MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.175 EN MATERIA DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9294-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 16 de abril de 2014.
Informes de Comisión:
Certificado de Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 13ª, en 23 de abril de 2014.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 14ª, en 6 de mayo de 2014.
Discusión:
Sesión 13ª, en 23 de abril de 2014 (se aprueba en general).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 23 de abril de 2014.
La Comisión de Gobierno deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2° del proyecto no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debe darse por aprobado, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación.
--Queda aprobado el artículo 2°.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, cual es la que incide en el inciso cuarto del artículo 30 bis, que fue aprobada por mayoría y que será puesta en discusión y votación oportunamente.
Cabe hacer presente que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, las recaídas en el numeral 3), la que incide en el numeral 4) y el nuevo numeral 5), todos del artículo 1°, deben ser aprobadas con 21 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión y el texto que quedaría de ser aprobadas.
De consiguiente, la Secretaría sugiere que, como hay algunas enmiendas unánimes que requieren quórum especial para su aprobación, se voten todas juntas, respetando el quórum correspondiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión particular.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, como se recordará acá, el día 23 de abril pasado la Sala aprobó solo en general este proyecto de ley y dispuso como plazo para presentar indicaciones el 5 de mayo, en respuesta a los reparos y observaciones que se formularon durante el debate, especialmente respecto a la intervención del Consejo regional en la formulación del proyecto de presupuestos para la región.
La Comisión de Gobierno analizó 21 indicaciones, que se presentaron el día 5, y distinguió cuatro situaciones para efectos de la elección del presidente del Consejo.
Primero, en cuanto al elegido en la sesión constitutiva del Consejo, mantuvo la proposición de la iniciativa, esto es, elegir un presidente por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio. Esa sesión será dirigida por el presidente que continúe como consejero y, en su defecto, por el que hubiera desempeñado más recientemente el cargo o por el consejero de mayor edad.
Segundo, en caso de remoción del presidente del Consejo, también se mantuvo la proposición del proyecto, es decir, que la sesión en que se trate sea presidida por el consejero que haya ejercido más recientemente el cargo de presidente, y de no ser posible, por el de mayor edad.
Tercero, tratándose de ausencia o impedimento temporal del presidente elegido en la sesión constitutiva, lo subrogará o remplazará en el cargo -por el tiempo que dure la ausencia o el impedimento- el consejero elegido por sus propios pares.
Cuarto, si la ausencia o impedimento supera los noventa días corridos contados desde que se eligió al subrogante, el Consejo elegirá un nuevo presidente.
Finalmente, hago presente que, además de aprobar indicaciones que dicen relación con la forma de subrogancia ya expuesta, la Comisión acogió una indicación de mi autoría que entrega al presidente del Consejo la facultad de concurrir junto con el intendente a la discusión del presupuesto regional ante el Gobierno central.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, me quiero referir al conjunto de modificaciones acordadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Ante todo, quiero señalar que la reforma constitucional de 2009, aprobada mediante la ley N° 20.390, consagró un conjunto de materias, la más importante de las cuales es que por primera vez se crea la figura del presidente del Consejo regional.
Esa enmienda se incorporó al artículo 113 de la Constitución Política de la República, al establecerse que el Consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes, elegirá a un presidente.
Por lo tanto, desde el año 2009 los consejos regionales han estado en condiciones de poder elegir a su propio presidente.
El problema es que esa norma dispone más adelante que una ley orgánica constitucional determinará las atribuciones del presidente del Consejo regional.
Ese planteamiento es plenamente concordante, señora Presidenta, con el dictamen 21.666 de la Contraloría General de la República, que ratifica la plena vigencia del inciso quinto del artículo 113 de la Constitución.
Entonces, nos encontramos ante la siguiente situación: la elección de un presidente del Consejo regional, lo cual está plenamente vigente de acuerdo con la Carta, pero sin facultades.
Para subsanar tal situación Su Excelencia la Presidenta de la República ingresó el día 7 de abril un proyecto, con urgencia de "discusión inmediata", para dotar de atribuciones a esa autoridad.
En consecuencia, señora Presidenta, esa es la parte esencial de la iniciativa.
Anteriormente, el Senado ya había aprobado un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que se halla en tramitación en la Cámara de Diputados.
En el proyecto de Su Excelencia la Presidenta de la República básicamente se traspasan funciones protocolares y administrativas, pero se omite una fundamental en materia de descentralización: la referida al manejo de las urgencias. Afortunadamente, la Comisión de Gobierno agregó esa facultad para que también el presidente del Consejo regional, con ratificación de los dos tercios de los miembros de ese órgano, pueda objetar la urgencia que coloca el intendente respecto de una materia específica.
Pero hay otra modificación, a mi juicio, primordial.
El presupuesto de una región, al igual que el de la nación, es un instrumento muy relevante. El artículo 73 de la Constitución establece que el presupuesto de una región es aprobado por el Consejo regional. Y en su etapa de elaboración el intendente, acompañado por un consejero, negocia con Hacienda.
La lógica de la enmienda propuesta era buscar que en la discusión presupuestaria regional previa no solamente la autoridad de confianza del Presidente de la República, el intendente, negociara en la práctica con Hacienda, sino también un miembro del Consejo, cuyos integrantes no son de la confianza del Primer Mandatario.
No obstante, al hacer la modificación constitucional no tenía sentido que fuera un consejero quien representara en esta importante instancia al Consejo regional, sino que debía hacerlo su presidente. Y por eso hice ver en la sesión anterior que resultaba fundamental enmendar el artículo 73 -lo que fue acogido por el Ejecutivo- en orden a que sea el presidente del Consejo regional quien represente a este órgano en la negociación con Hacienda, en la etapa inicial de la discusión del presupuesto en la región.
Así se hizo. Y eso se somete a discusión hoy día.
Ahora bien, deseo formular otro planteamiento.
Me preocupan las señales que se dan con este proyecto de ley en materia de descentralización. Es uno de los grandes temas pendientes.
Aquí se trató de omitir una facultad esencial en dicho ámbito: la fijación de las urgencias, lo que afortunadamente fue recogido por el Senado. Pero para mí hay otra omisión tremendamente relevante.
Hoy día, en materia de fiscalización, el Consejo solo puede fiscalizar al intendente y a su subordinado, pero no puede¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, Su Señoría, pero puede continuar para redondear la idea.
El señor ORPIS.-¿ decía que no puede fiscalizar a los Seremis ni a los jefes de servicio.
Esa fue una modificación especialmente notable que incorporó el Senado en su oportunidad, y que hoy día se halla en discusión en la Cámara de Diputados.
Yo entiendo que en una "ley larga" se van a discutir a fondo todas estas materias. No obstante, si se le están otorgando competencias al presidente del Consejo regional, lo lógico sería aumentar sus facultades de fiscalización respecto de los Seremis y los jefes de servicio.
Nada de eso viene, y habría sido muy oportuno incorporarlo, porque dentro de las pocas facultades del Consejo regional una muy importante es la de fiscalización. Desgraciadamente -como dije-, ello no se consideró. Hay que aprobar la presente modificación, pues resulta absurdo que exista un presidente del Consejo regional sin competencias ni facultades, pero habría sido conveniente incorporar las facultades de fiscalización del Consejo, lo que antes había sido aprobado por el Senado.
He dicho.
El señor HARBOE.- ¿Es posible abrir la votación?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, simplemente deseo dejar testimonio, para la historia fidedigna de la ley, de algunos hitos que se han marcado y que debemos profundizar.
El primero de ellos apunta a que este proyecto, tal como lo explicó extensamente el Senador Orpis (no es necesario agregarle más datos), dice relación con un problema práctico.
Nosotros aprobamos una reforma a la Carta Fundamental, pero no se ha dictado la ley orgánica constitucional para regular esta materia. Y, por lo tanto, la presente iniciativa viene a suplir aspectos relativos al procedimiento para elegir, remplazar o remover al presidente del Consejo regional; a determinar si las votaciones son públicas o secretas, y a fijar sus atribuciones y competencias. Y, gracias a la intervención del Senador Orpis -nobleza obliga-, nos dimos cuenta de que se nos había quedado en el tintero una facultad muy importante, por lo cual se remplazó la frase: "los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para que conjuntamente con el intendente los represente en ella", por la que señala que "el presidente del consejo y el intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa".
Y aquí yo quiero simplemente destacar tres hechos políticos.
Primero, para que exista una regionalización de verdad se debe avanzar en tres ámbitos, en los que falta mucho. Por ello, quiero pedir que se oficie al Gobierno, en mi nombre y en el de los señores Senadores que lo estimen conveniente, con el objeto de que ponga urgencia a la tramitación del proyecto de ley que regula el traspaso de competencias desde el Gobierno central a las regiones.
No soy de aquellos que desean que el Ejecutivo se ahogue con las urgencias, pero creo sinceramente que esa normativa no puede seguir esperando eternamente.
La regionalización requiere: uno, traspaso de competencias; dos, elección democrática del presidente del Consejo regional, no en forma indirecta como, a mi juicio, se hace hoy día; tres, recursos para poder ejercer las competencias, y, por supuesto, un fuerte control y fiscalización de cómo se gasta la plata, para efectos de que no ocurra lo que pasa en otros países en donde se transfieren competencias, recursos, y los gobiernos regionales no son rigurosos -no digo que suceda en Chile, pero sí en muchos países-, y finalmente terminan endeudados, generando graves problemas económicos para el Gobierno central.
En eso tenemos que avanzar a toda marcha. Y pido que el Presidente de la Comisión de Gobierno, que es un exalcalde de Puerto Montt, demuestre aquí, en el Senado, que le va a poner el mismo espíritu que señaló reiteradamente -estoy seguro de que así va a ser-, porque esta materia no se puede seguir postergando si queremos disminuir las desigualdades en Chile. Se trata de normas clave para ello.
En concreto, señora Presidenta, en este proyecto hacemos lo siguiente.
En primer término, se establece un mecanismo con el fin de materializar lo que la Constitución dispone respecto a la elección del presidente del Gobierno regional.
¿Cómo se elige? Tal como lo dice la Carta, por todos los cores, con una diferencia respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Esta quería que ese procedimiento se realizara en forma secreta. Pero el Senado le dijo "No, esta elección es en forma pública y de viva voz, de tal manera que se sepa quién vota por quién".
Yo creo que en esto la transparencia ayuda un montón.
En segundo lugar, ¿quién preside la reunión constitutiva? Se fija un procedimiento razonable.
Prima el consejero regional que haya sido el último presidente del CORE; a falta de este, el que hubiese ejercido ese cargo anteriormente; y, en último término, el de mayor edad. Porque se trata de un acto que dura solo una sesión, la de constitución.
Existían otros criterios, como el que se escogiera al consejero que hubiera sido elegido con más votos. Pero había que optar por alguno. Y la Comisión decidió que presidiera la sesión constitutiva el core de mayor edad. Otra propuesta apuntaba a que fueran los dos más antiguos. Finalmente, se adoptó el criterio que a nosotros nos pareció objetivo, que no admitía discusión y, además, que era solo para una sesión.
Señora Presidenta, está por concluir mi tiempo, ¿me concede un minuto adicional?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Cómo no.
El señor ESPINA.- En el caso de la remoción, se resolvió que esto se acordara en sesión pública. Y, ¡ojo!, en el Senado agregamos algo que no incorporaba la Cámara de Diputados: que fuera con debate. Aquí debe respetarse el principio de la bilateralidad de la audiencia. No se puede remover al presidente del Consejo regional en una sesión sin discusión, o sea, que se presente una petición para removerlo y, de aprobarse, no tenga derecho a defenderse.
A nosotros nos pareció que eso afectaba una garantía constitucional.
Finalmente, para el caso de que se produzca una ausencia temporal del presidente, será remplazado por el core que el propio Consejo elija. Porque aquí hay acuerdos políticos. Y si establecemos que lo sea por el de mayor de edad o el más votado podría romperse el acuerdo político. De ahí que el propio Consejo determinará quién remplaza al presidente en una ausencia temporal, pero con un límite: noventa días. Es decir, si transcurrido ese tiempo persiste la ausencia, entonces, simplemente se nombrará a un nuevo presidente, pues después de noventa días puede que la ausencia ya no sea temporal, sino que se transforme en permanente.
Por consiguiente, creemos que el texto aprobado zanja el problema y logra que esta materia se regularice. Eso sí, está pendiente la iniciativa de fondo, por lo cual pido que se envíe un oficio en mi nombre al Gobierno con el objeto de que apresure su despacho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Sus Señorías desean adherir al oficio cuyo envío se ha solicitado?
Entonces, como hay numerosos Senadores que lo desean, se remitirá con la adhesión de la Sala.
Acordado.
)------------(
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de proseguir con la discusión quiero saludar a los integrantes de la delegación del liceo Federico Albert Faupp, de la comuna de Chanco, que nos visitan esta tarde.
¡Sean muy bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)------------(
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, solo deseo pedir que se fije un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 2 de junio de este año, en la Comisión de Hacienda, al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
)------------(
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Quiere formular otra solicitud, Su Señoría?
El señor LAGOS.- Sí, deseo pedirles a las distintas bancadas que proporcionen los nombres de los Senadores que van a integrar la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con el objeto de que se la pueda citar para constituirse y elegir presidente.
El señor LARRAÍN.- Ya los entregamos.
El señor LAGOS.- Se lo solicito a las bancadas que aún no lo han hecho, comenzando por la mía, Senador Hernán Larraín.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Lagos ha mencionado algo muy importante. Por lo tanto, les ruego a las bancadas que no han comunicado el nombre de sus representantes que se pongan al día.
Vamos a citar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para mañana a las 17:30.
Y aprovecho de recordar que el Comité Editorial se reunirá mañana, a las 10.
)------------(
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Harboe me había pedido abrir la votación.
Sugiero que votemos las tres enmiendas unánimes de una sola vez. Y después veríamos la que fue aprobada por mayoría.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Todas requieren quórum especial.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Y entiendo que en este momento existe el quórum necesario.
¿Habría acuerdo para abrir la votación de las tres enmiendas unánimes?
El señor LARRAÍN.- "Si le parece".
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por consiguiente, se aprobarían por unanimidad¿
El señor LARRAÍN.- Me han pedido que se voten.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En consecuencia, se abrirá la votación de las enmiendas aprobadas unánimemente en la Comisión.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Me sumo al saludo de la Sala a los jóvenes de Chanco y espero que los Senadores que los representan en esta Corporación, como el colega Hernán Larraín, los hayan invitado a almorzar.
Señora Presidenta, el Senador Espina hacía una salvedad que yo recojo, para la historia fidedigna de la ley, respecto a que estamos hablando de la elección para presidente del Consejo regional.
Muchos queremos que el intendente sea elegido por voto popular. Deseamos representación política, no administrativa. En cambio, aquí se propone darle al presidente del CORE bastante pocas facultades, casi ninguna: dirigir la sesión. Entonces, considerando que, de los 38 Senadores en ejercicio, 34 son de regiones -¡34!-, no se entiende que el Gobierno pasado ni el antepasado no hayan podido avanzar de verdad en permitir que el intendente sea electo de manera directa y en dotar a las regiones de mayor poder.
¡Todo este proceso es tortuoso! Se avanza a pedacitos, de a poquitito.
Con la iniciativa que nos ocupa, permitiremos que el presidente del Consejo regional dirija la sesión. En efecto, el proyecto estipula cómo deberá realizar dicha función. Se detallan sus atribuciones, que son las mismas que corresponden al presidente de un club deportivo o al de un club del adulto mayor -¡las mismas!-: básicamente, dirigir la sesión.
En ese sentido, espero que -dado que todos estamos de acuerdo en que las regiones son poderosas y requieren representación, fuerza, vigor- se mande pronto la propuesta legal pertinente y que la votemos a favor para constituir regiones de verdad, y no solo para discutir quién dirige la sesión del Consejo regional.
Confío en que mi Gobierno, el de la Presidenta Michelle Bachelet, enviará a la brevedad la iniciativa sobre elección directa de los intendentes, pero también una que aborde de manera adecuada el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. La expresión más nítida de esa necesidad se evidenció a raíz de las desgracias que afectaron a Iquique y a Valparaíso: los Ministros han debido viajar, viajar y viajar, pues los intendentes y los alcaldes carecen de capacidad de resolución. En concreto, el Gobierno central se hace cargo de todo, hasta de diseñar.
Definitivamente, no me gusta -es un fastidio- la figura de los delegados presidenciales. ¡Nosotros queremos autonomía en las regiones! ¡Hay capacidad en las universidades! ¡Hay capacidad en los gobiernos regionales! ¡No necesitamos delegados presidenciales! Si han sido puestos ahí, bien. Pero cabe preguntarse: "¿Con qué respaldo una persona designada y que no pertenece a la zona podrá dar apoyo?".
Esta es una crítica -más bien, una autocrítica- a la realidad actual. Espero que pronto retomemos este tema en un debate más profundo, en especial los 34 Senadores que representamos a regiones, aunque Santiago también es una de ellas.
Señora Presidenta, en materia de calificación de urgencias, como lo planteé la vez pasada, en el proyecto se replica la misma figura que opera aquí, en el Senado. El presidente del Consejo regional fijará la tabla, pero el intendente podrá decirle: "¿Sabe qué? Yo quiero ver tal asunto". Y será posible desechar dicha petición solo con el acuerdo de los dos tercios de los cores en ejercicio. Sin embargo, si existe un plazo legal o reglamentario -a propósito, ¿quién va a hacer el reglamento?-, se termina tratando la tabla que el intendente quiere.
Entonces, es importante que, cuando se elabore el reglamento respectivo, los consejeros regionales pongan mucha atención, a fin de que el intendente aplique su facultad en casos que realmente ameriten urgencia. En la Cámara de Diputados y en el Senado, en cambio, la "monarquía presidencial" se expresa completamente: el Primer Mandatario de turno, a través de su Ministro Secretario General de la Presidencia, califica con la urgencia que quiere las iniciativas que desea tratar. Ojalá esa práctica no se repita en la experiencia de los gobiernos regionales, a pesar de que se contempla la facultad de oponerse a ello -aquí no la tenemos- con el acuerdo de los dos tercios de los cores en ejercicio. Con todo, si hay plazos reglamentarios o administrativos por vencer, igual se impondrá el criterio del intendente.
Del mismo modo, espero que, a propósito de este proyecto de ley, que vamos a aprobar por unanimidad, se adopte el compromiso de avanzar mucho más hacia delante, ya que hartas expectativas se han puesto sobre aquel. Pero la verdad es que este constituye un paso minúsculo, un paso de niñito, un paso mínimo. Ojalá pudiéramos avanzar mucho más.
Voto a favor, señora Presidenta, sin perjuicio de las observaciones que he planteado, a fin de morigerar las expectativas que se han creado en mi Región y en muchas otras partes, donde creen que se instalará un presidente del Consejo regional con amplias atribuciones; pero, desafortunadamente, hay una mala noticia: no se establecen muchas facultades para administrar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, cuando discutimos esta iniciativa en la Comisión de Gobierno, se manifestó una preocupación a largo plazo.
Cabe notar que este proyecto de ley corta viene a solucionar un problema inmediato, originado por un fallo de la Contraloría, que indicó que los presidentes de los consejos regionales debían ser electos.
Sin embargo, tales autoridades carecen de facultades.
Ante ello, el Gobierno de la Presidenta Bachelet optó por enviar una propuesta legislativa que sortea el problema puntual, pero que no se hace cargo del aspecto fundamental. Nosotros aprobamos una normativa que posibilita la elección de los cores y le dijimos a la ciudadanía que estos tendrían una labor relevante. No obstante, no les dimos mayores atribuciones.
Por lo tanto, cuando los consejeros en cuatro años más vuelvan a pedirle a la gente su voto -si no hemos solucionado el problema de largo plazo, esto es, el de entregar más facultades al Consejo-, esta les dirá: "Y, ustedes, ¿qué hicieron?". Y los cores responderán: "No mucho, pues no teníamos más atribuciones".
Pues bien, la iniciativa legal que busca aumentar las facultades del Consejo regional en este momento se halla en la Cámara de Diputados. La Presidenta de la República podría haber tomado la decisión de ponerle urgencia a ese proyecto. Habría sido un paso más osado en pos de la descentralización. Sin embargo, siguió un camino distinto, que, a mi juicio, avanza menos en esa dirección: presentar la propuesta que nos ocupa, que otorga ciertas atribuciones al presidente del Consejo.
Las facultades que se proponen aquí son, en verdad, muy pocas: citar a reunión, cerrar las sesiones. De hecho, se había quedado en el tintero -por decirlo así- lo relativo al manejo de las urgencias; lo concerniente a que el presidente del Consejo regional pudiera acompañar al intendente a discutir con el Ministro de Hacienda el presupuesto; en el fondo, que se diera al presidente del CORE algunas atribuciones adicionales -aunque sean pocas- distintas de las que le permiten abrir y cerrar sesiones.
Yo agradezco que el Ejecutivo haya escuchado lo que se planteó en la Comisión de Gobierno y que haya formulado las indicaciones que se le pidieron con el fin de incrementar las facultades del presidente del Consejo.
Sin embargo, tal como dijo el Senador Orpis, acá no se aumentan, para nada, las atribuciones del Gobierno regional y tampoco las del CORE, cuyos miembros hoy día son elegidos por sufragio popular.
Por lo tanto, espero que el Gobierno le ponga urgencia al proyecto de ley larga, para que demos un paso de verdad hacia la descentralización.
Hoy día el presidente del Consejo ni siquiera tiene un viático para movilizarse a las reuniones o a las actividades protocolares a las que debe asistir en otras partes de la región; tampoco se ha discutido lo relativo al aumento de la dieta de los consejeros regionales, y tampoco se ha resuelto cómo se van a traspasar las competencias desde Gobierno central. Todos esos temas, señora Presidenta, se abordan en la iniciativa de ley larga.
Espero que el Ejecutivo no se quede solo en la propuesta que nos ocupa. Esta será una especie de ley corta -por no decir "un parche"-, que pretende solucionar un problema referido al presidente del Consejo. Pero, más allá de remediar un inconveniente transitorio, este proyecto no muestra una verdadera intención de descentralizar y de traspasar más facultades al CORE.
Se trata de un Consejo -vuelvo a recordarlo- cuyos integrantes ahora son elegidos, porque así lo legislamos. Y supongo que esa decisión la tomamos para darle mayores atribuciones al Gobierno regional. No olvidemos que los intendentes todavía son los representantes del Presidente de la República en regiones. Por tanto, el único contrapeso al Poder Ejecutivo en el ámbito regional es el CORE. Pero, con la iniciativa que nos ocupa, no se aumentan en nada las facultades de este.
Gracias a la presión que ejerció la Comisión de Gobierno, se incrementaron un poquito las atribuciones del presidente del Consejo. Con ello, habrá un poquitito más de contrapeso al poder del intendente, que es el representante del Primer Mandatario.
Pero la verdad, señora Presidenta, es que acá no se observa una real voluntad política de avanzar en el tema de la descentralización. Esperamos que eso cambie cuando se ponga urgencia al proyecto de ley larga o, por lo menos, cuando la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional presente sus propuestas a la Presidenta de la República en seis meses más. Ojalá entonces podamos dar pasos significativos hacia una real descentralización.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, como soy un Senador nuevo, no me tocó participar en el desarrollo de esta iniciativa de ley.
Recuerdo que, cuando era alcalde, me preguntaron la opinión al respecto. Yo nunca estuve de acuerdo con esta propuesta, porque lo importante para mí no es contar con más autoridades, sino hacer mejor el trabajo: más coordinado y con más atribuciones.
El personaje que se ha creado es una especie de "presidente fantasma", pues carece de facultades, de presupuesto, de equipo técnico. Por tanto, esta futura ley, si no se modifica al corto plazo, va a servir poco.
Creo que debemos avanzar en la elección democrática del intendente.
En la experiencia municipal, nunca se ha visto, como dijo un Senador acá, que haya "animales con dos cabezas".
Si se analiza el desarrollo del proyecto -más allá de lo relativo a la fiscalización-, se aprecia que hay pocas atribuciones para el presidente del CORE. Por tanto, la figura que se aprobará hoy día no aportará nada. Además, pienso que va en contra de cualquier norma básica de administración.
En consecuencia, me gustaría que avanzáramos en lo referente a la elección democrática del intendente, para que este sea el presidente del Consejo y esté investido de una autoridad política, administrativa, como debe ser.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, me alegra mucho escuchar las dos últimas intervenciones.
Cuando se tramitó la iniciativa sobre competencias de los gobiernos regionales en la Comisión de Gobierno -yo participé en ella, junto con los Senadores señores Orpis, Bianchi, Rossi y Sabag-, se le hizo presente al Gobierno que la propuesta que nos trajo era insuficiente, por cuanto partía de una situación incompatible con lo que se quería lograr. Con ello, recogiendo las palabras del Senador Ossandón, efectivamente se iba a producir una institucionalidad con dos cabezas: la del intendente, que es nombrado por el Presidente de la República, y la del presidente del Consejo, con facultades nada más que para dirigir una sesión.
Entonces se nos dijo que no podía ser elegido el intendente, porque no era posible, porque iba en contra del espíritu de un Estado unitario, etcétera, etcétera. Por eso me alegra mucho que ahora se estén sumando más voluntades para algo que, además, es parte del programa del actual Gobierno: la elección del intendente por votación popular.
De este modo, se tendrán los votos para avanzar en ese sentido. Solamente entonces será factible contar con una ley que regule de verdad la descentralización en las regiones.
En su minuto, formulamos observaciones al contenido del proyecto a que aludí. Muchos hicimos presente nuestro parecer en la discusión habida aquí, en la Sala del Senado, durante el primer trámite constitucional. El Senador Orpis fue muy enfático al respecto. Reconozco que fue uno de los que pusieron más fuerza en solicitar mayor traspaso de competencias a los gobiernos regionales.
Cabe recordar que en esa iniciativa se propuso, primero, que el Presidente de la República transfiriera las competencias que estimara convenientes. Frente a ello, planteamos la necesidad de que hubiera algún elemento de presión sobre el Primer Mandatario para concretar dicho traspaso. Y se llegó a una fórmula transitoria: el Presidente de la República podría rechazar la transferencia de competencias pedida por el Consejo regional si lo hacía por decreto fundado.
Más aún, se presentó una reforma constitucional, que está pendiente, mediante la cual se propone establecer la obligatoriedad por parte del Presidente de la República de traspasar competencias si el Consejo insiste en ello con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Todo eso deberemos discutirlo cuando se envíe la reforma a la Carta que disponga que los intendentes serán elegidos por sufragio popular, a fin de que estos representen a su región y se identifiquen con ella. La figura del intendente tendrá que ser como la de un prefecto: maneja el orden público; representa protocolarmente al Primer Mandatario; se ocupa de lo relacionado con defensa y relaciones exteriores. Así funciona dicha autoridad en otras partes del mundo. Pero ello es factible porque el Gobierno regional cuenta con toda la competencia necesaria.
Sin embargo, la iniciativa que nos ocupa solo busca solucionar un problema que nos provocó la Contraloría: determinar cómo se elige al presidente del Consejo regional. Todos creíamos que este, al igual que antes, seguía siendo el intendente, pero el órgano contralor indicó que, si bien aún no había una ley orgánica que reglamentara la disposición constitucional, sí existía la obligación de elegir al presidente. Entonces, ¡tenemos que resolver cómo elegirlo!
Al respecto, reconozco que durante la discusión del proyecto en la Comisión, a petición de los Senadores señora Von Baer y señor Orpis, se hizo presente que no venían algunas de las facultades que habíamos aprobado primitivamente en la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados. Y hubo inmediatamente una disposición muy positiva de parte del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para incluir esas materias. Me alegro por ello.
Ahora bien, quiero dejar dos constancias que estimo importantes.
Me alegra que se haya establecido la facultad del Consejo regional para desechar, como órgano colegiado, la petición de urgencia que la autoridad administrativa puede imponer para tratar distintas materias. Aquí, en el Parlamento, no tenemos esa atribución. Ojalá pudiéramos replicarla en nuestra labor legislativa: que sea factible en un momento dado, con el acuerdo de los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, dejar sin efecto la calificación de urgencia que el Poder Ejecutivo coloque a una iniciativa. Si lograra reunirse un quórum de esa naturaleza, sería porque existen razones bastante lógicas y atendibles para tal oposición.
Me parece bien que se proponga esa disposición en el texto que nos ocupa.
Por otra parte, no coincido con lo que el Senador Espina señaló respecto de la censura, aunque en este asunto puede haber argumentos en un sentido y en otro.
En mi opinión, aquí debiera operar el mecanismo que se aplica en el Senado, según el artículo 25 del Reglamento: cuando hay censura a la Mesa, la proposición se vota sin debate. Esta misma norma debiera establecerse para el caso de este otro órgano colegiado, que es similar a un parlamento en la región.
No tendría que haber discusión. Me parece que ha de regir igual disposición que en nuestra Corporación. La censura debiera resolverse mediante votación y no a través de un debate, el cual muchas veces lleva a una situación de contradicción o disputa que no merece este recurso. Por eso, ante la petición de censura al presidente del CORE, prefiero una norma parecida a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento del Senado y no la alternativa que incluye discusión.
En todo lo demás, aprobaré la iniciativa, por cuanto creo que se mejoró su texto, aunque haya sido en un sentido mínimo.
Cabe reiterar que no habrá una decisión de descentralización mientras, primero, no se aborde lo relativo a la elección del intendente por la ciudadanía y, segundo, no se concrete una transferencia de competencias real hacia el Gobierno regional.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que con este proyecto, que volvimos a debatir ayer en el Congreso en Santiago, no hacemos otra cosa que seguir creando regiones de papel.
No hemos podido avanzar en el deseo que todos compartimos de tener regiones fortalecidas, con grados de autonomía, para lo cual se requiere materializar los traspasos de competencias y las asignaciones de recursos que correspondan a ese efecto, de modo de lograr, por un lado, mantener el carácter unitario del país y, por otro, fortalecer las estructuras regionales.
Desafortunadamente, ello no se logra, señora Presidenta, porque volvió a quedar pendiente lo relativo a la transferencia de competencias.
Entonces, si tuviéramos que graficar la situación de alguna forma según lo que se propone en la iniciativa, habría que decir que se plantea una estructura donde habrá una presidenta o un presidente con atribuciones mínimas (minimum minimorum). En mi opinión, ni siquiera son administrativas. Yo diría, casi protocolares.
Por lo tanto, este proyecto no resuelve lo que hemos venido reclamando en los últimos años.
No requerimos regiones de papel, con atribuciones de papel, donde los gobiernos regionales no existen, porque lo que hay en cada caso, con suerte, son administraciones regionales. ¡No se gobierna en regiones!
Y necesitamos avanzar hacia el fortalecimiento de los gobiernos comunales y de los gobiernos regionales mediante el traspaso de competencias.
Por eso, me sumo al planteamiento del Senador Espina -en la propia Comisión de Gobierno Su Señoría lo ha hecho presente en innumerables ocasiones, y al interior de ella hay total coincidencia a ese respecto- de pedirle al Ejecutivo que le coloque urgencia a la tramitación del proyecto de ley que permite traspasar competencias.
El Senador que habla y otros colegas -entre ellos, los Senadores Orpis (uno de los más entusiastas defensores de esta iniciativa) y Zaldívar, más aquellos que se han incorporado durante el último tiempo a la Comisión de Gobierno- hemos hecho esfuerzos para revertir la situación existente, toda vez que entendemos que con el proyecto en debate las regiones no avanzan nada.
Cuando las personas votaron por los consejeros regionales se les anunció que se entregarían competencias, que se podrían llevar adelante proyectos locales, que los ciudadanos encontrarían en dichas autoridades respuestas a las demandas de sus regiones.
¡De eso, absolutamente nada!
Tanto es así que hoy día vuelve a primar la figura casi presidencialista del intendente, quien coloca urgencia a las iniciativas de cada región. Por consiguiente, aun cuando quien presida el Consejo regional establezca una tabla para tratarla el día de la reunión, ella debe contar con la venia del intendente, autoridad que, si bien participa en las sesiones pero sin derecho a voto, controla todo.
¡El intendente no vota, mas controla completamente las prioridades de la región!
¡Es decir, seguimos entrampados en una estructura brutal y enormemente centralista.
Bueno: era lo mejor que podíamos obtener.
En consecuencia, por intermedio de la Mesa, le pido al Ejecutivo, que ha dado muestras de querer avanzar en materia de descentralización -la propia Presidenta de la República ha creado en paralelo mesas de trabajo para procurar el fortalecimiento de las regiones-, hacer llegar cuanto antes al Congreso Nacional proposiciones encaminadas a lograr aquello que las regiones necesitan: empoderamiento, fortalecimiento, traspaso de competencias, para que las materias de índole regional se resuelvan en cada una de aquellas y no dependamos de la mirada centralista...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ruego terminar la intervención, señor Senador, pues concluyó su tiempo.
El señor BIANCHI.- Gracias.
Decía, señora Presidenta, que no podemos depender de la mirada centralista, que afecta el desarrollo de nuestras regiones y nos hace avanzar a pasos mucho más lentos que lo deseado.
Hoy vamos a consagrar la figura de quien presidirá el Consejo regional sin ninguna atribución mayor que la de dirigir sus sesiones.
Nos habría encantado que esa persona hubiese podido venir al Parlamento a discutir el presupuesto de su región junto con el intendente, para lograr la tan necesaria participación de las estructuras regionales.
Señora Presidenta, votaré a favor de las modificaciones propuestas, tal como lo hice en la Comisión de Gobierno, pero pido que llegue lo antes posible el proyecto de ley que posibilita el traspaso de competencias, para de una buena vez empoderar a las regiones y conseguir la tan anhelada descentralización de nuestro país.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, una vez más quiero expresar en esta Sala que el proyecto que nos ocupa viene a llenar el vacío legal generado a partir de la reforma constitucional de 2009 y que su único propósito es fijar las facultades que tendrá el presidente del Consejo regional.
Yo me alegro mucho de que en este Hemiciclo se hable tanto de descentralización y se hagan gárgaras con que Chile necesita -y así se le exige al actual Gobierno- apurar el tranco en esta materia.
Sin embargo, los gobiernos regionales tienen más de veinte años, y durante todo ese tiempo quienes vivimos en regiones hemos estado reclamando para tener administraciones locales con más facultades, autonomía y mayor financiamiento.
Hemos visto a ex Presidentes de la República comprometerse con la descentralización de Chile.
Hemos visto a Ministros del Interior firmar iniciativas para impulsar una regionalización verdadera, pero después, finalizados los respectivos gobiernos, ellas han quedado en cero.
Hace un par de sesiones dije que no es admisible seguir legislando a goteras. Porque los gobiernos regionales existen desde hace más de veinte años y solo ahora estamos posibilitando que los consejeros elijan al presidente del Consejo.
¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que los gobiernos locales gocen de real autonomía y dispongan de los recursos necesarios para cumplir su rol de impulsores del desarrollo económico, social, cultural de las regiones?
Yo creo sinceramente que por fin hay un Gobierno que se atreve.
¡Nuestro país tiene una deuda pendiente con las regiones!
Siempre hablamos de desarrollo. Decimos que Chile llegará en un par de años al desarrollo. Pero no creo que ello ocurra si no nos preocupamos primero del progreso de nuestras regiones.
¡La ciudadanía de las regiones no aceptará nuevas dilaciones en materia de descentralización!
Los avances del último tiempo, incluido el proyecto de ley que nos ocupa, son muy pero muy tímidos. El actual Gobierno debe caminar decididamente para profundizarlos. Y para ello tiene que contar con una ruta clara y precisa a partir de las conclusiones a que arribe la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.
No me parece apropiada la verborrea con que se le exige a la actual Administración apurar el tranco, pues -insisto- han transcurrido más de veinte años y nada se ha hecho. Y hoy día solo estamos aprobando el otorgamiento de mayores facultades al presidente del Consejo regional para dirigir este ente.
Las regiones necesitan autonomía, más facultades y mayor financiamiento, para que los entes locales sean responsables de decidir su futuro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, Honorable Sala, vamos a generar un amplio acuerdo en torno a este proyecto de ley, que, sin duda, será respaldado unánimemente.
Sin embargo, es imprescindible ir al fondo de la discusión. Y al respecto, creo que los argumentos expuestos en la Sala han sido coincidentes.
Necesitamos autonomía regional.
Necesitamos dotar -como lo establece esta iniciativa- de mayores facultades al presidente del Consejo regional y regular su quehacer; por lo tanto, hay que avanzar en esa línea.
Necesitamos más transparencia.
Necesitamos -y esto quedó consignado en el debate- que la elección del presidente del Consejo regional se realice en votación pública y no sea producto de acuerdos secretos, de manera que se sepa cómo votan los integrantes de ese cuerpo colegiado; porque gran parte de ellos -si no la gran mayoría- postulan a sus cargos por listas o por coaliciones y establecen bloques políticos en las regiones, de acuerdo a las fuerzas que representan.
Por eso, es importante que aquello se traduzca en resultados electorales al momento de elegir al presidente o la presidenta de cada Consejo regional.
El proyecto que nos ocupa soluciona un problema práctico. Pero la cuestión de fondo es la "ley larga" sobre consejeros regionales.
¿Cuáles serán las facultades del Consejo regional? ¿Seguirá votándose proyecto a proyecto en cada comisión o habrá marcos presupuestarios?
¿Vamos a posibilitar que los consejeros fiscalicen los actos del gobierno regional y a los seremis y a los jefes de servicio, o simplemente limitaremos la facultad a algunos actos del Gobierno regional?
¡Esa es la gran discusión de fondo!
Por ello, me parece muy importante que el Senado haga un compromiso en la perspectiva de asegurar una tramitación expedita para el proyecto de ley que -no me cabe la menor duda- emanará de la comisión presidencial en lo que respecta a la elección directa de intendente.
¡Seamos claros! ¡Atrevámonos!
Chile es un país diverso, con quince regiones. La representación política será variada en cada una de ellas. Ya no estará solo la figura del intendente designado uniformemente desde el centro, a lo largo de todo el territorio nacional.
No tendremos las situaciones -como bien consignó el Senador Navarro- en que para abordar problemas profundos, como el terremoto de Arica-Iquique o el incendio registrado en Valparaíso, se designa un delegado presidencial.
¡Por favor, señora Presidenta!
¡A qué obedece la figura del delegado presidencial!
En el entramado institucional no existe. Es una creación del nivel central para sobreponerse a los liderazgos de las regiones y a las decisiones que se debieran tomar en ellas.
¿Cómo se vincula el delegado presidencial con los alcaldes? ¿Cómo se contrapone con los consejeros regionales electos?
Claramente, hoy día tenemos un híbrido en materia regional.
Por ello, el compromiso debe ser avanzar hacia un Estado regional, definido constitucionalmente, con facultades y atribuciones, no solo con elección democrática de sus autoridades, la cual, por cierto, es un gran avance en lo concerniente a los consejeros.
Pero esto va a entrar en pugna con la figura del intendente, quien hoy es designado por la Presidenta de la República y cuenta con todas las atribuciones del caso, mas no con la legitimidad popular frente a 14, 20 o 24 consejeros que fueron a las urnas, se midieron contra otros candidatos y ahora son expresión ciudadana de los electores de cada provincia.
¡Ahí está el conflicto!
Por último, estimo que la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, presidida por Esteban Valenzuela y conformada por un conjunto de académicos y destacadas autoridades provenientes de todo el país, deberá ir a la cuestión de fondo: el financiamiento.
Nada sacamos con tener intendentes regionales y consejeros regionales electos si no disponemos de recursos.
Es posible establecerles tributos regionales -impuestos y contribuciones efectivas- a las grandes plantaciones forestales, a los proyectos energéticos, a los proyectos mineros. Tributos de base regional solo en esa dirección.
Únicamente disponiendo de mayores recursos vamos a tener gobiernos locales que pongan en perspectiva a los habitantes, de acuerdo a sus intereses y vocaciones y sin esperar la llegada de una instrucción desde Santiago, para los efectos de planificar el desarrollo estratégico de cada región.
Voy a votar a favor, señora Presidenta.
No obstante, espero que ojalá dentro del mandato de nuestro Gobierno se envíe un proyecto de fondo para posibilitar la elección democrática de los intendentes y otorgar más atribuciones a los gobiernos regionales, con el objeto de avanzar hacia un Estado regionalizado, con mayor autonomía y más competencias para cada una de las regiones.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, considero que estamos frente a una oportunidad magnífica.
Digo "magnífica" porque hoy día preside la Comisión de Gobierno un Senador que fue alcalde y tuvo gran apoyo popular para hacer muchas transformaciones positivas en la comuna a la que representó: la de Puerto Montt.
Y se trata de una oportunidad magnífica también porque, como sabemos quienes conocemos de cerca el sector municipal -yo fui concejala, con mucho orgullo, de La Florida-, es muy significativo que desde el Congreso Nacional demos herramientas eficaces, eficientes y reales a un mundo que debemos transformar, no solo en el ámbito comunal, sino también en el de la regionalización.
Durante todos los gobiernos anteriores, tanto en los de la Concertación cuanto en el nuestro, mucho se habló de regionalización. Sin embargo, todas las grandes obras siguen creándose desde un escritorio en Santiago. No cabe ninguna duda. Y donde más se nota es en el gabinete del Ministerio de Obras Públicas. Así, las decisiones sobre las obras de infraestructura más importantes continúan tomándose en la Capital.
Por esa razón, señora Presidenta, creo que estamos ante una gran oportunidad para evitar que este tipo de proyectos de ley -a todos nos parecen positivos; por tanto, debemos apoyarlos y votarlos favorablemente- terminen siendo solo parches de algo que debe ser mucho más gordo y bastante fundamental: la mirada que queremos como país en materia de descentralización.
Aquello significa, por supuesto, que debemos estar dispuestos a perder poder frente a la autonomía de las regiones.
Señora Presidenta, con ocasión del debate de la reforma tributaria, una de las cosas que hemos criticado desde Amplitud es que no contempla la entrega de recursos a las regiones, en la idea de que ellas decidan, mediante los gobiernos locales, en qué los gastan.
Eso, a modo de ejemplo.
Y me referiré ahora a la elección directa de los intendentes.
He escuchado a muchos hablar aquí de la elección directa de los intendentes regionales.
Al respecto, debo recordar que firmé un proyecto de ley -soy coautora- hace ocho años, cuando era Diputada, pero nunca pasó nada con él. Jamás tuvo tramitación. Ningún gobierno nos dio crédito para tramitarlo, porque, en el fondo, la elección directa de los intendentes implica para el gobierno de turno, cualquiera que sea, una dispersión del poder total, tanto más cuanto que la función de dichas autoridades es representar los intereses de los habitantes de la región que las eligen y no los del Gobierno central.
Por esa razón, probablemente, en las regiones siempre estamos tan anclados.
Si sufrimos, por ejemplo, una sequía extrema, le pedimos al Presidente de la República -así lo hicimos nosotros mismos durante nuestro Gobierno- que designe un delegado suyo para enfrentar la crisis derivada de ella.
Ahora, desde la zona costera se le solicitó a la Primera Mandataria designar un delegado presidencial para enfrentar el drama provocado por el incendio ocurrido en Valparaíso, tal como se hizo en su momento en el caso del terremoto que asoló al Norte Grande.
Así, frente a una tragedia, ante cualquier desastre ocasionado por el hombre o por la naturaleza, podemos llenarnos de delegados presidenciales, quienes, por lo demás, tienen pocas facultades para intentar resolver, aunque sea emocionalmente, problemas derivados de la falta de poderío regional que afecta a nuestro país.
La verdad es que ni siquiera deberíamos pedir delegados presidenciales. Eso se hace, lisa y llanamente, porque no vemos a intendentes empoderados resolver las crisis y coordinar los servicios del Estado para atender situaciones de emergencia.
¡Esa es la verdad!
¿Por qué ocurre aquello? Porque las regiones no tienen competencias ni atribuciones suficientes y porque -esto es lo peor de todo- no existen los recursos necesarios, pues la decisión sobre ellos se sigue tomando en Santiago.
¿Qué dice la gente frente al delegado presidencial, quien debe tomar un avión para llegar a Iquique, por ejemplo, donde los habitantes se sienten profundamente abandonados, y con justa razón, pues -creo- les mandaron veinte mediaguas recién este fin de semana? ¡Que esa persona debe consultar a Santiago cómo tiene que entregar los recursos...!
Eso, también a modo de ejemplo.
Por ello, señora Presidenta, aun cuando apoyo el proyecto -porque sería absurdo negarnos a legislar sobre esta materia-, resulta esperable que durante la actual legislatura saquemos adelante la cuestión de fondo: la iniciativa de ley que significará perder poder en el nivel central para entregarlo a las regiones.
Eso es clave. Y debemos tomar conciencia y generar una reacción y una acción positivas frente a tal consecuencia.
Para ello, le manifiesto al titular de la Comisión de Gobierno -al alcalde "Rabi", como le digo yo- que contará con todo nuestro apoyo, pues creemos que una reforma de esta naturaleza es ineludible.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, hemos debatido este proyecto cuatro o cinco veces -no sé con certeza cuántas - en la Sala.
Me parece que lo más importante de la discusión, más allá del texto exacto que hoy estamos aprobando, mediante el cual se establecen las atribuciones mínimas del presidente del Consejo regional y la forma de elegirlo, es el diálogo que se ha ido generando en torno a la manifestación de una voluntad política que permite avanzar en un proceso de descentralización efectivo para nuestro país.
Yo rescato eso.
Algunos colegas, con razón, dicen: "No hemos progresado lo suficiente".
Otros se preguntan por qué discutimos esta materia cuando deberíamos estar abocados a las atribuciones de un Gobierno regional autónomo, elegido libremente, con un intendente generado en forma democrática, con competencias y atribuciones suficientes para llevar adelante un proyecto de desarrollo a nivel tanto regional como local.
Pienso que son argumentos válidos y lógicos.
Sin duda, podríamos haber progresado más. Y este proyecto, aunque de repente parezca inoficioso, también avanza un poco. Porque establece, primero, la existencia de un presidente del Consejo regional, y segundo, la generación indirecta de esta autoridad, por pares elegidos democráticamente, que comparte roles protocolares con el intendente, quien es el representante del Ejecutivo, del Presidente de la República.
¿Y por qué creo que este debate sirve? Porque pone más en evidencia que nunca la necesidad de que en una próxima elección de consejeros estemos en condiciones de elegir en forma directa al jefe del Gobierno regional: un liderazgo democrático, empoderado; con una propuesta de desarrollo local, que pueda ser debatida, dialogada y definida en la propia región, de acuerdo a su realidad.
Ese objetivo político, que se contenía en el programa de Michelle Bachelet y formó parte del debate en las campañas presidenciales -durante las primarias el representante de la Alianza y otras candidaturas también plantearon la descentralización como eje central-, debe llevarnos a buscar consensos en el sentido de que es menester que, junto con la figura de un jefe del Gobierno regional elegido directamente, al igual que los cores, existan las atribuciones y las competencias indispensables para ejecutar las propuestas programáticas que se les formulen a los ciudadanos.
La capacidad de gestión y las competencias administrativas, financieras y políticas son lo que deberemos discutir a propósito del famoso proyecto de "ley larga".
Yo espero, señora Presidenta, que este debate sea la base, el sustento para avanzar en la descentralización. Porque aquí prácticamente todos hemos hablado a favor de ese proceso; de la urgencia de dar mayor autonomía a los gobiernos regionales, pero, sobre todo, en lo concerniente a su gestión y a su futura capacidad de acción.
Ese es el tema.
Al respecto, señora Presidenta, sería bueno que el Senado fijara con el Gobierno un calendario exprés, muy acotado, para el despacho del proyecto de "ley larga".
Que el presidente sea elegido de entre los miembros del Consejo, que la subrogación sea por no sé quién, que la censura se presente no sé cómo, que el remplazante tenga tales características, etcétera, todo eso, comparado con la urgencia de definir en nuestro país una reforma estructural que garantice una descentralización objetiva y potente, no reviste mayor significación.
Ese cambio espera la gente en nuestras regiones. Y a eso debemos atrevernos.
Creo que en ello no existen medias tintas ni puede haber alguna gradualidad. ¡El paso gigantesco hay que darlo, y de una vez!
La voluntad política expresada en el Senado por todos los sectores amerita la aprobación de un proyecto de descentralización real y efectiva en el más breve plazo.
Voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, siento que en esta iniciativa de ley nos hemos dado muchas vueltas, por varios meses, incluso desde antes de que concluyera el Gobierno del Presidente Piñera.
Eso tiene que ver con que en los últimos veintitrés años hemos hecho muy pocos cambios para lograr el robustecimiento de la institucionalidad de los gobiernos regionales. Ello, porque a veces entendemos poco la lógica de "la región". Hablamos mucho sobre las regiones, pero en materias presupuestarias y otras terminamos centralizando la toma de decisiones.
Ahora tenemos un debate surgido fundamentalmente de la manera de elegir a los consejeros regionales, en torno a lo cual hubo bastantes cuestionamientos. Y el tiempo nos ha ido dando la razón a quienes planteamos algunos en 2013. Se improvisó un tanto, incluso en la forma de la elección.
Aquello, por supuesto, no significa que no estemos por más democracia. Y bienvenida la elección de los intendentes. El problema emana de que no podemos sacrificar el sistema. Porque, señora Presidenta, tras la "ley larga" y la elección democrática de los intendentes no existirá un sistema federal.
Por lo tanto, el tránsito no será fácil.
Con todo, me parece que hoy estamos en el peor de los mundos, pues existen dos normas que señalan caminos distintos para la presidencia del Consejo regional: de un lado, la que dice que es presidido por el intendente, y de otro, la de 2009, conforme a la cual el presidente es elegido por los miembros del referido ente.
De alguna forma, aquello se empieza a encauzar con un reciente dictamen de la Contraloría. Y por eso hoy nos vemos obligados a normar la materia.
Desde todo punto de vista, dejar las cosas como están es el peor de los mundos.
Señora Presidenta, a la ley en proyecto la he denominado "ley campana", porque, en esencia, no hace más que permitir que el presidente del Consejo toque la campana; en lo demás, establece formalismos mínimos, como elaborar la tabla, citar a sesiones, suspender sesiones, cosas elementales en cualquier presidencia.
En consecuencia, esta "ley campana" no persigue otro propósito que el de zanjar una situación que tiene en crisis a varios consejos regionales.
Por cierto, este no es el momento de distribuir recursos cuantiosos, más todavía considerando que el Gobierno anterior dejó comprometidos, si no aprobados, muchos presupuestos en los primeros meses de 2014.
Sin embargo, como sea, hay que resolver la materia que nos convoca. El debate de fondo tendrá lugar, como decía el Senador Pizarro, a propósito del proyecto de "ley larga". Y durante él incluso deberemos explorar escenarios en torno a lo que ocurrirá cuando se elija a los intendentes.
Entonces, me quedo con el trabajo que hicieron los miembros de la Comisión de Gobierno -son muy valiosos, por ejemplo, los puntos que expuso el colega Orpis-, pues posibilita que todos los gobiernos regionales elijan a su presidente.
Alguien preguntaba qué va a suceder con los intendentes.
Ellos serán oídos; participarán, como siempre, en la discusión de presupuestos con el nivel central, con Hacienda y otros ministerios. Y no puede ser de otra manera, pues el intendente sigue siendo, en este y en todos los proyectos, el responsable final de la inversión pública.
Insisto: si bien hay cambios que envuelven formalismos, lo peor sería dejar la situación en la incertidumbre, más aún a la luz del reciente dictamen de la Contraloría.
Voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, yo estoy aquí porque fui elegido por una región que tiene un problema permanente: su condición de zona extrema.
Y estoy aquí también porque voy a defender la obra de nuestro Gobierno.
Duramos ocho años,...
El señor ROSSI.- ¡Fueron solo cuatro, colega...!
El señor MOREIRA.-... pero hicimos una buena gestión en algunas materias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón por corregirlo, Su Señoría, pero ¡solo duraron cuatro años...!
El señor NAVARRO.- ¿Se está refiriendo al Gobierno pasado o al militar...?
El señor MOREIRA.- No estoy contando los diecisiete años, señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Prosiga, Su Señoría.
El señor MOREIRA.- Yo quiero dejar establecido aquí un punto, señora Presidenta.
El año 2011 -algo se ha dicho en la Sala- el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó al Parlamento un proyecto de ley sobre descentralización que resolvía el problema que se nos presenta hoy y que, además, avanzaba profundamente en distintos tópicos relacionados con el proceso pertinente, pero de manera principal en lo relativo al traspaso de competencias.
Empero, hay que recordar -y es del caso dejar constancia de ello- que dicha iniciativa se votó a favor aquí, en el Senado, pero fue parada en la Cámara de Diputados precisamente por los partidos de la Nueva Mayoría.
Así, ahora nos vemos forzados a votar este proyecto de "ley corta".
Señora Presidenta, si queremos un país descentralizado de verdad, es menester retomar el trabajo que empezamos en 2011 -sin tener complejos en cuanto a quién presentó la iniciativa-, que propende a una verdadera ley de descentralización y que es susceptible de aportes y perfeccionamientos.
¡No nos quedemos atrás!
La Presidenta de la República creó una comisión: nos parece muy bien. Pero de repente hay señales con algún grado de contradicción.
No tenemos por qué dudar del interés de la Presidenta de la República por avanzar en la descentralización de nuestro país. Pero yo no entiendo por qué el Gobierno hace en la Comisión Especial de Zonas Extremas una presentación donde curiosamente, cuando se habla de "zonas extremas" y de "zonas aisladas", no se reconoce como tal a una que claramente es extrema: la provincia de Palena, perteneciente a la Región que representamos con el Presidente de la Comisión de Gobierno, don Rabindranath Quinteros.
Me parece del caso, pues, que el Ejecutivo rectifique e incorpore en la calificación respectiva a la provincia de Palena.
Señora Presidenta, cuando hablamos de "descentralización" es indispensable dar señales claras y positivas.
Mucho se dice sobre la elección del intendente en forma democrática.
Bueno: suena bien. Pero vamos paso a paso. Veamos primero qué sucede con los cores.
En todo caso, la descentralización de nuestro país no pasa por la elección democrática del intendente: lo más significativo es que el Ejecutivo y el Congreso Nacional generen compromisos para que la descentralización no sea solo poesía.
En este proyecto de ley hemos visto el trabajo de la Comisión, y en particular el de nuestro Senador Jaime Orpis, quien ha tenido permanente preocupación por la materia que nos ocupa.
En esta oportunidad votaré a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, creo que todos concordamos en que estamos resolviendo un problema puntual derivado de un vacío existente en nuestra normativa legal: necesitamos que el presidente del Consejo regional tenga competencias básicas dentro del marco institucional vigente.
Entiendo también que el Consejo que nombró la Presidenta Bachelet va a hacer durante el segundo semestre una propuesta en que habrá más claridad sobre el traspaso de competencias, facultades, atribuciones, y además, en cuanto a la elección de ciertas autoridades, entre otras la del intendente.
Sin embargo, mi preocupación mayor emana de que aquello no tendrá eficacia si no lleva aparejado una distribución de la estructura tributaria, toda vez que ya se abrió el debate sobre la reforma tributaria, la cual no consigna ningún aspecto -al menos conocido hasta ahora- relacionado con alguna modificación en el ámbito de la inversión fiscal, ni tampoco con la creación de impuestos regionales.
Creo que eso podría quedar en suspenso, toda vez que no imagino una segunda fase de cambios tributarios tras la gran reforma que se debate en este momento en la Cámara de Diputados y que nosotros deberemos analizar durante las próximas semanas.
Por la misma razón viene mi solicitud de hacer más claro el sentido de la votación que estamos efectuando en este momento.
En consecuencia, voy a votar que sí en el entendido de que en la discusión de la reforma en comento se incorporarán las dimensiones de los tributos regionales, pero no solo fiscales, sino también algunas enmiendas sobre tributos locales permanentes y acumulables; y de que además se verá todo lo concerniente a la descentralización, al traspaso de competencias, facultades y atribuciones, y a mecanismos más democráticos para la elección de autoridades regionales.
En ese entendido y en tal contexto, voto que sí.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, quisiera manifestar mi respaldo a esta iniciativa, sin perjuicio de dejar constancia también de la inquietud que se ha recogido en el debate habido aquí.
El Senador Quinteros decía: "Han transcurrido más de veinte años y no ha pasado nada en materia de descentralización".
Su Señoría tiene razón: yo llevo veinte años en esta Corporación, y la verdad es que he visto poca voluntad real para hacer una descentralización, para fortalecer a las regiones.
Por ejemplo, la circunscripción a que pertenezco es el patio trasero de la Región del Maule. Sufrimos el problema de la doble centralización que existe en muchas partes de nuestro país: primero, la que depende de Santiago, y después, en regiones, la que depende de la capital regional. Y eso, por la muy simple razón de que a nadie parece gustarle desprenderse del poder: quienes lo tienen en Santiago no quieren soltarlo; aquellos que lo tienen en Talca, en el caso de la Región del Maule, tampoco.
Esa es la situación que nos afecta. Tal es la verdad del asunto: no hay voluntad. Y ello, por muchas razones: hasta por desconfianza en la competencia y capacidad locales para resolver problemas muy graves, los que ¡solo pueden solucionarse en Santiago...!
Aquel es el sentimiento con que uno ha venido bregando durante estos años. Y por eso no avanzamos.
A mi entender, ese es el tema de fondo.
En tal sentido, la división que derivó en el proyecto que nos ocupa hoy vuelve a reflejar el poco compromiso que existe para resolver estas materias.
Creo que hay que apoyarlo, porque se da un paso, pero menor.
¡Si no va a existir descentralización mientras en las regiones no haya atribuciones y recursos reales!
Segundo: aquí se apuesta mucho a la elección del intendente.
Yo no soy partidario de la elección del intendente, pues creo que generará una distorsión en nuestro sistema de gobierno.
¿Qué ocurriría si la mitad de los intendentes fueran de Oposición? Considero que ello ocasionaría problemas de gobernabilidad relevantes, que podrían incluso perjudicar a algunas regiones.
En cambio, podríamos fortalecer a las regiones desde otra perspectiva.
En su momento vamos a plantear la creación de una Asamblea Regional, donde se incorpore no solo al Consejo Regional sino también a los alcaldes, a los concejales y a los parlamentarios, para generar una instancia de reflexión local capaz de definir cuestiones como la estrategia de desarrollo de la región y a la que quizá pueda consultarse necesariamente cuando se aborden asuntos legislativos relevantes y con impacto para determinada región.
Me parece que esa es una vía de participación más acorde con nuestra idiosincrasia. Y ahí todas las autoridades locales elegidas, uniéndose al Consejo regional, podrían pensar la región como una sola unidad.
En mi opinión, ese es un paso absolutamente imprescindible.
Otro paso que estimo necesario es la evaluación de una vez por todas de las regiones existentes.
Ellas fueron hechas en un escritorio hace 35 años. Y desgraciadamente, a pesar del avance que eso significó en su momento, la realidad es que las regiones son muy desestructuradas.
Tenemos que ir, o a regiones macro, con mucha fuerza y poder, o al revés.
En el caso de mi Región, yo soy partidario de crear la Región del Maule Sur: no tiene sentido seguir dependiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, del Maule Norte, pues solo hemos obtenido perjuicios.
No hay dos opiniones hoy día en el Maule Sur.
Hace veinte años, eso no se podía hablar. Actualmente existe convicción.
También hemos de hacer el esfuerzo de revisar qué sentido tienen las provincias y las gobernaciones. Son un chiste: se trata de relacionadoras públicas del Gobierno regional o del Gobierno nacional.
Bueno: esos son los temas de verdad, que en mi concepto no se resuelven con el proyecto que nos ocupa. Y seguimos postergándolos.
En tal sentido, también me sumo a la frustración, porque veo que los gobiernos -no estoy hablando de alguno en particular- no tienen voluntad de desprenderse del poder.
Mientras no cambiemos eso, Senador Quinteros, las regiones seguirán esperando.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, comparto lo dicho por algunos colegas en cuanto a que este es un debate que se ha dado en reiteradas ocasiones.
Claro: uno tiende a no querer intervenir. Pero al escuchar las exposiciones nos damos cuenta no solo de la importancia que reviste esta materia, sino además de la poca voluntad política que ha existido durante muchos años para avanzar en el fortalecimiento de las regiones, lo cual tiene que ver con otorgar autonomía para la administración de los recursos; con proporcionar instrumentos de gestión, de desarrollo productivo.
Existe una cultura centralista muy arraigada, diría. Basta observar lo que sucede cuando un Ministro de Estado -del Gobierno actual o del anterior- va a una Región: desaparece el Secretario Regional Ministerial. O sea, media una desconfianza muy profunda en el capital humano y las capacidades en el ámbito local. Y tenemos que hacernos cargo de eso.
El Senador que habla va votar a favor del proyecto que nos ocupa, pero piensa que fue una muy gran torpeza transitar por este camino, porque en la actualidad se tramita en la Cámara de Diputados una iniciativa que aborda la cuestión de fondo, que tiene que ver justamente con la forma como les entregamos herramientas a las Regiones, como les transferimos poder, como les otorgamos atribuciones a sus autoridades para tomar las riendas de los asuntos públicos en cada zona, en cada territorio.
Sin embargo, estamos subsanando un problema que surge por una resolución de la Contraloría que me merece reparos. Fíjense, Sus Señorías, que en algunos lugares incluso se eligieron presidentes de Consejo Regional. No cuentan con ninguna facultad, y la verdad es que hoy día tampoco les estamos dando muchas. ¿Cuáles les estamos asignando? La de conformar la tabla; la de dirigir la sesión. Al Consejo Regional le conferimos la de rechazar, por dos tercios, la urgencia que imponga el intendente para tratar una determinada materia. Estimo positivo que su Presidente acompañe al Intendente en la discusión presupuestaria, en Hacienda, como aquí lo planteaba el Honorable señor Orpis. Pero si se analizan las funciones y atribuciones que se le entregarían a la figura que estamos creando, cabe concluir que son bastante pobres, en realidad. Entonces, se trata de algo muy contradictorio, y creo que constituye una mala señal para el país.
Otro camino que podríamos haber recorrido es el de la generación de un espacio de diálogo con la Contraloría y de pedir una reinterpretación.
Tengo un punto de vista personal. A mi juicio, lo que debería ocurrir es que se despachara la Ley Orgánica Constitucional para justamente elegir al presidente del Consejo Regional, con las facultades que ella le otorga, y no algo que nadie entiende mucho, como es una autoridad, una figura en la Región, sin ningún poder de decisión real.
Una discusión muy interesante es aquella a la cual nos ha convocado el Senador señor Larraín, porque las Regiones efectivamente se configuraron en un momento de nuestra historia en que Chile no era lo que hoy. Muchas veces se han creado con la idea de que eso va a ser muy positivo para la comunidad. También es el caso de las comunas, porque se cae en una lógica de populismo o de demagogia en el sentido de que la gente puede pensar que tal medida le va a resolver todos los problemas. Pero, muy por el contrario, es algo que a veces los agudiza y profundiza.
Espero que la mirada que hace falta se dé en la Comisión que se ha conformado para descentralizar el país. Ojalá que justamente emanen de ella las conclusiones en orden a cómo ser capaces de derrotar nuestra tremenda segregación territorial. La que exhibimos está dada por muchos factores, no solo por condiciones geográficas. Hay comunas más pobres, y la gente que habita en ellas naturalmente se encuentra en una situación totalmente distinta, a veces con muchas menos herramientas para salir de esa condición. Entonces, resulta deseable que el próximo semestre logremos avanzar en un proyecto que permita obtener una verdadera regionalización y una distribución importante del poder a nivel territorial.
Pero, bueno, estamos en la presente coyuntura y habrá que aprobar. Como dije, hay presidentes de Consejo Regional elegidos: alguna función tendremos que darles. Mas evidentemente no se resuelven los problemas y no se contemplan los incentivos que nos hemos planteado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, me cuesta bastante comprender la dinámica de esta Corporación. Me parece que estamos todos de acuerdo respecto del tema y que a lo mejor habría que separar un debate de fondo, porque la cuestión no es así no más: las asambleas locales que nos plantea el Senador señor Larraín estaban en la Constitución de 1925.
Algo pasa en Chile, con una sociedad construida desde el Estado hacia abajo que no ha logrado generar dinámicas. Porque no se trata solo de una dificultad administrativa. Ello tiene mucho que ver con la forma como se han constituido social y culturalmente las regiones, que quiero subrayar que no son homogéneas. No puede haber un solo modelo. ¡Si son muy heterogéneas, muy diversas en su nivel histórico y su constitución social, política, económica! Por ejemplo, la del Biobío es una Región con una tremenda historia, en particular Concepción; también la de Magallanes, y algo la de Coquimbo en la época de la comuna autónoma, en fin.
Creo que uno de los factores que más nos han impedido avanzar, sin embargo, es la pretensión de disponer de un solo modelo, de no contar constitucionalmente con la posibilidad de diversificar. Ello sí existe en el nivel municipal, mas no en el regional, paradójicamente.
Comparto que hay un problema desde los límites. Hasta hace poco tiempo el nombre se encontraba ligado a un número romano más que a una historia. En México, donde viví, cuando se hacía referencia a regionalización, a descentralización, se aludía a Oaxaca, por citar un caso, a realidades muy constituidas como tales y, además, muy diversas, lo que se reconocía. Nosotros tendemos a tratar todo como si fuera igual.
Más que en relación con la Metropolitana, la gente está muy enojada con el centralismo al interior de las otras Regiones, aspecto recién mencionado por mi Honorable colega Larraín, porque encuentra que las decisiones se toman en función de la ciudad principal y en detrimento de las demás. Ello tiene que ver con un nivel de constitución social, política, cultural.
Tan distintas son algunas que, desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, las tres regiones del norte más las dos del sur representan el 6 por ciento de la matrícula en el país. Ningún modelo educacional para ellas puede ser similar al del resto, donde se registra el 94 por ciento de la matrícula.
Entonces, pienso que es bien importante que nos demos tiempo para reflexionar más sobre estas cuestiones, porque existe una historia.
Cuando se discutió el proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en 1992, que trató de darle un cuerpo a la institución, Edgardo Boeninger era el más realista en el debate. Decía: "Aquí no hay regiones de verdad. Están empezando a vislumbrarse como tales. Requieren procesos para constituirse". Porque históricamente se hicieron de arriba para abajo. Fue el Estado Central el que las configuró, modelo distinto al de otros países.
Señalo esto porque todos han intervenido, pero deseo consignar que a mí me preocupa la Región Metropolitana. Porque tenemos que discutir qué vamos a hacer. Es una Región también con muchas singularidades. Existen ministerios que se dedican solo a ella. ¿Por qué? Porque carece de un gobierno metropolitano.
Cabe asimismo pensar en Valparaíso y, probablemente, en Concepción.
¡Imaginen los señores Senadores lo que son 54 comunas sin ninguna coordinación efectiva! Porque esa es la realidad. Basta tener en cuenta la cuestión de la basura. ¡Todavía no tenemos una respuesta a la altura de la cantidad de toneladas que se generan diariamente! Numerosos países ya están produciendo energía a partir de mucho menos. ¿Y por qué se plantea la dificultad? Porque no hay un gobierno metropolitano.
¡Para qué hablar de las aguas lluvias!
En relación con la vialidad, se plantea la necesidad de poner de acuerdo a dos comunas por donde pasa una misma vía. Tiene lugar el crecimiento urbano.
Junto a todo el debate, deseo insistir, en todo caso, en que es preciso contemplar las especificidades. Las regiones son distintas. Es preciso contar con modelos a lo mejor diferenciados. Y, dentro de todo eso, estimo que la Región Metropolitana requiere una respuesta apropiada, lo que le va a servir al resto del país, no solo a ella. Sería bueno que incorporáramos el punto dentro de la discusión.
En el proyecto original -el "de fondo", como es llamado aquí-, ese aspecto se consideraba. En algún momento se sacó. No sé por qué. Alguien lo hizo. No sé en qué Gobierno ocurrió, en realidad. Pero creo que es muy importante tratar a Santiago con una especificidad propia.
Estoy de acuerdo con el proyecto, al igual que todos lo que se han pronunciado.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, la verdad es que el debate se ha planteado ya. Y lo destacaba quien me antecedió en el uso de la palabra, el Senador señor Montes. Este es un proyecto que nos habría gustado abordar de otra manera.
Todos entendemos la necesidad de respaldar la iniciativa, para regularizar una situación y responder algo que se dio a destiempo de la discusión, más de fondo, sobre la transferencia de competencias y cómo dotar de atribuciones a los gobiernos regionales. Pero inevitablemente es preciso intervenir, porque además se ha hecho un esfuerzo, dentro de lo acotado que era el texto, de mejorarlo un poco. A mi juicio, todos tenemos la sospecha de que, a pesar de los discursos, no vamos a avanzar tan rápido como nos gustaría.
Por mi parte, quiero más bien expresar la necesidad de aprovechar de alguna manera la expresión de voluntades que se ha registrado en cuanto a que las regiones efectivamente han de tomar las riendas de su desarrollo, a que avancemos en la descentralización. Y eso necesariamente requiere transferir competencias. He revisado el proyecto aprobado en la Cámara y reflexiono que el ritmo va a seguir siendo muy lento si cada una de las medidas con tal finalidad va a pasar por una ley específica. Me parece que estamos en un escenario bastante propicio para dar pasos efectivos.
Deseo traer al debate y contar la experiencia que hemos tenido en Magallanes a raíz de la construcción, en forma participativa, del plan especial como zona extrema. Algo que han repetido todos los actores, tanto en comunas más alejadas de Punta Arenas y menos pobladas como en reuniones más masivas, justamente tiene que ver con la forma como somos capaces de administrar el territorio tomando las decisiones en la Región.
En un estupendo seminario, por el cual felicito a las autoridades del Gobierno regional y también de la Subsecretaría, a los gobernadores, creo que conversamos por primera vez las Fuerzas Armadas, el Instituto Antártico Chileno (INACh) -entidad que, además, es un ejemplo de descentralización, ya que se trasladó desde Santiago a Punta Arenas por la relevancia que exhibe en relación con su objetivo-, los cuatro parlamentarios de la zona, asumiendo, con una visión mucho más de Estado y de mediano plazo, lo que queríamos hacer en términos de administración del territorio. Todos coincidimos en lo mismo y volvimos a ejemplos que se dieron hace varios años.
A mí me correspondió, en su momento, ser Secretaria Regional Ministerial de Planificación, y observé cómo se pasó de los convenios de programación -un negocio para la Región, en el buen sentido, con recursos que se atraían del nivel central- a la sustitución de la inversión del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio sectorial por fondos regionales; o cómo, a pesar de encontrarse los dineros aprobados, fue preciso dejar truncas iniciativas en materia social, donde he tenido la posibilidad de trabajar con mayor énfasis.
Recuerdo un programa especial para adultos mayores discapacitados en el que se contaba con la infraestructura disponible y básicamente se necesitaba costear el equipo humano, conforme a un programa financiado por cinco años, y, por determinar la Dirección de Prepuestos que no se podía utilizar para esos fines, a los dos años tuvimos que dejarlos sin un servicio de excelencia que podíamos prestar.
Entonces, uno concluye: "Estas son las cosas que tenemos que resolver. Es preciso reafirmar que la Región tiene la capacidad suficiente". Al respecto, siempre he sido defensora de las Regiones, y en particular la de Magallanes, que ha demostrado su competencia cuando se entrega la posibilidad de decidir sobre recursos y cuáles son los énfasis que queremos dar a nuestro desarrollo; pero una estructura centralizada y con predominio de la lógica de Hacienda, de gasto anual, de cumplimiento de ciertas metas, atenta contra ese último propósito.
Así que solo deseo consignar que espero que el proyecto al que todos aludimos permita una descentralización efectiva y genere mecanismos más rápidos para que las Regiones tengan esta oportunidad. Se pueden hacer transferencias de competencias específicas.
Y en el caso de Magallanes cabe subrayar, sobre todo, lo que tiene que ver con la administración de territorio en materias como el turismo, la administración de parques nacionales o de áreas silvestres protegidas, que es el sello regional por esencia.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, me parece muy importante y valoro que estemos discutiendo lo que de alguna manera es el proyecto de "ley larga". Cada uno de los actores, en especial quienes representamos a Regiones, estamos dando a conocer nuestros puntos de vista y nuestra preocupación por la lentitud que ha registrado el proceso de descentralización.
¿Porque quiénes resuelven acerca de lo que ellas van a disponer? Obviamente, cada Consejo puede intervenir en la aprobación y destinación de recursos que contemple el presupuesto regional; pero un porcentaje muy importante es definido en Santiago, en el Poder central.
Mis Honorables colegas son testigos, en lo que dice relación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de las súplicas de alcaldes y parlamentarios a fin de conseguir algunos fondos para que sea posible comprar un terreno, apoyar un proyecto, etcétera. ¿Y eso de quién depende? No del Congreso ni tampoco de la Región, sino del ciudadano que está de turno en dicha repartición. Esa es la verdad.
Queremos que el máximo posible de recursos y atribuciones se traslade a quienes fueron elegidos ahora popularmente en sus cargos, porque juzgo que este hecho legitima mucho más la decisión de cada una de las Regiones de designar a quienes tienen que destinar los recursos que se van a invertir en ellas.
Y aprovecho para decir que comprendo y comparto lo expresado por el Senador señor Larraín.
Aquí se plantea una cuestión cultural: cualquiera que sea el Gobierno, no quiere desprenderse de poder en favor de las Regiones. Este es un aspecto histórico. Tal como lo expuso el Honorable señor Montes, las asambleas provinciales estaban contempladas en la Constitución de 1925.
La que señalo es una cuestión de centralismo que ha existido históricamente, pero creo que las Regiones están hoy día mucho más empoderadas. Y, como parlamentarios que las representamos en el Senado, asimismo tenemos que empoderarnos más.
En lo personal, también deseo manifestar mi preocupación, porque hemos de darles a los actuales consejeros regionales los apoyos que necesitan para hacer bien su trabajo. La Región que represento tiene 33 comunas, y ellos tienen que resolver los recursos de todas, si bien son elegidos por ciertas provincias. Cada día hay más comisiones, por la especialidad de la zona y los proyectos en ella, y cada día les estamos solicitando más tiempo a quienes se desempeñan en el cargo, y no es presentable que no dispongan de asesorías, de los funcionarios necesarios para desarrollar su misión; como tampoco lo son las dietas que reciben.
Si queremos profesionalizar y empoderar a nuestros consejeros regionales, el Gobierno tiene que ponerle la máxima urgencia a la iniciativa que está hoy día en la Cámara de Diputados.
Voy a votar a favor del proyecto, porque creo que va por el camino correcto, pero quiero dejar una aprensión. El nuestro es un país unitario, y, ante la eventualidad de la elección del intendente, me pregunto con qué representante en la Región se va a quedar el Presidente de la República. Tenemos que hacernos esta consulta.
A mi juicio, es fundamental que el Primer Mandatario cuente con un representante regional. Si no, se puede crear un conflicto cuyas proyecciones son difíciles de analizar.
Repito que somos un país unitario. Si fuéramos un país federal, sería distinto. Por lo tanto, tampoco comparto la elección de quien va a representar al Jefe del Estado. Porque el Presidente del Consejo Regional podría a lo mejor ser designado popularmente en el futuro -hoy día lo nombran los consejeros regionales, punto también por debatir-; pero creo que sería sumamente complejo privar, en un Estado unitario, de la posibilidad de que el Primer Mandatario tenga su representante en la Región y que se podría abrir un flanco de conflictos difícil de imaginar.
Por eso, señor Presidente,¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se agotó su tiempo, señor Senador, pero puede terminar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Perdón: señora Presidenta. Le presento mis excusas, pero el error obedece a la costumbre que hemos mantenido durante largo tiempo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Son 204 años.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Así es.
Repito que voy a pronunciarme a favor, pero estimo fundamental seguir trabajando en un proyecto de ley larga que no lo sea tanto como ha ocurrido hasta el día de hoy.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, en mi primera intervención básicamente me referí al contenido del texto objeto del debate.
En el curso de las intervenciones de los distintos señores Senadores, sin embargo, la discusión ha escapado largamente del propósito de la iniciativa de reforma en análisis, que pretende resolver un problema coyuntural, cuales son las facultades del Presidente del Consejo Regional. Porque el cargo, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, está plenamente vigente desde 2009, año a partir del cual los integrantes del organismo han podido elegir a quien lo desempeñará.
Y quiero plantear una reflexión al Senado.
Es unánime en el país -y creo que ha surgido del debate- que uno de los grandes temas pendientes es el de la descentralización. Por lo tanto, es urgente.
¿Qué me preocupa a mí, en ese ámbito? Que no tenemos un calendario. Hoy, en materia legislativa, el Senado aprobó la ley orgánica, que, tal como señaló el Senador Rossi, aborda asuntos importantes de la descentralización, que tiene que ver, a mi juicio, con autonomía económica y transferencia de competencias, como elementos centrales, además del político.
¿Qué ha ocurrido, en la práctica, en términos políticos? Se nombra una comisión, que debe resolver en seis meses. La cuestión es: ¿después de medio año no se ha fijado ninguna fecha para ingresar los proyectos de ley relacionados con la descentralización?
Y llamo a reflexión al Senado respecto de una sola disposición.
Yo me pregunto: ¿necesita seis meses una comisión para llegar a ciertas conclusiones y modificar el artículo 114 de la Constitución? Este precepto señala que "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente podrá" -es facultativo- traspasar competencias. Si hay unanimidad en descentralizar, una comisión no requiere seis meses para cambiar la palabra "podrá" por "deberá", con el objeto de que efectivamente se transfieran competencias en las condiciones que determine la ley orgánica respectiva.
Por lo tanto, señora Presidenta, el llamado que yo hago al Ejecutivo y al Parlamento es a no paralizar la tramitación de la ley orgánica, para poder seguir avanzando.
En cuanto al artículo 114, anuncio desde ya que en los próximos días voy a presentar una reforma constitucional para modificarlo, por cuanto no hay que esperar seis meses para cambiar la palabra "podrá" por "deberá". Si yo quiero transferir competencias de acuerdo a lo que señale la ley orgánica respectiva, basta modificar tan fundamental concepto de esa disposición de la Constitución Política.
Y también hago un llamado a la Cámara de Diputados, para que actuemos de manera independiente de las comisiones que se formen a nivel ejecutivo. ¿Por qué siempre tenemos que depender de las urgencias que coloque el Gobierno? Perfectamente los parlamentarios podemos poner los proyectos en tabla y seguir avanzando en estas materias.
Creo que la peor señal que podemos entregar como Parlamento es paralizarnos frente a una comisión; no continuar progresando en el ámbito de la descentralización, y no hacer la modificación constitucional correspondiente al artículo 114. No es necesario esperar seis meses el resultado de una comisión para algo tan evidente si efectivamente queremos avanzar en el traspaso de competencias a los gobiernos regionales.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay más Senadores inscritos.
Señor Secretario, consulte a la Sala.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Gobierno (35 votos favorables y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Ossandón.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, señores Senadores, la Sala debe pronunciarse sobre la única proposición de la Comisión aprobada por mayoría, referida a la moción de remoción del Presidente del Consejo.
Por mayoría de sus integrantes (4 votos a favor y una abstención), la Comisión propone suprimir, en el inciso cuarto del artículo 30 bis, la coma (,) y la frase "no tendrá discusión" que siguen a las palabras "en ejercicio". Vale decir, el tratamiento de la moción de remoción no tendría discusión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero recordar a Sus Señorías que se autorizó para funcionar en paralelo con la Sala a la Comisión Especial que está analizando la tragedia que vivió Valparaíso. Así que vamos a esperar un par de minutos para que alcancen a llegar los Senadores miembros de esa instancia, pues esta norma también es de quórum especial.
El señor ORPIS.- Que se toquen los timbres y mientras tanto que se abra la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Los timbres ya están sonando, señor Senador, de modo que deberían estar empezando a bajar.
En todo caso, podemos abrir la votación para que aquellos que están en la Sala puedan comenzar a votar.
Si no hay objeción, así se procederá.
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La señora Presidenta ha puesto en votación la proposición de la Comisión que figura en la página 9 del texto comparado, tercera columna. Al igual que las ya aprobadas, es de quórum orgánico constitucional.
Quienes estén de acuerdo con dicha proposición deben votar que sí, y quienes estén en desacuerdo, que no.
La Comisión aprobó la enmienda por cuatro votos a favor (de los Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina y Quinteros) y una abstención (del Senador señor Pizarro).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya han llegado los miembros de la Comisión Especial.
Se requieren 21 votos favorables.
A los Senadores y Senadoras presentes en la Sala les ruego emitir su pronunciamiento, pues algunos todavía no lo han hecho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina, para fundamentar su voto.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, trataré de ilustrar el debate.
Aquí toda la diferencia está en lo que yo señalé cuando hice mi exposición.
Me parece de sentido común, y además implica respetar una garantía constitucional, que la petición de remoción del Presidente del Consejo dé lugar a una discusión o un debate. Porque la norma que viene de la Cámara de Diputados establece que, presentada la moción de remoción, sin discusión -o sea, sin derecho a defensa y sin ninguna posibilidad de que el afectado plantee sus puntos de vista-, se puede destituir a esa autoridad. Para mí, lo razonable es que haya un debido proceso que incluya el derecho a la bilateralidad de la audiencia, consistente en que quien sea objeto de una moción de remoción pueda señalar, para la historia fidedigna de las actas de la sesión de la corporación de que se trate, los fundamentos de por qué lo desean destituir. Si no, ¿dónde podrá defenderse?
Aún más, imaginemos que el afectado no puede estar presente. ¿Por qué un consejero u otra persona no podría defenderlo del acto del cual se lo acusa?
A mi juicio, aquí está en juego un principio básico de la democracia. Cuando se intenta destituir de su cargo a un funcionario, este debe tener el legítimo derecho a defenderse, y en el mismo lugar donde se lo está acusando.
La modificación de la Comisión fue aprobada por cuatro votos contra uno. Se abstuvo el Senador Pizarro, pero creo que ni siquiera fue respecto de este punto. No lo recuerdo muy bien. Entiendo que en esta materia hubo coincidencia. Tal vez discrepó en otro aspecto.
Lo que está en votación es la supresión de la coma (,) y la frase "no tendrá discusión" que siguen a las palabras "en ejercicio".
Ahora, no recuerdo, sinceramente, por qué se abstuvo el Senador Pizarro. Su Señoría tendrá que especificarlo, pero, en todo caso, no era algo distinto de lo que hemos señalado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Comisión propone eliminar la frase "no tendrá discusión" justamente para que se puedan conocer los fundamentos de la remoción.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, en mi intervención anterior representé al Senador Espina, quien no se encontraba en la Sala en ese momento.
Aquí no se trata de una especie de juicio, sino de un hecho político. En el caso del Senado, el artículo 25 del Reglamento, que aborda el tema de la censura de la Mesa, establece que "Esta proposición no tendrá discusión" -esta es nuestra tradición- "y será votada inmediatamente después de la Cuenta de la sesión ordinaria siguiente". O sea, no hay discusión. Es una decisión política. La censura puede deberse a una razón de esa índole, porque ha cambiado una mayoría.
Y creo que ese espíritu, tradicional en un órgano corporativo político como el Senado, es perfectamente aplicable al Consejo Regional. No se trata de un tema de remoción por cargos; es por razones políticas.
Así que me parece bien la forma como resolvió la mayoría de la Comisión en cuanto a que no haya discusión. Yo mantengo mi posición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, no alcancé a escuchar las intervenciones anteriores, pero la razón que planteé en la Comisión de Gobierno es justamente la que ha indicado el Senador Zaldívar. La renuncia puede deberse a que se ha producido un acuerdo o un desacuerdo político, o porque han cambiado las mayorías, o por cualquier otra razón de esa naturaleza. No tendría por qué generarse un debate que implique justificar por determinadas causas el que se acepte o no la renuncia de la presidencia del Consejo.
Tal fue exactamente la argumentación que entregué en la reunión de la Comisión de Gobierno el día de ayer, a la que asistí en reemplazo del Senador Zaldívar. Y preferí abstenerme por una cuestión procedimental. En mi opinión, para los efectos de la aceptación o rechazo de una renuncia debe operarse con la misma lógica establecida en el Reglamento del Senado.
El señor ESPINA.- ¿Me permite, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Usted ya fundamentó su voto, señor Senador.
El señor ESPINA.- Es para hacer una consulta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos en votación.
El señor ESPINA.- No quiero abusar ni hacer uso indebido de la palabra, señora Presidenta, menos tratándose de usted.
Sin embargo, me gustaría que me aclararan una duda.
Los parlamentarios pueden fundar su voto. Y aquí se ha argumentado -simplemente estoy intentando aclarar los hechos- que la censura de la Mesa del Senado se vota sin debate. Pero recuerdo que siempre existe el derecho a fundamentar el voto. Una cosa es que no haya discusión, y otra, que no se pueda fundar el voto.
Por lo tanto, hay debate, porque cuando se fundamenta el voto se produce un debate.
Ese es el punto que yo quería señalar, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Senador.
Consulte a la Sala, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión sugerida por la Comisión de Gobierno al inciso cuarto del artículo 30 bis (30 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).