Click acá para ir directamente al contenido
SANCIÓN A TRANSPORTE DE DESECHOS HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Letelier y Pizarro, en primer trámite constitucional, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, con informe complementario del nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7908-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Letelier y Pizarro):
En primer trámite, sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Transportes y Telecomunicaciones (nuevo): sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
Transportes y Telecomunicaciones (complementario del nuevo): sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 39ª, en 7 de agosto de 2012 (vuelve a Comisión para un nuevo primer informe); 58ª, en 1 de octubre de 2013 (vuelve a Comisión para informe complementario del nuevo).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es sancionar con las mismas penas de multa y de suspensión de licencia o inhabilidad para obtenerla al que encargue o realice, en vehículos a tracción animal, manual o motorizada, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo en la vía pública, sitios eriazos o hacia vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos o ilegales.
Si el transporte, traslado o depósito se refiere a desechos tóxicos peligrosos o infecciosos, la multa será de 100 a 150 unidades tributarias mensuales y se castigará al infractor con presidio menor en su grado medio a máximo.
Asimismo, se contemplan el retiro de circulación por la policía uniformada de los vehículos que transiten en aquella forma y la facultad de toda persona para denunciar los hechos ante Carabineros de Chile o el Ministerio Público, acompañando las pruebas del caso.
Con fecha 1 de octubre de 2013 la Sala acordó que el proyecto volviera a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para un informe complementario del nuevo primer informe.
En su informe complementario el referido órgano técnico deja constancia de que discutió la iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y de que la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantero, Chahuán y Girardi), con un texto que recoge una indicación sustitutiva donde se precisa el tipo penal que sancionará el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos.
El texto que se propone aprobar figura en la página 4 del informe complementario de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, este proyecto de ley, respecto del cual la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que me correspondió presidir, emitió un informe complementario, tiene por objeto suplir una falencia que se ha advertido en nuestra legislación en lo referente al traslado de desechos hacia vertederos ilegales que se han asentado en múltiples comunas del país y que, sin lugar a dudas, ponen en riesgo la salud de la población y, por otra parte, afectan al medio ambiente.
Como manifesté cuando la moción se analizó en esta Sala, no existe un control eficaz de la autoridad sobre los sitios eriazos de los límites de las ciudades donde se depositan basuras, desechos y residuos de distinta naturaleza, ni tampoco se contemplan sanciones condignas a estas conductas.
Por tales razones, y aplicando el principio de proporcionalidad de las penas, acordamos, mediante un artículo 192 bis que se agrega a la Ley de Tránsito, que se sancione con multa y suspensión de licencia o inhabilidad para obtenerla "a quien encargue o realice, en vehículos a tracción animal, manual o motorizada, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo en la vía pública, sitios eriazos, o hacia vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos o ilegales." (inciso primero).
En el inciso segundo decimos: "Si el transporte, traslado o depósito se refiere a desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos, la multa será de 100 a 150 unidades tributarias mensuales y será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.".
En el inciso tercero expresamos: "En caso que un vehículo sea sorprendido circulando en las condiciones señaladas en los incisos anteriores, será retirado de circulación por Carabineros de Chile, poniéndolo a disposición del tribunal competente en los lugares habilitados por las Municipalidades para tal efecto, aplicándose respecto de su propietario lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 156" de la Ley de Tránsito.
Se establece además acción popular para denunciar tales hechos. A tal efecto, se podrán acompañar fotografías u otros medios de prueba que acrediten el día en que sucedieron aquellos y el tipo y la patente del vehículo empleado para cometer el ilícito.
Nos asiste la convicción de que, si aprobamos el proyecto en la forma como quedó redactado, se cumplirá plenamente el objetivo de dotar a la autoridad de medios compulsivos para poner término al tráfico ilícito de residuos que se depositan a diario en rellenos o vertederos ilegales, con grave riesgo para la salud de la población.
Por ello, resulta necesario aprobar la iniciativa en debate. Y les solicito a mis Honorables colegas que así procedan.
Adicionalmente, señora Presidenta, debo puntualizar que este proyecto ya estuvo en tabla y que, en su momento, el Senador Coloma manifestó que presentaba dificultades en la redacción porque no había proporcionalidad en las penas.
La Sala, entonces, acordó pedir un informe complementario a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Durante el debate de la materia en dicho órgano técnico, con la colaboración de las autoridades del Ministerio de Transportes del Gobierno anterior -especialmente, la de don Juan Carlos González, asesor del Ministro del ramo-, nos abocamos al problema derivado de la falta de proporcionalidad de las penas.
Se mejoró el texto, y la versión sometida hoy a la consideración de la Sala es diametralmente distinta de la anterior.
También nos ocupamos en cuestiones redaccionales advertidas por algunos miembros de la Comisión -entre ellos el Senador Hernán Larraín- en lo concerniente al transporte y, esencialmente, a la determinación del sujeto activo del ilícito.
Resueltos los aspectos en comento, solicito la aprobación del proyecto en debate.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, nuestro país tiene un problema gravísimo a raíz de que en forma clandestina se depositan toneladas de basura en distintos lugares, particularmente en sitios eriazos de comunas de escasos recursos.
En algunos sectores la situación es dramática. Si uno recorre los caminos entre Quilicura y Lampa ve que lisa y llanamente hay vertederos clandestinos, donde no solo se arrojan basuras, sino también desechos, restos de demoliciones, animales muertos, todo lo cual constituye un foco de insalubridad que contamina lugares que tienen valor ecológico y, además, turístico, pues en ellos se podría pasear y desarrollar actividades propias de la vida familiar.
Lo mismo ocurre en gran parte de los caminos rurales.
He recorrido la Sexta Región. ¡Da pena ver cómo los caminos que rodean a San Fernando, por ejemplo, se han convertido en sitios eriazos donde existen botaderos clandestinos!
Ahora, muchas veces contribuyen a aquello personas que, al no tener la posibilidad de eliminar escombros o basura de sus casas, salen en sus vehículos y los depositan en el camino rural más cercano.
De otro lado, también existe un negocio ilícito, controlado por verdaderas mafias que se dedican a retirar basura y evitan llevarla a lugares autorizados, pues ahí deben pagar -en cualquiera de los vertederos legales- cerca de diez mil pesos por tonelada. Entonces, prefieren botarla en el camino más cercano, generando una situación que atenta contra la sanidad pública, perjudica la calidad de vida de la gente y contamina lugares que podrían ser de gran utilidad para que las familias contaran con un área de esparcimiento.
¿Cuál es el problema? Que muchas de esas personas prefieren afrontar la multa debido a que el tráfico de basuras es bastante ventajoso, muy lucrativo. Así, el pago de ella forma parte del negocio. Y, evidentemente, no existe ningún desincentivo.
Están por otra parte las personas que no incurren de modo permanente en el ilícito descrito. Son los botadores ocasionales de basura. Se trata de gente que hizo un arreglo en la casa y no encuentra un lugar para depositar los escombros; el municipio, a su turno, muchas veces no tiene cómo retirarlos (esto ocurre en varias comunas); entonces, esas personas prefieren ponerlos en su vehículo y dejarlos en un sitio eriazo cercano a su casa o en el camino rural más próximo.
¿Qué estamos planteando, señora Presidenta?
Hemos concluido que constituyen un desincentivo efectivo para quien incurre en el ilícito descrito -porque le ocasionan un daño- el retiro de su licencia de conducir y el traslado del vehículo al aparcadero municipal.
Una medida como esa, aparte su carácter preventivo, haría pensar dos veces al que pretendiera llevar a cabo una acción de aquella índole, debido a que le generaría un costo mayor, en la medida que no le permitiría seguir trabajando y usar su vehículo, cuyo destino sería el aparcadero municipal.
Ahora bien, como la fiscalización a ese respecto resulta muy difícil -no tenemos ojos en todos los caminos rurales, en todos los sitios eriazos-, la idea es transformar a los vecinos en los principales fiscalizadores. Entonces, se establece acción popular para que la gente denuncie en forma responsable los ilícitos que se cometan. Porque a nosotros muchas veces nos llegan fotos de vehículos en las que aparecen la patente, el lugar, la evidencia, lo que también se puede traducir en un instrumento eficaz.
¿Qué es lo que queremos? Evidentemente, enfrentamos un problema más de fondo: tenemos que generar una política de recolección de residuos domiciliarios y, desde el punto de vista de la basura cotidiana, no propiamente domiciliarios, correspondientes, muchas veces, a escombros que se generan en las casas e incluso a basura industrial.
Deseo recordar que a menudo se hallan involucrados desechos peligrosos, dado que no existe una adecuada política para su tratamiento final, que resulta carísimo. También es preciso consignar que existe un tráfico en la materia, realizado por personas inescrupulosas -se evita pagar para que sean llevados a un destino definitivo, del que se encargan pocas empresas-, pues resulta muy lucrativo ir a botarlos en cualquier parte, donde se acopian y generan gravísimos problemas para la salud.
Por lo tanto, nos parece que el proyecto es muy importante para todo lo que tiene que ver con el saneamiento básico, con la salud, pero asimismo con la dignidad de quienes habitan en zonas rurales o cerca de sitios eriazos, donde se vive en condiciones lamentables. Si los señores Senadores pasan por el lado sur de la Costanera Norte en la comuna de Cerro Navia, va a darles pena ver una cantidad de sitios donde había canchas de fútbol que hoy día están llenas de basura. Los municipios la retiran un fin de semana y a la semana siguiente se encuentran otra vez con escombros, muebles viejos, animales muertos. Eso es un atentado a la dignidad de las personas.
Pienso que medidas tan sencillas como la contemplada cuentan con un gran apoyo de la ciudadanía, no solo desde el punto de vista de parecerle bien una iniciativa como la que nos ocupa, sino también de que fundamentalmente se le permite asumir un rol en la tarea de fiscalizar y controlar la dignidad y calidad de su territorio, al igual que en la de poder velar por el derecho a una vida sana y un medio ambiente libre de contaminación. Estimo que la iniciativa, por la vía de acciones muy simples, muy evidentes, muy de sentido común, puede ayudar a resolver un problema que afecta y agravia a las personas, pero no solamente a las que viven en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales.
Así que le solicito a esta Corporación acoger el proyecto. Como lo expresó el Senador señor Chahuán, modificamos el texto y lo trabajamos con el entonces Ministro Pedro Pablo Errázuriz y sus asesores. Logramos una redacción totalmente consensual con el Ejecutivo anterior, para obtener una normativa que satisficiera la necesidad de una política, pero al mismo tiempo los planteamientos de Honorables colegas que habían considerado excesivas algunas sanciones, en relación con el propósito que se perseguía.
A mi juicio, la aprobación del proyecto debiera ser unánime, porque creo que va a prestar una utilidad muy importante para el vivir cotidiano de los vecinos a lo largo de todo el país.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García.


El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, he escuchado con atención tanto al Senador señor Girardi como a mi colega Chahuán, quienes han fundamentado el objetivo de la iniciativa, que comparto plenamente.
Creo que efectivamente se registra en nuestra legislación un vacío en la medida en que no se castiga -o, por lo menos, no suficientemente- a quienes trasladan basura en las condiciones descritas o, peor aún, crean, muchas veces, vertederos clandestinos.
Más grave es la situación cuando no se trata de basura, sino simplemente de desechos tóxicos, lo que pone en riesgo la salud de la población.
Dado que se trata de un proyecto de artículo único que, al quedar aprobado en general, también lo estaría en particular, pido acoger la idea de legislar y enviarlo a Comisión por unos días más. Porque abrigo algunas dudas que, en realidad, surgen del 192 de la Ley de Tránsito. No tengo claro cuándo se aplica la pena de multa, cuándo la de suspensión de licencia o de inhabilidad para obtenerla, o si todas estas sanciones proceden en conjunto.
¿Cuándo un vehículo va a ser retirado de circulación por Carabineros? El artículo propuesto expresa: "En caso que un vehículo sea sorprendido circulando en las condiciones señaladas". Entiendo que se hace referencia al transporte de basura o de desechos tóxicos, pero no se comprende bien el texto, porque se dice que se va a aplicar "respecto de su propietario lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 156" de la Ley de Tránsito. Creo que también debiéramos darnos un tiempo para revisar esa parte.
En pocas palabras, señora Presidenta, juzgo que esta es una buena iniciativa, que se encuentra inspirada por una buena intención, que llena un vacío en nuestra legislación. Me parece que debemos aprobar la idea de legislar, como se nos ha pedido, pero sería bueno salir de las dudas en una discusión particular.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Pizarro.


El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, tal como se ha dicho, lo que se busca con el proyecto es establecer sanciones inhibitorias de algo que lamentablemente se ha hecho cotidiano en la conducta de muchas personas, en cuanto al traslado de basura y los botaderos en lugares no habilitados para ello.
Comentaba recién con el Senador señor Zaldívar que hemos visto la iniciativa en la Comisión de Transportes y que, en realidad, debiera encontrarse más vinculada a lo que son los gobiernos locales, porque son los municipios los que tienen que ver con la basura, los que contratan, los que mantienen concesiones o servicios, los que habilitan y establecen dónde se pueden establecer los vertederos.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente vemos a diario, en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros barrios, en todo el país, la maldita y mala costumbre de algunos de lisa y llanamente botar basura, escombros, desechos, en cualquier lugar donde les parezca más barato, pertinente o fácil hacerlo. Y ello, provocando toda clase de daños, como infecciones o problemas de sanidad ambiental. Muchos lo hacen en quebradas o en distintos lugares donde se origina una acumulación, donde no se logra limpiar, y eso después incluso genera tragedias. También ello se registra en zonas donde la gente no alcanza a reclamar, en poblaciones o en sitios eriazos ubicados en medio de sectores o barrios donde juegan niños, y se presenta una serie de otras complicaciones.
¿Y qué sucede en la práctica? Porque nosotros presentamos la moción producto de lo que nos plantean en cada una de las reuniones con juntas de vecinos y municipios. Lo que sucede en la práctica es que no hay control, no hay capacidad de fiscalización, y cuando los municipios logran detectar el hecho, por información de alguien o por casualidad, no cuentan con facultades para tomar medidas que impliquen una sanción fuerte, desde el punto de vista de los recursos, de lo material, pero también en relación con algo que les duele a quienes desarrollan este tipo de actividades, que es la imposibilidad de conducir un vehículo porque se quita la licencia o la persecución de la responsabilidad del dueño. Esa es la razón por la cual el proyecto fue enviado a la Comisión de Transportes. Si no, debería haber sido estudiado en la de Gobierno por lo relativo a los municipios.
Mas la que he señalado es una realidad. Y si bien es cierto que la medida en estudio no es la solución del problema más de fondo sobre el cual hemos estado conversando, sí produce un efecto inhibitorio. Y eso es evidente.
Tal vez algunos preguntarán: "¿Qué pasa con la desproporción en la pena para alguien que va en una carretela?". Es lo que me observó mi Honorable colega Zaldívar, quien me expresaba: "Si pillan a una persona modesta en una carretela, le van a aplicar una multa entre 50 y 100 unidades tributarias mensuales, lo que es mucha plata". Puede ser. Pero un transporte de ese tipo es la excepción. A lo mejor se da en alguna localidad rural.
Lo que sabemos es que en las ciudades y en nuestros barrios tiene lugar un transporte organizado de escombros, de basura, de desechos que se van a botar a distintos sectores y que se busca evitar el pago de los costos del servicio de recolección o del que significa llegar con ese material al vertedero autorizado, porque en muchas partes está distante, porque es preciso pagar en el momento en que se llega, porque hay un costo de kilometraje, etcétera. Entonces, se apunta a establecer mecanismos que permitan generar sanciones inhibitorias de este tipo de conductas.
Por supuesto que el texto se puede mejorar. Por supuesto que se puede tipificar de manera más precisa en qué momento corresponden la suspensión de la licencia de conducir y la multa o solo la multa. Habrá que evaluarlo. Una parte importante corresponde a lo que tendrán que determinar, por lo demás, los señores jueces que verán cada una de las causas, a lo que se agrega, dentro del contexto en que se haga la denuncia, de qué tipo de material se trata. Se hace un distingo entre el que resulta tóxico o riesgoso para la salud y el que pueden conformar árboles o arbustos, que es el que normalmente se registra en muchas partes.
Considero que el proyecto va en la línea correcta. Efectivamente, como dijo el Honorable señor Chahuán, ex Presidente de nuestra Comisión, se llevó a cabo una revisión a propósito de los comentarios formulados acá y se buscó una redacción mucho más adecuada. Se establece clara y precisamente la facultad de los vecinos para presentar denuncias y tomar la iniciativa en la materia. Eso no lo teníamos hasta ahora.
Las juntas de vecinos, dondequiera que sea -a todos nos tiene que haber pasado-, exponen: "El problema que tenemos es la basura: viene gente a botarla y nosotros tratamos de limpiar". Los municipios realizan verdaderos operativos en muchos sectores y cada cierto tiempo van y retiran los desechos. Entonces, claro, la gente se acostumbra mal y transforma la situación en un negocio, y sistemáticamente son los mismos los que dejan la basura en el mismo lugar, generando daño sanitario, social y en calidad de vida.
Aquí se está entregando iniciativa para que cualquier persona que sorprenda o detecte un vehículo que incurra en las conductas descritas en el inciso primero del artículo 192 bis pueda denunciar el hecho ante Carabineros o el Ministerio Público y acompañar una fotografía u otro medio de prueba que acrediten el lugar, la patente o el día de los hechos, antecedentes que deberán ponerse en conocimiento del tribunal competente.
Pensamos que hay una diferencia y una posibilidad cierta de que una norma como la que estamos estableciendo tendrá un cumplimiento efectivo; que será eficaz en la acción de los vecinos. Estos se van a sentir respaldados, incentivados, para desarrollar una fiscalización y un control ciudadanos que hoy día no están en condiciones de llevar a cabo los municipios o las autoridades competentes.
Así que esa es la razón por la cual hemos insistido en una propuesta que, por supuesto, viene muy mejorada con el aporte hecho por varios colegas en la discusión anterior. Lo que estamos pidiendo es que se apruebe en general, lógicamente, y en la discusión particular veremos de qué manera se pueden corregir alguna de las aprensiones planteadas por los Honorables señores García y Zaldívar.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, deseo valorar la presentación del proyecto, ya que cuando fui miembro de la otra rama del Congreso presentamos junto con el Diputado Edmundo Eluchans una completa iniciativa en la materia, que todavía sigue en tramitación allá.
Eso fue en enero de 2011, producto de la situación registrada sobre todo en las comunas afectadas por el terremoto, ya que los escombros se dejaron fuera de las casas y muchas veces no fueron retirados. Pero se creó una cultura, cada día mayor, en cuanto a depositar en la vía pública, ya sea en zona rural o urbana, y en sitios eriazos los desechos de esa índole, al igual que colchones o refrigeradores. Es decir, ello dice relación con cualquier cantidad de basura, electrónica o real.
¿Y qué ocurre? Sucede que muchos municipios pueden tener sectores limpios, pero no la inmensa mayoría de ellos. Tampoco hay lugares para dejar escombros. Alguien puede decir que se autoriza para botarlos en el río Cachapoal o el río Maipo, pero eso no se encuentra sujeto a ninguna fiscalización, a ningún control.
Es por eso que aprecio el que haya partido tan bien este proyecto en el Senado, para poderlo complementar con el que presentamos junto con el Diputado señor Eluchans. Ello, con el fin de que realmente logremos un país con una cultura de limpieza, pero también de que se apoye a los municipios a fin de que puedan disponer de recursos suficientes para lograr puntos limpios y lugares donde sea posible depositar escombros.
Observo que muchos municipios cuentan con recursos y camiones recolectores -hoy día inclusive están haciendo reciclaje-, pero no es así en la inmensa mayoría de las zonas rurales, donde tampoco existe la fiscalización adecuada. Es cosa de ver los caminos en esos sectores: con frecuencia ni siquiera se puede pasar, porque de día o de noche se están dejando escombros.
Quisiera valorar también el retiro de cualquier vehículo que sea detectado en la actividad, porque lo que más le duele al hombre que realiza este negocio ilícito es que ese medio de transporte vaya a parar a un corral municipal. ¡A los dos días no queda ni la mitad! Resulta lamentable, pero es la verdad, porque no hay control dentro de esos recintos. Y el mayor temor que puede experimentar quien justamente se dedica a este tipo de actividad es perder el vehículo, cualquiera que sea el tipo de tracción.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Y una carretela?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Hoy día no se necesita licencia para medios de transporte de tracción animal.
El señor PROKURICA.- La hay.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No. Eso está derogado.
El señor OSSANDÓN.- ¡Salvo en Vallenar¿!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Sí?
Pero lo relevante es avanzar en el proyecto en debate.
A mi juicio, también es importante -y lo propusimos en la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados- la existencia en cada municipalidad de un registro de quienes están autorizados para retirar escombros y llevarlos a lugares adecuados.
Y, por otro lado, señora Presidenta, está la fiscalización. Convengo con el contenido de la indicación sustitutiva, en orden a que cualquier persona que sorprenda o detecte un vehículo participante en este tipo de hechos pueda hacer la denuncia pertinente, para lo cual podrá acompañar fotografías. Porque hoy día uno puede entregarles todos los antecedentes a Carabineros o a un juzgado, inclusive, pero falta la validez que otorga un ministro de fe.
Es muy significativa, entonces, la última parte del texto aprobado por la Comisión, que creo que va en el camino absolutamente correcto. Resulta imposible que inspectores municipales y carabineros estén controlando día a día o noche a noche este negocio ilícito, que le hace un daño tremendo al medio ambiente que necesitamos. Sobre todo, mis Honorables colegas pueden advertir que en los lugares más humildes, en las poblaciones más populares, es donde más se botan estos residuos.
Tenemos que proteger el entorno en nuestro país y valorar y apoyar la iniciativa que nos ocupa. Ojalá podamos complementarla, con el fin de que pueda ser ley a la brevedad.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Se puede abrir la votación?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, así se hará.
Acordado.
En votación.
El señor TUMA.- Pido que se me descuente el tiempo.
--(Durante la votación).


El señor TUMA.- Señora Presidenta, el proyecto apunta en la dirección correcta de favorecer una demanda largamente ansiada por muchos sectores poblacionales y, por qué no decirlo, por numerosos ciudadanos que quieren ver sus caminos y calles limpios y los sitios eriazos sin convertirse en vertederos.
Estamos apuntando en la línea correcta al apoyar una iniciativa que sanciona, que tipifica el delito de mejor manera, que persigue a quienes puedan participar en la organización de estas actividades ilícitas. Pero quiero quedarme también con la otra cara de la moneda, que dice relación con la falta de servicio que padecen algunas poblaciones de sectores vulnerables. Hay loteos irregulares que no cuentan con servicio de recolección de basura y que no tienen otra alternativa que crear vertederos clandestinos.
Perseguir a quienes los usan me parece una buena medida. Pero no basta con ella; hay que ser más integral en la búsqueda del objetivo deseado. Sin duda, muchos van a eludir la fiscalización o la sanción, pero lo harán incentivados por la falta de recursos para contratar un servicio especial y carecer de un servicio municipal habitual para el retiro de la basura, más aún cuando se trata de escombros o de otro tipo de desechos que no caben en la clasificación habitual de basura. La gente no tiene cómo ni dónde trasladarlos, ni tampoco cuenta con financiamiento para su traslado. Los municipios no consideran esa labor dentro de su servicio de recolección de basura.
¿Qué hacemos, entonces? ¿Los obligamos a llevar tales desechos a vertederos sin que los puedan fiscalizar? Y en caso de que sean fiscalizados, ¿permitimos que les quiten sus medios de traslado? Con eso no terminaremos con el problema. A la semana o al poco tiempo va a seguir apareciendo basura, escombros y residuos que será necesario depositar en alguna parte.
Por consiguiente, si bien el proyecto de ley apunta a sancionar, también debería buscar una modalidad para que los municipios, aprovechando los nuevos recursos que recibirán si fiscalizan bien, emprendan una acción destinada -especialmente a través del Ministerio del Interior, de la SUBDERE- al fortalecimiento de dicho servicio, que comprenda no solo el retiro habitual de basura, sino también el retiro de desechos extraordinarios.
Esa es la principal causa del problema. No es que los vecinos anden por las noches buscando ensuciar los caminos; lo que pretenden es desocupar el poco espacio de que disponen mediante el retiro de basura y otros elementos que no hallan dónde dejar. Pero eso irroga un costo que no tienen cómo financiar.
Por lo tanto, voy a votar con mucho entusiasmo a favor el proyecto. Sin embargo, estimo que hay que complementarlo con acciones por parte de los municipios, desde el Ministerio del Interior, para los efectos de prestar un mejor servicio de recolección de basura, escombros y otros materiales de desecho.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acá se ha expresado.
Los alcaldes, mejor que nadie, saben todo lo que significan los vertederos clandestinos, este tipo de botaderos que existe en todas las ciudades.
No quiero redundar en lo que aquí ya se ha dicho. Deseo que este proyecto sea una realidad, pero me asaltan algunas dudas por el hecho de no ser abogado.
La iniciativa tiene un artículo único que crea un nuevo tipo penal en el artículo 192 bis de la Ley de Tránsito, consistente en sancionar al que traslade o deposite basuras, desechos o residuos de cualquier tipo en vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos o ilegales. Igualmente, se busca sancionar al que mantenga, administre, opere o explote los sitios indicados.
Los antecedentes que fundan esta iniciativa se basan en la gravedad del problema actual, derivado del tráfico ilícito de desechos y el mantenimiento, al margen de la ley, de vertederos y rellenos sanitarios administrados por organizaciones ilegales.
Está bien que se quiera solucionar la situación. El Estado y los gobiernos regionales están haciendo un tremendo esfuerzo por contar con rellenos sanitarios que mejoren el tratamiento de los residuos. Pero, como en este negocio mucha gente opera en forma ilegal, por supuesto que se perjudica lo que se está haciendo a nivel nacional.
Si bien los parlamentarios reconocen que existen normas de carácter administrativo vigentes, estiman que ellas resultan insuficientes para disuadir a los autores de las conductas descritas. Por eso, proponen una sanción penal que apunta a labores de prevención, mediante la imposición de penas de presidio menor en su grado medio a máximo y, en su caso, la suspensión de la licencia de conducir o la inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años.
Insisto: estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, pero me llama la atención que juristas sostengan que la multa prevista constituye una vulneración del principio de legalidad de las penas, fundamental en un Estado de Derecho, ya que, al contemplarse un rango tan amplio, se incrementan los niveles de discrecionalidad del juez al momento de imponerla.
Yo espero que la idea no fracase, pues, si alguien acude al Tribunal Constitucional, se perderá todo el esfuerzo realizado por los autores de esta moción.
A mí me gustaría, tal como alguien ya lo propuso, que esta materia fuera analizada por la Comisión de Constitución, pues en la Cámara de Diputados ya se hizo un tremendo estudio.
Este es un tema fundamental, considerando que los vertederos clandestinos o botaderos de basura ubicados en las diversas comunas no solo constituyen un peligro medioambiental, sino que también representan un pingüe negocio para personas que no tienen ninguna consideración con la sociedad comunal.
Hago presente esto, porque el espíritu con que se propuso la iniciativa en debate es absolutamente positivo. Y no vaya a ser cosa que alguien interponga un recurso y todo el esfuerzo que se está haciendo se venga al suelo.
Esto es lo que quería manifestar, señora Presidenta.
Estoy completamente de acuerdo con el proyecto, e incluso considero que viene a subsanar una serie de defectos existentes a nivel comunal y nacional.
Aquí hay gente que abusa demasiado y tiene muchos intereses en este negocio, el cual es muy rentable para las personas que se dedican a él. Y no tengo la menor duda de que ellas van a contratar abogados para que interpongan un recurso y así anular lo que aquí estamos acordando.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, la idea de legislar sobre esta materia cuenta con todo mi apoyo.
Entiendo cuál es el sentido de la iniciativa: tratar de evitar lo que hoy día sufren de manera principal los sectores más pobres. Porque normalmente la gente que tiene más va a botar sus cosas donde vive la gente que tiene menos. Eso es cierto. Y también uno ve por televisión que, incluso, las vías laterales a las autopistas se están llenando del tipo de residuos en cuestión.
Todo eso es cierto. Sin embargo, debemos elaborar una legislación que surta efecto. Y para ello debemos revisar el texto de este proyecto.
Sería ideal lo que planteaba el Senador García-Huidobro en cuanto a poder contar con una legislación integral sobre la materia. El primer gran tema es que haya lugares donde depositar los desechos que provocan problemas a la gente. Y habría que habilitar y darles recursos a las municipalidades para tal efecto.
De mi experiencia en Europa, recuerdo que había un día al mes en que la municipalidad recogía los desperdicios de todos los habitantes de la comuna, dentro de los cuales muchas veces se incluían colchones, refrigeradores viejos, etcétera. Pero había toda una legislación detrás.
Ahora, hay municipalidades en Santiago que cuentan con los llamados "puntos limpios", que son depósitos donde las personas van a botar las cosas que ya no necesitan.
A mi juicio, este proyecto hay que aprobarlo en general, pero debe volver a la Comisión para ser perfeccionado.
¿En qué sentido?
En primer lugar, la multa que se propone aplicar -y lo entiendo- tiene que ser ejemplarizadora, aunque factible de utilizar por el juez, porque muchas veces cuando se colocan sanciones tan estrictas y elevadas los magistrados no las aplican.
Porque cómo va a ser lógico -voy a llevar el punto al extremo- que a una persona que lleva a botar en su carretela -infringiendo, seguramente, lo que queremos sancionar- desperdicios o elementos de la construcción se le aplique una multa, de acuerdo a lo que establece este proyecto de ley, de entre 50 y 100 unidades tributarias mensuales. Es decir, el conductor de ese vehículo podría ser condenado a pagar 2 millones de pesos, siendo el juez lo más magnánimo posible.
¿Es conveniente aquello? ¿Vamos a solucionar el problema de fondo actuando así?
Por eso, cuando se establecen multas, hay que determinar escalas que vayan de un mínimo a un máximo, de tal manera que el juez pueda recorrerlas al momento de aplicar la sanción, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Es distinto el caso de la persona que va en un carretón a botar basura -tan sancionable como el otro- que el que se dirige en un camión con el mismo tipo de desechos. Es diferente.
Eso es lo primero.
Por otro lado, el Senador Girardi sugería aprobar en general y en particular el proyecto. Yo, sinceramente, no comparto esa opinión. Porque el inciso tercero del artículo 192 bis propuesto por la Comisión establece: "En caso que un vehículo sea sorprendido circulando en las condiciones señaladas en los incisos anteriores, será retirado de circulación por Carabineros de Chile", para ser llevado a los corrales municipales, de donde normalmente -como bien decía el Senador García-Huidobro- no sale muy entero.
¿Cuál es el problema?
Voy a poner el siguiente ejemplo.
En Santiago, hay municipalidades, como la de Las Condes y otras, que cuentan con los denominados "puntos limpios", donde la gente va a dejar los desechos en cuestión. Si una persona sale en una camioneta desde su domicilio a uno de esos puntos limpios, ubicado a 10 o 20 cuadras, y lo pilla un carabinero, se le va a retirar de circulación el vehículo y deberá pagar una multa, según lo estipula la norma respectiva.
Por lo tanto, tenemos que precisar ese inciso, para que, cuando una persona realice un acto perfectamente legítimo, como llevar escombros en una camioneta a un lugar autorizado, no sea multado. Porque ¿cómo va a saber el carabinero si acaso se va o no a un lugar habilitado? Acá me dicen que existe un registro. Pero no es así.
Hay gente que se dedica a ese tipo de cosas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Por favor, redondee la idea.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Con esto termino, señora Presidenta.
Por tanto, por lo expresado anteriormente, voy a aprobar en general el proyecto, pero es necesario que vuelva a la Comisión a fin de despachar una legislación más integral, que realmente apunte a resolver el problema. Porque, si dejamos la normativa tal como está, no va a tener aplicación.
En ese sentido, doy mi voto a favor de la idea de legislar, esperando que cuando el texto vuelva a la Sala para su estudio en particular podamos aprobarlo con todos los contenidos que requiere una legislación de estas características.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.


El señor HORVATH.- Señora Presidenta, creo que acerca de este tema ya se ha dicho casi todo. Sin embargo, me quiero hacer cargo de lo que algunos han planteado en cuanto a que existiría un vacío legal.
En verdad, tal vacío no existe. Las municipalidades disponen de facultades. De hecho, nuestras playas -a propósito del proyecto que vimos ayer- y caminos rurales están llenos de letreros que señalan: "Prohibido botar escombros o basura. Multa de tantas UTM". Sin embargo, al lado de ellos normalmente hay basura y escombros.
En consecuencia, hay que preocuparse de dotar a las municipalidades no solo de facultades, sino también de los medios y el personal necesario para cumplir con el objetivo perseguido, considerando, por supuesto, la diversidad existente en las más de 340 comunas que tenemos en Chile.
En segundo lugar, ayer legislamos con respecto a una materia parecida, relacionada con las playas, en la que se hizo un importante avance. No obstante, lo que la iniciativa en debate propone no tiene ninguna relación con las multas de hasta 3 UTM que se plantean para quienes ensucien o boten basura en playas, ríos, áreas protegidas, en fin.
Lo que vemos aquí es una moción que parte con las penas del infierno: presidio de 541 días hasta tres años para el que ejecute alguna de las conductas sancionadas.
Originalmente se consideraban solo los vertederos, depósitos o rellenos ilegales y se dejaba fuera los caminos, las áreas verdes, los sitios eriazos y muchos otros sectores. Esto fue corregido en la Comisión. Sin embargo, quedan algunos temas pendientes, como aquí bien se ha señalado. Lo importante es que no nos quedemos únicamente en una suerte de penalización, sino que además entreguemos el necesario apoyo que requieren los municipios para ejercer estas atribuciones.
Desde luego, voto a favor de la idea de legislar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, el informe del Ministerio del Medio Ambiente del 2011 señaló que la industria manufacturera generó la mayor cantidad de residuos peligrosos (195.338 toneladas), seguida por la explotación de minas (147.518 toneladas). Entre ambas clasificaciones se genera el 83 por ciento de los residuos peligrosos del país.
Hay un estudio denominado "Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional sobre Residuos Sólidos de Chile", del 2009, que estableció que se generaron 17 millones de toneladas de residuos, de las cuales alrededor de 7 millones corresponden a residuos municipales, y 10 millones, a residuos industriales. Estos datos no incluyen los residuos masivos de la minería.
El Gobierno del Presidente Piñera envió un proyecto de ley relativo a la responsabilidad extendida del productor; en definitiva, de la cuna a la muerte, pues pretende que el que vende el producto también se haga cargo del desecho final cuando aquel ya no sirva.
Está claro que esta iniciativa más bien busca evitar los vertederos clandestinos cuando exista la imposibilidad de botar desechos. Pero ¿por qué no se puede botarlos? Porque el 82 por ciento de la población se halla exenta del pago por retiro de basura. Sin embargo, cuando alguien tiene otro tipo de residuos y va al vertedero o al relleno sanitario le cobran entre 8 mil y 14 mil pesos por la tonelada, o por la camioneta, o por lo que sea.
Hemos aprobado una norma legal que permite entregar a la industria de la basura 15 mil 700 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, para pagarles a los recolectores de basura, costo que debería haber sido asumido por la empresa privada.
Entonces, pregunto si vamos a sancionar solo al que transporta residuos de manera ilegal -actividad que debemos terminar-, o vamos a generar las condiciones para que efectivamente la gente pueda dejar sus desechos en un lugar adecuado, dando las facilidades para ello. Hay municipios que una vez al mes recogen en camiones todo tipo de desechos y los van a botar a un relleno sanitario.
Cuando a la gente le cobran por botar desperdicios, pero nada paga por el retiro de la basura domiciliara, se genera esta situación. Por lo tanto, en los hechos existe un incentivo a la ilegalidad.
Por eso digo que este proyecto busca sancionar desde el carrito con ruedas, o la carretela con caballos, hasta los camiones.
Sin embargo, de la lectura que hice del estudio del Ministerio del Medio Ambiente se concluye que hay 10 millones de toneladas de residuos industriales. ¿Dónde están? Se les preguntó a las empresas de tratamiento de residuos peligrosos e industriales cuánto estaban tratando. ¡No 10 millones de toneladas! En la Región del Biobío se genera un millón de toneladas anuales, y en el relleno sanitario donde se pueden acopiar residuos industriales no se reciben más de 100 mil. Hay 900 mil toneladas que quedan dentro de las industrias, en vertederos ilegales, pues aquellas no están autorizadas para mantenerlos, sino que deben destinarlos a rellenos sanitarios industriales.
En ese sentido, lo que se está haciendo es más bien una modificación al transporte de desechos, pero el problema de los residuos industriales peligrosos, que se hallan en lugares inadecuados, como rellenos o vertederos ilegales, se mantiene plenamente vigente.
¡Ni hablar de la minería! Esta genera miles y miles de toneladas de residuos que son mantenidos en sitios que en su mayoría no cuentan con autorización legal. El caso más cercano es el de ENDESA y su vertedero de cenizas en Lo Rojas, Coronel, Región del Biobío, que era un relleno ilegal. ¡La gran ENDESA botaba sus cenizas de manera ilegal!
Por eso, pienso que debemos perfeccionar la legislación que obliga a todas las industrias a botar sus residuos en lugares adecuados y evitar el depósito de basuras en sitios inapropiados, tal como lo plantea el proyecto. Pero hay que entregar facilidades. Debiera darse un tratamiento nuevo, profundo al tema de la basura en relación con los municipios.
El proyecto que aprobamos hace unas semanas persiguió solo otorgar plata. En él se establecía que 10 por ciento de la evaluación se refería al pago de los trabajadores, pero ello fue sacado de la iniciativa. No hay ninguna norma en los contratos que posibilite la regulación de esto.
Entonces, entregamos dinero a los municipios, a través de la SUBDERE, y en ello no se incluye el retiro de este tipo de residuos para llevarlos a los rellenos sanitarios. Si elaboráramos una legislación que permitiera a la SUBDERE imponerles condiciones a las municipalidades y a estas, a su vez, a los que contrata para el destino final y el transporte de la basura, esto podría mitigarse enormemente. Pero no se hallan dadas las condiciones para ello.
Votaré a favor del proyecto. Pero tenemos que mejorarlo, perfeccionarlo, porque, en definitiva, claramente existe un incentivo perverso, que no es eliminado por la iniciativa, pues de nuevo sanciona. Aquí debe haber un garrote, pero igualmente una zanahoria. A la gente que no quiere violar la ley hay que darle la posibilidad de que también bote sus residuos de manera legal y, por cierto, sin costo, ya que muchos no cuentan con recursos para pagar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.


El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, por su intermedio, ¡quiero decirle al Senador Montes que nunca me quedé con algún caballo...! ¡No tengo ese problema...!
Estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto, y creo que va en una línea correctísima. Pero me gustaría destacar algunas cosas prácticas.
El Senador Pizarro habló de los vehículos de tracción animal en los sectores rurales. La verdad es que la problemática de estos no se encuentra en las zonas rurales, sino en las periferias de las ciudades. En la comuna de La Pintana hay un empresario -si así se puede llamar- que arrienda 200 caballos, 200 carretones, que extraen diariamente todos los escombros ilegales de La Florida, La Pintana y Puente Alto. Ello se hace en su totalidad con tracción animal.
Aquí debiéramos fijar una serie de medidas más prácticas.
En el caso de los camiones, la gran dificultad es que cuando van al vertedero el chofer bota la basura en el camino para quedarse con el dinero de lo que cuesta la disposición final.
Y con respecto a la fiscalización, los municipios sí disponen de herramientas. Pero el problema es que en la práctica no hay solución. Por ejemplo, cuando yo fiscalizaba, junto con Carabineros, a la gran cantidad de carretoneros que circulan en el sector sur de Santiago, ¿qué se hacía con los caballos requisados? Parece muy divertido, pero en Chile no existe un lugar para guardarlos. Y si les sucediera algo, vendría toda la problemática de la defensa animal. Además, el caballo no tiene la culpa de lo que pasa. Entonces, nosotros, en la práctica, hacíamos toda una figura -por eso el Senador Montes me acusa injustamente-: nos quedábamos con los aperos -Su Señoría sabe lo que son los aperos- y devolvíamos el caballo¿
El señor MONTES.- ¡Y con los caballos también¿!
El señor OSSANDÓN.- ¡Algunas veces pillamos a personas que trabajaban para el Senador, entonces¿!
Por otro lado, considero muy bueno eliminar la licencia y fiscalizar los vehículos, pues a todos les duele esa sanción. Y también estoy de acuerdo en que se establezcan multas altas para quienes transporten residuos tóxicos, peligrosos, infecciosos, ya que eso constituye casi un asesinato. Si hay personas que sacan en forma ilegal los residuos de algunos hospitales y los botan en lugares cercanos, donde circulan niños, pienso que no se debe bajar la multa, sino endurecerla.
Voy a mencionar algunos datos prácticos que se pueden trabajar después con la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Cuando era alcalde de Puente Alto juntábamos mil camionadas de 5 metros cúbicos al mes de escombros y basuras ilegales, ¡mil! Eso significa que en el presupuesto del año se gastaba casi un millón de dólares solo en esa labor.
Así que también comparto lo que manifestó el Senador Navarro: debemos buscar una solución a fin de que los vecinos exentos del pago por recolección de basura tengan un lugar para entregar sus escombros.
A mí me gustaría que en este proyecto también castigáramos o multáramos a quien genera este problema. Porque detrás de ello hay alguien que paga cinco, seis, diez mil pesos para que el camioncito o el carretonero se lleve sus escombros de obras menores desde sus domicilios. Y la legislación actual señala que tienen que ir a un vertedero oficial y demostrarse que lo hacen.
Algún Senador planteó que no había sectores para la disposición de estos residuos. Y creo que se equivoca, pues todas las regiones de Chile -por lo menos la Metropolitana- cuentan con lugares autorizados por el gobierno regional y la secretaría regional ministerial pertinente, aunque sean caros y lejanos, para depositar los desechos. Pero si no solucionamos el problema de la gran masa exenta, por supuesto que esta no tendrá otra alternativa que tirar la basura a la cuadra siguiente.
Voy a votar a favor. Y ojalá que en la discusión particular podamos invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades. Porque aquí hay un tema muy práctico y que realmente constituye un dolor de cabeza para los municipios de Chile.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Alfonso de Urresti.


El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, existe bastante unanimidad en la Sala acerca de la necesidad de aprobar este proyecto.
Pero creo esencial hacer algunas referencias en cuanto a que estamos incorporando un numeral al artículo 192 de la Ley de Tránsito para sancionar y tipificar esta figura.
Conocemos claramente lo que ocurre, y cada Senador podrá argumentar acerca de situaciones fácticas, horrorosas que se producen en su territorio. Lo importante es que tengamos una medida efectivamente efectiva -valga la redundancia- para sancionar este tipo de conductas.
Sería relevante que en esta clase de iniciativas -no sé si se puede considerar dentro de la discusión, señora Presidenta- el Ministerio del Medio Ambiente remitiera su opinión respecto a cuándo, de qué manera y con qué urgencia se va a enviar a tramitación el proyecto de ley de residuos.
En la Cámara de Diputados se debatió durante todo el 2013 la iniciativa sobre responsabilidad extendida del productor. Pero se elude la responsabilidad, entrar a la discusión de fondo, que dice relación precisamente con la ley de residuos. Es enorme la cantidad de toneladas de residuos producida en la propia ciudad. Y luego su destino se diluye dentro de la tramitación, del entramado administrativo de una comuna, y no se sabe dónde quedan aquellos. Claramente, a los vertederos no llegan todos los residuos generados en cada región. Y es evidente que se da manga ancha para depositarlos en cualquier lugar.
Y no solo está el caso del carretonero que lleva escombros para dejarlos a la orilla de un camino, sino especialmente lo referido a los residuos peligrosos. Muchas veces los hospitales, determinadas actividades industriales no tienen un sistema de tratamiento, de disposición de sus residuos. Y son esos los que más ensucian, los que más inconvenientes generan, al contaminar humedales, cursos de río o, simplemente, al estar en la proximidad de poblaciones.
Por eso, señora Presidenta, creo que sería primordial que el Ministerio del Medio Ambiente informara cuáles son los recursos y, en primer lugar, cuál es la prioridad del Ejecutivo para enviar el proyecto de ley de residuos. Es un compromiso. Y esperamos que el Ministro lo cumpla.
Por otra parte, ¿qué labor se lleva adelante con las municipalidades? Hay municipios que no poseen la capacidad para disponer este tipo de residuos, para contar con vertederos o para retirar los escombros de las casas de numerosos vecinos.
Hace un par de semanas, en una sesión del concejo municipal de Futrono a la que concurrí, precisamente lo planteaban los vecinos de un sector importante de dicha ciudad. Y le pedí a la Alcaldesa, entre muchas otras cosas, que el municipio dispusiera que un camión realizara rondas para sacar los escombros y desechos que se mantenían en las distintas casas habitaciones.
Creo que esta iniciativa apunta a lo correcto. No obstante, considero que se debe formular alguna observación desde el punto de vista del rango de la pena, a efectos de que la ley no sea letra muerta o no distinga claramente entre los pequeños infractores que se movilizan en un carretón y quienes poseen un camión o realizan esta actividad en forma habitual.
Claramente, anuncio que voy a apoyar este proyecto de ley. Y reitero mi solicitud en el sentido de que el Ejecutivo haga su contribución, ya sea en la Comisión de Medio Ambiente o mediante la vía que se determine, para saber qué va a ocurrir con la ley de residuos.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le corresponde el uso de la palabra al Senador señor Lagos, pero en este momento no está en la Sala.
Tiene la palabra, entonces, el Honorable señor Araya.


El señor ARAYA.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar que estoy de acuerdo con la idea de aprobar en general esta iniciativa, porque, sin duda, uno de los principales problemas que padecen hoy día los vecinos es la aparición de vertederos clandestinos, donde bastante gente inescrupulosa bota basuras o escombros.
También sabemos que este asunto se ha salido de control en las comunas. Hemos visto que en Antofagasta, en Calama, por ejemplo, han ocurrido situaciones que hemos conversado con los respectivos departamentos de aseo de las municipalidades.
Y, sin duda, el gran incentivo para que sucedan hechos de esta naturaleza es que no existe una sanción adecuada para combatirlos.
Dicho eso, quiero decir que me merece algunos reparos la redacción del texto. Por dos razones.
Por un lado, si uno mira la ubicación que se le da a la norma propuesta, observa que figura a continuación del artículo 192 de la Ley de Tránsito, que se refiere a las falsificaciones de licencias de conductor, de certificados de revisión técnica, etcétera. En consecuencia, su lógica es absolutamente distinta de la que debe tener la disposición que nos ocupa.
Por lo tanto, estimo que no podemos colocarla como artículo 192 bis en la Ley de Tránsito, dado que las figuras penales del artículo anterior aluden a los tipos de falsificación y, en alguna medida, de estafas que se puedan cometer con documentación fraudulenta.
Por otro lado, la dificultad no estriba en lo que planteaba el Senador Quinteros: la extensión de la pena, pues nuestra Constitución permite que el legislador siempre pueda fijar rangos de penas. Es decir, existe un criterio abierto para establecer unos más amplios o más reducidos y eso se puede hacer, porque el juez de la causa es quien debe ponderar adecuadamente la sanción aplicable al caso concreto, conforme a los antecedentes de hecho que se aporten en el juicio.
El problema, a mi entender, radica en la tipicidad de la figura penal. Porque cuando uno lee con detención el precepto, pareciera que se sancionara el mero transporte o traslado de basuras o residuos, situación que de por sí no es ilegal y que no debiera ser castigada por la ley.
Lo que ocurre es que la figura que se consagra hace alusión al transporte a sitios eriazos, vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos. Y podríamos caer en el siguiente absurdo: que una persona contara con la famosa guía de despacho para trasladar basura, que algunos municipios exigen y otros no, donde se certificara que los escombros se sacaron de tal parte y van con destino a tal vertedero, pero terminara botándola en la vía pública o en otro sector.
Entonces, aquí se puede producir un error interpretativo, ya que no se halla claramente establecido qué figura queremos sancionar con este tipo penal.
Lo tercero se relaciona con el comiso del vehículo.
Si bien es cierto en el inciso tercero del artículo 192 bis propuesto se establece que Carabineros está facultado para decomisar el vehículo -y ahí cobra importancia lo que señalaba precedentemente, pues el mero transporte de basura o residuos no es delito en sí-, ¿cómo podría la autoridad prever dónde van a terminar esos escombros en caso de existir una guía de despacho?
Por consiguiente, el comiso del vehículo queda un poco en el aire: ¿se determinará por el solo hecho del transporte o estará asociado, también, a la sanción penal que le queremos aplicar? Insisto, la referencia al artículo 192 no tiene que ver con su uso propiamente tal.
En consecuencia, aquí no se clarifica si el comiso del vehículo por Carabineros constituye propiamente tal una pena u obedece a una medida de seguridad...
El señor PROKURICA.- Es una restricción.
El señor ARAYA.-... o es una restricción.
De ahí que manifiesto que no queda claro qué sentido se le quiere dar al comiso del vehículo.
Por eso, soy partidario de que el proyecto en debate se apruebe en general -voy a votar a favor de la idea de legislar- y que vaya a la Comisión de Constitución. Porque, efectivamente, donde puede tener problemas de constitucionalidad es en la redacción del tipo penal, pues nuestra legislación, en materia constitucional y en la jurisprudencia tanto de los tribunales de la reforma procesal penal como de nuestra Corte Suprema, ha establecido que las figuras penales deben ser claras y precisas respecto al tipo de sanción que se aplica.
Ello se justifica aún más, teniendo presente que cuando uno mira la normativa sobre delito y cuasidelito, a que se refiere el párrafo donde se inserta el artículo 192 bis, observa que hay normas especiales en materia de procedimiento penal, en cuanto a que, dependiendo del tipo de pena y de la figura penal aplicable, se sigue un procedimiento ante el juzgado de policía local o, de acuerdo a la reforma procesal penal, uno simplificado o juicio abreviado.
Entonces, este punto debe quedar muy claro, para efectos de que la sanción pueda ser aplicada y no suceda que el texto legal se apruebe, pero no tenga ninguna utilización en la práctica.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora sí le ofrezco la palabra al Senador señor Lagos.


El señor LAGOS.- Gracias, señora Presidenta, por la nueva oportunidad de intervenir que me da.
Básicamente, quiero señalar que hemos escuchado acá a algunos Senadores, que, además, antes fueron Alcaldes -por lo menos he oído a dos de ellos-, quienes tienen claro el drama y la realidad que viven muchas comunas con la situación de los vertederos ilegales.
En Viña del Mar, en la región que me corresponde representar sin ir más lejos, en el caso del estero Margamarga, que es bonito, si uno camina solo tres kilómetros desde el casino hacia arriba de su cauce, obviamente, pues hacia el otro lado tendría que nadar y no caminar, ya que estaría en el mar...
El señor PROKURICA.- También se podría encontrar¿
El señor LAGOS.- ¡El Senador Prokurica podría caminar sobre las aguas...!
El señor PROKURICA.- Me refiero a que también se podría encontrar basura en el mar.
El señor LAGOS.- Tiene razón.
Pero lo que quiero señalar -y de una manera un poco más seria- es que el estero Margamarga se ha convertido hoy día en un verdadero relleno sanitario. Creo que su ribera ha aumentado de quince a dieciocho metros en algunos lugares, como consecuencia solo de los escombros, desperdicios.
Y todo esto de manera ilegal. No es que haya habido alguna época en que ello se autorizó. No es que exista un período del año en el cual se pueda verter. No es que haya algunos lugares a la orilla del estero Margamarga en donde se puedan depositar residuos sólidos, con permiso de la autoridad. Nunca se ha autorizado, y tampoco hoy. Sin embargo, existe un tráfico permanente, y el presente proyecto de ley trata de ayudar a combatirlo.
Me hago cargo de las diversas preocupaciones expresadas por varios colegas, y una de las más elocuentes fue, a mi juicio, la del Senador Araya. Esto refleja que la iniciativa debe ser mejorada.
Pero, en lo grueso, el proyecto sí introduce los temas que se deben considerar, aunque hay que refinarlos.
Tiene que incluirse lo disuasivo de la pena. Correcto. El juez no va a aplicar penas cuando sean muy altas. Pero créanme que cursar una multa de 20 o 40 mil pesos no va a resolver el problema de los vertederos ilegales. Retener la camioneta o el camión, sí. Dejar el vehículo en el corral municipal, sí va a ayudar.
Y el asunto que por sobre todo me gusta es el que se encuentra en el inciso final del artículo 192 bis propuesto, que da a los vecinos la posibilidad de denunciar. Porque me ha tocado intervenir en la situación del "vertedero del Margamarga" no por haber visto la basura, sino por haberme venido a buscar los vecinos para pedirme que los ayudara con su problema. Este se halla abandonado y algunos municipios no tienen los recursos, las ganas para enfrentarlo, o hacen la vista gorda respecto a lo que ocurre.
Y lo que más irrita en la situación descrita es que hay un negocio encubierto. Estos desechos provienen de las inmobiliarias -según dicen-, pues cuando uno va a ver el tipo de escombros se percata de que no es basura doméstica. No hay bolsas negras ni las de algún supermercado con restos de la basura diaria de una familia común y corriente de Viña del Mar. Hay verdaderos escombros, restos de construcción, refrigeradores. Por ende, acá existe un negocio que se aprovecha de esta situación.
En consecuencia, señora Presidenta, me parece razonable lo acordado acá, en el sentido de aprobar en general esta iniciativa y de que vuelva a la Comisión para afinarlo en el debate en particular, con la esperanza, en todo caso, de que en esa instancia el proyecto avance. Porque el asunto lleva ya varios años acá. Y al ritmo que vamos, considero que el estero Margamarga quedará entubado, producto de la cantidad de escombros que se dejan en él.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.


El señor MONTES.- Señora Presidenta, voy a votar a favor en general la iniciativa. Y me parece que hay muy buenas ideas para perfeccionarlo en el debate en particular.
Más bien quiero hacer una reflexión y no repetir los argumentos.
A mi juicio, un país con un PIB de 20 mil dólares per cápita obviamente produce muchos más residuos, y bastante más diversos. Por tanto, se requiere un tratamiento a la altura de ese ingreso y del tipo de desechos que provoca el mayor consumo.
Sin embargo, me da la impresión de que nosotros seguimos enfrentando este tema como si tuviéramos 5 mil dólares per cápita, desde el punto de vista de la cantidad de basura y de las alternativas para su tratamiento.
Quiero afirmar que en este ámbito nuestro gran desafío es industrializar la basura. Hay países que con ella generan empleo, energía, abono, bienes. En efecto, a partir de los desechos, ¡se producen bienes!
Pero esto no surge solo.
En el Ministerio de Obras Públicas he visto que, dentro de los estudios para el otorgamiento de concesiones, existen hartos proyectos ligados a esta materia. No obstante, al final siempre se llega a la conclusión de que no conviene. ¿Por qué? Porque para los privados no es rentable el ciclo de tal inversión. Creo que, a estas alturas, lo razonable de nuestra parte es promover una empresa pública destinada a iniciar tal emprendimiento, por lo menos en algunas ciudades.
El ciclo de la inversión sería largo. Por ende, el Estado debería poner recursos y crear el mecanismo respectivo, a partir del cual se irían incorporando otros actores. ¡Pero hay que iniciarlo de una vez por todas!
Nosotros estamos muy atrasados en este asunto para el nivel de ingresos que tenemos. ¡Muy atrasados!
Ahora bien, tal decisión no se toma diciendo solamente cómo sancionar al que bota basura. Debemos discutir una política de ciudad, de tratamiento de residuos, y superar el enfoque puramente subsidiario del Estado. En definitiva, aquí se requiere una empresa pública, o más de una, dependiendo de cómo se quiera trabajar.
Yo les pregunto: ¿va a haber estaciones de transferencia de alta tecnología al interior de nuestras ciudades mientras no haya una capacidad efectiva de industrializar la basura? No.
En París opera una tecnología de alto nivel en esta materia. Ahí existen estaciones de transferencia muy sofisticadas. Se acumula la basura en determinado lugar y de ahí la distribuyen a otras partes, pero antes la comprimen, la separan de distintas maneras, en fin. Sin embargo, nadie reclama, porque se utiliza alta tecnología que no contamina. En el fondo, se genera otro escenario.
En Chile, en cambio, cuando se plantea la instalación de una estación de transferencia -hasta hace poco fue en Puente Alto; ahora es en La Pintana-, todo el pueblo se levanta en contra, pues se sabe que se aplicará tecnología de mala calidad, que va a contaminar y que producirá muchos problemas en el entorno.
Quiero terminar recordando que nuestro país ha suscrito un convenio con los suecos y con los alemanes en este ámbito. De hecho, ellos están con una misión acá.
Todos los años, cuando discutimos el proyecto de Ley de Presupuestos, se destinan recursos al efecto. Se han entregado fondos a ciertas ciudades (Valdivia es una de ellas), a fin de iniciar procesos relativos al tratamiento de basura, los cuales están en una línea no industrial, sino bastante artesanal.
Estimo que los suecos estarían felices de transferirnos toda su tecnología, por cuanto van muy adelante en lo que se refiere a generar energía y empresas con tales características.
En consecuencia, lo razonable sería que aprovecháramos tales opciones y que, de una vez por todas, pensáramos de otra manera respecto de un problema que, en la medida en que tengamos más ingresos, será cada vez mayor.
Muchas gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general (30 votos).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, habría que fijar plazo para la presentación de indicaciones. Pero el señor Secretario me informa que en este momento no hay quórum para adoptar acuerdos. Por tanto, este punto quedará pendiente hasta la próxima sesión.