MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROTEGER DERECHOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica, con informe oral de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9278-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ante todo, consulto a la Sala si habría unanimidad para votar la iniciativa como un solo todo y sin discusión.
El señor COLOMA.- No doy acuerdo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, en discusión general el proyecto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a fin de compatibilizar la necesidad y la urgencia del proyecto, propongo abrir la votación y que los Senadores fundamentemos el voto, para poder despacharlo con mayor rapidez.
El señor PIZARRO.- El acuerdo es despacharlo ahora.
El señor COLOMA.- Pero en la votación particular nosotros nos pronunciaremos en forma distinta.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por eso sugiero abrir la votación y fundamentar el voto por 5 minutos.
El señor COLOMA.- Nuestro Comité solicitará dividir la votación.
El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, yo sugiero que en la discusión general reduzcamos a 5 minutos la intervención de los Senadores, de manera que se realice el debate de temas relevantes, y que después votemos.
Y a lo mejor se puede acelerar la discusión. Pero creo importante efectuarla, porque en el texto propuesto hay materias muy delicadas que así lo exigen.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos, para informar oralmente la iniciativa.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, en la sesión especial de la Comisión de Hacienda celebrada esta tarde tuvimos la oportunidad de analizar este proyecto.
Su objetivo fundamental es establecer una mejora de la normativa en materia de contratación pública, con miras a proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos.
Consta de artículo único, donde se define conceptualmente en qué consiste el perfeccionamiento, que básicamente es el siguiente:
En el caso de las licitaciones que hagan los municipios para contratar servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, a la hora de evaluar a las empresas participantes se ponderarán al menos con un 10 por ciento de importancia las condiciones laborales en que se desempeñen sus trabajadores.
Puesto en Castellano, al abrir las propuestas se dará un valor de al menos 10 por ciento al tipo de contratación que realizan, como horas de trabajo, remuneraciones, gratificaciones, etcétera.
Es decir, dichas condiciones incidirán a la hora de tomar la decisión.
Además, hay un artículo transitorio, que faculta excepcionalmente a las municipalidades para transferir recursos, por una sola vez, a las empresas proveedoras de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.
Señora Presidenta, como consecuencia de un conflicto que hubo en su oportunidad, el Gobierno anterior transfirió a los municipios una suma considerable de recursos para que hicieran frente a los pagos que las mencionadas empresas debían hacer a sus trabajadores.
Ese fue un acuerdo al que se llegó en cierto momento y que ahora se regulariza mediante este artículo transitorio.
En la Comisión se desarrolló un interesante debate y el proyecto se aprobó por unanimidad.
En todo caso, la iniciativa viene de la Administración anterior; tiene un artículo único y uno transitorio, y lo que hace es honrar lo acordado entre la Asociación Chilena de Municipalidades, los alcaldes, el Gobierno, el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República de entonces.
Eso es todo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Muchas gracias.
Conforme a lo resuelto por Sus Señorías, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, existe un acuerdo de Comités, refrendado por la Sala, en cuanto a que este proyecto se despache hoy, antes del término del Orden del Día. Y entiendo que este finaliza a las 19.
¿Podría confirmarlo el señor Secretario?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, como la iniciativa tiene urgencia de "discusión inmediata", de todas maneras se debe despachar esta tarde.
El señor PIZARRO.- Perdón, señora Presidenta, pero la "discusión inmediata" puede implicar un trámite de hasta seis días desde el momento en que así se califique un proyecto.
Según el referido acuerdo de Comités, que fue refrendado por la Sala y que se recordó al comienzo de esta sesión, el proyecto debe quedar despachado hoy, antes de que concluya el Orden del Día.
Lo digo, para que los colegas sepan que igual vamos a tener que votarlo a las 19:30 o a las 19:40, a más tardar.
Por eso, la propuesta del Senador Zaldívar en cuanto a abrir la votación cumplía con los dos objetivos. Porque estando abierta la votación se puede seguir argumentando, aunque nos pasemos de la hora de término del Orden del Día.
El señor COLOMA.- ¿Habrá discusión particular?
El señor PIZARRO.- No, porque el acuerdo de los Comités fue despacharlo en general y en particular, señor Senador. Y fue ratificado por la Sala.
El señor COLOMA.- Pero habrá votación particular.
El señor PIZARRO.- En fin, esa era mi sugerencia, señora Presidenta.
Con respecto al proyecto que nos ocupa, quiero manifestar mi preocupación por estar legislando sobre esta materia en la forma en que lo estamos haciendo.
Creo que se está sentando un precedente delicado al establecer que el Estado debe hacerse cargo de compromisos o buscar solución a problemas sociales entre entes que no son de su responsabilidad.
Esto ya ocurrió en el caso del conflicto portuario de hace unos meses. Y es por todos conocido lo que sucedió a raíz del conflicto que terminó en la huelga de los trabajadores que extraen la basura domiciliaria, quienes son personal contratado por empresas privadas que licitan sus servicios con los municipios.
Entiendo que la iniciativa busca regularizar una situación que ha sido objeto de control, en el sentido de ver si los municipios están o no en condiciones de transferir fondos directamente a esas empresas privadas para que estas los entreguen a los trabajadores.
Estoy de acuerdo con el beneficio que se entrega a los trabajadores. Pero estimo que el precedente que se sienta con ello es extraordinariamente complicado. Además, resulta difícil de entender, porque, a partir de ahora, es posible pensar que frente a cualquier problema social el Estado debe intervenir y disponer de recursos públicos para solucionar conflictos entre privados, por importantes que estos sean.
Respecto de esta situación en específico, me habría gustado recibir información más detallada por parte de los miembros de la Comisión y del propio Gobierno.
Ya no está en la Sala el Ministro de Hacienda, aunque esta iniciativa no es de su responsabilidad. Pero sé que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ha visto este asunto y se encuentra en las dependencias del Senado. A lo mejor, sería conveniente autorizar su ingreso a la Sala para que nos explique con más detalle la situación y nos entregue una información más acabada.
Gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Discúlpeme, señor Senador, no le escuché bien lo último, pues me estaban hablando.
¿Usted pide autorización para que entre a la Sala el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo? ¿Es así?
El señor PIZARRO.- Sí, señora Presidenta.
Ocurre que no hay ningún Ministro presente. El de Hacienda recién se retiró, y esta materia corresponde a la Cartera del Interior.
Sé que el Subsecretario se halla en el Senado, pues intervino en la Comisión cuando discutimos el proyecto. A lo mejor, sería bueno que participara en esta sesión para clarificar las consultas sobre el particular.
Por mi parte, tengo serias dudas respecto a por qué estamos legislando para solucionar, con recursos del Estado, un conflicto entre privados.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo?
--Así se acuerda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, comparto lo que dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que también me preocupa esta materia.
Aquí se plantea una medida que, en la práctica, impedirá que las empresas que prestan servicios dispongan en sus propuestas el pago del sueldo mínimo a sus trabajadores. Ese es el problema que existe en el ámbito de la recolección de basura.
No sé si esta propuesta podría aplicarse a todas las concesiones municipales. Entiendo que el proyecto en debate solo aborda la situación de las concesiones de recolección de residuos.
Sin embargo, la problemática de fondo afecta a todas las concesiones que entregan los municipios. En efecto, el alcalde con el concejo comunal, al administrar la comuna, claramente tratarán de conseguir un servicio lo más barato posible, dada la escasez de recursos que los limita.
Aprobada esta iniciativa, inmediatamente vendrán los requerimientos de las empresas de guardia y de las de aseo, que en su mayoría también pagan sueldos mínimos. En el fondo, quienes hacen el aseo en las municipalidades y quienes cuidan sus dependencias reciben sueldos de pobreza y administran la pobreza.
Por lo tanto, sería bueno ver en el futuro -como no tengo experiencia legislativa, no sé cómo se procede administrativamente- la posibilidad de un proyecto que aborde la realidad de todas las concesiones municipales.
Y con ello no estamos coartando la libertad de los municipios; solo estamos dando la señal de que el Senado de la República se preocupa, de una u otra manera, de que los servicios concesionados de la última cadena del Estado, que son los de los municipios, no tengan siempre como base el sueldo mínimo.
Voy a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, me preocupan sobremanera los dos artículos del proyecto.
En primer lugar, estimo que atentan contra la autonomía de los municipios.
Hay algunas empresas de recolección de residuos que pagan el sueldo mínimo a sus funcionarios, pero en la realidad suele darse que, cuando estas terminan sus servicios y se abre una nueva licitación, los sindicatos respectivos negocian con los concejales e, incluso, generan presión en la comunidad para que, dentro de las bases, exista como condición el respeto de los sueldos que recibían los trabajadores al término del contrato anterior.
El que el Ejecutivo o el Estado, mediante una ley, determine cómo las municipalidades deben establecer las bases de licitación y cómo han de evaluar el peso de cada variable, en verdad, me parece que atenta contra la autonomía de tales corporaciones. Estas son autónomas; responden a autoridades elegidas democráticamente; cuentan con un concejo que las fiscaliza, y tienen, además, una comunidad que también genera presión sobre ellos.
Considero, por lo tanto, que lo propuesto va en sentido absolutamente contrario a la desconcentración del poder, a la autonomía de los municipios y, en definitiva, a lo que nosotros pretendemos, que es acercar la decisión a la gente.
En segundo lugar, el artículo transitorio faculta a los municipios para trasferir recursos a una empresa particular, a fin de que esta pague a trabajadores de su dependencia un bono, un aguinaldo o como quiera llamarse. Esto me parece rarísimo. Creo que tampoco corresponde.
¿Por qué se les entrega plata a las empresas de recolección de basura y no a las de seguridad o a las encargadas de mantener las áreas verdes si en ellas también laboran personas con grandes necesidades? Quienes trabajan en las áreas verdes muchas veces deben estar bajo el rigor del clima y en condiciones difíciles, y suelen ser mujeres.
Entonces, esta figura -yo soy médico, no abogada- me llama profundamente la atención. El permitir que se traspasen recursos de todos los chilenos para que una empresa particular cumpla obligaciones con trabajadores que dependen exclusivamente de ella es algo muy raro.
Por ello, estimo que este no es el camino para resolver el problema.
Si deseamos que las municipalidades cuenten con más recursos para dar un mejor servicio y ofrecer mejores condiciones para sus trabajadores, entonces, hagámoslo a través del Fondo Común Municipal, y que cada una de ellas, de acuerdo a su normativa, analice con su concejo cómo dispondrán de aquellos.
Pero, a mi juicio, legislar no es el camino para indicarles a los alcaldes y a los concejales cómo deben realizar esas funciones.
En consecuencia, me voy a oponer a ambos artículos de este proyecto.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A usted, señora Senadora.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica, para plantear un asunto de Reglamento.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, acaba de llegar el señor Subsecretario, por lo que solicito que se le dé la palabra a fin de que exponga sobre la iniciativa.
Veo que hay opiniones muy contrarias al respecto. Por tanto, él nos puede aclarar el objetivo de esta propuesta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Bien. Esa fue la razón por la cual se autorizó su ingreso a la Sala.
Tiene la palabra el señor Subsecretario para que nos explique el sentido de este proyecto y las razones por las cuales el Ejecutivo lo envió a tramitación.
El señor CIFUENTES (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).- Señora Presidenta, gracias por la invitación.
La iniciativa resuelve un problema que heredamos de la Administración anterior.
En la Ley de Presupuestos para el año 2014, se generó una glosa que permitía transferir a los municipios recursos por algo más de 15 mil millones de pesos, para destinarlos a lo estipulado en un acuerdo logrado entre el Gobierno anterior, la Asociación Chilena de Municipalidades y los trabajadores recolectores de residuos sólidos domiciliarios, para mejorar sus condiciones laborales y remuneracionales.
Lo que se pretende con la iniciativa en estudio es permitir que la Ley de Presupuestos para 2014, en la parte pertinente al acuerdo, sea aplicable.
Hoy día, según lo señalado por la Contraloría General de la República, esos recursos no se pueden transferir, porque la referida glosa quedó redactada en términos genéricos y se requiere una específica.
En esencia, lo que buscamos es posibilitar esa transferencia de fondos, que, por lo demás, algunos municipios ya la han realizado.
No sé si con eso aclaro las dudas manifestadas, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Subsecretario.
En todo caso, si más adelante surge alguna consulta, como todavía no hemos abierto la votación, le pediremos que vuelva a intervenir para responderla.
Continúo con el orden de inscripción.
Tiene la palabra al Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, precisamente la complejidad del tema nos hace pensar que no es conveniente aún entrar a la votación de la iniciativa.
Hemos oído a algunos Senadores con larga experiencia como alcaldes (los Senadores señor Ossandón y señora Van Rysselberghe) plantear problemas muy de fondo respecto al tema. Y yo creo que tienen mucha razón.
Asimismo, pienso que el Honorable señor Pizarro se halla en lo cierto cuando señala que se está generando un precedente muy grave, puesto que nos estamos haciendo cargo, como Estado, de un problema entre particulares. Y no sabemos qué implicancias futuras pueda acarrear ese precedente.
Al respecto, también quiero manifestar mi preocupación.
Ahora, entiendo que nos encontramos frente a un problema político, como se ha dicho, generado por acuerdos alcanzados en el Gobierno anterior. Ante ello, por la razón que acaba de manifestar el Subsecretario, la actual Administración intenta resolver el asunto con este proyecto de ley. Está, en el fondo, cooperando en la búsqueda de una solución para el problema planteado por la Contraloría, como nos acaban de informar.
Sin embargo, según lo dicho por la Senadora Van Rysselberghe, de sentido común y demostrativo de su experiencia municipal, estamos obrando malamente, en contradicción a nuestro ordenamiento constitucional y legal.
¿Por qué? Porque hay en juego un principio clave -no es reciente, pues viene del siglo XIX-: el establecimiento de la autonomía municipal. Esto es recogido por nuestra Carta Fundamental en su artículo 118: "Las municipalidades son corporaciones autónomas". Sin embargo, la finalidad de esta iniciativa es decirles a los municipios qué deben hacer en determinada materia.
Ahora, si fuera eso efectivamente lo que se pretende, entonces habría que modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y no, como plantea el proyecto, la normativa sobre contratación pública.
Este último cuerpo legal es de rango inferior, por lo que no puede prevalecer a la citada ley orgánica, que, de acuerdo a la Constitución, recibe ese carácter por el hecho de que regula las atribuciones municipales.
Además, hay otro problema que lo encuentro aún más grave.
La iniciativa otorga una atribución que permite a los municipios exigir en las concesiones municipales para los servicios de recolección de basura a lo menos un 10 por ciento adicional en el factor remuneraciones, para ser destinado a los trabajadores de las empresas prestadoras. Sin embargo, hay otras concesiones municipales, como se ha mencionado, que no están siendo beneficiadas. Por tanto, existe una discriminación entre tipos de trabajadores.
Pero existe otra discriminación adicional.
En cuanto al servicio de extracción de basura, hay municipios que cuentan con el sistema de licitación de concesión. Entiendo que representan alrededor -si mal no recuerdo- del 30 por ciento del total. El resto de las municipalidades contrata directamente. El personal de estas últimas no recibirá el beneficio que se otorga a los otros trabajadores de las empresas prestadoras de servicio por la misma función desempeñada.
Entonces, por buenas razones, por una buena causa, estamos tomando un mal camino.
Por lo tanto, señora Presidenta, no considero conveniente ni prudente aprobar este proyecto de la forma en que se nos presenta. Estamos no solo generando un mal precedente -en realidad, ya quedó establecido-, sino también dando una solución que, desde el punto de vista constitucional y legal, no calza con nuestro ordenamiento.
El señor Subsecretario, además, expresó que el proyecto se originó por el reparo de la Contraloría al carácter genérico de la glosa presupuestaria pertinente. Entonces, ¿por qué mejor no modificamos la Ley de Presupuestos, dando a dicha glosa una redacción más específica? Este cuerpo legal se puede modificar, no es inmutable. Ahora, si ese es el problema planteado por la Contraloría, yo prefiero que se solucione por el camino que acabo de indicar.
En lo fundamental, para solucionar una dificultad estamos pasando a llevar, en forma directa, la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y un principio que debiéramos mantener siempre: el relativo al carácter autónomo de los municipios.
A mi juicio, la medida propuesta en el proyecto no es buena. Además, genera discriminaciones odiosas, que nos van a provocar problemas adicionales.
Yo sugiero -no sé qué piensa el Ejecutivo al respecto- que se busque el camino simple: modificar la glosa y no entrar en disquisiciones que, al final, tal cual se presenta la iniciativa, llevan a dar una mala solución.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de dar la palabra al siguiente orador, dado que ha llegado la hora de término del Orden del Día, quiero solicitar el acuerdo de la Sala para prorrogarlo por una hora, según lo establece el artículo 97 del Reglamento.
Sus Señorías comprenden que, si no despachamos hoy el proyecto, tendré que citarlos para mañana, el sábado, el domingo o el lunes.
El señor ALLAMAND.- Haga lo que estime conveniente, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Hasta el despacho del proyecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se prorrogará por una hora el Orden del Día.
--Así se acuerda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el proyecto es breve, pero muy complicado.
Al respecto, quiero dejar claro -debe estar en el informe- que hubo unanimidad en la aprobación de la idea de legislar, pero no sucedió lo mismo en la votación particular. Fui yo, precisamente, quien planteó la necesidad de discutir sobre el significado de lo que estamos votando, que es muy enredado.
La primera idea, quizás la más urgente -así lo entendí de lo dicho por el Subsecretario-, se halla en el artículo transitorio, que es de los más sui géneris que he visto en el Parlamento.
Antes de seguir y para que no exista duda alguna, hago presente que esta iniciativa se origina en una materia vinculada al Gobierno anterior -nada tiene que ver con la actual Administración-, relativa a un acuerdo con trabajadores. Lo digo para que no haya ninguna sospecha al respecto.
En el referido artículo transitorio se faculta excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir recursos, por una sola vez, a empresas proveedoras de servicios de recolección de basura. Se sabe cuáles son desde el principio, con nombre y apellido, porque tal información debe estar publicada. Tal atribución operará, aunque en el hecho esas platas ya hayan sido transferidas.
No sé si me ha tocado ver en otro proyecto algo parecido a lo que aquí se propone: facultar a municipios para entregar fondos a ciertas empresas -esa es la realidad-, con la finalidad de pagar determinadas obligaciones.
Ni siquiera quiero entrar al tema planteado muy bien por la Senadora Van Rysselberghe sobre la autonomía municipal. Aquí siempre hemos reclamado en favor de este principio, con el objeto de que los recursos entregados a las municipalidades sean administrados por los alcaldes y concejales como estimen pertinente.
En definitiva, en la norma propuesta se dice: "Mire, le vamos a pasar este dinero, pero con un solo fin: transferirlo a tales empresas. No puede usarlo en otra cosa".
Ello obedece al dictamen que elaboró la Contraloría.
Me parece de sentido común -hablamos el punto con el Senador Larraín- que, si el problema es el carácter de la glosa respectiva, lo mejor es tratar de cambiar la Ley de Presupuestos en esa parte para hacer operativa la facultad, en lugar de generar una propuesta que intenta resolver el problema, pero que, al final, da curso a una forma de legislar que afecta la autonomía municipal y beneficia, claramente, a empresas -no han hecho nada malo- que están identificadas.
Creo que aquella fórmula apunta a una mejor solución.
Por último, respecto al artículo único, debo hacer presente que se han logrado consensuar normas -y funcionan- en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores.
Hay una ley que estipula cómo deben elaborarse las bases de licitación para todos los contratos de prestación de servicios a los que postulan todas las empresas vinculadas a los municipios. Y el nuevo inciso segundo que se agrega al artículo 6º define cuáles son los requisitos -me parece que está bien redactado; nadie lo ha discutido nunca- y establece que a partir de ahora "Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios," -solo para ese fin; he preguntado a distintos alcaldes que saben bastante más en esta materia, pues hay muchas actividades que son concesionadas: los parques, la iluminación, la limpieza de calles. Y por eso ignoro cuál es el criterio- "la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación".
No tengo idea si lo correcto es 8, 12, 5 o 20 por ciento -no estoy discutiendo la cantidad-, pero sí me parece -y los alcaldes nos pueden ayudar un poquito más a entender este tema- que establecer un beneficio solo para un grupo de trabajadores y no para todos -cabe recordar que este proyecto rige para determinadas licitaciones, no para los funcionarios normales de un municipio- no ayuda a resolver un problema que todos queremos solucionar y estamos generando un precedente raro, por cuanto, con absoluta razón, otros servicios concesionados de trabajadores pueden pedir el 15 o el 5 por ciento de ponderación.
Entonces, aquí instauramos un principio y me parece que debemos hacer una segunda reflexión entre nosotros sobre el particular.
Este no es un tema de Derecha o Izquierda, de Gobierno u Oposición. Aquí se trata de ver cómo uno elabora las leyes para resolver los problemas que se nos plantean y no para generarle conflictos a mucha gente.
Insisto: queremos resolver el inconveniente surgido. Estamos todos en condiciones de hacerlo.
Sin embargo, creemos que la forma que se plantea está provocando al final más problemas que soluciones.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a muchas de las preguntas realizadas por algunas Senadoras y algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra -ya se ha dicho- es difícil darles respuesta, porque habría que consultar, más bien, a quienes fueron los actores que trajeron este problema a la Sala del Senado.
Por lo tanto, habría que preguntarle al entonces Ministro Andrés Chadwick por qué se procedió así en este caso o, en el paro de los portuarios, por qué actuó en esa forma el ex titular de Agricultura, donde a mi modo de ver se aplicó muy mal el principio de subsidiaridad del Estado conforme al cual este entra a responder por obligaciones que son del sector privado.
Ahora, ¿se pueden transferir recursos del sector público al privado? Claro. No se debe tal vez. Pero perfectamente puede hacerse si una ley lo autoriza. También es posible efectuar donaciones o entregar subvenciones. Sin embargo -reitero-, eso debe hacerse por medio de una ley.
Ahora, lo que pasó acá -todos lo sabemos- es que hubo un conflicto grave con el personal que trabaja en la recolección de basura y el aseo domiciliario, frente al cual el Gobierno y la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron a un acuerdo que se tradujo en una glosa que se nos presentó en la Ley de Presupuestos. Y cuando discutimos dicho cuerpo legal el Subsecretario de Desarrollo Regional de ese momento, don Miguel Flores, nos dijo -me acuerdo bien- que estos 15 mil 691 millones de pesos se destinarían a solucionar este asunto. Y nosotros aprobamos esos recursos en el afán de buscar una solución a este problema.
A lo mejor se cometió el error de no haber especificado la norma que hoy día está objetando la Contraloría y lo que tenemos que hacer ahora es reparar nuestro error como Parlamento, pues nosotros mismos debimos observar el problema y haberlo corregido en ese instante. Y, en ese sentido, tiene razón el Senador Larraín cuando sostiene que hubiera sido más rápido resolver el punto sobre la glosa correspondiente de la Ley de Presupuestos, a la cual hoy día nos estamos refiriendo.
Sin embargo, todos sabemos -seamos francos- que si no aprobamos esta iniciativa legal se nos va a presentar nuevamente un conflicto con estos trabajadores, y estoy seguro de que aquí, en el Parlamento, vamos a tener que resolver, por la vía de la presión, legítima y de los hechos -y más en este caso-, un derecho de los trabajadores, quienes nos van a decir: "Nosotros hemos sido engañados porque de buena fe firmamos un acuerdo ante el Ministro del Interior y el Subsecretario, mediante el cual se nos aseguró que nos pagarían esa plata a través de los privados, que el Estado subvencionaría el arreglo de este conflicto y, además, que las bases de las propuestas se ajustarían a la norma que viene hoy día como artículo permanente y que se está objetando".
En consecuencia, nosotros no estamos atentando -como dijeron otros señores Senadores- contra la autonomía municipal, porque esto fue acordado con los municipios. Ellos participaron en esta negociación y llegaron a este mal acuerdo -como quieran llamarlo- que estableció esta ponderación del 10 por ciento como una manera de garantizar a los trabajadores que sus remuneraciones iban a ser respetadas, a fin de que no fueran sometidas a la tensión de una licitación donde el salario se convierte en el factor que hace la diferencia para ganarla.
Ese es el objetivo. Digámoslo con toda claridad.
Entonces, tenemos que ser consecuentes.
Personalmente, creo que esto sienta un pésimo precedente -no fue la única vez que el anterior Gobierno actuó de esta manera, pues al final procedió así en este caso y en el de los portuarios, y si hubiera seguido más tiempo a lo mejor nos habría traído tres o cuatro conflictos más-, porque resulta muy fácil solucionar los problemas con plata ajena, con dinero que no es propio y que solo se administra.
¡Por eso estamos metidos en este zapato chino! ¡Este muertito no es nuestro; le pertenece a otro!
No obstante, a mí me interesa resolver este asunto y evitar un conflicto.
Esa es la razón por la cual voto a favor del proyecto, pues creo que no hay otra solución, salvo que...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene treinta segundos adicionales.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias, señora Presidenta.
Decía que no creo que haya otra solución, salvo que me dijeran que, aquí y ahora, se redactará una propuesta diferente que logre el objetivo de impedir un conflicto.
¡Desde este momento estoy disponible para ello!
Sin embargo, si no me presentan inmediatamente una forma de solución, soy partidario de no crear un conflicto de la magnitud del que tuvimos en el país con los trabajadores del aseo municipal, pues la ciudadanía no nos entendería.
Por esa razón votaré a favor, excepto que me digan que existe otra solución inmediata y que hoy día nos levantaremos de esta Sala resolviendo este problema que -insisto- no es nuestro, sino ajeno, pero estamos dispuestos a afrontarlo.
Gracias, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida y saludar al señor Ministro del Interior, don Rodrigo Peñailillo.
¡Bienvenido, señor Ministro!
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, de verdad estamos frente a un proyecto inédito, a una situación nunca vista desde la recuperación de la democracia, donde un Gobierno toma recursos públicos para solucionar un problema privado.
Este es un muy mal precedente.
Creo que debimos resolver este asunto de un modo distinto. El tratamiento que en general el Estado y la legislación les dan a los trabajadores no solamente públicos, sino también privados es lo que debemos revisar.
Si se les presenta un problema a los concesionarios del servicio de recolección de basura, que no cumplen o no han querido cumplir de manera adecuada los compromisos con sus trabajadores y no desean poner recursos, ¿por qué el Estado tiene que resolverlo? ¿Por qué el Congreso debe aprobar un proyecto de ley para solucionar una negociación entre privados?
Es cierto que los municipios están de por medio, que se persigue el bien común, que se debe retirar la basura -todo lo que Sus Señorías quieran-, pero advierto que no existirá razón alguna para que de la misma manera como estamos interviniendo entre trabajadores y empresarios privados no procedamos igual con otro sector.
Entonces, considero muy extraño que aprobemos un proyecto de ley que no cuadra con nada de lo que hemos estado observando en otras iniciativas que dicen relación con los derechos laborales.
Me parece que deberíamos preguntarnos si no es hora ya de legislar en general en favor de los trabajadores que suscriben contratos con privados a través de las licitaciones.
¿Qué son las licitaciones que efectúa el Estado sino eludir la responsabilidad de este en el pago de los costos y de las condiciones laborales para que otros -los privados- estrujen el limón y negocien de mucho mejor manera con los trabajadores en contra de los derechos laborales?
Los trabajadores que prestan servicios de recolección de basura a los municipios llevaron adelante una paralización. De otra manera no tendríamos este proyecto aquí. ¿Y por qué debemos esperar la suspensión de faenas para elaborar una legislación laboral justa?
¿Por qué razón tenemos que hacer una excepción aquí diciendo: "Cuando se llame a licitación en el caso de los municipios para la recolección de basura, vamos a considerar que un 10 por ciento de la ponderación de la licitación dependerá de las condiciones laborales, del nivel de remuneraciones, del modo de reajustabilidad, de la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, de la duración de los contratos, de la existencia de los incentivos"?
¿Por qué no lo hacemos también con la JUNAEB cuando contrata a las manipuladoras? ¿Por qué no operamos igual con otro tipo de contratos donde el Estado entrega bienes en concesión, en licitación a privados para que estos hagan la negociación con los trabajadores?
No me cuadra este proyecto, señora Presidenta, porque creo que está marcando un muy mal precedente, o un muy buen precedente. Porque si procedemos de la manera en que se está actuando aquí con estos trabajadores, por qué no lo hacemos con el resto.
Entonces, por las mismas razones que aducía el Senador Zaldívar, de que estamos frente a un conflicto serio, de que hay un compromiso del Estado con esos trabajadores, yo estoy por votarlo favorablemente, pero estableciendo la obligación de nuestro Gobierno y de este Parlamento de tramitar una nueva iniciativa que regule eficazmente los derechos laborales para todos los trabajadores.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, estimados colegas, he seguido atentamente el debate. Y quiero plantear a la Sala del Senado la pregunta que de alguna forma se encuentra en el aire: ¿Estamos aquí solucionando un problema o estamos agravando un problema y generando un precedente absolutamente funesto para este Congreso, para este Senado, y por qué no expresarlo, para el actual Gobierno?
A cualquier observador de esta discusión le resultaría completamente incomprensible la argumentación de algunos colegas, que señalan que esto sienta un precedente funesto. Un precedente es algo que a uno lo persigue, que, en definitiva, genera -por así decirlo- carácter desde el punto de vista de la resolución que se adopte.
El señor MONTES.- ¡Como el desalojo¿!
El señor ALLAMAND.- Entonces, ¿quién va a entender que todos sostengamos acá que el precedente es funesto y acto seguido votemos a favor? En verdad, ese es un razonamiento a lo Ionesco, completamente absurdo. Porque si el precedente es funesto, no tenemos que pronunciarnos a favor. ¿O alguien podría sostener que la Sala de la Cámara Alta, que se presume que razona adecuadamente, puede plantear que es un precedente funesto, negativo, y acto seguido votar a favor? Eso no está a la altura de la tradición del Senado.
No hay duda de que este es un problema que arranca en la Administración anterior. Pero me sorprende la pasividad con que algunos miembros de la coalición de Gobierno admiten esta situación. No lo entiendo. En el día de hoy hemos visto, por ejemplo, cómo se deja sin efecto una resolución del Consejo de Ministros en el caso de HidroAysén. Nos hemos impuesto de cómo la Presidenta de la República ha retirado de la tramitación legislativa un conjunto de proyectos porque simplemente considera que no son correctos. Pero acá, so pretexto de que existe un acuerdo de un Gobierno anterior, entonces este Congreso lo admite con total pasividad.
¿Cuál es ese precedente, señora Presidenta?
Que cualquier futuro Gobierno, en las postrimerías de su mandato o en alguna etapa de este, puede generar un acuerdo, de cualquier naturaleza, aunque sea totalmente inconcebible en sus términos -la imaginación puede ser frondosa-, y so pretexto de que lo hizo la Administración anterior, se supone que la que viene debiera aceptarlo sin chistar.
¿Ese es el precedente que esta Sala quiere dejar establecido, que no puede revisar un mal acuerdo realizado por un Gobierno anterior?
Tengo la impresión de que eso tampoco es correcto.
Y en cuanto al tema de fondo, que aquí se ha señalado, relativo al artículo 1º, simplemente me hago eco de las expresiones de los exalcaldes señora Van Rysselberghe y señor Ossandón. No hay duda de que la norma es particularmente compleja. Pero el artículo transitorio no solo es ininteligible, sino que sienta un precedente que no debemos aceptar.
¿Por qué no hablamos y decimos las cosas como son?
Lo que estamos expresando aquí es lo siguiente.
Si en ocho meses más se produce un conflicto laboral en empresas contratistas -estoy inventando- de los distintos Ministerios en el ámbito de aseo, y esto deviene en una movilización, en una toma y en una paralización laboral, ¿qué razón habría para no proceder exactamente de la misma manera en que se está actuando aquí, es decir, traspasando recursos públicos a empresas privadas para que estas cumplan determinadas obligaciones que tienen con sus trabajadores? Eso va a ocurrir si nosotros aceptamos pasivamente esta solución. ¿Y con qué argumento esta Sala podría sostener que en ese futuro hipotético, que no lo es tanto -el caso de los puertos está a la vuelta de la esquina-, no debiéramos aceptar esa modalidad sin chistar?
Entonces, señora Presidenta, para concluir, considero que no tenemos que admitir este precedente. Este es funesto, equivocado, y perjudicará al propio Gobierno de la Presidenta Bachelet.
No creo, a diferencia de lo que señala el Senador Zaldívar, que esto deba resolverse aquí y ahora, porque quizás es muy difícil. Pero tampoco pienso que deba aceptarse sin más, admitiendo que este es un precedente funesto, que tengamos que darle vía libre. Porque no es lógico. Y porque -reitero- el precedente va a perseguir a aquellos que voten a favor.
Habrá un espacio para encontrar una mejor solución que proteja los derechos de los trabajadores, pero que no siente este precedente funesto.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, este es un proyecto que viene de la Administración anterior. Y en los Gobiernos de la Concertación tampoco existió la capacidad para enfrentarlo, porque se trata de un problema enorme, gigantesco.
El Senador Coloma señala que es un problema complicado. ¡Claro! Por eso no lo resolvió la Concertación, y tampoco la Derecha. Y hoy estamos intentando solucionarlo por la puerta chica.
Las mejores condiciones de trabajo que se alegan en el proyecto dicen relación con que este es un sector que contempla 18 mil recolectores de basura, que corren al lado del camión 24 kilómetros al día, trabajando 16 horas diarias (llegan muy tarde a sus casas, porque los rellenos sanitarios quedan muy lejos). Si sumamos a los 12 mil que laboran en los rellenos sanitarios, se trata de un sector de 30 mil trabajadores a lo menos, que se encuentran en el ámbito de la contratación y licitación de 345 municipios.
No hay una sola norma que pueda ser cumplida, porque existe la variedad más amplia en las licitaciones. Concepción -la Senadora Van Rysselberghe lo sabe muy bien-, con 200 mil habitantes, suscribió un contrato por 98 millones. Y Coronel, con 100 mil habitantes, tiene un contrato de 198 millones. No hay norma alguna sobre el particular. Es la verdadera ley de la selva. Nadie regula las licitaciones. Y, al final, quienes pagan el costo son los trabajadores. Cuando se ajusta hacia abajo, los que asumen el costo son ellos.
Lo hemos manifestado: la recolección de basura, el agua, la electricidad debieran ser parte de los costos que asuma el Estado con los municipios de manera directa. Porque algunas municipalidades arrastran deudas desde hace años en el pago de aquellos servicios.
En ese sentido, tal vez las situaciones de ENAP y CODELCO deberían darnos una orientación.
Se trata de empresas estatales y ponen condiciones especiales para contratar trabajadores. Y se emplean recursos públicos. Son empresas estatales, algunas medio raras, pero lo son. ¿Por qué a los municipios no se les va a permitir condiciones especiales para contratar a los trabajadores? Creo que es el tema esencial en los contratos de licitación.
Pregúntenle a Longueira, ex Ministro de Economía, si hay o no experiencia anterior en cuanto a transferir recursos estatales a los privados.
¡Todos los costos sociales asociados a la Ley de Pesca los abordó el Estado! ¡No hubo contrato social! ¡Miles y miles de millones, en el 2001, en el 2002 y ahora, en el 2013, todos pagados por el Estado! ¡Toda la plata destinada, mediante SERNAPESCA, el FAP, a compensar a los tripulantes, a los pescadores artesanales, es estatal!
Y no digamos que la industria pesquera es pequeña: ¡genera muchísimos ingresos!
Entonces, uno reflexiona: "Esto no es nuevo. Ya lo hizo el ex Ministro de Economía, quien transfirió todos los recursos desde el Estado para resolver los problemas sociales de los trabajadores del sector pesquero".
Se hizo también con los portuarios.
Entonces, experiencias hay. Y se siguen repitiendo.
Señora Presidenta, la SUBDERE debiera generar una fórmula para que el pago se realizara directamente. Necesitamos regular la actividad de modo que haya un mínimo básico para las licitaciones.
Algunas empresas toman la basura y la convierten en electricidad. Hoy día muchos rellenos sanitarios están generando 22 a 23 megawatts. La resolución no lo contemplaba. Al principio se les entregaba la basura, que era un problema. Pero ahora ella constituye un buen negocio.
Por tanto, el proyecto que estamos aprobando ahora viene a parchar.
El problema es más de fondo. Radica en que no se quiere posibilitar que la actividad municipal en esa y otras áreas tenga regulaciones que favorezcan a los trabajadores.
Y después el debate será en el sentido de que no nos metamos con los municipios porque son autónomos.
A decir verdad, los derechos laborales deberían respetarse siempre.
Algunos municipios, señora Presidenta, no cobran por la extracción de basura: 90 por ciento de los habitantes de las comunas de bajos ingresos no pagan por dicho concepto. Por lo tanto, se trata de un costo adicional que asumen las municipalidades.
Pienso que el problema reside en los contratos de licitaciones: deben estar regulados.
En 2008 los trabajadores depositaron cerca de 10 toneladas de basura fuera de La Moneda, en plena Alameda, reclamando por sus derechos. Hoy vuelven a hacerlo.
Viví la experiencia de estar un día en Puente Alto -comuna de la circunscripción del Senador Ossandón- con los trabajadores recogiendo basura. ¡Es una pega con características inhumanas, de esclavitud, absolutamente violadora de los derechos humanos mínimos de esos servidores, quienes se exponen a todas las enfermedades imaginables!
Señora Presidenta, aquí cabe legislar sobre la cuestión de fondo. Vamos a aprobar este proyecto porque resuelve una situación puntual. Pero después deberemos ir a cómo licita cada municipio y a quitar la libertad de cada alcalde para hacerlo como quiere. Porque a ese respecto hay un grave problema.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero decir brevemente cuatro cosas.
Primero: aquí nos hacemos los lesos en cuanto al problema más de fondo, cual es la crisis de la basura. Los municipios están desfinanciados, gastan buena parte de sus ingresos en ese rubro.
Aquello tiene bastante que ver con que, como país, también nos hemos hecho los lesos respecto a la necesidad de industrializar la basura.
En comparación con muchas otras naciones, nuestro nivel de desarrollo en aquel ámbito está bastante atrasado. Tenemos convenios con naciones europeas, pero no se han aplicado.
Este Gobierno y las futuras Administraciones, de una vez por todas, deberán avanzar en dicha línea, porque es lo que se halla en la base.
Los países que han industrializado la basura generan ingresos y generan empleos.
¿Por qué no lo ha hecho Chile?
Porque eso no lo realiza ningún privado: tiene origen en una empresa pública.
Vean en el Ministerio de Obras Públicas la cantidad de proyectos que se presentan y después no se ejecutan, incluso recomendando concesiones al respecto.
El segundo problema señalado acá es el de la autonomía municipal.
Se trata de una vieja discusión.
En Chile la autonomía municipal se enmarca dentro de la ley. Esta puede modificarla en muchos aspectos. La ley no debe inhibirse. Media un problema de quórum, probablemente. Pero ese es otro debate.
La ley es, entonces, la que determina la autonomía.
Aquello se discutió mucho en tiempos del Senador Díez, cuando se analizó la reforma municipal.
Ahora bien, les sugiero a los señores Senadores leer el segundo inciso del actual artículo 6° de la ley N° 19.886, que surgió de una coyuntura bien parecida a la actual.
Las manipuladoras de alimentos de la JUNAEB no percibían sueldo en enero y febrero. No encontrábamos la manera de solucionar el problema. Y se hicieron dos cosas. En el Presupuesto, por un lado, se le asignaron más recursos a la JUNAEB a base de un delta en los contratos con las empresas proveedoras por las nuevas licitaciones, y por otro, se le impuso a aquella la obligación de pagarles los meses de enero y febrero a sus trabajadoras.
Así quedó. Y aquí muchos deben de recordar lo que se legisló al respecto.
Incluso, el referido artículo 6° pone condiciones vinculadas con las bases de licitación.
Sí, puede estar mal redactado el precepto. Yo encuentro bien poco elegante su texto. Empero, apunta en el sentido de decir: "Le colocamos estos requisitos".
En mi concepto, eso cabe dentro de la autonomía municipal. Y si se quiere elevar el quórum de aprobación, es factible pensarlo. Porque la ley siempre puede afectar dicha autonomía.
Mi última reflexión, señora Presidenta, es sobre el artículo transitorio.
Toda la ley en proyecto está hecha para el mencionado precepto. Lo demás es relleno, o bien, cosas que podrían haberse planteado de otra manera.
El artículo transitorio tiene como propósito resolver un enredo en que nos hallamos metidos: primero, ya se está pagando el beneficio (y probablemente ya se pagó mucho), y segundo, el Contralor dictaminó que se encuentra mal pagado.
Entonces, se está buscando la manera de sanear aquello y decir que se puede hacer lo que se está haciendo.
Se faculta a los municipios para efectuar el pago. Eso es todo. A eso apunta la ley en proyecto.
Ahora, tampoco es elegante el artículo transitorio. Podría haberse redactado de muchas otras formas.
A mi entender, hay que aceptar esta iniciativa. Si no, tendremos problemas el 30 de marzo.
Podríamos aprobar solo el artículo transitorio, donde se establece la facultad para ahora, y exigir que se mejore la redacción de la norma permanente, pero incluyendo esta en otro proyecto.
Esa podría ser una línea de solución al conflicto.
Señora Presidenta, aquí se ha preguntado qué logramos con transferir recursos a los privados.
¡Cuidado!
La deuda subordinada de los bancos significó la transferencia de 2 mil millones de dólares a particulares.
En este momento tenemos la embarrada con Alicopsa y las empresas que abastecen a la JUNAEB: ¡están quebradas! ¿Y qué vamos a hacer? Bueno: ahí el Estado deberá asumir algo.
No dispongo de más tiempo. Solo quiero expresarles que el Presidente Obama, cuando enfrentó una situación análoga, les exigió a todas las empresas a las que les traspasó recursos para sanearlas y evitar su quiebra que pusieran una parte de sus propiedades a nombre del Estado.
Yo no digo que esa sea la fórmula. Pero a lo mejor hay que pensar esta situación de otra manera. Si no, los privados van a traspasarle cada vez más sus responsabilidades al Estado.
En este caso podrían haber sido transferencias a los municipios.
Pero, en verdad, no podemos llegar y actuar. A mi entender, eso es parte del debate que vamos a enfrentar en el sector portuario. Porque se trata de 25 millones de dólares: ¡son muchos recursos!
Voy a votar a favor del artículo transitorio porque considero que con él se resuelve el enredo de ahora. Y que el Gobierno nos presente una mejor fórmula para lo permanente.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero solicitarles a Sus Señorías considerar la posibilidad de acortar los discursos, pues nos va a pillar el término de la prórroga del Orden del Día que autorizó la Sala. Si no, deberé requerir la unanimidad necesaria para una nueva prórroga.
El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, Su Señoría?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, tal vez podríamos tener una reunión de Comités para ver la forma de resolver el problema.
Todos tenemos la mejor disposición para dar una solución jurídicamente buena y que zanje la cuestión política existente, que todos conocemos.
Hay algunos caminos. Y quizás una reunión de Comités nos podría alivianar la discusión en que estamos inmersos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece acertada su propuesta, señor Senador. La acojo, pero sin suspender la sesión, para que mientras tanto puedan intervenir los oradores que restan.
Cito, pues, a reunión de Comités.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, uno no puede abstraerse del contexto de la iniciativa que se nos presenta hoy día.
Ante todo, hay que señalar que este proyecto, como ya han expresado varios colegas, busca la solución de un problema puntual que se suscitó el año pasado producto de la huelga de los recolectores de basura. Todo el país se vio afectado a raíz de que dichos trabajadores estaban demandando de sus empleadores mejores condiciones laborales. Eso se tradujo en la firma de un compromiso, al que concurrieron alcaldes, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, y el Gobierno de la época, con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo de tales servidores.
En mi concepto, hay que separar esta iniciativa en dos partes.
Primero, el artículo transitorio, que a juicio de algunos colegas afecta la autonomía municipal. Yo estimo que no es así. Porque cuando uno mira la Constitución en su conjunto se da cuenta de que sus artículos 6° y 7° le permiten al legislador dictar leyes regulatorias de determinadas materias. Y aquí no se está limitando la autonomía municipal, sino, muy por el contrario, solucionando un problema práctico de muchos municipios por la vía de permitir que la Contraloría valide pagos que han efectuado.
Concuerdo, sí, con lo manifestado por los colegas de la Alianza en el sentido de que la redacción es bastante poco feliz. Resulta un tanto ininteligible, pues no precisa. Y eso puede ser motivo de problema
Por eso, le pido al Ejecutivo estudiar una fórmula concreta mediante la cual aclare que la transferencia dice relación con la glosa del Presupuesto aprobada el año pasado. Porque la redacción es genérica y susceptible de provocar dificultades. Además, la propia Contraloría podría representar las transferencias, dado que la norma no hace referencia expresa a la mencionada glosa, sino que habla de transferencias en términos generales.
En segundo lugar, pienso que detrás del artículo único del proyecto hay una sentida demanda de los subcontratistas de los municipios a los efectos de que se generen mejores condiciones laborales.
Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se manejan muchas veces las licitaciones municipales -mi padre fue alcalde durante diez años- sabemos que los contratistas tratan de ajustar los precios, para ir a la baja con la competencia, fundamentalmente en lo atinente a las condiciones laborales de quienes van a prestar el servicio.
En este caso, concuerdo en que se está registrando una discriminación con respecto a otros servicios concesionados de los municipios, algunos de los cuales son tanto o más complejos que el de recolección de basura: por ejemplo, el de mantención de áreas verdes o el de vigilancia.
En esa línea, uno esperaría que esta norma fuera aplicable a todo el sector de concesiones municipales. Porque acá no se está mutando la autonomía municipal, sino diciéndosele al alcalde: "Cuando vaya a las bases de licitación, este es un elemento a considerar", situación que el legislador perfectamente puede sostener.
Entiendo que tenemos premura en resolver la cuestión expuesta. Por esa razón, sin perjuicio de considerar que el proyecto presenta problemas de redacción, voy a concurrir con mi voto a aprobarlo.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, este ha sido un debate muy de fondo. Y creo que las observaciones hechas durante él por los distintos Senadores son complementarias.
Por mi parte, diré tres cosas sobre la materia.
En primer lugar, el principio de que el Estado entregue recursos para resolver conflictos entre privados significa entrar en un túnel cuyo final no conocemos.
¿Qué razón habría para que muchos otros trabajadores no plantearan legítimamente su deseo de un aumento de remuneraciones? Los empleadores privados les dirán que no tienen recursos. Finalmente, para evitar una huelga, el Estado terminará transando con el sector laboral.
En segundo lugar, obviamente, los trabajadores tienen un problema con sus remuneraciones.
Si uno sigue lo que se habló con los dirigentes verá que un alto porcentaje de municipios -quizás los que disponen de más recursos actúan de otra forma-, pudiendo hacer en las bases de licitación una ponderación mayor de las remuneraciones, pagan malos sueldos.
Entonces, si aquí se pusiera más el acento en pagar remuneraciones mejores o emolumentos que resultaran más acordes con el trabajo que se realiza y con un país que progresa, habría una realidad diferente.
Por lo tanto, existe un problema remuneracional.
Ahora, creo que lo señalado por el Senador Zaldívar es lo correcto: la solución debiera ir en una indicación modificatoria de la Ley de Presupuestos, porque se trata de una glosa de ella destinada a resolver el problema específico que nos ocupa. Así no se sentarían malos precedentes.
Me parece que el artículo 1°, en los términos en que está concebido, es lo más arbitrario que hay.
¿Por qué en el caso de los trabajadores en comento la ponderación no va a ser inferior a 10 por ciento -este porcentaje, en todo caso, me parece legítimo y justo- y en el de otros ello no sucederá?
Debemos, pues, adoptar un criterio sobre cuál va a ser la ponderación. Eso, si es que va a haber alguna.
Yo soy partidario de establecer que lo que se les paga a los trabajadores tenga una ponderación que asegure un incentivo para que las empresas remuneren mejor.
Ahora, en el artículo transitorio hay una omisión brutal. Fíjense en lo que dice: "Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados¿".
¡Cuántos!
Se argumenta que se trata de los recursos que establece la Ley de Presupuestos.
¿Dónde se dice eso?
Esta es una normativa que en esa materia deroga la Ley de Presupuestos.
La Ley de Presupuestos es igual que otra. No tiene jerárquicamente ninguna diferencia con una ley común y corriente. Y la norma es que una ley posterior deroga la anterior.
El artículo transitorio no consigna a cuánto ascienden los recursos. Estos son ilimitados.
Esa disposición faculta para que el Estado les transfiera a las concesionarias los recursos que se le ocurran, sin límites.
¡Ese precedente es desastroso!
Señor Presidente, quiero agregar un punto para explicar la cuestión de fondo: además, ya se pagó la plata. Y lo dice el artículo transitorio al final.
Entonces, allí se está procediendo al saneamiento de un acto nulo. Porque se expresa: "ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.". O sea, ya se les dio el dinero.
En definitiva, se dice lo siguiente: "Si ya les pasaron plata, ahora estamos otorgando una autorización legal respecto de la plata que el Estado les hizo llegar a los municipios, que a su vez la transfirieron a las concesionarias". Pero la Contraloría les señaló: "Ese acto es nulo".
Aquí estamos, pues, saneando un acto nulo.
Señor Presidente, yo comparto la idea de que sentar aquello por ley así como está es un precedente que el día de mañana va a hacer mal. Y me convencieron los argumentos de los Senadores que lo expresaron con mucha claridad.
Por lo tanto, el proyecto, en los términos en que se halla concebido, me parece malo.
Segundo, debemos buscar una solución. Porque al final los únicos que van a perder serán los trabajadores, con quienes contrajeron un compromiso el Gobierno anterior y las municipalidades. Entonces, los trabajadores dirán: "No cumplieron lo acordado".
Por último, la fórmula que más me convence es la planteada por el Senador Zaldívar: que la solución se aborde mediante una enmienda puntual y excepcional al artículo pertinente de la Ley de Presupuestos.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, por supuesto, estoy con el ánimo de que se resuelva el problema de los trabajadores del aseo.
Yo no tengo ninguna duda de que cuando el entonces Subsecretario Miguel Flores llegó a acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades lo hizo pensando, por ser conocedor de la realidad de los municipios, en buscar una solución al endeudamiento de estos.
A las municipalidades -y no desde ahora, sino desde hace muchos años- cada vez se les traspasan mayores atribuciones sin financiamiento. Día a día hay exención del impuesto territorial. Muy poca gente paga los derechos de aseo y diversos tributos.
Por esa vía se llega a la triste realidad de que, cuando deben pagarles a las empresas que se adjudican concesiones, los municipios no disponen de recursos.
No tengo ninguna duda de que el Subsecretario Flores actuó de muy buena fe en procura de una solución.
Tampoco es culpa de las municipalidades que en la Ley de Presupuestos se aprobaran 15 mil y tantos millones de pesos y que se haya redactado mal la glosa pertinente.
Aquí hay que buscar una solución efectiva. Porque los municipios arrastran otra serie de problemas, derivados de malas redacciones o de interpretaciones que a veces hace la Contraloría.
Por ejemplo, en el incentivo previsional hay un lío tremendo, de marca mayor. La mayoría de los alcaldes y de los concejos tienen juicios de cuentas. Y está también el famoso bono de la educación.
¿Cuándo vamos a solucionar esos problemas?
Por eso a veces resulta muy fácil denigrar a los municipios, desprestigiar su labor. Pero no se dan cuenta de que nosotros mismos, el Estado, la sociedad chilena nunca les hemos dado facultades reales para que se desenvuelvan de buena forma.
Voy a votar a favor de la solución propuesta, pues creo que los trabajadores no tienen por qué seguir pagando el pato.
Si están los recursos, ojalá que en la reunión de Comités se busque una fórmula legal y salgamos de este embrollo.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Gracias, señor Presidente, pero prefiero esperar la resolución que adopten los Comités, que se reunieron para intentar una propuesta mejor.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en estos momentos se está celebrando una reunión de los Comités con el Ejecutivo para buscar una salida legal que permita solucionar el conflicto. Porque aquí hay un conflicto declarado, y todos esperamos que se resuelva.
Aprovecho la oportunidad para señalar que en esta materia no existen precedentes en leyes, pero sí en hechos.
Recuerdo, por ejemplo, la huelga de los trabajadores contratistas de CODELCO. ¿Qué ocurrió? ¿A quiénes tuvo que entregarles más plata CODELCO? A las empresas contratistas, para que la hicieran llegar a sus trabajadores. Y así fue como se solucionó la huelga ocurrida hace dos años en la minera estatal, que involucró a El Teniente y otras divisiones.
Por lo tanto, no es correcto sostener que no existen precedentes, porque sí los hay. Lo que pasa es que no hubo ley. Como CODELCO le pertenece al Estado, este transfirió los recursos directamente a las empresas contratistas. ¿Por qué? Porque hubo presión social, porque hay diferencias entre los trabajadores de los contratistas y los de planta, y sabemos bien que se trata de un conflicto que se va a seguir desatando. Esa es la realidad que está ocurriendo en la empresa más importante del país.
En tal sentido, creo que este precedente no puede ser legal. Hay que buscar una salida, tal como lo han planteado todos -no sé si habrá alguna excepción-, para que en una glosa de la Ley de Presupuestos se incorpore una indicación a fin de que la Contraloría autorice la entrega de los recursos a los municipios.
De otro lado, señor Presidente, quiero aprovechar estos minutos para hablar un poco del futuro.
¿Creerá la gente de nuestro país que los municipios realizan la recolección de residuos de la mejor forma que les es posible? ¿Se reciclan los desechos? Tenemos que tener una política distinta de aquella que nos señala la historia.
En mi región, un tercio de los municipios ni siquiera paga el relleno sanitario, ya que carecen de recursos. Es un tema complejo. Yo imagino que el resto de las regiones deben enfrentar problemas semejantes. Porque lo último que se paga, al final, es donde se depositan los rellenos sanitarios.
Debemos tener una política de Estado que nos permita reciclar, aprovechar todos los recursos que se vierten en los vertederos para tener la posibilidad de llevar a cabo nuevos negocios. La Asociación Chilena de Municipalidades o los propios municipios, muchos de los cuales son dueños de rellenos sanitarios, podrían recuperar plásticos y todo lo que fuese útil, extraer gas, etcétera, con el fin de generar fondos que les sirvieran a ellos mismos.
Señor Presidente, la situación de quienes trabajan en estas empresas, tal como plantearon otros señores Senadores, dista de ser buena. Por eso, debemos buscar una salida, respetando la autonomía de los municipios, con el objeto de entregarles lo mejor a futuro a los que más lo necesitan. Algunos se hallan en condición de bancarrota, tienen problemas, sobre todo los rurales, que no disponen de plata ni siquiera para traspasarla a educación o salud. Varios de los señores Senadores, en su calidad de exalcaldes, conocen la realidad que presentan nuestras regiones.
En consecuencia, espero que luego de la reunión que están sosteniendo los Comités con el Ejecutivo surja una solución legal, que no sea discriminatoria, para no sentar un mal precedente que el país tenga que pagar muy caro.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, se encuentra inscrita la Senadora señora Van Rysselberghe, para su segunda intervención.
Su Señoría dispone de un par de minutos.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Gracias, señor Presidente.
Solo voy a referirme a dos cosas muy puntuales.
La primera es que no deseo que quede en el aire, después de mi primera intervención, la no valoración del trabajo de las personas que se dedican a la recolección de basura.
Efectivamente, es una labor en extremo pesada y quizás lo que hay que hacer, más que regular la forma en que operan los municipios, normando el tema de las licitaciones, que debiera ser un aspecto que tendrían que ver los concejos municipales con sus respectivos alcaldes, es considerar la actividad de la recolección de basura como trabajo pesado; normarla por otra vía, porque, efectivamente, se trata de una tarea compleja, que genera un desgaste adicional y que presenta características difíciles para las personas que la desarrollan.
En segundo lugar, el Estado, como sostuvieron algunos Senadores, les pasa platas a privados. Pero en este caso la situación es muy particular, pues les estaría entregando recursos a particulares respecto de servicios que fueron licitados, sin considerar que compitieron distintas empresas con reglas del juego ya establecidas. Y al meter platas adicionales lo que estaríamos haciendo nosotros es cambiar esas reglas, lo cual generaría una situación bastante compleja.
Así que me alegro enormemente de que se esté buscando una solución alternativa para resolver el problema que se generó en su minuto, sin alterar la autonomía de las municipalidades, puesto que ellas son, en definitiva, el eslabón más cercano a la gente, las entidades con las cuales esta se identifica, a las que acude a diario y a las que, al final del día, les cobra una mala gestión realizada.
De otra parte, espero que con una norma legal razonable se pueda resolver el problema generado, el cual, sin duda, podría sentar precedente para otros conflictos.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, quiero dejar claro que, como Senador y "municipalista", soy gran defensor de la autonomía municipal. Pero, desgraciadamente, la realidad nos dice otra cosa. Ella nos señala que, debido a la carencia de recursos, hoy día, de alguna manera, el costo de dicha autonomía se carga a los trabajadores.
Por eso apoyo la iniciativa, aunque me hubiera gustado que sus alcances también se hubiesen extendido al área de las concesiones.
En castellano simple, ello significa que de algún modo los municipios se vean obligados, sin afectar su autonomía en gran profundidad, a ponderar un poco más alto el tema laboral.
Cuando uno tiene problemas económicos y dispone de poco dinero, como le ocurre a la mayoría de las municipalidades, debe darle alta ponderación a la oferta económica, porque no tiene más para pagar. Esto, de alguna forma, ayudaría -si se estudia y se hace con mucho cuidado- a limitar, indirectamente, la posibilidad de que se pague el sueldo mínimo en concesiones municipales.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, en este pequeño interludio que se ha producido, simplemente quiero dejar constancia, para los efectos del debate que hemos tenido, que ninguno de los juicios que he expresado han puesto en entredicho, por así decirlo, la legitimidad de las demandas de los trabajadores de las empresas recolectoras de aseo.
Tal como aquí se ha señalado, en muchos casos se trabaja en condiciones particularmente complejas, con remuneraciones que no son las más adecuadas. Y de la propia conversación y del intercambio de puntos de vista han surgido ya algunas iniciativas en términos de que podrían mejorarse dichas condiciones.
Lo que yo he cuestionado es un asunto de principios, en el sentido de que estamos generando un pésimo precedente y, por cierto, una cierta resignación de la Sala en cuanto a encontrar un mecanismo más adecuado para resolver el problema.
Señor Presidente, creo que intelectualmente no es correcto que todos coincidamos en que la fórmula legislativa es un precedente funesto y, acto seguido, simple y pasivamente votemos a favor. Eso no lo entiende nadie. Tiene que ser posible encontrar una solución mejor.
Yo insisto en el concepto de precedente.
Establecer una fórmula a todas luces incorrecta, llena de incentivos perversos, no es gratis desde el punto de vista de los conflictos que se gatillan o de los incentivos que se generan.
La señal que aquí se está dando en orden a aceptar simplemente esta fórmula de negociación y esta manera de resolver los problemas va a significar un pesado lastre para el futuro del actual Gobierno y de las Administraciones que vengan.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Voy a suspender la sesión por un par de minutos con el objeto de esperar que termine la reunión de Comités, los cuales están tratando de llegar a un acuerdo que permita encontrar la mejor manera de despachar este proyecto.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 20:14.
--Se reanudó a las 20:17.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Les pido a los Senadores señores Zaldívar y Larraín que se refieran al acuerdo político a que acaban de llegar los Comités.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, tratando de buscar una salida, una solución a un problema en el que, por supuesto, vamos a mantener nuestra observación en cuanto al fondo -esto es, que no es lógico que con recursos públicos se resuelvan problemas privados-, y hablando con el Subsecretario, llegamos a un acuerdo -creo que también podemos lograrlo aquí- consistente en: primero, no aprobar el artículo único, dejándolo pendiente hasta que el Gobierno, respondiendo a la observación que se ha formulado, presente una disposición legal general, que no se refiera a un solo sector; y segundo, aprobar el artículo transitorio tal como está, por cuanto no tenemos iniciativa para modificarlo ni tampoco facultad para enmendar la Ley de Presupuestos. Además, esta modificación tendría que iniciar su trámite en la Cámara de Diputados, como ocurre con todas las materias presupuestarias e impositivas.
Por lo tanto, se trata de aprobar el artículo transitorio, dejando constancia en la fundamentación de voto, conforme a lo convenido con el Senador Larraín y los demás que participaron en la reunión, de que esta disposición se aprueba para dar cumplimiento a la letra b) de la glosa tanto del Presupuesto. Según afirman los asesores del Ministro del Interior, la Contraloría ha señalado que basta con una relación en la historia de la ley en cuanto a que los fondos -los 15 mil millones- se hallan previstos en la Ley de Presupuestos y están en manos de las municipalidades. Algunas ya han pagado, mal pagado, y otras no lo van a hacer, por la observación de la Contraloría.
De esa forma podemos darle una salida, una solución a este proyecto, que tendrá que pasar a la Cámara de Diputados a su tercer trámite.
Luego se vería el artículo único, que aquí vamos a dejar sin efecto.
Ese es el acuerdo.
Creo que el Senador Larraín coincidirá conmigo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, efectivamente, tal cual lo ha señalado el Senador Zaldívar, creo que hemos logrado una fórmula de solución.
En primer término, por lo menos nosotros queremos dejar constancia de que valoramos el espíritu con que el Ejecutivo ha presentado esta iniciativa, que busca enfrentar un problema, generado por una situación política resuelta de una manera que obviamente sienta un mal precedente, pero que tenemos que solucionar. Lamentablemente, la fórmula, como lo hemos conversado, no parece ser satisfactoria.
Sin embargo, si se excluye de esta discusión el tema de fondo y el Ejecutivo asume para más adelante la presentación de un proyecto que lo resuelva, genéricamente, sin incurrir en discriminaciones ni en conflictos con la autonomía municipal, podremos analizar ese proyecto en su mérito en otra oportunidad. Hoy por hoy, creemos necesario zanjar el reparo planteado por la Contraloría: que la glosa no es suficientemente específica para poder autorizar el giro de los recursos. No obstante, la disposición transitoria lo permite.
Por lo tanto, lo que debemos hacer es acoger en general el proyecto y, en la discusión particular, rechazar el artículo único y aprobar el artículo transitorio, fundamentando esta aprobación en la circunstancia de que el mensaje establece que la presente iniciativa viene a autorizar, en la norma transitoria, "que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, lo sean a su vez a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin de que éstas los transfieran a sus trabajadores".
Ese contenido del mensaje es el que se hace cargo directo, a través de la resolución, del reparo de la Contraloría.
Por lo que nos han señalado desde el Ministerio del Interior, con esa precisión y esa fundamentación, de alguna manera interpretativa y de la que quedará constancia en la historia de la ley -nosotros nos preocuparemos de que así sea-, la aprobación de la norma transitoria resolvería el problema.
Ahora, si la Cámara de Diputados despacha el texto en los mismos términos, el tema quedaría debidamente resuelto, sin problemas jurídicos o constitucionales que pudieran generar un conflicto. El precedente está. Es un problema del cual nos tendremos que hacer cargo como país, porque lo hemos hecho mal en esta materia. Pero aquello resolvería el escollo jurídico de inmediato. Ya no necesitaríamos más discusión, porque creo que todos estamos de acuerdo en solucionar de alguna manera la situación, y la mejor fórmula es la que he descrito: aprobar la disposición transitoria con la debida fundamentación, para que quede constancia en la historia de la ley y la Contraloría pueda interpretarla en forma correcta, permitiendo el pago de recursos que ya están en poder de los municipios.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Después de su intervención pondré en votación general el proyecto.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, si hay reunión de Comités, se debe escuchar a todos los Comités. Y en este caso hay uno que no estuvo conforme con el acuerdo a que se llegó.
Aquí hay dos artículos. Uno es el referido a la glosa y por el cual se transferirían más de 15 mil millones de pesos a empresas privadas para dárselos a los trabajadores sin tocar nada de sus utilidades. Y hay un segundo elemento que salva el tema de fondo.
Cuando en el artículo único se señala que la ponderación de las condiciones de trabajo valdrá 10 por ciento, es porque las más de 20 licitaciones que vienen en el país se van a efectuar con una ponderación que no contempla tales factores. Y nuevamente habrá remuneraciones muy bajas para los trabajadores y vamos a engendrar el mismo problema que hoy día intentamos resolver parcialmente.
La inclusión del artículo único busca que a partir de aquí no volvamos a repetir este "numerito" de andar transfiriendo plata del Estado a empresas privadas que, obteniendo grandes o medianas utilidades, no les pagan bien a sus trabajadores.
Entonces, si eliminamos la ponderación en el contrato, que permitiría tratar mejor a los trabajadores al asegurarles al menos el 10 por ciento de la evaluación y elevar las condiciones de la oferta, en el fondo lo que les estaremos diciendo a las empresas es: "En todos los contratos que vengan, páguenles lo que quieran", porque este aspecto ya no estaría ponderado obligadamente en la licitación.
Por lo tanto, se nos va a producir el mismo problema, porque las empresas podrán pensar que después les aprobarán otros 15 mil millones.
Por eso, no logro comprender la eliminación del artículo único. Algunos me dicen: "Es que el 10 por ciento es poco". ¡No! Yo creo que lo que hay es un no confesado intento de que no exista ninguna interferencia en las contrataciones de privados con el Estado o con los municipios, de que en definitiva exista plena libertad.
Estamos cediendo 15 mil millones de pesos para corregir un error que hoy día está en las bases de licitación. Y no estamos agregando ningún elemento normativo. He conversado con el señor Subsecretario, quien me ha señalado: "Mandaremos un proyecto de ley". Yo quiero decir que hoy aprobamos el pago de 15 mil millones por la presión de que, si no lo hacemos, habrá una paralización de los trabajadores de la basura y, consiguientemente, una emergencia sanitaria.
Sin embargo, cuando discutamos solo el tema administrativo de la ponderación, no se va a lograr este consenso, porque esa presión ya no existirá.
Por lo mismo, claramente voy a votar a favor del 10 por ciento. La única duda que me cabe, claro, es que esa ponderación, correspondiente a las remuneraciones de los trabajadores, podría ser del 20 por ciento.
Quiero señalar que eso está en los contratos del Estado. ¡Por favor! ¡Está en ENAP, está en CODELCO!
Cuando realizan contratos, las instituciones estatales hacen una ponderación: evalúan cómo trata la empresa a sus trabajadores y sobre eso se la califica.
En este caso, estamos incorporando un criterio para evaluarlas. Algunas tratan bien a sus trabajadores; otras, mal. A estas últimas hoy día las parchamos con 15 mil millones de pesos.
No comprendo la eliminación de la norma relativa al 10 por ciento de ponderación, ya que quedamos en las mismas condiciones. A partir de ahora, todas las licitaciones van a generar libertad plena de acción, no se mejorarán las condiciones y, por lo tanto, se repetirá este ciclo y nuevamente tendrá que suplementar el Estado.
Señora Presidenta, el Subsecretario dijo que va a mandar un proyecto de ley, y le creo. Pero deseo escuchar el compromiso de la Derecha, de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI de que lo van a aprobar, porque después las cosas en frío cambian. En su texto deben regularse los contratos entre los municipios y los servidores o prestadores de servicios en diversos ámbitos -como decía el Senador Coloma-, no solo en el de recolección de basura, y en tales contratos la ponderación en comento debe ser relevante, a fin de obligar a los concesionarios a mantener buenas relaciones y condiciones laborales.
Debo decir que, cuando intentamos incorporar en la iniciativa sobre televisión digital la exigencia del cumplimiento de las normas laborales, los parlamentarios de enfrente votaron todos en contra, argumentando que no se debía incorporar esa materia en la ley respectiva para el sano cumplimiento de la concesión.
Entonces, tenemos experiencia en este tema.
Solo deseo agregar que espero que cuando se envíe el proyecto a que me referí -tengo la convicción de que el Gobierno, el Subsecretario, lo van a hacer- se reúnan los votos para aprobarlo en el Senado, porque vamos a estar trabajando para resolver el problema de fondo y no para tramitar un parche como el que estamos obligados a despachar ahora.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor COLOMA.- ¿No íbamos a votar?
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, votemos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, procedamos a votar.
Solo quiero señalar que se hace un esfuerzo para llegar a ciertos entendimientos, pero la verdad -lo digo sin referirme a nadie en particular; saquen sus conclusiones- no me parece bien que alguien se arrogue la defensa permanente de un sector de los trabajadores de Chile.
No tengo ninguna dificultad en que el Gobierno envíe un proyecto de ley sobre esta materia, pero debe hacerse extensivo a muchos trabajadores y no a un grupo reducido, pues esto es muy injusto y se halla mal hecho.
Ese es todo el problema.
Les pido a esas personas que sean coherentes en este punto. Estamos abogando por todos los trabajadores, no solo por un sector.
En esta materia yo hablo por mí, que quede claro. Porque ya empieza a ser molesto este asunto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo francamente que llegó la hora de someter a votación esta iniciativa.
Solo le quiero decir al Senador señor Navarro que él sí participó en la reunión de Comités y expresó su opinión. En consecuencia, no puede decir que, como el acuerdo no incluye a todos los Comités, no estuvo presente.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdone, señor Senador, pero usted dijo que no había sido considerado. Tiene todo el derecho a argumentar y le di tiempo para ello, pero lo cierto es que estuvo presente en la reunión de Comités y, por lo tanto¿
El señor NAVARRO.- ¡El acuerdo no fue unánime, sino de mayoría!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos claros en que no lo fue. Pero usted participó en la reunión.
Nadie ha dicho hasta ahora que fue un acuerdo unánime, solo se ha dicho que fue "un acuerdo de Comités".
Obviamente, ya quedó bastante claro que usted no se pronunció a favor de él.
En votación general el proyecto.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Allamand.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde realizar la votación en particular.
El acuerdo mayoritario de los Comités se tomaría como indicación para suprimir el artículo único.
Está claro.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La señora Presidenta someterá a votación la indicación acordada por la mayoría de los Comités consistente en suprimir el artículo único.
El señor LARRAÍN.- ¿Hay que votar a favor?
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los Comités que participaron del acuerdo deben votar a favor de la indicación para eliminar el artículo único.
El señor LARRAÍN.- ¿Estamos votando la indicación?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos votando el acuerdo de Comités, a manera de indicación, que propone suprimir el artículo único.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, antes de proceder a la votación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, ¿vamos a votar el artículo transitorio?
El señor PROKURICA.- No: la indicación.
El señor PIZARRO.- Ambas normas: se suprime el artículo único y se aprueba el transitorio.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Vamos a aprobar el transitorio ahora?
El señor LARRAÍN.- ¡Se va a aprobar la indicación!
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Se someterá a votación la indicación para suprimir el artículo único.
El artículo transitorio no ha sido objeto de indicaciones, por lo cual se declarará aprobado al terminar la votación que se realizará en seguida.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la indicación emanada del acuerdo de Comités consistente en suprimir el artículo único.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación y queda eliminado el artículo único (22 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones); por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también el artículo transitorio, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores Guillier y Harboe.
El señor DE URRESTI.- ¿Podría consignar mi abstención, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de abstenerse del Honorable señor Alfonso de Urresti.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, me gustaría que se consignara que la aprobación del artículo transitorio, tal cual lo conversamos, implica que, como se señala en los objetivos de este proyecto de ley, los recursos de la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, podrán ser transferidos en los términos señalados en la Ley de Presupuestos, con lo cual se genera el nexo que permite evitar el reparo planteado sobre el particular por la Contraloría y, de esa manera, que los municipios paguen a los trabajadores en virtud del acuerdo que solucionó el conflicto con los recolectores de basura.
Quiero que esa interpretación le dé el Senado a la aprobación del artículo transitorio, a fin de evitar futuras dudas del órgano contralor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, intervengo en el mismo sentido.
Sin embargo, debe quedar constancia de que el acuerdo relativo a la Resolución N° 312 es de la Sala y no de un solo Senador -que la Secretaría lo redacte en la forma que corresponda-, de tal manera que la Contraloría tenga fundamento para dar aplicación al artículo transitorio que acaba de declararse aprobado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de dar la palabra al Senador señor García, que también forma parte del acuerdo, debo manifestar que sí está claro lo señalado por los Honorables señores Zaldívar y Larraín: este es un acuerdo de la Sala.
Es muy importante expresarlo, al efecto de que el órgano contralor considere este acuerdo para que se pueda proceder a la autorización de los pagos.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, simplemente deseo profundizar en lo que se ha denominado "acuerdo de la Sala", y señalar que los recursos a los que hace referencia este artículo transitorio recién aprobado figuran en el Ítem 03403 Municipalidades, Programa 03, Programas de Desarrollo Local, Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Esos recursos, contemplados en la Partida Ministerio del Interior, Capítulo Subsecretaría de Desarrollo Regional, Programas de Desarrollo Local, Subtítulo Transferencias Corrientes, Ítem Municipalidades, distribuidos por la Resolución N° 312, son los que se permite transferir a las empresas concesionarias de los servicios de basura.
El señor MONTES.- Pido la palabra.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Reitero que es muy importante dejar constancia en la Versión Oficial de que esta es la decisión de la Sala del Senado, a fin de que quede en la historia fidedigna de la ley y la Contraloría tenga los antecedentes suficientes para autorizar los pagos.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, no estoy a favor de que el acuerdo haga referencia a la Ley de Presupuestos como tal, porque me parece que la discusión de cualquier alusión a esa normativa tiene otro procedimiento y otra discusión.
Está clarito en los objetivos del proyecto: "autorizar que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución".
De lo que se trata es de legitimar esa resolución, que entregó recursos desde la Subsecretaría a las municipalidades.
Yo no aludiría aquí a la discusión presupuestaria. Ese es otro debate.
Lo que corresponde es hacer referencia solo a la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Con eso basta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, si hubiera acuerdo, en la aprobación del artículo transitorio se haría referencia solo a la Resolución N° 312, ya citada.
Acordado.