MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.175 EN MATERIA DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL
La señora ALLENDE (Presidenta).- En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional, con certificado de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9294-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 16 de abril de 2014.
Certificado de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 13ª, en 23 de abril de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es derogar, en la ley N° 19.175, la norma que señala que corresponde al intendente presidir el Consejo Regional; modificar las disposiciones que aluden a tal presidencia; regular la forma en que el Presidente del referido Consejo se relacionará con el órgano colegiado, y establecer la manera en que será elegido y las funciones que se le otorgan para su cometido.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.
En cuanto a la discusión particular, el órgano técnico realizó tres enmiendas, todas las cuales acordó por la misma unanimidad recién consignada.
Cabe hacer presente que el artículo 1° del proyecto es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación de 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en el certificado de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, tal como se señaló, este proyecto modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, con el objeto de disponer funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional.
La iniciativa tiene su origen en la reforma constitucional del año 2009, que excluyó al intendente del cargo de Presidente del Consejo Regional, entregando esta función a un consejero elegido por el resto de sus pares.
Como la reforma remitió a una ley orgánica constitucional la manera de nominar al Presidente del Consejo y de fijar sus atribuciones, y habiéndose escogido ya, mediante votación popular, a los consejeros, la Contraloría, a través del dictamen N° 21.666, del presente año, precisó que la norma constitucional que dispone que el Consejo elegirá a un Presidente de entre sus miembros debe dictarse a la brevedad, habida consideración de la regla de derecho público que previene que la autoridad solo puede ejercer válidamente sus funciones "previa investidura regular" (artículo 7° de la Carta). Dicha norma es la que propone el proyecto que nos ocupa.
Por otra parte, la iniciativa adecúa disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, justamente para derogar el precepto que dice que el intendente encabeza el Consejo; desarrollar la forma de elegir al Presidente del mismo órgano (vale decir, regula el procedimiento de votación); establecer las causales de cesación en el cargo de esta autoridad, y fijar sus funciones y atribuciones.
También propone enmiendas al Código Procesal Penal, con el fin de igualar al Presidente del Consejo Regional con los intendentes y gobernadores en materia de fuero constitucional.
Durante el debate en particular, se observó que negarle al Consejo Regional la facultad de rechazar la petición de urgencia que le proponga el intendente para atender determinado asunto no guarda armonía con el planteamiento, transversalmente aceptado, de dotarlo de atribuciones eficientes y eficaces con miras a reforzar la descentralización del Gobierno regional respecto del Gobierno central.
Por tal razón, por la unanimidad de sus miembros, la Comisión acogió una indicación del Ejecutivo que le otorga tal facultad al Consejo, el cual, con el acuerdo de los dos tercios de sus integrantes, podrá desechar la petición de urgencia que le haga el intendente.
Asimismo, se reparó en la necesidad de suprimir las actuaciones secretas en los consejos regionales, en aras de una mayor transparencia en su actuar público. De este modo, por unanimidad, la Comisión suprimió una norma que establecía que la votación para elegir al Presidente del Consejo por los consejeros debía ser secreta. En su reemplazo, y a indicación del Ejecutivo, repuso la regla que declara que tal determinación será pública.
En el mismo sentido, sustituyó una disposición que daba carácter secreto al acuerdo del Consejo recaído en la renuncia de su Presidente, y en su reemplazo estableció que tal actuación fuera de índole pública.
Por último, cumplo con informar a la Sala que tanto la idea de legislar como cada una de las disposiciones del proyecto, con las enmiendas anotadas, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Gobierno.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, este proyecto viene de un buen tiempo a la fecha. Me tocó llevarlo adelante en mi calidad de Presidente, en ese entonces, de la Comisión de Gobierno, que hoy preside justamente el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Y claramente, si bien no responde en la forma en que todos deseábamos respecto al empoderamiento de las futuras estructuras de los gobiernos regionales, a lo menos ahora habrá una situación despejada, cosa no menor. Teníamos consejeros electos por voto popular. ¿Y para qué? Se suponía que habría una Presidenta o un Presidente del Consejo, pero no disponíamos de la figura legal pertinente.
En la Cámara todavía se halla la iniciativa que dice relación con el traspaso de competencias.
Hoy tenemos consejeras y consejeros regionales electos. Y vamos a contar con una Presidenta o un Presidente del Consejo Regional, quien poseerá atribuciones bastante limitadas. No son muchas. Entre ellas, abrir la sesión; recibir la correspondencia, y, en la eventualidad de que haya un empate, dirimirlo, que es, tal vez, la actividad más relevante dentro de este listado. Lamentamos que no se considere un verdadero traspaso de competencias a los futuros gobiernos regionales. En definitiva, tendremos administraciones y no gobiernos regionales.
El mensaje que hemos escuchado del Ejecutivo es que se quiere avanzar en esta materia. Se armó una mesa de trabajo, a la que se le asignó un plazo de seis meses, la cual se abocará al estudio de esta y otras materias, que es lo que le ha pedido la Presidenta Michelle Bachelet. Y nosotros -así lo ha manifestado el Presidente de la Comisión de Gobierno- vamos a incorporarnos en lo que más podamos a esa labor.
El presente proyecto, al que afortunadamente el Gobierno le ha puesto urgencia de "discusión inmediata", introduce una nueva modificación a la ley sobre gobiernos regionales -crea la figura del Presidente del Consejo-, y nos brinda otra oportunidad para que, legislativamente, podamos discutir muchos asuntos que quedaron pendientes en la última reforma constitucional tramitada durante el Gobierno anterior.
En los últimos años ha recibido modificaciones, pero no han sido suficientes como para poder afirmar que en Chile existen verdaderos gobiernos regionales.
La presente iniciativa establece la figura del Presidente del Consejo, en reemplazo del intendente, quien es hasta ahora el que lo encabeza. Me correspondió, junto con otros Senadores, presentar el año pasado un proyecto de reforma constitucional que también planteaba la creación de esta figura, pero, a diferencia de lo que dispone el texto actual, postulaba que el Presidente no sería elegido por sus pares, sino a través de una votación democrática realizada junto con la elección de los cores, que se hace cada 4 años. A mi juicio, todo el Consejo Regional, incluido su Presidenta o Presidente, debiera ser determinado por la ciudadanía.
Otro asunto que abordaba el texto legal que presenté en su momento se vinculaba con las atribuciones del Presidente del referido órgano. Se proponía, por ejemplo, que tuviera iniciativa de ley para temas que dijeran relación con la inversión de recursos con clara identificación en el orden regional.
Lamentablemente, el proyecto del Gobierno todavía es insuficiente en materia de atribuciones, pues se limita a entregarle a quien encabece el Consejo algunas facultades que ya tiene el CORE, referidas más que nada a la aprobación de instrumentos de planificación territorial y otras meramente formales, pero que siguen siendo totalmente insuficientes frente al poder y las atribuciones que la ley le otorga hoy al intendente, quien se seguirá manejando según las instrucciones del Gobierno central en la prioridad de los asuntos a tratar dentro del Consejo Regional.
Es una figura muy parecida a la nuestra. Si bien aquí se maneja la tabla, el que pone las prioridades no es el Congreso, sino el Gobierno. Y en la modalidad que estamos explicitando ocurrirá exactamente lo mismo.
¡Pero peor es nada!
Nuestro nuevo Presidente, por su experiencia como intendente, como alcalde, como hombre vinculado a la política por muchos años, entiende, como cada uno de quienes integramos la Comisión de Gobierno, que aquí falta avanzar muchísimo para tener estructuras distintas y poder hablar de verdaderos gobiernos regionales. Falta traspasarles competencias; falta empoderarlos mucho más; falta darles más asesoramiento técnico, profesional, de tal suerte que reciban un verdadero fortalecimiento.
No teníamos nada. Hoy tendremos esta nueva figura.
En algunas regiones me comentaban que ya habían elegido al Presidente del CORE.
Al Senador García y a mí nos asaltó una duda que quiero dejar establecida en la presente intervención y hacer extensiva al Presidente de la Comisión de Gobierno.
Se elegirá a la Presidenta o al Presidente del Consejo por un período de cuatro años. No se da la alternativa -corríjanme si me equivoco- de que el período pueda ser compartido, salvo en caso de renuncia, en fin.
Sin embargo, hay regiones donde eso se ha distribuido y le ha correspondido un año a un Partido, el siguiente, a otro, y así sucesivamente.
Por consiguiente, nos queda una duda respecto de esa situación, y sería bueno aclararla, porque, hasta donde da cuenta el proyecto, la presidencia dura cuatro años, pero no abunda en el tema. Sí habla del reemplazo. Pero este se rige conforme a otra figura. Y aquí habría una alternancia de las presidencias, que es algo un poco diferente.
Voy a votar a favor del proyecto junto con enviar un mensaje al país, a los cores y a los consejos regionales: creo que ninguno de los que estamos acá, Senadoras y Senadores, se encuentra conforme con esta iniciativa. No obstante, es lo que más hemos podido avanzar. Los cores han concurrido permanentemente a nuestras Comisiones; conocen el trabajo legislativo.
Recogemos con agrado el proyecto remitido por el Gobierno y la urgencia que le ha colocado, pues, en el fondo, ha permitido zanjar un problema que, además, se suscitó luego de la interpretación de la Contraloría.
Así que lo votaré favorablemente, pero deseando, obviamente, que las iniciativas que vengan permitan un verdadero fortalecimiento de nuestras estructuras regionales.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de conceder la palabra a la Senadora señora Von Baer, pido autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes. Pienso que sería importante que nos acompañara en el estudio de este proyecto.
El señor QUINTANA.- Sí.
--Se accede.
El señor HARBOE.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay inconveniente, así se hará.
El señor ORPIS.- No, señora Presidenta.
El señor LARRAÍN.- Todavía no.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Bueno, más adelante recabaremos el acuerdo.
El señor ORPIS.- ¿Me permite?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, quiero fundamentar muy brevemente por qué considero que no debe abrirse la votación.
En el informe se señala que todas las facultades que hoy día se contemplan en el proyecto sobre modificación a la ley orgánica, que es más amplio, se traspasaron rápidamente a esta iniciativa para efectos de los cores. Sin embargo, quiero advertir -así lo argumentaré en mi intervención- que no fueron transferidas todas las atribuciones que se establecen en esa otra normativa.
Por lo tanto, me parece que este proyecto tiene que volver a Comisión para que se integre todo aquello que el Senado aprobó en materia de ley orgánica respecto de las facultades del presidente del consejo regional.
De ahí que pienso que no debe abrirse la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está en su derecho, Su Señoría.
En todo caso, quiero aclarar a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que esta es una votación en general y que después, por supuesto, se votarán las modificaciones introducidas por la Comisión y aquellas a las cuales aludió el Honorable señor Quinteros en su exposición, que son tres.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, en cuanto a este proyecto, que podríamos llamar "ley corta", ya explicó el Presidente de la Comisión por qué lo analizamos de esta forma. El año 2009 se aprobó una reforma constitucional y en ella se contempló la elección de los consejeros regionales, la figura del presidente del consejo regional y, adicionalmente, un mecanismo o un proceso de traspaso de competencias al consejo regional y la exigibilidad de convenios de programación.
Para hacer realidad esos cambios constitucionales, se tramitó latamente en el Congreso un proyecto de ley que establecía las facultades para el presidente del consejo regional y, también, el mecanismo de traspaso de competencias, al igual que la exigencia de los convenios de programación.
Y ese proyecto de "ley larga", que efectivamente significa un paso hacia una mayor regionalización, más atribuciones para las regiones y la entrega de mayores facultades para los consejeros regionales que fueron electos en los últimos comicios, se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados.
Acá el Gobierno tenía dos opciones. La primera, dada la argumentación de la Contraloría en orden a que debía elegirse al presidente del consejo regional, era acelerar el trámite de esa iniciativa legal y sacarla adelante con voluntad política, adicionándole la urgencia del momento que estamos viviendo y que dice relación con la entrega de facultades al presidente de ese órgano.
Por lo tanto, podríamos haber avanzado de verdad en materia de descentralización. No obstante, el Ejecutivo tomó otro camino, el que a mi juicio no es el mejor, porque se perdió esa oportunidad.
Lo anterior es una pena, una lástima. El Gobierno decidió sacar solo lo relativo a las competencias del presidente del consejo regional y dejar todo el resto del proyecto en la Cámara de Diputados.
Repito que se perdió una tremenda ocasión de dar un paso real hacia la descentralización.
El Ejecutivo decidió solucionar rápido el problema actual dejando de lado la posibilidad de entregarles mayores facultades a los consejeros regionales, al consejo regional, y de contar con un mecanismo de traspaso de competencias al Gobierno regional.
Es así como nos encontramos con este proyecto, que -como dije- podríamos llamar "ley corta", para solucionar aquel problema puntual, relacionado con las funciones del presidente del consejo regional y la forma de elegirlo.
Cuando se analizó esta iniciativa en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, yo le pregunté al Subsecretario si todas las atribuciones que tenía el presidente del consejo en el proyecto de "ley larga" fueron recogidas en esta otra iniciativa. Y me contestó que una de las facultades no contenidas en ella era que en el nuevo mecanismo el presidente fija la tabla de la sesión del consejo y el intendente establece la urgencia.
Sin embargo, para darle un poder político un poquito mayor a dicha entidad, en el proyecto de "ley larga" se determinó que se podía rechazar una urgencia solicitada por el intendente por dos tercios de los consejeros regionales.
Aquello se estableció para darle más atribuciones a un órgano elegido por la ciudadanía. Porque cabe recordar -todos lo sabemos- que el intendente es el representante del Presidente de la República en la región, o sea, del Gobierno central, y los consejeros regionales son representantes de la ciudadanía en aquella.
Bueno, acá se le quitaba a ese órgano una facultad que nunca se le había entregado, pero, en el fondo, se retrocedía respecto del proyecto ya aprobado por el Senado y que en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, el Ejecutivo mandó una iniciativa que contempla menos atribuciones para el consejo regional que las que en su momento se consignaron en el proyecto de "ley larga".
En conclusión, el Gobierno está siendo realmente muy poco ambicioso en este nuevo proyecto en materia de descentralización.
Es una lástima, puesto que la Presidenta de la República ha dicho que tiene la intención de descentralizar, pero la primera iniciativa legal relacionada con los Gobiernos regionales que envía al Congreso no da cuenta de esa supuesta finalidad de avanzar en tal sentido.
Ahora bien, el Subsecretario escuchó este planteamiento y hoy por la mañana decidió ingresar una indicación que restituye al consejo regional la facultad de poder rechazar una urgencia propuesta por el intendente. Yo celebré en la Comisión -también lo hago ahora, señora Presidenta- que se haya recogido esa petición, ya que da cuenta de que existe voluntad de descentralizar.
Adicionalmente, dicha autoridad gubernamental se comprometió a que, una vez que el proyecto de "ley larga", que se discute en la Cámara de Diputados, sea estudiado por la Comisión nombrada por la Presidenta de la República para hacer una propuesta de descentralización, se le pondrá urgencia. No sé si se presentará como una indicación sustitutiva. El Ejecutivo puede proceder como estime conveniente. Pero el acuerdo a que se llegó y el compromiso del Subsecretario fue que no se iba a esperar seis meses para que esa Comisión hiciera una propuesta, sino que se trataría de avanzar igualmente en un mecanismo de traspaso de competencias y en los otros temas que quedaron pendientes en la "ley larga", que -como he señalado- en este momento se encuentra en la Cámara Baja.
Con todo, señora Presidenta, no quiero terminar estas palabras sin recoger lo que dijo un colega de mi bancada, que a mí me sorprendió. El Senador Orpis fue quien tramitó este proyecto de ley en la Comisión. Yo le pregunté si en él se recogen todas las facultades que dicen relación con el presidente del consejo regional. Y me respondió que no, y que hay otras adicionales que tampoco se contemplan.
Por lo tanto, no solo faltaría aquella que se nos indicó, que en su momento me llamó la atención en la Comisión, sino otras que también tienen que ver con el presidente del consejo.
A mi juicio, hay que transparentar esta situación durante la discusión. Sería una lástima que no se entregaran algunas facultades a quien encabeza dicho consejo, pues se trata de un órgano elegido en forma democrática. Hay que tenerlo claro: el consejo será elegido por la ciudadanía de la región. Por su parte, el intendente es el representante del Presidente de la República, o sea, del Gobierno central, no simboliza la fuerza de la región, sino la del Gobierno central.
Si no otorgamos todas las facultades al presidente del consejo, tanto él como el órgano que preside tendrán menos atribuciones que las que todos -supongo- deseamos que tenga.
Señora Presidenta, también pongo un signo de interrogación detrás de la discusión, porque en la Comisión se nos manifestó que todas las facultades se hallaban recogidas en la iniciativa, pero de acuerdo con lo que señaló el Senador Orpis parece que no lo están.
Sería bueno aclarar la situación antes de someter a votación el proyecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, quiero formular algunas consultas al señor Secretario y también a la Mesa: la modalidad de los certificados que emiten las Comisiones y que remplazan a los informes, ¿se hace de manera extraordinaria? ¿Cuál es el límite? Porque si se tratara de un asunto administrativo, se podrían entregar solo certificados y no limitarse a hacer informes.
Creo que es importante aclarar dicho punto, pues los informes posibilitan tener invitados; realizar audiencias públicas; invitar a gente para participar, dar su opinión. Eso permite que no solo tengamos el parecer del Gobierno, de los parlamentarios, sino también el de los incumbentes, en este caso de los cores o de los presidentes de los gobiernos regionales ya electos. Habría sido muy interesante escucharlos. Entiendo que no se pudo por un asunto que tiene que ver con las urgencias.
Lamentablemente, este proyecto de ley repite en las regiones la figura monárquica que afecta al Senado. Porque nuestra Corporación elabora la tabla de los asuntos por tratar, pero llega el Presidente de la República -el rey- y la cambia.
Por lo mismo, voy a pedir votación separada del artículo en cuestión, señora Presidenta. Junto con mi Gobierno comprendemos que es primordial que exista transparencia en las votaciones y en las negociaciones, que forman parte de la política permanente de cómo se elige al presidente. Pero acá se quiere repetir una figura probadamente fracasada y mala que equivale a las urgencias que someten y ponen de rodillas al Parlamento: aquí no podemos discutir las leyes que queramos, sino aquellas que decide el Gobierno de turno.
Con eso, la soberanía depositada en la iniciativa legislativa de los parlamentarios se ve severamente disminuida.
Señora Presidenta, este no es un buen proyecto, digámoslo francamente. Es un proyecto de parche. Otro más para el proceso de la descentralización y la reconstrucción.
Yo esperaba -no estuve en la Comisión, por eso lo digo- que se explicitara en un informe los compromisos de mi Gobierno y también los de la Oposición en torno a las facultades.
Vamos a parchar, una vez más, la Ley de Gobiernos Regionales, pero ¿tenemos consenso acerca de las facultades reales que van a tener los consejeros regionales?
El certificado detalla las capacidades que tendrá el presidente del consejo regional, que no dejan de ser interesantes: podrá disponer la citación del consejo; abrir, suspender, levantar y presidir las sesiones; ordenar que se reciba la votación; ejercer el derecho de voto dirimente; guardar el orden en el recinto; mantener la correspondencia del Consejo (muy importante); suscribir las actas de las sesiones (más importante aún); oficializar la comunicación acerca de la adopción de acuerdos; suscribir los actos administrativos; dar cuenta al intendente, en el mes de diciembre de cada año, de los asuntos que se señalan; actuar en representación del Consejo; cuidar de la observancia del reglamento.
Esto parece el reglamento de un club deportivo, señora Presidenta. Y se repite en cientos y miles de estatutos. Cuando en las organizaciones sociales se determinan las facultades del presidente, aparecen 20 funciones, todas administrativas, ninguna que signifique poder real, capacidad de decisión. La única en tal sentido es la de ordenar la tabla, pero transcurrido un plazo legal se puede hacer lo que el intendente dice. Es decir, al final la tabla la ordena el intendente. Y si este no pudiera hacerlo, el asunto se sometería a votación.
Siento que esto limita excesivamente las facultades del presidente del consejo, ya que, en verdad, lo convierte en un mero administrador de la sesión, que viene a aliviarle la pega al intendente, pues antes este tenía que cumplir más funciones, como la de dirigir difíciles sesiones del consejo, donde debía poner orden. Ahora hay un presidente que se lleva toda la pega y el maltrato que implica ordenar a los consejeros regionales.
Con relación al proyecto, voy a pedir votación separada del artículo pertinente.
De otra parte -por eso autorizamos el ingreso a la Sala del señor Subsecretario-, sería bueno que nos informaran cuáles son los acuerdos que vienen, porque cuando la gente nos ve votar este tipo de iniciativas y que todos hablamos de descentralización, de regionalización, pero al final solo transferimos facultades administrativas, no quedamos muy bien.
De verdad, espero que en este Gobierno exista una descentralización efectiva. Y confío en que también podamos incluir -cuando el proyecto llegue al Senado- que, cuando nos afecten catástrofes naturales, los gobiernos regionales se conviertan en actores y no en meros receptores.
Yo lo dije: en Iquique no hay que cometer el error que cometió el Gobierno del Presidente Piñera: creer que podía realizar la reconstrucción sin contar con una ley especial, abarrotando de trabajo a los Ministros, a los intendentes y a los seremis regionales y agotándolos. Se requiere una normativa que otorgue capacidades resolutivas a los gobiernos regionales. Hoy, si hay que comprar camiones o leña, debe pedirse autorización a Santiago. Eso ocurre ahora en Iquique. Es una gran tentación querer sentir que se tiene el poder de tomar decisiones.
El Gobierno anterior no lo hizo bien con el tema de la reconstrucción y, lamentablemente, estamos repitiendo el mismo esquema en Iquique.
El alcalde Soria pidió al consejo regional, con anterioridad al terremoto, que se compraran 18 camiones, pero el señor intendente no lo ha puesto en tabla. Y, por tanto, se ha armado un conflicto en medio del proceso de reconstrucción entre el alcalde y el intendente, quienes deberían actuar de la mano.
Lo cierto es que si ese asunto se abordara sobre la base de una ley de corporación de la reconstrucción, podríamos tener una solución local, no dictada desde el Ministerio de Hacienda o la DIPRES, o de parte de los señores que controlan el dinero.
Entonces, señora Presidenta, creo que con relación a las facultades que se le van a conceder al presidente del consejo vamos a tener que esperar lo que nos llegue de la Cámara de Diputados.
Ojalá hubiéramos contado con un informe y no solo con un certificado para votar una ley, que más bien -repito- es un parche, pues tiene que ver con la forma en que se elige al presidente del consejo regional y nada más. ¡Nada más, en absoluto! ¡Cómo se elige al presidente! ¿Por votación secreta o pública? A mí me gustan las votaciones públicas. Voy a votar a favor de que las que se realicen para la elección de presidente sean públicas. Lo que no me gusta para nada es que, en definitiva, las atribuciones se mantengan de manera decorativa y, en particular, que sobre ellas no tengamos claridad.
Le pregunto al Senador Bianchi: ¿el intendente puede citar al Consejo?
El señor BIANCHI.- Sí, claro.
El señor NAVARRO.- O sea, si efectivamente el intendente dice: "quiero sesión del consejo", ¿lo puede citar?
El señor BIANCHI.- Sí.
El señor NAVARRO.- Bueno, ese es un punto relevante, pero no está explícito.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No, porque no puede.
El señor LAGOS.- ¡Se le cayó el argumento...!
El señor NAVARRO.- No es que se me haya caído el argumento, Senador Lagos.
En definitiva, si no señala en forma explícita que solo su presidente puede citar al consejo regional y, al final, la tabla la ordena el intendente, la verdad es que como no hay debate público, como no hay audiencia y como el punto no se discute, uno empieza a especular. Por eso, debiera quedar muy bien señalado que quien cita al consejo es su presidente y no el intendente.
En el Senado, por ejemplo, el que cita a las sesiones es el Presidente de la República y no la Presidenta de nuestra Corporación, a través de la fijación de las urgencias: discusión inmediata, suma y simple. O sea, nos dice: "Tiene que discutir esto en un plazo". Y la Presidenta del Senado tiene que citar a los parlamentarios, de acuerdo con los intereses y las urgencias de la Primera Mandataria, en este caso.
En el tema que nos ocupa, ello dependerá de la urgencia del intendente o de la intendenta. La figura es la misma.
Pido votación separada, pues creo que los vicios que presenta nuestra legislación en materia de centralismo monárquico presidencial no los podemos repetir con respecto a las atribuciones de los gobiernos regionales, particularmente de nuestros cores electos y de los presidentes elegidos por los consejos regionales.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de darle la palabra al Senador señor Zaldívar, quiero pedir que, en paralelo a la Sala, efectuemos una reunión de Comités, para lo cual pido al Vicepresidente de la Corporación, Honorable señor Tuma, que pase a dirigir la sesión.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, al escuchar el debate, noto que, a lo mejor, no entendemos el sentido del proyecto que estamos tramitando.
Esta iniciativa promueve una ley transitoria, que obedece a un problema que se produjo no por voluntad nuestra ni del Ejecutivo, sino -todos lo sabemos- por el despacho de una normativa sobre gobiernos regionales que discutimos en la Comisión de Gobierno -yo participé en dicho órgano- durante la anterior Administración.
En el debate que llevamos a cabo en esa oportunidad -quiero recordárselo a algunos colegas- dijimos que la descentralización que nos proponía el Ejecutivo de la época era insuficiente, y no podíamos aspirar a una mayor porque en esa materia carecemos de iniciativa. Incluso, algunos Senadores presentaron una reforma constitucional, que se halla pendiente, al objeto de establecer un mecanismo de transferencia de competencias.
En este asunto coincidimos con el Senador Orpis, quien se mostró muy crítico ante la modalidad de transferencia de competencias que impulsó el Gobierno anterior en el texto que nos propuso. Nosotros insistimos en nuestra postura. En la discusión planteé que me parecía que la descentralización sugerida en ese proyecto era tímida, que debíamos avanzar con mucho mayor profundidad, e hicimos presente la necesidad de que el intendente fuera elegido por votación popular.
Sin embargo, se nos dijo que no. No hubo voluntad en ese momento para acometer una descentralización profunda. Esa iniciativa se encuentra en la Cámara Baja, esperando el pronunciamiento de los Diputados. ¡Y ahí están las atribuciones de que se ha hablado!
Además, no se olviden de que, en materia de transferencia de competencias, planteamos que se requería un mecanismo para resolver la discrepancia que se originara cuando el Presidente de la República no quisiera otorgar una competencia solicitada por la región. Incluso analizamos una forma de forzar una salida al respecto.
Primero se dijo -eso fue lo que nos propuso el Gobierno anterior- que, mediante un decreto fundado, el Primer Mandatario podía negarse a transferir las competencias respectivas. Sin embargo, algunos colegas sostuvimos -y en esto el Senador Orpis nuevamente estuvo con nosotros- que no resultaba suficiente un decreto fundado, que se hacía imprescindible encontrar algún mecanismo a través del cual otra autoridad resolviera la controversia entre el Gobierno regional y el Ejecutivo en el caso señalado.
De hecho, en la reforma constitucional que se encuentra pendiente en la Comisión de Gobierno -podemos acelera trámite, si se quiere-, se propone que el órgano encargado de solucionar esa diferencia sea el Senado. Podría ser otro organismo. Lo relevante es que la entidad que resuelva dicho conflicto no sea juez y parte.
Pero aclaro que el proyecto que nos ocupa no tiene ese sentido, sí el que se encuentra en la Cámara Baja, que en su momento podremos enriquecer.
Además, el Gobierno acaba de formar una comisión para avanzar hacia una descentralización más profunda y real. ¡Ahí deberemos hacer la discusión de fondo!
La iniciativa en análisis hace una sola cosa: permite que el pequeño avance que hemos logrado en materia de descentralización (la elección de los consejeros regionales) tenga eficiencia y pueda ejecutarse.
¿Qué pasó? Legislamos sobre la elección de los cores, pero no aprobamos una ley que otorga facultades al consejo regional, ni siquiera fijamos la dieta que deben percibir dichas autoridades.
Entonces, sucede que el proyecto que está pendiente en la Cámara de Diputados nos dejó un problema, respecto del cual el Contralor General de la República nos obliga a pronunciarnos hoy día. Este señaló que no era necesaria una ley orgánica para determinar cómo se elige al presidente del consejo regional. Precisó que, por el solo hecho de hallarse esta idea en la disposición legal, era obligatorio que los cores eligieran al presidente y no que el intendente ocupara ese cargo.
Eso es lo que trata de solucionar la presente iniciativa.
Por supuesto, en esta propuesta no se otorgan mayores facultades al consejo regional ni se resuelven temas vinculados con la independencia de este o con la mayor transferencia de competencias.
Me parece que, si bien no es un avance pleno, el Parlamento debiera tener la misma facultad que le estamos dando al consejo regional en materia de urgencias. Ojalá, con el acuerdo de los dos tercios del Senado, se pudiera desechar una urgencia calificada por el Ejecutivo.
Pienso que esa propuesta constituye un avance. Fue solicitada por la Senadora Von Baer y la aprobamos por unanimidad en el órgano técnico. Me parece muy bien que en este proyecto, destinado a solucionar un problema transitorio, seamos capaces de resolver ese tema.
Aquí no estamos ni incrementando ni profundizando la descentralización, pues ese no es el objetivo de la iniciativa en estudio.
La propuesta que sí hace eso se halla en la Cámara de Diputados. Cuando nos toque discutirla, me gustaría que todos los que hemos hablado sobre descentralización tomáramos decisiones claras: aprobar la reforma constitucional por medio de la cual se elige al intendente por votación popular; acoger las enmiendas a la Carta que fueren necesarias para que la transferencia de competencias sea obligatoria para el Ejecutivo, cuando así lo resuelva el consejo regional con quórum de ley orgánica o el que se determine, y establecer un organismo para dirimir las controversias suscitadas entre el consejo y el Ejecutivo.
¡Hagamos todo eso!
Pero ahora insto a mis colegas a resolver el asunto que nos convoca. ¿Por qué? Porque, de no hacerlo, podrían quedar en duda todos los actos que hoy día están ejecutando los consejos regionales y adolecer de nulidad de derecho público. ¡Eso sí que es grave! Si no solucionáramos ese problema, todos los gobiernos regionales del país en este momento quedarían suspendidos de la posibilidad de ejercer sus funciones.
En el proyecto que nos ocupa se hacen dos cosas: establecer cómo se elegirá al presidente del consejo regional y determinar cuáles serán sus facultades. Estas son menores; estamos de acuerdo, pero la solución final tenemos que abordarla en la otra iniciativa a la que me referí.
Ojalá la comisión que formó la Presidenta de la República apure el tranco y nos proponga, mediante reforma constitucional, una descentralización efectiva: con la elección del intendente, con atribuciones para los gobiernos regionales, con presupuesto suficiente para cumplir sus funciones, etcétera.
Sin embargo, ahora no nos corresponde otra cosa que pronunciarnos sobre el proyecto de ley en análisis.
En este ámbito, soy partidario -presenté la indicación respectiva para modificar el texto que venía de la Cámara de Diputados- de que la elección del presidente del consejo regional se lleve a cabo mediante una votación pública. Personalmente, no me parece adecuado que ese acto sea secreto, toda vez que debemos fomentar la absoluta transparencia y evitar ciertas corruptelas que se dan en este tipo de estructuras u organizaciones. En efecto, muchas veces, luego de elecciones secretas, no se cumplen los compromisos adquiridos.
Ahora, debemos tener presente que, si prospera dicha enmienda, la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados, donde espero que se ratifique la modificación, a fin de que la elección del presidente del consejo sea pública y no secreta.
Por esa razón, señor Presidente, apoyaré el proyecto, en el entendido -insisto- de que no busca establecer una mayor descentralización, sino solamente salvar una situación de emergencia para que los gobiernos regionales puedan funcionar.
Ojalá, en la propuesta que se estudia en la Cámara de Diputados, se profundice esta materia y se logre una descentralización como la que el país reclama.
En consecuencia, votaré favorablemente todas y cada una de las disposiciones que nos propone la iniciativa en comento.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
El señor NAVARRO.- No.
El señor TUMA (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Esperemos a ver qué concluye la reunión de Comités.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se ha explicado acá y como lo acaba de puntualizar el Senador señor Zaldívar, con quien comparto absolutamente los términos de su intervención, el proyecto en debate solo viene a resolver el vacío legal generado a partir de la reforma constitucional del año 2009, mediante la cual se estableció que la elección del presidente del consejo regional quedaría en manos de sus pares (los consejeros regionales), sin que ello se reflejara en una modificación a la ley orgánica respectiva, según la cual le corresponde al intendente presidir las sesiones del CORE.
Concuerdo en que esta iniciativa constituye un avance y, también, en que no aborda lo relativo a la descentralización en su conjunto, por cuanto apunta nada más que a solucionar el vacío señalado.
El proyecto que enmienda la ley orgánica constitucional solo fue aprobado por el Senado en enero de 2014 y, actualmente, se encuentra en la Cámara de Diputados sin urgencia.
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo se comprometió ante la Comisión que presido a definir la posición definitiva del Gobierno respecto de este proyecto, tan pronto como la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, recientemente creada, emita una primera opinión sobre él.
Desde esta misma propuesta legislativa, se ha desglosado la parte correspondiente a la elección de presidente del CORE, para enfrentar la lamentable situación actual en que los consejeros regionales, que fueron elegidos directamente por la ciudadanía en noviembre último y asumieron sus cargos el mes pasado, no han podido sesionar válidamente, o al menos sus sesiones se encuentran bajo el riesgo de ser objetadas legalmente, por cuanto no ha podido efectuarse la elección de su presidente.
Sin duda, lo ocurrido es responsabilidad de quien no tramitó en su momento las iniciativas correspondientes.
Pero quiero ser muy claro con las actuales autoridades: de una vez por todas, el Ejecutivo debe impulsar las reformas necesarias para dotar a los gobiernos regionales de las facultades y atribuciones que exigen las comunidades regionales y para regular la transferencia de competencias, de manera que este mecanismo no se vea entrabado por la decisión de la autoridad central.
No podemos seguir legislando "a goteras".
Los gobiernos regionales existen desde hace más de veinte años, y solo ahora estamos posibilitando que los consejeros elijan definitivamente a su presidente.
¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que los gobiernos regionales gocen de verdadera autonomía y dispongan de recursos necesarios para cumplir de manera efectiva el rol de impulsores del desarrollo económico, social y cultural de sus regiones?
La ciudadanía no aceptará nuevas dilaciones en materia de descentralización, ni tolerará un período presidencial más sin elección de intendente o del ejecutivo del Gobierno regional.
Los progresos del último tiempo en la materia, incluido este proyecto de ley, son muy tímidos. El Ejecutivo debe avanzar decididamente al respecto. Para ello, debe contar con una ruta clara, cuestión que les solicitamos expresamente al Presidente y al Vicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional cuando fueron escuchados en la Comisión de Gobierno.
Ha llegado la hora de una descentralización de verdad. No es posible el desarrollo del país sin el desarrollo de sus regiones. Pero no se trata solo de efectuar más inversiones en los territorios. El verdadero cambio debe estar en el reconocimiento a los habitantes de cada región a ejercer, a través de autoridades libremente elegidas, el derecho a tomar sus propias decisiones, a tener sus propias prioridades, a decidir sobre sus propios sueños.
De una vez por todas, los gobiernos regionales deben emanar íntegramente de la voluntad popular y contar con los recursos, las atribuciones y las autonomías que las regiones están demandando.
Todo lo ocurrido a raíz de los conflictos locales de que el país ha tomado conciencia en el último tiempo -desde Arica a Magallanes, incluyendo Calama, Freirina, Aysén, Quellón y otros lugares, así como las emergencias vividas recientemente en el norte y en Valparaíso- nos demuestra que podrían haberse evitado o mitigado los efectos producidos si las atribuciones y los recursos estuvieran radicados más cerca de donde se generaron tales complicaciones y emergencias.
El país no puede darse el lujo de seguir tropezando una y otra vez con la misma piedra.
Por eso, pensamos en una descentralización de verdad para que, de una vez por todas, el Estado de Chile pague las deudas que tiene con las regiones.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, después de 21 años de la creación de los gobiernos regionales, será posible que los presidentes de los consejos sean elegidos. Ello, por supuesto, luego de haber permitido que los cores sean electos por voto popular.
En algunas regiones -concretamente, en tres-, ya hay presidentes elegidos por sus pares.
Sin embargo, en verdad, los pasos dados en materia de regionalización y descentralización han sido tímidos, pequeños, lentos.
La iniciativa legal aprobada en enero de 2014 por el Senado no es, probablemente, la ley que esperábamos los regionalistas. Y digo "los regionalistas" porque acá muchos representamos zonas distintas de la metropolitana. En lo personal, en toda mi vida parlamentaria he sido elegido por regiones. En consecuencia, me parece que en eso tenemos un acuerdo bastante amplio.
Las propuestas de la ANCORE (Asociación Nacional de Consejeros Regionales) eran muchos más ambicionas en materia de atribuciones para los cores y para los presidentes de los consejos. Hoy día las facultades de estas últimas autoridades son más bien de coordinación, protocolares y de representación.
En realidad, esta tarde estamos acá para solucionar un problema concreto. Efectivamente puede haber nulidad de Derecho Público en virtud de lo preceptuado en el artículo 7° de la Constitución. No se sabe si las actuaciones de los presidentes de los CORE son válidas, desde el punto de vista legal. Por eso digo que estamos resolviendo una dificultad muy precisa.
Quiero dejar claro, y esto es importante para efectos de la historia de la ley -se lo pregunté al Gobierno y me respondió de manera afirmativa-, que no existe ningún problema de validez con los presidentes de los CORE elegidos. ¡Ninguno! Es relevante que quede despejado eso, porque algunas personas formularon preguntas, dudas e inquietudes al respecto.
Los presidentes ya elegidos por los consejeros regionales se hallan válidamente investidos en los cargos que asumieron.
Lo fundamental es regular la competencia de aquellos, lo cual no implica renunciar a legislar sobre el proyecto de ley que se tramita en la Cámara de Diputados, que establece más atribuciones y traspasa competencias a los gobiernos regionales.
En tal sentido, consideramos muy trascendente señalar que lo urgente en la propuesta que nos ocupa no puede eclipsar lo importante de la iniciativa referida.
Entregar más competencias a los presidentes de los CORE es una demanda en la cual vamos a seguir insistiendo.
Me parece de gran relevancia una modificación introducida en la Comisión: la facultad del intendente para hacer presente la urgencia para el despacho de una materia. Pero espero que no se trate del ejercicio de un poder absoluto. De ahí que nos parezca esencial que haya contrapesos. Por lo mismo, estimo trascendente y positivo que los CORE, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros, puedan desechar la petición de urgencia del intendente.
Yo era muy crítico de los artículos en el proyecto que planteaban demasiado secretismo y reserva. De ahí la importancia de haber establecido el principio de publicidad, de transparencia -lo señalaron otros Senadores con anterioridad-, para elegir al presidente del consejo regional y para acordar la remoción o aceptar la renuncia de este.
Señor Presidente, me parece primordial que los presidentes de los CORE ejerzan sus funciones con dignidad.
El Senado aprobó una norma en virtud de la cual, para el ejercicio de sus competencias, los presidentes dispondrían de fondos para gastos de representación y de recursos necesarios proveídos por el Gobierno regional. Entiendo que, en el proyecto enviado a tramitación el 8 de abril, se habría eliminado la disposición pertinente, lo cual me preocupa.
Me gustaría que aclarara el punto el Subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuentes. Dicho sea de paso, él es un gran regionalista, un ex intendente de la Cuarta Región, con quien me tocó trabajar siendo Diputado por esa zona.
Como gran regionalista, sé que nos va a ayudar en estos temas. Le formulo la inquietud, porque es muy importante que esas autoridades regionales cuenten con fondos para gastos de representación, a fin de darle dignidad al cargo. Resulta esencial que no dependan de la buena o mala voluntad del intendente. Ellos deben tener acceso a recursos económicos, logísticos. De lo contrario, habría un claro menoscabo a sus funciones.
Queda mucho por avanzar.
La Presidenta Bachelet anunció el envío de una iniciativa para que los intendentes sean elegidos.
Será de mucha trascendencia contar con intendentes que se la jueguen no por mantener el cargo a cualquier costo, sino que se la jueguen por su región.
Como Senador por Aysén, estoy seguro de que el día de mañana la gente de mi Región estará muy contenta cuando podamos elegir intendente o intendenta a través del voto popular.
Nos encantaría que existieran intendentes que se la jugaran por la conectividad, por más recursos, por una universidad estatal regional, por salarios mínimos regionalizados, por nivelación de la asignación de zona.
Naturalmente, al contar con respaldo popular y legitimidad ciudadana habrá intendentes más empoderados, que se la jueguen por la región.
Haciendo presente que el proyecto que nos ocupa no es la panacea, pues simplemente resuelve un tema acotado, anuncio mi voto favorable.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los acuerdos de Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación al proyecto en debate, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Proceder hoy a su votación en general, para lo cual el Senador señor Orpis retiraría la solicitud de segunda discusión.
2) Abrir plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 5 de mayo, a las 12. La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización sesionará ese mismo día, en la tarde.
3) Incorporar el proyecto, con su segundo informe, en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria del martes 6 y tratarlo hasta su total despacho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Es posible abrir la votación, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor PÉREZ VARELA.- Sí, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Acordado.
En votación general el proyecto.
El señor NAVARRO.- Yo había pedido votación separada.
El señor WALKER (don Patricio).- Nos vamos a pronunciar en general.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, resulta complejo discutir sobre descentralización y regionalización. Siempre hay algún grado de dificultad o algún escollo que impide avanzar con la rapidez que todos quisiéramos o que evita que esa urgencia se exprese también en los discursos de los Senadores.
Sin duda, hemos progresado tímidamente. Pero el avance fundamental, definitivo, se encuentra todavía pendiente.
A mi juicio, no solo reviste importancia lo que está en discusión en la Cámara de Diputados -funciones de los consejeros o estructura del Gobierno regional-, sino también el traspaso de competencias.
Mientras no haya traspaso de competencias seguiremos actuando en esta materia únicamente con formalismos o avances tímidos.
Creo que ahí está el meollo del asunto. Y espero que el Gobierno aplique las urgencias necesarias para despachar esas dos iniciativas, que me parecen fundamentales para seguir avanzando.
Tocante al proyecto que nos ocupa, no lo estaríamos discutiendo si la Contraloría General de la República no hubiera dictado la resolución que todos conocemos.
Cuando debatimos la iniciativa pertinente, a finales del año pasado, todos estábamos contestes en que la Constitución establecía determinado mecanismo y que él no se pondría en aplicación mientras no se dictara la ley orgánica correspondiente. Ese era el común denominador con el que nos aproximábamos a esta materia.
Sin embargo, el Órgano Contralor determinó otra cosa y, por lo tanto, nos vimos sometidos a una situación de emergencia, especial, que hay que resolver. Y esto se soluciona mediante el proyecto en análisis.
Ahora bien, me hace fuerza lo que planteó el Senador Orpis. Porque, si bien estamos frente a una iniciativa que busca superar una situación especialísima, esto debe ser coherente con lo que al final se resuelva en la Cámara de Diputados. Si no, tendremos dos legislaciones que solo generarán confusión.
Por eso, hay que ser muy cuidadoso en que los mecanismos que establezcamos guarden coherencia con lo que resolverá la Cámara Baja. De lo contrario, en seis meses más podemos vernos enfrentados a una dualidad de normas o a disposiciones contrapuestas o que crearán confusión, y de nuevo tendremos que recurrir a la Contraloría General de la República para que dé una solución que no supimos asumir.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que acaban de resolver los Comités en el sentido de que exista plazo -si recuerdo bien- hasta el lunes 5 de mayo para formular indicaciones al proyecto. Y la idea es que ellas sean concordantes a lo menos con el texto que hoy día se está discutiendo en la Cámara de Diputados, para no tener ningún episodio más.
En general, me parece que las normas hoy día en debate van en el sentido correcto.
Me llamó mucho la atención que, originalmente, a través de esas disposiciones se propusieran votaciones secretas, pues ese es un mecanismo que hace tiempo dejaron de aplicar todas nuestras instituciones.
Cabe recordar que en el Senado, por ejemplo, hace 8 o 9 años las votaciones para elegir a la Mesa eran secretas. Se produjo un debate al respecto y, en consecuencia, desde hace ya largo tiempo todas ellas son públicas -como deben serlo-, al igual que las votaciones que realizamos para designar a los Ministros de la Corte Suprema.
No existía ninguna razón, ni práctica ni conceptual, para que las votaciones efectuadas en el Consejo regional no fueran públicas. Me parece extraordinariamente positivo que se haya acogido el criterio expuesto y, por ende, que todas las votaciones sean públicas.
Señora Presidenta, el esfuerzo que hoy día tenemos que hacer para resolver esta situación específica apunta a que las indicaciones que presentemos sean lo más concordantes con lo que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, al objeto de que no exista un nuevo escollo, una nueva situación compleja que implique atrasar el proceso de descentralización y regionalización, que resulta fundamental para nuestras regiones.
En consecuencia, le solicito al Gobierno, en la persona del señor Subsecretario de Desarrollo Regional, quien nos acompaña en la Sala, que la iniciativa sobre facultades de los consejos regionales y la reforma constitucional sobre traspaso de competencias tengan prioridad y sean calificadas con la urgencia necesaria para su despacho, ojalá, en el primer semestre del presente año. De esta manera podremos avanzar, más allá de los discursos y las palabras, en algo que constituye una aspiración y un clamor en cada una de nuestras regiones: que la regionalización sea de verdad.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis para fundamentar su voto.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, el proceso de descentralización ha sido largo y difícil. Espero, pues, que se tome la decisión política requerida para avanzar con profundidad en la materia.
Surgió este problema, que básicamente dice relación con quién va a presidir el Consejo regional.
Mediante este proyecto, que está con "discusión inmediata", se traspasan las facultades que en la ley orgánica correspondiente le entregamos al presidente del Consejo regional (ya fue aprobado por el Senado), quien presidirá dicho órgano.
Pero me parece -y por eso quiero verlo con más detalle- que dentro del proceso de regionalización y descentralización el aspecto presupuestario es vital. Y lo digo porque las regiones dependen de un presupuesto que debe negociarse directamente con el Ministerio de Hacienda.
Entre las pocas facultades del presidente del Consejo regional, que aprobó el Senado, una de las más interesantes era precisamente la relativa a que no solo el intendente negocia con la Cartera de Hacienda el presupuesto de la región, sino también el presidente de aquel ente. Sin embargo, eso no viene incluido en este proyecto de ley.
Otra de las grandes atribuciones del presidente del Consejo regional que aprobó el Senado se refería al traspaso de competencias. Entiendo que esa materia tendrá una discusión más larga. Pero ahí también se establecía que, cuando la región rechazaba el traspaso de competencias y el Presidente de la República formaba una comisión, también el presidente del Consejo regional llevaba a cabo la negociación con el Ejecutivo.
Me parece indispensable que en esta etapa incorporemos al presidente del Consejo regional en la negociación presupuestaria que se realiza con Hacienda.
Así tendremos un presidente del Consejo regional empoderado. Y no solo el Intendente negociará con Hacienda: también el Presidente de dicho órgano, con claras prioridades a favor de la región, integrará el equipo negociador.
Ese elemento no puede estar ausente en este proyecto de ley rápido, enviado para salvar el problema que se presentó debido a una observación de la Contraloría.
Reitero: el presidente del Consejo regional y el intendente deben negociar con Hacienda el presupuesto de la región.
Es decir, el Consejo no solo debe aprobar el presupuesto: además, ser parte de la negociación, que actualmente, de acuerdo a la ley, corresponde a un core.
Hoy tenemos presidente del Consejo regional. Por lo tanto, la negociación con Hacienda debe llevarse a cabo con él y no simplemente con un consejero regional. Me parece que es una señal muy potente que podemos dar.
Mi solicitud no retrasa el despacho del proyecto, porque igual debía ir a tercer trámite a la Cámara de Diputados, donde seguramente no iba a contar mañana, jueves 24, con el quórum necesario para ser aprobado. De manera que el que vuelva a Comisión en nada afecta su tramitación, pero sí puede fortalecer mucho las facultades del presidente del Consejo en una materia muy trascendente para las regiones: la presupuestaria.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier para fundamentar su voto.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, seré muy breve -el debate que viene después, sobre la música chilena en las radios, es probablemente lo que nos va a ocupar más tiempo- para decir solo lo siguiente.
En nuestro país tenemos que decidir cuándo vamos a crear las condiciones para elegir a los presidentes de los gobiernos regionales.
A mi juicio, se usa un lenguaje equivocado cuando se habla de elegir a los intendentes, pues estos son representantes del Ejecutivo en el territorio regional, dentro del marco de un Estado nacional.
Lo que queremos es elegir a los presidentes de los gobiernos regionales, quienes dirigen esos cuerpos colegiados, los cuales son electos de manera democrática a partir de fecha reciente.
Hoy deseamos generar un mecanismo de transición y entender que esta "ley corta" se explica simplemente por la existencia de situaciones de hecho.
Sin duda, hay un debate muy grande en torno a cómo se van a complementar esas dos autoridades en el futuro.
Existe una discusión -y quiero adelantar mi juicio al respecto- sobre qué facultades debe tener cada Gobierno regional.
Yo soy partidario de que aquellas estén consignadas en la ley y no que el Gobierno central decida cuándo traspasa y cuándo no. Prefiero que sea el Congreso Nacional el que defina eso de antemano.
Y, para efectos prácticos, aquí estamos tratando de determinar cómo se elige, de entre los consejeros, a quien va a presidir el Consejo regional.
Va a ser el presidente, pero no un presidente electo popularmente. Y entiendo que le estamos entregando facultades limitadas, por el momento. Digo "limitadas" porque se debe entrar al debate más de fondo sobre cuáles serán las atribuciones del presidente del Gobierno regional, así como las de los consejos regionales en su conjunto.
Yo voy a votar a favor.
No tengo ningún problema en que hagamos la reflexión que propone el Senador Orpis. Pero creo -puedo estar equivocado- que Su Señoría confunde la ocasión en la cual debemos abrir el debate acerca de las facultades del Consejo y de su presidente. Siento que Su Señoría está adelantando un poco la discusión.
Yo llamaría a que primero resolviéramos esta transición -cómo se elige a quien va a presidir; cómo se fijan las tablas, cómo los intendentes pueden ir ayudando a definir que ellas contemplen temas de interés para el Ejecutivo-, para después entrar al debate más de fondo. Pero no tengo ningún problema en que, como ya se acordó, esperemos un rato.
Señora Presidenta, voto que sí porque el proyecto significa un avance para las regiones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, pido la autorización necesaria para que la Comisión Especial destinada a abordar la catástrofe derivada del incendio de Valparaíso sesione en paralelo con la Sala.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi para fundamentar su voto.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, es complicado sesionar en paralelo, porque justamente yo soy parte de esa Comisión Especial, voy a intervenir ahora y me interesa mucho participar también en el debate del proyecto sobre la música chilena. Pero en fin.
Entrando al tema que nos convoca, debo decir que hay algún tipo de confusión en las intervenciones de algunos parlamentarios. Porque estuvimos todo el año pasado trabajando en la Comisión de Gobierno en un proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización, pero el que ahora nos ocupa nada dice sobre ello.
Esta es una iniciativa -hay que decirlo claramente- que viene a resolver la impasse que se genera debido a una interpretación, a mi juicio errónea, del Contralor General de la República acerca de la ley pertinente y de cómo funcionan estas cosas. Porque la Constitución señala que al presidente del Consejo regional lo eligen de manera democrática los integrantes de ese órgano. Pero sucede que la Carta también dispone la elección democrática de los consejeros regionales y, sin embargo, no se efectuó elección popular de estos hasta que la ley orgánica constitucional respectiva estableció el procedimiento para ello.
Por lo tanto, hoy día estamos enfrentados a una situación muy compleja, pues lo razonable habría sido esperar el despacho del proyecto de ley que hoy día está en la Cámara Baja -ya lo vimos en el Senado-, donde se indica claramente cuáles son las facultades, que muchos han reclamado, de los presidentes de los consejos regionales.
La cuestión principal de la descentralización no pasa solo por elegir a los consejeros regionales y tener un presidente del Consejo y un intendente electos de manera democrática: también pasa por que exista un mecanismo de traspaso de competencias o atribuciones desde el nivel central al nivel regional, y particularmente, por que las regiones tengan poder de decisión, así como autonomía financiera y de gestión.
Eso es lo que tiene que ver finalmente con una adecuada regionalización.
De hecho, el proyecto de ley radicado en la Cámara Baja presenta un problema, que se dará con presidente del Consejo regional electo democráticamente o no: la falta de un mecanismo -hasta el minuto no existe; y le digo al señor Subsecretario, por intermedio de la Mesa, que espero que lo busquemos entre todos; hay una propuesta en el Senado- para dirimir lo que podríamos llamar "controversia" o "contienda de competencias".
Cuando el nivel central, el Presidente de la República, le dice que no a un Consejo regional que por mayoría solicita traspasar una competencia, una atribución, una función, ¿quién resuelve eso?
Si una región pide, por ejemplo, hacerse cargo del transporte público, crear un servicio público regional -dadas las particularidades de las regiones; es bastante evidente que cada una de ellas presenta características propias en muchos ámbitos o en todos-, ¿qué ocurre en caso de una respuesta negativa?
Se había señalado que el Presidente de la República debía establecer su desacuerdo en un decreto fundado, dar argumentos, entregar razones. Pero eso tampoco era suficiente. Nosotros propusimos una fórmula: que se decidiese en el Senado. Y me parecía un mecanismo virtuoso, porque, por un lado, a esta Corporación concurría el Poder Ejecutivo, el nivel central, el Primer Mandatario, con sus ministros, para defender la negativa al traspaso de una competencia, y por otro, venían los representantes del Gobierno regional a sostener su posición.
Y la situación podría ser al revés: que el Presidente de la República quiera transferir una competencia o atribución y la región considere que ella debe mantenerse en el nivel central.
Eso es parte del debate más profundo, que tiene que ver con la regionalización.
Bueno: están en nuestro programa de Gobierno que los intendentes sean electos democráticamente y todo lo relacionado con la construcción del presupuesto, la autonomía financiera, la gestión.
Así que, en eso, yo no le pediría más a este proyecto. Su propósito es, simplemente, resolver la impasse que se genera a partir de una interpretación, a mi juicio errónea, de la Contraloría General de la República que nos puso en una situación compleja. Entonces, lo que debemos hacer hoy día es aprobarlo para salvar esa situación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, sin lugar a dudas, este proyecto de ley es absolutamente necesario. Pero quiero hacerme cargo de algunos aspectos que han sido parte de la discusión.
Hemos señalado que es menester avanzar hacia la elección directa del presidente del Gobierno regional, figura distinta de la de intendente.
El intendente debe seguir siendo el representante del Presidente de la República en las regiones. Pero, claramente, estas deben elegir en forma directa al presidente del Gobierno regional, al Ejecutivo regional.
Es importante hacer tal distingo, para terminar con la duplicidad de funciones del intendente, quien por una parte representa los intereses del Gobierno central, y por otra, los intereses de los ciudadanos de una región.
Cuando hablamos de avanzar en la regionalización consideramos relevante el liderazgo regional. Y, en este sentido, hemos señalado que la elección directa del presidente del Gobierno de la región va a dotar a esta del poder necesario.
Nosotros hemos sostenido que si Chile no se descentraliza no será un país desarrollado.
Así lo han confirmado informes de la OCDE que hablan de que para que el desarrollo de nuestra nación dé un salto cualitativo y cuantitativo debemos elevar los techos que les impiden a las regiones seguir creciendo.
La situación actual de Chile es similar a la que vivía Corea del Sur en los años 70: un país altamente centralizado, tanto en población como en generación de PIB, y que, sin embargo, a partir de esa década generó polos de desarrollo en sus distintas regiones; eso permitió que dicha nación diera un salto cualitativo y cuantitativo y produjera un PIB y un ingreso per cápita que la introdujeron en el mundo de los países desarrollados.
Por ello, nos parece que hemos de ir avanzando hacia un sistema conforme al cual el presidente del Gobierno regional sea elegido democráticamente y haya responsabilidad de las autoridades locales.
Se progresó de manera muy significativa durante el Gobierno del Presidente Piñera a los efectos de elegir a los consejeros regionales en forma abierta, democrática. Así, entre otras cosas, por primera vez tenemos consejeros responsables ante la opinión pública en materia de asignación de los recursos de las regiones.
Otro tema importante es la determinación de la forma de asignar los recursos en cada región.
En ese ámbito, todavía la dependencia del Gobierno central es muy alta. Algunas estimaciones hablan de que sobre 75 por ciento de los fondos se asignan a través de convenios de programación desde el nivel central.
Por tanto, hay que avanzar hacia mecanismos que les permitan a las regiones fijar las prioridades de inversión pública.
Ese es otro de los elementos que hemos de considerar.
Sin duda, señora Presidenta, este proyecto de ley es un avance.
Hay temas pendientes: traspaso real de competencias y de atribuciones.
Pareciera que en la Región Metropolitana creen que todos los habitantes de regiones estamos interdictos; o no se confía en cómo se toman las decisiones en regiones, o, por último, existe renuencia a desprenderse del poder y repartirlo, atomizarlo, sin pensar que su atomización es síntoma de una democracia saludable.
El poder repartido, con competencias locales que permiten establecer prioridades -por ejemplo, en inversión-, habla de una democracia sólida, de una democracia sana, de una democracia que mira con expectativas el futuro.
Finalmente, a través de la Mesa, quiero decirle al señor Subsecretario de Desarrollo Regional que sin duda debemos avanzar en la materia concerniente al presidente del Consejo regional y que, por supuesto, en el momento oportuno contará con nuestros votos favorables.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, este proyecto se nos anunció como "ley corta". Yo diría que se trata de una "ley cortísima", porque solo se aborda la regulación de la elección del presidente del Consejo, para la cual los ciudadanos todavía no tenemos el mecanismo directo que se había señalado.
Ese paso, que está pendiente, es muy importante. Porque, en mi concepto, la descentralización no se logrará mientras los ciudadanos no elijan directamente al jefe del Gobierno regional, quien deberá tener las competencias del caso.
Si queremos que los gobiernos regionales decidan sobre materias particularísimas de cada región, hemos de darles competencias.
Yo no veo a un Gobierno regional que deba asumir los programas y los instrumentos establecidos en Santiago por Vialidad, INDAP u otros entes; no visualizo que no emanen de la estrategia de desarrollo local las directrices vinculadas con la elaboración de los programas y la determinación de los instrumentos indispensables para atender a la región.
Ese paso, entonces, está pendiente. Y espero que el proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados aborde tales aspectos de fondo.
Señora Presidenta, la iniciativa que estamos analizando esta tarde emana del hecho de que en determinado momento la Contraloría General de la República dijo: "En la Constitución ya está aprobada la elección del presidente del gobierno regional, y por tanto tiene que operar". Y está operando en algunas regiones, pero no se encuentra reglamentado.
Ahora bien, mediante la ley en proyecto estamos reglamentando asimismo la remoción y el remplazo de dicha autoridad, las materias de su competencia (citación, etcétera), o sea, cuestiones más bien formales o simbólicas.
En ese contexto, dado que se trata de un texto cortísimo, me permitiré hacer una observación muy breve. Es una señal muy relevante.
El último inciso del artículo 30 bis que se propone dice: "En caso de ausencia o impedimento temporal del presidente del consejo, ejercerá dicha presidencia aquel de los presentes que haya desempeñado más recientemente el cargo de presidente, y a falta de éste, el consejero en ejercicio de más edad.".
¿Por qué no ponen al de menos edad? ¿Qué razón existe para que sea el de más edad? ¿Y por qué no el más votado? ¿Por qué no les damos importancia a los ciudadanos que marcan preferencia por un consejero?
En mi concepto, la decisión a aquel respecto debe adoptarse en función, no de la edad, sino del legítimo respaldo ciudadano.
Por tanto, señora Presidenta, presenté una indicación para remplazar la expresión "de más edad" por "que haya obtenido la mayor cantidad de sufragios".
Espero que la Comisión la apruebe el 5 de mayo y que podamos ratificarla en la Sala el día 6.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Nuevamente tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en Chile, si uno trata de salirse del debate cotidiano, tiene tres grandes desafíos hacia el futuro: cómo disminuir las desigualdades existentes en nuestra sociedad; cómo mejorar la calidad de la educación, y cómo descentralizar.
Yo tengo la impresión de que el tema de la descentralización siempre se ha abordado con timidez, fundamentalmente porque, de alguna forma, quien gobierna cambia de opinión respecto de ella. A los gobiernos les gusta tener concentrados el poder y las atribuciones, pues consideran que así pueden administrar mejor. Entonces, desconfían de la delegación de uno y otras en las autoridades.
Por eso, me asiste la más absoluta convicción de que el Senado y la Cámara de Diputados tienen la gran oportunidad de avanzar en un proceso de descentralización de verdad, que comienza con la elección democrática del intendente.
Ya estamos eligiendo democráticamente a los cores. Y eso es un tremendo avance, porque significa que tales autoridades responden de sus actuaciones ante el electorado.
No hay que temerle a la participación ciudadana. Y la necesidad de un intendente elegido es incuestionable, por una razón muy sencilla.
Si el día de mañana el intendente -varios Senadores han ejercido ese cargo- debe plantearle al Presidente de la República una medida con la que legítimamente cree que va a mejorar su región y recibe una respuesta en sentido contrario, ¿quién, a juicio de Sus Señorías, va a cortar el queque? ¡El Primer Mandatario, al punto de que inclusive podría cambiar al intendente, quien es de su exclusiva confianza!
Entonces -voy a usar una expresión metafórica-, no se trata de una batalla entre iguales. Porque si un intendente considera que su región necesita el traspaso de ciertas facultades o atribuciones y quien lo nombra no está de acuerdo con él, no se va a ir el Presidente de la República, sino la mencionada autoridad local.
Tengo esa convicción personal.
Se va a producir una pugna legítima entre el Gobierno central y el intendente, quien representa a la región. Y esa pugna será buena, pues finalmente va a permitir llegar a decisiones que irán favoreciendo la descentralización.
En segundo lugar está el traslado de competencias.
Tampoco sacamos nada con un Gobierno regional sin competencias.
Por consiguiente, hay que arriesgarse a traspasarlas, por cierto en forma responsable.
Y tenemos por último la asignación de recursos.
El intendente elegido democráticamente podrá contar con muchas competencias, pero sin plata no le va a ser factible llevar adelante las acciones inherentes a ellas.
Por ende, creo que a aquel respecto hay que avanzar de verdad y sin contemplaciones. Eso ayudará a generar un país más justo, más igualitario, más participativo, menos centralista.
En mi concepto, el proyecto que estamos votando en estos momentos es necesario. Lo señaló el Subsecretario don Ricardo Cifuentes, quien ha exhibido una paciencia infinita y pasa por una situación angustiosa: "Debo traspasarle atribuciones a los consejos regionales. Si no lo hago, pueden tener un serio problema de funcionamiento".
Por lo tanto, hay que traspasar las atribuciones pertinentes.
Ahora, yo quiero felicitar al Senador Orpis, quien fue mucho más acucioso que todos los miembros de la Comisión de Gobierno, de la que formo parte, y se dio cuenta de que una atribución muy significativa no estaba traspasada, no por falta de voluntad, sino porque se nos quedó en el tintero.
Por consiguiente, para todos los miembros de la Comisión de Gobierno, comenzando por quien habla: ¡más acuciosidad en el traspaso de las atribuciones!
Entonces, felicito al Senador Orpis: nobleza obliga.
Hay, señora Presidenta, una facultad no menor, que habla de que los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para que junto con el intendente representen en ella al Gobierno regional. Se trata fundamentalmente de las actuaciones ante el Ejecutivo.
Alguien dijo, con razón: "¿Sabe que más¿.
¿Me puede dar un minuto adicional, señora Presidenta, para terminar?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador, para que redondee su última idea.
En todo caso, le recuerdo que para fundamentar el voto hay solo cinco minutos.
El señor ESPINA.- Termino altiro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por favor.
El señor ESPINA.- Decía, señora Presidenta, que estamos traspasando atribuciones para que el Gobierno regional pueda funcionar. Pero se nos quedó una en el tintero. Y hay que traspasarla mientras se tramita la ley.
Ahora, pido sinceramente que apuremos la ley, por dos razones.
En primer lugar, porque es incomprensible que los cores estén trabajando sin conocer sus facultades. Llega a dar -digámoslo con toda franqueza- vergüenza. No está a la altura del Parlamento.
Y en segundo lugar -voy a tocar un tema no menor-, porque la dieta de los consejeros regionales es ridícula, no por el monto, sino porque no guarda relación con las responsabilidades de esas autoridades.
Entiendo que los cores, quienes realizan una labor de jornada completa, ganan menos que algunos concejales.
Los consejeros regionales deben estar todo el día analizando proyectos y su factibilidad; escrutando a la gente para ver qué hay que hacer en cada lugar. ¡Y los tenemos mal pagados!
Pueden estar bien remunerados con relación al promedio de los chilenos, pero no si comparamos su dieta con lo que ganan hoy día los alcaldes y algunos concejales.
Esa es una deuda pendiente con los cores. Y hay que saldarla, a fin de permitirles hacer bien su pega, dedicar el tiempo necesario para trabajar acuciosamente los proyectos y sacarlos adelante.
No es cosa de ir a una sesión, reunirse durante dos horas, recibir una lista de proyectos y decir: "Este sí, este no". Porque por esa vía pueden aprobarse muchos proyectos que después no son viables en la práctica.
Creo que en esa materia debemos avanzar rápidamente. Y le pido al Gobierno no seguir dilatando la solución.
Los gobiernos van perdiendo entusiasmo con la regionalización. En las campañas todos son regionalistas. Pero después empiezan a decir: "¡Es que tengo que desprenderme de atribuciones!". Y, por naturaleza, nadie quiere hacerlo. Finalmente, quienes parten regionalistas terminan centralistas y aquellos que eran centralistas en el Gobierno se van de él y se convierten en regionalistas.
Creo sinceramente que aquí hay un esfuerzo por terminar con la desigualdad. Y a ello se contribuye acelerando la facultad en comento.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Letelier.
Reitero que, según acordamos, la Comisión se reunirá el lunes 5 de mayo; habrá plazo para formular indicaciones hasta ese día, a las 12, y el proyecto se tratará en la Sala el martes 6, en el primer lugar de la tabla.
Existe un principio de acuerdo en el sentido de acelerar al máximo el tratamiento de la iniciativa, por todas las razones aducidas aquí. Así que esperamos despacharla totalmente el martes 6 de mayo.