REAJUSTE DE MONTO DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, como es habitual, nos enfrentamos al rito de fijar el salario mínimo, este año precedido de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores en virtud del cual el Ejecutivo se comprometió a ingresar, a más tardar en octubre próximo, un proyecto de ley que contemple una reforma profunda de la negociación colectiva y del fortalecimiento de la sindicalización.

Asimismo, se acordó la constitución de una Comisión Asesora de Análisis Salarial del Mercado del Trabajo, siguiendo las directrices del Convenio N° 131 de la OIT, que promueve la fijación de un salario mínimo que considere el indispensable equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y sus familias, el nivel general de salarios, el costo de la vida y diversos factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo y niveles de productividad y empleo.

En cuanto al monto, si bien debe reconocerse un progreso en el hecho de que se fije para un lapso mayor a un año y se cumpla el compromiso asumido en el Programa de Gobierno en el sentido de alcanzar los 250 mil pesos a mediados de su período, el sueldo mínimo planteado sigue estando aún lejos del ingreso ético que señaló la Iglesia católica hace un tiempo.

Llama la atención el gran debate público, promovido por ciertos medios de comunicación, respecto de impuestos supuestamente injustos que deberán pagar las empresas, mientras que nada se dice de los salarios injustos que estas pagan a sus trabajadores.

Deliberadamente se ha omitido el debate valórico: los trabajadores no son los obligados a dar sustento económico al país, no son el jamón del sándwich. El salario propuesto ni siquiera se acerca al fijado como línea de superación de la pobreza, que es de 324 mil pesos.

En consecuencia, que quede claro: todavía una gran cantidad de trabajadores y sus familias continuarán en la pobreza, pese a contar con empleo.

Hoy el Estado de Chile no puede mirar a la cara a sus trabajadores, porque la deuda es demasiado grande. El gran problema de nuestro país es la tremenda desigualdad: mientras miles de compatriotas se debaten bajo la línea de la pobreza, el 70 por ciento percibe remuneraciones bajo los 400 mil pesos.

Se dirá que un aumento mayor del salario mínimo no corresponde a los niveles de ingreso y productividad de buena parte de las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayoritariamente pagan aquel salario a sus trabajadores.

Pero eso no es verdad total. Efectivamente, en la micro y en la pequeña empresas el mayor porcentaje percibe el ingreso mínimo. Pero, en términos absolutos, la mayor cantidad de trabajadores con ingreso mínimo se encuentra en las medianas y grandes empresas, con el agravante de que estas últimas son las que abusan de la subcontratación, donde campea el salario mínimo.

Por otra parte, el retail fija sus remuneraciones a partir del sueldo mínimo.

Por eso es tan importante el acuerdo con la CUT. Porque esta discusión se halla íntimamente ligada al fortalecimiento de la negociación colectiva, donde vemos hoy empresas con dos semanas o más de huelga, con una sindicalización de apenas 17 por ciento.

Uno se pregunta: ¿se siente el empleador llamado a negociar con tan paupérrima tasa de sindicalización?

La respuesta es no, particularmente cuando la ley le da a ese empleador la oportunidad de remplazar a los escasos trabajadores que están en huelga.

Por lo tanto, una de las pocas posibilidades que tiene el trabajador en estos momentos para acceder a una mejora de sus ingresos es el aumento del ingreso mínimo.

Votaré a favor de este proyecto, señora Presidenta, ciertamente insatisfecho aún con el nivel de ingreso establecido, pero con el medido entusiasmo de que, por la vía de los acuerdos alcanzados con la CUT, el Estado le entregue al trabajador los instrumentos que le permitan, en el marco de una negociación colectiva, obtener mejoras salariales sustantivas, contemplando mecanismos como la afiliación automática a los sindicatos, el fin del remplazo en una huelga y el incremento de las facultades fiscalizadoras de la Inspección del Trabajo.