APORTE DE CAPITAL EXTRAORDINARIO A CODELCO Y AUTORIZACIÓN PARA ENDEUDAMIENTO FISCAL

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, comparto plenamente los objetivos de la iniciativa en estudio, así como también lo que se ha dicho acerca de la importancia de CODELCO.

Me preocupa la sangría que se verifica con el 10 por ciento de las ventas brutas que va a las Fuerzas Armadas.

Mas el proyecto igualmente me permite formular, para no ser repetitivo, algunas reflexiones sobre la Gran Minería.

De acuerdo con los antecedentes entregados en el mensaje presidencial y aquellos proporcionados por el Ejecutivo en la Comisión, se proyecta un considerable aumento de la inversión, totalizando 23 mil 500 millones de dólares en este quinquenio, lo que equivale al nivel de inversión ejecutada en la última década.

Sin embargo, según el informe "Inversión en la Minería Chilena, Cartera de Proyectos 2014-2023", elaborado en agosto recién pasado por la Comisión Chilena del Cobre, lo importante no es el costo de la inversión, que varía por los mayores valores de la mano de obra o de la energía; lo relevante es apreciar la composición de la cartera de inversión en términos de iniciativas y objetivos.

Efectuado ese análisis, aparecen algunos aspectos preocupantes que merecen una aclaración.

En primer término, si bien CODELCO cuenta con un programa de inversiones más significativo en comparación con los de la gran minería privada, la mayoría de esos proyectos, como los de Chuquicamata y El Teniente, son de reposición, mientras que la mayor cantidad de proyectos nuevos corresponden a la gran minería privada.

En segundo lugar, ninguno de los proyectos de la minera estatal está enfocado en su capacidad de fundición y refinación, por lo que el esfuerzo de inversión se orienta a la producción de concentrados, al igual que en la gran minería privada. Este cambio viene de varios años atrás y tiene efectos relevantes, pero no ha sido discutido a cabalidad.

Por otra parte, sabido es que la aprobación ambiental de los proyectos de inversión se ha tornado cada vez más compleja, principalmente por el problema de disponibilidad de agua y de suministro eléctrico. En ambas materias el país tiene atrasos estratégicos que están siendo enfrentados por agendas gubernamentales con efectos solo en el largo plazo, mientras que el programa de inversiones que se propone es de corto plazo.

Otro problema se refiere el aumento considerable de los costos de los proyectos una vez que comienza su ejecución. A este respecto, se requiere un seguimiento más detallado y transparente, que no puede descansar en la labor de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Desde mi punto de vista, existe un organismo técnico a cargo de esa fiscalización, que es la Comisión Chilena del Cobre, cuyas facultades podrían ser reforzadas. Esto parece ser más expedito que pensar en una reforma del gobierno corporativo de CODELCO.

Por último, hay que tener presente que la ejecución de esta cartera de inversión requiere miles de puestos de trabajo, que son cubiertos por trabajadores contratistas cuyas condiciones remuneracionales y laborales dan lugar a continuos conflictos.

Detrás de todas las dificultades que enfrenta la empresa estatal está la desnacionalización del cobre que se impuso en el país a partir de los años ochenta. Tal proceso ha provocado, en los últimos treinta años, un aumento significativo de la gran minería privada, fenómeno que, pese al programa de inversiones de CODELCO, seguirá acentuándose en las próximas décadas.

Cabe preguntarse, entonces, por el futuro de la gran minería en el país durante los próximos cincuenta años. En esa perspectiva, sin duda, la administración de la empresa tiene un rol que jugar para resolver problemas de gestión que son de su competencia.

No obstante, siento que el Gobierno y el Congreso Nacional tienen una deuda no solo con el país, sino también con las futuras generaciones: revisar todas las condiciones de contexto que han llevado a la situación actual.