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FINANCIAMIENTO PARA RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR CATÁSTROFES EN NORTE DEL PAÍS Y EN VALPARAÍSO


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, la presente iniciativa responde cabalmente a los requerimientos del país, que ha enfrentado en corto tiempo dos catástrofes de gran magnitud y que debe asumir las ingentes tareas de la reconstrucción en el más breve plazo.
Es importante destacar que el Estado está respondiendo en forma integral y oportuna frente a las necesidades surgidas en el norte y en la ciudad de Valparaíso, a la altura de nuestro nivel de desarrollo y de los requerimientos de la gente.
Pero me pregunto: ¿qué pasa con el financiamiento de las obras pendientes en vivienda y otras áreas a raíz de lo sucedido el 27F?
La oportunidad también es propicia para llamar la atención sobre las tareas que todavía están pendientes en materia de emergencias, protección civil o "gestión del riesgo", como lo denominan actualmente los expertos.
Algunas de esas acciones son abordadas en el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencias y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, que está siendo discutido en la Comisión de Gobierno, que presido; pero otras no son tratadas debidamente y se ponen de relieve con ocasión de la iniciativa que nos ocupa.
Me refiero, en primer lugar, a la necesidad de prever en el presupuesto nacional recursos para enfrentar situaciones de emergencia en forma permanente. Según especialistas, en promedio, se destinan más de mil millones de dólares anuales para cubrir este tipo de gastos, por lo que debiera contemplarse una provisión permanente en el presupuesto fiscal. Esta permitiría asumir el mayor gasto derivado de eventos de tal naturaleza sin afectar, por lo menos en parte, otras partidas del presupuesto.
En un país de catástrofes como el nuestro, me parece que esa es una medida básica de modernización del Estado.
En este caso, el proyecto autoriza correctamente el uso de fondos de la Ley Reservada del Cobre. Sin embargo, Gobiernos anteriores en otras coyunturas pudieron haber afectado diversas partidas -de gasto social, por ejemplo-, con consecuencias negativas para la población.
Un segundo aspecto dice relación con una gestión descentralizada de la reconstrucción. Aquí mismo, en la sesión especial en la que este Senado trató las medidas adoptadas a partir de estas emergencias, se planteó la necesidad de diseñar y ejecutar los programas de reconstrucción de manera descentralizada, con herramientas e instrumentos diferentes de los contenidos en los planes normales de los Ministerios.
En este sentido, soy partidario de que, así como se crearon la Corporación de Fomento y Reconstrucción, la Corporación de Mejoramiento Urbano y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y se dictó la propia ley Nº 16.282, que fija disposiciones para sismos y catástrofes (aún vigente), todo ello a partir de terremotos y tragedias ocurridos durante el siglo XX, el Estado debe enfrentar esta tarea en el siglo XXI con una Agencia de Reconstrucción u otra institución específica, con recursos y competencias suficientes. La complejidad de la reconstrucción de Valparaíso y los desafíos de la planificación urbana exigen respuestas idóneas.
Por último, creo pertinente asumir, de una vez por todas, la discusión sobre el futuro de la Ley Reservada del Cobre como fuente de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Es hora de incorporar este gasto en presupuestos plurianuales, evitando que quede condicionado a contingencias, especialmente a aquel referido a las necesidades de inversión estratégicas de nuestras instituciones armadas.