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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 77ª, en miércoles 4 de diciembre de 2013
Ordinaria
(De 16:20 a 19:30)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE,
Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, como todos los años en esta misma fecha, volvemos a llevar a cabo el "rito" de ver cómo reajustamos las remuneraciones de los trabajadores del sector público.
Desde hace mucho tiempo se ha venido planteando en esta Sala la posibilidad de llegar a una fórmula objetiva que establezca los parámetros para que, sin necesidad de este debate parlamentario, los servidores estatales arriben a acuerdo con el Ejecutivo en cuanto a un reajuste que abarque más de un año, tomando en consideración indicadores de inflación, de pérdida de poder adquisitivo, de satisfacción a los usuarios del sector público.
Desgraciadamente, parece que la discusión que damos año tras año continuará repitiéndose.
Creo también que, a pesar de que hay consenso -y uno lo escucha en los discursos de los diversos Senadores- en que es necesario fijar una institucionalidad laboral para los servidores del sector público, no se avanza en ella.
Algunos han recordado el proyecto de ley del colega Hernán Larraín sobre el particular.
El fuero, la negociación colectiva, la asociación, el derecho a huelga son materias de las que se habla pero de las que, lamentablemente, no nos hacemos cargo como legisladores.
Señor Presidente, nadie puede desconocer que estamos ante un gran acuerdo. Y me sumo, por cierto, a las felicitaciones a los gremios y al Gobierno por haberlo alcanzado.
En años anteriores costó mucho el debate, precisamente porque no había acuerdo en la materia.
Me alegro, pues, y congratulo al Ministro de Hacienda y a su equipo; a los trabajadores y a los dirigentes del sector público; a la ANEF; a los dirigentes de la Salud, por lo que han obtenido.
Ello derriba mitos y da cuenta de que cuando los trabajadores y los empleadores se sientan a conversar en condiciones de igualdad se arriba a acuerdos que benefician a ambas partes.
Y este es un acuerdo que, además, beneficia a nuestro país.
Nadie puede desconocer lo relevante que es recibir un porcentaje de reajuste de la magnitud planteada en la iniciativa sometida al debate parlamentario. Y, obviamente, me sumo a lo que han dicho mis colegas y anuncio mi voto favorable.
Sin embargo, señor Presidente, creo que debemos detenernos en la precariedad laboral existente en el mundo de los funcionarios públicos.
Primero, en aquello de lo que hemos hablado en más de una oportunidad -por ejemplo, con motivo de la discusión presupuestaria-: el daño previsional, problema que debemos asumir como país.
Tenemos en seguida la situación de los trabajadores del sector público.
Es factible que muchos sustenten una opinión distinta sobre el particular. Pero yo creo que, si comparamos la situación de Chile con la de otros países, debemos concluir que nada justifica que nuestros servidores públicos no tengan derecho a huelga, carezcan de derecho a negociación colectiva.
Digamos las cosas tal cual son. En naciones como Nueva Zelandia, Francia, Reino Unido los trabajadores estatales tienen garantizada una serie de derechos: a huelga, a asociación, a sindicalización, a emitir opinión libremente.
Lo ocurrido en estos días evidencia que nuestros servidores públicos también tienen derecho a huelga, pero por el lado impositivo y no por el del reconocimiento legal.
Como nación, nos haría muy bien conseguir dar un paso para que a los trabajadores estatales se les reconocieran derechos existentes en democracias avanzadas.
Y cuando hablo de "precariedad" me refiero también a algo que han vivido numerosos servidores fiscales en el último tiempo.
Muchos de ellos fueron despedidos: llevaban más de 18 años laborando en el sector público y tuvieron que irse sin derecho a indemnización.
Eso es algo que debemos discutir en nuestro país.
Señor Presidente, en el ámbito estatal, una importantísima cantidad de trabajadores cumplen funciones estratégicas, o desarrollan labores fiscalizadoras, o atienden público, o se desempeñan en el área de la salud, pero no nos hacemos cargo de la precariedad en que se desenvuelven.
Sistemáticamente hemos ido aprendiendo a respetar y reconocer el servicio que prestan nuestros empleados fiscales.
Yo soy hija de un funcionario que trabajó en la Administración Pública hasta el golpe militar. Y me parece que debemos recuperar el respeto que se dispensaba antaño a los servidores del Estado.
Me gustaría llamar la atención en tal sentido.
También quiero aplaudir el acuerdo alcanzado en esta oportunidad; expresar mis felicitaciones al Ministro de Hacienda y a los funcionarios y sus dirigentes, y reiterar que el diálogo es la herramienta principal que hemos de utilizar cuando existe un conflicto entre dos partes.
Pero, al mismo tiempo y con igual fuerza, debo denunciar que miles de servidores públicos (trabajadores del Estado, de las municipalidades, de los servicios de salud) luchan por reivindicaciones laborales y puntualizar que, pese a que este es un paso significativo, seguimos en deuda con ellos.
¡Reciban la solidaridad, la comprensión y las felicitaciones de esta Senadora por lo logrado!