REELECCIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el segundo lugar del Orden del Día figura el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señora Pérez San Martín, señores Pérez Várela, Tuma y Walker (don Patricio) y del ex Senador señor Gómez, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de reelección de integrantes del Comité de Auditoria Parlamentaria.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9232-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Peréz San Martín y de los señores Pérez Varela, Tuma, Walker, don Patricio, y del ex Senador señor Gómez):
En primer trámite, sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es eliminar la prohibición de que los integrantes del Comité de Auditoría puedan ser reelegidos en sus cargos una vez concluido el período de seis años para el cual hayan sido designados, según lo prescribe el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
La Comisión de Constitución discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, aprobándolo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García-Huidobro y Walker (don Patricio) y ex Senador señor Larraín (don Carlos).
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 6 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, con motivo de la reforma constitucional del año 2005, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, se modificaron muchos aspectos referidos a la organización y atribuciones del Congreso Nacional, entre ellos los relativos al término de la diferencia entre legislatura ordinaria y extraordinaria; se reguló de manera distinta lo concerniente a la tramitación de los acuerdos de ratificación de tratados internacionales; se estableció el principio de publicidad y transparencia de los actos del Poder legislativo, y se introdujeron cambios en materia de funcionamiento de las comisiones mixtas y de constitución y funcionamiento de las comisiones especiales investigadoras.
Para la normativa que adecuó la Ley Orgánica del Congreso Nacional a dicha reforma constitucional se propusieron las siguientes medidas: dar personalidad jurídica de derecho público a los Comités Parlamentarios; regular por ley las Comisiones de Ética y Transparencia de cada Corporación; perfeccionar las declaraciones de patrimonio e intereses de los parlamentarlos, y crear un sistema de control de las asignaciones parlamentarias. Esto último, a través de dos órganos: el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, encargado de determinar el monto, destino y reajustabilidad de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, y el Comité de Auditoría Parlamentaría del Congreso Nacional, encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
El proyecto en debate, señora Presidenta, que es muy simple, busca introducir una modificación respecto de la reelección de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria, la que actualmente no es posible.
De conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 66 A vigente de la Ley Orgánica del Congreso, el Comité de Auditoría debe estar integrado por tres profesionales: un abogado, un contador auditor y un especialista en materias de auditoría. Cada uno de ellos es seleccionado por una Comisión Bicameral a propuesta del Consejo de la Alta Dirección Pública, previo concurso público. Duran 6 años en sus cargos y no pueden ser reelegidos.
Lo que estamos planteando a través de la moción, señora Presidenta, es que los integrantes del referido Comité no tengan impedimento de reelección y puedan concursar nuevamente a sus cargos, aprovechando su experiencia, tal como ocurre con otros funcionarios que ejercen labores de control, como son todos los de la Contraloría General de la República, quienes no tienen dicho impedimento y pueden, por tanto, continuar en sus cargos durante muchos años. No hay razón alguna, entonces, para impedir que quienes desempeñan tareas de auditoría parlamentaria concursen al término de su mandato.
En consecuencia, señora Presidenta, el proyecto perfecciona y transparenta de mejor manera el accionar del Comité de Auditoría del Congreso Nacional.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, me sumo a la idea del proyecto, que voy a votar favorablemente, y sugiero que las señoras y señores Senadores procedan de la misma manera, pues no supone una reelección automática de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Lo único que hace esta modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional es permitir que quienes se desempeñan en dicho Comité puedan participar en el concurso a que el Consejo de Alta Dirección Pública convoca cada 6 años, conforme a nuestra legislación.
Reitero: solamente se trata de hacer posible que participen en el respectivo concurso. Si son los más calificados, los que reúnen los mejores antecedentes profesionales, se van a mantener en sus cargos; de lo contrario, serán otros los que pasen a cumplir sus funciones.
Por mi parte, considero que darles el derecho a participar en el concurso permite aprovechar la experiencia que ellos han ganado y contar con todo el bagaje de conocimientos que se va adquiriendo a través de los años.
Me parece que este es un proyecto que aporta, y por esa razón lo voy a votar favorablemente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, en primer lugar, sé que durante la discusión de esta iniciativa nadie ha puesto en duda el buen funcionamiento del sistema de auditoría tal como ha operado a través del Comité de Auditoría Parlamentaria. Y, por cierto, tampoco es intención de este Senador, en el escaso tiempo que lleva en esta Corporación, poner en duda dicho comportamiento. Al revés, solo he escuchado buenos comentarios.
Sin embargo, desde mi punto de vista, existen razones fundadas para rechazar este proyecto.
Desde luego, llamo la atención sobre la circunstancia de que las leyes deben tener carácter general y no particular, y no pueden ser dictadas teniendo en cuenta el mérito o demérito de quienes ejercen una función pública concreta. La ley es abstracta; se refiere a situaciones genéricas y en ningún caso a personas determinadas.
Por otro lado, soy del parecer de que la acción fiscalizadora en general es de la mayor relevancia para el conjunto de órganos de la Administración del Estado, particularmente cuando recae sobre quienes ejercen una función pública.
Por lo mismo, creo que este segmento de funcionarios debiera tener normas especiales. Y así, más adelante, deberíamos estar en condiciones de discutir y establecer un principio en virtud del cual los funcionarios públicos que ejerzan una función fiscalizadora tengan una limitación temporal y espacial: temporal, en cuanto no puedan servir su cargo más allá de determinado número de años que para cada función particular se establezca; y espacial, en el sentido de que estos funcionarios puedan ser destinados a distintas localidades o regiones por los respectivos jefes de servicio.
Las razones para sostener lo anterior son que el ejercicio continuo de la función fiscalizadora, el contacto permanente con los fiscalizados, pueden ser una fuente de desgaste y debilitamiento de la imparcialidad que debe regir la actuación del fiscalizador.
Por otra parte, y en el mismo sentido, la permanencia de un fiscalizador en determinado lugar necesariamente lleva al establecimiento de relaciones personales y a otras vinculaciones que eventualmente afectan su desempeño funcionario.
Por cierto, esta es una reflexión más amplia, que abarca al conjunto de la acción fiscalizadora del Estado, particularmente de quienes desempeñan responsabilidades superiores, pero creo que también es válida para el Congreso Nacional.
Ahora bien, revisando en específico la situación del Comité de Auditoría Parlamentaria, pienso que, de aprobarse la iniciativa que posibilita su reelección, estaríamos, sin proponérnoslo, poniendo en una situación incómoda a sus miembros cada vez que se acercara el vencimiento de su período, pues su reelección dependerá de quienes somos, de alguna manera, los sujetos de su fiscalización: Diputados y Senadores. Me parece imprudente exponer a esta situación a los integrantes del Comité y a los parlamentarios.
Por otro lado, se argumenta que impedir la reelección puede llevar a perder la valiosa experiencia de estos funcionarios. Pero en materia de funciones públicas no siempre el valor a privilegiar es la eficacia. Priman otros principios, como los de probidad y transparencia, cuya vigencia es reclamada justificadamente y con especial celo para quienes ostentamos cargos de representación popular.
Es claro que parte de la ciudadanía no entenderá que, mientras se debaten o se anuncian proyectos para establecer límites a la reelección de autoridades, al mismo tiempo se promuevan reelecciones de cargos que dependen de esas mismas autoridades.
Insisto: esta situación no solo debe verse desde la perspectiva del funcionario a designar -en este caso, un fiscalizador-, sino también desde el punto de vista de quien lo designa -los parlamentarios-, que en este caso coincide con el sujeto de la fiscalización.
En resumen, pienso que esta moción va en el sentido contrario de lo que deberíamos promover. La ciudadanía exige mayor transparencia y mecanismos que aseguren el buen uso de los recursos públicos.
Además, si el sistema actual ha probado sus bondades, no veo razón alguna por la cual deba ser cambiado.
Los esfuerzos de esta Corporación, en consecuencia, deben estar encaminados a lograr que el próximo proceso de selección sea tan bien dirigido como el anterior, y no a establecer estatutos que favorezcan a personas determinadas, no obstante su buen desempeño.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, creo que este proyecto de ley da cuenta de un asunto muy importante, cual es la necesidad de contar con la acción fiscalizadora del Comité de Auditoría para avanzar efectivamente en controles más rigurosos y serios.
Desde el momento de su instalación, en marzo de 2011, el referido Comité ha respondido a la finalidad de ser un organismo estrictamente técnico, compuesto por personal profesional que ejerce una labor de manera imparcial, básicamente para velar por la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Me parece muy importante consignar lo siguiente.
Acá se ha expresado que se pretende establecer una norma con nombre y apellido, para determinados funcionarios.
El Senador Rabindranath Quinteros decía que la ley tiene que ser general y abstracta.
Pues bien, yo quiero hacer presente que aquí es al revés. Hay una norma para las personas que fiscalizan el uso de las asignaciones parlamentarias, y otra, para aquellas que fijan las asignaciones parlamentarias. Y hay un aforismo jurídico según el cual "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición".
Acabamos de aprobar la prórroga del mandato de varios integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Por lo tanto, la crítica del Senador Quinteros también podría estar dirigida hacia ellos. Los miembros de dicho Consejo fijan las asignaciones parlamentarias, que son las que permiten que uno pueda tener oficina, bencina para recorrer la región, contratar personal, etcétera. ¿Y por qué podemos reelegirlos a ellos (un ex rector de la Universidad de Chile, un ex Director de Presupuestos) y no podemos reelegir a las personas que fiscalizan el uso de tales asignaciones?
Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
Si el criterio a seguir es decir "no a la reelección", también debería existir idéntico criterio para los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Ese es el punto.
Yo lo veo muy simple.
Hoy, el artículo 66 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que los integrantes del Comité no pueden ser reelegidos, lo cual es absurdo, sobre todo si ellos hacen bien su trabajo. Y "hacer bien su trabajo" no significa cerrar los ojos y hacer oídos sordos frente a cosas que no estén bien; al contrario, es fiscalizar de manera rigurosa, avisar si se detecta alguna irregularidad, efectuar denuncias cuando efectivamente haya un mal uso de los recursos. Eso es hacer una buena pega. De lo contrario, estaríamos presumiendo que el Congreso Nacional evaluaría bien su trabajo cuando ellos realizaran mal su labor. Y esa no es la idea de nadie.
En ese sentido, soy partidario de aprobar este proyecto de ley.
Además, señora Presidenta, los miembros del Comité podrán ser reelegidos después de un concurso, en el que competirán con otros postulantes. No es que su mandato vaya a ser prorrogado automáticamente por otros seis años. ¡No! Van a ser evaluados. Y, obviamente, uno de los criterios de evaluación será si han sido rigurosos, si han fiscalizado bien, si han demostrado independencia e imparcialidad en el ejercicio de su labor, etcétera, etcétera.
Esto es muy relevante, señora Presidenta.
Recuerdo que cuando tuve el privilegio de encabezar la Cámara de Diputados, con el Presidente del Senado de ese entonces, don Eduardo Frei, y con varios señores Diputados y Senadores, algunos de los cuales se encuentran presentes -como el Honorable señor Hernán Larraín-, presentamos una indicación al proyecto que modificaba la Ley Orgánica del Congreso, en ese momento en trámite de Comisión Mixta. A través de ella, propusimos que las asignaciones parlamentarias fueran fijadas por un ente externo que no tuviera ningún integrante incumbente; ningún parlamentario en ejercicio, en otras palabras.
Y es lo que hoy existe.
Somos el único parlamento en el mundo en que los legisladores no nos fijamos las asignaciones, como mucha gente cree. Tampoco las asignaciones son sueldo, como algunas personas afirman. El otro día una señora señalaba en un programa de televisión de La Red que ganamos 20 millones de pesos. ¡Falso! Porque las asignaciones parlamentarias no constituyen sueldo. Nosotros percibimos 8 millones y tantos de pesos, que tampoco fijamos nosotros, pues equivalen a la dieta de un ministro de Estado. La gente muchas veces se queda con imágenes falsas.
Pero, ¡por favor!, cuando estemos en nuestra región, en nuestros distritos, en nuestras circunscripciones, digamos que somos los únicos parlamentarios en el mundo que no se fijan sus asignaciones. Eso por lo general la gente no lo sabe, así como tampoco que existen profesionales competentes, independientes e imparciales que fiscalizan hasta el último peso que gastamos, lo que es muy bueno.
Costó mucho sacar aquella reforma. Finalmente, fue aprobada casi por unanimidad. Por tanto, debiéramos sentirnos orgullosos de cómo hemos avanzado en materia de transparencia. Y aprobar este proyecto, en mi opinión, no va en contra de la línea de fortalecer semejante principio.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, hoy estamos analizando un proyecto que, francamente, no comparto. Aquí ya se han dado argumentos para explicar por qué originalmente se estableció que los miembros del Comité duraran solo un período y no pudieran ser reelegidos.
Ya lo dijo muy claramente un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Aquí quienes determinan si estas personas siguen en sus cargos son los propios fiscalizados. Entonces, este es un incentivo para una situación insostenible.
Por lo tanto, junto con los Senadores que hoy día nos acompañan en la Sala, quiero formular una reflexión.
Yo suelo compartir las opiniones del Senador Patricio Walker, pero en esta oportunidad no lo hago para nada. ¿Saben por qué? Porque el prestigio de la Cámara Alta es cada día menor. Nosotros materializamos tanto la gran idea del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias como la del Comité de Auditoría Parlamentaria. ¿Y para qué nos han servido? Si el mismo Senador Patricio Walker afirmó que hay personas que sostienen en televisión que nosotros ganamos 20 a 30 millones de pesos.
¡Eso ha ocurrido porque el Consejo ha hecho mal su pega!
Cuando alguien salió a decir en un medio de comunicación que ganábamos 15 millones de pesos, que nos habíamos subido la dieta, nadie del Consejo nos defendió, señora Presidenta. ¡No realizaron su pega!
El Consejo se creó para terminar con el chismorreo y las críticas a los parlamentarios por mal uso de los recursos. Y no los he visto emprender ninguna campaña para aclarar la verdad. Porque si yo salgo a decir que no gano lo que dice la periodista equis, ¿quién me va a creer?
Insisto: estos señores, que perciben remuneración ¡no han hecho su pega! Y esto es aún peor -se lo digo derechamente al Senador Patricio Walker, por su intermedio, señora Presidenta-: la imagen del Senado es cada día más mala. Y no es culpa de los Senadores, aunque a veces existe alguna responsabilidad.
Las instituciones que mencioné se crearon para hacer transparencia no solo respecto del actuar de los Senadores, sino además de la institucionalidad que rige a esta Corporación y al Parlamento. ¿Y qué ha ocurrido? Los resultados son más deficientes todavía.
Y en esto dos más dos son cuatro: si uno crea una institución; si una empresa contrata a un organismo para que analice su situación tributaria o a un grupo de abogados para que la defienda frente a los tribunales y le va mal, concluirá claramente que ello no funcionó.
Lo expreso con todas sus letras: no soy partidario de que estas personas se reelijan, pues aquí -como se ha dicho- las instituciones a que pertenecen no han servido.
Y, en segundo lugar -reitero-, el Consejo no ha realizado su trabajo. Y debiéramos ser supercríticos en esta materia. Cuando en los medios de comunicación se han formulado en público planteamientos falsos, de falsedad absoluta, el Consejo ha brillado por su ausencia.
Entonces, reflexionemos de manera profunda y analicemos si esto funciona. Y por lo resultados observados, yo puedo afirmar claramente que no lo hace.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Entiendo la complejidad de esta situación y la desazón que sienten algunos señores Senadores con respecto al rol que debe cumplir el Comité de Auditoría Parlamentaria. Sin embargo, quiero recordar que las competencias legales y sustantivas de este organismo tienen que ver, en primer lugar, con controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y, en segundo término, con revisar las auditorías que efectúen de sus gastos institucionales el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.
Lamentablemente, dentro de sus atribuciones y competencias, en ninguna parte figura que tenga que hacerse cargo de las relaciones públicas del Senado. Lo menciono porque soy coautora de esta moción.
Y, por su intermedio, señora Presidenta, quiero pedirle al Senador "Rabi" -así llamo a mi amigo, pues el nombre Rabindranath es muy complicado de pronunciar- que ponga atención a lo siguiente:
También soy autora de un proyecto, presentado hace muchos años, para limitar la reelección en todos los cargos electos popularmente: alcaldes, concejales, Senadores, Diputados y, ahora, cores. Con todo, aquí no estamos hablando de personas que ostenten un cargo de representación popular, sino de miembros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
En primer lugar, no son servidores públicos, sino funcionarios. Se trata de personas de alto conocimiento académico que cumplen una función pública, pero que no son servidores públicos, ya que no son nombrados por elección popular.
En segundo término, me daría mucho mayor tranquilidad saber que, si son personas capaces e hicieron bien su trabajo, eventualmente podrían ser reelegidos en estos cargos. Porque me resulta más tranquilizador saber que no van a entrar en una competencia por demostrarnos cuán talentosos o buenos son, o si provienen de nuestras familias políticas, sino que, de hacerlo bien, seguirán en sus cargos.
Que tengan la posibilidad de reelegirse no los convierte en funcionarios con fecha de vencimiento. Y al no tenerla, creo que son bastante menos proclives a suscribir un contubernio -por decirlo así- con cualquier Senador o Senadora. O sea, a mí me otorga mayor garantía.
Por consiguiente, soy de aquellos que creen que, efectivamente, más allá de las líneas políticas que representan o si su corazón late más a la Derecha o a la Izquierda, aquí lo relevante es que se trate de personas competentes, que hagan bien su trabajo y que cuiden que cada peso fiscal se gaste en lo que corresponde.
Nunca más debería suceder lo que pasó en la Cámara de Diputados años atrás, cuando algunos se echaban al bolsillo la plata de las sedes, u otros arrendaban algunas que no existían, o quienes, definitivamente, no usaban las asignaciones como correspondía.
Y eso ha evitado este Comité.
¿Por qué en el Senado nunca ha habido ese problema? Porque aquí, efectivamente, las cosas se realizan con gran seriedad y rigurosidad, y el Consejo funciona de manera eficiente.
Por tal razón, señora Presidenta, obviamente apoyaré este proyecto.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Algunos Comités me han pedido que abra la votación. Así que procederemos de esa manera si le parece a la Sala.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, pienso que este proyecto de ley puede subsanar un poco lo que se ha mencionado en esta discusión.
Considero que la creación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias fue una idea positiva. Podrá criticarse o no a sus miembros, pero han cumplido su función. Muchas veces los he visto defender lo relativo a las asignaciones. Por ejemplo, cuando se produjo un debate a propósito del famoso aumento en el monto de las asignaciones para asesorías que se dio aquí, en el Senado.
No obstante, la verdad de las cosas es que el tema del prestigio o desprestigio del Senado no depende tanto de esto. Depende de diversas circunstancias: en numerosas oportunidades de los medios de comunicación y, a su vez, de que nosotros mismos no nos preocupemos de esta situación.
Hace dos días observé una publicidad elaborada por un Partido de este Parlamento, la UDI, en la cual, para justificar sus críticas al sistema binominal, se decía: "Miren, señores, el aumentar tantos Senadores significa un gasto de 24 millones de pesos por 12, o sea, tantos miles de millones de pesos -no sé cuántos exactamente-, lo que equivale a 50 establecimientos de excelencia".
Eso lo vi en la televisión. Y fue difundido por otros medios de comunicación. Estoy seguro de que no hubo intención de desprestigiar al Parlamento. Sin embargo, en diversas ocasiones nosotros mismos incurrimos en ese tipo de acciones.
Seamos francos, el propio Ejecutivo incorporó, en el proyecto de reforma tributaria que está por venir al Senado, una disposición especial para excluir de una rebaja de impuestos por concepto de su remuneración a los parlamentarios, a los ministros, etcétera, como si fueran una clase que hay que separar.
Son situaciones que van provocando muchas veces una crítica subliminal al Parlamento. Este, por supuesto, no goza hoy día de su mejor prestigio. No obstante, sin el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias sería aún peor.
Ahora, podemos analizar cómo mejorar la imagen del Congreso Nacional. Se han realizado bastantes cosas. Y reconozco que el Senador Hernán Larraín, junto con todos los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia, han realizado una serie de esfuerzos para favorecer la transparencia. Se ha modificado nuestra página web y, ahora, cualquier persona puede situarse en ella y hacer clic en la parte que corresponde a cualquier Senador y saber cuánto recibe, cuál es su personal, etcétera.
En definitiva, hemos efectuado numerosas acciones, pero no han dado resultado.
Por lo tanto, no creo que el centro del debate de este proyecto radique en eso. Pero sí que aquí tenemos que apuntar al mérito de la iniciativa. Este es discutible. Unos creen que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria no deben tener reelección; otros, que sí, pero limitada, y otros, sin límite.
En este caso, al leer el artículo 66 A, efectivamente se observa que la nominación de este Comité de Auditoría, que debe cumplir la función de fiscalizar cómo se manejan las asignaciones por parte de los parlamentarios -es bueno que así sea-, presenta una serie de elementos de restricción para nombrar a sus integrantes: uno debe tener título de abogado y otro de contador auditor, y un tercero ser especialista en materias de auditoría con experiencia en la Contraloría General de la República. Además, han de concursar; ser seleccionados de una nómina de tres personas por una Comisión Bicameral integrada por cuatro Senadores y cuatro Diputados. Y para su elección se requiere un quórum de tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio. En realidad, es lo mismo que el de mayoría en el caso de la Comisión, porque si lo aplicamos a un total de ocho integrantes equivale a cinco contra tres, al igual que en el caso de mayoría. O sea, no es un asunto esencial, pero sí importante. Es un quórum alto.
Entonces, ¿qué propongo?
He presentado a la Mesa una indicación para tratar de compatibilizar las posiciones. Yo creo que los miembros del Comité deberían ser reelegidos por una sola vez, no en forma indefinida.
Pienso que no es bueno que una persona realice este tipo de trabajo por un período excesivamente prolongado. Pero sí lo es que, de hacerlo bien en un primer período y así lo propone la Comisión Bicameral, pueda renovarse por una sola vez. Con eso daríamos una salida más o menos razonable a algo que debe hacerse.
Yo no me quedaría ni con no reelegir ni con reelegir indefinidamente, y por eso presenté una indicación al artículo único del proyecto, para que el punto sea resuelto por la Sala.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, creo que es legítimo lo señalado por algunos señores Senadores en orden a cuestionar si el sistema que diseñamos a fin de, por una parte, establecer las asignaciones que reciben los parlamentarios para el ejercicio de su función, y por otra, de fiscalizarlas, ha funcionado o no. Y ese debate, sin duda, deberá darse a la luz de la experiencia aportada durante estos años de actividad.
Sin embargo, no hay que confundir el sentido y el trasfondo de esta iniciativa.
Debo afirmar que, cuando se discutió la iniciativa de ley pertinente, nunca tuve muy clara la razón para limitar la reelección de los auditores, sobre todo teniendo presente lo siguiente: su proceso de selección reviste carácter mixto, porque, en primer lugar, corresponde a un concurso público donde la terna respectiva no la hace el Congreso, sino la Alta Dirección Pública.
Es decir, el primer filtro para quedar seleccionado en la terna corresponde a un organismo externo al Congreso. Sus integrantes no son fiscalizados por los auditores y deben evaluar la idoneidad profesional y moral de estos, junto con su capacidad para desempeñar el cargo.
Quiero contar, a manera de ejemplo, que me tocó participar en la primera Comisión Bicameral que nominó al actual Comité de Auditoría Parlamentaria. Fue un proceso absolutamente ciego. Nosotros recibimos los currículums de las ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública y debo decir que, en lo personal, no conocía casi al 95 por ciento de las postulantes incluidos en ellas.
Y esa es una primera línea de garantía de la autonomía de este Comité de Auditoría.
En segundo lugar, en ningún minuto se afirma en este proyecto que quienes integren el Comité de Auditoría serán inmediatamente reelegidos, sino que tendrán que volver a pasar por este proceso: concurso público, Alta Dirección Pública y, después, nominación por la Comisión Bicameral y, posteriormente, ratificación por la Cámara de Diputados y el Senado.
A la luz de lo que ha ocurrido, y entendiendo que este proceso es nuevo, creo que no podemos perder la experiencia acumulada por los auditores hoy día.
Los auditores que entraron -a mí me tocó entrevistarlos, como les comentaba- eran personas que, en su gran mayoría, salvo algunos que participaron en el concurso, no conocían el funcionamiento del Congreso, no tenían mayor idea de cómo operaba la Cámara de Diputados o el Senado. Ellos han ido adquiriendo experiencia, y no encuentro razón jurídica alguna para no permitir que quienes determinan las asignaciones de los parlamentarios y nos fiscalizan puedan seguir haciéndolo.
Otra línea argumental dice relación con que, generalmente, el impedir que una persona que realiza una función de auditoría continúe haciéndolo se da más bien en el caso de una fiscalización directa sobre el uso de los recursos otorgados.
Ello me ha tocado verlo en el ámbito privado, donde hay auditores que fiscalizan a empresas para evitar que se produzca una suerte de colusión entre los gerentes, el fiscalizado y el auditor.
Pero este caso es muy distinto, pues -como mencioné- la elección pasa por un organismo externo y, en segundo lugar, no se trata de una auditoría directa a los recursos públicos, sino de velar por que estos efectivamente se utilicen conforme a los conceptos fijados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Desde esa perspectiva, creo que tenemos que aprobar esta iniciativa, a fin de permitir que los miembros del Comité puedan seguir formando parte de un equipo, al cual le ha costado ganar experiencia en su trabajo. En definitiva, no veo razón para que no autoricemos su reelección.
Dicho lo anterior, formulo un llamado a nuestros colegas a votar a favor, porque esta disposición, sin duda, va a fortalecer el proceso de fiscalización. Los integrantes del Comité han formado un equipo que entiende la labor del Congreso Nacional, el funcionamiento del Senado y de la Cámara, y eso, sin duda, es un aporte que no se puede perder.
Y, en cuanto al temor de algunos señores Senadores de que aquí, en el fondo, pudiera existir una suerte de intención del Comité en orden a favorecernos al depender de nuestra nominación, debo decir que el filtro para ello queda fijado desde el minuto en que la Alta Dirección Pública elabora las ternas pertinentes, no la Cámara de Diputados ni el Senado.
A mi juicio, eso debería ser motivo suficiente para permitir dilucidar las dudas de algunos señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, deseo dar un enfoque distinto del planteado hasta ahora en el debate de la Sala.
Si uno le preguntara a la ciudadanía de este país, a la cual nos debemos, a quienes nos elijen, qué es el Comité de Auditoría Parlamentaria, sin lugar a dudas que el 99,9 por ciento de los encuestados diría que no tiene idea. No sabría qué hace, para qué sirve, cuánto ganan sus integrantes o qué rol cumplen dentro de nuestra institucionalidad.
En el informe hay afirmaciones que no comparto.
Su texto dice: "Indica que resulta evidente que en el desarrollo de este proceso se ha venido acumulando una importante experiencia técnica en materia de auditoría y procedimientos al interior del Congreso Nacional. A la vez, se ha instalado un permanente diálogo técnico entre los miembros del Comité y las diferentes autoridades del Parlamento, y finalmente, se han venido construyendo y desarrollando valiosos objetivos en materia de transparencia. En definitiva, se ha producido una sana y sólida instalación de la nueva institucionalidad en materia de auditoría parlamentaria, que es necesario preservar y continuar".
La decisión de crear este Comité fue política. Existía un cuestionamiento a la falta de transparencia en las asignaciones parlamentarias. Y el principal motivo para que el 89 por ciento de los chilenos consideraran que el Congreso Nacional tenía poca transparencia, que no representaba debidamente a la ciudadanía, que trabajaba poco y, en definitiva, tuviera una pésima evaluación pasaba -según algunos- por el hecho de que no se fijara lo que ganaban los parlamentarios.
Resulta claro que el problema no es técnico, administrativo, contable ni auditable. Es un problema político. Y siento que las atribuciones de este Comité no solo deben ser controlar el uso de los fondos públicos y revisar las auditorías. ¡Tiene que difundir su trabajo! ¡Es obvio!
Se dice que nosotros nos fijamos los sueldos, que ganamos una millonada. ¡No es cierto! ¡Es de falsedad absoluta! ¡Y cada vez tenemos que andar saliendo a manifestar que no percibimos ni 20, ni 16, ni 18, ni 15 millones de pesos! Que tenemos la misma dieta que un Ministro, que la Presidenta de la República, con la diferencia -para decirlo muy francamente- de que algunos Senadores representamos a un millón de electores, en 26 comunas, y otros a 80 o 100 mil electores, y ganamos exactamente lo mismo.
O sea, aquí no hay un tema de número de electores, ni de territorialidad. Tenemos las mismas asignaciones, aun cuando la acción hacia quienes representamos sea infinitamente mayor.
Entonces, el debate sobre si pueden ser electos o no los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria lo considero absolutamente absurdo. El problema no radica en si son o no elegibles. Este es un aspecto técnico. Pero aquí resulta claro que el Comité no ha cumplido las expectativas que generaba al menos cuando yo voté a favor de su creación.
En esa oportunidad se dijo que íbamos a tener uno de los pocos Parlamentos en el mundo con asignaciones fijadas por un organismo distinto, y que eso iba a traer transparencia. Y claramente no la ha traído. Al contrario, se entrega un monto de recursos a un comité cuyo uso eficiente no sé quién lo evalúa. Y si se dice que ha cumplido con todos sus objetivos, yo quisiera ver la evaluación correspondiente.
No tengo ninguna duda sobre la calidad ética, moral, profesional de todos los integrantes del Comité. Son del primer nivel del país.
Sin embargo, la función que le dimos no es técnica, sino esencialmente política: fijarle a un Poder del Estado como el Congreso Nacional el monto de las asignaciones, de las remuneraciones, en definitiva, transparentar un elemento muy importante para la democracia.
Y el primer problema se produjo cuando me tocó ejercer la Vicepresidencia: debimos dar la cara para decir que no era cierto lo que se señalaba. Los 2 millones de pesos eran para contratar oficinas, no para elevarnos el sueldo, como dijo un buen amigo Diputado en la Cámara Baja. ¡No era plata para el bolsillo! ¡No era aumento de remuneraciones! Tales asignaciones se otorgaron para el arriendo de oficinas en regiones, dado que la circunscripción de cada Senador equivale a tres, cuatro y más distritos, pero la cantidad que recibe a ese efecto es igual a la que se entrega a un Diputado.
Entonces, el debate, en mi opinión, es insuficiente.
No sé si es factible formular indicaciones a este proyecto, considerando que solo propone suprimir en la ley el vocablo "no" en la expresión "no podrán ser reelegidos".
Estimo que debería haber una discusión sobre las funciones de dicho Comité. A mi juicio, cada vez que se produce un debate respecto de las asignaciones debiera ser este órgano el encargado de dar las explicaciones del caso, y no la Presidenta del Senado, quien nada tiene que ver con la determinación de aquellas, así como ningún Senador.
Me parece necesario introducir una modificación para que haya mayor proporcionalidad entre el territorio y el número de electores. Para que uno reciba las asignaciones apropiadas, este Comité debería evaluar permanentemente la mejor gestión en el área, con el objeto de propiciar un servicio más eficiente en el ejercicio de nuestra función.
Transcurrido un tiempo prudente desde la creación de dicho órgano, cabe señalar que su acción claramente no ha incidido en nada en la percepción de la ciudadanía, pues la gente sigue pensando lo mismo del Congreso.
Además, algunos Senadores o ciertas bancadas, como dijo el colega Zaldívar, contribuyen a avalar ese punto de vista. En efecto, cuando la UDI expresó, a propósito del debate sobre el aumento del número de parlamentarios, que las asignaciones son de tal volumen, lo único que logró fue que se siguiera enlodando el rol del Senado.
Al respecto, me pregunto: ¿quién determina la cantidad de pasajes de que disponen los Ministros para viajar por el país? Cuando Lavín estaba a cargo de la Cartera de Educación, iba tres veces a la semana a Concepción. En cambio, el Senador que representa esa zona puede ocupar solo cuatro pasajes al mes para ir a Santiago.
A los Secretarios de Estado no se les aplica ninguna limitante ni en pasajes aéreos, ni en contratos de asesores, ni en gasto de combustible. A ellos no se les imputan las asignaciones que tienen para pagar asesores, secretarias, combustible, papeles, fotocopias. A ninguno se las cargan. ¡Pero al Parlamento le suman todo!
Señora Presidenta, no quiero que ni uno de esos recursos pase por mis manos, al igual como opera con cualquier otra autoridad (el gerente general de la CODELCO, el de la ENAP, el de alguna empresa pública, los alcaldes). ¿Alguien carga al sueldo del alcalde lo que gana su secretaria, lo que gasta en combustible para movilizarse? ¡No!
Sigue siendo un absurdo que las asignaciones que recibimos se consideren ingresos nuestros, cuando, en definitiva, constituye un gasto propio de la Corporación.
Es incomprensible que el Senado nos dé 250 sobres -¡solo 250!- al mes para realizar nuestra labor, en circunstancias de que yo represento a más de un millón de electores, y la ciudadanía me exige contacto permanente y entrega de información.
Además, mando muchos e-mails. Sin embargo, el otro día me dijeron que no era posible enviar tantos. O sea, cuando un parlamentario debe responder a un millón y medio de electores y, para ello, usa el correo electrónico, se le hace una observación en tal sentido.
Entonces, cabe la pregunta: ¿cuál es el mecanismo que nos brinda la Corporación para ejercer adecuadamente nuestra función si no podemos hacer uso intensivo de la referida herramienta electrónica y no disponemos de sobres suficientes?
En definitiva, tales acciones no pueden considerarse gasto del parlamentario. ¡Si es parte de nuestra labor! Es como decirle al Presidente de la República que no puede enviar ninguna correspondencia, o al Director del IPS que no remita información a sus usuarios.
En mi opinión, el fondo del debate no es la reelección de los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria, sino la función de difusión que este debiera cumplir. Yo estoy por reafirmar esa atribución.
Sin embargo, en tal caso, ha de haber una evaluación periódica en cuanto al cumplimiento del objetivo fijado. Porque no se trata de tener más libros contables. No debe ser igual a lo que ocurre con las empresas públicas, que nos mandan tremendos libracos de sus balances anuales, que nadie lee. Yo creo que, con suerte, el gerente general que envía el balance, con la mejor de las impresiones, lo hojea.
Por lo tanto, señora Presidenta, pido -¡exijo de verdad!- que, dados los problemas graves que hemos tenido, incluso después de crear este Comité -ha habido distorsión, maltrato, confusión y desinformación en torno al significado de las asignaciones parlamentarias-, se le dé a este la función de aclarar las dudas en forma permanente y de mejorar lo relativo a las asignaciones.
No comprendo por qué se critican las asignaciones parlamentarias si jamás las tocamos, y tampoco entiendo que se diga que son parte de nuestros ingresos. A ninguna otra autoridad le ocurre lo mismo, en ninguno de los otros Poderes del Estado. A los jueces no se les imputa como sueldo el gasto en secretarias o en uso de vehículos. A ningún director de empresa pública y a ningún general de la República se les ocurriría decir que es parte de lo que ganan lo que se paga a la secretaria o lo que se gasta en transporte. Eso solo sucede en el Poder Legislativo, lo cual ha distorsionado gravemente la imagen respecto de nuestros verdaderos ingresos.
Por lo tanto, el Senado debiera cumplir un cometido mucho más amplio, en lugar de solo decidir sobre la reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria. Yo formulo un cuestionamiento a la función de este organismo.
Si aquí se trata únicamente de eliminar el vocablo "no", me tendré que abstener o votar en contra del proyecto, porque no se aborda el tema de fondo.
No sé si alguna Comisión discutió este punto. Pero parece absurdo, siendo tan evidente que aquí se requiere un cambio de funciones, ponerse a debatir si se pueden reelegir o no a los miembros del referido Comité. Muchos de ellos, o la totalidad, merecen ser reelectos.
Solo digo que hay que discutir facultades más precisas, mayor carga de trabajo, nuevas atribuciones; de tal manera que las personas que conforman el Comité cumplan la labor para la cual los elegimos: dar transparencia y seguridad a la ciudadanía en cuanto a que los recursos que se nos entregan tienen buen destino.
Nosotros no fijamos el monto de las asignaciones, pero el asunto sigue en entredicho.
Ese es mi cuestionamiento a este proyecto de ley, que debiera haber contenido a lo menos algunos de los puntos que he señalado.
No sé si me pronunciaré a favor o en contra, pues desconozco si es posible presentar indicaciones o si estamos en el trámite final de la discusión.
Me informan que en la siguiente instancia se podrán formular indicaciones; por tanto, votaré a favor de la idea de legislar, considerando que las observaciones que he realizado son justas.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le corresponde intervenir al Senador señor Pizarro, quien, como ex Presidente de la Corporación, de seguro podrá clarificar el debate, pues sospecho que aquí se ha confundido la función del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias con la del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Resulta importante entender que estamos hablando de este último organismo. Aquí se le han propuesto funciones y responsabilidades que, francamente, no corresponden.
Espero que Su Señoría pueda dar claridad al respecto, porque veo confusión y no nos enfocamos en el asunto que nos convoca, que, por lo demás, fue analizado por la Comisión de Constitución.
Reitero: estamos hablando del Comité de Auditoría Parlamentaria y no del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, usted tiene razón.
Sería bueno abocarse al proyecto en tabla, el cual busca posibilitar que los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria opten a continuar en el cargo una vez vencido su mandato, que dura seis años.
Dicho Comité nada tiene que ver -¡nada!- con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Este último cuenta con otra conformación: son cinco integrantes, quienes deben cumplir una serie de requisitos. Como se ha dicho correctamente, las personas que lo componen son muy distinguidas, idóneas, de mucho prestigio, y realizan una función completamente distinta de la que ejecutan los miembros del aludido Comité.
Al Consejo le corresponde determinar los montos de las famosas asignaciones parlamentarias y precisar en qué pueden gastarse esos recursos públicos.
El Comité de Auditoría tiene una labor completamente diferente. Bastaba leer el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para darse cuenta de que estamos hablando de otra cosa. Ahí se establece lo siguiente: "El Comité de Auditoría Parlamentaria será un servicio común del Congreso Nacional y estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales.".
Por tanto, se trata de dos organismos completamente diferentes: con una conformación distinta, con exigencias distintas y con funciones distintas.
¿Cómo se eligen los tres integrantes del Comité de Auditoría? Una Comisión Bicameral, compuesta por cuatro Senadores y cuatro Diputados, conforme a un reglamento, selecciona un nombre de una nómina de tres postulantes, para luego proponerlo a ambas ramas del Parlamento.
¿De dónde salen esos tres candidatos? De un concurso público realizado por el Consejo de Alta Dirección Pública. Después que este organismo ha seleccionado a los postulantes, cuyo proceso es larguísimo, la Comisión Bicameral escoge a uno de ellos, en cada caso, para proponerlo a la Sala de la Cámara de Diputados y a la del Senado. Se elige a cada miembro con quórum de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio.
¿Quiénes son los tres profesionales del Comité de Auditoría? "Uno de ellos deberá tener el título de abogado y otro el de contador auditor. Ambos deberán acreditar, a lo menos, diez años de ejercicio profesional. El tercero será un especialista en materias de auditoría. Respecto de éste, se preferirá a quienes se hayan desempeñado por más de cinco años en la Contraloría General de la República o se encuentren registrados, por igual período, en la nómina de auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros.".
Entonces, estamos hablando de profesionales altamente especializados, de mucha experiencia, quienes han de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, cuyo monto es determinado por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
En definitiva, todas las intervenciones hechas acá respecto de la legitimidad, confiabilidad y credibilidad del Congreso Nacional; de por qué la imagen pública que se tiene de nosotros es siempre la misma; de si el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias debe realiza la defensa corporativa que corresponde cuando la ciudadanía hace cuestionamientos, etcétera, nada tienen que ver con el proyecto que ahora nos ocupa.
¿Qué plantea la iniciativa? La posibilidad de reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, que duran seis años en su cargo y son inamovibles. Porque quienes deben controlar el uso de los recursos públicos requieren, como es natural, estabilidad y autonomía.
En concreto, se propone que a los miembros del referido Comité se les permita repostular al puesto, para lo cual deberán seguir el mismo proceso que enfrentaron para su nombramiento. Es decir, una vez cumplido el tiempo por el cual fueron designados, podrán participar en el concurso pertinente que efectuará el Consejo de Alta Dirección Pública, instancia en la cual tendrán que competir con otros profesionales -ojalá se presenten muchos-; luego, en el caso de ser escogidos nuevamente para integrar la terna respectiva, deberán pasar a la Comisión Bicameral, la que seleccionará a un postulante en cada caso, y, finalmente, han de obtener el acuerdo de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio para la nominación definitiva.
Por lo tanto, aquí se trata solo de resolver si aquellos podrán o no optar a la continuidad en sus cargos.
Señora Presidenta, cuando discutimos en el Gobierno anterior la creación de estos organismos, debate que costó mucho hacer -aquí se ha dicho con razón que esto forma parte del proceso de transparencia del uso de los recursos públicos llevado adelante por el Congreso Nacional-, se planteó la necesidad de contar con un organismo auditor. Ello resulta esencial, porque una entidad autónoma es la que debe fiscalizar lo que determine el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
El Comité de Auditoría Parlamentaria no solo debe velar por el buen empleo de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la labor parlamentaria, sino que también, como señala la norma relativa a sus funciones, ha de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso efectúen de sus gastos institucionales.
Esos son los dos objetivos del Comité.
Cuando se analizó la materia en su origen desde un punto de vista técnico-profesional, los especialistas dijeron que los auditores no debieran eternizarse en el cumplimiento de sus funciones cuando están ligados a una institución, por razones de mayor eficacia y para no mantener con aquella una relación casi humana -por así decirlo- en la que pueden sentirse comprometidos con la entidad que deben controlar.
Por ese motivo se estableció un plazo para ejercer el cargo.
Sin embargo, debemos hacer presente el nivel de los requisitos que han de cumplir los postulantes para ser seleccionados y, posteriormente, nombrados; la obligación de exclusividad total y absoluta en el ejercicio de sus funciones (no pueden desarrollarse desde el punto de vista profesional en otras áreas, ni desempeñarse en otros cargos, aun cuando posean las competencias para ello); la duración del cargo (seis años); la experiencia exigida. Si sacan cuentas, verán que se trata de profesionales de entre 35 a 45 años hacia arriba; que trabajan seis años acá -los tenemos aislados-; que no pueden ejercer ningún tipo de función distinta de las establecidas para este Comité, y que, más encima, no cuentan con la posibilidad de optar a una continuidad en el puesto.
Ante ello, me parece que la propuesta del Senador Zaldívar de permitir que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria sean reelegidos por una sola vez es bastante razonable. Eso implicaría un período de 12 años en el ejercicio del puesto. Así, no caen en una situación de eternización en el cargo, lo cual puede conllevar a que dejen de fiscalizar y controlar con la eficiencia que se requiere. En el fondo, se les daría la oportunidad de continuar en sus funciones al objeto de que ejerzan sus labores de manera adecuada.
Señora Presidenta, considero indispensable fortalecer las funciones de control y de fiscalización del referido Comité.
Los profesionales seleccionados por la Comisión Bicameral, después del proceso realizado por el Consejo de Alta Dirección Pública, son muy competentes (para corroborarlo, cualquiera de nosotros puede ir y revisar sus antecedentes). Además, han cumplido de manera eficaz sus funciones.
Colegas, para la catarsis sobre los problemas que afectan al Senado en materia de credibilidad, me parece bien el debate. Pero no confundamos lo que plantea esta iniciativa con la composición, las atribuciones y el rol del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, todo lo cual lo podremos revisar más adelante en una ocasión distinta de esta.
Voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, sin duda esta iniciativa ha desatado un gran debate -también grandes pasiones- respecto del prestigio del Senado, de las remuneraciones y asignaciones de los parlamentarios. Esa es una discusión válida, pero no guarda mucha relación con lo que ahora nos ocupa.
El proyecto de ley es muy simple.
Dentro de la institucionalidad que hemos ido construyendo para mejorar la transparencia, en especial para poner a disposición de la ciudadanía la información sobre los recursos que usamos los Senadores, se halla el Comité de Auditoría Parlamentaria.
Este organismo ha ido evolucionando. Entró en funcionamiento hace dos o tres años, por lo que todavía queda algo de tiempo para evaluarlo.
Lo que hace la iniciativa en análisis es permitir que quienes forman parte de dicho Comité postulen a un nuevo período. Yo estoy de acuerdo con lo planteado por el Senador Zaldívar: a lo mejor es bueno que sean reelegidos por una sola vez. Pero lo importante es que puedan volver a postular.
Aquí no se está reeligiendo a nadie por el solo ministerio de la ley. La persona que participó en el concurso pertinente conducido por la Alta Dirección Pública; que integró la terna que llegó a la Comisión Bicameral, y que consiguió el voto de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio tendrá que pasar por el mismo sistema de selección por el cual fue nombrado la primera vez.
Por lo tanto, acá estamos legislando únicamente para darles a los miembros del Comité de Auditoría Parlamentaria la oportunidad para que vuelvan a postular a los cargos, para que manifiesten su interés de seguir integrando un organismo, a mi juicio, de la máxima importancia, encargado de velar por el adecuado uso de los recursos públicos puestos a disposición del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Esa manifestación de voluntad para postular de nuevo implica que los candidatos en su momento deberán volver a presentar sus antecedentes, su currículum en el proceso que efectuará el Consejo de Alta Dirección Pública. Si esta entidad califica bien al postulante, este formará parte de la terna que será propuesta a la Comisión Bicameral que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece para esos efectos. Una vez que dicha Comisión revise los antecedentes de los tres candidatos y emita un informe proponiendo a uno de ellos, las Salas del Senado y de la Cámara Baja resolverán la nominación respectiva.
O sea, hay una serie de filtros que permitirán el debido resguardo ante los supuestos vicios o riesgos que aquí se han señalado.
Señora Presidenta, me parece absolutamente válido, absolutamente legítimo, absolutamente posible y necesario que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria puedan postular nuevamente a sus cargos.
Algunos colegas en sus intervenciones manifestaron que acá estamos permitiendo que esas personas sean reelegidas. ¡No! Solo les damos la oportunidad de optar otra vez al puesto que ocupan. Tal como lo establece la parte final de la normativa vigente, las vacantes que se produzcan deben ser llenadas "en la misma manera como fue designado quien dejó de servir el cargo".
Si existe alguna duda al respecto, podemos perfeccionar la disposición pertinente. Pero lo que verdaderamente se busca es posibilitar no una reelección por el solo ministerio de la ley, sino una nueva postulación participando en el respectivo proceso de selección que deberá conducir el Consejo de Alta Dirección Pública.
A mi juicio, el estricto mecanismo establecido para el nombramiento de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria es el adecuado para que profesionales calificados lleguen a ejercer una función extraordinariamente necesaria.
Señora Presidenta, nos hallamos frente a una iniciativa simple que propone una finalidad objetiva: permitir que quienes conforman el referido Comité puedan volver a postular a esos cargos. Ello me parece positivo.
Por lo tanto, invito a los señores Senadores a aprobar la idea de legislar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, entiendo que el proyecto en debate es muy particular. Y es bastante simple.
Solo quiero recordar que la norma que se pretende modificar fue discutida en el contexto de la modernización y transparencia de la gestión del Congreso Nacional, en un período en que hubo varias iniciativas en esa línea. Por lo tanto, resulta muy valiosa, considerando sobre todo el estado de la opinión pública, la cual hoy día es mucho más activa y exigente con sus autoridades.
En consecuencia, debemos cuidar el principio que procuró establecer la disposición legal primitiva.
Obviamente, un grado de flexibilidad en la elección de quienes nos van a fiscalizar mediante las auditorías respectivas responde a toda lógica de la opinión ciudadana.
Sin embargo, también creo conveniente, de establecerse una norma flexible, que se le otorgue cierto grado de garantía a la gente.
Más bien pensando en la imagen y sin poner en cuestión ni la ética ni la moralidad de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, sino exclusivamente en razón de la transparencia, fiel al propósito original de la disposición que se procura modificar, pienso que se debería establecer un sistema de cesación alternada de sus miembros, durante períodos diferentes, con algún grado de renovación, si se estima del caso, pero como circunstancia más bien especial.
Considero, pues, que debemos ser un poco más precisos en la definición legal; es decir, no limitarnos a flexibilizar la norma, sino también tratar de mantener lo que se quería lograr cuando ella fue aprobada: que la opinión pública perciba que el modelo de control establecido no va a perder eficacia en el tiempo y, asimismo, que los miembros del Comité podrán cumplir con independencia su labor. No digo que no la cumplen de esa forma; empero resulta necesario que la ciudadanía tenga claro que es así.
Señora Presidenta, estoy abierto a la flexibilización del sistema, pero con una modalidad de cesación de los tres integrantes del Consejo alternada en el tiempo, para que la renovación se verifique en momentos distintos y se aproveche la experiencia ya recogida por ese órgano.
Asimismo, debe garantizarse a la opinión pública que no será un grupo que entre en cierta relación con los parlamentarios, a los que habrá de controlar, pues, de no ser así, más adelante ello podría prestarse para algo menos transparente o más complejo.
Con esa sola condición, comunico que estoy dispuesto a aprobar el proyecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tengo inscrito a continuación al Senador señor Harboe, pero no se encuentra en la Sala.
Les recuerdo a Sus Señorías que, aunque esta iniciativa es de artículo único, nos estamos pronunciando solo sobre la idea de legislar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y 2 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Prokurica y Quinteros.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Zaldívar presentó una indicación. No obstante, el Senador señor Navarro pidió fijar plazo para formular indicaciones.
El texto propuesto por el Honorable señor Zaldívar dice: "Para agregar en el inciso 3° del artículo 66 A la frase: "por una sola vez" a continuación de la palabra "reelegido".". Lo que se está señalando es que luego de que se suprima la palabra "no" en la disposición, como lo proponen la Comisión de Constitución y la moción, se agregue que la posibilidad de reelección será "por una sola vez".
Sin embargo, reglamentariamente, dada la petición del Senador señor Navarro, hay que establecer plazo para la presentación de indicaciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Podría ser breve.
El señor WALKER (don Ignacio).- De dos semanas.
El señor PIZARRO.- Mejor, hasta el lunes 19 de mayo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo?
El señor COLOMA.- Sí.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 19 de mayo.