REGULACIÓN DE LOBBY ANTE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CONGRESO NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que durante esta sesión he cambiado mi voto exactamente cuatro veces.

Yo sé que en las tribunas se hallan varios amigos de la fundación Ciudadano Inteligente y otras ONG, que por cierto también hacen lobby. No sé bien cuál es la categoría exacta; me parece que la describió el Senador Letelier.

Ahora, creo que es bueno, para quienes nos están escuchando, partir con una definición de lobby.

El lobby consiste en efectuar gestiones de representación de intereses ante autoridades públicas en forma directa y privada. Y tiene un objetivo: conseguir que los intereses de quienes realizan esta actividad sean representados adecuadamente en las decisiones que la autoridad tome finalmente.

Nadie podría decir que el lobby sea ilegítimo o ilícito.

Algunos países cuentan con leyes que regulan el lobby: Estados Unidos, a nivel federal y en 49 de los 50 estados; Canadá, y Perú (lo señalo por las afirmaciones que se han hecho en esta Sala); mientras otros poseen distintas normas que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos, como Inglaterra, o establecen procedimientos básicos de inscripción de organizaciones, como el Parlamento Europeo.

Acá, lo primero que uno debe entender es que el lobby es una actividad profesional y que está sujeta a ciertos estándares; ergo, el lobby es una actividad legítima y se traduce en un mercado necesario de regular.

¿Cuál es el principal problema del lobby en nuestro país? Según algunos actores y el propio Gobierno, existe la percepción de que es una actividad mala. Entonces, entrar a regularla representa un problema.

En esa línea, se consagra la idea de crear un registro de lobbistas ex post. Y pasamos de un proyecto de ley que regula esta actividad a uno de transparencia, y no a una iniciativa sobre el lobby.

Señor Presidente, creo que erramos en el camino, y lo que pretendemos con la ley en proyecto -lo describió gráficamente el Senador Escalona- no se conseguirá.

Muchos de nosotros -por no decir todos- a diario nos enfrentamos a las conversaciones y reuniones con actores que defienden sus intereses.

Lo vimos en bullados y connotados proyectos de ley, como el de pesca.

En esa oportunidad yo me reuní con la industria. Y lo señalé rápidamente en la prensa, en la radio; di los nombres de los personajes con los que sostuve conversaciones. ¿Por qué? Porque como no existe un registro y nos reunimos a cada rato con tales actores, no hay información adecuada y uno se ve expuesto, de acuerdo a cómo vota en definitiva, a la acusación de comportamientos no éticos o inadecuados.

Ahora, señor Presidente, creo que lo más importante -he leído varias minutas sobre esta materia; no me ha tocado asistir a la Comisión- lo estamos obviando.

Por eso mi duda al marcar mi voto.

En un principio marqué que sí; luego abstención; posteriormente, que no, y después de escuchar algunas intervenciones de Sus Señorías en este minuto estoy absteniéndome.

Todavía puedo cambiar de opinión, como me señala un Honorable colega. Porque lo medular de esta discusión no se recoge en la normativa que nos ocupa.

Fue el punto que le hicimos ver en todas las formas al Gobierno: la creación ex ante de un registro de lobbistas.

Si sabemos que hay lobby; si conocemos a sus actores; si sabemos que cada una de las materias que se debaten en este Parlamento, sobre todo las que involucran intereses económicos, van a significar consecuencias a favor o en contra de los distintos mercados, ¿por qué no podemos tener claridad acerca de quiénes son los que se dedican a defender intereses en forma legítima? ¡Por qué!

Si se argumenta que el lobby es legítimo; si se aduce que es relevante avanzar en la legislación en proyecto, ¿por qué se obvia lo más significativo?

¿Acaso no nos atrevemos a enfrentar la discusión de fondo, que tiene que ver con otra materia, que no se aborda: la política y su financiamiento?

¡Esa es la pregunta que no nos atrevemos a responder!