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CREACIÓN DE FONDO CONCURSABLE DE APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, debo manifestar, en primer término, que estoy absolutamente de acuerdo con toda iniciativa que vaya en apoyo de los adultos mayores. Porque, según el mensaje del Ejecutivo, ellos conforman alrededor del 15 por ciento de la población nacional y, naturalmente -como acá se ha dicho-, esta materia le interesa a toda la comunidad.
Sin embargo, me parece que el proyecto presenta omisiones, y por eso concuerdo con la Senadora Goic en cuanto a que regrese a la Comisión.
En primer lugar, considero que es hora de revisar el mecanismo de los fondos concursables. Estos son instrumentos que aplica el Gobierno central en diferentes programas sociales, como mecanismo de transferencia a instituciones públicas o privadas.
Al respecto, debo señalar que no soy partidario de la competencia entre el sector privado y el público en materia de prestaciones sociales. Las instituciones públicas son permanentes; por lo tanto, sus presupuestos deben ser permanentes, no pueden quedar sujetos en su acción a una postulación anual.
Tampoco es conveniente la competencia entre instituciones públicas. Son conocidas las diferentes capacidades de los municipios, dependiendo de sus niveles de ingresos, para formular o cofinanciar proyectos. De esa manera consolidamos las condiciones de desigualdad, que en materia de atención de adultos mayores son particularmente ostensibles.
¿Qué hace una institución que acoge a un anciano si pierde la postulación a un proyecto? Muchas veces el rechazo se produce por razones formales, no obstante, puede interrumpirse un programa social si la institución no cuenta con otra fuente de financiamiento.
Ello es muy recurrente en los municipios.
En segundo lugar, hay que hacerse cargo de la situación de los adultos mayores que se encuentran en zonas geográficas aisladas, de difícil acceso o rurales.
Sobre esta materia el proyecto de ley contempla en su artículo 11 una tabla de valores que señala rangos de subvención. Con todo, se echa de menos que no se refiera específicamente a la situación de los adultos mayores de sectores rurales apartados, de pequeños poblados, de comunas con menos de 5 mil habitantes.
Con el texto actual de la iniciativa, las actuaciones del SENAMA respecto de esos lugares se verán constreñidas por el hecho de no contar con el número suficiente de adultos mayores para hacer viable un proyecto, desde el punto de vista económico, para los prestadores del servicio. De modo tal que se hace imprescindible que se contemple una normativa especial destinada a los beneficiarios de la presente iniciativa que se encuentren en las situaciones aludidas.
Finalmente, hago presente una falencia que afecta a la mayoría de los proyectos de este tipo: su excesiva centralización. El artículo 9° permite la asignación directa de recursos con resolución fundada y razonada del Director Nacional del SENAMA, con informe previo y favorable del Ministerio de Desarrollo Social.
Esto no da cuenta del proceso de descentralización que requiere el país. No se contemplan atribuciones para las Direcciones Regionales del SENAMA, las que en conjunto con los municipios, a través de sus Direcciones de Desarrollo Comunitario, debieran tener un papel protagónico en la implementación de las acciones que incluye esta iniciativa.
Por consiguiente, soy del parecer de enviar este proyecto nuevamente a la Comisión respectiva.
He dicho.