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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 74ª, en miércoles 27 de noviembre de 2013
Especial
(De 15:43 del 27 de noviembre a 1:23 del 28 de noviembre)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2014


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estaba hablando con el Ejecutivo para lograr su apoyo a la indicación mediante la cual se pretende garantizar el trabajo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética al permitírsele iniciar los proyectos desde el principio del año calendario.
Para ello es necesario autorizar, mediante resolución fundada del Ministerio respectivo, la anticipación de los recursos, entendiéndose que están incorporados y se encuentran sujetos a la obligación de rendir cuenta, de acuerdo a lo que se fije en la glosa.
En resumen, se trata de desburocratizar la administración y de que la referida Agencia proceda a la ejecución de los recursos sin que deba esperar el cumplimiento de todos los procedimientos, pues ello implica perder el primer trimestre del año calendario.
Estaba conversando con el Ministro y la Directora de Presupuestos para que analicen la indicación y le den curso.
La idea es procurar hacer eficiente la administración y posibilitar la ejecución de los proyectos asociados a los recursos pertinentes.
He dicho.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, a mí me gustaría que antes de votar pudiéramos conocer la indicación que se acordó en la Cámara de Diputados -nos hemos impuesto de ello por la prensa- en orden a efectuar una auditoría respecto de la reconstrucción y los programas nuevos. Creo que es relevante tener ese antecedente en forma previa.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tal como señala el Senador Ignacio Walker, quien es el Presidente de mi Partido, hasta la demagogia tiene límites.
Hemos escuchado una serie de afirmaciones el día de hoy que se explican por la fecha en que nos encontramos. Estamos en medio de una segunda vuelta presidencial, que debiera consolidar el triunfo de la Nueva Mayoría en la primera vuelta.
Se ha dicho en la Sala que aprobaríamos la ley en discusión si tuviera financiamiento. Y que como no lo va a tener, porque no va a quedar donde ellos quieren ponerla, no la vamos a aprobar.
¡Eso es falso!
Los argumentos han sido contundentes durante la discusión de esta tarde. No nos gusta que en el debate de leyes no permanentes -la Ley de Presupuestos no lo es- se trate de imponer otras normativas que sí lo son.
La discusión en torno a esta materia la sostendremos cuando debatamos la iniciativa pertinente.
El financiamiento -se ha dicho acá- se pondrá en el Ítem Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público. Por lo tanto, no está en riesgo.
A mi juicio, señor Presidente, la ciudadanía ha demostrado ser tremendamente sabia. Tratar de poner en nuestra boca argumentos para imponer una candidatura derrotada no solo es arriesgado, sino también mezquino.
No está en discusión el fondo de esta materia, sobre la cual se legislará en su minuto, sino la seriedad acerca de cómo legislamos hoy. Porque lo que ahora analizamos tiene nombre y apellido: "Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2014". No se trata de una ley específica.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, parece que la discusión va sincerando las posiciones.
Ningún Gobierno hizo más por la educación pública en el pasado que el de Eduardo Frei Montalva.
El señor GÓMEZ.- Y el de Pedro Aguirre Cerda.
La señora RINCÓN.- Y el de Pedro Aguirre Cerda. Tiene razón, Su Señoría.
En esa época se abrió la posibilidad de extender la educación a todos, incluidos los niños del campo, en fin. No voy a relatar aquello.
Ahora bien, decir que no queremos beneficiar a la clase media y que le negamos un subsidio es solo hablarle a la galería y no sincerar las posiciones.
Nosotros estamos expresando que hay que ser responsables con los recursos públicos.
Cuando se discutió la gradualidad en materia de la SEP, se señaló que se evaluaría el desempeño en el primer año y que de ahí se iba a continuar.
La verdad es que todavía no tenemos la evaluación del primer año.
No existe ningún estudio que justifique lo que está solicitando el Gobierno. Y no es que nos neguemos o que no queramos hacerlo. Simplemente, pedimos seriedad y que el nerviosismo de la derrota electoral no impere en las decisiones sobre las políticas de Estado.
Cuando hablamos de que los recursos públicos tienen que orientarse hacia las personas que más los necesitan y que no debe lucrarse con ellos, estamos diciendo que no concordamos con figuras que han permitido que algunos retiren excedentes generados por la educación y se los lleven para la casa.
¡Eso estamos diciendo!
Queremos que los recursos lleguen a los más pobres y a la clase media, pero con sentido de responsabilidad.
No ocupemos los micrófonos de este Parlamento para mentirle a la ciudadanía.
Sí estamos por el subsidio a la clase media. Y lo vamos a debatir en el proyecto de ley respectivo.
Sí estamos por que los recursos de la subvención pertinente vayan a la enseñanza media, con la gradualidad que se discutió y fijó en el Parlamento. Y si hay antecedentes que aconsejen variarla, modifiquemos la ley correspondiente.
Pero no ocupemos la discusión presupuestaria para hacer campaña en una segunda vuelta que se tiene perdida.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en Chile más de 35 mil manipuladoras de alimentos trabajan en establecimientos educacionales.
Y esas trabajadoras -algunas nos acompañan en las tribunas, a las cuales se les ha prohibido manifestarse mediante aplausos- son contratadas por empresas externas que se adjudican la licitación para alimentar a los niños en dichos recintos.
La verdad es que sus condiciones laborales son precarias: sueldos bajos, ausencia de gratificaciones, jornadas muchas veces extenuantes, sin capacitación. Y, además, llevan a cabo más de una función.
Entonces, no nos parece aceptable que el Ejecutivo presente una indicación para eliminar la enmienda que aprobó la Cámara de Diputados en esta materia.
Estamos hablando de temas valóricos, que reflejan el país desarrollado que queremos ser.
El Estado debe fijar las condiciones laborales mínimas de dignidad cuando contrata un servicio con empresas privadas. En las distintas regiones del país nos ha tocado ver las condiciones en que laboran estas mujeres.
No podemos ampararnos en una supuesta inadmisibilidad para eludir el debate.
Coincido con los colegas Espina, Carlos Larraín, Chahuán, en que la indicación parlamentaria aprobada ayer en la Cámara Baja, que agregó el inciso segundo que ahora se pretende eliminar, es absolutamente admisible.
Creo que debemos jugarnos para que las mujeres del Maule y de tantas otras regiones trabajen en condiciones mínimas. Estamos hablando de 1,2 sueldos mínimos.
Señor Presidente, me parecería escandaloso no fijar las condiciones mínimas con las cuales el Estado debe contratar.
En consecuencia, rechazo la indicación del Ejecutivo para eliminar el referido inciso.
--(Aplausos en tribunas).

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, lamento lo que ha ocurrido en la Sala.
Lo recordaba el Honorable señor Chahuán: cuando negociamos el Transantiago establecimos en la normativa cómo tenían que ser las bases de licitación.
En tal sentido, no coincido con el Senador señor Escalona, porque no estábamos fijando salario mínimo, sino diciendo qué iba a pasar con las empresas que participaran en las licitaciones y cuáles iban a ser las condiciones para que fueran consideradas.
Tampoco coincido con quienes sostienen que es irresponsable, porque fija precedentes. El Estado tiene que establecer precedentes sobre condiciones mínimas de dignidad; si no lo hacemos nosotros, ¿quién, entonces?
Cuando discutimos -y nos llenamos la boca- respecto a temas morales y valóricos, qué más moral y valórico que instituir desde el Estado en qué condiciones licitamos y contratamos con las empresas privadas.
Por eso, me parece absurdo que en la Ley de Presupuestos tengamos que estar condicionando disposiciones que son legales. Si aquí hay normativas de higiene y seguridad que deben cumplirse. Y debieran ser las bases de licitación las que establezcan que si ellas no se cumplen no se contrata.
En la actualidad, el Estado exige -fue una pelea que dimos en nuestro Gobierno- que no se licite con aquellas empresas que tengan impagas las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Es parte de la normativa que hemos logrado instalar. De ahí que me parece mezquino que, aduciendo argumentos que no son tales, se niegue que en las bases de licitación se establezcan condiciones mínimas.
Me duele, porque esas son las cosas que lo inspiran a uno para estar en política.
Me duele, porque son las mujeres de nuestras regiones las que trabajan con esfuerzo como manipuladoras, como temporeras, para sacar adelante a sus familias.
Me duele, porque las mujeres que están arriba en las tribunas tienen puesta la fe en nosotros.
Me duele que no seamos capaces de legislar en el sentido correcto y adecuado.
Por eso, me abstengo en la votación de esta indicación. A mi juicio, lo que en ella se establece es lo mínimo, desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa laboral en nuestro país.
Gracias.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, muchas cosas se han dicho en la discusión sobre la construcción de los hospitales. Creo que Goebbels ha quedado chico al lado de las afirmaciones que se han formulado en esta Sala.
¡Eso de los 29 hospitales todavía me tiene impactada, casi choqueada!
Solo quiero añadir un dato: el hospital de Santa Cruz lo construyó la Presidenta Bachelet y cortó la cinta el Presidente Sebastián Piñera. No se levantó en este Gobierno.
Podríamos empezar a desmenuzar toda la información que entregó el colega Francisco Chahuán, a quien quiero y estimo. Pero, en verdad, me parece que la lista que le entregaron está un poquitito distorsionada.
Claramente, cabe felicitar al ex Presidente Frei Ruiz-Tagle por todo lo que se hizo en materia de concesiones.
Cuando uno revisa la infraestructura caminera, concluye que el modelo de concesiones recobra la inversión por la vía de los peajes. Por extensión, uno se pregunta: ¿de qué forma se recupera la inversión en el ámbito de la infraestructura hospitalaria? Porque alguna fórmula tiene que haber para ello.
Me encantaría que el Ministerio respondiera a mi inquietud.
Una cosa es la construcción de la infraestructura -y aquí se ha hecho mucho hincapié en ese punto- y otra, la administración por parte del concesionario, que, como se ha señalado, no va a existir.
Entonces, ¿cómo se recupera la inversión?
Ahí surge un tema que no es menor.
Con la Senadora Alvear, analizamos el caso del hospital de Puente Alto. Ese recinto hoy día cuenta con 700 camas. Se va a echar abajo y se levantará uno nuevo con 600. El problema es que cada cama que se requiera por sobre las 600 tendrá que pagarse a un precio que, obviamente, es parte del negocio.
Hacemos la pregunta porque es consustancial al debate que se abre en Linares. ¿Son 400 o 320 camas? ¿Son 12 u 8 pabellones? ¿Quién paga la diferencia? ¿Qué ocurre cuando los pacientes requieren salud y no existe disponibilidad? Lo digo porque en esa comuna hay 24 mil personas en lista de espera gracias a la "eficiencia" de este Gobierno.
Entonces, las acusaciones hechas en el sentido de que no queremos que se construyan los hospitales o de que estamos en contra de la ciudadanía son absolutamente infundadas. Queremos que los recursos públicos se ocupen efectivamente en beneficio de la población.
Cierro mi intervención, señor Presidente, señalando que nuestra candidata, Michelle Bachelet, ha manifestado que va a invertir en infraestructura hospitalaria 4 mil millones de dólares. Por tanto, sostener que no se ha pensado en la inversión y que no están los recursos es una afirmación al menos errónea.
Por eso digo que Goebbels ha quedado superado en esta sesión.
Gracias, señor Presidente.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo hablé en términos generales -pido que se entregue copia de mi intervención al Senador señor Chahuán- y mencioné que lo que había escuchado durante el debate de esta sesión superaba a Goebbels respecto del "miente, miente, que algo queda".
Y eso lo dije en relación con las afirmaciones que se han hecho en esta sesión sobre el número de infraestructuras hospitalarias.
Lo han señalado varios Senadores. Usted también, señor Presidente, y se le ha llamado la atención por argumentar desde la testera y no desde su pupitre.
En la interpelación del Ministro Mañalich él dijo que en los antecedentes que había entregado había metido información que no correspondía a la ejecución de este Gobierno.
Por lo tanto, si el Senador Chahuán se ha sentido aludido por mis palabras, le digo que no eran para él, sino respecto del debate, como le señalé a la Senadora Lily Pérez.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, creo que hay un error en la mención de la ley. Me parece que es la N° 20.696, la cual modificó la ley que estableció el subsidio para el Transantiago y creó el Fondo de Apoyo Regional (FAR).
En verdad, no entendemos que, siendo claramente dineros sectoriales -vale decir, asociados al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-, se cree un Ítem en la Partida Tesoro Público.
Nos gustaría conocer los fundamentos del Ejecutivo para establecer este Fondo como programa de la Partida 50, así como la autorización para que con cargo a sus recursos se materialice una finalidad totalmente distinta de la descrita en la ley N° 20.696, como es la adquisición de activos financieros.
No se entiende lo que persigue el Ejecutivo con esta medida. Los gastos a financiar con cargo al Fondo, claramente consignados en la ley, eran para grandes proyectos de desarrollo de infraestructura general, de transporte público, de modernización y otros, incluidos los programas que todos conocemos: chatarrización, infraestructura de transporte público y modernización, y el Programa de apoyo a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros prestados mediante ferrocarriles destinado a financiar su sustentabilidad económica a través del financiamiento de mejoras realizadas en condiciones técnicas y de calidad de prestación de servicios, entre otros.
Cabe recordar también que con cargo a los recursos del precitado Fondo no se podrán financiar proyectos referidos a materias distintas de las relacionadas con el transporte público. Dicha restricción tiene por objeto evitar que se desvirtúe uno de los principales objetivos de la ley en comento, cual es que las regiones cuenten efectivamente con recursos para satisfacer sus múltiples necesidades en materia de transporte público.
Señor Presidente, eso lo discutimos con largueza durante la tramitación de esta ley. Y, obviamente, consideramos que no hay ninguna justificación para que sea un programa de la Partida Tesoro Público y no recursos propios del Ministerio encargado de la ejecución.
Nos gustaría conocer las razones del Ejecutivo para crear este programa en la Partida 50.
A nuestro juicio, más allá de la justificación que pueda dar el Gobierno, la fórmula escogida se fundaría en la decisión de disminuir la presión sobre el gasto en la fase de discusión presupuestaria, lo que no nos parece adecuado.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, después de escuchar a la señora Directora de Presupuestos, mantengo mis aprensiones, porque la propia ley señalada dispone que mediante decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con las firmas de los Ministros de Hacienda y del Interior, se regularán la operación, condiciones, destino y distribución de los recursos "del fondo". Pero no "de un programa".
Entonces, no se entiende la lógica de trasladar los dineros a un programa dentro del Tesoro Público, cuando la normativa es clara y precisa al contemplar la creación de un fondo y el establecimiento de reglamentos que determinen los criterios y medios de distribución entre las iniciativas sectoriales y los gobiernos regionales, priorizando los proyectos a financiar, con indicación específica, además, de los gastos que pueden asociarse a dicho fondo.