DESIGNACIÓN DE SEÑORA GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ COMO MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA
El señor PIZARRO (Presidente).- La presente sesión especial fue citada para tratar, en segunda discusión, la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República, contenida en el oficio con que solicita el acuerdo del Senado, para designar Ministra de la Corte Suprema a la señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1581-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 27ª, en 4 de junio de 2013.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 35ª, en 2 de julio de 2013.
Discusión:
Sesión 35ª, en 2 de julio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Ejecutivo hizo presente la urgencia para esta proposición en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
Cabe recordar que el acuerdo del Senado para nombrar Ministra de Corte Suprema a la señora Gloria Ana Chevesich requiere dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos favorables.
El señor PIZARRO (Presidente).- En segunda discusión la propuesta del Ejecutivo.
Ofrezco la palabra al Senador señor Patricio Walker, Presidente de la Comisión de Constitución, para que haga la relación del informe respectivo.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, Honorable Sala, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para designar Ministra de la Corte Suprema a la señora Gloria Ana Chevesich Ruiz en la vacante provocada por el cese de funciones del señor Adalis Salvador Oyarzún Miranda.
A la sesión en que la Comisión analizó esta proposición asistió, especialmente invitada, la Ministra y Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Gloria Ana Chevesich Ruiz.
Concurrieron, asimismo, la Ministra de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg, y los Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Kuschel, Letelier, Pizarro, Prokurica, Rossi y Uriarte, y los Diputados señora Pascal y señores Accorsi, Aguiló, Jiménez, Tarud y Teillier.
Cabe recordar que la Ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz es abogada y licenciada en ciencias jurídicas y sociales, grado académico que obtuvo en el año 1984, con distinción máxima, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
En 1986 inició su carrera en el Poder Judicial en el cargo de relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, función que cumplió hasta marzo de 1995. En esa fecha pasó a ejercer, en calidad de titular, el cargo de relator de la Excelentísima Corte Suprema. En octubre de 2002 fue nombrada Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, labor que ha servido hasta la fecha. Además, el 1º de marzo del año en curso asumió como presidenta de dicha Corte.
En total, lleva 27 años cumpliendo su labor en el Poder Judicial.
En el plano académico, cabe resaltar que ha desarrollado funciones docentes como ayudante de cátedra del curso de Derecho Procesal en las Universidades Gabriela Mistral y Finis Terrae. En este último centro académico, ejerció asimismo, hasta el año 2000, el cargo de profesora de Derecho Procesal.
También impartió cursos en la Academia Judicial entre los años 2008 y 2012. Entre ellos, destacan los referidos a materias tales como el recurso de casación en la forma; recursos humanos y régimen funcionario del Poder Judicial; la función disciplinaria del cargo de Ministro de Corte de Apelaciones, y la ética judicial.
Ha asistido también a numerosos talleres, seminarios y cursos de perfeccionamiento, según se da cuenta en detalle en la copia del currículum que se acompaña al informe.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, previo a tomar una resolución en esta materia, revisó los antecedentes presentados para su nombramiento y escuchó detenidamente la intervención de la señora Ministra y Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, los integrantes del órgano técnico formularon una serie de preguntas, que fueron respondidas en una extensa audiencia, según da cuenta el informe que está a disposición de las señoras y los señores Senadores.
En su intervención, la Ministra señora Chevesich precisó sus criterios jurídicos en los casos en que ha tenido que pronunciarse sobre temas vinculados a violaciones de los derechos humanos y a la ley que protege los derechos de los consumidores.
Asimismo, se refirió en detalle a los principios de transparencia y probidad que debieran inspirar la actuación de los magistrados de nuestro Poder Judicial.
Posteriormente, fue consultada acerca de su postura sobre diversas materias: la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de delitos de lesa humanidad; la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior en condenados por casos de violaciones a los derechos humanos; la independencia de los jueces; las medidas que deben tomarse para perfeccionar el sistema procesal penal; la forma en que puede mejorarse la persecución penal de quienes cometen delitos; la modernización del sistema judicial; la independencia económica del Poder Judicial, entre otros tantos temas que constan en el informe elaborado por el órgano técnico.
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego de escuchar sus respuestas y de ponderar los antecedentes presentados, acordó, por la unanimidad de sus integrantes, informar a la Sala que la postulación de la Ministra y Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente para ser nombrada Ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
He dicho.
El señor COLOMA.- Votemos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se cerrará el debate y abriremos la votación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la solicitud del Presidente de la República.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto sobre la base de los antecedentes que se han puesto en nuestro conocimiento. Además, participé en la sesión de la Comisión de Constitución a la que concurrió doña Gloria Ana Chevesich.
Luego de escuchar las respuestas a las inquietudes formuladas por los señores Senadores y las señoras Senadoras, llegué al convencimiento de que dicha magistrada cumple con los requisitos, las formalidades y los procedimientos que se exigen para un cargo de tanta importancia.
Asimismo, destaco que durante toda su trayectoria (como estudiante, como profesional) ha recibido siempre las mejores calificaciones.
En el procedimiento interno del pleno del Máximo Tribunal, ella obtuvo la mayor votación.
Si se aprueba la designación, se incorporará a un grupo de varios magistrados, en el que en la actualidad solo hay tres mujeres.
En consecuencia, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín, para fundamentar su voto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, nos corresponde pronunciarnos acerca de la proposición del Presidente de la República para nombrar Ministra de la Corte Suprema a la señora Gloria Ana Chevesich Ruiz.
Esta designación se funda en la cinquena sugerida por el Máximo Tribunal para que el Primer Mandatario elija y propicie un nombre. Sin lugar a dudas, en tal decisión ha de haber obrado en el Presidente la consideración de que la Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesich, encabeza la lista de catorce personas que recibieron votación por el pleno de la Corte Suprema, desde donde salieron los nombres propuestos.
Indudablemente, su trayectoria y capacidad profesional la tienen en la más alta consideración por parte de los Ministros del Máximo Tribunal.
Asimismo, como ya se ha recordado, cabe mencionar que la Ministra Chevesich es la mejor evaluada a nivel nacional, por cuanto obtuvo la más alta calificación del último período. Ciertamente, el Primer Mandatario debió haber valorado tal antecedente.
Me ha correspondido participar en audiencias de postulantes a Ministros de la Corte Suprema durante muchos años. Y quiero decir muy honestamente que, sin conocerla en persona previamente, es una de las candidatas más notables y sobresalientes que me ha tocado escuchar, por su versación, por su seriedad, por su independencia, por su idoneidad moral, todo lo cual la hace acreedora a este nombramiento.
Han surgido, sin embargo, dudas e inquietudes en distintas materias, que creo justo analizar.
Se han manifestado críticas a sus criterios en los fallos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, la Ministra Chevesich señaló que, de todas las causas que ha investigado referidas a violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado -dice haber dictado más de diez sentencias-, en ninguna emitió un fallo absolutorio, ni ha acogido la prescripción de la acción o la media prescripción, y tampoco la amnistía alegada por los acusados. Lo ha hecho así porque -según ella- cabe aplicar en estas materias los tratados internacionales sobre derechos humanos, que impiden extender esas medidas como excepción.
Se objeta, además, que en un caso particular haya reconocido una atenuante: la de irreprochable conducta anterior.
Efectivamente, ella admite esa situación. Pero aclara que la circunstancia de irreprochable conducta anterior se refiere a si una persona ha sido condenada anteriormente por un fallo judicial. Y en el caso en cuestión, antes de ser sometido a juicio ante los tribunales (esto es, previo a 1973), el imputado nunca había sido objeto de sentencia. Por lo tanto, esa es una consideración objetiva.
No todos tienen la misma interpretación. Eso es claro.
Pero otros jueces -por ejemplo, don Mario Fuentes Belmar, quien fue nombrado por unanimidad por el Senado- han aplicado exactamente el mismo criterio con relación a la atenuante de irreprochable conducta anterior.
En todo caso, eso vale para un primer juicio, no para los siguientes, en los que ya no se puede seguir aplicando tal criterio. Entonces, es una cuestión estrictamente técnica, que no guarda relación con un privilegio o beneficio que se le quisiera otorgar a una persona.
En materia de prescripción civil, ha aplicado las reglas generales, pues ello no se incorpora en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por tanto, no correspondería su aplicación.
También se ha dicho que la Ministra no ha acogido algunas causas referidas a protección del consumidor.
Sin embargo, ella señala que falla conforme a los méritos del proceso. Y no todas las causas que llevan adelante los consumidores necesariamente han de ser aceptadas por los tribunales. Eso también sería un abuso: bastaría que los consumidores se pusieran de acuerdo y lograrían judicialmente determinado objetivo. Ella aduce que falla conforme al mérito del proceso y a la ley.
Se refirió a diversos temas, como el de la transparencia, el de la inexcusabilidad.
Cabe recordar que los jueces no pueden excusarse del conocimiento de un proceso. Y a ella le ha tocado solventar algunos muy complejos, de efectos políticos¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- Es lamentable. Le pido un par de minutos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene uno más.
El señor LARRAÍN.- Muchas gracias.
Decía que muchos quisieran excusarse a veces de conocer ciertos temas, sobre todo los que revisten connotación política. Pero, si los ministros no los asumieran, caeríamos en la mayor de las corrupciones. Eso pasaría si los jueces evitaran pronunciarse en juicios complejos, por las consecuencias que se derivan de conocerlos.
Pienso que parte del coraje y la fortaleza de la Ministra es haber asumido tal situación y fallar como su conciencia le dictaba, de conformidad con el Derecho. Me parece que eso habla bien de ella.
Finalmente -se me acaba el tiempo-, ella manifestó su preocupación por la mala imagen del Poder Judicial y, también, por los jueces que no tienen la fortaleza moral y espiritual para enfrentar los cuestionamientos y las críticas que puedan surgir a propósito de las resoluciones que emiten.
Señor Presidente, ese es el testimonio que ella nos entrega, respecto del cual¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Le daré un último minuto, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- Gracias.
Como decía, ese es el testimonio que ella nos da, que habla de la fortaleza para emitir pronunciamientos en circunstancias adversas.
Creo que el Senado, en situaciones como esa -frente a personas de este temple, que han tenido que adoptar decisiones muy difíciles- debería actuar con la misma fortaleza y respaldar a jueces que, más allá de lo que uno pueda pensar en términos políticos de sus consideraciones, cumplen su labor en forma abnegada y seria.
Me parece que la señora Chevesich, por todos los antecedentes que hemos podido reunir y conocer, representa un testimonio vivo de esa circunstancia y merece que esta Corporación, ojalá en forma unánime, la respalde.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, hoy día la Cámara Alta tiene que pronunciarse respecto de la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para nombrar Ministra de la Corte Suprema a la señora Gloria Ana Chevesich Ruiz.
Quiero señalar que ella, en el ejercicio de sus funciones, ha sido distinguida con las más altas calificaciones de un ministro de corte en nuestro país; que, adicionalmente, hoy día se desempeña como Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es, sin lugar a dudas, una de las más importantes de Chile.
Ha sabido enfrentar, en términos de eficiencia administrativa, el gran cúmulo de trabajo que afronta ese tribunal de alzada.
Ha tomado iniciativa y tiene posiciones claras respecto de los desafíos del Poder Judicial, y particularmente de la Corte Suprema, en cuanto al mejoramiento de imagen, en materia de eficacia y eficiencia en la administración de justicia.
Ha sido, además, una magistrada que se ha distinguido siempre por juicios independientes, por hablar a través de sus fallos.
En cuanto a derechos fundamentales, ha tenido una línea inalterable; ha acompañado copia de todos y cada uno de sus fallos.
Más allá de lo anterior, creemos que no podemos calificar a una jueza de la república por uno u otro fallo, sino por el conjunto de sentencias judiciales que, en definitiva, marcan en ella un criterio.
En el mismo sentido, quiero decir que me llena de orgullo votar a favor de la propuesta del Primer Mandatario.
Creemos que la señora Chevesich será un tremendo aporte al Poder Judicial y, sin lugar a dudas, va a contribuir además a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración de justicia, así como también la imagen del Poder Judicial.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo manifestar que en la Comisión de Constitución hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos ministros de corte. Y francamente la exposición de la ministra Chevesich fue una de las más notables y brillantes que recuerdo en mucho tiempo.
Tal como se dijo, ella se titula de abogada con máxima distinción, en un examen oral público; luego, obtiene las mejores calificaciones de sus pares, y ahora fue elegida en la quina presentada por la Corte Suprema con la primera mayoría.
Quiero llamar especialmente la atención de los señores Senadores que han cuestionado su nominación y señalarles que entre quienes se pronunciaron a favor de nombrarla integrante de la Corte Suprema se hallan los ministros Sergio Muñoz Gajardo, Héctor Carreño y Haroldo Brito.
Esos tres miembros del Tribunal Superior se han distinguido por llevar adelante juicios vinculados a casos de derechos humanos y han actuado en el juzgamiento de tales causas con un rigor que ha sido destacado por todos quienes las han conocido y son partidarios de que estos hechos se sancionen duramente.
Uno tiene que preguntarse por qué tres ministros que estuvieron a cargo de juicios por gravísimas violaciones a los derechos humanos, que han tenido una posición clara en esta materia -probablemente como muchos otros- votarían por ella si tuvieran algún cuestionamiento, habiendo muchos otros postulantes.
Lo hacen porque los méritos, las cualidades y los atributos de la señora Chevesich son, sin lugar a dudas, simplemente apabullantes en cuanto a tener los merecimientos para llegar a la Corte Suprema.
Pero no solo eso: además de ser profesora de la Academia Judicial, uno puede ver los cursos de especialización que ha realizado: Ética Judicial, Recurso de Protección, Corrupción y Delito, la Administración de los tribunales, Derecho de Familia. Y suma y sigue.
De manera que su preparación profesional ha sido tan extensa, amplia y completa como la que requiere un ministro -ministra en este caso- que pretende integrar la Excelentísima Corte Suprema.
Señor Presidente, considero que cuando uno tiene que resolver el nombramiento de un ministro -ese ha sido el criterio que al menos me ha tocado seguir- puede estar de acuerdo o no con determinado fallo de ese magistrado. Pero esa opinión no debe ser condicionante para sostener que una persona amerita o no llegar a la Corte Suprema. Uno ha de seguir su trayectoria, su idoneidad, conceptos que ella ha defendido en sus fallos.
En este caso, creo que la señora Chevesich ha sido precisa y terminante en cuanto a claros principios del Poder Judicial: el respeto irrestricto a los derechos de las personas, los derechos humanos en todos sus ámbitos, el derecho a un juicio justo, el derecho al debido proceso, el derecho a que se haga justicia conforme a las normas vigentes, y la consideración de dos principios fundamentales, que ella resaltó: el principio de la integridad y el de la transparencia.
Deseo por último referirme a un caso cuyo fallo ella aclaró. Los que la objetan expresan que habría considerado la irreprochable conducta anterior del jefe de la DINA en una sentencia que le tocó dictar.
Sobre el particular, quiero expresar que, de acuerdo con nuestra legislación, particularmente la relativa al derecho penal y procesal penal anterior a la reforma, los jueces están regidos por lo que se llama "la prueba legal y tasada". Y cuando los magistrados tienen que fallar respecto de la irreprochable conducta anterior, lo que deben hacer, conforme a lo que establece la ley, es determinar si una persona, al momento en que se cometió el delito que se le imputa, tenía o no condenas anteriores para que esa atenuante no hubiera operado.
Por lo tanto, se rige por el principio de la objetividad, no el de la subjetividad; no es el juez quien califica arbitrariamente si existe o no irreprochable conducta anterior; se trata de hechos objetivos.
Todo eso nuestra legislación lo ha evolucionado¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.- Le pido 30 segundos más, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Cuenta con un minuto, Su Señoría.
El señor ESPINA.- Como decía, nuestra legislación en esa materia ha evolucionado al punto de que hoy día en el juicio procesal regido por el Código Procesal Penal, que se regula y llega al juicio oral, la forma de valoración de la prueba es muy distinta a la que existía antes.
Por lo tanto, estimo que la señora Chevesich ha sido una jueza que ha realizado un trabajo ejemplar, que no ha permitido que nadie ejerza influencia sobre ella.
Al respecto, deseo recordar que en una oportunidad hizo presente que un ministro de un tribunal superior aparentemente la habría invitado para señalarle cómo avanzar y resolver una causa de alto nivel conflictivo.
De manera que, si existe un ejemplo de magistradas que actúan con idoneidad, con corrección; que están por sobre la contingencia política y cuyos fallos son dictados en conciencia y no dependen del hecho de dejar satisfecho a uno u otro sector político, es precisamente el de la jueza Chevesich.
Por tales consideraciones, apoyamos su designación para que integre la Excelentísima Corte Suprema.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como se ha dicho aquí, le corresponde al Senado pronunciarse a favor, por dos tercios de sus miembros, o en contra de la propuesta del Presidente de la República para llenar la vacante de Ministro de la Corte Suprema. En esta ocasión, el Primer Mandatario ha propuesto designar a la señora Gloria Ana Chevesich, actual Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la reforma constitucional comprendida en la ley N° 19.541 se estableció que la participación de los tres Poderes del Estado en la generación de los integrantes de la Corte Suprema refuerza la legitimidad del nombramiento dentro del sistema democrático y del Estado de Derecho, como así también la generación de condiciones objetivas de transparencia en la nominación de tales magistrados.
Sin duda, las calificaciones de la Ministra en cuestión son inobjetables, al igual que su capacidad académica. Pero, como tantas veces se ha dicho, los jueces hablan por sus sentencias. Y es así como se configura el Máximo Tribunal de Justicia del país.
La idea de que los sentenciadores aplican la ley de manera automática y que no tienen preferencias o juicios frente a algunos temas ha sido abandonada hace ya tiempo.
La ciudadanía tiene, por supuesto, derecho a objetar las sentencias de los magistrados y a criticarlas públicamente. Otra cosa es acatarlas.
En un sistema democrático nadie debiera sentirse agraviado porque se emitan opiniones al respecto.
Por tanto, es mi deber hacerme eco de las preocupaciones establecidas por varios órganos de la sociedad civil, en especial las agrupaciones de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos, en particular aquellos producidos en el contexto de la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990.
En su comparecencia a la Comisión de Constitución, la Ministra estableció que ha dictado cerca de diez sentencias condenatorias en materia de derechos humanos y que tampoco ha acogido la prescripción ni la amnistía. Lo cierto es que, en mi opinión, ella sí ha concurrido con interpretaciones y decisiones que me parecen reñidas con la defensa de los derechos fundamentales en el contexto de los delitos de lesa humanidad.
El 28 de mayo de 2004, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Pinochet por 14 votos contra 9, por los crímenes de la Operación Cóndor, que significó el asesinato no solo de ciudadanos chilenos sino también de otros países. Allí arguyó la exculpación de Pinochet, insistiendo en sus, comillas, "precarias" condiciones de salud mental y física.
El 2 de diciembre de 2004 concurrió con el voto disidente cuando el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió el desafuero de Pinochet por el doble homicidio del ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
Allí ella adhirió al razonamiento de que, comillas, "conceder el desafuero de una autoridad como Augusto Pinochet, era abrir el camino a formación de causa y procesamiento en su contra, lo que para cualquier persona implica su detención, que significa situaciones extremas de esfuerzos físicos y mentales".
Los que estábamos cerca de este proceso sabíamos que el dictador iba de compras, salía fuera de Santiago y daba incluso entrevistas televisivas. De hecho, en el primero de los fallos los medios de comunicación especularon que los jueces cambiaron su convicción, al considerar la última entrevista que Pinochet otorgó al Canal 22 de Miami, a la periodista María Elena Salazar, donde sus condiciones mentales no parecían en ningún caso estar alteradas por su avanzada edad.
El entonces ministro Chaigneau les dijo a los periodistas de los tribunales: "Este personaje nos engañó a todos".
También se ha hablado de la "irreprochable conducta anterior" de Manuel Contreras. Podrán argumentar el tecnicismo pero creo que no hay manera de justificar el señalar algo así respecto del mayor criminal que haya conocido la historia de este país.
En una demanda civil reparatoria en contra de cuatro carabineros por la desaparición en 1973 del estudiante ecuatoriano José García Franco, la Ministra consideró que la acción civil estaba prescrita. De esta manera, la jueza fue en contra del criterio jurídico sostenido por una mayoría de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideran que esta acción civil no puede prescribir, porque está directamente ligada a un delito de lesa humanidad, que no prescribe ni puede amnistiarse.
La propia Corte de Apelaciones de Santiago ha establecido que ya no corresponde la aplicación de normas de derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, por estar en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho a recibir la reparación correspondiente a la víctima y familiares de esta. Todo lo anterior, coronado por el respeto a los derechos esenciales de la persona, que son concebidos como el límite a la soberanía estatal.
Por estas razones -termino en un minuto, señor Presidente-, no puedo concurrir sin grave vulneración de mis propias convicciones al acuerdo que nombre a la señora Chevesich en el cargo de ministra de la Corte Suprema.
El respeto irrestricto a los derechos fundamentales de la persona humana por los jueces, y en particular a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es un estándar básico que, a mi juicio, deben cumplir quienes integran nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, en este caso no se alcanza en forma razonable.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más inscritos para fundamentar el voto.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, este es un debate importante, aun cuando no se ha desplegado con toda la intensidad que al parecer iba a tener lugar acá, dada la extensa cantidad de artículos de opinión que en relación con esta materia hemos visto en el curso de los últimos días, y por una expectativa razonable que se abrió en la opinión pública respecto de los valores que están en discusión.
Quisiera señalar que el sistema político se halla, a través del Senado, frente a una decisión que no es menor, que no pasará desapercibida en los tribunales de justicia y que, desde el punto de vista de los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, tiene repercusiones que van a pesar en el curso de los próximos años.
La cuestión radica, a mi juicio, en si el Senado de la República es o no es capaz de, aceptando las diferencias de criterio que existen, como en todas las materias, entre los que pueden ser nuestros juicios acerca de diferentes causas en las cuales la señora Chevesich ha tenido participación y ha emitido su voto, reconocer que en la trayectoria de la Ministra propuesta hay un hito que la hizo conocida en el país y que es, en definitiva, lo que va a marcar la decisión que tomemos.
Ese hito se refiere a un hecho que estremeció al país, que fue la investigación de un delito de corrupción: el llamado "caso MOP-GATE".
Respecto de ese juicio hubo condenados en primera instancia, ratificados en segunda instancia en la Corte de Apelaciones y luego, en el recurso de casación, ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, en un momento significativo de la vida del país, la ministra Chevesich llevó adelante una investigación que en mi opinión fue importante para Chile y que sancionó, incluso podríamos decir con mesura, delitos de corrupción.
Yo era parte del Gobierno cuyos funcionarios fueron castigados y sancionados por los tribunales. Fui Presidente del Partido Socialista en esas circunstancias. Y me caractericé por la defensa a ultranza del valor moral de ese Gobierno y de quien lo encabezaba.
Puedo decir aquí, en este Senado, que no hubo en ese momento otro Presidente de Partido como el que en este momento habla que defendiera como yo lo hice al Gobierno de Ricardo Lagos. Y por esa misma razón, tengo la autoridad moral para decir que la jueza Chevesich hizo una investigación valiente y necesaria para el país, para sancionar brotes severos de corrupción en funcionarios de Gobierno.
Y hoy Chile no podría comprender que el Senado rechazara su nominación a la Corte Suprema. Sería una señal gravísima, desde mi punto de vista. Sería castigar, de manera enteramente injustificada y arbitraria, a un juez que atacó la corrupción.
Por cierto, podemos tener diferencias de punto de vista en cuanto a sus fallos. ¡Cómo no las vamos a tener! Sin embargo, respecto del punto principal, el hecho en el cual el país fija su atención, no nos podemos equivocar.
Ayer yo discrepé del Gobierno del Presidente Aylwin, a quien admiro y respeto porque es un gran estadista de nuestra nación, en relación con un proyecto sobre derechos humanos. Y luego tuve la misma discrepancia, de idéntica naturaleza, con el Gobierno que encabezaba el Presidente Frei. Pero eso no ha impedido que tengamos respecto de ellos una enorme amistad cívica, pues se trataba de diferencias legítimas en cuanto a la importancia que el tema de los derechos humanos revestía en ese momento para nuestro país y a si podíamos avanzar más en el ejercicio de la verdad y la justicia.
Quienes en ese instante pensábamos que era factible un mayor avance tuvimos la razón: Chile podía avanzar más.
Rechazamos los proyectos de ley pertinentes, en los años 93 y 95. Y el tiempo demostró que, efectivamente, en nuestro país era posible avanzar más en materia de derechos humanos.
¡Y por eso ahora Manuel Contreras está preso! ¡Y por eso Krassnoff está preso! ¡Y por eso Álvaro Corbalán está preso! ¡Y por eso otros asesinos también están presos hoy! ¡Porque fuimos capaces de actuar y de trabajar en el momento en que correspondía para luchar por la verdad y la justicia en el ámbito de los derechos humanos!
Por consiguiente, ¡no voy a aceptarle a nadie que ponga en duda el compromiso que de por vida he mantenido con los derechos humanos! ¡A nadie le voy a permitir esa ofensa!
Y, con la misma energía, quiero decir que ¡ahora el problema de nuestro país es el de la corrupción!
¡No se puede castigar a una jueza simplemente porque se discrepa de los fallos que dictó en una materia tan esencial para la transparencia, la probidad y la estabilidad de nuestro sistema político: la sanción a quienes incumplen la palabra de honor que todo funcionario público debe dar cuando decide asumir una función que no tiene otro sentido que trabajar por el bien de su país!
Por eso, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estimados colegas, el procedimiento que estamos revisando en este minuto se encuentra establecido en la Constitución, y en él participan la Corte Suprema; el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, y el Senado, que tiene la opción de acoger o desechar la nominación propuesta por el Jefe de Estado; y tal opción emana de la libertad que nos asiste individualmente a los Senadores para votar en conciencia.
Sin duda, los méritos de la señora Gloria Ana Chevesich posibilitaron que los integrantes de la Corte Suprema la incluyeran en la quina pertinente y que el Presidente de la República la sugiriera para ocupar el cargo vacante.
El Senador señor Escalona señaló recién que dicha Ministra llevó a cabo un proceso contra la corrupción. Así fue. Pero eso no significa que los Senadores que podamos tener una opinión diferente respecto a su nombramiento estemos con la corrupción.
Aquí se ha instalado en el último tiempo una campaña para inhibir a los Senadores por la vía de señalar que quienes sustentan una opinión distinta y votan en contra están con la corrupción.
Yo no comparto ese criterio. A mi entender, los Senadores debemos tener libertad de conciencia para votar de acuerdo al mérito de los antecedentes que existen cuando se propone el nombramiento de un supremo.
El nombramiento de un supremo se decide, no en virtud de cada uno de sus fallos, sino de una doctrina.
Tras examinar la doctrina asentada mayoritariamente en las sentencias dictadas por la señora Gloria Ana Chevesich, me asiste la convicción de que es anti derechos humanos, anticonsumidores y antitrabajadores.
Ahora, ¿cuál es el rol de la Corte Suprema? Dirimir los conflictos existentes en la sociedad. ¡Y qué duda cabe de que nuestra sociedad permanentemente tiene conflictos con los trabajadores, con los consumidores!
Por supuesto, en materia de derechos humanos todavía hay muchas cuestiones pendientes. Por ejemplo, las indemnizaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; al respecto, la doctrina considera que el delito prescribió y que, por ende, no hay derecho a aquellas.
Por lo tanto, primero, no quiero dar mi voto favorable para que una Ministra que profesa esa doctrina se instale en la Corte Suprema; y segundo, no me siento en condiciones de libertad para emitir mi pronunciamiento, pues ya se ha difundido plenamente que quien vota en contra de la señora Gloria Ana Chevesich está con la corrupción.
Debo manifestarle, señor Presidente, que no voy a participar en la votación porque considero que el contexto en que se ha establecido este procedimiento se encuentra viciado.
Por consiguiente, anuncio mi abstención.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, un colega dijo aquí que uno no puede opinar a partir de los fallos que emiten los jueces.
No sé a partir de qué más es factible emitir un juicio sobre un magistrado.
Los jueces de carrera acumulan experiencia desde su ingreso al Poder Judicial, como lo hizo la señora Gloria Ana Chevesich, quien tiene una trayectoria. Pero es a partir de la labor que desarrollan o de sus fallos que uno opina.
Si un juez se presentara aquí como postulante a Ministro de la Corte Suprema y se manifestara a favor del aborto, estoy seguro de que varios colegas del frente tendrían al respecto una discrepancia legítima. Y me parecería bien.
Este no es un tribunal de justicia, sino una Cámara que emite un juicio político sobre la persona que, a partir de una quina elaborada por la Corte Suprema, selecciona el Presidente de la República y respecto a la cual pide el pronunciamiento de la Cámara Alta. Los Senadores podemos votar a favor o en contra, o abstenernos. Si la persona propuesta es rechazada, el Máximo Tribunal incluye otro nombre en la quina, y así sucesivamente, hasta que exista acuerdo.
No hay, pues, crisis institucional si uno rechaza a un candidato.
Señor Presidente, para designar a los miembros de la Corte Suprema en nuestro país existe un sistema perverso. Creo que no es el mejor, porque durante mucho tiempo ha llevado a elegir uno y uno, aunque, a decir verdad, últimamente han sido de un puro lado, en su concepción doctrinaria y, por cierto, de cercanías políticas, a juicio de algunos.
Pero, sin perjuicio de aquello, lo cierto es que cuando uno opina lo hace a partir de los fallos de los jueces y de su comportamiento.
Yo no voy a entrar a la discusión en que han incursionado algunos colegas sobre determinados casos que llevó la señora Gloria Ana Chevesich, hoy Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. No obstante, aquí se han entregado datos imprecisos. Y los hechos lo demostrarán.
Pero quiero hablar sobre ciertos principios.
En los magistrados propuestos para ocupar cargos en la Corte Suprema uno busca ciertos principios, como el de la lealtad; es decir, que en su comportamiento sean leales con los suyos.
No me gustan los jueces que, como práctica, filtran cosas. Y, con esta candidata, tengo una discrepancia a ese respecto. Es mi juicio.
A mí me gusta que los jueces sean veraces.
Está aquí, en la Sala, un Senador que en la Comisión le hizo una pregunta a la Ministra señora Gloria Ana Chevesich. No sé cuál fue su intención al formularla. Lo único que puedo decir con seguridad es que en la respuesta se faltó a la verdad.
Y, en tercer término, tocante a ciertos temas valóricos, yo no entiendo que se pueda aplicar el principio de que en el nazismo, en el fascismo, en todo momento hay argumentos jurídicos para defender lo indefendible.
Siempre se les da un criterio de juridicidad a los alegatos, a las afirmaciones.
Eso es propio de cualquier persona medianamente inteligente.
Aquello se hizo también en nuestro país durante la dictadura.
Pero aplicar el principio, que se alega aquí como adecuado, de irreprochable conducta anterior tratándose de quien creó la DINA, para mí (no digo para otros), es valóricamente inaceptable en el caso de personas que fueron detenidas y hechas desaparecer. Y el problema no fue el delito en sí, sino el comportamiento de un juez de la república.
¿Hubo otros? Sí los hubo.
En lo personal, señor Presidente, en el último tiempo me he resistido a participar en la votación de los supremos, pues me molesta la forma del debate que se registra acá. Y me molesta más aún cuando de parte de las bancadas de enfrente y del Gobierno hay un veto contra un Ministro que ha sido propuesto insistentemente en las quinas; y ello, ¡porque tuvo una actitud consistente y consecuente en materia de derechos humanos y en las investigaciones de actos de corrupción!
Por tanto, me resisto frente a alguien que en su comportamiento tiene reparos valóricos relacionados con la lealtad y con el hecho de no ser siempre veraz -y puedo demostrar mis dichos-, y que, sobre cuestiones que para mí son fundamentales y constituyen la línea de base de una sociedad, sostiene planteamientos que no comparto.
Yo no puedo entender la situación de Contreras...
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor LETELIER.- Voto que no.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi para fundamentar su voto.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, aquí se ha hablado de que muchos de nosotros hemos estado sometidos a toda clase de presiones, de un lado y de otro, para votar de cierta manera.
Algunos reclaman que se ha ejercido presión para pronunciarse a favor porque habría una vendetta por el caso MOP-Gate.
Otros señalan que ha existido presión para emitir un pronunciamiento negativo -y así ha sido, por cierto- debido a que la Ministra Chevesich habría votado en contra de los derechos humanos.
Ciertos colegas -y es lo que más me preocupa- han argumentado que eso inhabilita para reflexionar, deliberar y decidir en conciencia.
Eso me parece particularmente grave, por cuanto en el Congreso Nacional uno debe sentirse libre.
Yo percibo que los Senadores, cuando se discuten los distintos proyectos de ley, estamos todos los días expuestos a muchas presiones. Siempre hay grupos de interés que, legítimamente, quieren influir en quienes toman decisiones trascendentales. Tal ocurre con los parlamentarios en general; en este caso, con los Senadores.
Pero uno debe sentirse libre y votar en conciencia, porque para eso fue elegido. Y la autonomía que ha de tener el Congreso es fundamental para el buen ejercicio de sus funciones.
Lo mismo creo respecto al Poder Judicial: como ente independiente del Estado, debe ser un Poder autónomo.
Aquí, de cierto modo, se pretende evaluar la competencia o la idoneidad de un juez conforme a si un fallo gusta o no, etcétera, pero no nos damos cuenta de lo que debe hacer un magistrado.
¿Qué espero de un buen juez y qué le pido? Que vote de acuerdo a Derecho, que cumpla la ley.
Yo soy médico. Por eso, hace dos semanas les solicité asesoría a muchos abogados que trabajaron en el tema de los derechos humanos. Y, sorprendentemente, nadie me manifestó reparos. Es más: me dijeron incluso que las discusiones que había en torno a casos particulares eran legítimas, opinables, y elementos de carácter objetivo; o sea, que resultaba razonable que un juez, evaluando los méritos de la prueba y de acuerdo a la ley, fallara en determinada forma.
Por lo demás, también observamos -y ha quedado demostrado- que no se registra ninguna aplicación de amnistía, de prescripción o de media prescripción en las más de diez causas de derechos humanos que ha visto la Ministra Chevesich. Todos los fallos han sido condenatorios. Incluso, uno de primera instancia que era absolutorio fue revocado por ella y adquirió carácter condenatorio.
Por tanto, quiero poner en tela de juicio en esta Sala lo que se ha enarbolado con tanta fuerza como argumento para votar negativamente debido a que se trata de una Ministra que falla contra los derechos humanos, porque no es efectivo. A mi juicio, eso de alguna manera esconde otro tipo de argumentaciones.
Frente a tales presiones, yo no estoy dispuesto a ceder.
Y voy a votar en conciencia y con toda tranquilidad a favor de la Ministra Chevesich.
Figura primera en la cinquena formada por la Corte Suprema. Votaron a favor de ella, por ejemplo, los Ministros Haroldo Brito y Sergio Muñoz.
¿Alguien podría decir que son de Derecha?
Lo pregunto porque aquí, en el Senado, se expresa cualquier cosa: "Esta persona es súper de Derecha", "Esta persona es súper de Izquierda". Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que la información no es fidedigna. Por último, podría ser real.
Además, la señora Chevesich es Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago; se trata de la Ministra mejor evaluada, y votaron para su nombramiento Ministros de destacada trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
Señor Presidente -quisiera decir muchas cosas, pero me queda poco tiempo-, la infamia ha llegado a tal nivel que hoy día salió publicado en "El Mostrador" un artículo que señala: "A estas alturas, en el PS sólo Rossi sigue firme con Chevesich, aunque en el Senado varios de su pares le cuestionan los motivos que tienen." -si es así, que me los cuestionen en la cara- "Es comentario obligado, un `secreto a voces' dicen, que la razón de su respaldo pasaría porque su pareja es cercana a una de las hijas de la magistrada.".
A eso se ha llegado.
¡Esa es una invención!
Me llamaron de "El Mercurio" para saber si era cierto.
¡Es falso, de principio a fin! ¡Es una infamia! ¡Es parte de una campaña cuyo objetivo es justamente que votemos en contra de la Ministra propuesta!
Así que yo, muy tranquilamente, en conciencia, con todos los argumentos que he dado, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, Honorable Senado, un viejo profesor de la Escuela de Derecho nos decía: "La mitad del Código Penal sirve para condenar, mientras la otra mitad sirve para absolver".
Los jueces tienen la libertad para adoptar las decisiones que mejor les parezcan y el deber de justificarlas jurídicamente. De manera que las sentencias judiciales, sobre todo las que pronuncia el Máximo Tribunal de nuestro país, son siempre apegadas a Derecho.
En tal sentido, puede ser tan válida, jurídicamente hablando, la decisión de un magistrado que estima que la acción civil por delitos de lesa humanidad prescribe como la de quien sostiene lo contrario, es decir, que no prescribe.
En el año 1997, cuando se optó por incorporar la visión política en la designación de los Ministros de la Corte Suprema, ello se hizo precisamente como una manera de considerar en la conformación del Máximo Tribunal criterios de orientación política; en palabras simples, criterios sobre qué tipo de sociedad o qué tipo de país nos interesa construir.
Al Senado no se le está pidiendo una opinión técnica, ni jurídica, ni científica, ni cultural, sino una opinión política.
Jurídicamente, es válida la interpretación de quien estima prescrita la acción civil por delitos de lesa humanidad; y lo es también la de aquel que considera que dicha acción es imprescriptible.
¿Cómo zanjar ese importante criterio?
Bueno: para eso está la visión del Senado, la visión política que nuestro país introdujo en 1997.
Estimados colegas, cuando al Presidente Eisenhower le preguntaron cuál había sido el error más grave de su presidencia, respondió con una palabra: "Warren". Le preguntaron entonces cuál fue el segundo mayor error, y contestó "Brennan".
¿Y por qué la designación de esos dos Ministros en la Suprema Corte de Justicia podía ser un problema para su presidencia? Muy simple: porque esos jueces pronunciaron en materia de libertades públicas sentencias importantes que Eisenhower no compartía desde la perspectiva política.
Ahora bien, si algún sector estima que el criterio político no debiera estar presente en estas designaciones, que presente un proyecto de reforma constitucional y plantee un sistema distinto. Pero lo que hoy tenemos, les guste o no, es un procedimiento en que se debe considerar y respetar el criterio político.
Cuando este Parlamento aprueba leyes en defensa de los derechos de los trabajadores, lo que es una decisión política, me interesa que lleguen a la Corte Suprema jueces respetuosos de dicho propósito. Me interesa, obviamente, que en la Cuarta Sala del Máximo Tribunal, adonde probablemente podría llegar la señora ministra, impere un criterio a favor de esos derechos y no solo de los empresarios, como suele ocurrir a veces.
Lo mismo cabe señalar respecto de los consumidores y ¡qué decir! de los derechos humanos.
Por eso es importante analizar cuál es la doctrina que sustenta un determinado ministro -en este caso, la señora Chevesich- que aspira a ser Supremo. Y, hasta donde sé, la única manera de conocerla es considerando sus fallos -no hay otra-, porque los jueces hablan a través de ellos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos han dicho, en reiteradas ocasiones, que es importante investigar los hechos; establecer responsabilidades penales en materia de violaciones a derechos humanos. Pero no lo es menos la reparación a las víctimas de tales atrocidades.
Por supuesto que las calificaciones de la señora Chevesich son buenas, como de seguro lo son las de la inmensa mayoría de jueces que probablemente siguen este debate en todo Chile, cargo que ella no sirvió, pues, como se sabe, pasó de relatora a ministra de Corte de Apelaciones, como ha ocurrido en pocos casos.
Entonces, respecto de la decisión que hoy debemos adoptar, señor Presidente, cabe tener en cuenta que existen antecedentes demostrativos de una manera de concebir la vida, conforme a lo cual es negada por la señora ministra la reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos, al igual que las indemnizaciones a quienes han sido abusados en su calidad de consumidores, y se mantienen los fueros a violadores de derechos humanos, pero se les quitan a ladrones.
Esa es la doctrina, la línea que la señora Chevesich ha sostenido durante todo este tiempo. No es en la que creo, y no quisiera que ni por un minuto se volviera a tener la mirada que predominó hace algunas décadas en el Máximo Tribunal.
No voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NAVARRO.- Pido la palabra para fundamentar mi pronunciamiento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cuando correspondía un nombramiento en la Corte Suprema, durante los gobiernos de la Concertación, un procedimiento utilizado por quienes integraban dicha alianza política era el de que los ministros de Estado conversaran, dialogaran. La actual titular de Justicia no lo aplicó al menos con el Senador que habla. El Ministro señor Larroulet, menos.
La pregunta es con quién lo hicieron.
¿O acaso el Presidente Piñera va a ponernos de rodillas cada vez que tenga que nombrar a un Supremo y hacer efectiva su voluntad, para crear contradicciones dentro de una Nueva Mayoría que, a pocos días de conformarse, enfrenta su primer naufragio en cuestiones de conciencia, políticas?
Aquí se ha instalado una tesis cuyo ideólogo es el Ministro señor Larroulet. Lo advertí. Quienes lo tomaron por un tecnócrata se equivocaron completamente. Ha recurrido a una doctrina propia para poder venir al Senado, pero de algún modo concluyó: "A los que no voten por Chevesich vamos a ponerlos en el paredón por el caso MOP-Gate. Y, por tanto, como necesitamos siete votos, la idea es acorralar a la Izquierda y ver de dónde los obtenemos".
El procedimiento es abusivo, monárquico. Si es el que va a seguir el Gobierno en el tiempo que le queda, entonces digamos las cosas por su nombre: nos encontramos en una situación en la que se va a ejercer la monarquía presidencial de manera absoluta y sin cuartel.
Los que pidieron ayer segunda discusión -lo señalo con el máximo respeto- fueron la Unión Demócrata Independiente y la Democracia Cristiana. Ni mi bancada ni las demás fueron consultadas. Lo pregunté en la reunión de la Nueva Mayoría. Se me expresó que no había acuerdo. Y hago profesión de fe al respecto: no ha habido conversaciones ni para este caso ni para los siguientes.
Solo deseo consignar que la experiencia me indica que con alguien negoció el señor Larroulet. Porque vendrán nuevas designaciones de ministro de Corte Suprema.
¡Si la próxima candidata que es presentada resulta ser Andrea Muñoz, cada cual podrá sacar sus conclusiones¿!
Entonces, no es que el Gobierno no haya llegado a acuerdos. El señor Ministro tiene que conversar con alguien, porque no cuenta con los votos necesarios -la Nueva Mayoría tiene aquí mayoría política-, y creo que se ha llegado a una coincidencia al menos para la designación del siguiente integrante de la Corte Suprema.
Lo he hecho presente: el procedimiento actual no me gusta. Presenta vicios. Sin embargo, es el que tenemos para nombrar a los miembros del Máximo Tribunal, y lo estamos utilizando.
Por lo tanto, no cuestiono la legitimidad del acuerdo. Solo señalo que es legal, que se halla dentro de los márgenes de la política propia del Senado, pero que no lo comparto.
¿O vamos a discutir una a una las proposiciones de ministro que le falta por hacer al Gobierno?
La tesis de la vendetta, del castigo, de la venganza, es la tesis Larroulet. Y algunos Senadores -no los cuestiono- se la han "comprado".
Escuché decir en la Sala que el país está preocupado del caso MOP-Gate. ¡Por favor! El país está preocupado de que la educación sea gratuita, de las pensiones bajas y miserables, no de lo que pasó hace ya muchos años.
Y cuando la jueza Chevesich se hizo cargo de ese proceso, fui uno de los Diputados que expresaron: "Tiene que hacer su trabajo". Y "lo hizo bien, sin mirar a quién". Es una magistrada valiente. Investigó, que era lo que tenía que hacer.
Por lo tanto, no "compro" la amenaza de que van a cuestionarnos por el MOP-Gate o por un supuesto interés en amparar la corrupción, porque creo que la señora Chevesich hizo lo que le corresponde a un juez: actuar en conciencia.
Pero se ha sentido una trama de intrigas palaciegas como las de la peor época de Francia bajo la realeza. Se esconde otro tipo de fundamentaciones. No sé si se ha introducido en esta Corporación, a raíz del actual Gobierno y de la actuación del Ministro señor Larroulet, la tesis conspirativa de conversar con uno y no con otro¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.
El señor NAVARRO.- Solo quiero exponer, señor Presidente, que se nos ha llevado a un terreno muy complejo. Una vez más, este es un triunfo del señor Larroulet.
Deseo consignar que no comparto los fallos de la señora Chevesich en materia de derechos humanos, de consumidores, de trabajadores. Quiero una Corte Suprema que les dé garantías a todos, y en la Cuarta Sala ya hay suficientes ministros que fallan a favor de los empresarios. ¡El 95 por ciento de los casos laborales se pierden en el Máximo Tribunal! Y uno tiene el legítimo derecho de juzgar a los jueces por sus sentencias.
Si no, que se le retire al Senado su facultad.
El único dato objetivo con que cuento es cómo los magistrados se comportan, y puedo expresarlo. No es cuestionar. Es la mejor, claramente. Pero no comparto aquello a lo cual hice referencia. Y como tengo el derecho, lo ejerzo.
Porque efectivamente el "uno para ti, otro para mí" ha determinado la designación de los integrantes de la Corte Suprema.
Voto en contra de la designación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Le corresponde intervenir al Honorable señor Lagos.
No se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que me parecen inaceptables las expresiones de mi compañero de Hemiciclo, de mi colega, de mi amigo Alejandro Navarro.
Quizás lo traté mucho antes que cualquiera de los presentes. Trabajamos juntos en la universidad hace ya muchos años. Lo conocí cuando ingresé.
Desconozco las afirmaciones gratuitas que ha vertido en contra de la bancada que hoy día me toca representar. Son ofensivas. Y creo que no las merecemos.
Si algo ha atravesado el disgusto, no solo de nuestra bancada, sino también, me parece, de todos los colegas de la Oposición -y responsablemente se lo digo hoy día al Gobierno- es la forma como se ha tramitado el actual nombramiento. ¿Por qué? Porque no se respetó el acuerdo a que habíamos llegado.
Y la falta de diálogo se ha mantenido durante todo este tiempo, señor Presidente, y usted lo sabe. En ningún minuto han conversado conmigo, como jefa de bancada, la señora Ministra del ramo ni el Ministro señor Larroulet. ¡Nunca! Tampoco lo han hecho con los integrantes de la bancada democratacristiana.
Por lo tanto, rechazo, clara y categóricamente, la existencia de cualquier tipo de negociación, acuerdo o transacción para la aprobación o rechazo de la presente designación.
En nuestra bancada hemos efectuado una profunda reflexión sobre la materia -no hay unanimidad- y entendido que estamos ejerciendo el rol que nos entrega la Constitución Política: el Primer Mandatario, en uso de sus facultades, ha sometido a nuestra consideración el nombre de una magistrada y tenemos que pronunciarnos en conciencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos parece que todos y cada uno de nosotros debemos ejercer responsablemente nuestro derecho a voto.
En consecuencia, quiero dejar constancia de que rechazamos los dichos del Senador señor Navarro. Afirmamos que son completamente falsos, gratuitos, injuriosos y que no corresponden. No ha existido ninguna negociación de nuestra bancada -repito- con el Gobierno. Nos ha cruzado profundamente la reflexión sobre el nombramiento de la señora ministra y no hemos llegado a una decisión unánime al respecto.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, este es un tema súper sensible por la forma como ha sido abordado. Algunos de nosotros no hemos hecho ni una sola declaración pública sobre el caso. Otros han llenado páginas de diarios: están sentados enfrente.
Se trata de algo bien sencillo y delicado al mismo tiempo. En un proceso que pocas veces ocurre, los tres Poderes del Estado intervienen en un proceso institucional. Para el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema, es esta última la que elige cinco candidatos que propone al Presidente de la República, quien escoge uno de ellos y lo envía al tercer Poder del Estado: el Legislativo. ¿Para qué? Para que se pronuncie. Ello es producto de la reforma de 1997, entre otros impulsada por la actual Senadora señora Alvear, entonces Ministra de Justicia.
Entonces, la pregunta es qué debemos hacer. El Senador que habla podría preguntarle al señor Secretario General qué requisitos o elementos se deben considerar a la hora de votar sobre el nombre propuesto por el Presidente de la República y la respuesta sería: "Pronunciarse en conciencia". Porque no hay otro. No me parecen pertinentes, en consecuencia, las presiones registradas.
Un colega que me antecedió en el uso de la palabra planteó que el caso se refiere solo a corrupción. Creo que fue el Honorable señor Escalona. Deseo consignar que se trata de otra cosa: de que a nosotros, como representantes de la soberanía popular, la Constitución nos pide que nos preocupemos de ver cómo se compone la Corte Suprema. Porque el Máximo Tribunal está integrado por personas iguales que nosotros y que quienes pagan impuestos y llevan a sus hijos a escuelas públicas; por chilenos que tienen visiones del país. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho siempre.
El cuoteo de "uno tuyo y uno mío" es una visión de Chile. ¡Develémoslo y no seamos hipócritas!
La decisión es la misma, por lo tanto. El punto radica en que no se trata de corrupción. El Senador que habla quiere ministros de la Corte Suprema que reflejen cierta manera de ver la sociedad. ¿Y por qué ha de ser la que desea? Porque representa a alguien, pues para eso lo eligieron. Ello se extiende a sus 37 colegas. Algo les dijimos todos a nuestros electores para que concluyeran: "Quiero a Novoa", "Quiero a Larraín", "Quiero a Prokurica", "Quiero a Walker".
En consecuencia, no me parece justo lo que observo, empezando por la actuación del Presidente del Máximo Tribunal, quien formuló una desafortunada declaración que les generó presión a los miembros de esta rama del Congreso.
Pero lo que no acepto es el criterio de mis pares.
A mi Honorable colega Espina puedo expresarle que si los vetos empiezan porque un ministro falló de una forma que no le gustó a la Izquierda, eso implica que el sistema colapsó. Y espero que si ello ha ocurrido, el pleno de la Corte Suprema tome el toro por las astas y manifieste una opinión política, desde el punto de vista de lo que significa afectar gravemente la independencia y autonomía de un Poder del Estado.
Si la Constitución nos pide a Su Señoría y a mí pronunciarnos, ¿por qué vamos a estar interfiriendo en el Máximo Tribunal? ¡Para qué nos preguntan, entonces!
Y cito lo manifestado por el Senador señor Hernán Larraín en Cooperativa, en el sentido de que si se rechaza el nombre de la señora Chevesich, olerá a venganza política por la actuación de esta en el caso MOP-Gate contra funcionarios del Gobierno de Ricardo Lagos.
Reitero que el asunto no se vincula con corrupción, aunque es legítimo que alguien desee plantear el punto. Los que quieren votar pensando que si lo hacen en contra serán juzgados como favorables a esa práctica están en su derecho, pero, por mi parte, estoy en el mío al aseverar que tal factor no incide, porque Chile no es corrupto. Si lo fuera, lo de la señora Chevesich no habría sido noticia.
El problema involucrado es de derechos humanos, el cual aún no está resuelto. Baste decir que ninguno de los candidatos presidenciales de las bancadas de enfrente fue capaz de pronunciar la palabra "dictadura" hace una semana. ¡Así de sencillo!
¡En el país se registran más de mil 300 cuerpos que no se encuentran!
¡En el país se ha hecho carne de los exonerados políticos, porque hubo corruptos, tal vez, o se halla mal otorgado un beneficio!
Tan cierto es que las violaciones a los derechos humanos no se superan, que en esta Corporación se encuentra representado un partido político que llevó de candidato a alcalde a quien le hizo un homenaje a Krassnoff, persona presa, como lo mencionó el Senador señor Escalona. Pero la UDI presentó dicho candidato en pleno siglo XXI. ¿Saben por qué, Sus Señorías? Porque con mis Honorables colegas de enfrente no compartimos la misma posición sobre los derechos humanos. Y lo que estamos haciendo ahora es resolver el nombramiento de una ministra de la Corte Suprema a partir de ese criterio. Ello sí que es delicado. Los derechos humanos no se olvidan.
Más aún, la ministra señora Chevesich, en un fallo de dos contra uno, reafirmó que al señor Manuel Contreras, conocido como "El Mamo", le era aplicable la atenuante de irreprochable conducta anterior. ¡En 2010! ¡No en 1992, cuando nadie sabía nada!
¿Y saben Sus Señorías qué es lo que duele? No se trata de que ella no haya tenido el derecho de decidirlo -puede que haya fallado de acuerdo con su conciencia-, pero otros dos ministros pensaron distinto. Entonces, conforme a mi visión, no es que haya cometido un error, que haya actuado de mala fe, que haya incurrido en una ilegalidad jurídica: dos magistrados concluyeron algo diferente. Y quiero que esos dos tipos de ministro estén representados en el Máximo Tribunal. Es algo legítimo, del mismo modo que otros pueden opinar en forma distinta.
En consecuencia, el asunto no es de corrupción: es de derechos humanos.
En el caso de Manuel Contreras, ¡irreprochable conducta anterior en 2010! ¡Para un asesino que mató al padre de uno de los nuestros, de Juan Pablo Letelier, sentado más atrás! ¡Me parece inconcebible! ¡Y muchos de ustedes saben en su conciencia que estamos cometiendo un error!
El Senador que habla no acogerá la solicitud del Presidente de la República, porque habría bastado que no la presentara y que hubiese consultado.
¡Se van a cumplir 40 años del golpe militar y un candidato presidencial de la Derecha no puede pronunciar la palabra "dictadura"! ¡Porque no lo creen!
¿Por qué piensan que el ministro señor Cerda está vetado hasta el día de hoy? ¡Por vendetta!
En honor a la memoria de los compañeros socialistas asesinados, no voy a aprobar la solicitud.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la designación de la señora Gloria Ana Chevesich Ruiz como Ministra de la Corte Suprema (26 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Lagos, Letelier, Navarro y Quintana.
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez y Tuma.