FORTALECIMIENTO DE RESGUARDO DE ORDEN PÚBLICO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el resguardo del orden público, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7975-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 7 de agosto de 2013.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 65ª, en 29 de octubre de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos del proyecto son:
1.- Modificar determinados ilícitos penales e incorporar nuevas agravantes en el ordenamiento jurídico, con el fin de resguardar el orden público.
2.- Dotar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los Intendentes y Gobernadores, de la facultad de deducir querella para perseguir las responsabilidades de quienes cometan atentados contra la autoridad, fiscales del Ministerio Público, defensores penales públicos, o ejecuten desórdenes públicos o cometan determinados delitos en contra de Carabineros, Policía de Investigaciones y gendarmes, en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y aprobó la idea de legislar por tres votos a favor y dos abstenciones. Se pronunciaron favorablemente los Honorables señores Espina, Larraín (don Carlos) y Larraín (don Hernán). Se abstuvieron los Senadores señora Alvear y señor Walker (don Patricio).
En la discusión en particular, la Comisión efectuó diversas enmiendas, la mayor parte de las cuales fue aprobada por mayoría de votos.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en que se consignan, en la tercera columna, las modificaciones de la Comisión; en la cuarta, el texto del proyecto de ley como quedaría de aprobarse dichas enmiendas, y en la quinta, el texto tentativo de las normas en caso de aprobarse la iniciativa.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, corresponde que la Sala se pronuncie en esta sesión, tanto en general cuanto en particular, sobre la iniciativa en debate, dado que el Ejecutivo confirió urgencia de "discusión inmediata" para su despacho.
La Comisión, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, también realizó un estudio acelerado del proyecto debido a la referida urgencia.
El texto aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara Baja se divide en dos normas.
Mediante la primera, se modifica el artículo 261 del Código Penal, precepto que tipifica las conductas que constituyen un atentado contra la autoridad. La norma aprobada atribuye la condición de autoridad a los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a los funcionarios de Gendarmería de Chile, siempre que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 2° modifica el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 7.912, del Ministerio del Interior, de 30 de noviembre de 1927, que organiza las Secretarías del Estado con el propósito de facultar al Ministro del Interior y Seguridad Pública y a los Intendentes o Gobernadores, para deducir querella cuando se cometan delitos que supongan la muerte, lesiones, heridas o amenazas a un carabinero, a un policía de Investigaciones y a un gendarme que se encuentren en el ejercicio de su cargo.
La Comisión que presido, por mayoría de votos, aprobó la idea de legislar, con las abstenciones de la Senadora señora Alvear y de quien habla, fundados básicamente en la idea de que un proyecto de este tipo, más las indicaciones del Gobierno, requerían un mayor tiempo para su análisis.
Posteriormente, la Comisión se abocó al estudio en particular del proyecto.
Para llevar adelante esta tarea, se resolvió escuchar a diversas autoridades públicas y privadas. Asimismo, se recibió el parecer de destacados abogados y profesores de Derecho Penal, cuya contribución al estudio de la iniciativa agradecemos especialmente.
De acuerdo con lo anterior, escuchamos la opinión del General Director de Carabineros, señor Gustavo González Jure; del Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Mario Fernández; de la Directora de Amnistía Internacional en Chile, señora Ana Piquer, y de la Consejera de Greenpeace, señora Elizabeth Soto.
Participaron, especialmente invitados, los abogados y profesores de Derecho Penal, señores Juan Domingo Acosta, Jorge Bofill, Gonzalo Medina y Juan Pablo Mañalich. Intervino, además, el abogado y profesor de Derecho Internacional Público, señor Claudio Troncoso.
Durante el estudio en particular del proyecto, hubo consenso en la idea de aprobar, por unanimidad, las normas que previamente habían sido votadas a favor en la Cámara de Diputados.
Las discrepancias surgieron respecto de las disposiciones que, por haber sido rechazadas en la otra rama legislativa, el Gobierno insistió en reponerlas durante la discusión en particular. Ellas dicen relación básicamente con una nueva tipificación de los delitos de desorden público, con la determinación de cuándo ellos tendrán el carácter de graves y con la correspondiente agravación de las penas a quienes los cometen.
Asimismo, se propone incrementar las sanciones a quienes, dotados de una vestimenta que impida su identificación, participen en un acto de desorden público.
Igualmente, se agrega, en el artículo 494, una falta que permite detener a una persona que, participando o asistiendo a una manifestación pública, oculte su identidad mediante pañuelos, capuchas u otros elementos análogos.
Durante el análisis de estas enmiendas al texto de la Cámara de Diputados, la gran mayoría de las instituciones y abogados penalistas que escuchó la Comisión, si bien reconocieron que el texto de la indicación del Ejecutivo era técnicamente superior al proyecto que originalmente envió el Gobierno, aún mostraba problemas de carácter constitucional y de técnica penal que planteaban serias dudas sobre el alcance de sus normas, sobre todo si mediante ellas se puede terminar afectando el derecho de todas las personas a reunirse pacíficamente.
El Gobierno, representado por el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick, respondió dichas observaciones e insistió en la necesidad de aprobar estas enmiendas, en los términos propuestos por el Ejecutivo.
La Comisión que presido, en votación dividida, prestó su apoyo a la indicación del Ejecutivo.
Quienes nos opusimos a la incorporación de estas normas al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, compartimos con el Gobierno la preocupación por los desmanes que algunos grupos minoritarios cometen cuando se producen manifestaciones públicas. Sin embargo, creemos que el ordenamiento jurídico ya entrega elementos suficientes para perseguir la responsabilidad penal de quienes cometen tales ilícitos.
Asimismo, estimamos que la policía cuenta ya con facultades para detener a quienes se encuentren cometiendo un delito flagrante durante una manifestación pública. Los cuerpos policiales están dotados de atribuciones para efectuar controles de identidad y detener a individuos que participen en desórdenes públicos, estén encapuchados o no.
No estamos cerrados a estudiar estas y otras materias; sin embargo, dados la celeridad del Gobierno para discutir el proyecto y los serios problemas de técnica legislativa penal que lo afectan, como señaló la inmensa mayoría de los profesores de Derecho Penal que escuchamos, algunos miembros de la Comisión nos opusimos a aprobar las modificaciones contenidas en los números 2 a 7 de los artículos 1° y 2° de la iniciativa.
Señor Presidente, no sé si dispongo de tiempo para continuar con mi intervención personal.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador.
Puede proseguir.
El señor WALKER (don Patricio).- Un primer argumento de los profesores invitados dice relación con la proporcionalidad y el bien jurídico protegido.
Según ellos, se intenta convencer a la gente de que no tenemos leyes para sancionar las agresiones y violencia de quienes afectan las manifestaciones sociales. Pero la ley sanciona estos delitos y faltas y, por lo mismo, debe responderse qué sucede con la aplicación efectiva y eficaz de las normas penales vigentes.
Así, las disposiciones de nuestro Código Penal permiten sancionar perfectamente los actos de violencia ocurridos con ocasión de una manifestación, tales como el de atentado, desacato y desórdenes públicos.
Por otra parte, los profesores señalaron que la Ley de Seguridad del Estado, en sus artículos 6° y 7°, consagra delitos contra el orden público con una penalidad mayor a la establecida en el Código Penal.
Asimismo, resulta muy relevante aclarar que el actual artículo 85 del Código Procesal Penal regula el control de identidad y dispone que Carabineros y la Policía de Investigaciones deberán -en forma imperativa; es decir, están obligados- solicitar la identificación de cualquier persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. Durante el procedimiento, la ley es clara y permite que se proceda al registro de las vestimentas, a cotejar la existencia de órdenes de detención y a proceder a la detención -subrayo, a la detención- en caso de haber órdenes pendientes o de encontrarse el individuo cometiendo un delito flagrante. O sea, Carabineros debe efectuar el control de identidad a los encapuchados y detener cuando efectivamente haya órdenes judiciales pendientes o bien la persona comete un delito flagrante.
De esta manera -señalan los profesores de Derecho Penal-, no es cierto que con este proyecto se permitirá detener a los encapuchados, porque la norma vigente del Código Procesal Penal es clara y obliga a Carabineros y a la Policía de Investigaciones a detener a quienes atenten contra el orden público.
Otra de las disposiciones que se intenta hacer revivir es la criticada norma que modifica el contenido de lo que se entenderá por desorden público. Hoy, en el artículo 269 del Código Penal, se distingue entre quienes cometen un desorden de escasa gravedad -lo que sanciona como falta-; una turbación grave a la tranquilidad pública, y un desacato.
Las indicaciones propuestas pretenden sancionar siempre los desórdenes como graves, sin importar que se afecte o no la convivencia ciudadana. Esto atenta contra la proporcionalidad.
En ese sentido, es importante distinguir entre faltas y delitos, según la gravedad de la conducta en que se incurra.
Por otra parte, se intenta incorporar agravantes incomprensibles a los delitos de homicidio y de lesiones corporales y resucitar la figura del duelo. Ilógicamente, se pretende sancionar con una pena más alta a quien mate en actos masivos, en presencia de muchas personas, lo que en la práctica resulta bastante más fácil para identificar a su autor, y se deja con una pena más baja a quien lo haga en un lugar de manera solitaria u oculta.
Luego, los artículos 410 bis y 489 bis que se proponen intentan sancionar con una agravante específica a quienes cometan desórdenes públicos y otros delitos con rostro encubierto. La pregunta es por qué el Derecho Penal castigará este hecho solo en algunos delitos.
El profesor Enrique Cury señala, en su libro de Derecho Penal, que es "prácticamente imposible comprender los motivos por los cuales el empleo de un disfraz, por ejemplo, agrava la responsabilidad de un homicidio o de unas lesiones, y no la del que perpetra un robo con fuerza en las cosas, un rapto o una violación", lo que se condice con la posibilidad de considerar tal hecho como una agravante genérica y no limitada a los delitos perpetrados con ocasión de una protesta social. O sea, hoy rige la agravante para todos los delitos cuando alguien actúa con disfraz o encapuchado. Eso, si no me equivoco, está en el artículo 12, N° 5, del Código Penal.
Por lo tanto, no es cierto que en la actualidad no haya una agravante para quienes, encapuchados, cometan un delito. Hoy se debe controlar la identidad y detenerse cuando hay delito flagrante o haya órdenes judiciales pendientes. Repito: en el Código Penal, ahora ya hay agravante para aquellos que actúan con rostro cubierto.
Por último, es incomprensible que se busque sancionar como falta y proceder a la detención inmediata de quienes se encapuchen en una manifestación pública. Bajo este supuesto es perfectamente posible detener a personas que en forma pacífica buscan evitar los gases lacrimógenos. Me imagino que la Senadora Alvear contará lo que a ella le pasó en un disturbio, cuando debió cubrirse con un pañuelo para evitar el efecto de dichos gases. ¿Cuántas personas podrían ser objeto de detención y qué consecuencias nefastas tendría esto para nuestros tribunales de garantía, los que necesariamente deberán realizar el correspondiente control?
Quiero reiterar que condenamos y repudiamos la acción violenta de algunos individuos o de grupos minoritarios en las manifestaciones sociales, así como la posibilidad de que algunos cometan un delito encapuchados. Hoy en día ya existe una agravante en el Código Penal, que es genérica. ¿Por qué va a ser más grave cometer disfrazado determinado delito, como un robo, lesiones o un homicidio, en una manifestación social, que cometer, por ejemplo, una violación disfrazado o encapuchado para que el día de mañana no se pueda identificar al responsable?
Todo eso es grave y ya está sancionado en el Código Penal. Rige el control de identidad. Carabineros debe practicarlo. Es posible registrar las vestimentas y, si hay delito flagrante, hay que proceder a la detención.
Por lo tanto, acá no estamos divididos entre quienes se hallan a favor del orden público o a favor de la mano dura y quienes desean proteger a los delincuentes encapuchados. Eso es una falacia. No es así. Lo dijeron todos los profesores de Derecho Penal, salvo el señor Acosta. Los demás (Juan Pablo Mañalich, Jorge Bofill; no voy a nombrarlos a todos) señalaron que en la actualidad la ley entrega herramientas a Investigaciones y a Carabineros para actuar en tales casos.
Hay otros aspectos que se me escapan. Por ejemplo, se elimina la multa para algunas faltas menos graves. Por supuesto que para los delitos tiene que haber sanciones privativas de libertad.
Por razones de tiempo, no alcanzo a profundizar más en el detalle. Pero, insisto, actualmente Carabineros y la Policía de Investigaciones cuentan con mecanismos legales para combatir ese tipo de hechos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro del Interior, don Andrés Chadwick.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Señor Presidente, voy a abordar los principales aspectos de este proyecto. No me voy a referir in extenso a todos, pues podremos hacerlo durante la discusión particular.
En la Comisión, algunos señores Senadores, incluido el que me antecedió en el uso de la palabra, se hacían la misma pregunta: ¿Para qué legislar?
Yo quiero transmitir al Senado que hoy estamos viviendo una realidad social completamente distinta de la de hace diez, quince o veinte años -la cual estaba cubierta por nuestra legislación sobre orden público-, porque enfrentamos un importante y significativo número de movilizaciones sociales, expresión libre del derecho de reunión pacífica de las personas, en las cuales -todos los Senadores lo habrán podido observar o presenciar- se da un denominador común: la mayoría de ellas termina con actos totalmente reñidos con el objeto o la intención por la cual fueron convocadas y que son de violencia, vandalismo, destrucción de bienes públicos y privados, lesiones a las personas y que, en general, se realizan cada vez con mayor agresividad.
Para que Sus Señorías tengan una idea de lo que aquello significa, voy a poner como ejemplo a la Región Metropolitana.
El año 2012 se efectuaron 134 marchas que ocuparon vías de uso público. En estas, Carabineros detuvo a 6 mil 145 personas. Y señalo la cifra porque muchas veces se escuchan críticas que considero injustas y fáciles, en el sentido de que la policía uniformada tendría un problema de capacidad operativa para evitar los actos de violencia que hemos visto. Ello no es así. Repito que en 134 marchas que hubo el año pasado, Carabineros detuvo a 6 mil 145 manifestantes.
Cabe entender que las detenciones que debe realizar la policía cuando un grupo de manifestantes cometen actos de violencia en medio de miles de personas que no lo hacen, son extraordinariamente difíciles de concretar.
Pero lo más complejo radica en que la inmensa mayoría de los detenidos en 2012 -por no decir el 100 por ciento- quedaron en libertad; ni siquiera se les cursó una infracción o se los sancionó por alguna falta.
En 2013, hasta esta fecha, ha habido 40 marchas, y se ha detenido a 4 mil 133 personas por los mismos hechos descritos respecto al año recién pasado. Y su situación procesal es igual: la inmensa mayoría quedó en libertad.
Un ejemplo muy reciente ocurrió el viernes pasado. Seguramente muchos de ustedes lo vieron a través de la televisión. Fue convocada una marcha de encapuchados en bicicleta, que se desarrolló a partir de las 21 horas por las calles de la comuna de Providencia. A ella asistieron alrededor de 300 personas encapuchadas, que exhibieron un alto índice de violencia que afectó a la propiedad privada. Rompieron varios locales comerciales, autos particulares, lesionaron a gente que iba en sus automóviles, interrumpieron el tránsito, en fin, para qué seguir. O sea, impidieron el normal funcionamiento de esa comuna con una manifestación muy violenta.
Fueron detenidos solo 6 manifestantes, porque resultaba extremadamente difícil capturarlos ya que iban en bicicleta y se arrancaban fácilmente. Sin embargo, el sábado en la mañana, en la audiencia de control de detención, los 6 quedaron libres.
Y allí, señores Senadores, no hubo un problema de pruebas, ya que todo está filmado y hay testigos. Además, Carabineros ha mejorado su capacidad operativa en forma muy significativa para efectos de que a los fiscales les lleguen los detenidos con la debida comprobación de sus acciones violentistas.
Entonces, frente a esta realidad social que vivimos hoy día, que es nueva, distinta de la que existía hace años, en el Gobierno estamos convencidos de que es necesario legislar en diferentes aspectos.
En primer lugar, el Código Penal, en su artículo 269, tipifica el delito de desórdenes públicos, y los define como "Los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado".
A todos, seguramente, nos resultará difícil entender qué quiere decir "causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado".
¿Por qué ahora nos resulta difícil entender esa definición de desórdenes públicos? Porque ese artículo proviene del origen del Código Penal.
Por lo tanto, creemos que es indispensable, de acuerdo a esta nueva realidad social, tipificar el delito de desorden grave teniendo presente la situación actual, cómo se desarrollan las acciones de violencia, el tipo de manifestaciones que se producen en las calles, y no quedarnos con una definición que viene desde el origen de dicho Código.
Por ello, proponemos redactar un nuevo artículo 269, para renovar la definición de la conducta penal de los desórdenes públicos graves, señalando dos situaciones que sí lo son:
"Paralizar o interrumpir, valiéndose de violencia o amenaza, algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad", etcétera.
Aquí hay un punto que es común en las distintas movilizaciones que terminan en actos de violencia: se busca normalmente afectar un servicio público para lograr su paralización o interrupción. Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, en la locomoción colectiva, en el llamado "Transantiago", donde luego de una marcha normalmente hay buses que se dañan para interrumpir el servicio público. Ahí se produce, a través de tales desórdenes, un daño grave a toda la sociedad o comunidad de una ciudad, en términos de que se ve privada del uso de esos servicios básicos.
La segunda conducta tiene que ver con "Impedir o alterar, valiéndose de violencia o amenaza, la libre circulación por puentes, carreteras, caminos", etcétera. Este es otro efecto que se busca hoy día mediante los desórdenes públicos: interrumpir el funcionamiento de la ciudad.
Sus Señorías también saben que, cuando se producen movilizaciones o marchas en Santiago, una de las acciones que normalmente se realizan es colocar barricadas en distintos lugares de la Capital, en especial en puntos estratégicos para el tránsito, a fin de generar el mayor atochamiento posible y dificultar en gran manera el funcionamiento de la ciudad. Ello genera, obviamente, una limitación grave a la libertad de locomoción garantizada en nuestra Constitución. Pero más allá de afectar los derechos de la ciudadanía, genera una perturbación muy grave en su vida cotidiana.
Por lo tanto, planteamos que los desórdenes graves que se generen se tipifiquen considerando esas dos situaciones: afectación de los servicios de emergencia e interrupción de la libre circulación de las personas. ¿Cualquier paralización o impedimento? ¡No! Aquí se exige que haya una acción violenta o amenazante. Y, en el caso de la libertad de transporte, que este se interrumpa desobedeciendo las decisiones o las acciones de la autoridad policial.
Para este nuevo tipo penal se propone establecer una pena que vaya de 61 días a 3 años, porque consideramos que se trata de desórdenes públicos que alteran gravemente el funcionamiento de las ciudades.
Un segundo punto -entramos al tema que ha sido más conflictivo en el proyecto- es separar y diferenciar a los delincuentes de los manifestantes. Esto nos parece un objetivo muy significativo de la iniciativa: que no se confunda al delincuente con el manifestante, y que el primero no se aproveche de una marcha legítima para facilitar su acción delictual.
Para ese efecto¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Ministro, ¿cuánto tiempo necesita?
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Entre 5 y 10 minutos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Usted sabe que los Secretarios de Estado tienen el mismo derecho que los Senadores. Pero le vamos a dar más tiempo.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Gracias, señor Presidente.
¿Qué proponemos para efectos de que el derecho de reunión pacífica no sea aprovechado por los delincuentes como un campo que les facilite la acción delictual?
En primer lugar, que a una persona que, con ocasión o al participar en una manifestación de carácter público y masivo comete un delito, el juez deberá aplicarle una circunstancia agravante por esa razón: por aprovecharse del ejercicio de un derecho para realizar una acción ilegítima, como lo es un acto delictual.
Planteamos eso con respecto a dos tipos de ilícitos: los delitos que se cometen contra las personas, que están contemplados en el Título VIII del Código Penal, y los delitos contra la propiedad -excluyendo, como muy bien indicó la Comisión de Constitución, a algunos tipos penales que no corresponden, como el del duelo y de la estafa- perpetrados en las movilizaciones aprovechándose de su masividad. Para estos se propone una circunstancia agravante, con el propósito de proteger el legítimo derecho a reunión pacífica y no confundir "manifestante" con "delincuente", porque con ello se le hace un flaco favor al derecho de reunión consagrado en nuestra Constitución.
Se señalaba que existe una circunstancia agravante genérica. Así es -hizo alusión a ella el Senador señor Patricio Walker y la vimos en la Comisión-: la de actuar disfrazados.
La circunstancia genérica del disfraz es muy amplia; no es precisa o específica y ha tenido muy poca aplicación en nuestra jurisprudencia. En la Comisión de Constitución me atreví a decir que yo no conocía ningún caso, e inmediatamente me sacaron de ese error en forma muy acertada, al expresarme, después de un estudio rápido en la Biblioteca del Congreso Nacional, que habían ocurrido ¡dos casos en 25 años...!
Por lo tanto, la agravante genérica del uso de un disfraz está -por decirlo de alguna manera- en desuso dentro de nuestra jurisprudencia y se refiere más bien a otro tipo de hechos, no a la circunstancia específica de la comisión de delitos por encapuchados en manifestaciones públicas.
Ahora, junto a la circunstancia agravante de que en manifestaciones masivas se cometan delitos contra la propiedad o las personas, como los que hemos señalado, nosotros colocamos otra agravante, para el caso de que, además, ese delito lo perpetre una persona encapuchada, que oculte su identidad para actuar en tales movilizaciones. En este caso, establecemos que cuando se trate de un delito que tenga una pena de un grado de una divisible, se impondrá el máximo de la pena, y si corresponde a una pena que cuente con dos o más grados, no se aplicará su grado mínimo. Con ello, nos vamos al techo en una circunstancia, y en otra, dejamos de aplicar el piso, para efectos de poder tener un agravamiento equilibrado y ponderado de la pena.
En seguida, en el proyecto hay un aspecto que también es fundamental y que, a mi juicio, es quizás el más importante: enfrentar directamente el tema de los encapuchados. Y queremos ser muy claros al respecto.
Los encapuchados no son los que están disfrazados; no son los que usan un disfraz cualquiera para cometer un delito, sino aquellos que ocultan su identidad con el propósito de participar en acciones de vandalismo público y desarrollar actos de violencia. ¡Esos son los encapuchados!
Si no queremos ver esa realidad hoy día en Chile, nos vamos a equivocar en la forma como tenemos que legislar, y cualquier Gobierno, cualquier Ministro del Interior deberá enfrentarse a la situación que mencioné anteriormente: a tener un altísimo número de detenidos y cero o muy bajo procesamiento judicial. Es decir, a una situación de impunidad.
Y lo sucedido el viernes pasado -que relaté hace algunos momentos-, cuando alrededor de 300 personas en bicicleta, encapuchadas, se sintieron con el derecho a adueñarse de las calles de una comuna de Santiago para producir vandalismo, daños, lesiones y destruir autos de particulares o locales comerciales, es una de las señales de impunidad que se está enviando con respecto a individuos que se encapuchan u ocultan su identidad con el propósito de generar violencia.
¡A tales situaciones queremos ponerles término! Y pedimos el apoyo del Senado a fin de proporcionarle al país los instrumentos legales para ello, con la circunstancia agravante o con el agravamiento de la pena que vimos recién cuando se trata de delitos, pero, además, estableciendo una nueva falta dentro del catálogo que contiene nuestro Código Penal.
¿Y en qué consiste esa nueva falta? Muy simple. En que la persona que participe en un acto de desorden público y cubra su rostro con el fin de ocultar su identidad, incurrirá en una falta penal del catálogo de faltas que contempla nuestra legislación: participar en un desorden público y cubrir su rostro para ocultar su identidad.
¿Se trata de cualquier circunstancia o de cualquier condición? ¡No! La Senadora señora Alvear nos relató en la Comisión de Constitución, a modo de ejemplo, una situación que le aconteció. En una oportunidad iba saliendo de la sede del Congreso Nacional en Santiago y se encontró con una manifestación. Como ella, por problemas de salud, debe protegerse la garganta y tiende a cubrirse el rostro con una bufanda, expresó que podría verse afectada al caer en la falta a que me referí.
¡No! Esa falta no es atribuible a personas enfermas o con problemas de salud, sino, primero, a aquellas que participen en desórdenes públicos, y segundo, que oculten su identidad precisamente con la finalidad de no ser reconocidas. Por lo tanto, para tipificarla tienen que cumplirse dos requisitos: participar en desórdenes y ocultar la identidad con un propósito. Eso constituye una falta penal.
A dicha falta penal nosotros le agregamos una circunstancia distinta: que sea una de las denominadas "faltas calificadas". ¿Y qué significa esto? Que dentro del catálogo de faltas contempladas en nuestro ordenamiento penal, hay algunas que posibilitan la detención, a efectos de poner a sus autores a disposición del fiscal.
Sí, señor Presidente, queremos que los carabineros posean atribuciones para sacar de las movilizaciones sociales a los individuos que ocultan su identidad y participan en desórdenes públicos; que los puedan detener; que los puedan retirar del lugar y poner a disposición de la justicia. Porque quienes ocultan su identidad, se encapuchan y participan en desórdenes públicos no están ejerciendo el derecho de reunión.
No hay nada más contrario a los derechos garantizados en un Estado de Derecho y en una democracia que confundir su libre ejercicio con acciones que nada tienen que ver con ellos y que son, en este caso, de violencia.
¿Hay algo más distinto que el derecho de la gente a reunirse en forma pacífica, y la acción de aquellos que pretenden desarrollar vandalismo y violencia en nuestras ciudades? ¡Esta es la antítesis de aquel!
¿Y qué pretende el Gobierno? Lo decimos sin ambigüedad alguna: que a los encapuchados que participen en desórdenes públicos y generen actos de violencia y vandalismo, ocultando su identidad con ese propósito, Carabineros pueda detenerlos y ponerlos a disposición de los tribunales. Y que estos tengan más atribuciones para aplicar, si se encuentran frente a una falta, la sanción correspondiente, o, si se ha cometido un delito, la pena respectiva. Y que esa situación nos permita que el derecho a reunión en nuestro país se pueda ejercer, como dice la Constitución, "de manera libre", pero además "pacíficamente".
Por eso, señor Presidente -y para no alargarme en el tiempo-, aquí están los 3 o 4 aspectos fundamentales del proyecto de ley que hemos presentado, mediante el cual se busca lo que he señalado: entregar más atribuciones a Carabineros; más herramientas legales a los jueces, para que el derecho de reunión en nuestro país se pueda desarrollar efectivamente como establece la Constitución: "pacíficamente" y no se confunda al manifestante con el delincuente, no se confunda al manifestante con el encapuchado, no se confunda una manifestación con la violencia.
Lo anterior se necesita ahora, dado que la sensación de impunidad que se produce ya nos está trayendo consecuencias, pues a las personas les basta encapucharse para cometer delitos o actos de violencia y quedan en libertad al día siguiente.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, desde el año 2011, fundamentalmente, nuestra sociedad ha experimentado un fuerte proceso de movilización social con el objeto de visibilizar una serie de situaciones de injusticia que afectan a la ciudadanía, exigiendo respuestas inmediatas de la autoridad gubernamental.
En ese contexto, un número minoritario de personas efectivamente ha protagonizado incidentes, cometiendo una serie de delitos como desórdenes, robo en lugar habitado, daños, incendios, entre otros, lo que resulta reprochable e intolerable. Y nuestro ordenamiento jurídico contempla desde hace muchos años -como muy bien lo dijo el Senador Patricio Walker- sanciones para todas esas conductas delictivas.
A pesar de que existen claras diferencias entre el ejercicio del derecho a manifestarse y esos crímenes -que todos criticamos-, el Ejecutivo, el Gobierno, de manera constante y deliberada, confunde bajo una sola noción esos diversos fenómenos, no obstante tener características claramente definidas, escondiendo con ello la importancia del conflicto social existente hoy y las posibles respuestas concretas a las demandas planteadas.
Bajo esa premisa, mezclar la protesta social con la delincuencia común resulta un hecho tremendamente grave, que genera una serie de consecuencias negativas para el desarrollo de la democracia, vulnerando por cierto los derechos humanos de las personas que, legítimamente, dan a conocer su opinión; atacando pilares fundamentales como las libertades de expresión y de reunión, so pretexto de terminar con la delincuencia común.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados regula las siguientes materias: delitos de atentado contra la autoridad, delitos de desórdenes públicos, agravantes específicas y delito de encapuchamiento.
Resulta fundamental precisar -y este punto es importante tenerlo en consideración- que el Ejecutivo está presentando una iniciativa para sancionar delitos que ya están considerados y sancionados actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no es idóneo el mecanismo planteado en materia de prevención de la delincuencia; por el contrario, daña seriamente -es lo que provoca este proyecto- el sistema democrático vigente en nuestro país, con todos sus defectos.
Es importante plantear el tema ahora, porque resulta claro y evidente -así lo han manifestado distintos especialistas en la materia- que las conductas que señala el Ministro (condenadas por todos) ya tienen sanción adecuada en nuestro ordenamiento jurídico.
¿Cuál es el problema? Que aquí se mete en un solo saco la protesta social, que es tremendamente legítima; la movilización social, donde vemos a profesores, funcionarios públicos y trabajadores en la calle reclamando sus derechos, a jóvenes que piden una educación pública gratuita y de calidad, a ambientalistas que exigen una Patagonia sin represas, y a una minoría dentro de esos grupos, que efectivamente cometen delitos, desórdenes, y que deseamos sancionar. Respecto de esto último estamos todos de acuerdo.
Sin embargo, cabe preguntarse si es necesaria o inocua esta ley en proyecto. Porque de ser inocua para el Estado de Derecho y para nuestro sistema democrático vigente a lo mejor la votaríamos a favor. Pero estamos convencidos de que no lo es, que daña garantías fundamentales y, además, lesiona derechos humanos esenciales.
Mediante esta reforma se atenta contra una serie de garantías de carácter penal, imprescindibles en todo Estado de Derecho que funciona en democracia.
En concreto, el texto propuesto produce una desproporción de las penas, al ampliarse excesivamente los tipos penales; introduce agravantes que carecen de justificación racional; incluye una categoría única de autor; omite la vulneración a bienes jurídicos concretos; elimina la posibilidad de aplicación de penas alternativas; reduce al mínimo la posibilidad de ponderación de los jueces en el caso concreto; todo ello sumado a una considerable falta de armonía interna en el Código Penal y con otros cuerpos legales, tales como el Código Procesal Penal.
Esa es la opinión que tenemos en la Nueva Mayoría. De hecho, vamos a votar en contra de este proyecto, porque no avanza en materia de seguridad, no contribuye a la paz social, no combate efectivamente la delincuencia, sino que, por el contrario, lesiona gravemente derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos, que tienen el legítimo derecho a salir a la calle a plantear sus puntos de vista y también a no ser confundidos con delincuentes.
Eso es lo grave que presenta la iniciativa en estudio.
Por otro lado, después del debate presidencial de anoche, me di cuenta de por qué se encuentra este proyecto acá.
El primer bloque de dicho programa comienza con un tema relativo a seguridad pública, sorprendiéndome profundamente escuchar la línea argumental de la candidata de la Derecha, Evelyn Matthei, porque, al preguntársele si el problema estaba en la fiscalía, que tiene la obligación de la persecución penal del delito; en las policías, por alguna desconexión con los fiscales, en fin; en los jueces, en las leyes, en los programas de reinserción o de rehabilitación, en el sistema carcelario, respondió que "el único problema es que tenemos jueces garantistas".
Es decir, la puerta giratoria de la justicia. Y volvimos al discurso del Presidente Piñera que en su campaña dijo: "Vamos a terminar con la fiesta de la delincuencia". Pero, ¿saben una cosa? El discurso de la puerta giratoria y de los jueces garantistas que dejan libres a los malos no tiene ninguna base ni argumento que lo sustente.
Este es el Gobierno que más ha excarcelado a personas. De hecho, muchos lo apoyamos cuando se habló de otorgar algunos indultos, de resolver numerosos casos de libertades condicionales, de penas alternativas, de reclusiones nocturnas. Una persona con reclusión nocturna no es un riesgo para la sociedad, pues está todo el día libre, pudiendo hacer lo que quiera durante ese lapso.
Además, el uso racional de la privación de libertad también tiene que ver con la seguridad pública. Por ejemplo, hay miles de jóvenes que han sido detenidos por consumir cannabis, quienes, finalmente, terminan siendo sancionados por consumo, no por tráfico o microtráfico.
En verdad, lo relativo a la puerta giratoria -insisto- contrasta con lo realizado, porque el problema se resolvería, de acuerdo a lo que piensan Evelyn Matthei y el Ministro del Interior, que envió este proyecto, metiendo más gente a la cárcel.
¡Chile: país seguro! ¡Bajamos la victimización! ¡Bajamos el temor! ¡Más personas en los recintos penitenciarios! ¿Y saben qué? Tenemos las cárceles atiborradas de gente. Existe un hacinamiento tremendo, que atenta contra la reinserción y la rehabilitación, pilares fundamentales de una política pública eficiente y seria para lograr seguridad en nuestra ciudadanía.
Recientemente hicimos una denuncia con los funcionarios de Gendarmería del penal de Acha, en Arica, porque en lugar de 1.150 internos hoy día hay más de 2.000. Lo mismo pasa en casi todos los complejos penitenciarios.
Chile es el país que, con relación a su número de habitantes, tiene más personas privadas de libertad, siendo solo superado por Estados Unidos.
Por lo tanto, cabe preguntarse ¿se resuelve el problema metiendo más gente a la cárcel?
Obviamente, después de ver el debate, entiendo que la Derecha tenga ese discurso, en que se señala que el problema son los jueces garantistas. O sea, que serían malos jueces, porque dejan a todo el mundo libre.
Entonces, hay que meter más gente a la cárcel. Así se resuelve este asunto.
¿Y qué dice el Gobierno? "Vamos a criminalizar la protesta social". Y se encarcelará a los jóvenes que protestan por sus derechos y legítimas demandas; a los mapuches que reclaman porque quieren ser reconocidos como pueblo y que se les respeten sus tradiciones.
¡Ahí está la solución del problema!
Esa no es la forma de resolverlo. De hecho, ya no lo fue, porque este Gobierno fracasó en su principal promesa de campaña: terminar con la delincuencia. Y cuál era su discurso: "¡Ley y orden! ¡Tolerancia cero! ¡Fin a la puerta giratoria!".
El mismo Ministro Bulnes se dio cuenta de que era pura demagogia, al presentar el Ejecutivo una iniciativa sobre indulto, porque sabía que la cárcel no resuelve los problemas de seguridad.
Por eso votaré en contra del proyecto en debate, no solo porque es ineficiente, sino también porque es demagógico y atenta contra los derechos humanos.
He dicho.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Quiero saludar a los alumnos de la Escuela El Maitén, de La Unión, quienes en gran número nos acompañan hoy día.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo hacerme cargo de algunas de las afirmaciones que se han hecho en esta Sala y luego entrar a analizar el fondo de este proyecto.
En primer lugar, se ha señalado que esta es una iniciativa que el Gobierno ha querido despachar a toda prisa. No obstante, debo manifestar que ella lleva ¡más de un año en el Congreso!
Por lo tanto, no sé cuál será el concepto de la prisa esgrimido aquí.
En ese año, en que se produjeron muchas manifestaciones en Chile, 253 carabineros, quienes también tienen derechos humanos -se lo comunico a toda la bancada de la Oposición-, han sido brutalmente heridos y golpeados; en 2012, 847 fueron cruelmente golpeados en las calles, y no hay un solo detenido; y el 2011, mil 115 sufrieron agresiones.
Estamos hablando de la institución mejor evaluada por todos los chilenos.
No he visto nunca a una organización de derechos humanos (ni al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni a ninguna otra) ir a ver a un solo carabinero cuyos derechos han sido brutalmente violados. ¿Por quiénes? No por quien tiene el legítimo derecho a manifestarse en la vía pública para expresar sus ideas, sino por un grupo de cobardes que actúa encapuchado, que tira bombas molotov, que destruye la propiedad pública y privada.
Y tampoco he escuchado en esta sesión que se hable de los pequeños comerciantes, de los dueños de quioscos, de los transportistas que circulan por donde se realizan las manifestaciones, quienes sufren todo tipo de tropelías: destrucción de su propiedad, robos, asaltos, lesiones.
Conforme a lo planteado por el Senador Rossi, esas personas no tienen derechos humanos. El problema de tales desmanes hay que solucionarlo seguramente diciendo: "Niños, no vuelvan a cometer este tipo de delitos".
Asimismo, deseo hacerme cargo de algo que dijo el Senador Rossi, antes de que se retire de la Sala.
El señor ROSSI.- Me quedo para escucharlo, señor Senador.
El señor ESPINA.- Porque yo le voy a hacer caso a Su Señoría: me convenció.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Senador, le ruego dirigirse a la Mesa.
El señor ESPINA.- Me dirijo a Su Señoría a través de usted, señor Presidente. Retiro las dos menciones anteriores, y las renuevo señalando que me refiero al señor Senador Rossi por intermedio de la Mesa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No se dirija al Honorable señor Rossi directamente.
El señor ESPINA.- Entonces -por su intermedio, señor Presidente-, deseo manifestarle al Senador Rossi que le haré caso, porque me convenció.
Quiero saber si es necesario presentar este proyecto o no.
Como el Senador Rossi dice que no y yo estimo que sí, me iré a un árbitro. Y voy a nombrar árbitro a Michelle Bachelet, a su candidata.
El 21 de noviembre del 2006, ella presentó un proyecto de ley, cuyo alcance y sentido lo desarrollará más adelante el Senador Carlos Larraín, pero que concretamente plantea dos ideas:
Primero, que en las manifestaciones se han introducido pseudomanifestantes para cometer todo tipo de delitos y tropelías.
Y segundo, que la legislación actual no es suficiente.
¿Quién lo dice? ¿El Ministro del Interior? ¿El Presidente Piñera?
Lo señala textualmente la señora Michelle Bachelet: es necesario legislar.
Firman la referida iniciativa doña Michelle Bachelet y don Belisario Velasco. La presentó la ahora candidata del sector de ustedes a la Presidencia de la República. Porque reclamaba angustiosamente que la legislación actual no sirve.
Entonces -por su intermedio, señor Presidente-, le quiero decir al Senador Rossi, queriéndolo mucho y considerándolo un gran parlamentario, que en esta materia le creo más a la señora Michelle Bachelet. Porque así, en la forma recién mencionada, lo expresó textualmente.
De otro lado, se señaló que esta Administración quiere criminalizar al movimiento social.
¡Puras frases eslogan!
Señor Presidente, este Gobierno no desea criminalizar al movimiento social: pretende meter presos a los cobardes que tiran bombas molotov y que tratan de quemar a un carabinero o a un transeúnte que va por el barrio.
Sin embargo, esas víctimas no tienen derechos humanos.
No he visto nunca a la Oposición ni un minuto defender los derechos humanos de tales personas. Ni un acto en la calle, ni una declaración a favor de los afectados por los vándalos que se entrometen en manifestaciones que probablemente pueden ser muy legítimas pero que derivan, salvo que nadie de las bancas de Oposición vea televisión, en todo tipo de tropelías.
¡No obstante, esas son víctimas del movimiento social¿! Se trata de jóvenes descontentos, que queman gente, cometen todo tipo de asaltos, robos, abusos sexuales, saqueos.
Las personas que han sido objeto de tales desmanes no existen, no tienen tribuna, señor Presidente.
Yo lo entiendo, porque tenemos una visión absolutamente distinta en relación con esta materia.
Luego se señala, entrando a los contenidos de este proyecto, que la legislación actual es suficiente.
Yo quisiera que me dijeran concretamente qué artículo del Código Penal es suficiente. Porque noto que hablan casi como repitiendo una minuta.
El artículo que rige esta materia es el 269, que tiene 100 años. Y dice: "Los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular".
Señor Presidente, este debe ser el artículo más obsoleto que ha de quedar en todo el Código Penal chileno: "para causar una injuria".
Y establece una pena de 61 a 540 días.
Por lo tanto, a aquel que en un acto público en Chile comete un desmán le sale gratis, no le pasa nada. Porque -como digo- la pena es de 61 días, con lo cual no hay prisión, ni siquiera una mínima sanción. Y ocurre lo que habitualmente vemos: ¡quedan todos libres!
Se lo señalo porque hay importantes posibilidades de que ustedes ganen la próxima elección presidencial. Y, entonces, deseo recordarles que cuando existan manifestaciones públicas y vean los destrozos provocados durante ellas, les diremos que ustedes se opusieron a legislar sobre una materia fundamental.
Señor Presidente, las normas que el Gobierno presentó -las discutiremos en particular- son de todo sentido común. Porque buscan sancionar a aquel que paraliza o interrumpe mediante violencia servicios públicos. Por ejemplo, a quien impide que se llegue a la posta central, o al Metro (o lo quema); a aquel que corta puentes y carreteras, pero no con motivo de una manifestación, sino que lo hace usando fuerza, violencia contra las personas.
Luego, este proyecto dispone que si esa conducta se realiza encapuchado, ocultando la identidad, es más grave.
Porque no es lo mismo que alguien realice actos de violencia o altere el orden público a rostro descubierto.
Al hablar de actos de violencia me refiero a quemar buses del Transantiago; a saqueos; a la destrucción; a impedir que se llegue a la posta central o a cualquier servicio médico; a efectuar atentados para, por ejemplo, cortar el suministro eléctrico. Es decir, una serie de tropelías.
Si la persona comete tales acciones cubriendo su rostro, escondiéndolo, naturalmente es más grave, y por eso se establece una circunstancia agravante.
Lo mismo se señala respecto de quien, aprovechándose de una manifestación, roba, asalta, comete cualquier tipo de tropelía. Y se dice: "¿Sabe qué más? Por ocultarse dentro de la manifestación, la conducta es más grave".
Ahora, aprovechando que mi distinguida colega Soledad Alvear está en la Sala, quiero hacerme cargo de una afirmación suya -el Ministro del Interior lo señaló-: "Salgo tranquilamente del Congreso en Santiago y, como tengo problemas con el esmog," -eso nos ocurre a muchos- "me tapo la cara. Por tanto, en virtud de la ley en proyecto, podría ser detenida".
Quiero comentarle a la señora Senadora que eso no podría sucederle nunca, salvo que fuera sorprendida usando la violencia para quemar un bus del Transantiago u obstaculizar su circulación; o para impedir que alguien llegue a la Posta Central; o para saquear y destruir edificios públicos importantes.
Yo no imagino a la Senadora Alvear haciendo eso. La imagino en muchas cosas -algunas puedo contarlas; ¡otras, no...!-, pero nunca encapuchada tirándole una bomba molotov a un carabinero.
¡Puedo imaginarla también lanzándole algo a su marido en medio de una disputa matrimonial...!
La señora ALVEAR.- ¡Eso, tampoco!
El señor ESPINA.- Su Señoría me señala que eso tampoco.
Lo digo con absoluta franqueza: no imagino a la Senadora Alvear cometiendo ese tipo de delitos.
En consecuencia, señor Presidente, esta es una iniciativa legal útil y buena para nuestro país. Su rechazo será el mayor amparo para los delincuentes que se refugian en actos de violencia -vemos por televisión cómo cometen los desmanes- y que muchas veces nada tienen que ver con aquellos que participan en manifestaciones.
Y se habla de criminalización...
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor ESPINA.- Muchas gracias.
Decía, señor Presidente, que se habla de criminalización del movimiento social.
¡Esa es la mentira más grande del mundo! ¡Nadie pretende criminalizar ningún movimiento!
Yo los invito a revisar las legislaciones de los países europeos, en algunos de los cuales hay gobiernos de Izquierda (¡los pocos que quedan...!): ¡en todos ellos las sanciones son muchísimo más duras que las existentes en Chile!
Señor Presidente, ya habrá tiempo para discutir y demostrar que cada uno de los artículos de este proyecto se justifica plenamente para evitar que triunfen los cobardes y los encapuchados que durante las manifestaciones atacan a gente inocente.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Saludo a los alumnos del Colegio Parroquial San Miguel, de la ciudad de Santiago, que nos acompañan en las tribunas.
¡Bienvenidos!
Muchas gracias por estar en el Senado.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).- Algunos señores Senadores me han preguntado si es posible abrir la votación.
Este proyecto tiene "discusión inmediata". Entonces, primero debemos votarlo en general, y en seguida, si se aprueba, en particular, pues algunos Senadores ya solicitaron pronunciamiento separado sobre determinadas normas. Y si se rechaza la idea de legislar, irá directamente a Comisión Mixta.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, por su intermedio, me gustaría solicitarle al Ministro del Interior, don Andrés Chadwick, algunas confirmaciones. Porque este debate es muy curioso.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra pontificó un poco sobre la necesidad de sancionar a los encapuchados que cometen desmanes y destrozan las propiedades privada y pública.
Sobre eso existe consenso.
En lo personal, pocas cosas me molestan más que ver a los "ultrones" destruyendo las propiedades privada y pública.
Por tanto, aquí no hay nadie que quiera amparar una conducta como aquella.
La discusión, según entiendo, estriba en si hay que tipificar un nuevo delito.
Yo creo que no. Y uno podrá debatir eso.
Ahora, no sé por qué el Gobierno está tan apurado en tramitar un proyecto fundamentalísimo de forma tan veloz, más aún en un Senado sometido al trajín en que nos encontramos. Pareciera haber una segunda intención. Si no, la iniciativa no estaría con "discusión inmediata" y se habría debatido con mayor tranquilidad.
Yo me encuentro abierto a determinar si es necesario tipificar. No tengo convicción al respecto, pero estoy llano al debate.
Algunos podrán decir que deben agravarse las penas. No lo tengo claro.
Sin embargo, me gustaría saber algunas cosas.
¿Por qué Carabineros no logra detener a quienes cometen desmanes?
¿Por qué no los infiltran? ¿Por qué no los aprehenden? ¿Por qué no presentan las pruebas?
¿O lo hacen?
Y si lo hacen, ¿la dificultad reside en que la pena que reciben esos delincuentes por destruir la propiedad es muy baja?
Entonces, el problema consistiría en que tenemos un registro de personas condenadas pero con penas bajas.
¿Acaso el Ministro del Interior nos está diciendo que en Chile los jueces no aplican la ley?
Porque cualquier persona con capacidad mínima de razonamiento no puede entender que un magistrado al que se le presentan pruebas deje libre a una persona que ha destruido, por ejemplo, la mampara de una farmacia, un automóvil.
¿No está tipificado el delito? Sí lo está. La destrucción de propiedad se halla tipificada.
Quizás se procura buscar agravantes adicionales en función de que tal ilícito se perpetra dentro de cierto contexto.
Bueno: veamos cuántas personas han sido sancionadas.
¿El problema, entonces, son los jueces?
Esa es la parte del argumento del señor Ministro del Interior que no logro entender.
Si el problema son los jueces o los fiscales incapaces de exhibir pruebas, la cuestión no tiene que ver con los encapuchados, sino con otra cosa.
Señor Presidente, aquí no conozco a nadie -¡a nadie!- que se sienta atraído por la existencia de grupos que distorsionan o desnaturalizan el derecho a la manifestación pública.
La expresión social, la protesta ciudadana es un derecho básico en cualquier democracia. Y nosotros, como Senado de la República, debemos garantizar ese derecho: tenemos la obligación de asegurar que cualquier ciudadano pueda manifestarse, pacíficamente por cierto, en los espacios públicos del territorio nacional.
Si se prueba que una persona provocó destrozos dentro de una manifestación o fuera de ella, debe existir una sanción.
¿Por qué no se sanciona?
El señor Ministro del Interior señaló que durante 2012 -y él puede corregir las cifras- el promedio de detenidos en cada manifestación fue de 35 personas y que en 2013 ese promedio es de 100.
Es decir, el problema no era la capacidad operativa de Carabineros.
Señor Presidente, me gustaría que el señor Ministro nos informara -si no públicamente, al menos durante una sesión secreta posterior- cuál es el despliegue que realiza Carabineros para infiltrar las manifestaciones, y particularmente, a grupos organizados para destruir las propiedades pública y privada.
¡Yo imagino que la policía uniformada tiene algún servicio de inteligencia para tal efecto!
Porque la televisión muestra a personas que causan destrozos, y uno piensa que Carabineros cuenta con capacidad para...
El señor PIZARRO (Presidente).- Concluya, señor Senador, pues terminó su tiempo.
El señor LETELIER.-... hacer seguimientos, llevar un registro.
Si fuera necesario, podríamos legislar para perfeccionar la normativa vigente en materia de pruebas.
En todo caso, percibo que alguien no está haciendo bien su trabajo.
Por tanto, la discusión no reside en si es necesario tipificar conductas y agravar penas, sino en saber por qué personas detenidas una y otra vez y que están presuntamente identificadas por Carabineros nunca son sancionadas.
Entonces, me gustaría tener otra mirada sobre el problema.
Señor Presidente, en los años 90 propicié con otros parlamentarios el término de la detención por sospecha. Y se llegó a una legislación que considero adecuada.
¡La detención por sospecha representa el abuso del Estado contra el ciudadano, contra el individuo!
Empero, eso no significa que el Estado carezca de instrumentos para detener y sancionar a quienes delinquen.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estamos ante un proyecto con mirada técnico-jurídica, pero también política.
Aquí se ha sostenido -lo comparto- que, lamentablemente, esta iniciativa no cumple un objetivo que a todos nos compete.
Lo decía el Senador Letelier: por un lado, todos queremos garantizar la libertad de expresión, el derecho a participar en las manifestaciones de protesta que se realizan muy a menudo en nuestro país; pero, por otro, todos, sin excepción, condenamos a las personas que, encapuchadas o no (¡ojo!), destruyen las propiedades pública y privada.
La comisión de delitos durante tales manifestaciones provoca nuestro absoluto rechazo. No conozco a nadie que la ampare. Al contrario, nos molesta sobremanera. Porque la ciudadanía, legítimamente, se expresa cada día más, y muchas veces no sería escuchada si no fuera por sus manifestaciones en la calle.
Sus Señorías me van a perdonar, pero así sucedió en Freirina. Porque cuando comenzaron las primeras declaraciones sobre existencia de mal olor, nadie les hizo caso. Yo envié tres oficios, y la Seremía de Salud me contestaba: "Trasladados al lugar, no hemos encontrado mal olor". ¿Y qué pasó? ¡Hubo que tomarse los caminos!
Entonces, le pregunto a este Gobierno: ¿Esa es la vía correcta?
Existe absoluta incompetencia para entender que de repente a la ciudadanía no le queda más remedio que salir a la calle ante la falta de un cauce para ser escuchada, porque hay autoridades ineficientes, incapaces de fiscalizar o de resolver a tiempo los problemas.
Pero además, por desgracia, el Ejecutivo ha tergiversado absolutamente esta discusión, señor Presidente. Y lo ha hecho a conciencia.
A mi parecer, si en algo ha fracasado esta Administración es en el ámbito de la seguridad pública.
Lamentablemente, todas las promesas que el ahora Presidente Piñera hizo cuando era candidato -"Terminará la puerta giratoria", "Se acabó la fiesta", "Los delincuentes ahora van a conocer la mano dura"- no han sido más que esloganes y fracasos absolutos. Los niveles de victimización han aumentado. Y las estadísticas nos señalan que la gente se siente insegura.
Ello es muy lamentable. Y nos obliga a todos, en cuanto país, a no usar el problema como eslogan político, sino a ver de qué manera se puede abordar su solución.
Son múltiples los factores. No voy a entrar ahora en ellos. Pero hay algo que no puedo dejar de mencionar.
Cuando se cometió el asesinato alevoso, que condenamos, del subteniente de Carabineros Daniel Silva, el Presidente Piñera lo mezcló con la llamada "Ley Hinzpeter".
¿Han visto algo más desafortunado y equivocado que lo que hizo el Primer Mandatario?
¿Creen Sus Señorías que actuó así por desinformación?
No: lo hizo exactamente en su afán de relacionar ese asesinato alevoso (repito que todos lo condenamos) con la ley en proyecto, lo que no es posible.
Pero hay una cuestión más grave, señor Presidente.
En el homicidio de ese uniformado participaron tres personas, dos de las cuales gozaban de beneficios carcelarios otorgados por la actual Administración, pero no en virtud de una ley. Como Sus Señorías recordarán, ello obedeció a una modificación al reglamento sobre concesión de beneficios carcelarios, efectuada en diciembre del año pasado para hacer más flexible su obtención.
¿Se deben otorgar beneficios carcelarios? Probablemente, sí. El asunto estriba en que hay que ser bastante responsable en el momento de decidir a quiénes se les dan.
De lo contrario, que nos expliquen si, por ejemplo, se les van a conceder a los homicidas que participaron en el caso de los degollados.
Entonces, debemos tener una mirada clara.
Señor Presidente, reitero que rechazamos la violencia que encapuchados o no encapuchados ejercen contra las personas y contra las propiedades pública y privada.
Creemos que el actual sistema se halla dotado de las herramientas legales necesarias para enfrentar tales conductas.
Lo que se está proponiendo impide que los jueces apliquen penas con justa proporcionalidad y con gradualidad adecuada.
Porque no es igual saquear un local comercial pequeño -por cierto, eso es muy doloroso y perjudicial para su dueño- que interrumpir el derecho de los ciudadanos a transitar por las calles. Evidentemente, ambas situaciones no pueden ponerse en la misma balanza.
Esas son, a mi entender, las cuestiones que esta iniciativa es incapaz de distinguir. Tales son las situaciones en que este proyecto abusa¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora ALLENDE.- Gracias.
Decía, señor Presidente, que esas son las situaciones que nos provocan profunda desazón.
Porque todos queremos evitar que se sigan registrando desmanes que en nada ayudan a la protesta legítima.
Sin embargo, hemos visto una tremenda insolvencia para enfrentar el problema. No existe capacidad preventiva, los servicios de inteligencia han fracasado una y otra vez.
En esa línea, se sigue la política del "arrastre" (algo así como la pesca del mismo nombre): se detiene a 300 o más personas y después todas quedan en libertad. ¿Y saben por qué? Porque no existe ninguna prueba. Y los jueces no pueden encarcelar a la gente si no hay pruebas.
Aquello habla de la ineficiencia de nuestros servicios de inteligencia y de las políticas que se aplican. Y con eso solo estamos logrando más hacinamiento en las cárceles. A veces la gente está en ellas justificadamente, pero sin ninguna posibilidad de reinserción o de rehabilitación, y otras, de manera injustificada.
Entonces, señor Presidente, me parece que el texto sugerido amerita otra mirada, mucho más amplia.
Por lo expuesto, no estoy de acuerdo con esta iniciativa, que se ha prestado para abusar políticamente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, esta es una de las discusiones más extrañas que he oído en el último tiempo. Y, en mi concepto -solo hablo por mí-, refleja una politización no solo sorprendente sino además censurable que la Concertación está haciendo de medidas mínimas para controlar el orden público.
¿Qué se está planteando aquí?
Hay una táctica muy precisa y todos hacen el mismo diagnóstico: es insoportable la alteración consistente del orden público, que pasa a ser casi un ritual de la actividad de los chilenos, y es inaceptable la existencia de encapuchados que actúan impunemente en distintos ámbitos y provocan daño a la propiedad privada o, lo que es mucho más serio, a las personas.
Nadie ha discutido el diagnóstico, pero todos se las han arreglado para buscar no hacer nada como consecuencia de él.
Algunos sostienen que hay insuficiencias, que es culpa de las policías. ¡Y estamos pidiendo un mínimo!
A este mismo Gobierno, al que se acusa de no haber tenido éxito en las políticas públicas requeridas para enfrentar la delincuencia, cuando pide una herramienta le responden: "Usted ha fracasado: no se la damos".
Algunos, porque consideran que este es un problema de las policías.
Otros, porque estiman que hay normas suficientes. Pero lo que no dicen es que esas son las mismas normas que han significado que, de 10 mil 238 detenidos en los últimos dos años por incurrir en conductas como las explicitadas, al final haya no más de 6 condenados.
Entonces, señor Presidente, más allá de la política, de la cosa contingente, de que tengamos elecciones, de que no exista el propósito de darle siquiera una herramienta al Gobierno actual -ello es muy censurable-, creo que en esta materia hay una sorprendente falta de visión de país.
Claramente, existe una errónea tipificación del delito en el caso de las conductas relacionadas con los desórdenes públicos. La articulación vigente -como se ha mencionado- es decimonónica, no tiene nada que ver con el mundo moderno.
Entonces, ¿dónde está el problema de incorporar como delitos de desorden público la paralización o la interrupción, mediante violencia o amenaza, de servicios públicos; o el impedimento o la alteración, en igual forma, de la libre circulación de las personas?
Alguien me señala: "Se puede interpretar lo mismo sobre la base de otra disposición". Pero, ¡oh sorpresa!, esa disposición nunca se ha aplicado. Y si no se ha aplicado jamás, ¿no será porque en la práctica es insuficiente o está mal concebida?
Me parece que esto es lo que uno haría en cualquier materia, más aún ante esta cuestión tan delicada, en que se amenaza la continuidad del entendimiento en nuestro país.
En efecto, cuando una protesta social legítima es vinculada indefinidamente con la creación por algunos de un espacio delincuencial, en último término -es una teoría en todas partes del mundo- se generaliza una conducta y, adicionalmente, se genera en el ciudadano común y corriente, en el ciudadano de a pie, una sensación de impotencia frente al actuar impune en aquel ámbito.
Yo no he escuchado ningún argumento de fondo que respalde por qué la tipificación de desórdenes públicos que se plantea es equivocada. Sí, he oído decir que resulta insuficiente, argumento que para estos efectos no empece. Y también, que la norma actual es suficiente; pero tan suficiente es que ¡todos quedan libres...!
Una segunda lógica, señor Presidente, tiene que ver más con el sentido común: la incorporación de una agravante respecto a quienes se encapuchan para realizar las acciones en comento.
Señores colegas de la Concertación -con algunos llevamos varios años mirándonos las caras-, ¿no es acaso de sentido común que si alguien se encapucha durante una manifestación pública que termina en desórdenes la sociedad tenga derecho a entender que en su conducta hay una actitud agravante? ¿Acaso ello no es de un sentido común esencial? ¿O se estima perfectamente legítimo andar encapuchado por la vida y que los desórdenes, la violencia, el desamparo, la impunidad no tengan nada que ver con la falta de sanción de esa conducta?
Entonces, obviamente los Gobiernos van pasando y vienen otros distintos, pero las leyes y la falta de responsabilidad van quedando.
Y, por una vía a mi juicio muy ilegítima, con la frase "Se está criminalizando" se apunta a identificar a quienes hacemos un esfuerzo honesto por dar más elementos a policías y jueces para poder sancionar¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor COLOMA.-... actitudes que nos parecen negativas. ¿Esa criminalización de dónde viene? ¿No será un lenguaje justamente primo hermano de la impunidad? Porque lo que se está haciendo es valorar esta última si, al final, para no hacer nada, se usa una palabra que atemorice. Eso cada día va a ser más complejo.
Entiendo que algunos parlamentarios de la Concertación dicen: "Sigamos así". Está bien. Es su responsabilidad. Son mayoría. Entonces, habrá más marchas, más desórdenes, más encapuchados, y no va a pasar nada, porque aquí, cuando se presentó una opción, se dijo que no.
Y expondré un último argumento. Algunos me expresan: "Ustedes no quieren, como Gobierno, seguir llenando de gente las cárceles". Por mi parte, ¡deseo que alguien vaya a la cárcel, en este caso -no se trata de que se llenen los recintos de reclusión-, por actuar en manifestaciones encapuchado contra chilenos!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quisiera partir expresando que me extraña mucho que, para tratar el proyecto de ley que nos ocupa, de gran importancia, y estudiarlo con la calma que requiere un articulado de esta envergadura, la Cámara de Diputados haya contado con dos años, y que, a días de la próxima elección, el Gobierno lo haya calificado con urgencia de "discusión inmediata" para su consideración por el Senado.
Ello evidentemente obedece a una estrategia, diseñada por el Gobierno junto con el comando de la candidata señora Evelyn Matthei, para abordar la cuestión de la delincuencia, lo que quedó claramente demostrado en el debate de anoche, porque ella nos llamó precisamente a aprobar la iniciativa.
Como se lo expuse al Ministro señor Chadwick, quien formó parte, siendo Senador, de la Comisión de Constitución, deseo consignar, responsablemente, que en ese órgano técnico siempre hemos trabajado con tranquilidad en los proyectos de ley -y usted, señor Presidente, lo integró y lo presidió- para hacerlo como se debe. Ahora no tuvimos esa posibilidad.
Lo segundo que quiero dejar claro es que todas las organizaciones que se hicieron presentes -y tuvimos que ocupar esta Sala, porque fueron muchas las que invitamos-, más todos los profesores de Derecho Penal, excepto el señor Acosta, abogado del Ministerio del Interior, estuvieron en contra de la iniciativa. Y hago referencia a docentes de distintos pensamientos políticos, de diferentes universidades, incluido el señor Juan Pablo Mañalich, hijo del Ministro de Salud del Gobierno.
El asunto escapa, entonces, a lo que algunos señores Senadores están aquí sosteniendo en el sentido de que media una ideología, o un pensamiento, o a lo mejor un obstruccionismo para considerar un proyecto sobre cuya base se pretende afirmar, en la última hora del Gobierno del Presidente Piñera, que se quiere hacer algo respecto de la delincuencia, en circunstancias de que podemos apreciar que esta constituye el problema número uno de los chilenos y que los índices de victimización han aumentado, al igual que los delitos.
Deseo consignar que combatir la delincuencia es difícil y que creo que el Primer Mandatario, cuando fue candidato, equivocó su campaña al afirmar que iba a terminar con la puerta giratoria, con la persistencia del problema, porque decirlo es irresponsable. En efecto, la tarea debe abordarse con prevención, con persecución penal eficiente, con recursos adecuados para rehabilitación y con reinserción en la sociedad de las personas que han sido privadas de libertad.
Y el problema se debe atacar en su conjunto. Para eso, aprobamos unánimemente en el Congreso, con muy buena voluntad, la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con una Subsecretaría de Prevención del Delito que ha aplicado programitas, pero no una política real de prevención del delito. Vale decir, no nos ha ido bien en la materia. La cuestión tiene que enfrentarse como una política de Estado.
El proyecto no mejora el ataque a la delincuencia y realmente ha sido tratado con absoluta ligereza. Por algo, la Cámara de Diputados, que lo vio en dos Comisiones y se tomó dos años para analizarlo, lo rechazó. ¿Y qué ha hecho el Ejecutivo? Ha resuelto reponer todas las indicaciones desechadas en la otra rama del Congreso y ha calificado la iniciativa con urgencia de "discusión inmediata", para que sea discutida en seis días por el Senado.
Ahora bien, respecto al texto mismo,...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Cuenta con un minuto para concluir, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Me voy a referir a dos aspectos, señor Presidente, que a mi juicio son extraordinariamente delicados.
Se ha expuesto que el Código Procesal Penal no contiene disposiciones que permitan detener a encapuchados. Sin embargo, el artículo 85 de ese ordenamiento, fruto de la agenda corta, expresa: "Control de identidad. Los funcionarios policiales (...) deberán, además -no se emplea la palabra "podrán"-, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, (...) o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad".
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Lo lamento, señora Senadora, pero terminó su tiempo.
El señor WALKER (don Ignacio).- Dele un minuto más, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Alguien se lo traspasará?
El señor LAGOS.- Le cedo dos.
La señora ALVEAR.- Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede proseguir, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Entonces, existe la obligación, no la facultad, de detener a cualquier encapuchado, de acuerdo con el artículo 85 del Código Procesal Penal.
Y quisiera recordar un solo caso -lo mencioné en la Comisión-, que vi en televisión. En una marcha, un abogado de la CUT salió en defensa de una señora que iba por la calle y fue agredida por encapuchados, los que le tiraron piedras al profesional, quien quedó con sangre en la cara producto de sus heridas. Las imágenes mostraron que los carabineros no hicieron nada en esa situación concreta, si bien he visto que en muchas otras sí actúan. Conforme a la disposición legal citada, ¡ellos sí deben detener a los encapuchados! Y no se necesita ninguna ley adicional, porque el Código Procesal Penal lo establece en forma totalmente clara. Si no proceden en esa forma, no están cumpliendo con su deber.
Como también intervine en la Comisión, el Senador señor Espina ha hecho un intento de festinar expresando que estoy manifestando algo incierto.
Cabe recordar que el artículo 410 bis, nuevo, que se propone agregar al Código Penal y que el Gobierno repuso como indicación aquí, en el Senado, señala textualmente -como tengo poco tiempo, voy a leer solo la parte pertinente- que "Quienes incurrieren en las conductas descritas en el artículo 269 (¿) y cubran su rostro con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con el máximum de la pena establecida para el delito, si ésta constare de un grado de una divisible, o no se aplicará el grado mínimo, si constare de dos o más grados.".
En el órgano técnico conté un hecho que viví. Un día salí del Congreso sin tener idea de que había una marcha en la cual participaban encapuchados y, como uso pañuelo, lo utilicé para cubrirme, esto es, me "transformé" en uno de ellos. La disposición hace referencia al "uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos". Y socorrí a una señora de edad avanzada que también se puso uno para protegerse de las bombas lacrimógenas. Los carabineros felizmente no me detuvieron, porque iban más atrás, pero perfectamente podrían haberlo hecho. ¿Saben Sus Señorías por qué? Porque entremedio los encapuchados tiraban piedras y realizaban desmanes, lo que reprocho absolutamente, y la fuerza policial toma dicha medida cuando ello ocurre y hay personas corriendo, entre las cuales iba la Senadora que habla, quien ayudaba a la anciana. Seguramente me habrían dejado después en libertad; pero me habrían detenido, de acuerdo con los términos del artículo 410 bis, porque iba encapuchada.
Entonces, señor Presidente, ¡por Dios que hay que legislar con cuidado! Por lo menos a mí, como abogada, me hace mucha fuerza siempre hacerlo en forma responsable. Y la responsabilidad consiste, en materias penales, en las cuales no soy especialista, en tener siempre presentes las opiniones de quienes sí lo son. Como ninguno de ellos está a favor de la iniciativa, excepto el abogado del Gobierno, no puedo respaldarla con mi voto.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Muy bien!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, como el asunto reviste bastante importancia, voy a permitirme leer un texto.
Además, hemos sido exhortados a participar en la discusión con seriedad y, en lo posible, escuchándonos unos a otros.
Me remito al documento:
"En el último tiempo hemos podido ver cómo, con el pretexto de participar en legítimas manifestaciones ciudadanas, una o más personas han incurrido en conductas delictivas o dañosas, que deslegitiman el ejercicio de los derechos garantizados por la Carta Fundamental y provocan diversas consecuencias en el patrimonio público y privado.
"Esta realidad, que por lo demás es lamentablemente común en diversos otros países, hace necesaria una revisión de nuestra legislación, de manera que la autoridad cuente con herramientas adecuadas para la prevención de dichas conductas, o para su ejemplar sanción en el caso que se produzcan.
"Esto es particularmente importante en la medida que la violencia con la que estos pseudos manifestantes actúan se ha presentado como un problema creciente; porque las personas que toman parte de estos actos vandálicos suelen hacerlo ocultando sus rostros, y porque las policías no cuentan con los medios de prueba idóneos para su identificación y persecución".
Termino de leer, para no aburrir a mis colegas, especialmente de la Democracia Cristiana. Pero esta lectura ofrecía algún interés, porque es -verbatim, como dicen los más ilustrados- la del mensaje con que Michelle Bachelet inició un proyecto de ley el 21 de noviembre de 2006. Y lo firma también un distinguido miembro de la Democracia Cristiana: el señor Belisario Velasco.
En consecuencia, creo que estamos ante un diagnóstico compartido. Y eso ya es una gran ventaja. Porque algunos han dicho que hay aquí un apresuramiento legislativo. La verdad es que no es el caso. El asunto ya fue planteado por el Ejecutivo -repito- el 21 de noviembre de 2006, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, a quien le encuentro toda la razón.
Ahora, una iniciativa legal, con algunos cambios, ha sido estudiada durante dos años, ha avanzado penosamente, y llegamos, así, al fin del Gobierno del Presidente Piñera. Por lo tanto, no media un cálculo. No se está procurando crear una herramienta ad hoc para reprimir el legítimo ejercicio del derecho de manifestaciones públicas.
Porque también se ha dicho aquí que hay un ánimo antidemocrático, un propósito velado de reprimir el derecho a reunirse pacíficamente, contemplado en el artículo 19, número 13°, de la Carta. Nada de eso. Al contrario, algunos de los integrantes de la Comisión de Constitución pensamos que este es, precisamente, el mejor momento, porque no se puede aseverar que la iniciativa sea para servir los "ruines" propósitos del Gobierno a cargo.
¡Hay gobiernos que suelen abrigar estos últimos¿! ¡No hay que admirarse de eso¿!
En este caso, se trata, simplemente, de entregarle una herramienta a la Administración que venga, cualquiera que sea su color o definición.
Ahora, la discusión, que fue interesante, efectivamente tuvo el aporte de varios profesores de Derecho Penal. Lamentablemente, ellos a veces se acercan a estos problemas con un criterio de laboratorio jurídico y no suelen exhibir el engranaje con la realidad que es necesario y que distingue entre la enseñanza, por una parte, y el ejercicio del poder y el resguardo del orden público, por la otra. Son cosas diferentes.
Me permito citar algo de legislación comparada. No todo lo que es bueno en otros países es bueno para Chile -y eso lo admito y lo diré en todas partes y cuando sea necesario-, pero conviene saber que uno está respondiendo a una cierta corriente intelectual más o menos compartida con países con los cuales tenemos alguna afinidad cultural.
¿Qué dice el Código Penal suizo, por ejemplo? Artículo 260: "1 Toda persona que tome parte en una asamblea pública turbulenta"¿
¿Mis Honorables colegas imaginan lo que es la definición de "turbulencia" para un suizo? Estimo que nuestro baile nacional, la cueca, debe de parecerle a uno de ellos un desorden gravísimo, por ejemplo¿ Señalo nada más que eso: ¡la turbulencia en ese país! O sea, ¡vaya usted a golpear muy fuerte la puerta de un banco y pueden ejecutarlo¿!
Suecia tiene algo parecido.
En seguida, cabe fijarse en lo que dice la legislación canadiense: "Una reunión ilegal es un conjunto de tres o más personas" -ya cuatro estarían sometidas a escrutinio- "que, con la intención de llevar a cabo cualquier propósito común", etcétera.
Vaya, vaya. "Propósito común": "¿Vamos al estadio, chiquillos?", "¿Vamos al Chancho con Chaleco?". No sé si este último existe todavía. "Propósito común". ¡Ojo!
Pero, en fin, ¡Canadá es un país seguramente tiránico¿!
En Alemania, que inspira a muchas personas, incluso a algunas que esperan llegar a la Presidencia, la perturbación del orden público dice relación con el que participe en actividades violentas o profiera amenazas "de una manera tal que ponga en peligro la seguridad pública"¿ O sea, cuando se van a subir a la micro ya están¿
¿Puede concederme un minuto más, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Conforme.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Iba sumamente embalado y podría citar mucha legislación similar susceptible de servir para el caso.
Sí quiero referirme a un punto que aquí ha sido tocado. Efectivamente se suele retener personas -ya no se las detiene, dicho sea de paso-, y los profesores invocados dijeron que no había condena seguramente por defectos en la prueba. Pues bien, aquí hay un elemento que permite probar cuál es el rostro del que integra una manifestación. La referencia al uso del capuchón no tiene que ver simplemente con un problema de otitis: obedece a que se está buscando una definición común para los que participan en el acto y esconden el rostro, a quienes no es posible identificar aun cuando se use una filmadora.
Ahora, el artículo 85 citado por la Honorable señora Alvear -no se vaya a entender mal, señor Presidente- no tiene nada que ver con la situación, porque solo permite pedir que se identifique la persona. No conlleva sanción alguna.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Aprovecho de saludar a la delegación del Club de Adulto Mayor "Oro Verde", que nos acompaña desde las tribunas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Y también saludo a los alumnos y a las alumnas de The Grange School, de La Reina, que nos acompañan en las tribunas.
¡Bienvenidos a esta sesión!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela, para fundamentar el voto.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto es relevante.
Como en todas las cosas, uno puede tener opiniones propias, pero no datos propios. Estos se conocen y son absolutamente evidentes.
El país entero, de Arica a Magallanes, ve cada cierto tiempo a través de las pantallas de televisión cómo manifestaciones declaradas pacíficas -acompañadas muchas veces por la fuerza policial- se transforman en hechos de mucha violencia y daño para las personas y los bienes debido a la acción de encapuchados, lo que perjudica notoriamente esa marcha.
¡Ese hecho no puede ser desmentido!
Muchas veces hemos presenciado mediante la transmisión televisiva cómo una movilización transcurre sin contratiempos durante una o dos horas. Pero basta que aparezcan encapuchados para que esta se convierta en un acto violento, que genera daño a los bienes y provoca riesgo a la integridad física no solo de Carabineros, sino también de los transeúntes.
Ese es un dato que debemos tener sobre la mesa. ¡Y nadie puede desmentirlo!
Un segundo antecedente es que, pese a lo que hemos visto durante mucho tiempo, nadie es sancionado ni condenado por tales acciones. Tampoco nadie puede discutir esa realidad. Ello no encuentra fundamento en la actual legislación, porque, como señalaron tanto el señor Ministro Andrés Chadwick como el Senador Espina, el artículo 269 del Código Penal claramente no da cuenta de la situación real.
Por lo tanto, para enfrentarla, debemos tipificar como delito el accionar de quienes ocultan su rostro para causar daños a terceros, aprovechándose de manifestaciones que la mayor de las veces son pacíficas.
¡A esas personas hay que sancionarlas; a esas personas hay que condenarlas; a esas personas hay que investigarlas!
Y quiero desmentir, absolutamente, el argumento de que aquí se busca criminalizar el movimiento social.
Durante los últimos cuatro años la autoridad, sobre la base de todas sus potestades, ha autorizado un sinnúmero de movilizaciones de distinta índole, y les ha otorgado protección policial. Por tanto, no existe tal intento de criminalizar.
Aquí lo que se pretende -lo vuelvo a decir- es sancionar a quienes ocultan su rostro para generar perjuicios y cometer delitos.
¡Cómo no va a ser posible contar con una legislación que permita a Carabineros detener y a tribunales sancionar al encapuchado que tira una bomba molotov contra un carabinero o un transeúnte! Como no existe la tipificación específica, muchas veces esa persona es detenida por la policía y sale libre 24 horas después.
En efecto, la tipificación contenida en el Código Penal en esta materia no permite enfrentar adecuadamente tal situación.
El orden público es responsabilidad de los gobiernos. Y estoy seguro de que todos los que ha habido hasta ahora han tenido especial preocupación por ese aspecto.
Quiero recordar, señor Presidente, cuando un gremio del transporte -no me acuerdo si era el de los microbuseros o el de los camioneros- se tomó las calles de Santiago. Entonces se aplicó la Ley de Seguridad del Estado, de buena manera, de modo correcto. Tal acción produjo una situación absolutamente dañina para los demás. Uno podría decir: "Se estaban manifestando pacíficamente", pero también estaban trastocando la vida de una ciudad, y existía un instrumento legal para sancionar a quienes promovieran tal movilización.
Algo similar se busca con la iniciativa que nos ocupa.
Respetando todas las opiniones, me parece que los datos sobre la mesa exigen que, como país, enfrentemos adecuadamente la realidad descrita, antes de que se transforme en algo inmanejable; de que la impunidad genere más delito y violencia, y de que se termine dañando incluso a los propios actores sociales, a las propias movilizaciones.
Debemos procurar que las marchas sean pacíficas y que se sancione a quienes las usen para cometer delitos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hago presente que hay 10 Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma, para fundamentar el voto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, cuando veo personas que alteran una manifestación pública con el propósito de distorsionar sus demandas, me indigna. Creo que eso atenta contra el derecho a la libre expresión.
Por otro lado, siento que el anuncio de este proyecto se encamina más hacia los titulares de los medios de comunicación que a volver eficaz la persecución del delito o a impedir que las marchas pacíficas se conviertan en actos de violencia.
En mi opinión, esta iniciativa busca criminalizar la protesta social, fijando ilimitados tipos penales y estableciendo como delito convocar a marchas, usar una capucha o bien paralizar o interrumpir algún servicio público.
Hoy día los funcionarios municipales de todo el país están en paro, han paralizado los servicios que prestan. Ello ha generado una crisis: la gente no ha podido deshacerse de la basura; ninguno de los servicios brindados por los municipios ha atendido a los ciudadanos. ¡Y hay indignación por eso!
Si estuviese vigente esta propuesta legislativa, los trabajadores municipales, quienes legítimamente reclaman por un derecho que se les ha negado, estarían con seguridad procesados o detenidos. Ello, en virtud de una ley que impediría el legítimo derecho a manifestarse cuando la autoridad no resuelve por los caminos adecuados -o no escucha ni atiende- una petición ciudadana.
Ese ha sido un criterio generalizado durante el último tiempo. Cada vez más son los ciudadanos los que presionan al Ejecutivo, a través de manifestaciones, para obtener una solución.
Señor Presidente, deseo manifestar que he tenido experiencias distintas respecto de lo que el proyecto dice perseguir.
En 2012 se produjo un atentado al interior de la construcción del nuevo aeropuerto de la Región de La Araucanía. En el marco de la investigación y en virtud de las facultades con que cuentan la Fiscalía, Carabineros y la PDI, se llevó a cabo el allanamiento a la vivienda de Jorge Painevilu, un comunero indígena de la comuna de Freire, en Mahuidache.
A las cinco de la mañana llegaron a la casa de esta persona al menos 20 vehículos policiales, un helicóptero y cerca de un centenar de funcionarios para efectuar el allanamiento. Personal de fuerzas especiales de Investigaciones, que estaban encapuchados, apuntaron con su arma y les pusieron esposas a los hijos de Jorge Painevilu, que son menores de edad. Se llevaron las especies que encontraron en la vivienda (el computador, las vestimentas, todo) y hasta el día de hoy -este hecho ocurrió el 30 de abril- no las han devuelto. Debido a ello, la Fundación Instituto Indígena presentó una querella, que están resolviendo los tribunales.
¡No debiera aceptarse tal abuso por parte de las fuerzas especiales hacia esas personas!
Además, al término de la investigación, los tribunales dejaron libre de cualquier acusación al dueño de casa o a sus hijos.
Frente a eso, me dicen: "Queremos sacar adelante una iniciativa especial que se ha discutido desde hace más de un año en la Cámara de Diputados". ¡Felizmente, está concitando rechazo! Se trata de un proyecto de ley que tiene por finalidad hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno está cumpliendo con su objetivo de luchar contra la delincuencia, materia en la que ha fracasado.
Voy a rechazar esta iniciativa, pues, en definitiva, criminaliza la protesta social y las movilizaciones, y no resuelve el problema de la delincuencia. ¡No es eficaz ni eficiente, y su objetivo es solo un asunto publicitario!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar, para fundamentar el voto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el debate, y creo que los antecedentes entregados por los integrantes de nuestra bancada en la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento, contenidos también en el propio informe, demuestran que la discusión ha sido insuficiente.
Este Gobierno mantuvo el proyecto en la Cámara de Diputados casi dos años, renovando la "suma" urgencia. No sé por qué allá no le puso "discusión inmediata". ¡Pero llega aquí, al Senado, y quiere que se despache en dos sesiones!
Desconozco si ese fue un acuerdo que se tomó en el comité político de La Moneda el lunes pasado, donde seguramente se analizó lo que estaba pasando en la campaña electoral.
¿Cuál es el objeto de ponerle "discusión inmediata" ahora?
¿Por qué no podemos estudiar la iniciativa con mayor detención?
¿Por qué no atender lo argumentado en la Comisión de Constitución por los profesores de Derecho Penal, que tiene mucho mérito?
Al respecto, no estoy de acuerdo con la reflexión un poco simple que hizo el Senador Carlos Larraín. Hay que argumentar desde una postura más cercana a la realidad, a lo que nos dice la gente que conoce el problema desde la perspectiva del Derecho Penal.
Todos han señalado que no es posible aprobar este proyecto en los términos en que está.
Los Senadores estamos en contra de los actos de violencia. Yo solidarizo, incluso, con los carabineros que han sido agredidos o heridos en ese tipo de manifestaciones. Rechazo toda violencia, sin importar quien la haya cometido.
¡Pero por qué se nos quiere forzar -esto es una falta de respeto hacia el Senado- a que en un período brevísimo, sin la información suficiente, aprobemos esta iniciativa! Esta debe ser estudiada mucho más a fondo. Y si los Senadores de Gobierno creen que debe citarse a nuevos expertos constitucionalistas y penalistas, invítenlos. ¡Pero no nos obliguen a realizar este debate ahora! ¿Cuándo? ¡Quince días antes de una elección!
Yo tengo todo el derecho a presumir que aquí hay una intencionalidad política. No veo por qué el Gobierno, que ha hecho de la seguridad pública una de sus tareas más importantes y en lo cual no ha obtenido buenos resultados, nos obliga a legislar sobre la materia ahora, mediante la urgencia de "discusión inmediata".
Insisto: ¡esta es una falta de respeto al Senado!
Este asunto debería ser discutido nuevamente en la Comisión de Constitución.
Estoy de acuerdo en que todo gobierno requiere disponer de las mejores normas para evitar actos de violencia y sancionarlos.
He escuchado aquí -también he leído al respecto- que varias disposiciones legales permiten combatir algunas de estas acciones, por lo que no es necesario otro mecanismo. Así lo han dicho, incluso, los penalistas que proporcionaron información en la Comisión. Se ha señalado que el artículo 85 del Código Procesal Penal permite a la policía intervenir para los efectos de identificar a las personas que estén encapuchadas y que, por tanto, es innecesario el artículo 410 bis propuesto para sancionar tales conductas.
Es evidente que debemos trabajar mucho más a fondo esta materia.
Por las razones expuestas, voto en contra del proyecto en general. Con tal pronunciamiento, más que no querer legislar sobre el particular, busco que la iniciativa vaya a Comisión Mixta, para que ahí se estudie la materia como corresponde, fuera del proceso de campaña electoral, después del 18 de noviembre, una vez conocido el resultado de la elección presidencial. A lo mejor, entonces podremos examinar la propuesta legislativa con mucha más calma y elaborar un buen texto.
Insisto: no permitiré que se me trate de forzar a legislar respecto de un asunto tan delicado sobre la base de la urgencia de "discusión inmediata".
¡Esto no puede ser aceptado por el Senado porque constituye una falta de respeto!
Por los motivos expuestos, voto que no.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Aprovecho de saludar a otro curso de The Grange School, que se encuentra en las tribunas.
Recién pasaron unos compañeros suyos y, además, aquí hay al menos dos exalumnos de dicho colegio.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- También saludo a una delegación del colegio Los Agustinos, de Talca.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
En la Sala se encuentran los Senadores señores Coloma y Zaldívar, quienes representan esa zona.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que el término del Orden del Día es a las 2 de la tarde, y todavía hay varios señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclarar algo que, aunque puede estar de más, es bueno explicitarlo, sobre todo cuando surgen emplazamientos de las bancas de enfrente en orden a que sectores nuestros podrían estar avalando conductas que terminan en hechos delictuales. ¡Muy por el contrario! La verdad es que tal planteamiento es una pequeñez. Y no debiese ser tema.
Pero es bueno reafirmarlo: nadie de este lado ni de ningún otro puede, sensatamente, respaldar actos de violencia.
En segundo término, deseo señalar que estamos frente a un fracaso rotundo de este Gobierno respecto del combate contra la delincuencia. Y eso lo reflejan todas las encuestas. De hecho, el Ministro del Interior señor Hinzpeter -la iniciativa en análisis lleva su nombre- salió de su cargo seguramente por la mala evaluación en dicho ámbito.
A propósito de nombres personales, hay muchas leyes que se identifican así: por ejemplo, la "Ley Zamudio", en materia de discriminación; la "Ley Bustos", en materia laboral; la "Ley Valdés", en materia de donaciones culturales. Pero la "Ley Hinzpeter" muestra un estilo, una forma de ver a la sociedad, que no se hace cargo de que Chile cambió.
Es imposible no recordar la visita que, a pocos días de asumir este Gobierno, el Presidente Piñera y el Ministro Hinzpeter hicieron a los cuartes policiales, a las fuerzas especiales, las mismas que llegaron a este Congreso, en medio de la criminalización de la protesta social, por orden del general Rodolfo Pacheco, quien era Jefe de la Quinta Zona Valparaíso. Porque llegaron al Parlamento las fuerzas policiales, no los carabineros que estaban para custodiar el orden y proceder en los casos que corresponda.
Por lo tanto -insisto-, aquí ha habido un fracaso rotundo frente a la delincuencia.
Tal vez aquello obedece a una mirada venida desde afuera y que rápidamente el Gobierno hizo suya. No sé si fue producto de los viajes del Primer Mandatario a Colombia, época en que el actual Presidente Santos era Ministro de Defensa y les vendió una idea que se ve muy bien reflejada en las imágenes que se pudieron apreciar a los pocos días de asumir el mando el Presidente Piñera, cuando fue a visitar a las fuerzas especiales: "la arenga del sheriff".
¡Esta es la lógica del sheriff!
Además, es del caso destacar que esto -y, quizás, es lo más preocupante- surgió en un contexto viciado. Porque la iniciativa que nos ocupa nació para enfrentar las movilizaciones a partir de 2011.
Y, al respecto, existe un valor en juego: circular libremente, con tranquilidad y seguridad, por las calles y los espacios públicos de Chile. Sin embargo, eso entra en colisión con algo que algunos señalaron al pasar. Y yo diría que el Senador Coloma fue el más claro en ese sentido. Indicó: "Si no aprobamos esto, van a volver las protestas".
¡Ese es el temor de la Derecha!
Y seguramente ese gran temor está detrás de la creación de este proyecto de ley. Porque a este Gobierno le molesta que la gente se exprese y se manifieste en contra de sus políticas públicas, de sus ideas, que hoy día son mayoritariamente rechazadas por los chilenos.
A propósito de los resultados de la encuesta CEP -a ese respecto la candidata Matthei nos pedía ayer aprobar esta "Ley Hinzpeter"-, algunos personeros de la Derecha afirmaron que en ese tipo de mediciones siempre les da ocho o nueve puntos menos. Probablemente con esa misma lógica, frente a la consulta relacionada con la alta preocupación que existe en Chile por la delincuencia, en dicha encuesta ello esté también ocho o nueve puntos por debajo y que el descontento hacia este Gobierno en este ámbito sea todavía mucho mayor. Recordemos que se ofreció terminar con la "puerta giratoria"; se ofreció paz y tranquilidad. Pero se hizo con la lógica del "sheriff", con la lógica de aplastar un valor sobre otro derecho: el de la libre circulación sobre la libre expresión.
En consecuencia, al no tener regulados aspectos tan importantes como el derecho a reunión surge este error de contexto del proyecto.
Y como muy bien dijo la Senadora señora Alvear, hoy día tenemos herramientas. Por eso, esto no es más que un titular, por lo cual el proyecto va a resultar completamente ineficaz cuando sea ley, porque el artículo 85 del Código Procesal Penal -según se señaló- permite, por la vía del control de identidad, retirar la capucha y proceder. Pero pasa que para algunos en la lógica policial de Carabineros de Chile -espero que sea minoritaria- lo fácil es el garrote, por lo cual lo que tenemos, en definitiva, es que los autores de delitos son perseguidos con negligencia e impericia. Se advierte en la actualidad inteligencia policial deficitaria e incapacidad para aislar a los grupos que cometen actos de vandalismo. Y, lo que es peor, se reprime indiscriminadamente muchas veces a personas que se manifiestan en forma pacífica y no a los violentistas.
Entonces, francamente, la confección del proyecto fue apresurada, saltándose cualquier procedimiento reglamentario, lo que es una muy mala noticia. Por eso tenemos que rechazarlo, porque representa un titular. En él no hay nada de fondo. Es solo para que un Gobierno que termina pueda decir: "Dejamos hecha una ley y si el problema subsiste, va a ser problema del próximo Gobierno".
Pero aquí no nos estamos haciendo cargo, en absoluto, de los temas de fondo.
Hay herramientas legales para perseguir este tipo de delitos y yo diría que ese es el gran debate que este Gobierno, lamentablemente, ha dejado oculto.
Voto en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, este debate me hace recordar la discusión sobre el proyecto de ley de violencia en los estadios. Y quiero hacer un matiz de diferencia con el problema de seguridad ciudadana. No nos hicimos cargo oportunamente de la Ley de Violencia en los Estadios y al final las personas violentas terminaron tomándose los campos deportivos, con lo cual impidieron que las familias fueran a ellos.
Legislamos tardíamente, y aún creo que no de manera ejemplarizadora.
Esto no tiene que ver con la seguridad ciudadana, sino con cómo personas encapuchadas alteran y destruyen a quienes quieren reunirse pacíficamente. Ese es el tema de fondo. El rechazar la idea de legislar es desconocer esa realidad, porque claramente las herramientas que hoy día otorga nuestra legislación no son suficientes.
Este problema es ajeno a la seguridad ciudadana, pues simplemente tiene que ver con contar con normativas ejemplares para impedir que personas violentistas y encapuchadas, en definitiva, terminen alterando lo que legítimamente se debe hacer y resguardar en democracia: el derecho a reunirse y a manifestarse.
Eso es lo que estamos discutiendo hoy día, y que no obedece a una coyuntura. Porque, si el Senado aprueba la idea de legislar, se va a la discusión en particular y perfectamente se puede perfeccionar el proyecto. El rechazo en general implica no hacerse cargo de que los violentistas y los encapuchados al final terminen destruyendo una reunión pacífica a que en democracia toda organización tiene derecho.
Esa es la discusión de fondo, señor Presidente.
Hace pocos días vi una imagen que seguramente recorrió el mundo entero. El hecho ocurrió en Inglaterra. Nadie puede discutir que un país de esa tradición aplique normas ejemplares para resguardar ciertas acciones. En una manifestación realizada después de un partido de fútbol, una persona agredió al caballo en que un policía iba montado. Le aplicaron un año -¡un año!- de privación de libertad y la prohibición de por vida de concurrir a los estadios.
Si aquí no aplicamos penas ejemplares para quienes alteran las manifestaciones pacíficas -los encapuchados-, desgraciadamente, van a seguir sucediendo este tipo de hechos.
Quiero terminar mi intervención con una reflexión que ha surgido en este debate: en mi opinión, corre por un carril distinto lo relativo a la seguridad ciudadana, asunto, sin duda, complejo. Tengo una mirada muy personal acerca de tal materia. Al respecto, deseo entregar dos elementos, que vamos a tener que discutir en el Congreso.
El Presupuesto, entre 2006 y 2014 aumentó de 1.900 millones de dólares a 3.700 millones en distintas instituciones: Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, Servicio Médico Legal y Ministerio Público. En todas ellas el incremento fue sobre 100 por ciento. Y los índices de victimización, evidentemente, no están a la altura de ese mayor presupuesto. Los índices de victimización, según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), afortunadamente bajaron de 31,1 a 26,3 por ciento. Hay que determinar si lo anterior es una tendencia.
El verdadero debate que deberemos tener respecto de la seguridad ciudadana se refiere a los recursos destinados a control y prevención, que son absolutamente desequilibrantes en función de 13 a 87 por ciento. También habrá que evaluar cada uno de los programas que se están realizando para que ojalá lo asignado a la ENUSC el 2012 no solo sea para tal año aislado, sino que definitivamente marque una tendencia.
Vuelvo a repetir: la discusión no es referente a la seguridad ciudadana, pues tiene que ver con cómo aseguramos a quienes quieran reunirse pacíficamente que los violentistas o las personas encapuchadas van a sufrir penas ejemplares, con lo cual se dará una señal categórica en cuanto a que tal tipo de conductas no están permitidas en democracia, máxime cuando afectan a un derecho tan importante como el de manifestarse.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la docta opinión que hemos escuchado de los Senadores señores Espina y Carlos Larraín no se ajusta a los hechos, en el sentido de que la iniciativa enviada por la ex y futura Presidenta de la República Michelle Bachelet no se correspondería con la posición de quienes, desde el mundo parlamentario, apoyamos su postulación.
Me atrevería a decir, incluso, que se falta a la verdad, porque el año 2006 hubo un acuerdo político que permitió legislar sobre esa materia, conforme al cual Carabineros quedó autorizado para hacer control de identidad a los encapuchados. Ese acuerdo a que se llegó quedó inserto en el artículo 85 del Código Procesal Penal.
De manera que, tratándose de personas de una prosapia tan extensa, significativa y relevante como la de los Senadores a los cuales he aludido, resulta sorprendente que escape a su conocimiento un hecho tan concreto, real y efectivo como el que he señalado.
No hay incongruencia entre lo que pensamos nosotros, lo que piensa nuestra candidata Michelle Bachelet y lo que hizo ella como Presidenta de la República.
Por otro lado, los robos, daños, usurpaciones, incendios, etcétera, con los cuales en algún momento nos atemorizó el Senador señor Espina en su intervención, son delitos tipificados en la normativa jurídica desde el siglo XIX. Dicho de otra manera, en las aulas de la universidad todo esto estaba en las notas, en las clases. En consecuencia, tales conocimientos fueron adquiridos por el Honorable colega. No obstante, al parecer, la memoria le está resultando frágil y lo ha olvidado.
En consecuencia, habría que decir que la normativa propuesta es enteramente innecesaria, ineficiente y tiene como propósito ocultar la derrota de la política del Gobierno en la lucha contra la delincuencia, confundiéndose dos temas completamente distintos el uno del otro: los desórdenes públicos y la lucha contra la delincuencia.
Resulta evidente que en este ámbito -que es de fondo- referente a cómo reducir la criminalidad en el país, el atemorizamiento de la población, la extensión del narcotráfico, el abuso que se comete contra los más pobres y humildes por bandas de mafiosos que asuelan las poblaciones, el actual Gobierno perdió la pelea.
Ahora bien, en cuanto a los desórdenes públicos, nosotros tenemos derecho a exigir más, porque la normativa ya existe.
Este Gobierno nos pidió legislar -y lo apoyamos- para aumentar las filas de la policía uniformada en cerca de 10 mil efectivos. Sin embargo, muchas veces uno mira con espanto cómo los famosos encapuchados hacen lo que quieren sin que las policías tengan capacidad para disuadirlos, y se han transformado en el cáncer de las protestas de ciudadanos pacíficos.
A mi juicio, no hay mal mayor en democracia que ver que las demandas legítimas de millones de personas, que también necesitan expresarse en movilizaciones públicas en las calles de las ciudades, son completamente anuladas por la acción de grupos minoritarios que atentan contra el derecho a manifestarse.
Acá hay un derecho constitucional que debe ser garantizado, y tiene que serlo por la acción de la policía y de la autoridad administrativa, que cuentan con todas las disposiciones legales para actuar en consecuencia.
Dicho de otra manera, desde nuestro punto de vista, no hay justificación alguna para generar ahora una sensación, una interpelación -como la que vimos anoche en un foro televisivo- destinada a buscar revitalizar una alicaída candidatura presidencial con la excusa de luchar contra la delincuencia.
Lo mejor para el Gobierno, creo yo, es simplemente asumir los hechos como son. El otro esfuerzo ya lo perdió. Su política fue incapaz de hacerse cargo de su principal promesa electoral.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en verdad, da pena escuchar a algunos que plantean que la lucha contra la delincuencia se ha perdido. Pareciera que esa labor fuera propia de un solo sector político y no de toda la sociedad. Espero que en el futuro todos sean juzgados con la misma vara, porque resulta tremendamente injusto escuchar en esta Sala cómo se caricaturizan las posturas del Gobierno y de la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, en estas materias.
En primer término, la Senadora señor Alvear ha señalado que la mayoría de los penalistas estimaron que no era procedente legislar al respecto. Quiero recordar que la mayoría de los penalistas también nos dijeron en el Senado que no era necesaria la dictación de leyes para tipificar el delito de femicidio. La mayoría de ellos consideró que el hecho de que un hombre asesinara a una mujer a la que en alguna ocasión le dijo que la amaba no era una agravante.
Por lo tanto, considero muy malos los ejemplos en que se cita la opinión mayoritaria de los penalistas en general.
En segundo lugar, la misma Senadora mencionada expresó que el Honorable señor Espina había festinado el asunto -utilizó este término- al plantear su postura política y conceptual en defensa de este proyecto de ley. Sin embargo, lo que el señor Senador hizo fue poner el acento en aquellos acápites que es necesario recordar: la interrupción violenta del tránsito por parte de encapuchados, que atenta contra el libre desplazamiento de las personas y a los cuales la ley -cito el artículo 85 de la reforma procesal penal- solamente permite identificar pero no sancionar, que es lo que se busca ahora con la presente iniciativa.
En consecuencia, el Senador señor Espina ha puesto el acento en lo correcto. De modo que acusarlo de festinar implica agredir a una persona que usa argumentos adecuados.
Y, en tercer lugar, creo que significa caricaturizar, como lo ha hecho la Senadora señora Alvear -me llama profundamente la atención que lo haya hecho-, el sostener que una persona usa un pañuelo en la cara para protegerse de las bombas lacrimógenas equivale a andar encapuchado. Resulta absoluta y diametralmente distinto estar encapuchado en una protesta, haciendo daño a la propiedad pública y privada, violentando y agrediendo a los policías, pegándole al resto de los manifestantes, que protegerse con un pañuelo la nariz y la boca, sobre todo si se es mujer.
¡Por Dios que es fácil hacer caricatura, y por Dios qué difícil es, en estos casos, apuntar a lo correcto!
Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley no es criminalizar la protesta social, como aquí se ha dicho erróneamente; no es penalizar la voz de la gente ni del pueblo. Lo que nosotros queremos es dar la señal adecuada y concreta de que nadie se puede meter en manifestaciones callejeras para violentar a terceros sobre la base de un derecho personal; de que nadie puede encapucharse y, amparado en el derecho a la libre expresión, llegar a romper la vitrina de un comercio, quemar el quiosco de una persona que vende diarios, destruir un local comercial, agredir a los peatones, interrumpir el tráfico en forma violenta. ¡Con respecto a eso queremos dar una señal!
Por lo tanto, emplear argumentos falaces para insistir en que esto criminaliza la protesta social resulta absolutamente irreal. La protesta social -con esto termino- no es patrimonio de algún sector político; tampoco de la Izquierda. La protesta social, en distintas ocasiones de la vida nacional, es patrimonio de todos quienes tienen algo que decir.
Por consiguiente, en nombre de la bancada de Senadores de Renovación Nacional, anuncio nuestro voto favorable al proyecto. Efectivamente, consideramos que se debe dar una señal pública en cuanto a que la herramienta más concreta que se puede otorgar a Carabineros de Chile y a las policías en general es la posibilidad de detener y de sancionar, única forma de enfrentar situaciones que se han vuelto violentas, inmanejables e incontrolables por quienes muchas veces convocan a marchas plenamente justificadas y pacíficas.
Eso es lo que nosotros llamamos a expresar hoy como señal.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, solo voy a hacer dos o tres reflexiones, porque en cinco minutos no es posible más.
En primer lugar, en el Senado se constituyó, hace ya varios años, una comisión de seguridad que tuve el honor de presidir. Trabajamos casi un año y definimos que el desafío primordial para Chile en esta materia era tener un ministerio de seguridad. Se argumentó una y mil veces que era imposible que una subsecretaría en el Ministerio del Interior fuera capaz de acometer la tarea de la seguridad ciudadana en forma integral, con independencia de un organismo que es eminentemente político. Así se ha definido en Chile; así ha sido históricamente, y así está en nuestro sistema político-constitucional, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde los ministerios de seguridad son entes esencialmente dedicados a la protección y la seguridad ciudadana y no a los problemas que tiene a su cargo el Ministerio del Interior de Chile.
Lo aporto como un antecedente que me parece importante.
En segundo término, quiero recordar que en la campaña del año 2009 el comando del actual Presidente llevó a cabo acciones para atacarme, insultarme, descalificarme y acusarme de que yo era el "indultador más grande del país". En ese comando había varias personas que ahora forman parte del actual Parlamento.
¡Qué no se dijo! En todos los foros de televisión -anoche vimos uno- me tildaron de ser el "gran indultador de Chile". ¿Qué pasó después? Este Gobierno mandó un proyecto -aquí tengo el boletín- cuando era Ministro el señor Felipe Bulnes, a quien el Senador señor Hernán Larraín le preguntó durante la discusión cuántos iban a ser los beneficiarios de la iniciativa; es decir, a cuántas personas se iba a indultar. Había 150 mujeres y otras tantas personas en situaciones especiales. En total, según el señor Ministro, se estaba hablando del orden de 6 mil beneficiarios.
Por lo tanto, no solamente ha habido un fracaso en materia de seguridad.
Quiero aprovechar esta ocasión para pedir que se envíe un oficio al Ministerio de Justicia a fin de que nos informe cuántas personas han sido indultadas y cuántas han recibido beneficios carcelarios durante estos años.
Sin duda, la cifra de favorecidos será no de decenas, sino de miles. Este es el resultado de lo ocurrido en 2009 cuando se nos anunció el "Fin de la fiesta de la delincuencia" y el "Fin de las puertas giratorias". Ahora dicen que le pusieron una bomba a la puerta giratoria, porque desapareció y salieron varios miles por diversas razones y por distintos cambios que se hicieron en el sistema de beneficios carcelarios.
Por lo tanto, ante esa circunstancia, yo hago un alegato político. Aquí se engañó al país, se engañó a la opinión pública y se me descalificó de manera insostenible, dando argumentos y cifras que no eran verdaderas, como lo han demostrado absolutamente el tiempo y la acción del Gobierno y del actual Presidente de la República en esta materia.
Por consiguiente, me gustaría conocer la cantidad oficial de indultos dados por este Gobierno, porque seguramente será mucho más abultada que la de los otorgados en nuestro período.
De otro lado, me sumo también a las expresiones del Senador Zaldívar. ¿Por qué razón sacar este proyecto a 15 días de la elección presidencial? Si todas las iniciativas tienen urgencias de discusión inmediata. Ayer estuvimos debatiendo la relativa a la regionalización del país. ¡Cuál es el apuro en despacharlas, cuando no se avanza ni se hacen cambios sustanciales!
Si se aprueba este proyecto, seguramente mañana se dirá: "El Gobierno ha logrado un éxito extraordinario". Pero si no, se afirmará: "La Oposición, una vez más, se opone a que podamos avanzar en materia de seguridad ciudadana".
Por eso, voy a votar que no.
Sin embargo, al recordar todo lo que se dijo en la campaña presidencial del 2009, todos los insultos que recibimos, todas las mentiras que se dijeron, yo pregunto: ¿a qué hemos llegado? A que este Gobierno ha indultado a más gente y no ha tenido éxito en la lucha contra la delincuencia (a pesar de que, como dijo el Senador Orpis, ha contado con todos los recursos para hacerlo), porque está mal enfocado. Hay un problema de control, de prevención, de rehabilitación; en definitiva, de gestión.
Se dio el ejemplo de los estadios. Todo allí es puro show. Esto se transforma en engañar y engañar a la opinión pública.
Voto que no.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, concuerdo con lo señalado por mis colegas al fundamentar su voto negativo, como yo lo haré en unos segundos más. Eso es lo primero.
No deseo plantear mis argumentos desde el punto de vista jurídico específicamente, puesto que no soy abogado y no tengo la experticia necesaria, sino que enfocarlos en lo que ha sido mi posición en estos temas durante toda mi vida política.
Estamos ante la vieja discusión acerca de cómo la sociedad o el Ejecutivo de turno tienen que defenderse de la violencia. ¿Cuál es el punto de encuentro preciso entre la prudencia y la eficiencia? ¿Cuál es el límite que debe tener la violencia y que debe jugarse contra ella de manera eficaz? Además, ¿cuál es el límite que han de tener el Estado, como administrador del bien común, y las fuerzas que representan su capacidad de represión, en el marco de la prudencia a fin de que no se exagere la nota más allá de lo adecuado?
Según la experiencia de lo que he visto en tantos años, aquello es muy difícil de resolver. Y se ha solucionado lo menos mal posible cuando se conjugaron a lo menos cuatro o cinco elementos.
Primero, serenidad para elaborar las políticas. Y aquí acojo los planteamientos del Senador Zaldívar y de otros parlamentarios, que sostienen: "Mire, no hay serenidad cuando se pretende que esta materia se resuelva en dos o tres sesiones".
Segundo, limpieza en el procedimiento y en los argumentos que se aplican, sin encubrir otras intenciones u otros mecanismos de convencimiento desde una perspectiva que no es límpida.
Digo lo anterior porque anoche, viendo en televisión el debate presidencial, me llamó la atención algo muy peligroso. La candidata de la Alianza, que representa al Gobierno, actuó con asertividad, con dureza, con fuerza para cargar toda la responsabilidad en los jueces, al señalar que así no se puede trabajar con esos magistrados, pues, en definitiva, tienen la puerta abierta en lo llamado como se llame.
Eso es peligrosísimo. Porque de una u otra manera ya estamos planteando una suerte de controversia, oficializada por la candidata, desde un Gobierno que es de todos los chilenos (a pesar de ser representante de un sector del país) contra uno de los Poderes del Estado. A mi juicio, esa situación es extraordinariamente difícil.
Tercero, la experiencia de aplicar -con la misma visión actual- disposiciones de muchísimos años atrás, como la Ley de Defensa Permanente de la Democracia; la Ley sobre Control de Armas y Explosivos, en determinado momento; y otras normativas dictadas para contravenir la supuesta y eventual necesidad de aumentar específicamente en ciertas condiciones las penas, me parece que fue un fracaso. Y lo digo por la experiencia que me tocó vivir en cada caso.
Finalmente, el cuarto elemento tiene que ver con que la ley no puede aplicarse solo a situaciones tan precisas, como la de las personas que van o no encapuchadas.
Aquí se ha alegado bastante que agredimos al Ejecutivo cuando señalamos que esta iniciativa legal es una suerte de justificación del fracaso. Pero, en verdad, los señores Senadores de Gobierno tienen que saber, darse cuenta y no negar lo siguiente: si la campaña presidencial de 2009 no la hubiesen realizado sobre la base del fracaso de la Concertación en esta materia, uno podría justificar lo que hoy efectúan. Sin embargo, no debieron hacer aquello y fracasar de ese modo en estos cuatro años.
En esta ley en proyecto se intenta exagerar¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Se acabó su tiempo, señor Senador. Dispone de un minuto adicional para terminar.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Gracias, señor Presidente.
Decía que se intenta exagerar ciertas penas aplicadas a un sector de la población, en el marco de una campaña donde se cargan las tintas respecto a determinadas maneras.
Sobre todo -insisto- me preocupa que la candidata de Gobierno haga una especie de crítica global sobre los jueces, porque, entonces, pisamos un terreno que no considero adecuado para lo que estamos haciendo o deseamos hacer.
Voto que no.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar el voto, el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero hacerme cargo de algunas afirmaciones que se han planteado.
En primer lugar -por su intermedio, señor Presidente-, el Senador Eduardo Frei comete un profundo error. La crítica que se le hizo durante la campaña del Presidente Piñera no fue simplemente por indultar a un delincuente común que cometió un delito menor, sino debido a que en su Administración se indultó a condenados por narcotráfico. Y esa fue una crítica política, porque nadie duda de su honorabilidad, ni de su honradez, ni de su gestión. Se trata de una crítica política pues hubo un caso puntual en que se indultó a un condenado por narcotráfico.
Sin embargo, lo que ha hecho el Gobierno del Presidente Piñera es indultar a personas a quienes les quedaban menos de 6 meses o de un año para cumplir sus condenas por delitos menores, como el de hurto. Muchas de ellas incluso estaban cumpliendo penas de cárcel por el no pago de una multa. De manera que la situación es radicalmente distinta.
En segundo término, se culpa a la Administración del Presidente Piñera por no haber realizado una buena gestión en materia de seguridad ciudadana.
Cabe señalar que, cuando recibimos el Gobierno, en el país se cometían 2 millones 200 mil delitos al año. Y durante el período del Presidente Piñera se bajaron de 32 a 25 por ciento los índices de delincuencia, lo que significa que 330 mil familias al año dejaron de ser víctimas de esta.
Lo que ocurre es que, cuando la herencia es de 2 millones 200 mil delitos y uno habla de que 330 mil personas al año ya no son víctimas de los delincuentes, ¡por supuesto que aún persisten niveles muy altos de victimización! Pero la tendencia de todas las políticas públicas del Gobierno indica, sin lugar a dudas, que la delincuencia va a disminuir paulatinamente. Y, por cierto, nos habría gustado que esa reducción fuera mucho más rápida.
En tercer lugar, aquí se han hecho una serie de afirmaciones que no corresponden a la verdad. Y cabe agregar que votar en contra de la idea de legislar de este proyecto -lo digo con el mayor respeto- implica, en la práctica, avalar que las situaciones de violencia se sigan cometiendo igual como hasta ahora.
Expreso lo anterior, porque en marzo tendremos un nuevo Gobierno y cuando se comiencen a producir actos de violencia voy a recordar esta intervención, pues los Senadores de la Oposición se están negando a aprobar en general la presente iniciativa que busca perfeccionar la legislación sobre orden público, la que, como la propia Presidenta Michelle Bachelet señaló años atrás y que leí denantes, era fundamental e imprescindible corregir. Incluso, en el proyecto de ley que envió al Parlamento llegó a establecer que debía asignarse responsabilidad a los organizadores de esos actos. ¡A los organizadores de los actos! Aquí tengo copia de dicha iniciativa.
De otra parte, se ha argumentado que no se requeriría esta normativa, por cuanto el artículo 85 del Código Procesal Penal ya establecería la sanción pertinente.
Señor Presidente, con todo respeto, pido un mínimo de rigurosidad jurídica.
El precepto mencionado -como expresaron los Senadores señora Lily Pérez y señor Carlos Larraín- no establece sanción alguna. Solo dispone que los funcionarios policiales deban efectuar control de identidad a "la persona que se encapuche".
Consulto a los colegas, con toda franqueza, si consideran factible que en una manifestación donde hay 200 individuos tirando piedras, bombas molotov, saqueando locales comerciales y rompiendo cuanto encuentran al frente, un policía pregunte: "Señor encapuchado, ¿podría usted, por favor, facilitarme su carné de identidad para identificarlo¿?" ¿Saben lo que le pasaría a ese carabinero? ¡Lo matarían!
Entonces, lo que se está pidiendo es, simplemente, que exista la posibilidad de que un juez sancione a una persona cuando, encapuchada o no, pero en ambas hipótesis -en un caso más grave, en otro menos grave-, comete actos de violencia que signifiquen, por ejemplo, impedir el ingreso a un hospital o que se paralice un servicio público, por ejemplo, de agua potable o de electricidad. Repito: cuando comete actos de violencia.
Es decir, no se trata, como se sostuvo aquí, de que un grupo de profesores o de funcionarios públicos salgan a manifestarse por estar en huelga y, por ejemplo, no atiendan en la municipalidad. ¡Eso es falso!
Además, ello no amerita sanción penal. La sanción penal se aplica cuando hay actos de violencia, de fuerza. Y en cualquier país civilizado estos se sancionan dura y drásticamente. Pero en Chile, no.
Por lo tanto, señor Presidente, consideramos que el eventual rechazo de este proyecto de ley sentaría un gravísimo precedente respecto de la lucha que se debe dar contra quienes afectan gravemente el derecho a protesta y cometen desmanes, como los mencionados, en perjuicio de la ciudadanía.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de continuar con el debate, deseo saludar al grupo de alumnos del Colegio del Verbo Divino, de Chicureo, Santiago, que acaban de llegar a las tribunas.
¿Cómo están? ¡Buenas tardes!
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón, por tres minutos.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, seré muy breve, porque ya han fundamentado nuestra posición y entregado los argumentos jurídicos algunos colegas, en especial Patricio Walker, Presidente de la Comisión de Constitución, y Soledad Alvear.
La verdad es que aquí, en el Senado de la República, he escuchado expresiones preocupantes. Se ha hablado de "caricatura"; de que nosotros hemos caricaturizado algunos hechos.
¡Qué más caricatura que aquellos discursos que aludían a la puerta giratoria, al candado, a terminar con la fiesta...!
Esa sí que era una caricatura del tema de la delincuencia y de la manera de enfrentarla.
Algunos Senadores han dicho que hoy día las conductas de que se trata no están tipificadas y, por consiguiente, no reciben sanción. ¡Eso es falso! Un encapuchado o cualquier joven o individuo que actúe violentamente impidiendo el funcionamiento de servicios públicos básicos, debe ser detenido. Porque se está ante un delito in fraganti. Todos lo sabemos.
No podemos ridiculizar la discusión y llevarla al extremo de la caricatura. Pero eso es lo que hacen algunos.
El tema de fondo -y termino en seguida, señor Presidente- es que no se ha entendido el problema que afecta a Chile.
Y no es que -como declara la abanderada presidencial de la Derecha cada vez que termina un foro- al escuchar a los demás candidatos pareciera que el país fuera un desastre. ¡No es así! Pero hay problemas que tienen que ver con la inequidad. Y la gente se manifiesta. El problema es que el Gobierno de Sebastián Piñera no cumplió sus promesas, lo que provoca frustración y molestia. Y la ley en proyecto no lo resuelve.
El creer que con el uso de la fuerza, con el aumento de penas se resuelven los conflictos sociales significa no entender cómo ha de enfrentarse a un país. Y, por ello, pienso que no podemos legislar apresuradamente, ni para la galería o para la foto.
Por lo expuesto, no respaldamos esta iniciativa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Le corresponde intervenir al Senador señor García.
No está.
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. Y a continuación se pondrá término a la votación.
La señora ALVEAR.- Yo he sido aludida, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, comenzaré mi exposición leyendo lo siguiente:
"En el último tiempo hemos podido ver cómo, con el pretexto de participar en legítimas manifestaciones ciudadanas, una o más personas han incurrido en conductas delictivas o dañosas, que deslegitiman el ejercicio de los derechos garantizados por la Carta Fundamental y provocan diversas consecuencias en el patrimonio público y privado.".
Ese es el fundamento de un proyecto de ley enviado años atrás al Parlamento por la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet y firmado también por el Ministro del Interior señor Belisario Velasco.
Y agrega: "Esta realidad, que por lo demás es lamentablemente común en diversos otros países, hace necesaria una revisión de nuestra legislación, de manera que la autoridad cuente con herramientas adecuadas para la prevención de dichas conductas, o para su ejemplar sanción en el caso que se produzcan.".
Yo quiero abordar el tema desde una perspectiva distinta.
Nosotros queremos garantizar el derecho de reunión, la libertad de movimiento y la libertad de expresión.
Queremos garantizar que la sociedad civil pueda manifestarse legítimamente en la calle.
Queremos garantizar que los ciudadanos que, en forma legítima, desean manifestarse contra la formulación de determinadas políticas públicas, puedan hacerlo.
Y justamente porque queremos garantizar esa libertad de movimiento, esa libertad de expresión, ese derecho de reunión, esa legítima manifestación de la sociedad civil de reprobar ciertas conductas o determinadas políticas públicas, proponemos legislar sobre esta materia.
Lo planteamos, porque cuando ocurren situaciones como las que se han mencionado, donde un grupo de encapuchados destruye propiedad pública o privada en medio de una movilización social legítima, lo que se hace es, simplemente, deslegitimarla. Y quienes creemos necesario garantizar esa movilización, cautelar que los chilenos puedan manifestarse, movilizarse o protestar ante una política pública, estimamos conveniente legislar sobre la materia.
El Estado debe garantizar la paz social y, en consecuencia, no puede permitir que situaciones como las descritas queden en la más absoluta impunidad.
Por eso, tenemos que avanzar para garantizar que los derechos que hemos señalado y que las legítimas manifestaciones ciudadanas se concreten como corresponde. Para ello, hemos de generar una normativa que posibilite claramente que las personas que actúen encapuchadas sean sancionadas.
Cuando este tipo de hechos comenzaron a ocurrir, yo era Diputado y me tocó presentar un proyecto de ley, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, para sancionar a las personas que anduviesen encapuchadas al momento de iniciarse una manifestación social.
La iniciativa que nos ocupa no intenta -como se ha dicho en la caricatura- acallar los movimientos sociales, sino, al revés, darles fortaleza, legitimarlos y separar de ellos a las personas que buscan, simplemente, una oportunidad para destruir la propiedad pública y privada.
Por eso, pido a los Senadores que procedamos con la altura y la visión de Estado que nos permitan visualizar bien el problema y aprobar la idea de legislar respecto de una materia tan importante como esta. Y tal como señaló el Senador Espina, esperamos en los próximos 6 o 7 meses recordar esta sesión y las expresiones formuladas en el Hemiciclo.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García, para fundamentar su voto.
Luego de su intervención, daremos por terminada la votación.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, debo lamentar que, por razones de cálculo político en cuanto a políticas públicas, y, probablemente más que eso, por una cuestión de cálculo electoral, no se vaya a aprobar la idea de legislar acerca del proyecto que nos ocupa.
Aquí varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra se han referido al mensaje N° 497-354, de fecha 21 de noviembre de 2006, enviado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet y su Ministro del Interior don Belisario Velasco, que dio inicio al proyecto pertinente. Sin embargo, ya casi llegamos a noviembre del 2013 y todavía continúa su tramitación.
Es decir, el Congreso Nacional no ha sido capaz de despachar una iniciativa que tiene la misma inspiración y motivación de la recientemente enviada -aunque no tan reciente, porque ya lleva prácticamente dos años en el Parlamento- por el Presidente Sebastián Piñera.
¿Y cómo está concluyendo el análisis del proyecto enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet?
Con una modificación propuesta al artículo 485 del Código Penal, que actualmente señala: "Serán castigados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales los que causaren daño cuyo importe exceda de cuarenta unidades tributarias mensuales:". El Senado aprobó agregar el siguiente número 9°: "En la propiedad pública o privada, si el daño es producido con ocasión de una reunión o manifestación pública. Si el autor obró a rostro cubierto o utilizando cualquier medio destinado a ocultar su identidad, la pena se aplicará en su grado máximo.".
Lo anterior fue acordado también con los votos de la Cámara de Diputados.
¿Por qué hubo voluntad para legislar sobre el particular?
La entonces Presidenta Michelle Bachelet señaló en los fundamentos de ese proyecto lo siguiente:
"El ejercicio de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, especialmente el derecho de reunión, debe efectuarse de forma tal que no lesione otros derechos sociales o individuales relevantes.
"En el último tiempo hemos podido ver cómo, con el pretexto de participar en legítimas manifestaciones ciudadanas, una o más personas han incurrido en conductas delictivas o dañosas, que deslegitiman el ejercicio de los derechos garantizados por la Carta Fundamental y provocan diversas consecuencias en el patrimonio público y privado.".
Esa fue la motivación que tuvo la ex Jefa de Estado y su Ministro del Interior para presentar dicha iniciativa. En esa ocasión hubo voluntad para legislar, pero nos hemos demorado 7 años en su tramitación.
Hace 2 años ingresó un proyecto de ley del Presidente Sebastián Piñera, tiempo más que suficiente para pronunciarse a su respecto. Sobre todo, cuando hemos visto en las imágenes de la televisión cómo los encapuchados apedrean y atacan a los carabineros, se abalanzan sobre sus vehículos; destruyen la propiedad pública y privada. Es decir, el vandalismo desatado. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Lamentarnos?
¡Pero si tenemos la herramienta de legislar! Y aquí lo único que se nos está pidiendo es aprobar en general la iniciativa, a fin de que nuestra policía, nuestros fiscales, nuestros jueces, tengan mayores facilidades para apreciar la prueba y sancionar a quienes cubren sus rostros en las manifestaciones con el único propósito de hacer daño.
Señor Presidente, creo que privar a la policía, a los fiscales, a los jueces de estas nuevas herramientas significa un retroceso. Lamentablemente así es. Y nosotros como Senado estamos perdiendo una magnífica oportunidad de apoyar a nuestras policías para que sean más eficaces en la prevención de esos delitos, y de establecer la sanción que ameritan tales ilícitos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza en general el proyecto (16 votos contra 12 y 2 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Letelier, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, los señores Girardi y Horvath.
El señor ESPINA.- ¡Vivan los encapuchados¿!
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, al ser rechazado en general el proyecto, debe pasar a Comisión Mixta, continuando el trámite legislativo correspondiente.
En conformidad al Reglamento, se designará a los miembros de la Comisión de Constitución para integrar el referido órgano técnico que deberá formarse para los efectos señalados.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Han solicitado intervenir varios señores Senadores, por sentirse aludidos, y el señor Ministro.
Como dicho Secretario de Estado sabe, porque fue Senador por muchos años, durante la votación no me es posible darle la palabra. Pero ahora que ha concluido, si lo estima conveniente, puede hacer uso de ella.
A continuación, los Senadores señor Frei, señora Alvear y señor Carlos Larraín -que al parecer también se sintió aludido- podrán intervenir, pero solo para contestar alusiones personales.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Señor Presidente, seré muy breve, porque sé que se aproxima el término de la sesión.
Debo aclarar que no solo por haber sido aludido, sino porque se dieron a conocer varias situaciones respecto de la necesidad de este proyecto, que me referiré a una de ellas.
Algunos señores Senadores se sintieron ofendidos por el hecho de que la iniciativa haya sido calificada de "discusión inmediata". Sin embargo, yo, como Ministro del Interior, en nombre del Gobierno, y como ex Senador, debo hacer presente que jamás tuvimos la intención de ofender a nadie con esa determinación.
Más aún, creo que el hecho de solicitarles a Sus Señorías analizar un proyecto con mayor rapidez, agilidad y en menor tiempo debe ser considerado no como una ofensa, sino como algo muy beneficioso para el Senado.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡No nos beneficie tanto¿!
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- En segundo lugar, tampoco fue mi intención al solicitar el estudio de la iniciativa con mayor rapidez subestimar la capacidad de los Senadores, porque lleva ya más de 2 meses aquí, en la Corporación.
Y yo conozco la capacidad de sus integrantes, porque compartí con ellos y sé perfectamente que en ese lapso logran comprender un proyecto, estudiarlo¿
La señora ALLENDE.- ¡Muchas gracias...!
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-¿ y percibir si es bueno o malo.
Por consiguiente, mi propósito no fue subestimarlos. Llevamos más de dos meses con esta normativa radicada aquí, en el Senado.
Lo que sí está claro es que desde el Ejecutivo tenemos una visión diferente ante problemas directos y reales que precisan nuestra actuación, al ver los efectos de la impunidad en relación con los encapuchados y cómo pasa el tiempo sin que se disponga de los instrumentos legales para poder actuar con eficacia frente a la acción de tales delincuentes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Ministro, no quiero interrumpirlo.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Pero ya lo hizo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Usted sabe, porque fue Senador y es más listo que muchos de los que aquí estamos, que el derecho a usar de la palabra por haber sido aludido es para corregir algo que, a su juicio, merece ser rectificado,¿
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Así es.
El señor PIZARRO (Presidente).-¿ pero no para repetir su larga argumentación sobre el proyecto, que ya escuchamos atentamente. Y aquí hay Senadores que también tienen la inteligencia para comprender bien lo que manifestó.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Señor Presidente, agradezco su capacidad infinita para entender lo que estoy señalando, pero solo quería referirme al tiempo que ha tenido para tramitarse la iniciativa.
Decía que la razón para fijar tal urgencia obedeció a que en el Ejecutivo vemos el problema que genera la impunidad de los encapuchados, a diario. De ahí que puse de ejemplo lo ocurrido el viernes pasado, en que, porque existe impunidad, se organizaron personas para encapucharse y generar daño público y privado.
Por eso, dado que se aludió a por qué el Gobierno le puso "discusión inmediata" a este proyecto, les señalo que fue por una sola razón: porque la gente necesita esta iniciativa con urgencia para vivir con mayor tranquilidad y en paz y terminar con la impunidad de los encapuchados, que mucho daño han causado.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Muchas gracias por su clarividencia, señor Ministro¿!
Están inscritos algunos señores Senadores, quienes desean intervenir por cuanto sienten que fueron aludidos durante el debate de esta iniciativa.
En primer lugar, tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, lamento que mi Honorable colega la Senadora Lily Pérez no esté presente en estos momentos.
No sé si Su Señoría se hallaba en la Sala cuando intervine, o a lo mejor entendió de manera equivocada mis palabras.
Yo jamás he pretendido ocupar argumentos falaces para interpretar al Senador Espina.
Compartimos con Su Señoría desde hace ya bastante tiempo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Muchas veces hemos tenido criterios similares o iguales respecto de algunas materias, y también hemos opinado distinto en otras. Pero nos guardamos gran afecto, cariño. De modo que yo nunca ocuparía algún argumento de tipo falaz para referirme a sus juicios, en este caso completamente diferentes a los míos, pero que respeto (los conocí en la Comisión).
Cuando hablé de que Su Señoría había utilizado un argumento festivo, me refería a lo del pañuelo. Porque en la Comisión de Constitución, cuando se televisó una sesión yo aludí al pañuelo y me lo puse en la cara, como lo estoy haciendo ahora.
El señor Senador se adelantó porque supuso que yo iba a plantear el mismo ejemplo. Y debe reconocerlo mi Honorable colega, porque ni siquiera se refirió a ello al intervenir posteriormente, que festinó un poquito el tema al referirse a mi alusión. Incluso habló hasta de eventuales formas de violencia que yo podría ejercer al interior de mi hogar.
Yo insisto en mi planteamiento.
Es decir, si existe violencia de encapuchados en la calle y las policías intervienen -como deben hacerlo, porque esa es su obligación- deteniendo a esas personas, y hay quienes podemos estar metidos entremedio, usando pañuelo, entonces, tendrían que detenernos.
Esa es una de las razones por las cuales voté en contra de esta iniciativa legal. Y eso no es festinar la intervención del Senador Espina.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que les daré la palabra solo para los efectos de que intervengan en relación con las alusiones que supuestamente los menoscabaron, y no para abrir un nuevo debate.
Tiene la palabra el Senador señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, es muy simple: con respecto a los comentarios que realizó el Senador Espina, reitero mi solicitud de que se pida al Ministerio de Justicia la lista de las personas indultadas y las que han recibido beneficios carcelarios durante este Gobierno, que son varios cientos, si no miles.
Su Señoría volvió a insistir en un caso.
Esa persona está rehabilitada; y no como ocurrió en relación con quienes hace poco recibieron beneficios carcelarios y mataron a un carabinero.
Por eso quiero que se haga llegar esa lista. Una vez que la tengamos, podremos confrontar qué hizo uno y otro Gobierno.
Lo que dijo el entonces candidato presidencial durante su campaña fue mentira, y la opinión pública lo señala: el gran fracaso de la actual Administración es en materia de seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en realidad, yo fui quien planteó el asunto de la "discusión inmediata".
Me habría gustado que el Ministro hubiese estado presente, pues deseaba que me respondiera derechamente si en el Comité Político de la Moneda del lunes se tomó o no la decisión de efectuar aquella calificación.
Ese es el problema que yo he planteado: una "discusión inmediata" que no era necesaria.
En seguida, quiero expresarle al Ministro que el hecho de que se haya rechazado la idea de legislar no significa que no existe proyecto, sino que mandamos el articulado a la Comisión Mixta para que elabore una buena legislación, que en el próximo tiempo sirva como instrumento para regular este tipo de situaciones.
¡Aquí nadie está con la violencia, ni con los encapuchados, ni con gente que les pega a los carabineros!
Ahora, como tengo alguna información, puedo señalar que la decisión se tomó en el Comité Político. ¿Por qué? Porque se quiere instrumentalizar este tema durante los próximos días en la campaña electoral, en la que el Gobierno ha intervenido plenamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En consecuencia, el proyecto va a Comisión Mixta.
Antes de levantar la sesión, daré curso a una petición de oficio.