones y que, dentro de los 90 días posteriores, el Congreso ha de hacer lo propio. Por lo tanto, la entrada en vigencia de nuestro reglamento será el 29 de noviembre. Entonces se cumplen los 90 días de promulgado el reglamento de lobby del Gobierno.

Lo que ha hecho la Comisión de Ética y Transparencia, bajo el marco legal y de las normas reglamentarias que fijó el Ejecutivo, es proponer el documento que ya está en conocimiento de Sus Señorías.

Quiero recordar que estamos implementando una Ley de Lobby en el contexto de los sistemas que existen sobre la materia, los cuales son muy poco reglamentados legalmente. No son muchos los países que cuentan con una ley para regular dicha actividad; son pocos. Y aquellos que la tienen normalmente siguen dos modelos: el americano, que pone el énfasis en la regulación al lobbista, y el europeo, que pone el énfasis en la regulación de la actividad misma de lobby.

En el caso nuestro, el camino que siguió el legislador fue el europeo. Pero durante la discusión parlamentaria se incorporaron algunos elementos del otro sistema. Por eso, probablemente, lo propuesto se acerque a un formato mixto. Esto quiere decir que se registran las actividades de lobby y, producto de ello, se va generando un registro público de lobbistas, que va a permitir conocer quiénes son las personas que llevan adelante estas actividades.

Este es un proyecto de transparencia activa, porque encomienda a la autoridad la confección de registros públicos de audiencias, de viajes, de donativos y de lobbistas y gestores de intereses particulares. Además, se contemplan sanciones para quienes no cumplan con sus debidas atribuciones.

La ley entiende que las realidades en el sector público son diferentes. Por ello, hace responsable a cada órgano de definir su propio reglamento. Es lo que estamos haciendo aquí: adaptando la normativa legal a las complejidades propias del Parlamento. Esta le entrega a la Comisión de Ética y Transparencia la responsabilidad de asumir un rol conductor, impulsor y, luego, de control y supervisión.

En el Congreso trabajamos, primero, con la Comisión Bicameral creada para ese fin. Lo realizado en esta instancia fue gracias a la labor de las Secretarías de ambas Cámaras -en el caso nuestro, encabezada por el Prosecretario, don José Luis Alliende, y en el de la Cámara de Diputados, por el Prosecretario, don Luis Rojas-, y permitió la elaboración del documento base que daría origen a los reglamentos que se analizan en cada Corporación.

Luego, dicho documento fue conocido por la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, la cual, una vez hechas las correcciones pertinentes, aprobó el reglamento que ahora se somete a la consideración de la Sala.

Necesitamos que se apruebe la idea de legislar para pasar al debate en particular, oportunidad en la que las Senadoras y los Senadores podrán formular las indicaciones que estimen pertinentes. Ese va a ser el camino de la discusión. No hemos podido hacerlo de otra manera, como se procede usualmente con otras iniciativas. Hemos querido desarrollar un proceso que permita la interacción entre los parlamentarios con el fin de aclarar muchas inquietudes y dudas que tienen los integrantes de nuestra Corporación sobre el particular.

Sabemos que este es un tema complejo que nos va a llenar de trabajos adicionales. Pero, en el ánimo de darle mayor transparencia a nuestra función, mayor credibilidad a la autenticidad y honestidad de nuestras decisiones, creemos importante avanzar en esta determinación.

El texto que sometemos a la consideración de la Sala fue puesto en conocimiento de la ciudadanía en nuestra página web, mediante el sistema de participación denominado "Senador virtual". Este proceso, además, fue acompañado de una promoción mediante la Televisión del Senado

Tuvimos una interesante participación de 379 personas con respecto a las preguntas que formulamos (se consignan en el informe), la cual fue muy superior a la que registró el propio Ejecutivo cuando hizo lo propio o a la de la Cámara de Diputados.

Hubo, pues, mucho interés por responder. Y los antecedentes recogidos nos permitieron resolver algunas materias de forma distinta.

En concreto, señora Presidenta -y trataré de explicar brevemente el contenido del articulado-, el reglamento que nos ocupa tiene por objeto regular el Registro de Agenda Pública y el Registro de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares del Senado; y, además, establece disposiciones destinadas a dar aplicación a la ley N° 20.730.

Asimismo, le entrega a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado la tuición de ese proceso, a través de las normas que se señalan en el artículo 2°.

Dichos registros, obviamente, son públicos, y deben ser debidamente informatizados y actualizados.

Una de las razones por las cuales tenemos cierta urgencia es la de que el día en que entre a regir el referido reglamento, el 29 de noviembre del año en curso, han de estar listos en términos informáticos los registros que aquí se plantean. Es decir, junto con comenzar su vigencia, deben estar disponibles los formularios y el respaldo técnico, para empezar a darles publicidad a las gestiones que se vayan realizando. Y eso requiere determinado tiempo.

El artículo 4° establece algunas definiciones básicas que se utilizan en el texto del reglamento propuesto. Y luego se entra a lo esencial: la regulación de los registros.

Existen -como señalé- dos registros centrales: el de Agenda Pública y el de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares.

El primero de ellos consta, a su vez, de tres registros: de Audiencias y Reuniones; de Viajes, y de Donativos.

¿Quiénes están obligados a llevar el Registro de Agenda Pública? Los denominados "sujetos pasivos", que somos nosotros, fundamentalmente: Senadores y Senadoras.

Pero, adicionalmente, se incorporan personas claves en el funcionamiento de nuestra Corporación: el Secretario General, el Prosecretario y Tesorero y los integrantes de las comisiones evaluadoras de las licitaciones a que convoque la Cámara Alta.

En seguida, hay una serie de personas que deberán ser individualizadas en cada caso. Por ejemplo, los asesores legislativos que indiquen cada Senador y Comité Parlamentario dentro del mes de mayo de cada año. Y ello fue parte de la discusión que hubo en la Comisión Bicameral. Al respecto, se optó porque la Comisión de Ética y Transparencia determine qué asesores, dentro del equipo de trabajo del Senador o del Comité Parlamentario, deben ser considerados también sujetos pasivos y, por lo tanto, tienen que cumplir la obligación de llevar los registros establecidos en la ley N° 20.730.

Lo mismo sucede con los funcionarios del Senado. Se debatió mucho si debería incorporarse a los Secretarios de Comisiones, por ejemplo. Y se adoptó la misma fórmula: los funcionarios de la Cámara Alta que la Comisión de Ética y Transparencia determine, en el mes de mayo de cada año, que, por razones de transparencia, deben someterse al cumplimiento de esta normativa.

Está finalmente el caso de las personas que, a juicio de la Comisión de Ética y Transparencia, a solicitud de un tercero, deben ser incluidas dentro de la lista de sujetos pasivos.

A continuación se indica qué actividades no deben regularse.

Es parte importante de la discusión. Por tanto, pido mucha atención.

Siempre se nos consulta si ha de declararse la reunión que el Senador realiza en terreno y durante la cual alguien se acerca a hacerle una solicitud.

¿Se debe considerar gestión particular o ejercicio de lobby que tendría que declararse?

El artículo 6° establece qué actividades no deberían regularse.

En el ejemplo que acabo de mencionar, dicha reunión no ha de incorporarse en el Registro de Agenda Pública. Por tanto, no hay que rendir cuenta de ella.

"Los planteamientos o las peticiones" -dice la letra a) del artículo 6°- "realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un Senador en el ejercicio de sus funciones.".

¿Cuál fue nuestro criterio al proponer este reglamento? Que sea lo más amplio posible.

No tenemos mucha experiencia para saber hasta dónde llegar o cómo hacerlo. Tampoco queremos incluir dentro de las tareas de los Senadores y de las Senadoras un trabajo informativo burocrático, que impida el ejercicio normal de nuestras actividades. Pero también debemos cumplir con la ley.

Buscamos el mayor equilibrio, por cierto en el ánimo de ir perfeccionando la normativa según la experiencia práctica que vayamos recogiendo.

Aquí hay una serie de otras actividades no reguladas y que, por lo tanto, no deben informarse conforme lo establecen las disposiciones del reglamento propuesto.

Tampoco se han de incorporar en el Registro las audiencias, las reuniones y los viajes cuya publicidad comprometa el interés general de la nación o la seguridad nacional, bajo los criterios que señala la norma correspondiente.

El Registro de Agenda Pública, en lo fundamental -ya lo mencioné-, contiene tres registros: de Audiencias y Reuniones; de Donativos, y de Viajes.

¿Cuándo debe incorporarse alguna información en el Registro de Audiencias y Reuniones? Cuando seamos objeto de una solicitud o de un requerimiento en algún sentido para influir sobre las decisiones propias de nuestro trabajo, tales como la dictación o la modificación de una ley; la intromisión en actos administrativos; la aprobación, enmienda, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional, de alguna de sus Cámaras, de sus comisiones y demás órganos en los que se tenga injerencia, en fin. Es decir, todo aquello que forma parte del ejercicio directo de nuestras funciones.

También se planteó en su minuto la necesidad de que cada parlamentario dé a conocer su agenda personal de reuniones. Ello quedó considerado en carácter de voluntario: si uno quiere publicita todas sus reuniones; de lo contrario, no lo hace.

Ahora, ¿cómo se formaliza el proceso de solicitud de audiencia o reunión?

A partir del artículo 11 se señalan las formalidades que deben cumplirse para incorporar esa información dentro del registro.

Se propone la presentación de una solicitud, la que contendrá ciertos datos, para que sobre esa base tengamos claridad con respecto a qué se debe hacer; y luego se llena un informe, el que debe incorporarse al registro correspondiente.

De otro lado, no toda solicitud de reunión tiene que aceptarse necesariamente. El Senador o la Senadora puede acogerla o no.

Solo se establece la igualdad de trato. Por ejemplo, si se está discutiendo una materia que afecta a la pesca y se le da audiencia a determinado grupo de pescadores artesanales, no puede excluirse de ella a otras agrupaciones que también la solicitan. Uno puede decirles que no a todos los pescadores. Pero si les dice que sí a algunos, la igualdad de trato obliga a recibir a todos los que formulen la petición.

Una vez celebrada la reunión, esa información, conforme lo establece el artículo 14, se envía al registro central, que a su vez se comunicará con el que lleva el Consejo para la Transparencia, para darle la publicidad que requiere.

En el caso del Registro de Viajes, se trata de la información de viajes que deben tener dos características: que se realicen en el ejercicio de las funciones (por lo tanto, no se registran viajes particulares de cualquier naturaleza) y que no sean financiados con cargo a las asignaciones parlamentarias existentes. Es decir, cuando uno viaja con cargo a estas asignaciones, no se debe registrar, porque se entiende que se trata del trabajo normal; pero cuando se utiliza otro financiamiento, público o privado, dentro del ejercicio de las funciones, debe informarse.

El señor PÉREZ VARELA.- Público o privado.

El señor LARRAÍN.- Si los viajes se llevan a cabo en el ejercicio de las funciones, se deben informar solo si no son financiados con recursos provenientes de las asignaciones parlamentarias.

Respecto al Registro de Donativos, existe la obligación de hacer mención de los que se reciben bajo ciertas reglas.

Desde luego, todos los provenientes de un lobbista o de un gestor de intereses particulares. Pero no se registran los donativos cuyo valor no exceda de una unidad tributaria mensual. Ello, para tener un criterio sobre qué se estima donativo susceptible de información.

Los expertos son -reitero- los registros de que consta el Registro de Agenda Publica: de Audiencias y Reuniones; de Viajes, y de Donativos.

El otro registro que se regula mediante este reglamento es el de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares.

Aquí hay básicamente dos mecanismos de registro.

Uno es voluntario: cualquier persona que quiera hacer lobby va y se inscribe en él.

El otro se forma a partir de las reuniones que nos solicitan a cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, damos cuenta de que tal grupo, o tal oficina de abogados, o tal gremio, en fin, nos pide una audiencia para tratar materias que pueden influir en la decisión que debemos adoptar con respecto a determinado proyecto de ley, ello queda incorporado en nuestro registro y esas personas pasan a integrar el Registro de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares. Es, pues, una integración automática.

Finalmente, el reglamento que nos ocupa, conforme lo señala la ley, establece sanciones en el caso de incumplimiento de las normas mencionadas.

El artículo 22 dispone en su inciso primero que "A los sujetos pasivos que no informen o no incorporen los datos requeridos para el Registro de agenda pública dentro del plazo establecido, se les aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.".

La omisión inexcusable se sanciona con multa de veinte a cincuenta UTM.

Quien conoce y resuelve en única instancia estas materias es la Comisión de Ética y Transparencia.

Una vez ejecutoriadas sus resoluciones, se dará debida publicidad a las sanciones aplicadas.

Señor Presidente, ese es el reglamento que proponemos. Por cierto, entendemos que hay muchas materias sujetas a debate, porque -como señalé- no tenemos antecedentes e historia sobre el particular. Pero se trata de un texto que planteamos como base para una discusión que, luego de que aprobemos en general el proyecto de acuerdo, nos permita, sobre la base de las indicaciones que se formulen, primero, construir un texto adecuado y consensuado con la Cámara de Diputados, y segundo, cumplir dentro de plazo con nuestras obligaciones.

He dicho.

Les recuerdo a Sus Señorías que este proyecto de acuerdo, que estamos discutiendo en general, se votará en la sesión ordinaria de mañana.

Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, el Senador Larraín nos explicitó muy bien lo que dice el reglamento propuesto. Nos habló de los registros, de los viajes, de las audiencias, de los presentes.

Yo no voy a ahondar en lo que señala su texto. Solo quiero hacer un par de reflexiones a raíz de lo que se establece. Porque, a mi juicio, la imagen que tenemos frente a la opinión pública amerita que aprovechemos la oportunidad para ser más rigurosos en lo que respecta al reglamento de la Ley del Lobby.

Desde que el Presidente Frei constituyó la Comisión Nacional de Ética Pública, en 1994, se han sucedido las iniciativas destinadas a consagrar en nuestro ordenamiento jurídico los principios de probidad, transparencia, control y rendición de cuentas.

En sus comienzos, ello se encontraba inscrito fundamentalmente dentro del marco de un proceso de modernización del Estado (así se le llamó en aquel entonces). Pero a estas alturas del siglo XXI, en el actual escenario político, su fundamento arranca más bien de la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y profundizar la democracia.

Es decir, de ser un requerimiento técnico, pasó a constituir un factor político de primera importancia.

En efecto, la nueva realidad construida a partir del surgimiento del movimiento social del año 2011; la exigencia de mayor participación de la población, que, paradójicamente, se produce en forma simultánea con la disminución de la participación en las elecciones; el alarmante nivel de desconfianza en las instituciones, y muy especialmente en el Congreso Nacional; la revalorización de lo público para garantizar la igualdad en el acceso a derechos fundamentales, y el crecimiento de las redes sociales y sus efectos en la construcción de la opinión pública han dado otra connotación a las nuevas obligaciones que se imponen a los servidores públicos, incluidos los Senadores, y obligan a considerar tales fenómenos debidamente ahora, cuando discutimos la aplicación concreta de la Ley del Lobby en nuestra Corporación, aunque seguramente no se percibían con la misma fuerza al momento de comenzar la discusión del primer proyecto que se presentó sobre el particular, en el año 2008.

En ese contexto, antes de preguntarnos por la forma como se implementará la ley, conviene atender a los objetivos últimos de esta normativa, y especialmente, a las expectativas que existen hoy en la ciudadanía respecto de su aplicación.

Desde mi modesto punto de vista, así como la ciudadanía exige igualdad en el acceso a la educación, a la salud y a la previsión social, también pretende que exista igualdad en el acceso de los diferentes sectores, incluido el ciudadano de a pie, a la toma de decisiones de la autoridad, cualquiera que sea la materia que le ataña.

No se trata solo de mantener un registro formal de audiencias, regalos y viajes. La gente exige que haya igualdad e independencia reales.

Las personas quieren saber quiénes fueron escuchados; qué dijeron; si se atendió a todas las partes, y si existió simetría en el acceso. Me temo que para eso no basta con las obligaciones impuestas a los sujetos pasivos: hay que ir más allá.

Así, en materia de reuniones, hay que considerarlas todas y no solo las solicitadas con anticipación.

Existe un artículo que promueve la igualdad de trato en las reuniones que se concierten y regula las situaciones que no la afectan; por ejemplo, atender en una sola reunión a varias organizaciones que tienen una misma posición o delegar en otra persona la atención de la audiencia.

Pienso que podrían imponerse obligaciones más exigentes, para asegurar la igualdad de trato y evitar que esta sea solo una declaración teórica.

De otro lado, más que poner un monto mínimo a los presentes o regalos para su registro, estimo que debe disponerse un monto máximo. Hoy no existe un tope para los parlamentarios. Podemos determinar esa obligación en el reglamento, haciendo las diferencias que correspondan respecto a las donaciones con fines electorales.

Los viajes financiados por empresas o intereses determinados, en mi concepto, simplemente deben prohibirse.

Ocurre lo mismo que con los aportes reservados en la política: si hasta hace poco eran aceptados como mecanismo legítimo, hoy se perciben como un factor que distorsiona la transparencia en las decisiones.

La confianza de la ciudadanía solo la recuperaremos cuando esta pueda contar con una verdadera trazabilidad de las decisiones. Es decir, que se cuente con información pública acerca de las personas que fueron escuchadas, la forma manera en que votamos y cómo se financian las campañas.

En conclusión, el reglamento sometido a nuestra aprobación puede ajustarse a la formalidad de la ley. Empero, creo que debe ir más allá y darles rango obligatorio a las denominadas "buenas prácticas".

Opino que, en definitiva, el Senado debe hacerse cargo de la aspiración ciudadana a mayor igualdad.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito la venia de la Sala para que el Senador señor Navarro me remplace cuando con el Honorable señor Zaldívar debamos ir a votar a la Primera Subcomisión de Presupuestos.

Acordado.

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, participé en la Comisión de Ética y Transparencia, donde formulé algunas observaciones al proyecto de acuerdo sobre reglamento que hoy se presenta a la Sala.

Quiero comenzar diciendo que yo no era partidario de la Ley de Lobby tal como se encuentra establecida en Chile. Más bien, tenía la idea de crear un registro de lobby activo de toda persona que quisiera desempeñar esta actividad ante cualquier autoridad, como ocurre en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos: la gente sabe que fulano es lobbista; que se halla registrado en dicho carácter y que asiste en esa calidad a determinado lugar para proteger sus intereses o los de sus representados.

Yo era partidario de un registro de lobbistas activos. Sin embargo, el Parlamento optó por un registro de lobbistas pasivos. Por tanto, quien recurra a los sujetos pasivos, o sea a nosotros, automáticamente quedará registrado en su calidad de lobbista.

Creo que ese sistema no es conveniente para regular la actividad del lobby.

Empero, estando así dispuesto, debemos determinar cómo hacer un reglamento adecuado a la ley; no podemos ir más lejos que ella. En Derecho Público, la ley debe señalar expresamente lo que permite o lo que prohíbe.

Por lo tanto, en la Comisión de Ética buscamos la forma de ceñirnos a lo que dispone la ley N° 20.730. Además, tuvimos presente el reglamento que dictó el Ejecutivo. Y, por último, debemos adecuar el nuestro al que elabore la Cámara de Diputados, para que haya textos coherentes en las dos ramas del Congreso Nacional.

Ahora, tras revisar las disposiciones del reglamento propuesto (lo hice presente al Presidente de la Comisión de Ética, Senador Hernán Larraín, y también al Secretario de ella, aunque no se recogieron mis observaciones), no puedo menos que llamar a que seamos realistas en cuanto a cómo hacer las cosas.

Por ejemplo, si aplicamos estrictamente el artículo 11 del reglamento que se propone -les pido a Sus Señorías leerlo-, vamos a tener que contar con un verdadero staff jurídico para sostener las audiencias.

En el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, la solicitud deberá contener "razón social y nombre de fantasía, si lo tuviere; su RUT, o la indicación de tratarse de una empresa extranjera sin RUT; descripción del giro o actividades que desarrolla; su domicilio; nombre de su representante legal; naturaleza de la persona jurídica y los nombres y cédulas de identidad de las personas naturales que integran su directorio u órgano encargado de la administración, si los conociere.".

O sea, cada vez que una persona jurídica solicitara una audiencia, el Senador requerido debería realizar todos estos trámites: pedir los títulos, las escrituras, las actas sobre el nombramiento del directorio, etcétera.

¡Eso no es practicable, no es posible!

En consecuencia, creo que hay que simplificar el artículo 11.

¿Qué debería hacer el Senador al que alguien le pidiera una audiencia? Registrar el nombre del requirente y consignar por qué solicita aquella o en representación de quién lo hace; pero de ningún modo decirle "Acredíteme su representación". Y luego de aquello lo referirá al registro que habrá que armar y el peticionario pasará a ser parte del lobby.

Insisto: es necesario simplificar el artículo 11, de manera que sea operable y permita la inscripción de las personas que nos soliciten audiencias y que todos los antecedentes queden en el registro de lobby activo planteado en el proyecto de acuerdo.

Lo de los viajes está bien. Sin embargo, considero que cada Senador debe registrar no solo los realizados en el ejercicio de su cargo y financiados por un tercero, no con cargo a las asignaciones parlamentarias (esos de todas maneras tienen que registrarse), sino además los que le financie el Congreso Nacional.

Me parece bien, asimismo, lo de los donativos. Tiene que haber un registro de lo que recibe el Senador por ese concepto. Pero supongo que si uno -sucede muchas veces- recibe como regalo un objeto típico del lugar que visita no deberá registrarlo.

Señora Presidenta, yo he participado -y voy a seguir haciéndolo- en la elaboración del reglamento que nos ocupa. Pero pienso que su texto debe ser lo más simple posible, para que tenga aplicación y nos permita a los Senadores hacer lo que nos ordena la ley.

Reitero que, a mi entender, nuestro país debería haber transitado por un sistema distinto del que se acordó. Pienso que el registro de lobbistas habría sido mucho más sencillo si la obligación se hubiera radicado en quien ejerce realmente el lobby, persona que debería registrarse y decir qué intereses representa y con quién habla.

Ya no podemos hacer aquello. Yo voy a seguir participando activamente en la Comisión de Ética; trataré de hacer mi aporte, pero reitero mi planteamiento en el sentido de que el reglamento sea lo más simple posible, para que se cumpla lo que nos ordena la ley.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, parece que todos coincidimos en algunas observaciones generales (estamos discutiendo la idea de legislar). De modo que hay que valorar el avance que representa el trabajo hecho por la Comisión de Ética, encabezada por el Senador Hernán Larraín, pues significa una contribución, particularmente en un momento en que la gente exige más en materia de transparencia. Por ende, mostrar nuestra labor también va a ser una fortaleza, porque el elector y los restantes ciudadanos tendrán mayores posibilidades para hacer un seguimiento al quehacer de los parlamentarios.

Por otro lado, existiendo un registro público, más oportunidades habrá para que los interesados puedan ver quiénes han sido consultados o quiénes han dado su opinión respecto a materias que se hallan en el debate y están sujetas a las decisiones del legislador, sea en el ámbito de la elaboración de proyectos de ley o en el de las resoluciones políticas.

Pienso que, en general, se ha hecho un buen trabajo. Existe el propósito de identificar quiénes son los sujetos pasivos, aspecto en el cual hay gran rigurosidad, sobre todo en la medida que se incluye a asesores legislativos y a funcionarios del propio Parlamento.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Perdón, Su Señoría.

En este momento comenzará a presidir el Senador señor Navarro.

--Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor Navarro, en calidad de Presidente accidental.

El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Puede proseguir, señor Senador.

El señor GUILLIER.- De otra parte, señor Presidente, se establecen criterios para definir el contenido del registro que se debe llevar. Hay bastante detalle, pero se da una buena pauta en términos de qué información se tiene que consignar.

Asimismo, se dispone el procedimiento que ha de seguirse para solicitar audiencias.

Quizá el Senador Zaldívar tiene razón cuando plantea la necesidad de que seamos más prácticos. Porque existe un problema: no vamos a tener oportunidad para verificar la veracidad de la información que se nos entrega; por tanto, deberíamos someter al requirente a un testeo bastante profundo, lo que, en razón del tiempo, la urgencia y las condiciones existentes, podría tornar más complejo el procedimiento.

En todo caso, sería factible radicar la responsabilidad en quien pide la audiencia, más que en el legislador, pues este no tiene manera de contrachequear a personas que no conoce.

Hay, por otro lado, un aspecto que considero bien interesante: la incorporación de una especie de registro en la agenda del parlamentario.

Uno de los problemas prácticos que enfrenta el parlamentario, sobre todo cuando comienza a ejercer el cargo, deriva de que el Congreso Nacional está lleno de gente que deambula por los pasillos y por todas partes, sin que uno sepa si son lobbistas, si se trata de funcionarios, si son asesores de otros congresistas. Ello impide que se produzca normalmente, en las oficinas o en otro lugar adecuado, el encuentro necesario para recabar la información requerida mediante el reglamento.

De alguna manera -reitero-, deberíamos hacer una suerte de registro o buscar algún mecanismo que posibilite enfrentar el problema expuesto, que es muy práctico, bastante concreto.

En todo caso, me parece válida la observación en el sentido de generar un registro por doble entrada: el de quienes se declaran lobbistas y se dedican al lobby profesionalmente, pero también la inscripción automática. Me refiero en particular a llamados mediante los cuales nos piden audiencias personas que en teoría no son lobbistas pero que practican la actividad profesionalmente y, sin duda, pretenden influir en la toma de decisiones.

Ese es un punto positivo que se consigna.

Sigo sosteniendo que, a mi parecer, no existe una definición más fina acerca de cómo vamos a verificar si las información que se nos entrega es correcta.

Lo otro -muy importante- es la difusión de los registros que contempla la ley.

El de transparencia es un principio de libre información. El llevar registros informáticos actualizados acerca de la labor que realizan los parlamentarios, de sus encuentros, en fin, permitiría después un cruce con otra variable, la que no está en este proyecto; probablemente es materia de otra herramienta institucional, vinculada con la difusión de las votaciones de los parlamentarios en el caso de proyectos de ley respecto a los cuales se requiere su intervención o la concesión de algún tipo de audiencia.

Ahora, debo subrayar que ningún reglamento tiene utilidad si no hay penas. Por tanto, me parece válida la existencia de un sistema sancionatorio, con procedimientos que le garanticen adecuadamente al parlamentario la posibilidad de hacer dentro de plazo las presentaciones correspondientes.

Sin embargo, en esta materia hay un aspecto bastante delicado (lo hemos comprobado en muchas situaciones que han afectado a personeros públicos): el trascendido que se hace mientras los procesos se hallan en curso, pues muchas veces es dañino para la imagen de la autoridad. Por ejemplo, cuando solo hay una investigación a un parlamentario y ello se interpreta como una suerte de sanción hacia él por parte del público desinformado, o del medianamente informado, o del interesado en manipular la información para perjudicarlo.

En general, creo que la existencia de un proceso cauteloso, prudente, tendrá mucho que ver con el éxito de las sanciones impuestas a las malas prácticas.

Finalmente, dejo expresa una vez más mi única preocupación de fondo: la forma de verificar la veracidad de la información que uno recibe. Porque alguien podría solicitar una reunión con un parlamentario y, por error o de mala fe, no entregar información válida. Ello nos obligaría a buscar nosotros mismos un mecanismo de control o de verificación, el cual podría ser bastante engorroso.

Quizá sería factible salvar tal situación diciendo que el parlamentario tiene la obligación de solicitar la información, pero en el entendido de que la responsabilidad sobre su veracidad no recae en él.

En todo caso, estamos en la discusión general. Y, como el proyecto de acuerdo constituye un buen avance, cuenta por supuesto con mi voto a favor.

El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como se ha dicho acá, cabe primero destacar el trabajo desarrollado por la Comisión de Ética y Transparencia con miras a generar una propuesta de reglamento que permita concretar lo establecido en la normativa general, en la ley.

Luego de revisar el texto que se somete a nuestra consideración, a uno le queda claro que, tal como se plantea en la ley, el peso de la prueba respecto del lobby recae en los sujetos pasivos de esta actividad. O sea -ya lo decían otros Senadores-, quienes van a ir conformando en la práctica el lobby serán los sujetos pasivos, sobre los cuales -insisto- recaerá el peso de la prueba.

Entonces, me preocupa muchísimo el hecho de que los riesgos que correremos los sujetos pasivos serán extraordinariamente altos. Por ejemplo, el de vernos enfrentados a situaciones no deseadas o no buscadas; el de no poder cumplir las normas que se establecen en el reglamento. Pero hay algo más delicado aún: ello se puede prestar -y lo decía el Senador Guillier- para que exista manipulación de la información frente a la opinión pública. Y el sistema de denuncias contemplado para el caso de que un sujeto pasivo no cumpla las normas reglamentarias puede llevar a una verdadera campaña de desprestigio, de desinformación o de manipulación ante la ciudadanía.

Francamente, no me gustó la forma como quedó la ley. Yo era partidario derechamente de un registro de lobbistas. Pero terminamos, creo yo, en el peor de los mundos.

Los sujetos pasivos del lobby enfrentaremos un problema grave, vinculado con la forma como cada parlamentario ejerce su función, que es tan especial, tan particular.

En estricto rigor, de acuerdo a la Constitución, nosotros somos elegidos para legislar. Por tanto, en la medida que nos dedicáramos solo a ello quizá podríamos establecer sistemas más claros, más transparentes, que dieran cuenta de cómo actuamos en el proceso de formación de la ley; de cómo recibimos antecedentes, información; de cómo nos relacionamos con los interesados en la tramitación de los proyectos.

Empero, el problema estriba en que la exigencia frente a los ciudadanos tiene que ver mucho más con el rol de representar a la circunscripción por la cual somos elegidos Senadores. Y, claramente, la forma como se aplicará el reglamento que nos ocupa va en una línea del todo distinta de ese rol de representación.

En efecto, debo señalar con franqueza que, tal como se plantean las cosas en el texto que nos ocupa, va a ser mejor no recibir a nadie o tratar de tener el menor contacto posible con quienes nos soliciten audiencia o nos planteen situaciones de diversa índole. Ello, porque la línea para definir lo que constituye lobby o gestión personal es demasiado fina, demasiado subjetiva.

Aquí se establecen algunos criterios. Claro, parecen razonables. Pero si uno analiza el desarrollo de cualquier agenda nuestra en terreno concluye que permanentemente podríamos ser objeto de algún tipo de lobby. Eso habrá que registrarlo. Y quienes realicen tal acción con los sujetos pasivos, es decir con nosotros, pasarán a ser lobbistas aunque no lo sean, podrán ser interpretados como tales.

Repasé mentalmente lo que hice en mi Región el último fin de semana (jueves, viernes y sábado), e inferí que, en la práctica, podrían interpretarse como lobby todas las actividades que tuve: desde reuniones públicas como las referidas por el Senador Larraín hasta encuentros con organizaciones sociales de sectores rurales. Por ejemplo, en la localidad de El Divisadero, en Punitaqui, estuve con diversas organizaciones; pero se podría decir que fui objeto de lobby, pues, más allá de plantearme problemas públicos, grupos de regantes me hicieron ver el problema de la sequía y me pidieron ayuda para los efectos de obtener recursos que les permitan mejorar sus sistemas de riego.

¿Eso es lobby? Derechamente, sí. Y a nosotros nos piden, en cuanto representantes de los ciudadanos, gestiones respecto a la implementación de políticas de gobierno.

Uno dice: "Eso es legítimo, porque se trata de una función social. Pero es lobby".

Entonces, yo tendría que inscribir a aquellos regantes (modestos, miembros de una comunidad agrícola) como lobbistas.

Supongamos que un Senador se encuentra con múltiples hechos y participa en reuniones que no están dentro de la agenda pero forman parte de la actividad parlamentaria. Perfectamente, más de alguien podría acusarlo o denunciarlo y decir: "Usted no consignó en su agenda o en su registro una reunión que tuvo con un grupo de dirigentes de una organización. No lo informó".

De otro lado, se contemplan un sistema de denuncias y un sistema de sanciones aplicables por la Comisión de Ética. Me parece bien: si existe un reglamento y no se cumple, debe haber un castigo; eso es evidente.

Entonces, uno tiene que empezar a pensar en cómo va a operar con la nueva modalidad.

El Senador Zaldívar hacía referencia a la asesoría que todos los Senadores necesitaríamos para implementar un buen registro y cumplir con el reglamento.

Pero hay otro elemento más delicado, que tiene que ver con la opinión pública. Me refiero a la falta de credibilidad de que somos objeto de manera permanente; o a la maledicencia, o, derechamente, a la mala intención que, abusivamente, exhiben en esta materia organizaciones, personeros, dirigentes, redes sociales, medios de comunicación.

Y hay otra cuestión más delicada aún: qué pasa con la autonomía de cada Senador en el momento de emitir su voto tras haber sido objeto de lobby frente a determinado asunto.

Me van a decir: "La Constitución establece que cada Senador vota de acuerdo a su conciencia y a como estima conveniente".

Sin embargo, el problema no está ahí. El problema está, según lo hemos visto, en que se generan discusiones en la opinión pública y se pregunta por qué en cierta materia tal parlamentario no se inhabilitó, o bien, se denuncia que, porque su familia, su señora, su amiga, su compañera tiene interés en determinado sector, un Diputado o un Senador votó de tal o cual manera. Y ello, ¡sin ninguna prueba!

¿Imaginan Sus Señorías lo que puede pasar a ese respecto?

El Senador Larraín colocaba como ejemplo la recepción a pescadores artesanales, cuyos intereses normalmente están en contrapunto con los de otros gremios del sector, que pueden ser industriales, semiindustriales o artesanales con embarcaciones o artes de pesca distintos. En tal caso, si yo recibo a un grupo, tengo la obligación de recibirlos a todos, pese a sus puntos de vista contrapuestos. Así las cosas, llegado el momento de votar un proyecto relacionado con ellos, cualquiera podría hacerme una imputación y decirme: "¡Ah! Usted está obedeciendo al lobby de tal persona, lo que es inaceptable" o "¿Por qué no nos hizo caso a nosotros, que fuimos a explicarle, y votó de otra manera?".

Lo que estimo de la esencia del rol parlamentario en el momento de pronunciarse será pasto fácil de todos aquellos que permanentemente piensan que todo se hace aquí sobre la base de intereses de quién sabe qué tipo. Eso lo vivimos a diario y, lamentablemente, también ahora. Es cuestión de revisar las redes, el tuiter, los distintos mecanismos a través de los cuales la gente descalifica, insulta, en fin.

Entonces, me parece que tenemos que buscar mecanismos que permitan concretar el objetivo contemplado en las leyes sobre la transparencia y el lobby; que sea de fácil procesamiento el levantamiento de los registros y el establecimiento de la información adecuada. Ello, sin que sea preciso contar con un regimiento entero de asesores para que no nos pesquen por algún lado, ya que más de algo vamos a dejar de hacer o de cumplir y que después puede ser objeto de escarnio público o de sanción.

Porque, a la larga, el único criterio que se empieza a aplicar es: "¿Sabe? Prefiero no recibir ni escuchar a nadie, ni enterarme de nada, ni involucrarme en ninguna cosa que no tenga que ver exclusivamente con el rol legislativo". Y ahí surgirá un segundo problema, ya que el instrumento que nos ocupa, en vez de ayudarnos a transparentar más la gestión, a ir generando una mayor credibilidad y confiabilidad en la opinión pública, se va a transformar en un remedio peor que la enfermedad.

Nos encontramos en la discusión general, señora Presidenta, pero cabe consignar que es evidente que tampoco podemos confundir la labor institucional, cualquiera que sea, financiada por esta Corporación con el asunto de los viajes, por ejemplo. Llevar a cabo nuestra función, ya sea dentro del país o fuera de este, en comisión de servicio, en actividades en las cuales el Congreso o el Senado participan de manera permanente, es completamente distinto de lo que se plantea en cuanto a viajes en que podemos ser invitados, o a que se nos puede convocar, o que alguien externo puede financiar para cierto cometido: una conferencia, una charla o una visita, o que la Comisión equis, en un momento determinado, resuelve por ser necesario conocer una experiencia respecto de la cual el Senado puede formular después una propuesta o pronunciarse.

Se dispone de la información de todo lo que hacemos -para que ello no se confunda en el debate- y de cuanto corresponde al cumplimiento de nuestra función parlamentaria y con qué recursos se financia. Eso se halla claramente establecido en las normas internas por el Consejo de Asignaciones y también por el funcionamiento del propio Senado. Los antecedentes se incluyen en las páginas respectivas, y si alguien los solicita, son entregados como en cualquier otra institución.

A mi juicio, es importante que podamos trabajar más en detalle. Estamos contra el tiempo. El texto en estudio comenzará a regir el 29 de noviembre próximo y es preciso consensuarlo con la Cámara. No es algo fácil. Pero, de todas maneras, alabo el espíritu y la intención con que nuestros colegas se ocuparon en la materia.

El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, el Senador señor Guillier me remplazará en la testera, porque deseo hacer uso de la palabra.

Acordado.

El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, desde 2007, cuando recién comenzamos a discutir sobre el punto, sabíamos que tal vez íbamos a meternos en una normativa que podía terminar haciendo más complejo un problema que ya lo era, porque se trataba de regular una actividad que existía. El lobby ha operado en Chile de diversas maneras, en forma permanente, antes de la democracia y durante ella. ¡En todo minuto! Cuando quisimos regularlo, deseábamos buscar transparencia y hacer ajustes, poner marcos. No es una tarea fácil.

La ley fue un parto dificultoso. El reglamento -ello se ha expresado aquí- también va a serlo. Se requerirá someterlo a consulta pública. Vamos a ver cuáles serán la recepción y su alcance. Es lo que dice el informe.

El señor LARRAÍN.- Ya se hizo

El señor NAVARRO.- O sea, más bien se reúnen opiniones de la ciudadanía.

Estuve leyendo los juicios mayoritarios. Son razonables. En todo caso, ninguno de ellos es descabellado.

El Diccionario de la Real Academia Española define lo que es lobby, pero no expresa nada sobre el lobbista. Expone que el primero es "Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses", y "Vestíbulo de un hotel y de otros establecimientos como cines, teatros, restaurantes, etc., especialmente si es grande.".

Estimo que uno de los aspectos que difícilmente podrían corregir la ley o el reglamento es lo que sucede en la calle y en el "lobby en el lobby" -es decir, en establecimientos amplios, a la salida del cine, del restaurante- o en el ámbito familiar.

Porque la pregunta es si habrá que informar también cuando en una reunión, ya sea familiar o no, pero que no se ha solicitado ni es pública, sino privada, el tema de conversación son la política y los intereses.

Los vínculos de parentesco siempre se estrechan en materia económica. ¿Habrá que dar a conocer una reunión familiar en la que se junten dos empresas que pueden ser hasta competidoras y en la que efectivamente se intercambie información respecto de un negocio, lo que podría ser bastante parecido a la colusión, por ejemplo?

¿O si se aborda a un parlamentario para pedirle su opinión, como ocurre en los almuerzos dominicales de numerosas familias que presentan la virtud de ser transversales en lo político?

Los temas se tratan sobre todo cuando son candentes, como el de la educación. Me ha tocado asistir a debates en los que sostenedores con quienes mantenemos una amistad de largos años manifiestan su interés en que la ley sea modificada. ¡Afirman que es mala! Y argumentan latamente al respecto. No se trata del Senado ni de mi oficina parlamentaria: es el espacio donde nos encontramos a diario, ya que nos conocemos desde hace largo tiempo.

A pesar de que muchas veces criticamos a los empresarios, no es ningún pecado tener amigos que se dediquen a esa actividad. ¡Claro que hay amigos y amigos¿! ¡Algunos empresarios son de cierto tonelaje y otros, que dicen serlo, son más bien de gramaje¿! Pero presentan esa condición, al fin y al cabo.

Entonces, juzgo que la posibilidad de burlar lo establecido o de no regular puede terminar con la ineficiencia del reglamento y de la ley. Si no existe la obligación de señalar lo relacionado con el ámbito familiar, personal, de la intimidad del hogar, estamos en un problema. Porque el lobby, tal como es descrito en una y otra de esas normativas, de hecho se va a dar.

El Senador señor Larraín me ha informado que los jueces tienen también la obligación de someterse a la ley N° 20.730 y que deberán dictar su propio reglamento.

Es una cuestión compleja para los magistrados, quienes, como toman decisiones importantes, pueden encontrarse, por cierto, en la situación de ser sujetos pasivos de lobby.

Cabe recordar que hay quienes han criticado que parlamentarios se reúnan con ministros del Máximo Tribunal.

Va a ser muy compleja la relación de los mismos jueces, que llevan causas pendientes, con personas que se relacionen directamente con los fallos que ellos deban emitir.

Por nuestra parte, estamos haciendo un esfuerzo, pero deseo consignar que vamos a tener que exhibir mucho criterio respecto de cómo será la vigencia del sistema, para que no solo se cuente con la ley y el reglamento, sino que también se logren su aplicabilidad y legitimidad.

La Comisión de Ética y Transparencia va a ser fundamental. Porque si, en definitiva, el conjunto del articulado más bien se flexibiliza o se rigidiza, en ambos casos el riesgo es la deslegitimidad de una labor.

Ello sería muy similar -y aquí hay una confusión, a veces- a lo sucedido con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.

Hicimos un esfuerzo único en el mundo. No conozco otro Congreso en el cual la remuneración de sus integrantes sea ratificada por una comisión externa, transversal, elegida en forma amplia. Mas los resultados de un trabajo de transparencia máximo son más bien mediocres, porque se sigue pensando que nosotros determinamos nuestro ingreso. A pesar de haber legislado en la materia y sido pioneros, vanguardistas, ello no ha provocado mucho efecto, pues la gente sigue creyendo que ganamos 20, 25, 30 millones de pesos, sin considerar que las asignaciones son fijadas por el Comité y que percibimos una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado y de un monto muy inferior, por cierto, al de muchos gerentes de empresa, sea esta privada o pública.

Me parece que será necesario aclarar ese tipo de aspectos. No desestimo que la normativa tenga que ajustarse.

¿Cómo interpretaremos el lobby de un Jefe del Estado con relación a iniciativas que conllevan intereses muy importantes?

Todos los Ministros de Energía, por ejemplo, han mandado emisarios para decirnos: "El país puede quedar a ciegas. Falta desarrollo energético. No es posible oponerse a proyectos hidroeléctricos o termoeléctricos".

Y si bien los Primeros Mandatarios no son empresarios, sino que obran por el bien público, a veces se pretende imponernos que votemos en favor de medidas que generan millonarias utilidades a actores privados. Un Presidente de la República cuenta con facultad para ello, más aún en una monarquía presidencial como aquella en que vivimos.

Incluso cabe considerar el caso de los jefes de bancada. Hay parlamentarios que disentirán en proyectos de alta incidencia económica, ya sea por principios éticos, morales, por convicciones, y se les conminará a apoyarlos. ¿Ese no es un lobby?

Las leyes son de beneficio común, privado o público. En consecuencia, cuando las bancadas o el Ejecutivo nos presionan, nos aperciben a ordenarnos, se podría preguntar: "¿Eso es lobby o pasión por la disciplina?".

Se requerirá un ejercicio transparente, adecuado, de aplicación de la ley y del reglamento.

En cuanto a la alianza estratégica público-privada, invité a Matías Domeyko y Charles Kimber, ejecutivos de Celulosa Arauco, a una reunión con el Ministro de Hacienda, porque el empleo, el crecimiento, el producto interno bruto, el desarrollo productivo, están en caída libre en la circunscripción que represento. Y me asiste la convicción de que si no hay participación del Estado la Región del Biobío será un polvorín social.

Sin embargo, una abogada que había presentado un recurso de protección expresó de inmediato: "Navarro hace lobby por Arauco y está sirviendo a dos amos", en circunstancias de que a estos los he combatido toda mi vida, lo que también haré cada vez que actúen fuera de la ley y de los principios de protección ambiental.

Se verificará algo como lo que he expuesto. Porque la alianza estratégica público-privada, anunciada por la Presidenta de la República y el Ministro Arenas, nos dice: "Queremos que empresarios y Estado se alíen para sacar adelante el país". Y vamos a tener que hacer gestiones.

Entonces, juzgo que áreas como esa tendrán que ser ajustadas y discutidas de acuerdo con el reglamento.

Las asociaciones gremiales se han ido convirtiendo virtualmente en empresas. La Cámara Chilena de la Construcción está a punto de comprar el Banco Internacional. ¿Cuando vengan lo harán como entidades gremiales o empresariales?

Los sindicatos experimentan la misma transformación. Y peleamos para que sean mipymes.

Dejando de lado al público en las tribunas, que cuando las llena es siempre una fuente de presión muy importante para votar a favor o en contra, tenemos una gran oportunidad de poder disponer de una regulación en el caso de una actividad que lo requiere. Y hemos de proceder de manera consciente y responsable.

Me pronunciaré a favor, por cierto.

Será preciso consensuar el texto con la Cámara de Diputados.

El diario La Tercera publicó el domingo recién pasado un reportaje amplio -felicito a ese medio, ya que no siempre concordamos con la prensa- con el detalle de 300 empresas que efectuaron donaciones secretas en la última campaña electoral. Mi pregunta es si ello será considerado un lobby o un donativo. Porque sería absurdo tener que declarar que recibí de obsequio un lápiz Parker de 45 mil pesos -a muchos les sucedió otro tanto-, con mi nombre, y que una empresa que pudo donar decenas de millones de pesos quede al margen.

Existe una contradicción, por lo tanto, en las donaciones secretas o reservadas. En ellas no hay filantropía. Tendremos que regularlas.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

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El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa los siguientes documentos:

Oficio

De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que aprobó el proyecto de ley que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín Nº 9.366-04) (con urgencia calificada de "suma").

--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso.

Informes

Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile; modifica la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros (boletín Nº 9.336-25).

--Quedan para tabla.

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El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entiendo que todavía nos encontramos en la discusión del proyecto, porque mañana corresponde votar.

Solo quisiera señalar que muchas de las inquietudes planteadas dicen relación con una cuestión más de fondo del sistema finalmente recogido en la ley y que son por completo válidas; pero, por desgracia, ello no es lo que está en discusión, para los efectos prácticos. Nos hallamos ante un texto como el que nos ocupa, con las características que presenta, y tenemos que hacerlo operativo.

En definitiva, el cuerpo legal es un marco de referencia que distintos organismos, como el Poder Judicial o el Congreso Nacional, deben adaptar a su propia realidad. Y a eso nos hallamos abocados.

Por las intervenciones, me doy cuenta de que algunas de las disposiciones incorporadas en la normativa en debate son complejas. Están sobrecargadas de detalles o de aspectos burocráticos que debemos simplificar. Es precisamente lo que llevaremos a cabo.

Sus Señorías pueden abrigar la certeza de que nuestro ánimo es acoger las inquietudes expuestas. Si bien es cierto que podremos corregir el reglamento una vez que exista más experiencia de cómo opera, no tenemos ahora claridad para resolver todas las materias y queremos que se trate de algo simple, que nos ayude a cumplir el objetivo central: transparentar lo que un tercero hace cuando nos plantea de alguna forma una opinión que busca influir en nuestra votación. A eso apunta el texto y es lo que tratamos de recoger.

Me doy cuenta de que se pueden ir mejorando y precisando muchas cosas.

El Honorable señor Espina me mencionaba los donativos, por ejemplo. Obviamente, se trata de aquellos que se reciben en la calidad de Senador. Ello tal vez no lo precisa el proyecto y se encuentra implícito, pero es mejor explicitarlo para que no surja ninguna dificultad. Porque alguno de nosotros puede ser presidente de un club deportivo y recibir un regalo en esa calidad, sin tratarse de algo de lo que deba dar cuenta en la condición de parlamentario. Y pueden darse muchas situaciones de esa índole.

No hago referencia a aspectos personales.

En fin, se trata de escuchar.

Ojalá que se hagan llegar las indicaciones pertinentes, para corregir la iniciativa en la discusión en particular.

Me parece que se trata de un proyecto necesario.

A pesar de la poca experiencia existente incluso en el mundo para normar este tipo de acciones, creo que estamos dando un paso muy valioso en nuestro país y que, más allá de los errores, o las diferencias, o las inquietudes generadas por el texto, avanzamos en la transparencia en el Congreso, que ayuda a recuperar la confianza de la ciudadanía en su Parlamento.

El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- ¿Cuándo se vota, señor Presidente?

El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Mañana.

El señor ESPINA.- Entonces, prefiero hacer uso de la palabra en esa oportunidad.

El señor LARRAÍN.- En todo caso, ahí solo se fundamentará el voto.

El señor GUILLIER (Presidente accidental).- De acuerdo.

En consecuencia, se deja reservada la intervención del señor Senador para el día de mañana.