RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA DIVERSAS CARRERAS DEL ÁREA DE LA SALUD. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el primer lugar del Orden del Día figura el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que confiere carácter de título profesional universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3.849-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador Espina y de la entonces Senadora señora Matthei):
En primer trámite, sesión 48ª, en 3 de mayo de 2005.
En tercer trámite, sesión 13ª, en 23 de abril de 2014.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 23ª, en 10 de junio de 2014.
Informes de Comisión:
Educación: sesión 31ª, en 31 de agosto de 2005.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (tercer trámite): sesión 20ª, en 3 de junio de 2014.
Mixta: sesión 29ª, en 8 de julio de 2014.
Discusión:
Sesiones 39ª, en 5 de octubre de 2005 (se aprueba en general); 48ª, en 13 de diciembre de 2005 (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones); 22ª, en 4 de junio de 2014 (se rechazan las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de todas las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, plantea una proposición que consiste en la aprobación de un texto que recoge los siguientes aspectos del aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional:
a) Otorgar el carácter de exclusivamente universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.
b) Exigir que las universidades que impartan esas carreras establezcan planes y programas especiales para que los profesionales que hubieren obtenido su título profesional en institutos profesionales reconocidos por el Estado puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en dichas especialidades y al título profesional correspondiente.
c) Disponer que los kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, matrones, nutricionistas, tecnólogos médicos y terapeutas ocupacionales egresados y titulados en institutos profesionales y los estudiantes aspirantes a obtener los mismos títulos que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos institutos, después de egresar y titularse en ellos tengan los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en universidades, excepto el grado de licenciado.
Además, la proposición de la Comisión Mixta recoge el texto despachado por la Cámara de Diputados respecto de los institutos profesionales que actualmente imparten las aludidas carreras, y establece que tales institutos no podrán, a contar de un año de la publicación de la ley, incorporar nuevas promociones.
La Comisión Mixta adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana, Rossi y Walker (don Ignacio), y Diputados señores Bellolio, Berger, Monsalve, González y Venegas, salvo en lo referente a los institutos profesionales, materia en que el acuerdo se adoptó por seis votos a favor, de los Senadores señores Quintana y Rossi y los Diputados señores Berger, Monsalve, González y Venegas, y cuatro votos en contra, de los Senadores señora Von Baer y señores Allamand y Walker (don Ignacio), y el Diputado señor Bellolio.
Cabe hacer presente que el artículo 1° contenido en la propuesta que formula la Comisión Mixta es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación 22 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figura, en la última columna, la proposición del órgano bicameral.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, sin duda este es un tema muy complejo, pero yo debo representar también lo que vive mi Región.
La Sexta Región no tiene la posibilidad de contar con universidades. El hecho de hallarse inmediatamente al lado de Santiago le otorga características muy especiales.
Por desgracia, quienes estudian en institutos profesionales lo hacen porque no han podido, muchos de ellos, acceder a una universidad. Y me preocupa profundamente que las propuestas que planteó la Senadora Von Baer no fueran acogidas, debido a lo cual los alumnos que están estudiando estas carreras en institutos profesionales de mi Región no van a poder obtener la acreditación y el título correspondiente.
Por eso, señora Presidenta, acogiendo el reclamo de los estudiantes de mi Región, me voy a abstener.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, creo que es importante compartir con los Honorables colegas el debate que tuvo lugar en la Comisión Mixta respecto de esta materia.
En primer lugar, varios hicimos presente la necesidad de revisar, en el segundo semestre, cuando se entre a analizar los temas de fondo sobre legislación universitaria, la situación que actualmente existe en términos de lo que se denomina "exclusividad universitaria" y las competencias que tienen las propias universidades y los institutos técnicos profesionales, pues, sin duda, estamos operando con una legislación absolutamente desfasada, que no se encuentra a tono con lo que hoy impera en el mundo. De hecho, hay una indicación precisa de la OECD en el sentido de que nuestra normativa debe adaptarse y dejar atrás la reglamentación vigente a este respecto.
En segundo lugar, en la medida en que avanzó la conversación en la Comisión, fue generándose una convergencia en términos de que no era razonable discriminar respecto de la exclusividad universitaria entre algunas de las siete carreras incluidas en el texto original aprobado por la Sala.
Sin embargo, el punto donde sí se produjo un debate -muy mal zanjado, desde mi perspectiva- fue en el tratamiento de los institutos técnicos profesionales que actualmente están impartiendo estas carreras.
Cabe recordar que cuando el Senado consagró la exclusividad universitaria, dejó establecido, al mismo tiempo, que los institutos profesionales que estaban impartiendo algunas de dichas disciplinas iban a poder continuar haciéndolo, norma que, por lo demás, es la que siempre se ha utilizado al legislarse sobre esta materia.
La Cámara de Diputados modificó el criterio del Senado y estableció que solamente podrían seguir incorporando nuevas promociones a estas carreras por un año más, lo que equivale a decir, en definitiva, que los institutos profesionales que las están impartiendo no podrán seguir haciéndolo, pues tales carreras se desvalorizan al tener, por así decirlo, un plazo de término establecido.
En la Comisión se plantearon tres alternativas.
Una era refrendar el criterio de la Cámara, de modo que los institutos profesionales pudieran seguir ofreciendo dichas disciplinas únicamente un año más.
El Senador Ignacio Walker planteó lo mismo, pero ampliando el plazo a tres años.
Y hubo un grupo de parlamentarios que aportamos un concepto diferente, que consistía en que los institutos profesionales acreditados como tales y que tuviesen acreditadas dichas disciplinas -solamente esos y ningún otro, para hacer coherente la legislación- pudieran continuar otorgando las referidas carreras, que por lo demás no son todas porque, de las siete que pasan a tener exclusividad universitaria, solo algunas de ellas son dictadas por unos pocos institutos profesionales que por regla general se encuentran acreditados.
Nuestro argumento fue muy simple. Con la norma propuesta podemos estar incurriendo en un grave error. En efecto, una universidad no acreditada, de muy malas condiciones, a punto de incurrir en situación de falencia -¡ni Dios lo quiera!-, sí estaría autorizada para ofrecer estas carreras, mientras que un instituto profesional acreditado, con carreras acreditadas y que opera con centros clínicos también acreditados, simplemente debería dejar de impartirlas.
Creo que aquí se les está infligiendo un daño injustificado a cinco mil y tantos alumnos que optaron por uno de esos institutos profesionales siguiendo las reglas del juego. Más aún, fueron acuciosos: eligieron un instituto que estuviera acreditado. A ellos, algunos de los cuales se encuentran en la mitad de la carrera, hoy se les dice: "Miren, cambiaron las reglas del juego y, no obstante que ustedes tomaron la providencia de escoger un establecimiento acreditado, que impartía una carrera también acreditada, de ahora en adelante verán que sus carreras van a pasar, por así decirlo, a la segunda división".
Creo que esa parte quedó bastante mal resuelta, señora Presidenta. Y, en vista de que nos encontramos frente a un enredo reglamentario en el cual solo podemos votar "sí" o "no", no me queda sino abstenerme, porque, estando de acuerdo con la exclusividad universitaria para las carreras en cuestión, considero que la forma en que se resolvió la situación de los institutos profesionales es muy negativa, discriminatoria e injusta.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Junto con saludar nuevamente a quienes nos acompañan en las tribunas, sobre todo jóvenes, debo hacer presente que, de acuerdo a nuestro Reglamento, está prohibido efectuar manifestaciones, sean estas a favor o en contra. Así que les rogaría que me ayudaran en eso.
Les agradezco su comprensión. No hay ninguna dificultad. Solamente les estoy recordando lo que establece nuestro Reglamento.
A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, nos encontramos frente a un proyecto tremendamente complejo, pues, en verdad, resolver la situación significa cambiar las reglas del juego y, por tanto, al final ir contra la fe pública.
El Estado les dijo a los estudiantes que ciertas instituciones estaban acreditadas para impartir determinadas carreras. Y ellos, siguiendo las reglas del juego y las señales entregadas por parte del Estado, se matricularon en esas instituciones, en carreras que en muchos casos estaban acreditadas, siguieron los estudios pertinentes y algunos incluso los terminaron y están ejerciendo la profesión. Pues bien, ahora nosotros les decimos que la norma no estaba bien, que la vamos a cambiar, y que, en consecuencia, las instituciones por las cuales ellos optaron ya no podrán seguir impartiendo las carreras que estudiaron.
El punto es que tenemos un problema mal resuelto dentro de las instituciones de educación superior, lo cual fue reconocido en la Comisión por los propios representantes del Ministerio de Educación.
Nosotros no hemos discutido el asunto de fondo: cuáles son las carreras que deben ser de exclusividad universitaria y cuáles pueden impartirse por institutos profesionales.
Esa discusión no la hemos realizado. Por lo tanto, cuando cada cierto tiempo se afirma que algunas carreras habrían de ser de exclusividad universitaria, lo vamos analizando "tipo salame" en el Congreso Nacional.
Nosotros escuchamos latamente a representantes de distintos sectores. Yo me reuní con dirigentes de colegios de diferentes carreras ligadas al área de la salud. Y, en verdad, sus argumentos en cuanto a por qué debieran ser de exclusividad universitaria me hicieron sentido.
Sin embargo, cuando se observan los datos en detalle uno comienza a dudar. ¿Por qué? Porque al estar vinculadas con la salud de las personas, se comprende que deban tener un estándar alto. Sin embargo, muchas universidades que las dictan carecen de él.
Una de las razones que esgrimen quienes creen que este proyecto es importante radica en que tales carreras han de estar ligadas a otras áreas de la salud. Pero sucede que muchas universidades que imparten Medicina no enseñan otras profesiones relacionadas con la salud. Y, por lo tanto, ese argumento se cae.
Además, numerosas universidades acreditadas dictan estas carreras, aunque también lo hacen otras no acreditadas, como asimismo diversos institutos profesionales acreditados en lo institucional y en lo referente a esas carreras.
Por consiguiente, si apoyamos la exclusividad universitaria y dejamos fuera a los institutos, muchos de los cuales están acreditados en los dos ámbitos a que me referí, nos va a pasar lo que señaló recién el Senador Allamand: habrá universidades no acreditadas, ni en lo institucional ni en lo que respecta a sus carreras, que seguirán dictándolas. Y vamos a tener institutos profesionales acreditados que no podrán continuar haciéndolo.
Entonces: ¿vamos a lograr mayor calidad? No necesariamente. En verdad, estaremos cambiando las reglas a la mitad del juego.
Para zanjar bien esta problemática, podríamos haber dicho: "Miren, los institutos profesionales acreditados tanto institucionalmente como en lo relativo a sus carreras ligadas al área de la salud podrán seguir dictándolas". Pero en la forma en que esto se resolvió en la Comisión Mixta, lo impediremos. Porque, finalmente, se aprobó que solo podrán seguir dictándolas por un año.
¿Qué significará para los egresados de estos planteles y para los alumnos que actualmente cursan estas carreras, quienes, de buena fe y siguiendo las reglas del Estado, se matricularon en ellas, que ahora se les diga: "Miren, esta institución solamente puede dictar la carrera por un año más"?
Obviamente, que su título ya no valdrá lo mismo.
¿Ello es culpa de los estudiantes? ¡No!
¿De quién lo es? ¡Del Estado, por cambiar las reglas a la mitad del juego!
¿Cómo debiéramos haber resuelto esto? Estableciendo que aquellos planteles que hoy dictan estas carreras, que se encuentran acreditados tanto institucionalmente como respecto a ellas, podrán seguir impartiéndolas por siempre. De otra manera, los estudiantes que le creyeron al Estado -se halla involucrada la fe pública- finalmente pagarán el cambio en las condiciones, pues su cartón, su título tendrá menor valor. Y la culpa será de quienes realicen ese cambio: nosotros.
En tal sentido, esta problemática se aborda tremendamente mal, porque habría sido mejor dejar que las instituciones acreditadas siguieran enseñando estas profesiones.
Pero lo resolvimos mal. Y provocaremos que los estudiantes que creyeron en la legislación vigente terminen recibiendo títulos de menor nivel. Eso me parece muy injusto. No es posible que ellos paguen por la modificación de las reglas del juego.
Señora Presidenta, en vez de ir carrera por carrera, debiéramos discutir el asunto de fondo: qué profesiones tendrían que enseñar las universidades y qué rol han de desempeñar los institutos profesionales dentro de la educación superior.
Pero no lo hacemos y vamos analizando esto caso a caso. Y ello generará que se cometan errores, ya que -repito- habrá universidades no acreditadas que seguirán impartiendo estas carreras ligadas a la salud. Y existirán institutos profesionales acreditados, con campos clínicos acreditados, con carreras acreditadas, que no podrán seguir haciéndolo.
¿Quién va a pagar esto? Los estudiantes.
¿A quién le creyeron estos? A la fe pública. Al Estado.
En consecuencia, tal como quedó la iniciativa, es injusta, no va en la dirección correcta, ni permitirá mejorar la calidad de las carreras de la salud.
Por eso, me abstengo.
El señor PÉREZ VARELA.- Solicito abrir la votación, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, procederemos de esa forma.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, como miembro de la Comisión de Educación, donde discutimos este proyecto con bastante detención, así como también después en la Comisión Mixta, quiero recordar que estamos frente a una iniciativa del Senador Alberto Espina y de la entonces Senadora Evelyn Matthei, que propicia el reconocimiento de la exclusividad universitaria de las carreras aquí mencionadas: Kinesiología; Fonoaudiología; Enfermería; Obstetricia y Puericultura; Nutrición y Dietética; Tecnología Médica, y Terapia Ocupacional.
Efectivamente, como ya se ha dicho, este tema es muy complejo y levanta preguntas que estuvieron presentes en nuestro debate.
Pero quiero ser bien franco: en quienes tuvimos muchas dudas acerca del fondo de esta iniciativa fue dándose un acuerdo -a lo mejor no unánime, pero casi- en cuanto a reconocer la exclusividad universitaria de estas carreras. La diferencia recayó, más bien, en torno a los artículos transitorios.
Algunos, como se mencionó acá, eran partidarios de mantener las carreras de estudios superiores no universitarias ya existentes. Y otros, de establecer un plazo mayor.
Al final, me quedé solo con mi propuesta de fijar un período de al menos tres años para adecuar las carreras al contenido de esta iniciativa. Por lo tanto, la discusión se centró más bien en los artículos transitorios.
El consenso que se fue generando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado respecto del fondo del tema apuntaba más bien a reconocer la exclusividad universitaria de estas carreras.
¿Qué ocurrió? Que en la Cámara Baja solo se aprobó tal carácter para las carreras de Enfermería y de Obstetricia y Puericultura, pues en lo concerniente a las otras cinco no se alcanzó el quórum orgánico constitucional requerido.
Por lo tanto, si hubiésemos aprobado lo que venía de la Cámara de Diputados, solo se habría reconocido la calidad universitaria de tales carreras.
El proyecto no va a afectar, de manera alguna, a los 5 mil 12 alumnos que hoy cursan Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y Dietética y Terapia Ocupacional. Seguirán sus estudios, concluirán su carrera, obtendrán su título. Incluso se otorga a los institutos profesionales que las imparten un plazo adicional de un año para adecuarse a los contenidos de esta iniciativa.
Señora Presidenta, hoy existen 39 mil 714 kinesiólogos, fonoaudiólogos, tecnólogos médicos, nutricionistas y terapeutas ocupacionales en nuestro país.
Y porque el tema es complejo, levanté algunas preguntas.
Primero, ¿asegura calidad que estas carreras sean impartidas en forma exclusiva a nivel universitario? Es dudoso. Más bien da estatus, pero no necesariamente calidad.
Segundo, ¿qué es mejor: una carrera impartida por una universidad no acreditada -hoy día muchas no lo están; por lo tanto, no es sinónimo de calidad el que sea ofrecida allí- o un instituto profesional sí acreditado? Uno tiende a pensar que es aconsejable lo último, que ha de preferirse un instituto profesional acreditado, en términos de calidad, por sobre una universidad no acreditada.
Por eso decía que aquí hay más bien un tema de estatus, que uno de calidad.
Tercero, ¿no es acaso la acreditación lo que marca la diferencia? Tiendo a pensar que sí. Lo que pasa es que el proyecto de ley relativo a la acreditación de la educación superior ni siquiera ha ingresado a trámite parlamentario. Está contemplado que llegue a fin de año, junto con los de financiamiento y fiscalización.
Cuarto, ¿qué evaluación objetiva tenemos: científica, con base empírica, con solvencia técnica, para optar por uno u otro camino? La verdad, señalémoslo claramente, no contamos con mucha investigación académica en cuanto a las ventajas de cada opción.
Quinto, ¿son equivalentes las profesiones y las licenciaturas? Por cierto que no. Hay profesiones que corresponden a educación superior técnica, no universitaria. De hecho, la tendencia actual en Europa es ir ampliando el ámbito de la educación superior técnica respecto de la universitaria. En Chile, desde hace dos años, ¡por suerte!, tenemos más matrículas en carreras no universitarias que en universitarias, y es una orientación interesante.
Sexto, no hay carreras de educación superior de primera, segunda o tercera categorías, haciendo el símil con universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
Entonces, ¿qué primó, al final, sobre el debate de fondo? Insisto: la discusión se centró más en los artículos transitorios que en la cuestión de fondo. Primó -y terminé siendo parte de dicha tendencia después de mucha reflexión- la noción de que dadas las especiales características de estas siete carreras del ámbito de la salud -más adelante vendrán peticiones de constructores, de geólogos, quienes también desean tener exclusividad universitaria-: Kinesiología; Fonoaudiología; Enfermería; Obstetricia y Puericultura; Nutrición y Dietética; Tecnología Médica, y Terapia Ocupacional, estas deberían tener como requisito la obtención de la licenciatura y no solo del título profesional. Ello, porque esto permite seguir posgrados o doctorados y solo es posible dentro del marco de una carrera universitaria.
En fin, se fueron sumando argumentos a la idea original del Senador Alberto Espina y de la entonces Senadora Evelyn Matthei en orden a proponer que las carreras de que se trata pudieran alcanzar nivel universitario.
Y esa razón primó sobre el fondo.
Insisto: quedé solo en la Comisión, defendiendo los tres años adicionales, para dar un plazo razonable a los institutos profesionales con el objeto de que pudieran adecuar las mallas curriculares de las carreras que ofrecen a los requisitos de la ley en proyecto.
Entiendo que el fondo fondo del asunto dice relación más con la iniciativa concerniente a la acreditación, que en su momento veremos como Parlamento, que con una iniciativa especial referida a la materia pertinente.
Sin embargo, repito: ninguno de los 5 mil 12 alumnos que cursan hoy día las cuatro carreras mencionadas en institutos profesionales tienen algo que temer, porque van a concluir sus carreras, van a recibir su título y este les será reconocido, como sucede actualmente. Al menos tomamos el resguardo de que así ocurriera. Y, finalmente, se dispuso el plazo de un año, que estimo demasiado breve, por lo que propuse uno de tres.
Ese fue, señora Presidenta, el contenido de la discusión acerca de un tema muy muy complejo. Respecto a este a muchos nos asisten demasiadas interrogantes, pero en lo relativo al asunto de fondo se terminó alcanzando un consenso y las diferencias se centraron en los artículos transitorios.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, con este proyecto nos adelantamos, y en vez de esperar la reforma educacional, avanzamos en una iniciativa para establecer carreras de exclusividad universitaria.
No obstante, en su oportunidad, puesta en discusión esta iniciativa, dije que no se podían separar las carreras de la salud, reconociéndoles exclusividad universitaria a unas y dejando sin ella a otras.
Finalmente, la Comisión Mixta resolvió un tema que venía mal planteado desde la Cámara de Diputados, que separaba las carreras vinculadas a la salud.
Con todo, queda una cuestión pendiente que no fue bien zanjada en la Comisión Mixta, sobre la cual no tenemos mucho espacio, porque se requeriría un veto para corregirla: varios miles de estudiantes se encuentran cursando carreras en institutos profesionales de mayor calificación, desde el punto de vista de la acreditación, que algunas universidades.
En consecuencia, aquí estamos aprobando una iniciativa donde les otorgamos la exclusividad a algunas universidades no acreditadas, con carreras no acreditadas, sin vinculación ni convenios con hospitales o centros de salud. Y, por otro lado, nos encontramos con institutos profesionales que sí poseen convenios con hospitales o con instituciones de salud; que sí se hallan vinculados al ámbito de la salud; que sí cuentan con acreditación, a los cuales les señalamos: "Mire, usted, en un año más, cierra".
Además, ¿qué hacemos con aquellos estudiantes a quienes les queda más de un año para concluir sus estudios?
Entonces, considero mal resuelto el asunto desde el punto de vista de la propuesta que formula la Comisión Mixta. Y, por ello, me voy a abstener.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en verdad, estamos ante un tema extraordinariamente complejo, donde se entrecruzan cuestiones distintas.
En lo específico, el proyecto se refiere a las carreras del área de la salud que hoy día se imparten en institutos profesionales.
Y, en lo fundamental, queremos saber cuál criterio desea mantener Chile respecto de la estructura de la educación superior: ¿qué queremos de las universidades?, ¿qué queremos de los institutos profesionales?, ¿qué queremos de los centros de formación técnica?
En esta iniciativa se busca conferir carácter universitario, y por lo tanto la exclusividad, a las carreras de Kinesiología; Fonoaudiología; Enfermería; Obstetricia y Puericultura; Nutrición y Dietética; Tecnología Médica, y Terapia Ocupacional.
Dichas especialidades se vienen ofreciendo desde hace mucho tiempo en institutos profesionales. Es probable que más de alguno no haya estado cumpliendo a cabalidad el nivel exigible para ellas: son carreras de la salud y, por lo tanto, requieren una alta calidad en la preparación de sus profesionales.
Pero las universidades también han estado impartiendo esas especialidades. De hecho, el sistema permite a aquellas ofrecer todas las carreras que quieran. El punto es que la exclusividad universitaria es para las que precisan un nivel de licenciatura.
Por lo mismo, los institutos profesionales tienen una capacidad restringida: solo pueden dar carreras que no requieren como exigencia el grado académico.
En definitiva, a las universidades hoy día no les está vedado impartir ninguna de las especialidades en comento.
La propuesta legislativa que nos ocupa busca diversificar el tipo de carreras para generar niveles distintos. Ello guarda relación no con la calidad de la formación, sino con las características de los conocimientos propios de esas disciplinas, que pueden o no necesitar el grado de licenciado para el desenvolvimiento profesional.
La experiencia demuestra que muchos de los IP que han estado ofreciendo las carreras de salud sí han estado preocupados de la calidad de lo que entregan. De ahí que el 45 por ciento de ellos tiene sus carreras acreditadas.
¿Qué pasa con los planteles del CRUCH en este mismo punto? Solo el 42 por ciento las ha acreditado. Y, en el caso de las universidades no CRUCH, el 36 por ciento.
Es decir, si terminamos con la posibilidad de que los institutos profesionales impartan las referidas especialidades, estaremos entregándoles el monopolio de ello a los centros universitarios, la mayoría de los cuales no se ha preocupado por la calidad de la educación.
No sé si esa es una buena decisión; más aún, respecto de todas las carreras señaladas. Porque no olvidemos que estamos poniéndolas a todas, por el hecho de ser de salud, en la misma condición.
Enseguida, el proyecto permite que los alumnos que ya están cursando tales carreras puedan terminarlas y obtener un título válido. Pero no autoriza a que las instituciones que las dan, que hoy están haciendo bien su trabajo y que cuentan con certificado de acreditación por la calidad de lo que brindan, continúen ofreciéndolas.
Me parece que tal medida, finalmente, es discriminatoria, porque los institutos profesionales han nacido al amparo de la Constitución y las leyes. Y, de un día para otro, les estamos quitando ese derecho sin una verdadera justificación.
Al poner todas las carreras de salud en un mismo paquete, me bajan las dudas respecto del sentido de la iniciativa. Dudo porque se está cometiendo una injusticia y porque la exclusividad universitaria no es garantía de una calidad superior en comparación a lo que hoy se está dando.
De hecho, impartir esas carreras en los institutos profesionales implica ciertos beneficios. Uno de ellos es el costo. Estas cuestan bastante más en las universidades. Por ejemplo, Fonoaudiología en los planteles del CRUCH registra un arancel promedio anual de 2 millones 717 mil pesos; en los no CRUCH, de 2 millones 833 mil, y en los IP, de un millón 920 mil. Y estas proporciones se mantienen, en general, en las demás carreras.
Por lo tanto, la última opción es, desde una perspectiva sociológica, para los sectores medios que recién están accediendo a la educación superior. Si tal alternativa presenta garantía de calidad, ¿por qué se la quitamos? ¿Por estatus?
Ante ello, tengo la impresión de que no estamos solucionando bien la situación con este proyecto.
Entiendo que algunas carreras, quizás por desarrollar un ámbito más cercano al funcionamiento de los equipos médicos, requieran una exigencia mayor. En tal caso, habría que definir cuáles sí y cuáles no. Pero, tratándose de un informe de Comisión Mixta, eso no es posible de hacer. Debemos resolver para todos con un mismo criterio, aunque, a lo mejor, no sea el parámetro más justo.
Por otra parte, se nos plantea el problema de decidir qué educación superior queremos para Chile: ¿una que esté concentrada únicamente en la universidad, como en la década del sesenta, cuando los planteles universitarios ofrecían todas las carreras habidas y por haber, u otra que implique estructuras diferentes según su naturaleza y permita abrir espacios para que otros centros de educación superior puedan desarrollar sus tareas?
La tendencia mundial apunta a la diversificación y no a la concentración, para evitar que se identifique educación superior con educación universitaria.
Lo que hemos venido haciendo crecientemente en esta materia, a través de una legislación miscelánea -"tipo salame", como alguien dijo-, es incorporar a la exclusividad universitaria carreras que estaban fuera de ella. Hoy se propone incluir a siete más.
Cabe preguntarse: ¿Qué queremos para los IP? ¿Qué destino les espera con el tiempo si les reducimos el espectro de carreras que pueden impartir?
No estamos quitándoles a las universidades el derecho a darlas. Ellas lo tienen, independientemente de lo que hagan los institutos profesionales. Lo que estamos diciéndoles a los IP con esta iniciativa es: "Ustedes ya no podrán ofrecer más tales carreras".
Y aclaro que tal prohibición no se plantea porque los institutos estén obrando mal. Muchos entregan mejor formación que algunas universidades respecto de las mismas carreras y, además, a un costo más económico.
Entonces, ¿cuál es el sentido de esta política pública? ¿Obedece a que los IP y los CFT tienen fines de lucro? Si es eso, entonces revisemos tales temas, pero no confundamos lo que queremos hacer.
A mi modo de ver, aquí se proponen transformaciones a la educación superior chilena, a propósito de casos puntuales. Sumando unos y otros, vamos a terminar cambiando la estructura, y no sé si la medida que estamos aprobando es la que más le conviene al país.
Yo entiendo los intereses de los afectados. Es muy legítimo aspirar a que la carrera que uno estudia sea de carácter universitario. Pero se debe tener presente que las que se están impartiendo en los IP son de buena calidad. Con todo, ahora les estamos señalando a los alumnos que van a seguir estudiando en los institutos que su título, en lo sucesivo, no se seguirá dando, por cuanto ello quedará reservado solamente para las universidades.
Me parece que estamos introduciendo variables equivocadas para enfrentar un problema de otro carácter. Y, ante ello, el informe de la Comisión Mixta no nos ayuda a resolver bien la situación.
Por tal motivo, no puedo aprobar lo que se nos propone. Me abstengo.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero saludar a los alumnos de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Central, de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Diego Portales.
También saludo al Colegio de Enfermeras de Chile, a través de su Presidenta Nacional, Paola Pontoni.
¡Sean todos bienvenidos!
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, doy a conocer mi aprobación a la propuesta de la Comisión Mixta conformada para resolver las diferencias surgidas entre ambas Cámaras en la tramitación del proyecto de ley que otorga la calidad de profesión universitaria a todas las carreras del área de la salud.
Con esto reconocemos el carácter interdisciplinario del trabajo de esos profesionales, que exige la cada vez más compleja resolución de los problemas de salud de la población.
Resta enfrentar la discusión de fondo, acerca de la calidad de la educación que reciben los estudiantes en las universidades que imparten tales carreras. Pero ello será materia de las iniciativas respectivas que, en el marco de la reforma educacional en marcha, tendrá que abordar este Congreso Nacional en los meses siguientes.
También me parece razonable otorgar un año a los institutos profesionales para continuar admitiendo nuevos estudiantes en estas carreras. La idea de permitir que mantengan indefinidamente esta facultad dejaría este reconocimiento solo como un acto simbólico. La verdad es que estos profesionales requieren una formación de licenciatura, la que otorga únicamente la universidad.
Distinto es el caso de los profesionales que ya están titulados en los IP, para los cuales el proyecto resguarda debidamente sus derechos y las posibilidades de acceder a la licenciatura.
Se ha señalado aquí que estaríamos cambiando las reglas del juego. Por cierto, si modificamos una ley, estamos cambiando las reglas; pero lo estamos haciendo hacia el futuro y sin afectar los derechos de las personas. Quienes estén ya titulados en institutos profesionales pueden seguir ejerciendo, y los estudiantes actuales y los que ingresen el próximo año a estos planteles podrán titularse con las mismas condiciones con las que entraron. Las reglas cambian para adelante. Quienes estén interesados en estudiar estas disciplinas deberán cursar una licenciatura en alguna universidad.
Como señalé con ocasión del rechazo de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, el reconocimiento del carácter universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional viene a saldar una deuda histórica con varias promociones de esos profesionales, que se vieron afectadas por la Ley General de Educación dictada en los años 80 por la Junta de Gobierno.
De esta manera, paso a paso, ahora con este proyecto y luego con la reforma educacional, estamos restituyendo la dignidad de la educación, despojándola de la mercantilización en que se sumió en los últimos años y que tanto daño les ha causado a generaciones de chilenos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Senado, deseo reiterar lo que señalé cuando se discutió este proyecto en el tercer trámite constitucional.
Entonces manifesté que, en mi calidad de miembro de la Comisión de Salud, comprendo en su exacta dimensión que la atención de los pacientes requiere equipos multidisciplinarios y, por lo mismo, una preparación profesional de alto nivel que permita el dominio amplio de las ciencias de la salud.
Por tal motivo, es indispensable que a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional se les confiera el carácter de universitarias con exclusividad, pues ello garantiza una adecuada atención de salud a los usuarios y pacientes.
Como manifestara en dicha ocasión, los alumnos de carreras relativas a la atención de salud que se forman en universidades acreditadas cuentan con una malla curricular encaminada a una formación científica integral, lo que asegura una atención de salud óptima.
No debemos olvidar, por otra parte, que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, el derecho a la protección de la salud es una garantía fundamental de todos los habitantes de Chile. Y es deber del Estado proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Y el cumplimiento de este mandato constitucional requiere profesionales universitarios con una formación integral que garantice la protección de la salud a que todos los chilenos tienen derecho.
Así como estamos permanentemente requiriéndole al Ministerio de Salud contar con mayor número de médicos especialistas, también se precisa disponer en las carreras mencionadas de profesionales universitarios que complementen la labor indispensable de aquellos.
Todas las carreras de la salud tienen la misma importancia. Y no se puede discriminar entre unas y otras, ya que eso importa una arbitrariedad injustificable.
En ningún caso estamos en contra de la existencia de los institutos profesionales, que cumplen una importante labor en la formación de nuestra juventud. Pero -insisto- la atención optimizada de procedimientos de salud requiere profesionales universitarios y, por ello, es necesario aprobar este proyecto.
La Comisión Mixta le ha introducido importantes enmiendas, una de las cuales permite a los alumnos que se encuentran cursando este tipo de estudios en dichos institutos dar término normal a sus carreras.
Por las razones expuestas, señora Presidenta, presto mi aprobación a lo que se nos propone para que esta iniciativa se convierta en ley a la mayor brevedad.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, he escuchado el debate y atendido las diferentes posiciones que existen acerca de lo resuelto por la Comisión Mixta, la cual, a mi juicio, en todas las disposiciones que aprobó -salvo en una- respecto del otorgamiento de título universitario a ciertas carreras -las aquí mencionadas; no las voy a reiterar-, está haciendo un acto de justicia sobre algo muy lógico que debiéramos respaldar. Por algo el texto propuesto fue acogido por la unanimidad de dicho órgano.
Al mismo tiempo, pienso que el argumento dado acerca de los institutos profesionales acreditados que están otorgando títulos para las carreras aludidas tiene cierto peso, aunque a mí no me convence del todo. Si finalmente la universidad deberá impartirlas con exclusividad, bueno, que sea de ese modo. En el futuro así será.
El punto controversial aquí se relaciona con el espacio de tiempo que se propone para resolver el problema.
Al respecto, escuché al Senador Ignacio Walker, y creo que tiene razón. Es difícil concordar un plazo apropiado para solucionar la dicotomía que se produce entre la enseñanza que se da en los institutos profesionales acreditados y la que se imparte en universidades sin acreditación con relación al mismo tipo de carreras. Es una situación compleja que se debe a la realidad que vivimos. Porque no disponemos de una normativa que haga de la acreditación una lógica permanente para todas las universidades.
Se dice que se enviará al Parlamento una propuesta legislativa -y así lo creemos- orientada a establecer un verdadero sistema de acreditación. En su texto deberían incluirse las normas necesarias para que los planteles universitarios acrediten todas sus carreras y otras relativas al rol de los IP dentro de un estatuto sobre lo que debe ser la educación superior. Tal iniciativa llegará aquí, seguramente, en dos, tres o cuatro meses más. Es parte de la reforma educacional.
Entonces, considerando que va a venir ese proyecto, creo que es un error dar el plazo de un año a los institutos profesionales para incorporar nuevas promociones. A mi juicio, debió establecerse un período de tres años, porque así, cuando se analice la propuesta sobre acreditación, podremos discutir y resolver este asunto en mejor forma que como lo estamos haciendo ahora.
En todo caso, desde ya pienso que se soluciona en parte el problema porque se permite a quienes han estudiado en los institutos profesionales ejercer con los mismos derechos e, incluso, obtener una licenciatura en las universidades. Así lo consigna el artículo 3° de la iniciativa en estudio.
Por lo anterior, haré una propuesta respecto de la cual seguramente algunos dirán que se prolongará más la tramitación: en mi opinión, este proyecto debiera ser remitido de nuevo a la Comisión Mixta. Ello es factible, porque recién lo está viendo el Senado; todavía no ha sido votado por la Cámara de Diputados. En dicha instancia se puede buscar una solución más lógica al artículo respectivo: en vez de establecer un año, fijar tres. De esa forma, podremos resolver acá el problema.
Así, por un lado, se legisla sobre algo que es de justicia: que a todos los profesionales que han estudiado las carreras señaladas en las universidades se les reconoce el título pertinente. Por otro, se soluciona lo relativo al ejercicio profesional de la gente que ha egresado de institutos profesionales, a quienes se les va a permitir licenciarse en las universidades, de acuerdo con el artículo 3° del proyecto.
En consecuencia, ello no significa sacarle el cuerpo a la dificultad. Si se disponen tres años para el efecto referido, el Parlamento tendrá tiempo para analizar después el problema, al cual es preciso dar solución. Puede que se resuelva que solo las universidades otorguen esos títulos y que los institutos profesionales den otros diferentes en relación con ese tipo de carreras.
En todas partes del mundo existen carreras profesionales universitarias y carreras técnicas. En Alemania, la persona que accede a la educación técnica y logra su título tiene derecho a ir a la universidad a seguir sus estudios superiores.
Lo anterior es necesario, porque en Chile ha habido siempre un menosprecio por lo técnico -incluso desde el punto de vista social- en comparación con lo universitario. Según los expertos, en nuestro país existe una pirámide invertida: hay siete universitarios por cada tres técnicos, en circunstancias de que debiera haber siete técnicos por cada tres universitarios en las diversas disciplinas.
Entonces, señora Presidenta, reitero mi propuesta -y no es por rehuir el asunto-: ¿por qué no enviamos de vuelta el proyecto a la Comisión Mixta, y en una semana o en diez días más lo despachamos? Todo lo demás está resuelto. Solo resta mejorar lo atinente al artículo 2°: en vez de fijarse un año, debiera establecerse tres.
Y en caso de no haber acuerdo en esa instancia, por supuesto votaré a favor del informe de la Comisión Mixta, por cuanto no hay otra forma de que la iniciativa se convierta en ley. Si se rechazara dicho texto, quedarían sin solución tanto los que han estudiado en la universidad como quienes han cursado estas carreras en los institutos profesionales.
Por tales razones, pido derechamente que se recabe el consentimiento de la Sala para ver si es posible que el proyecto regrese a la Comisión Mixta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señoras Senadoras y señores Senadores, deseo aclararles que, de acuerdo con el Reglamento, no existe ninguna posibilidad de que el proyecto vuelva a Comisión Mixta.
Años atrás hubo un precedente, durante la Presidencia del Senador señor Girardi: se intentó aquello y la Cámara de Diputados contestó que no.
Además, no existe una disposición reglamentaria que nos faculte para que la iniciativa pueda ser reenviada a la Comisión Mixta.
Así que no queda otro camino que el de votar su informe. Y Sus Señorías pueden aprobarlo, rechazarlo o abstenerse.
Quiero dejar claro el punto, Senador señor Zaldívar, porque no tenemos otra opción. De tal manera que me atendré a lo que señala nuestro Reglamento.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, soy uno de los autores de la moción que dio origen al proyecto que ahora nos ocupa, la cual fue presentada en 2005 a raíz de la preocupación que nos expresaron médicos, obstetras, kinesiólogos y representantes de las distintas carreras a las que hoy se confiere exclusividad universitaria en el sentido de que habían surgido institutos profesionales que impartían carreras en el ámbito de la salud sin disponer de preparación adecuada para la formación de equipos médicos de alto nivel que se encargaran de una de las prioridades de nuestro país: la atención en salud.
Recuerdo que en aquella época no eran más de dos o tres institutos. Y una manera de ponerle cortapisa a aquello era que carreras tan importantes como Kinesiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, que hoy requieren alto nivel profesional y el grado de licenciatura, se enseñaran en instituciones que garantizaran que sus egresados pudieran formar parte de equipos de trabajo a cargo de médicos.
Durante la tramitación en el Senado se acordó que hacia el futuro dichas carreras se impartieran en universidades, al objeto de obtener el grado de licenciado (son las únicas que lo otorgan), y que los institutos que en la actualidad las enseñan pudieran continuar haciéndolo.
Con posteridad, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones al texto despachado por nuestra Corporación y solo aprobó la exclusividad universitaria para dos carreras: la de Enfermería y la de Obstetricia y Puericultura. El resto de las carreras propuestas originalmente quedaron marginadas.
Luego estableció una norma que impedía impartir las referidas carreras en los institutos que las enseñan actualmente.
Y se llegó a la Comisión Mixta, la cual -lo digo sinceramente- realizó un mal debate, por la forma como se plantearon las materias y porque no hubo la debida reflexión para resolver el problema de los estudiantes de institutos profesionales acreditados.
Señora Presidenta, cuando este tipo de proyectos se vota a una velocidad que no corresponde pueden generarse todas las inquietudes expresadas acá por Sus Señorías.
Hace algunos días hablaron conmigo estudiantes de un instituto profesional. Y uno me dijo: "Senador Espina, le quiero contar lo siguiente. Yo estudio en un instituto profesional con acreditación de más de cuatro años; creo que mi preparación académica es la adecuada, y deseo señalarle, además, que nos están dando un plazo breve para que nuestras carreras se terminen". Ello, aun cuando -como señaló el Senador Ignacio Walker- se mantendrán los mismos derechos y prerrogativas de quienes cursan sus estudios en universidades.
Entonces, lo relativo a los institutos profesionales fue mal resuelto en su momento. Porque, frente a la legítima inquietud del referido estudiante -ese joven no entiende por qué el instituto profesional donde estudia, que se halla acreditado, queda inhibido de seguir enseñando ese tipo de carreras y, en cambio, una universidad no acreditada (esto es, un establecimiento que no ha cumplido los estándares exigidos para impartirlas) sí lo puede hacer-, debo decir con toda franqueza -reitero que soy uno de los autores de la moción- que el objetivo de la ley en proyecto es el de que estas carreras deben enseñarse hacia el futuro con el grado de licenciado, el cual solo es otorgado por las universidades.
El punto estriba en que la solución quedó a mitad de camino. Se presentaron varias indicaciones, y la Comisión Mixta -lo digo con el mayor respeto, por cuanto asistí a ella- no fue capaz de generar un consenso para resolver el problema.
Se plantearon dos teorías.
Una la sostuvo el Senador Ignacio Walker, quien dijo: "Yo soy partidario de que el plazo para que los institutos profesionales dejen de enseñar estas carreras (en el entendido de que todos sus alumnos podrán concluirlas) sea de tres años y de que se discuta esta materia cuando se envíe el proyecto sobre acreditación". Algo parecido señaló el colega Zaldívar.
La otra la lideraron el Senador Allamand y la Senadora Von Baer, quienes expresaron: "Si hay un instituto profesional acreditado, permítanle seguir enseñando esas carreras".
Yo quiero decirles con todo respeto y afecto a Sus Señorías, a quienes conozco, que el debate registrado al interior de la Comisión Mixta no miró el fondo de la materia en este punto.
No estoy cuestionando el funcionamiento de dicho órgano, sino señalando que tal inquietud quedó pendiente, pues solo se determinó que los institutos profesionales tendrán el plazo de un año.
Por lo tanto, como manifestó la señora Presidenta, las opciones ahora son aprobar el informe, rechazarlo o abstenerse.
Obviamente, me pronunciaré afirmativamente, porque tengo la convicción de que las carreras del área de la salud deben otorgar también el grado de licenciado. Pero advierto que se adoptó una mala solución respecto de los institutos profesionales acreditados.
Soy consciente de ello. El proyecto no quedó como lo aprobó el Senado originalmente. Y creo que ese punto puede perfeccionarse en lo que resta de la tramitación, conforme a lo que decida la Presidenta de la República
Pero, objetivamente, lo relativo a la transitoriedad no se está resolviendo bien.
Una cosa es que esas carreras -soy partidario de ello- no solo otorguen el título profesional sino también el grado de licenciado y se impartan exclusivamente por universidades, lo cual significa profesionales preparados de manera adecuada para conformar equipos médicos que atiendan la salud de la ciudadanía -tengo la más profunda e íntima convicción al respecto, formada después de conversar con muchos médicos de terreno que trabajan con equipos y solicitan profesionales de excelencia-, y otra, que la solución propuesta acerca del período transitorio otorgado a los institutos profesionales no resuelve la situación de manera adecuada.
Señora Presidenta, planteo este asunto porque -reitero- soy uno de los autores de la moción que dio origen a este proyecto.
Yo voy a votar a favor del informe, pues creo en lo que se establece. Pero pienso que Su Señoría puede explorar con la Presidenta de la República una fórmula que dé una solución a los jóvenes que estudian carreras del ámbito de la salud en un instituto profesional acreditado por el Estado, es decir, en un establecimiento que reúne las condiciones exigidas para impartirlas.
Ahora, si me dicen que el sistema de acreditación es malo, está bien. ¡Pero qué culpa tiene el alumno que cursa su carrera en una de esas instituciones!
No resulta justo, entonces, lo que se plantea. No se logró resolver adecuadamente ese problema, que nada tiene que ver con el hecho de que las referidas carreras sean exclusivamente universitarias.
Señora Presidenta, me impactó que los jóvenes a que me referí me dijeran: "No le estamos pidiendo nada más que nos indique qué hacemos. Estudiamos nuestras carreras en un instituto que tiene acreditación ya por cuatro años, y ustedes les están dando la exclusividad a universidades que carecen de acreditación. ¡Díganos cuál vale más!".
No encuentro justo, pues, el período de transición para los institutos profesionales que imparten tales carreras.
Recuerdo que el Senador Quintana también planteó inquietudes. Y hubo dos dudas con respecto a qué hacer.
Entonces, sinceramente, considero -se lo digo a los miembros de la Comisión de Educación, porque luego verán proyectos superimportantes- que estas materias hay que analizarlas con mayor detenimiento.
Hoy en la Comisión de Constitución tratamos un proyecto que no era de nuestra competencia, por cuanto modificaba la Ley de Control de Armas. Y lo remitimos a la Comisión de Defensa.
Señora Presidenta, tenemos deberes y responsabilidades. No reprocho a nadie. Solo pido que no lleguemos a la Sala con iniciativas cuyo debate no se haya agotado.
Por todo lo expuesto, y con total trasparencia sobre lo que pienso en esta materia, voto a favor el informe de la Comisión Mixta.
No obstante, creo que aún existe la posibilidad de corregir la injusticia cometida contra los institutos profesionales acreditados por el Estado, a los cuales se les señala que en un año más no podrán ingresar nuevos alumnos a carreras del ámbito de la salud, en circunstancias de que a las universidades no acreditadas les será factible seguir haciéndolo.
La finalidad de esta iniciativa es que todas las carreras sean universitarias, pero de buena calidad. Porque la idea es mejorar la calidad de los equipos médicos.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
El señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, en efecto, el proyecto que nos ocupa es extremadamente complejo. Porque estamos hablando de la constitución de equipos médicos.
Algunas de las carreras a las cuales nos referimos tienen directa relación con la salud de las personas, y en algunos casos, inclusive con la salud de niños y de recién nacidos.
Por ejemplo, las carreras de Enfermería, Kinesiología, Obstetricia y Puericultura requieren interacción con equipos médicos. En muchos casos, carreras que uno podría considerar más técnicas, como la de Kinesiología, necesitan entregar conocimientos en el ámbito del diagnóstico, de la anatomía, de la psicopatología, de la fisiología, en fin, de un montón de ciencias que se desarrollan de bastante mejor manera interactuando con otras del área de la salud.
Uno tiende a pensar que el desarrollo de esas carreras se da en mayor medida en instituciones donde se realiza investigación, para crecer en conocimiento en el área en que los futuros profesionales habrán de desempeñarse.
Sin embargo, todo ese razonamiento se cae al suelo cuando analizamos la realidad que vivimos en nuestro país; al ver que dictan ese tipo de carreras universidades que no están acreditadas, que carecen de campos clínicos acreditados, que no interactúan con otras disciplinas del área de la salud, como la Medicina, lo que, por tanto, les impide a los alumnos compartir la clínica con los médicos para establecer un criterio que les permita en la práctica resolver de mejor manera la situación de los pacientes.
También se desdibuja dicho razonamiento cuando vemos institutos profesionales que, aunque no otorgan la licenciatura, sí están acreditados; sí tienen campos clínicos; sí interactúan, por distintos medios, con carreras del ámbito de la salud.
Entonces, uno se inclina a pensar que la ley en proyecto no soluciona el problema de fondo.
¿Qué buscan los equipos de salud? Que los profesionales que los integran sean de calidad, tengan buena formación académica y clínica, sepan diferenciar diagnósticos; que las personas que los conforman, aparte del médico que los encabeza, deriven al paciente en forma oportuna, tengan claro cuándo se complica y sepan en qué momento debe ser examinado nuevamente por el especialista.
Sin embargo, ello no se asegura con universidades que dicten aquellas carreras sin estar acreditadas.
Por lo tanto, la cuestión de fondo que debiera preocuparnos se relaciona, más que con quién imparte la carrera, con la calidad del establecimiento. Y en el proyecto que nos ocupa eso no se resguarda.
Acá mis colegas Senadores plantean algo bastante cierto: el trámite legislativo no está agotado, pues aún queda la posibilidad de que la Presidenta de la República envíe un veto (aditivo, sustitutivo, en fin) para mejorar esta iniciativa, en la idea de que se consiga lo que finalmente quiere el paciente cuando llega a una institución de salud: que quienes lo atiendan, más allá de si egresaron de un instituto o de una universidad, exhiban una formación que le asegure un buen diagnóstico y, por lo tanto, un adecuado tratamiento.
Esta iniciativa -reitero- no asegura aquello. De modo que no puedo votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
En consecuencia, me abstengo.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, no fue fácil el debate al interior de la Comisión de Educación.
Para ser riguroso, debo señalar que la esencia de este proyecto, que -según se indicó- fue presentado por los Senadores Espina y Matthei, dice relación con la exclusividad universitaria de determinadas carreras del ámbito de la salud.
Tuvimos bastantes dudas. Cuestiones que a primera vista parecen interesantes y positivas, sin embargo, generan dudas cuando se analizan en profundidad.
A mí se me presentaron algunas. Lo digo claramente.
Por supuesto, existe un aspecto que se ha destacado mucho y que se puso de manifiesto durante la discusión de esta iniciativa: la transitoriedad.
Pero quiero resaltar que lo esencial que motivó a los autores de la ley en proyecto, que tiene que ver con la exclusividad universitaria para siete carreras (Tecnología Médica, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Kinesiología, Terapia Ocupacional, Nutrición y Dietética y Fonoaudiología), no fue objeto de discusión en la Comisión Mixta.
En dicho órgano se debatió fundamentalmente lo relativo a la transitoriedad de los institutos profesionales que imparten esas carreras. Es decir, qué pasaba con los 5 mil y tantos alumnos que hoy estudian en ellos: si se adoptaba el criterio del Senado, que establecía que podrían continuar otorgando el título profesional en forma indefinida, o se optaba por lo propuesto en la Cámara de Diputados, que fijó el plazo de un año.
Ese último criterio fue el que primó.
Pero no podemos dramatizar al respecto. Son las reglas del juego. Y no siento que se vulneren derechos del estudiante.
Sí, hay un debate más de fondo, que tiene que ver con el momento en que se hace aquello.
Porque hoy todos hablamos de la acreditación y todos la valoramos. ¡Es la niña bonita!
Sin embargo, entre 2006 y 2007, cuando se discutió esta materia, importantes sectores, que inclusive promovieron ese debate, no estaban por la acreditación obligatoria.
Ahora todo el mundo habla de ella. Pero recordemos que lo que quedó finalmente fue la acreditación obligatoria para las carreras de Medicina y de Pedagogía.
No obstante, las cosas evolucionan. Los debates se dan. Y, por alguna razón, nuestro país está hablando hoy de reforma educacional. Porque nuestro sistema de educación superior está en crisis -qué duda cabe-, y también la educación escolar, básica y media.
Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando, debo señalar que se les generará un daño a los institutos profesionales como institución.
Esa materia fue parte de la discusión durante el segundo trámite constitucional, acá, en el Senado. Porque si uno suma la decisión de exclusividad universitaria para esas carreras a una resolución de la Contraloría en el sentido de que los institutos no podrán seguir impartiéndolas, estaremos arrinconando a estos últimos.
No todos en Chile pueden estudiar en las universidades. Porque nuestro país también requiere técnicos; no necesita solo licenciados.
Por eso este Gobierno ha destacado -está presente el Ministro de Hacienda- la importancia de los centros de formación técnica.
¡Ojalá en todo nuestro territorio existiera ese tipo de establecimientos!
La Sociedad de Fomento Fabril ha dicho que se precisan 600 mil técnicos, ¿Dónde se están formando?
Entonces, creo que este debate tiene mucho que ver con la oferta académica.
Insisto: lo relativo al momento en que se plantea este proyecto no es menor. Su discusión tomó varios años.
Sin embargo, yo soy de los que creen que este debate debió darse al momento de contar con un sistema de acreditación a toda prueba, para determinar las carreras con exclusividad universitaria que requieren licenciatura, por distintas razones.
Por cierto, voy a aprobar el informe de la Comisión Mixta.
Ahora, ¿qué aspectos nos hicieron sentido en esta iniciativa?
En primer lugar, la Ministra de Salud, doctora Helia Molina; los autores de la moción; los parlamentarios que participaron en la discusión, y los gremios que nos acompañaron demostraron que las siete carreras en comento tienen dos años de ciencias básicas.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la formación, de la malla curricular, existe un mínimo de exigencias en materia de salud, lo cual, según sabemos, tiene consecuencias sobre la vida de las personas.
En segundo término, hizo sentido el hecho de que prácticamente en todas esas carreras hay muchos jóvenes -se nos mostraron las estadísticas- que prosiguen su formación académica. O sea, el requisito de la formación continua supone, esencialmente, la licenciatura.
Existen bastantes magísteres en Tecnología Médica, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Kinesiología, Terapia Ocupacional, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología.
Muchos jóvenes inclusive van más allá como posgraduados.
En Tecnología Médica, además, hay cuatro o cinco especialidades.
Entonces, el sentido de red, de equipo de salud también fue un argumento muy valioso para formarnos la convicción de que era importante avanzar en esta materia.
Pero ello no es inocuo, neutro: trae consecuencias. Las decisiones en educación tienen efectos.
Nosotros debemos ver cómo reparamos la situación de los institutos profesionales.
Acá se establece que los institutos profesionales que imparten esas carreras -son tres o cuatro, con cerca de 5 mil estudiantes- podrán por un año más, a partir de la fecha de la publicación de la ley en proyecto, incorporar nuevas promociones. De modo que si ello ocurre en agosto, por ejemplo, se les permitirá hacerlo hasta el segundo semestre del próximo año.
Por consiguiente, los derechos de los estudiantes, tanto de los que hoy cursan esas carreras cuanto de quienes se matriculen, que probablemente no van a ser muchos -también hay que señalarlo-, un año después estarán garantizados para que se termine la carrera al cabo de un lustro.
Empero, siento que el debate vinculado con la oferta académica debió hacerse con una perspectiva más amplia, con la acreditación concluida.
Es decir, debemos preguntarnos si necesitamos los cinco mil abogados que juran año a año en nuestro país; o si los 150 mil profesores que se están formando en las universidades es lo que Chile requiere.
Lo que ahora estamos corrigiendo emana del hecho de que le hemos dejado todo al mercado. Y no podemos dejarle todo al mercado en esta materia si vamos a asumir que la educación no es un bien de consumo sino un derecho universal que consagraremos y protegeremos en sus distintas etapas, especialmente en la terciaria.
Finalmente, esto evidencia que hay una reforma indispensable, urgente; que no se trata solo de sumar plata y becas -Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca Bicentenario- al sistema.
A mi entender, el sistema educacional, como se halla hoy, no resiste más parches: precisa un cambio estructural.
Eso es lo que busca la reforma, que seguramente tendrá su expresión durante el segundo semestre en lo que va a ser la educación superior.
Con todo, creo, especialmente por las razones que han dado el mundo de la salud, los representantes de las carreras en comento, los estudiantes que concurrieron a nuestra Comisión, que es necesario otorgar la exclusividad universitaria.
Por lo tanto, voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, pienso que en Chile estamos viviendo una crisis muy profunda porque, producto de un proceso de total pérdida de sentido respecto a lo que significan los bienes públicos y a lo que implica la salud como derecho, hemos devenido en una verdadera mercantilización de (valga la redundancia) la salud.
Lamentablemente, nuestra educación superior no siempre tiene como misión formar profesionales de la salud de calidad: más bien, su objetivo dice relación con el negocio tanto de institutos cuanto de universidades.
Aquello ha llevado a perder un valor central de dicho sector, que tiene historia.
Chile cuenta con uno de los servicios nacionales de salud tal vez más relevantes del planeta.
A veces miramos con ojos críticos el sistema nacional de salud (su historia es maravillosa; y el Presidente Salvador Allende fue uno de los pioneros de su fundación, en 1952, después de haber sido Ministro de Salud), que es quizá uno de los más eficaces del mundo. Y resulta contradictorio que lo estemos dejando morir.
No hay en el orbe ningún sistema nacional de salud como el nuestro, que, con un presupuesto miserable, vergonzoso, de 400 dólares per cápita al año, tiene los mismos indicadores -¡es paradójico!- que Estados Unidos, que gasta 9 mil.
Uno se pregunta, en consecuencia, por qué Chile, con un per cápita de 400 dólares anuales, exhibe indicadores de salud iguales que los de Estados Unidos, que gasta 9 mil; por qué Inglaterra, país que tiene el mejor sistema de salud del planeta, para conseguir los mismos resultados que Chile en atención profesional del parto, mortalidad infantil, expectativas de vida, etcétera, gasta 6 mil 500 dólares por persona al año.
Aquí, a ciertos Senadores les gusta hacer la vista gorda, esconder la cabeza, quedar bien con todo el mundo. Y algunos se van a abstener. Pero yo pienso que la abstención es un acto irresponsable y vergonzoso, porque no mira los intereses de nuestro país.
Yo también sé que muchas universidades no acreditadas que imparten carreras de la salud no cumplen los estándares mínimos, no cuentan con campus clínicos o los tienen pero ellos no debieran existir precisamente por la falta de acreditación (por cierto, ese es otro problema).
No obstante, colaborar para "favelizar" la formación en el ámbito de la salud es un error, una omisión y una negligencia de quienes toman decisiones.
¿Por qué? Lo explicaré.
Los resultados que exhibe nuestro país en la materia no se deben al presupuesto de Salud, que es miserable; no se deben a la hotelería, que es deplorable; no se deben a la tecnología, al equipamiento con grandes aparatos (escáneres, en fin): se deben a que Chile, gracias a una política formativa sostenida y sistemática y a un equipo potente y con un estándar de exigencia relevante, cuenta con profesionales de gran calidad, cuyo nivel tal vez no se iguala en ninguna nación de Latinoamérica (y los buenos profesionales de América Latina se han formado precisamente en nuestros centros de salud).
¿Por qué es grave la situación planteada? Porque nuestros kinesiólogos, tecnólogos, nutricionistas, etcétera, van a tener un rol central en la medicina del futuro, pues en las enfermedades no transmisibles -por ejemplo, la obesidad (ella será manejada íntegramente por kinesiólogos, por nutricionistas), los infartos, los accidentes vasculares, el cáncer, en fin- el médico ya no va a interactuar directamente.
Cuando una persona llega con un infarto al médico, es tarde: faltó la prevención. Y en la prevención tienen un rol fundamental otros equipos, conformados por diversos profesionales: nutricionistas, en fin.
Además, en el futuro habrá telemedicina: los médicos, sentados en una oficina, van a operar a distancia mediante robots; y los intermediarios serán justamente los tecnólogos médicos y otros profesionales.
Quiero recordar que, además, nosotros autorizamos a los tecnólogos médicos del área de la oftalmología para hacer diagnósticos y determinar tratamientos preventivos (por ejemplo, receta de gotas o de ungüentos para ciertas afecciones), e incluso, para emitir recetas de lentes en el caso de vicios de refracción.
Por lo tanto, debemos aprobar este proyecto. No resuelve todos los problemas. Empero, no podemos disminuir el estándar de las carreras en comento al determinar que no sean impartidas por instituciones que den garantía...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto para redondear la idea.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, considero fundamental establecer que esas carreras se impartan en universidades.
Pero, en mi concepto, hay que dar otros pasos.
Debemos terminar con la posibilidad de que universidades no acreditadas y que no cuentan con todos los elementos formen profesionales en general, pero particularmente de la salud.
Ahora, estoy de acuerdo en que es necesario hacer una transición para los estudiantes formados en institutos profesionales. Sin embargo, ese no puede ser el problema de nuestro país.
Hay que tener una mirada larga. Y Chile no debe rebajar los estándares, sino todo lo contrario. En la salud venidera, que tendrá complejidades (se acerca la biomedicina, medicina que estará manejada por sistemas genéticos), establecer mejoramientos, robustecer los estándares y garantizar profesionales de calidad será fundamental para que Chile, a pesar de sus pocas disponibilidades, siga manteniendo un sitial de resultados totalmente disociado de la cantidad de recursos que se invierten.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, he escuchado en esta Sala varias intervenciones, y lo primero que quiero señalar es que el Congreso Nacional no debería estar discutiendo un proyecto de ley para determinar qué disciplinas del conocimiento humano deben ser impartidas por un tipo de institución versus otro.
No debería ser el Parlamento el que definiera si la Antropología (una ciencia), o la Biología (una ciencia), o la Kinesiología (una ciencia) tienen que ser impartidas por una clase de institución u otra.
Creo que es más bien el área propia del Ministerio de Educación, en el marco de una ley general sobre carreras y desarrollo del conocimiento, la que debe describir los títulos, los grados académicos y el proceso de formación continua. Y uno tiene que poder precisar qué diferencia un tipo de formación de otro.
A mí no me acomoda el argumento de que porque se trata de carreras vinculadas a la salud son universitarias, pues, contrario sensu, las que no pertenecen a dicha área parecieran tener menos importancia. Y yo no entiendo el saber ni el conocimiento solo a partir de su ámbito de aplicación o de ejercicio. Me parece que es una visión parcial.
Si fuera esa la visión dominante, uno podría preguntar por qué el Derecho es una disciplina universitaria y por qué otras ciencias no.
Yo entiendo que ciertos elementos deben ser los determinantes. Y, sin duda, tienen que ver con que se trate de carreras que suponen una formación disciplinar, la que se relaciona no solo con la transmisión de conocimientos para hacer cosas, sino también con la enseñanza de la metodología, del pensamiento crítico, de la ciencia, en el sentido de recabar información y aplicarla en un contexto.
La formación en carreras técnicas de nivel superior no siempre se refiere a la formación disciplinar. Puede implicar la enseñanza de oficios (por ejemplo, aprender a soldar, aprender mecánica), pero no necesariamente el estudio de metodología, el desarrollo de los métodos científicos, los cuales dicen relación con la formación universitaria, que es más integral.
En el mundo de hoy el título universitario tampoco garantiza tener todo el conocimiento. En el mundo actual se requiere un proceso más continuo de aprendizaje, de adquisición de conocimientos. De ahí la importancia de que un grado académico permita seguir estudios de posgrado (de magíster, de doctorado), lo que antes no era habitual.
Lo que ocurre con los establecimientos que imparten las carreras, sean técnicas de nivel superior o universitarias, es que los hay de muy buena calidad y de mala calidad, tanto en el ámbito público cuanto en el privado.
No reconocer aquello equivale a tratar de tapar el sol con un dedo.
Se requiere el proceso de acreditación. Hay al respecto un consenso que antes no existía; se ha avanzado en el debate. Estoy contento de que ciertos colegas de las bancas de enfrente entienden la importancia de la acreditación obligatoria de instituciones y de carreras. Y quizás en lo futuro vayamos a que las personas rindan exámenes que las acrediten para ejercer.
Yo voy a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta, señora Presidenta, pero con la conciencia de que no debe ser el Congreso Nacional quien entre en esta discusión. Ello debe estar más estandarizado, para que sean universitarias todas las carreras disciplinares y no solo las que estamos analizando hoy.
Constituye una vergüenza que en nuestro país la Sociología haya dejado de ser carrera universitaria por razones políticas aducidas en determinado momento. Y que la Antropología también, por motivos políticos...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto para redondear la idea.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, creo que ahora estamos avanzando en la definición de parámetros, que en mi concepto es lo relevante.
Y en cuanto a quienes hoy siguen las mencionadas carreras en institutos, dado que hubo un problema procedimental -entiendo que el Senador Allamand tuvo dudas de procedimiento al principio-, como ya entramos a la votación y por tanto no es posible perfeccionar el texto, al menos dejo consignado que sobre la materia no hemos de cerrarnos a la posibilidad de un veto aditivo para garantizar los derechos de esos alumnos, quienes no deben ver menoscabados sus esfuerzos por el simple hecho de haber comenzado a estudiar antes.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, aquí se ha dado un montón de argumentos, para un lado y para otro.
Ahora, una de los problemas que vamos a tener que abordar es el de la calidad de la educación. Y espero que la reforma pertinente busque la solución.
Es impresentable que en un país que dice ser moderno existan instituciones que imparten educación sin estar acreditadas.
Más que llorar sobre la leche derramada, pienso que hay que trabajar para lo futuro.
Creo en el planteamiento de que el área médica funciona en equipo. Y lógicamente, si todo ocurriera como en las naciones desarrolladas, debería haber un equipo médico universitario.
Pero, como técnico, me preocupa el problema -y espero que, vía veto, el Ejecutivo lo solucione- que los profesionales formados en institutos van a enfrentar dentro de 10 a 15 años, cuando existan pares recibidos en universidades: van a ser absolutamente discriminados, sea en sus sueldos, sea en sus trabajos.
A mi entender, el veto deberá posibilitar que los egresados de institutos accedan al grado universitario.
La ley en proyecto tendrá sentido siempre y cuando busque esa igualdad, aquella nivelación, para permitir que quienes se esforzaron y egresaron de institutos -algunos de estos establecimientos son muy buenos, y a veces, mejores que ciertas universidades- accedan luego de su titulación, por ejemplo tras estudiar un par de semestres, al grado universitario correspondiente.
En todo caso, la cuestión de fondo estará en buscar en la reforma pertinente la solución del problema de la calidad de la educación. Ello, al objeto de que no sigamos vendiendo una realidad que no existe. Porque tenemos gran cantidad de universidades e institutos muy chantas. Y eso es una vergüenza, porque implica engañar a las personas.
Voy a votar que sí, señora Presidenta, pero espero que el Ejecutivo arregle el problema consistente en la discriminación que podrían sufrir los técnicos, quienes deben tener una opción rápida para estudiar, nivelarse y lograr el grado correspondiente.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, confieso que las intervenciones de algunos colegas me han provocado cierto desconcierto.
La norma central del informe de la Comisión Mixta, que incorpora uno a uno, entre los títulos que requieren haber obtenido el grado de licenciado, los de Kinesiólogo, Fonoaudiólogo, Enfermera, Matrón (Licenciado en Obstetricia y Puericultura), Nutricionista (Licenciado en Nutrición y Dietética), Tecnólogo Médico y Terapeuta Ocupacional, viene aprobado por unanimidad: 10 votos a 0.
El artículo 2°, donde se dispone que los institutos profesionales que imparten dichas carreras no podrán, a contar de un año de la fecha de la publicación de la ley en proyecto, incorporar nuevas promociones, viene aprobado por 6 votos contra 4.
El artículo 3°, que impone a las universidades que impartan las carreras señaladas la obligación de ofrecer estudios que permitan acceder al grado de licenciado, también se aprobó por 10 votos.
Y el artículo transitorio, que dispone que los alumnos que "se encuentren cursando sus estudios en dichos institutos, después de egresar y titularse en ellos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado", viene aprobado asimismo por 10 votos.
Señora Presidenta, como estamos ante un informe de Comisión Mixta, tenemos que votar "Sí" o "No".
Pues bien, me asiste la convicción de que las referidas carreras deben tener la calidad de universitarias precisamente por la interacción que ha de haber en el equipo médico.
Ahora, si está mal resuelto lo de los institutos profesionales, existe todavía la posibilidad de que ello se corrija; por ejemplo, a través de un veto presidencial.
Sin embargo, me parece que está bien resuelta la cuestión de fondo, en el sentido de que para el ejercicio profesional correspondiente las mencionadas carreras deben otorgar el grado de licenciado. Así, por lo demás, queda en evidencia tras el resultado registrado en la Comisión Mixta, donde la norma pertinente se aprobó por 10 votos contra 0.
Por lo tanto, voto favorablemente.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, tuve la oportunidad de reunirme en Arica con los distintos gremios de la salud, y les señalé con toda transparencia que si del debate en la Comisión Mixta se obtenía un buen proyecto, en términos de exigirse campos clínicos y acreditación para estas carreras, no tenía ningún inconveniente en cambiar mi abstención por un voto a favor.
Pero eso no viene en el texto. Para el Senador que habla, el sentido de la acreditación es muy profundo, ya que dice relación con estándares mínimos establecidos por el país, en un momento determinado, respecto de ciertas carreras o disciplinas. Y aquí se presenta la contradicción de que institutos profesionales acreditados y con campos clínicos no van a poder seguirlas impartiendo a pesar de haber cumplido todos los estándares fijados para tal efecto por la legislación vigente, en tanto que simultáneamente se determina, a partir de la normativa que nos ocupa, que sí podrán hacerlo universidades sin campos clínicos ni acreditación.
Eso es lo que da lugar al reparo. Porque la señal que se le quiere entregar a la opinión pública es la de que, mediante la incorporación de ellas a estos últimos planteles de enseñanza superior, van a estar garantizados la calidad y los equipos clínicos, de manera que la población se verá beneficiada. Pero lo anterior no ocurre: no está asegurado ninguno de dichos parámetros.
No me parece lógico que, en definitiva, se prive a institutos profesionales de seguir impartiendo una carrera a pesar de que sobradamente han cumplido los estándares que el Estado ha fijado, y que, paralelamente, puedan hacerlo el día de mañana -repito- ciertas universidades que no satisfacen ninguno de ellos.
Por esa razón, me ha parecido que es preciso rechazar el informe de la Comisión Mixta. ¿Con qué objeto? A fin de que el Ejecutivo presente un veto y de que se establezcan precisamente las exigencias para que quienes impartan este tipo de carreras se sometan a acreditación y cuenten con campos clínicos, y, de esa manera, darle confianza a la población respecto del nivel de requerimientos por los que habrán de pasar nuestros profesionales.
La iniciativa no resuelve ninguno de esos aspectos. Con la misma transparencia, entonces, que apliqué al tratar con los gremios en Arica, tendré que mantener mi pronunciamiento.
Me abstengo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 26 señores Senadores se pronuncian a favor y 9 se abstienen.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín, Orpis, Pérez Varela y Tuma.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, solo deseo dejar una constancia a propósito de la posibilidad de que el informe volviera a la Comisión Mixta, como lo planteó el Senador señor Zaldívar.
Juzgo que ello no procedía, porque ya se había iniciado la votación; mas es algo que resulta perfectamente factible, pues los proyectos conocidos en esa instancia son objeto del mismo tratamiento que aquellos que estudia un órgano técnico.
Lo digo solo para que no se siente un precedente con motivo de lo ocurrido hoy día. Comprendo que se haya rechazado la vuelta del asunto a la Comisión Mixta, porque este ya se encontraba sometido -repito- al pronunciamiento de la Sala, pero, si no hubiera sido así y la petición se hubiese hecho antes, podría haber sido acogida, en particular si mediaba cierto consenso en el sentido de que convenía corregir una parte.
En fin, lo anterior no se pudo llevar a cabo hoy día, mas quiero consignar el criterio que acabo de exponer para que no se recurra al ejemplo en el futuro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No se abrirá un debate al respecto, Su Señoría.
Consulté al señor Secretario, y lo que sucede es que cabe considerar que una Comisión Mixta funciona para el cumplimiento de su objetivo. Una vez que evacua su informe, teóricamente termina.
Una situación distinta es la del intento de enviar incluso una carta -no se puede olvidar que se trata de un órgano integrado por Senadores y Diputados- y lo del rechazo.
Además, habiendo empezado la votación, se planteaba una imposibilidad, obviamente. Eso ya estaba fuera de discusión.
No voy a dar más la palabra ahora en lo relativo al precedente, porque no se efectuará -repito- un debate sobre la materia, pero existe una posición al menos controvertida, pues la Mesa opina en forma distinta. Habiendo solicitado un parecer sobre la materia, estimo que el punto no resulta tan nítido como se ha señalado.
El señor LARRAÍN.- Está bien, señora Presidenta. Pero que al menos quede abierta la discusión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conversaré, sí, con la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia. Podemos solicitar el envío de un veto tendiente a proporcionar una salida para los alumnos en transición, con lo cual creo que todos vamos a quedar bastante más satisfechos y sintiendo que le respondemos a la gente.
--(Manifestaciones en tribunas).
Ruego al público permanecer en silencio.