PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ELÉCTRICAS
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8270-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
Minería y Energía (segundo): sesión 31ª, en 17 de junio de 2013.
Discusión:
Sesión 18ª, en 30 de abril de 2013 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 30 de abril del año en curso.
La Comisión de Minería y Energía deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que los numerales 4), 18), 20) y 22) del artículo único y el artículo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el texto aprobado en general. Por consiguiente, esas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Minería y Energía realizó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por mayoría de votos -con excepción de una, meramente formal-, por lo que se pondrán en debate y en votación oportunamente.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe, en la tercera columna, las enmiendas introducidas por la mencionada Comisión, y en la cuarta, el texto que quedaría si ellas se aprobaran.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, diversos artículos no se aprobaron unánimemente. Entiendo que vamos a discutirlos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Por supuesto.
El señor GÓMEZ.- Es que no lo escuché.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, hay dos artículos de quórum especial; entiendo que se refieren al sistema de arbitraje.
Pido el acuerdo de Sus Señorías para tratarlos en primer lugar y hacer la votación correspondiente, y después seguir el orden normal.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como se expresó, existen dos disposiciones orgánicas constitucionales: el artículo 31° bis (página 29 del comparado) y el artículo 34° bis (página 31).
Para la aprobación de ambas normas se requieren 22 votos favorables.
Ahora bien, con relación al artículo 31° bis se renovaron las indicaciones 101, 102, 102A, 103 y 104, pero todas fueron declaradas inadmisibles en la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- La Secretaría podría dar lectura a las indicaciones declaradas inadmisibles, señor Presidente, para dejarlas fuera.
Ahora, si a Su Señoría le parece, la lectura puede quedar para después de que nos pronunciemos sobre los dos preceptos orgánicos constitucionales.
El señor PIZARRO (Presidente).- La única manera de ocuparse en dichas indicaciones es que algún Senador solicite votar la admisibilidad. Y nadie lo ha pedido.
El señor PROKURICA.- Muy bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- Votaremos, pues, los artículos 31° bis y 34° bis.
El Senador señor Horvath está solicitando votación separada.
En votación el artículo 31° bis, referente a la forma de solucionar las dificultades suscitadas entre dos o más titulares de concesiones eléctricas.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en algunos de estos temas ya entramos en un área delicada.
Les pido a Sus Señorías observar con atención el artículo 31° bis, que en el inciso segundo dice: "En todo caso, no constituirá un obstáculo para el otorgamiento y ejercicio de concesiones o servidumbres eléctricas la existencia de otros derechos, permisos o concesiones constituidos en el o los predios por terceros.".
Allí hay derechos que chocan entre sí. Por tanto, no corresponde que la norma se apruebe de esa manera. No resulta admisible el planteamiento que se formula mediante el proyecto en el sentido de entregar las concesiones atropellando derechos de otros.
Por eso, voto en contra.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 31° bis (23 votos a favor, 6 en contra y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Gómez, Horvath, Lagos, Quintana y Rossi.
Se abstuvo el señor Cantero.
El señor GIRARDI.- Que se agregue mi voto en contra, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de pronunciamiento negativo del Senador señor Girardi.
En votación el artículo 34° bis, que también es de rango orgánico constitucional.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Solo quiero hacer una reserva, señor Presidente: no se ha votado el N° 12 bis) -se refiere a las obras de concesión que atraviesen tierras pertenecientes a comunidades indígenas-, que lo discutiremos aparte.
El artículo 34° bis dice: "Toda vez que en un juicio cualquiera, incluyendo los juicios posesorios sumarios (¿), el juez decrete la suspensión o paralización de las obras que se llevan a cabo en virtud de una concesión eléctrica, se suspenderán los efectos de dicha orden de paralización o suspensión de obras si el concesionario consigna en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para responder de la demolición de la obra o de la indemnización de los perjuicios que de continuarla pudieran seguirse al contendor en tales juicios, en caso que a ello sea condenado (¿), dentro del plazo de tres días a contar de la fecha...".
Yo quiero ir únicamente al concepto, señor Presidente.
La verdad es que un daño no puede ser siempre reparado ni recuperado con un fondo monetario. O sea, si una persona que al hacer una línea de transmisión echa abajo un bosque nativo o rompe un escenario afectando con ello a una inmobiliaria o a un proyecto turístico y reclama sus derechos, el juez permitirá que se levante la paralización de las obras por la mera circunstancia de dejarse una caución.
Creo que eso no solo es inconstitucional, sino que además no pone en equilibrio a las partes involucradas.
Tal fue una de las razones por las cuales en la Comisión votamos en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el objetivo de este proyecto es agilizar los procesos de concesión, que hoy día se están transformando en un serio obstáculo para desarrollar el sistema de transmisión de electricidad.
El atraso se ha generado por distintas causas, y una de las principales se pretende resolver a través del artículo 34° bis.
Muchas paralizaciones o suspensiones han obedecido a una denuncia de obra nueva, cuestión incorporada en la norma. En tal caso, ya se ha otorgado una concesión y se han iniciado las obras.
Aquí no coincido con el señor Senador que me ha antecedido en el uso de la palabra, porque para iniciar una obra tienen que existir la concesión y los permisos ambientales. Son las dos condiciones. Si un juez, mediando esos elementos, decreta la suspensión o la paralización, imagino que en el proceso se han tomado todos los resguardos y considerado todas las variables para evitar daños.
¿Qué hace la norma? Ya que existen los permisos ambientales y la concesión, el magistrado, al momento de dictar la suspensión o la paralización, decreta el monto de la caución. Y por ese hecho, precisamente para evitar que las obras se sigan demorando, se levanta la medida de que se trate.
Por lo menos desde mi punto de vista, este ha sido de los principales motivos para el retraso del proceso de concesiones. Y el asunto se está resolviendo satisfactoriamente a través del artículo 34° bis.
Repito que aquí no podemos hacer referencia a un daño irreparable, porque ya media el permiso ambiental. Si este no existiera, no se podría construir, porque lo único que hace la concesión es habilitar para dicho efecto.
Entonces, este ha sido un resquicio precisamente para paralizar el avance en obras que se involucran en una concesión.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no abundaré en los argumentos que el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra expuso en el sentido que señaló. Efectivamente la concesión no se puede iniciar mientras no se cuente con los permisos ambientales y no se halle otorgada totalmente la autorización.
Lo que pasa es que a veces se intenta judicializar, mediante acciones o arbitrios que tienen por objeto la paralización, procesos ya autorizados. Por eso, se mencionan el juicio posesorio u otros que pueden plantearse.
Pero, además, cuando el juez decreta la caución, lo hace con dos objetivos: la demolición de la obra, en el caso de que se acceda al juicio, y la indemnización de los perjuicios que se pudieran haber registrado.
En el fondo, creo que con la disposición se tiene razón en el propósito de evitar la judicialización y el entorpecimiento de este tipo de obras cuando, habiéndose cumplido todos los requisitos, se inicien juicios posesorios u otros que tienen por única finalidad la paralización.
Entonces, el concesionario puede rendir caución suficiente para el efecto de que, si pierde el juicio, demuela la obra y, además, pague los perjuicios.
Por lo tanto, creo que la norma es bastante lógica y que se ajusta a lo que se pretende con la ley en proyecto.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, voy a votar en contra, porque todos los que conocemos lo que sucede con la política ambiental sabemos que, muchas veces, las autorizaciones son verdaderos fraudes. En efecto, la legislación chilena es la única en el mundo que permite otorgarlas sin criterios técnicos y sin que las resoluciones en este último ámbito sean vinculantes para las decisiones que finalmente se tomen. Y, de hecho, los tribunales de justicia han cuestionado y echado abajo proyectos como el de la Central Castilla o el de Pascua Lama justamente porque sus aprobaciones fueron totalmente anómalas, irregulares e ilegales.
Como sabemos que ello es así, cabe consignar que lo que hace la norma en examen es dejar sin efecto la posibilidad de que los organismos jurisdiccionales repongan el Estado de Derecho cuando intervienen instituciones serviles solo a intereses económicos y cuando las regulaciones no se han elaborado para cautelar el interés de comunidades, ni la vida, ni la salud. Cuando un sistema de evaluación de impacto ambiental es cuestionado por los propios servicios técnicos y no es dirimente ni vinculante con la decisión final que se toma, quiere decir que estamos en una situación muy compleja.
Con lo único que cuentan hoy día las comunidades para defender su derecho son los tribunales de justicia. Pues bien, lo que se está haciendo aquí es determinar que si hay un pago, entonces se va a inhibir la acción de estos últimos organismos y se podrá dañar el medio ambiente. O sea, se contempla una cierta actitud mercenaria: si se dispone de recursos, se consigue dicho efecto.
Me parece que la disposición resulta absolutamente cuestionable en su espíritu, en su forma. Y, evidentemente, lo único que va a hacer es restar eficacia a los pocos instrumentos que tienen las comunidades, la ciudadanía, para defenderse de malas políticas, de políticas insuficientes, anómalas. Por eso, no voy a aprobarla.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el objetivo de la ley en proyecto, en nuestra opinión, no es bueno, no resulta de buena factura.
Aquí se dice que intentamos mejorar las condiciones y la rapidez para poder sacar adelante permisos y concesiones a fin de que se abra una mayor posibilidad en el ámbito de la energía eléctrica, con centrales, etcétera. Pero tiene lugar una asimetría tremenda entre la capacidad de los afectados y la de quienes pueden pedir autorizaciones o concurrir ante los jueces y rendir caución.
Lo que se está expresando es que el juez va a determinar una cantidad de recursos para resarcir, si acaso se causan perjuicios, o para demoler la obra si eventualmente se halla mal concebida. La verdad es que los daños pueden ser enormes y que quien sea objeto de ello no va a obtener de ninguna manera la compensación que se requiere.
Por eso, en la Comisión expuse que es mucho mejor, si se quiere evitar al litigante temerario, al que quiere entorpecer, la determinación de multas y responsabilidades, y no optar, en cambio, por el establecimiento de criterios que exhiben una total asimetría -repito- en el caso de una comunidad carente de recursos, de abogados, de alternativas como aquellas con que sí cuentan las grandes empresas.
Lo único que se hace en el texto es favorecer las posibilidades judiciales de seguir adelante en la construcción de centrales o de una obra objeto de permiso. Me parece que es preciso pensar también en la ciudadanía, en los pequeños propietarios, en las comunidades indígenas y en todo aquello que hemos discutido con el Senador señor Horvath en la Comisión, como la consulta a estas últimas respecto a las áreas protegidas, sobre las cuales se va a permitir pasar por encima si eventualmente se aprueban los artículos que nos ocupan.
Conforme a esa lógica, lo que estamos haciendo en definitiva es solo facilitar nuevamente la acción de las empresas, ahora en los tribunales. Ello, a pesar de que ha sido el Poder Judicial el que en realidad ha defendido a la ciudadanía, porque es el que afortunadamente ha parado los proyectos de mala factura. Con la ley en proyecto, entonces, incluso vamos a "amarrar" esa vía.
En consecuencia, no estoy de acuerdo con la iniciativa en su contexto, pero con mayor razón en el caso del artículo en debate. A lo único que hace referencia este último es a que se consigne "en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para responder de la demolición de la obra o de la indemnización de los perjuicios que de continuarla pudieran seguirse al contendor en tales juicios". Y agrega más adelante que "La suspensión de los efectos de la orden de paralización o suspensión de obras tendrá lugar desde el momento en que se consigne el monto de la referida caución en el tribunal".
¿Alguien puede afirmar que una empresa de magnitud no dispondrá de los recursos suficientes para ello? ¡Va a tenerlos!
Destaco, una vez más, la asimetría gigantesca entre una comunidad indígena o un pequeño propietario y las grandes empresas.
Por eso, no estoy de acuerdo con esta fórmula de legislar, lo que nos ha llevado a votar en contra de cada uno de estos artículos, tal como lo hago ahora.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el principal propósito de la iniciativa es reducir los plazos para constituir y materializar las concesiones.
Cuando se hace referencia a que el promedio en la materia es hoy de 700 días, a pesar de que la ley contempla 120, y no se trata de obras privadas en beneficio de un proyecto determinado, sino de la columna vertebral que conduce la electricidad del país, es preciso pensar que cuando alguien logra una suspensión -puede ser legítima- de uno o dos meses, no daña a la empresa constructora, la que, al final, cargará los costos a los consumidores de energía.
Entonces, digamos las cosas como son.
El elemento que se incluye permite resguardar los intereses de un privado. Hasta los señores Senadores que pretenden votar en contra de la disposición han manifestado confiar en los tribunales. Son justamente estos los que tienen que tomar la decisión correspondiente y fijar la caución.
Además, se incorporó una norma que evita el problema que algunos de Sus Señorías han planteado, ya que se estableció la gratuidad del informe de peritos.
Opino que el procedimiento en examen genera una fórmula para destrabar el sistema; que garantiza, a través de una resolución judicial, una consignación acorde con el valor de los perjuicios, y que es una forma de poder acortar los plazos sin violentar los derechos de los propietarios.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, deseo consignar varias precisiones.
En primer lugar, no estamos dictando una normativa nueva, sino modificando una ley existente y perfeccionándola a fin de permitir la ejecución de una serie de proyectos hoy día aprobados, desde el punto de vista ambiental, y de introducir competencia, con ello, en el sistema. Hoy día, esta última no es posible, porque la generación de energía se concentra en dos megaempresas, lo que obviamente se traduce en un producto caro y, además, en una situación de riesgo para el país.
Y eso, señor Presidente -perdone que lo mencione para fundamentar mi voto-, tiene que ver con un acuerdo, no unánime, sino de mayoría, que hemos logrado con un conjunto de colegas. Es algo que dice relación con el proyecto en debate y con el que fomenta la energía renovable no convencional, aprobado en la mañana en la Cámara de Diputados, que va a significar que un 40 por ciento del crecimiento de la generación eléctrica en los próximos doce años se desarrollará con fuentes autóctonas y limpias en todas las regiones, con nuevos actores que esperamos que contribuyan a una mayor competencia en el mercado.
En seguida, me parecen preocupantes afirmaciones que se han hecho a raíz del artículo en votación.
Se dice que vamos a permitir que proyectos eléctricos pasen por parques nacionales. Hago presente que en la iniciativa se menciona en forma expresa la Convención de Washington, que rige en nuestro país, cuyo artículo III dispone: "Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales.".
Además, un colega ha sostenido que se origina una supuesta indefensión ciudadana, por cuanto no será posible recurrir a los tribunales, en circunstancias de que expresamente la normativa establece que cualquier persona, por cualquier causa, puede presentar acciones judiciales que estime pertinentes.
Finalmente, la disposición en análisis contempla una caución expresa ante cualquier tipo de intervención que suponga la demolición de una obra o la indemnización de perjuicios por una de ellas en particular.
Lo que hemos hecho en la materia, en especial en la normativa en discusión, justamente es resguardar a los que puedan verse afectados por un proyecto y no por la concesión.
Por las razones expuestas, voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hemos planteado las observaciones generales sobre la iniciativa en debate, que tiene nombre y apellido. Lo hemos hecho no solo porque es impopular. También hemos reiterado que es innecesaria. Pretenden llevarla adelante los que concentran la propiedad de las aguas de Chile, que precisamente no son chilenos. Lo señalo para quienes defienden con ahínco el nacionalismo en torno a la defensa de los recursos naturales.
A nadie le preocupa, al parecer, que los que quieren materializar el proyecto de HidroAysén sean dueños de más del 67 por ciento de las aguas del país, propiedad que es -repito- extranjera, no chilena.
Si bien nos hallamos discutiendo el artículo 34° bis, está claro que el objetivo es el que se ha planteado: acelerar los procesos de construcción y generar las condiciones para que quien tenga dinero constituya una caución, y, en definitiva, no determinar la paralización de las obras. Y si el fallo posterior ordenara la demolición, ello se pagará.
Si lo anterior fuera efectivo, cabe subrayar que los hechos consumados violentan el principio precautorio. La legislación considera medidas como la paralización de una obra mientras se evalúa si provoca daño, porque este, en muchos casos, es irreversible. ¡No es posible construir y luego destruir y mantener las condiciones naturales de lo que se quiere preservar!
Por lo tanto, aquí se viola el principio precautorio que Chile ha defendido y firmado en convenios internacionales: "Si hay dudas, abstente. Si hay elementos que pueden dañar el medio ambiente o los derechos de las personas, no continúes adelante. Evalúa".
¡Y para eso están los organismos jurisdiccionales!
Lo anterior, independientemente de que los tribunales ambientales se circunscriben a tres regiones. Por cierto, no se incluye en ellas la del Biobío, una de las que registran mayor inversión y desarrollo de proyectos que requieren estudios de impacto ambiental. Funcionan solo en el patio trasero de los tribunales en Santiago, de allegados, sin terminar aún de instalarse en el país, y, además, si bien los creamos para tratar de manera específica situaciones ambientales, ahora les decimos que, independientemente de la forma como fallen, da lo mismo, porque, en definitiva, las obras van a continuar.
Señor Presidente, aquí hay una asimetría feroz.
Algueras de Coronel y el Senador que habla nos reunimos con Colbún y se dio la situación que narro en seguida. Un conjunto de ingenieros y gerentes generales les propusieron a las trabajadoras que formaran una mesa para discutir y buscar una solución. Por mi parte, les dije a ellos que la fórmula era obscena, abusiva, porque ninguna de las mujeres había terminado octavo básico. ¡Y los ingenieros de Harvard, de Cambridge, de la Chile, de la Católica, les proponían conversar de igual a igual¿!
¡Ese no es el sentido de la igualdad para poder tratar los problemas ambientales! ¡Ese es el sentido del abuso!
Entonces, si hay algo que se encuentra entre los débiles, los vulnerables, por una parte, y los poderosos, por la otra, son los tribunales. Y si se determina la paralización de una obra, el poderoso no puede poner su dinero para evitar el efecto de la resolución judicial. ¡Aquí estamos cautelando una legislación para proteger a los poderosos, no para respetar el medio ambiente ni resguardar a los más débiles!
Voto en contra del artículo.
Y me convenzo, una vez más, de que la normativa es un traje a la medida para un par de empresas con un gran proyecto que se llama "HidroAysén" y que han venido, por cierto, en este Gobierno de Derecha¿
El señor PROKURICA.- ¡No hable tonteras, hombre!
El señor NAVARRO.-¿ a buscar la aprobación de una iniciativa legal que facilite su ejecución.
Hay algunos que dicen¿
El señor PROKURICA.- ¡Lea el proyecto! ¡No lo ha hecho!
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúe, Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Esa es la prepotencia de los poderosos, señor Presidente¿
El señor PROKURICA.- ¡La ignorancia es prepotente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hemos estado veinte años involucrados en los temas medioambientales y hemos mantenido una sola posición frente a este asunto, cualquiera que sea el adversario, legítimo o ilegítimo.
En definitiva, creo que el artículo no solo allana el camino para que los derechos de los más débiles sean vulnerados, sino que además transgrede derechos constitucionales. Por tanto, formulo observación de constitucionalidad. Porque los tribunales tienen el deber, conforme al mandato que les encomienda la Carta Fundamental, de velar por los derechos de las personas, y el precepto en análisis, en mi opinión, permite que ellos se violen y no sean reparables.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Horvath ha pedido la palabra para hacer una aclaración, y en estricto rigor, no se la puedo conceder porque ya fundamentó su voto. Pero como la ha solicitado para dejar en claro un asunto relacionado con esa intervención, se la doy por no más de un minuto.
El señor HORVATH.- Se lo agradezco, señor Presidente.
Lo que pasa es que empezamos a discutir este proyecto a partir del artículo 34° bis, nuevo, y podría pensarse que todo hacia atrás está normal.
Evidentemente, en esta materia no ha habido derechos suficientes para levantar oposiciones, ni hay posibilidad alguna de que los pueblos originarios pidan cambio de trazado en forma oportuna, y además las áreas protegidas no están protegidas. Por eso, que se autorice la concesión y más encima que exista la oportunidad de realizarla habiéndose atropellado tales derechos, realmente es demasiado.
Por desgracia, la Sala no ha tenido a la vista los artículos anteriores, que recién empezaremos a discutir.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina, para fundamentar el voto.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, no logro entender los argumentos de quienes se oponen a esta norma, pues se trata de una disposición legal que favorece, primero, a las pequeñas empresas y no a las grandes, como se sostiene, y segundo, a los dueños de los predios.
La razón es muy simple.
Si a las grandes empresas les paralizan una obra, tienen capital y recursos para suspender su ejecución y mantener -como aquí se ha dicho- en tres entidades la concentración de prácticamente todo lo que es generación eléctrica. En cambio, una pequeña empresa que ve paralizada su construcción de manera indeterminada -como bien lo señaló el Senador Prokurica- no dispone de capital para reemprenderla posteriormente. Y, por lo tanto, es probable que desista de la obra.
Ahora bien, lo que esta norma hace es defender precisamente a las pequeñas empresas al permitirles continuar su faena y no favorece a las grandes, a las cuales la paralización de sus obras les resulta absolutamente indiferente porque pueden estar tres, seis, ocho o diez meses detenidas, pues disponen de capital suficiente para continuar su construcción después.
En consecuencia, esta es una disposición pro pequeña empresa que quiera dedicarse a la generación eléctrica, en particular a la que viene: la renovable no convencional. Y, además, favorece al usuario, ya que, en la práctica, obligará a quien desee construir una obra de concesión eléctrica a depositar -para poder continuarla después- los recursos que permitan demolerla, como también a garantizar las indemnizaciones de perjuicios en el evento de que el tribunal determine que esa construcción no puede seguir.
Supongamos que esta norma no existiera y que la empresa, una vez realizada parte de la obra, dijera: "Saben que más, no tengo recursos ni pretendo cancelar lo que avancé en esta construcción". El usuario no va a tener cómo demandar -imaginemos que se trata de una pequeña comunidad- o participar en un juicio ordinario de largo conocimiento, para que después de años se dicte una sentencia judicial que obligue a quien estaba ejecutando la obra a poner los recursos.
¿Y qué señala esta disposición?: "No, si usted quiere continuarla, debe cumplir dos requisitos: primero, deposite la indemnización, y segundo, ponga la platita en caso de demolición".
Por consiguiente, la norma apunta precisamente a apoyar a las pequeñas empresas generadoras para que puedan continuar su obra, no se descapitalicen ni se desistan, y no favorece el monopolio de tres grandes empresas, que sí pueden parar sus construcciones; y segundo, establece el derecho, la seguridad, la caución, la certeza de que aquel sobre cuyo predio se está realizando una construcción tenga garantizado que, si posteriormente gana el juicio respectivo, le demolerán la obra y lo indemnizarán.
Señor Presidente, esta disposición va exactamente en el sentido opuesto de lo que argumentan quienes desean votarla en contra: permite a los pequeños empresarios poder construir y, además, al dueño del predio por el que pasará la concesión le da la seguridad de que le proporcionarán recursos para demoler la obra en el evento de declararse ilegal o improcedente y, también, de que le indemnizarán los daños.
Si esta norma existiera para todos los juicios, ¡créanme!, sería aprobada con felicidad por los chilenos que dicen "Yo tengo que demandar pero nadie me garantiza si al final del juicio estará la plata para poder recuperar mi dinero".
En definitiva, se trata de una disposición extraordinaria y es positiva en el sentido que he señalado.
Por esa razón, la apruebo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero ser muy franco. Entiendo perfectamente bien que al país se le producirá un gran problema hacia el futuro, en los próximos años, cual es cómo resolver el tema energético. Y posiblemente la no correcta solución de él se transforme en la principal dificultad para su crecimiento en el tiempo venidero.
Yo, con la mejor voluntad y de todo corazón, desearía colaborar para resolver ese problema. Pero siento que este proyecto en nada ayuda, sino que, por el contrario, agrava las dificultades. Porque uno quisiera comprender y hacerse cargo, con la disposición más positiva, de los argumentos de quienes piensan distinto, pero, lamentablemente, la letra del texto es inequívoca.
Pienso que la norma que votamos antes, sobre todo su último párrafo, que dice: "En todo caso, no constituirá un obstáculo para el otorgamiento y ejercicio de concesiones o servidumbres eléctricas la existencia de otros derechos, permisos o concesiones constituidos en el o los predios por terceros", va a dar lugar a todo tipo de abusos, especialmente contra los pequeños productores agrícolas.
Sin embargo, eso ya está aprobado, y yo lo voté en contra.
Ahora bien, esa filosofía se reafirma con la redacción de este artículo nuevo.
Todos sabemos que en el negocio eléctrico no hay mipymes -o sea, ni microempresas ni pequeñas y medianas empresas-. No existen. Por el volumen de la actividad, no es posible. Entonces, no digamos cuestiones absurdas.
Este es un negocio en el cual participan las grandes empresas del país y, también -como dijo el Senador Navarro, tal vez de manera inapropiada, porque trató de ironizar en esto-, enormes grupos económicos desde el punto de vista internacional.
Vale decir, aquí no se está hablando del pequeño productor, sino de que se está generando una institucionalidad que dará a esos enormes conglomerados la posibilidad de pasar por encima de los reclamos de la gente, que son las comunidades indígenas, los empresarios del turismo, los productores lecheros, los productores agrícolas. En definitiva, se trata de gente que corresponde a la parte desprotegida de nuestra sociedad.
No me estoy refiriendo aquí a los más pobres; aludo a personas que pertenecen a los estratos medios y medio-bajos de nuestra sociedad, que no contarán con ninguna posibilidad de salvaguardar sus intereses con esta legislación. Porque la empresa generadora o la distribuidora, que tiene un negocio de 500 millones de dólares, o de mil millones, o de mil 500 millones, o de 2 mil millones, o de 2 mil 500 millones o de 3 mil millones de dólares, que es el volumen que se observa, podrá seguir de todas maneras con las obras, a pesar de los reclamos de los pequeños.
No existe ninguna duda de que esto será un golpe terrible en contra de la pequeña producción campesina, los pequeños agricultores, los medianos agricultores y los grandes agricultores que carecen de la capacidad para contrarrestar a estos enormes conglomerados.
En otras palabras, señor Presidente, siento que lo relativo a la voluntad, que yo comparto, para poder viabilizar la solución del problema de debilidad energética que tiene Chile -es un tema país- no queda bien resuelto con esta redacción. Por el contrario, creo que a muchas regiones les estamos creando problemas que van a ser prácticamente insolubles. De tal manera que, a pesar de tener el mejor deseo de ayudar a solucionarlos, porque lo relativo a la energía es nuestra gran dificultad como país, considero que estas disposiciones no hacen posible votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, según lo que he escuchado en el debate, creo que este artículo y los dos que ya hemos votado mejoran la situación. Primero, porque si se ocupara la legislación actual, sencillamente no habría nada que hacer.
El señor ESPINA.- Así es.
El señor FREI (don Eduardo).- Segundo, se favorece a los pequeños y medianos generadores, porque hoy día las grandes empresas, como TRANSELEC, pasan igual con las líneas transmisoras.
¿Cuál es el problema? Que en forma paralela se votó en la Cámara de Diputados una iniciativa sobre generación de energías renovables no convencionales. ¿Y qué líneas transmisoras existen? Hay proyectos para este tipo de generación por más de 3 mil megavatios. ¿Y cuántos de estos se ejecutan en la actualidad? No llegan ni a 100 megavatios. ¡Una porquería! Porque no tienen posibilidad de pasar y se les niega el acceso a las grandes transmisiones.
El acuerdo al que hemos llegado en esta iniciativa persigue terminar de una vez con esa situación. Es cierto que hay que perfeccionarlo, arreglarlo. Coincido con ello, y escuché atentamente lo que manifestó el Senador Escalona sobre el particular. Pero quiero leer lo que aparece hoy día en un diario de circulación nacional. Aquí se ha hablado de que defendemos a unos pocos, a este y a otro. Y veamos qué se señala en él: "Costos de energía a empresas alcanzan en junio su nivel más alto en los últimos seis años".
Es decir, en Chile hoy día pagamos 230 dólares por megavatio, y el único país que nos supera en tal sentido en el mundo es el Congo. ¿Y quiénes se perjudican con eso? Los 17 millones de chilenos y las empresas chicas, medianas y grandes, por el precio de la energía que todos pagamos en nuestras residencias, en todas las industrias y los comercios, sean chicos o grandes. Entre todos cancelamos un costo por la energía que no se puede soportar.
Por lo tanto, aquí no estamos defendiendo a una o dos empresas, sino al país y a sus consumidores.
El otro día el Ministro sostuvo que, debido a ciertas declaraciones, se habían paralizado las inversiones. Así, en el sector de la minería se señalaba que existían inversiones por 100 mil millones de dólares, pero hoy se afirma que solo llegan a 45 mil millones, ¡si es que se realizan! ¿Por qué? Porque el costo de la energía representa 30 a 40 por ciento del total de las inversiones. De ahí que se estén yendo a Perú y a otros países. ¡Vamos a perder todas las inversiones mineras en los próximos años!
Y tenemos en perspectiva que en los tres o cuatro años venideros sufriremos un blackout si continuamos con el régimen de lluvias que tenemos. Mientras tanto, ¿qué se ha hecho en el último tiempo? ¿Qué es lo único que se aprueba? La construcción de centrales térmicas. Y pareciera que las ONG solo se preocuparan de autorizar el emplazamiento de estas y que todas las otras tendrían que desaparecer.
¿Y cómo se presenta la situación hoy día en todo el territorio? Con los niveles de PM5 existentes ya no se puede respirar en ninguna parte.
En cuanto a las empresas pequeñas, a una central mini hidro de Osorno que genera 10 megavatios -ya hablé este asunto con el señor Ministro- no le dan ni pasada ni acceso a la línea de transmisión. Eso es lo que tiene que resolver el proyecto que nos ocupa.
No nos sigamos engañando. En nuestro país -esto no viene ocurriendo ahora último- desde hace 5 o 10 años lo único que se ha hecho es autorizar centrales que funcionan a carbón y diésel. ¡Estamos quemando tres mil millones de dólares en diésel, año tras año! ¡Tres mil millones de dólares en diésel! Y tenemos que asumir un costo que va a seguir subiendo. Y no les quepa la menor duda de que, si no llueve en los próximos meses, el megavatio va a costar 300 dólares a fines de julio. ¿Y quién pagará eso? Todos nosotros.
Se están paralizando las inversiones de cualquier tipo, y se están yendo a otros países. ¡No sigamos engañándonos; no continuemos mintiéndole a la gente! Este es un grave problema para Chile. Es el más grave que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno, sea el que sea. Por lo tanto, lo que hacemos a través de este acuerdo es lograr un mínimo común denominador para que los proyectos, de una vez por todas, se puedan implementar.
Respecto del artículo que nos ocupa, las grandes empresas hacen pasar igual sus líneas de transmisión. Al menos aquí se colocan ciertas condiciones para favorecer a los pequeños y medianos generadores. Todos dicen: "¡La energía renovable; la energía renovable!". Pero la generación de energías renovables no se va a implementar. Así lo he dicho y lo vuelvo a sostener. Es cierto que firmé el acuerdo, pero ni con el proyecto a que me referí se van a desarrollar. Eso no va a suceder, mientras no pasen por las líneas de transmisión y no se les entreguen incentivos como los que se dan en otras partes del mundo.
Ese es el punto central. No nos sigamos engañando. Todos estamos pagando y perdiendo los parques industriales, las inversiones. Y eso lo dicen todos los organismos y los informes internacionales. ¡Qué alegría que Chile sea el segundo país del mundo con la energía más cara después del Congo¿! ¡Qué alegría más grande¿!
¡Qué miseria más grande!
Entonces, no digamos que seguimos legislando para unos pocos o para dos o tres empresas. Lo estamos haciendo para el país. De lo contrario, en los próximos tres o cuatro años vamos a tener blackout -¡vamos a tener blackout!-. Porque no se está realizando ninguna inversión en el campo de la energía hidráulica, que representa el 60 a 70 por ciento de la que se ocupa en Chile, desde los años treinta. Hoy no se hace absolutamente nada.
Ese es el problema que tenemos que resolver. Por eso participamos en el acuerdo y esto se consideró en la respectiva indicación. Y lo digo con claridad: muchas de estas cosas no las quería el Gobierno, pero las aceptó porque obedecen a la lógica.
Por lo mismo, respetamos el acuerdo y creemos que la iniciativa se puede perfeccionar. Si hay alguna consideración respecto de su texto -el Senador Escalona mencionó una frase- lo podemos arreglar. Pero no continuemos engañándonos. Seguir diciendo que el proyecto y estos acuerdos apuntan a beneficiar a dos o a tres es mentir y seguir mintiendo.
Chile está pagando una cuenta que nos va a costar mucho saldar, y así se lo he dicho al futuro Gobierno. Todos saben quién me gustaría que estuviera a la cabeza del próximo Gobierno, pero sea quien sea va a tener que enfrentar el gran problema del tema energético. Y el próximo año, si se da un régimen de lluvias como el que experimentamos ahora, vamos a tener blackout y seguiremos quemando miles y miles de millones de dólares en diésel. En 2013 vamos a quemar 3.500 millones de dólares, señor Presidente.
Podría seguir opinando, pero se acabó mi tiempo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, creo que todos compartimos que tenemos una crisis energética, que enfrentamos una situación difícil y que nos hallamos retrasados en materia de inversión en esta área. Sin embargo, no estoy tan claro de si el retraso en materia de inversión energética se puede atribuir solo y de manera exclusiva a la judicialización que ha tenido lugar últimamente. Las inversiones en materia de energía no ocurren de dos años para adelante, ni de tres, y no se paralizan única y exclusivamente porque haya juicios pendientes en la materia.
Creo que existen otras razones más estructurales que dan cuenta de la situación energética que tenemos. Tal vez, algunos piensan que la fórmula para solucionar el tema de la energía se basa en la libertad individual de las empresas para establecer centrales termoeléctricas o represas para energía hidroeléctrica, etcétera, sin una mirada central, sin una orientación respecto de dónde es necesario invertir más.
En el fondo, lo que ha habido es una falta de preocupación sobre la matriz energética que queremos tener.
Entonces, el proyecto que nos ocupa está superbién inspirado: trata de destrabar y permitir que tengan lugar las inversiones. No obstante, creo que el hilo se corta por lo más delgado en este punto. Jurídicamente, encuentro complejo que lo que se proponga acá sea equivalente a decir: "Generemos una ley, con el voto de todos, para que en aquellas disputas entre particulares nos inclinemos por una opción".
Aquí nosotros somos los que vamos a decidir al final del día si a la empresa que quiera invertir en energía se le solucione el problema en la medida que tenga lucas. Eso es lo que dice el artículo en discusión: "Usted tiene recursos, me cauciona y sigue adelante la obra". Pero aquí somos nosotros los que debemos dirimir cuál va a ser la solución. Y creo que en esa materia no hay consenso.
Me pareció escucharles al Senador Girardi y a otros colegas la siguiente pregunta: ¿No existen otros mecanismos institucionales que habría que modificar con tanta o igual premura que esta, que tiene por objeto solucionar el caso concreto de las demandas judiciales? ¿No hay una institucionalidad que mejorar?
Yo siempre me pregunto, tal vez por mi deformación de haber trabajado en temas internacionales, cómo lo hacen otros países. No me gusta tener el costo de la energía que se da en el Congo, como mencionó el ex Presidente Frei, pero tampoco me gusta, con todo respeto a esa nación, la institucionalidad del Congo en materia medioambiental. Y quizás por ello resulta cara la energía en ese país.
No sé si contamos con la mejor institucionalidad medioambiental para dar cuenta de las presiones que se han venido ejerciendo sobre la sociedad chilena. Porque si me hablan de mejorar la energía, créanme lo siguiente: si el Presidente Piñera no toma el teléfono y llama al grupo Suez, genera menos problemas de inversión. Y sobre esto no hay ningún proyecto de ley aquí. No es posible que el Presidente de la República tome el teléfono de la Casa de Gobierno y les diga a los inversionistas que cumplieron con todas las normas medioambientales: "Mi amigo, tome su inversión y váyase mejor. Ya lo vamos a compensar. Ya veremos cómo lo arreglamos y si conectamos el norte con el sur y todas las cosas que andan dando vueltas".
Entonces, lo que irrita o incomoda -ni siquiera da para decir "lo que revela"- es entender que el sentido de este artículo consiste en generar una situación para destrabar el aspecto judicial, que ya tiene un sesgo: el de la propia inversión.
Pero, ¿qué hacemos con el resto de las decisiones que se toman en el sector y que no llegan a la construcción? ¡Ese es el punto de fondo!
Por eso cuesta votar a favor del artículo 34º bis.
Si bien en muchos procedimientos en Chile se cauciona, ello no opera en este tipo de situaciones. No se dice: "Pase por arriba nomás, y después lo arreglamos".
El señor ORPIS.- No es así.
El señor LAGOS.- Lo que intenta hacer el proyecto -y comparto el propósito- es ver cómo nos hacemos cargo de una energía cara. ¡Pero no me digan que esto es así por los casos que están en tribunales!
Con lo propuesto, se resta responsabilidad a los Gobiernos. El Poder Legislativo tiene responsabilidad. ¡Por eso legisla! Sin embargo, es el Ejecutivo el que debe indicar el norte en esta política y proveer una institucionalidad acorde con lo que se requiere. Con este artículo, hoy día estamos diciendo a cualquier futuro Gobierno -incluso al que yo respalde- que no se preocupe, porque esto va a ir a tribunales, pues con la norma que se aplicará se va a caucionar y el proceso seguirá adelante.
El señor ORPIS.- Eso no es efectivo.
El señor LAGOS.- En consecuencia, no se resuelve el problema profundo, el pecado original, consistente en fijar una institucionalidad adecuada y definir dónde queremos poner los énfasis en materia de matriz energética.
La norma que nos ocupa va a ayudar a destrabar la situación judicial, pero no soluciona la cuestión de fondo.
Entre otros aspectos, hay desencuentros con productores mineros y agrícolas y con normas de protección al medio ambiente, Tales situaciones no se resuelven. Solo estamos buscando un "garlito" judicial procesal. ¡Bien! Esa parte se solucionará. Lo de fondo, no.
Siendo bien franco, esto genera irritación para concurrir con comodidad a apoyar el artículo 34º bis propuesto, el cual, seguramente, se va a perder.
Pero -¡créanme!- a los futuros Gobiernos se les presentarán menos problemas en este sentido, por cuanto el aspecto judicial va a estar ya resuelto. Total, es el juez quien fija la caución.
Ahora ignoro lo que pasará. Leo el proyecto y no sé si el juez establecerá una caución por 1.500 millones de dólares. ¡No sé qué pasará! Pero vamos a depender de los magistrados, quienes exigirán cauciones altísimas.
¿Saben dónde habrá presión? En los jueces, no en el Gobierno ni en nosotros. ¡En los jueces! Porque tendrán que determinar la caución. ¡Díganme si no es así! Que me corrija el Ministro si estoy equivocado.
¡Imaginen cómo será esa presión!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, no está de más recordar el espíritu del acuerdo al que se llegó: la necesidad energética que urge al país.
En verdad podríamos discutir mucho sobre esta materia.
Es absolutamente claro que tenemos una institucionalidad ambiental débil y poco confiable. Peor aún, la ciudadanía confía poco y muchos proyectos energéticos se han judicializado.
Yo misma he sido parte en la interposición de recursos de protección, por ejemplo, para frenar la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde en una zona declarada de latencia o con mi oposición al megaproyecto Castilla, otra central más, con una generación estimada de 2.500 y tantos megavatios.
A mi juicio, el norte ya no da para más. Con tales proyectos estamos contribuyendo a aumentar el calentamiento global y los gases de efecto invernadero. ¡No da para más!
¡No podemos seguir permitiendo la generación de energía sucia!
Por ello, parte esencial del acuerdo adoptado fue abordar otros aspectos en forma simultánea, de lo cual el Gobierno al comienzo no estaba convencido.
Estuvimos un año y medio esperando que volviera el proyecto llamado "20/20", nacido de una moción de varios Senadores. Se vio en el Senado en primer trámite constitucional, pero en Cámara de Diputados no recibió la urgencia necesaria para acelerar su análisis. Ahora sí podremos debatirlo. En todo caso, hoy día podemos denominarlo "20/25". Esta iniciativa es muy importante, porque contiene una visión mucho más integradora.
Resulta esencial entender la realidad.
En el país hay tres grandes generadoras, responsables del 95 por ciento de la producción eléctrica. ¡Cierto!
Carecemos de autonomía energética. ¡Cierto!
Chile no cuenta con una matriz diversificada. ¡Cierto!
Nuestro territorio cada día se "carboniza" más con termoeléctricas a carbón. ¡Cierto!
Por eso mismo, debemos ser responsables frente al país.
Chile presenta debilidades en materia de transmisión energética.
Quienes creemos que las energías renovables no convencionales son una alternativa -estas deben ir sustituyendo, lenta pero gradualmente, las energías convencionales para limpiar la matriz- sabemos que también requieren acceso a la transmisión. Es obvio. Por tanto, no podemos seguir ignorando tales debilidades.
Aquí se argumenta que quienes suscribimos el acuerdo solo buscamos favorecer a las tres grandes generadoras o al proyecto HidroAysén -personalmente no estoy de acuerdo con él-, pero no veo por qué deba rendir examen ante presiones fundadas con razones que no son exactas.
Con este proyecto estamos tratando de facilitar y acelerar ciertos procesos administrativos. Actualmente, luego de seis o siete años, se obtiene permiso de concesión.
Cabe preguntar qué deseamos: ¿Queremos o no una línea de transmisión adecuada? ¿Queremos o no que haya energías renovables? ¿Queremos o no limpiar la matriz?
Logramos llegar al acuerdo después de arduos meses de trabajo entre nuestros asesores y el Gobierno, con plena responsabilidad, con conocimiento detallado y con mucho rigor. Lo digo sinceramente: no habríamos concurrido al acuerdo si no estuviésemos seguros de que es para el bien del país.
Además, no se puede negar que hemos llegado a una propuesta mucho más equilibrada. Lo único que hace el proyecto es regular algo ya existente. Estamos dando más garantías, incluso para los propietarios, porque se trata precisamente de nivelar los derechos de las personas.
Se debe respetar el medio ambiente, por cierto; pero también los derechos de las comunidades y de las personas. Esto es lo que se logra con los procedimientos planteados en la iniciativa.
Incluso más, hemos agregado diversos elementos que el proyecto original no consideraba.
Se propuso mejor y más información para entregar al público del concesionario, como mapas y señalamiento de las localidades que se afectarían.
Se aumentaron los medios de publicidad y la calidad de la información que se proporciona a la ciudadanía.
Se exige que la solicitud y el mapa sean publicados en la página web de la Superintendencia y en un lugar destacado de los municipios afectados, además de notificaciones personales y avisos en diarios y medios regionales.
Se mejoró la comisión tasadora. Al comienzo, ni siquiera estaba contemplada. Incorporamos requisitos e inhabilidades. Después veremos este punto.
También se establece por primera vez en una ley sectorial la consulta a los pueblos originarios, de acuerdo con el Convenio Nº 169 de la OIT, antes de iniciar la construcción pertinente, la cual no podrá llevarse a cabo si no cuenta con los permisos medioambientales.
Asimismo, se hace referencia explícita a la Convención de Washington.
Dicho lo anterior, si alguien me dice que no estamos respetando las comunidades o las áreas silvestres, pienso que no se está diciendo lo correcto y que se faltando a la verdad. Lean el proyecto.
Por lo tanto, no son aceptables los argumentos en contra que hemos escuchado.
Señor Presidente, no hubiese apoyado el acuerdo si no estuviera absolutamente convencida, con responsabilidad, de que mejora lo vigente.
Si no hacemos nada, ¡cuánto más cara será la energía que pagaremos! Y no me refiero al costo solo para las grandes empresas o para los proyectos mineros, que obviamente me interesan -son importantes para mi Región-, sino también para los consumidores. Hoy día estamos pagando una energía sumamente cara. ¡No nos olvidemos de eso!
Es muy fácil hablar de las tres grandes empresas que producen alrededor del 95 por ciento de la energía del país. Estamos de acuerdo en ello. Pero, ¿qué más?
Queremos aumentar la entrada de nuevos generadores. Para ello, debe haber líneas de transmisión disponibles, concesiones expeditas y facilidades de acceso.
Queremos más actores.
Queremos bajar los precios marginales.
Queremos que se desarrollen las energías renovables no convencionales, única manera en que se logrará no solo diversificar la matriz y producir energías limpias, sino también estabilizar los precios.
Por las razones expuestas, voto a favor del artículo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Recuerdo a los colegas que estamos recién en el segundo artículo de un proyecto que es muy extenso.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, para fundamentar su voto.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, al igual que Su Señoría, no pensé que el artículo 34º bis propuesto iba a provocar un debate tan largo, pese a que hay varias otras normas tanto o más preocupantes que esta.
Como se ha dado la discusión, hago presente que comparto el planteamiento del Senador señor Frei con relación al grave problema energético que Chile tiene hoy.
Hace pocos días el Ministro de Hacienda sostuvo que las propuestas de algunos candidatos -o de la candidata- estaban ahuyentando ciertas inversiones. ¡No es así! Es el problema energético y los altos costos que deben afrontar importantes sectores productivos los que pueden favorecer que los capitales se empiecen a trasladar a otros lugares de Latinoamérica.
Lo cierto es que aquí no ha habido debate al respecto. Todo se paralizó con lo que pasó el 2011 con HidroAysén.
Lo que uno hubiera esperado, especialmente de una Cartera como la de Energía -donde han pasado cinco Ministros, cada uno, seamos claros, con distintas miradas y con algo más que matices- es el planteamiento de una política energética o de una agenda eléctrica, pero no lo ha habido. Solo tenemos reformas menores anunciadas por el Gobierno, a partir del 2011, básicamente a través de dos proyectos: el de concesiones eléctricas y el relativo a la carretera eléctrica. Ambos, para ser franco, facilitan o favorecen el camino a HidroAysén. En eso no hay ninguna duda, y hay que hacerlo presente. Porque las concesiones son, precisamente, para aportar al Sistema Interconectado Central.
Entonces, aquí se han dicho muchas cosas, como que el artículo 34° bis, con la caución y la consignación establecidas, beneficiaría a las pequeñas empresas. ¿De qué estamos hablando? Ellas no están interesadas en este negocio. No he escuchado para nada al señor Fantuzzi defender a las centrales minihidroeléctricas. No se trata de las pequeñas y micro empresas. Aquí el más pequeño genera 20 megavatios y obtiene mensualmente alrededor de 130 mil dólares. De ese tipo de negocio estamos hablando.
Entonces, esto no es para los chicos.
Quiero ver la cantidad de casos en que finalmente se va a destruir todo lo que se ha logrado avanzar, porque, en definitiva, la iniciativa en debate limita el derecho de las comunidades en general a objetar su contenido. Y creo que ese es el peor de los caminos.
En tal sentido, el Senador señor Espina tiene razón, porque la limitación de derechos ocurre en muy pocos casos. Por lo tanto, no habrá dónde reclamar o alegar.
Por supuesto que me preocupa lo anterior, especialmente en la zona que representamos con los Senadores señores Espina, García y Tuma: la de La Araucanía. Imagino que será imposible que el tendido eléctrico que pase por algún lugar de la Región no afecte a alguna comunidad mapuche. ¡Es imposible!
Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Me van a perdonar quienes concurrieron al acuerdo -me merecen el mayor de los respetos-, pero la consulta a las comunidades indígenas se hace sobre la base de hechos consumados, después de aprobada la concesión y antes de la construcción. Ello, solo representa un impacto negativo para el mundo indígena.
Ni siquiera voy a profundizar en lo de la perpetuidad de las concesiones, porque aquí estamos consagrando algo que viene de la normativa del año 82, que mantiene tal condición.
Entonces, claramente la norma que se vota no favorece a las pequeñas empresas. El problema central radica en que aquí no tenemos agenda, ni siquiera de mediano plazo, para abordar el tema energético.
Por lo tanto, como ella no beneficia el objeto que se quiere cautelar, voto en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, efectivamente nos hemos distanciado un poco de la disposición que específicamente se discute. Sin embargo, cuando estas asociaciones generales se ponen en el tapete hay que tratar de responderlas.
Se ha dicho, por ejemplo, que esta iniciativa favorece a los grandes. Bueno, ellos son precisamente los que pueden esperar indefinidamente la realización de los proyectos; a los chicos no les es factible, pues ello supone un costo gigantesco. Se abrevian los plazos para saber si pueden o no proceder con el emprendimiento.
Ese es el sentido más directo de la normativa.
El costo de la energía ha sido destacado por el ex Presidente de la República, don Eduardo Frei. Yo relaciono esto con lo que sucede en Temuco. ¿A qué se debe su contaminación? A que es más fácil quemar leña verde que prender estufas. ¡Así de simple! O sea, la contaminación la están pagando los pulmones de las guaguas del lugar.
Entonces, todos los gargarismos que se hacen en favor de los pobres, los desvalidos, los niños, las viudas, los huérfanos y las clases postergadas, etcétera, es pura música celestial, porque resulta que la vida humana tiene una base económica. Y no sacamos nada con hacernos los tontos.
Si alguien puede justificar el otorgamiento de 140 permisos de construcción de plantas termoeléctricas en el último Gobierno de la Concertación y, al mismo tiempo, hablar de los chicos, de los derechos ancestrales, de la pureza de las aguas, de Aysén y de otras cosas de ese calibre, francamente a mí me resulta difícil hermanar esas dos líneas de argumentación.
El desaliento en la construcción de plantas hidroeléctricas es muy grave, porque el agua es uno de los recursos renovables mayormente previsibles, sobre todo en Aysén. ¿Y cuál es la ventaja de HidroAysén? Que los ríos en cuestión tienen caudales previsibles, independiente de la nieve caída, de igual modo que otros cursos de agua de la zona central.
En Chile, hoy día se está quemando petróleo para la generación de electricidad, con un costo de 3.500 millones de dólares. Es decir, en 10 años se podrían financiar 4 reformas educacionales, situación que nos ocupa todos los días.
Entonces, ¡por favor!, tenemos que mantener una cierta lógica nacional en el raciocinio.
Ahora, me referiré a la institución específicamente aludida en el artículo 34° bis.
La fianza de resultados es una institución antigua en Derecho. Normalmente se impone al que inicia una acción precisamente para desalentar pretensiones frívolas, que pueden dañar a terceros. En efecto, algunas personas acuden a los tribunales simplemente para hacerse famosas, o porque se entretienen, o porque alguna de ellas tiene un pacto de iguala, que le permite cobrar según los resultados.
En definitiva, en este caso, se altera la institución de la garantía de resultado, porque este lo garantiza el demandado, el sujeto pasivo de la acción, con lo cual se modifica el orden normal de la garantía, comúnmente conocida como "de resultas".
Por lo tanto, en mi opinión, aquí se está creando una suerte de incentivo para demandar. Entonces, a quienes están a favor de que todo sea cuestionable -aun cuando estos proyectos hayan pasado previamente por todas las aprobaciones habidas y por haber-, les digo que, por mucho que se haya repetido que la institucionalidad medioambiental ha sido debilitada por ciertas decisiones, no podemos seguir haciéndolo. Porque, de otro modo, terminaremos venciendo al Congo en esta competencia que tenemos, cosa que no creo que sea precisamente un galardón.
No obstante, ahora me referiré a él, señor Presidente.
En las acciones llamadas "populares" o en la denuncia de obra nueva, sea en propiedad privada o pública, suele haber un incentivo para el denunciante.
Pues bien, en la norma que nos ocupa se está duplicando tal incentivo. Fíjense, señores Senadores, que se dice al demandante que denuncie y obtenga la orden del tribunal, y que luego se obligará al sujeto pasivo de la acción a garantizar su indemnización en caso de llegar a perderla, o sea, al denunciante, al revés de lo que la institución viene haciendo desde hace más o menos 2 mil años, porque ella se remonta al siglo I de la Era Cristiana.
Por lo tanto, habría que pedir un poco más de serenidad, menos ideología y más lectura, porque es cuestión de analizar con un poco más de cuidado el asunto para entenderlo. No nos asilemos en las aguas del río Baker para salir de todos los aprietos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, en primer término, quiero felicitar y agradecer a los colegas que llegaron a un acuerdo para destrabar las diferencias presentadas respecto de este proyecto y del relativo a las energías renovables no convencionales.
Por supuesto que me alegra mucho, porque es en el Parlamento donde debemos arribar a los grandes acuerdos, y no pensar en el Gobierno de turno -al actual le resta menos de un año o 10 meses para terminar- o en el que vendrá, sino en el país. De no tomar resoluciones ahora sobre el particular, el daño se sufrirá en 4, 5 o 6 años.
Esta Administración ya no tiene problemas de energía. La aseguró para 2 o 3 años. La dificultad será para las futuras. Por eso debemos tomar las cosas como políticas de Estado; es decir, con un objetivo mayor y no pequeño.
La Corte Suprema emitió su opinión acerca de este proyecto, señalando -todos estamos de acuerdo en ello, según lo que se ha manifestado- que el derecho de propiedad, garantizado por el número 24° del artículo 19 de la Constitución, es un derecho fundamental y la base del desarrollo, el crecimiento y la credibilidad de los países. Y eso se respeta. Pero se respeta no solo el derecho de propiedad, sino también las normas ambientales y los derechos del pueblo indígena. ¡No cabe duda!
Asimismo, resulta necesario recordar que en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva se dictó la ley N° 16.615, publicada el 20 de enero de 1967, la cual, respetando el derecho de propiedad irrestricto, estableció que la propiedad debe cumplir una función social.
Eso significa que uno puede ser dueño de una propiedad, pero que esta tiene que producir, darle algo también a la comunidad. Y esta función social se ha ido cumpliendo y fue ratificada en la Constitución del 80, que no la cambió.
Ahora estamos ante proyectos de gran desarrollo e interés para el país, pero resulta que si un propietario quiere hacer un pingüe negocio por la vía de la judicialización, puede atrasar uno, dos, cuatro o cinco años un proyecto. Y nadie pretende quitarle nada a esa persona, sino pagarle lo justo y más que lo justo, para sacar adelante las obras, por sobre todas las cosas.
Lo mismo manifestó la Corte Suprema, que hizo algunas observaciones.
Por lo tanto, si los dueños son debidamente indemnizados, es evidente que los proyectos tienen que seguir adelante. Conforme a la función social, no es por capricho que una línea pase por determinado sector. No significa que se haya elegido a un propietario en particular, sino, simplemente, que corresponde que un tendido pase por su bien raíz. ¿Y por eso vamos a parar un proyecto que le interesa a todo el país? ¡El interés social y colectivo está por sobre el interés particular! ¡Nadie pretende perjudicar a una persona, a la que se la indemniza generosamente!
¿Por qué paralizar las obras, entonces? ¡Hasta cuándo!
Por eso, también nos interesa lograr acuerdo en las energías renovables no convencionales, para que sigamos avanzando en ellas.
A mí no me importa que la energía eléctrica se concentre en dos o tres grandes compañías, pero sí que se diversifique la matriz energética y puedan participar -como ya lo hemos señalado en reiteradas oportunidades- muchas pequeñas empresas, con centrales de pasada de 5, 10 o 20 megawatts. ¿Cuántas se podrían construir? Podríamos tener 8 mil, 10 mil megawatts. ¿Y por qué no se crean? Porque los grandes consorcios impiden que ellas puedan ponerse en práctica.
Por eso, la nueva ley permitirá abrir espacios para que nuestro país se siga desarrollando y sea grande, y no sigamos como hasta hoy, pagando la energía casi más cara del mundo. Se están cerrando industrias porque dejan de ser competitivas. Y nosotros aquí, peleando unos con otros sin buscar grandes consensos. Por eso yo valoro el arreglo a que se ha llegado en este y el otro proyecto que nos han informado aquí, el cual significará que la gente por fin vea que el Parlamento es capaz de llegar a grandes acuerdos nacionales.
Escuché la intervención del Presidente Frei, como estadista, al igual que la de muchos otros colegas. ¡Por favor! Eso es lo que debemos buscar: la grandeza de nuestra patria y facilitar todo lo que sea necesario para que los grandes proyectos y el desarrollo de Chile puedan seguir adelante.
No se perjudica a nadie, pues se indemnizará generosamente a cada uno de los afectados.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, después de la intervención de mi colega Sabag poco me queda por hacer para empatar con la visión de un Senador estadista.
Comparto lo señalado por el Presidente Frei, que nos ha invitado a tener una mirada de país y a crear las condiciones para que Chile tenga una matriz energética y un corredor eléctrico. Pienso que es indispensable hacerlo y es nuestra responsabilidad, así como también que ello se efectúe con cargo al conjunto de la sociedad. Esto no puede ser con cargo al bolsillo ajeno, con cargo a un pequeño propietario o a un indígena que posee media hectárea, cuyo predio quedaría totalmente cubierto por una torre de alta tensión, quien recibiría una indemnización miserable que no le permitiría instalarse en otro lugar ni adquirir otra propiedad y que, pese a ello, estaría obligado a moverse de localidad, alejado de su comunidad.
Quiero hacer un llamado de atención. Soy representante de la zona con mayor concentración de población indígena rural. Y en los últimos años he sido invitado a numerosas comunidades que desesperadamente manifiestan que tienen muy pocas tierras y que, en algunos casos, en gran parte de ellas -como en cierto sector de la comuna de Padre Las Casas- se hallan emplazadas líneas de alta tensión que les impiden desarrollar cualquier actividad dentro de su predio, interfieren las comunicaciones de celulares y de la telefonía en general, así como señales satelitales y de cualquier tipo de televisión, y crean ruidos permanentes.
Yo me pregunto si algún estadista estaría dispuesto a irse a vivir a una de esas comunidades asegurándosele que su decisión será reconocida como un gran aporte a la sociedad. ¡Si el gran aporte a la sociedad tenemos que hacerlo todos! Entonces, debemos ver no solo de qué manera se compensa debidamente el daño que se le causa a un propietario, a su familia, al mundo indígena y al medio ambiente, sino también cómo se construye un mejor país y una mejor sociedad. Y esto no se logra velando únicamente por los intereses de quienes financian las redes eléctricas.
Con el respeto que me merecen los Senadores y las Senadoras que lo suscribieron, yo no comparto el acuerdo alcanzado en la parte que señala que el Convenio 169 se va a cumplir después de que se haya autorizado la concesión y antes de construir.
¿Cómo una persona va a postular a una concesión si no sabe cuánto le van a costar los acuerdos? Porque la consulta no tiene que ver con consultar y pasar consultando para luego hacer el proyecto, sino con cómo llegar a acuerdos. ¡Ese es el espíritu del convenio internacional!
Además, el texto acordado expresa que el concesionario y los órganos de la Administración del Estado tendrán que dar estricto cumplimiento a las normas legales y tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por Chile y al reglamento vigente en materia de áreas silvestres protegidas.
Bueno, y en materia indígena, ¿por qué los organismos del Estado no dan también debido cumplimiento a los convenios internacionales?
Ahí se señala expresamente que ni los organismos del Estado ni los concesionarios estarán obligados a cumplir los tratados internacionales, pues el documento se refiere únicamente a las áreas silvestres protegidas.
Por eso, creo que en definitiva no se está intentando proteger los intereses de los pueblos originarios cuando se levantan grandes obras.
Yo no me voy a oponer a lo que se está planteando. Lo considero muy necesario. Pero no estoy dispuesto a que se pase por encima de los intereses de los pequeños propietarios, sean o no mapuches, por cuanto cualquiera de ellos puede resultar seriamente afectado. Y nada se dice de cuánto será la compensación. Al contrario, si alguien reclama por su monto, se deberá realizar un peritaje, el que tendrá que pagar si no le resulta favorable. O sea, aparte de recibir una compensación que considera lesiva, el propietario deberá solventar los honorarios del perito.
En conclusión, creo que debemos apoyar un proyecto que persiga dar seguridad energética al país, pero tiene que ser integral. El que nos ocupa solo considera algunos intereses y no los de los sectores que yo represento.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar en contra este y otros artículos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, concuerdo con lo planteado por el Senador Tuma en cuanto a que las compensaciones que van a recibir los pequeños propietarios agrícolas y, particularmente, las comunidades indígenas, deben ser justas.
Es cierto lo que ha señalado mi colega en el sentido de que son muchos pequeños propietarios, en especial mapuches, los que nos reclaman con bastante frecuencia por tener que haber hecho cesión gratuita de franjas de sus terrenos para que por ahí pasaran tendidos eléctricos, en algunos casos de alta tensión, en otros de baja tensión.
Y, dado que ellos poseen muy pocas tierras, el hecho de que las franjas tengan que ser bastante anchas, para evitar que los árboles topen con los cables y se generen cortes de energía eléctrica, hace que ello en muchos casos signifique una suerte de impuesto, un gravamen excesivamente fuerte para personas muy modestas.
Eso no quiere decir que se deban paralizar los proyectos de energía eléctrica, como tampoco el trabajo y la inversión de las compañías que la distribuyen. Lo que solicitamos es que las compensaciones sean justas, que los afectados sean parte del negocio, de las utilidades. Porque eso es de justicia: compartir lo que se está recibiendo.
Muchas veces ocurre que los pequeños propietarios pagan bastante caro por la energía eléctrica. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que ellos, siendo parte del tendido eléctrico, de la inversión realizada, no sean considerados participantes en el negocio. Yo no pido que pertenezcan a la administración, sino, simplemente, que se les pague un precio justo por ocupar franjas de sus terrenos.
Dicho lo anterior, quiero manifestar que voy a votar a favor del artículo 34° bis propuesto, precisamente porque creo que ahí se mejora la capacidad negociadora, antes y después del juicio. Así, una concesionaria eléctrica evitará tener pleitos legales. ¿Cómo? Pagando indemnizaciones, compensaciones y precios justos.
El artículo 34° bis dice:
"Toda vez que en un juicio cualquiera (¿) el juez decrete la suspensión o paralización de las obras que se llevan a cabo en virtud de una concesión eléctrica, se suspenderán los efectos de dicha orden de paralización o suspensión de obras si el concesionario consigna en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente" -o sea, recursos suficientes- "para responder de la demolición de la obra" -si es que así se ordena- o de la indemnización por los perjuicios que significa su continuación.
Señor Presidente, pienso que esto mejora sustantivamente la posición negociadora no solo de quienes vayan a juicio, sino también de aquellos que durante la discusión, la negociación o la tramitación sientan que están siendo objeto de un trato injusto.
Considero indispensable agilizar el trámite de las concesiones eléctricas. Aquí lo han dicho varias señoras y señores Senadores: corremos el riesgo serio de que el país no tenga energía suficiente, el riesgo serio de quedar a oscuras, y el riesgo -que ya no es riesgo, porque es una realidad- de pagar una de las energías más caras del mundo, perjudicando con ello a los sectores más modestos de la población.
Yo tengo confianza en que este proyecto va en la dirección correcta.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Terminada la votación.
El señor ROSSI.- ¡Tengo pedida la palabra, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Senador Rossi, yo se la ofrecí en su momento, pero usted no estaba en la Sala.
El señor ROSSI.- Pero no he intervenido.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, pero yo le ofrecí la palabra en el momento que correspondía, de acuerdo a la ubicación en que usted quedó en el listado de inscripción, y Su Señoría no se encontraba presente en la Sala.
El señor ROSSI.- Tuve que salir, señor Presidente. Y me gustaría intervenir ahora.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor ROSSI.- Gracias, señor Presidente.
No creo que vaya a aportar tantos elementos jurídicos, técnicos, como lo hicieron los especialistas en la Comisión. Pero tengo una experiencia que quisiera compartir y que me lleva a votar en contra en esta materia.
Todos conocemos el Tratado de Washington, que habla de la reserva de la biósfera, de que debe protegerse lo que en Chile denominamos particularmente "SNASPE" (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado): monumentos naturales, parques nacionales, reservas naturales.
Hace algunos años en Arica hubo un proyecto minero llamado "Choquelimpie". O sea, no estoy hablando de un proyecto turístico que concilie intereses ambientales con intereses productivos. ¡No! Estoy hablando de un proyecto de explotación minera, ubicado nada menos que en la Reserva Nacional Las Vicuñas.
Están el Parque Nacional Lauca; la Reserva Nacional Las Vicuñas; en Putre, el Monumento Natural Salar de Surire, todos sitios maravillosos, los lugares más bellos del planeta.
Estuvimos ahí con el Senador Girardi defendiendo los intereses de las comunidades indígenas y el medio ambiente en Arica. Incluso, algunas autoridades trataron de hacernos una contramanifestación. Había cuatro carteles y unas señoras totalmente mandadas por -no sé- el municipio de aquella época. Pero después la mayoría de la gente nos agradeció, porque la empresa se fue. Y ahí estaban los nidos de aves migratorias.
Ahora nos dicen que se va a cambiar la redacción que viene de la Cámara de Diputados, que expresa: "En el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas" -como los de la Reserva Las Vicuñas; el Parque Nacional Volcán Isluga, en la Región de Tarapacá, un poco más al sur; la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en fin- "se deberá siempre buscar alternativas de trazado". ¡Se deberá siempre buscar alternativas de trazado!
Me parece que esa es una redacción clara, muy distinta de la planteada en orden a que el concesionario o los órganos de la Administración del Estado deberán respetar los tratados vigentes, nacionales e internacionales. Porque con esos mismos tratados se han emitido declaraciones ambientales positivas y favorables para desarrollar proyectos en áreas silvestres protegidas.
Por lo tanto, considero fundamental mantener la redacción a la que me acabo de referir, que es muy explícita.
De otro lado, señor Presidente, he escuchado a algunos colegas argumentar en el sentido de que cuando las materias se judicializan, se deja una cantidad de recursos económicos.
¿Y qué pasa con los pequeños propietarios? ¿Van a tener alguna posibilidad de enfrentar a estos monstruos? Porque, si ya se ha desarrollado una inversión de 4 millones de dólares, con el tendido eléctrico pasando tal vez por un parque nacional, ¿quién va a ordenar demoler una infraestructura de ese valor?
Tampoco me gusta lo que se plantea respecto del Convenio 169. No se entiende que daba hacerse una sola consulta -lo dice muy claramente el texto del acuerdo- antes de comenzar la construcción de las obras y no en forma previa a la obtención de la concesión. Lo lógico es que la consulta indígena se efectúe antes de la entrega de la concesión, y como corresponde.
Entonces, es necesario agilizar todo esto; es importante el tema energético para nuestro país; qué bueno que se haya logrado destrabar el proyecto que fomenta la generación de energías limpias, pero, si este es el precio que debemos pagar, es un precio que me parece demasiado alto.
Por todo lo antes expuesto, señor Presidente, voto en contra.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 34° bis (23 votos a favor, 11 en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
Se abstuvo el señor Cantero.
El señor PIZARRO (Presidente).- Quedan, pues, aprobados los dos artículos que requerían quórum especial, que se votaron en primer lugar conforme al acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor Secretario para informarnos qué sigue a continuación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, hay un conjunto de artículos aprobados solo por mayoría en la Comisión (tres votos a favor y dos en contra). Aparte de ello, se ha renovado un conjunto de indicaciones, que se hallan consignadas en el documento que Sus Señorías tienen en su poder.
Entonces, habría que ir consultando en cada caso, porque muchas de las indicaciones que se renovaron fueron declaradas inadmisibles en la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego a los señores Senadores guardar silencio y poner atención, porque después puede producirse confusión respecto a lo que hay que votar.
Continúa con la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Entonces, de acuerdo al artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que se modificó el año 2010 precisamente para superar el problema de las inadmisibilidades resueltas en las Comisiones, lo que procede es que la Sala, si lo pide un señor Senador, se pronuncie acerca de la admisibilidad de esas indicaciones.
Por ende, la Sala es la que ha de decidir.
Si fuere declarada admisible por la Sala, recién ahí, entonces, podrá votarse esa indicación renovada. No puede votarse directamente.
Dicho lo anterior, corresponde dirigirse a la página 2 del comparado, donde aparece la modificación realizada por la Comisión de Minería al artículo 15°, en el sentido de agregar un inciso segundo, aprobada por mayoría de votos 3 por 2. Al respecto, se ha renovado la indicación N° 5, que busca reemplazar ese inciso segundo propuesto, la cual fue rechazada en el órgano técnico.
En todo caso, la indicación es admisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a someter a consideración de la Sala la indicación renovada N° 5, que dice relación con el texto que figura en la última columna de la página 2 del boletín comparado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación renovada N° 5.
--(Durante la votación)
El señor PIZARRO (Presidente).- Les recuerdo que esta indicación renovada no ha sido declarada inadmisible por la Comisión y por eso la estamos sometiendo directamente a consideración de la Sala.
En el caso de las declaradas inadmisibles, el señor Secretario les irá dando lectura cuando corresponda, y se resolverá sobre ellas en la Sala.
Tiene la palabra para fundamentar su voto el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, pienso que es inaceptable que intentemos hacer un fast track para, literalmente, sobrepasar todas las exigencias legales y ambientales, que ya en Chile son precarias y débiles.
Por lo tanto, voy a votar a favor de la indicación.
No obstante, hay algunas cuestiones que sería bueno aclarar.
Acá se ha dicho que pagamos la energía más cara del mundo. Y es cierto. Pero no es un problema derivado de los tendidos eléctricos y de las concesiones, sino del hecho de que Chile no posee una política energética; de la existencia, cosa que esta ley en proyecto en cierta manera profundiza, de los monopolios: en el país no hay diversidad de opciones. Y tiene que ver también con la circunstancia de que las políticas energéticas no se encuentran establecidas dentro de una estrategia de país, que defienda el interés nacional, sino que delegadas a lo que cada empresa quiera hacer.
Legítimamente, las empresas persiguen un interés de corto plazo. Pero el país es rehén de eso. Y la política es la suma de los intereses de corto plazo de cada una de las empresas, que son las que deciden en qué, dónde y cuándo se va a invertir.
¿Sabe lo que estamos haciendo acá, señor Presidente? Estamos siendo funcionales a ese tipo de política. Porque cómo es posible que se establezca una propuesta de legislación de concesiones eléctricas cuando no hay una política energética. Aquí debiera haber primero un debate general acerca de lo que el país quiere: cuáles son los intereses nacionales; cuáles los incentivos; cómo se va a delinear el objetivo principal con el que todas las empresas públicas y privadas deban alinearse.
No hay tal proceso.
Seguimos sin política energética. Las políticas se continúan haciendo en las oficinas de las empresas y se sigue, en consecuencia, legislando mediante iniciativas que no tienen que ver necesariamente con el interés general del país. Y, de manera legítima, alguien podría decir que son un acomodo para favorecer determinado proyecto.
Necesitamos, de una vez por todas, una política energética: que se planteen los objetivos centrales sobre el particular y que estos sean discutidos; que el país sepa para dónde vamos a caminar.
¡Cómo es posible sostener que por culpa de las concesiones estamos pagando los precios más caros en energía eléctrica!
¡Estamos pagando esos montos porque no ha habido una política energética!
Cuando nos mantuvimos con el gas natural, en 2002 ya se sabía que no iba a haber disponibilidad del recurso. Pero hasta el año 2005 todos los proyectos se hacían sobre la base de dicha energía. ¿Saben por qué? Porque el negocio era fenomenal: se compraba a 3 dólares el millón de BTU en Argentina y se vendía a 21. Y las empresas, legítimamente, hicieron negocio hasta el final, porque ellas no están encargadas de preocuparse de si el país va a encallar o no.
Y casi vivimos una situación catastrófica.
Y eso mismo estamos haciendo ahora: tratando de sacar la tajada, la pasada más alta posible sin pensar en el país. ¿Saben por qué? Porque los gerentes y los directores de las empresas no deben rendirles cuenta a los ciudadanos sino a sus inversionistas.
Y acá estamos siendo funcionales con esa estrategia.
Por lo tanto, yo planteo que aquí debiera haber una política energética.
¿Qué debiera estar haciendo el país? ¿Seguiremos con algunas actividades termoeléctricas? Sí, por supuesto. Pero por cada megawatt convencional que se produzca debiéramos estar pensando en aportar un megawatt renovable. Debiéramos orientar incentivos concretos hacia las energías renovables.
Ahora, voy a algunos temas que me parecen inaceptables.
¡En Chile, la Convención de Washington ha sido permanentemente sobrepasada!
¡Tal instrumento internacional, en este país, no quiere decir nada!
Habría que incluir aquí sus contenidos. ¿Por qué no se escribe, formalmente, lo que quiere la Convención de Washington?: la desafección de un parque nacional, de un área silvestre protegida hay que hacerla mediante una ley despachada por el Congreso Nacional.
¡Esto debiera decir el proyecto! Pero no esta cosa ambigua sobre la Convención de Washington que nunca se ha respetado en Chile.
Y nosotros, muchas veces, la hemos hecho acatar a la fuerza.
Entonces, aquí, evidentemente, hay toda una entelequia de mentiras, porque ninguna de las disposiciones contempladas se va a cumplir, al igual que no se observa la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; así como los permisos ambientales, que son totalmente fraudulentos.
Y se acepta que se inhiban, como discutíamos con anterioridad, las pocas acciones de los tribunales: hoy día, cuando un juzgado sanciona una paralización de faenas, ella no se verifica. Porque, a pesar de su establecimiento, la empresa dispondrá de la posibilidad de, en vez de interrumpir una obra que está incumpliendo, pagar y poder proseguir con el incumplimiento.
Entonces, me parece que aquí está todo al revés.
¡Yo espero que exista una política energética que defienda el interés nacional!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath, para fundamentar el voto.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, aquí se nos ha intentado asustar con una política del terror, en el sentido de que tenemos la energía eléctrica más cara del mundo, siendo sobrepasados solamente por el Congo.
Puede que el dato sea correcto, pero hay que buscar la causa.
Nosotros contamos con uno de los sistemas más concentrados desde el punto de vista de la energía: tres empresas generan, casi una sola transmite y tres, de nuevo, distribuyen. Y, además, se hallan ligadas entre sí.
Ahora, para nadie es desconocido que el enorme poder económico de las empresas tiene influencia en lo político, y también en los medios de comunicación: uno lee el diario para guiarse, pero la gente no financia los periódicos sino que la propaganda que les contratan, sobre todo en los medios de comunicación abiertos.
Además, si revisamos la institucionalidad y las leyes eléctricas de nuestro país, comprobaremos que las empresas del sector plantean el plan indicativo de obras hacia el futuro; participan en los Centros de Despacho Económico de Carga: quién entra y bajo qué determinadas reglas del juego; financian el Panel de Expertos, que es el que revisa las tarifas, y asimismo tienen garantizado el diez por ciento de las utilidades. Por eso se atreven a acometer cualquier proyecto, sea del tipo que fuere.
Eso estamos viviendo.
Por lo tanto, pediría alguna mesura.
Señor Presidente, en la pantalla se está mostrando la siguiente imagen:
Nosotros, a diferencia de otros países, disponemos de un potencial envidiable en energías renovables no convencionales.
Si Sus Señorías ven la imagen, figuran geotermia; pequeñas y medianas centrales...
El señor FREI (don Eduardo).- En ninguna parte del mundo hay...
El señor HORVATH.- Bueno, existen ingenieros que están pegados en el siglo XX; quien habla, se halla en el siglo XXI.
Mareomotriz...
El señor FREI (don Eduardo).- ¡En ninguna parte del mundo se cuenta con ella!
El señor HORVATH.- Fíjese bien, por eso ponemos 50 "unidad demostrativa".
El señor FREI (don Eduardo).- ¡No hay ninguna planta mareomotriz en el mundo!
El señor HORVATH.- No se altere, señor ex Presidente.
El señor FREI (don Eduardo).- ¡Es mentira!
El señor HORVATH.- No es mentira.
Estoy hablando del potencial...
El señor PIZARRO (Presidente).- Diríjase a la Mesa...
El señor FREI (don Eduardo).- ¡No hay plantas de mareomotriz!
El señor HORVATH.- Pero si estoy hablando del potencial, ¡por favor!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Señor Senador, diríjase a la Mesa!
Evitemos los diálogos...
El señor HORVATH- Señor Presidente, ponga orden en la Sala.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Evitemos los diálogos!
El señor HORVATH.- Soy consciente de que inviste la calidad de ex Presidente de la República, pero no merece, por ello, interrumpir de esta manera.
Continúo.
Eólica.
Ahí se especifica todo nuestro potencial, también en Biomasa.
Señor Presidente, en la zona austral, ENDESA estatal hizo el siglo pasado, en las décadas de los 50 y 60, la evaluación de los grandes proyectos hidroeléctricos, con otros fines.
Si uno los suma, alcanzan los 10 mil megawatts -¡solo 10 mil!-. Es muy poco comparado con las cifras del potencial de las otras energías. Y eso significa represar los grandes ríos del país, como han mencionado algunos acá, contando con el respaldo hídrico de los Campos de Hielo Patagónico Sur y Norte.
Pero implica, asimismo, agregar líneas de transmisión de 2 mil 300 kilómetros de longitud. ¿Y quién las va a pagar? ¡Nosotros, pues! Si al final las financiamos los usuarios.
Entonces, impidamos este tipo de proyectos.
Y esta iniciativa, enmarcada en un acuerdo realmente lesivo para el interés público, apunta a consolidar un sistema concentrado.
Por esas razones, hemos renovado una serie de indicaciones.
Una se orienta a que las consultas a las comunidades por las cuales se pretende pasar sean realizadas en forma previa. Así ellos tienen la posibilidad de influir en un trazado alternativo. Ya lo votó la Cámara de Diputados. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Trazados alternativos cuando haya que proteger áreas.
También planteamos hablar de "afectados". Es absurdo el texto propuesto. Solo pueden oponerse los dueños de los predios¿
La señora RINCÓN.- No es cierto. Cualquiera que pueda ser afectado.
El señor HORVATH.- Se dice: "u otros interesados". Pero con las restricciones de los artículos 25º, 53º, 54º. Y deben ser aspectos mínimamente formales. Es decir, una persona verdaderamente afectada no podrá oponerse.
Tenemos un uso abusivo de la fuerza pública. Esto es el Far West institucionalizado. Hay que leer directamente lo que se pretende.
Hemos de tener cuidado con este proyecto de ley. Nosotros queremos equilibrar las cosas. No solo que se cumplan las normas ambientales -eso es obvio-, sino que se apliquen como debe ser. Y siempre existen alternativas de trazados y de generación.
Precisamos mirar con una visión del siglo XXI y no quedarnos pegados con los megaproyectos, que solo consolidan a los grandes. ¡Y colocan a los chicos por delante, como si estuviéramos beneficiándolos a ellos! La única indicación a favor de las energías renovables no convencionales fue rechazada en la Comisión de Minería y Energía.
Entonces, ¿para qué nos engañamos?
Y ese acuerdo de llevar el 20 por ciento que aprobó este Senado hasta 2025, pretendiendo incrementar las energías renovables no convencionales en uno por ciento anual, es realmente hacernos trampa en el solitario.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, yo sé que a veces hay pasión por lo que uno cree y siente. Pero pienso que las cosas tienen un límite.
Y, en verdad, lo que hace esta indicación es más bien no proteger las energías renovables. Y lo voy a demostrar. Pero no solo eso, sino que desconoce toda la legislación vigente en nuestro país.
Les pido a los Senadores que presentaron esta indicación que lean el artículo 25 de la ley Nº 18.362. Allí se consignan las restricciones en las áreas silvestres protegidas. Respecto de estas zonas, está prohibido: causar deterioro en las instalaciones existentes; vaciar o depositar basuras; ingresar a ellas sin autorización o sin haber pagado el derecho a ingreso; pernoctar, merendar; destruir o dañar bienes culturales; ejecutar cualquier otra acción contraria a los objetivos de la categoría o unidad de manejo respectiva. Hay una tremenda lista de prohibiciones a fin de proteger dichas áreas.
Pero quiero decirles lo siguiente.
Si uno ve este mapa de la Segunda Región -se lo planteo a los colegas de la Región de Antofagasta-, constata que si se aceptara esta indicación ninguno de los proyectos que aparecen en esos cuadros -son las concesiones de energía geotérmica- podrían llevarse a cabo, porque todos los sectores de color verde y morado son áreas silvestres protegidas.
Y quiero mostrarles un mapa de las áreas silvestres protegidas de la Región Metropolitana, para que vean que aprobando esta indicación el problema no sería menor.
Planteo lo anterior porque todas las extensiones de color verde, morado y amarillo son áreas silvestres protegidas.
Pero, además de eso, aquí se sostiene con liviandad: "Es que el tratado no se cumple". ¿Y por qué, entonces, se va a respetar esta norma? ¿Para qué presentan esta indicación? Lo que se precisa es hacer cumplir las leyes. Y hoy estas se encuentran vigentes.
Y quienes han optado por ese camino, como lo señaló muy bien el Senador Frei, tienen muchos proyectos suspendidos producto de que los tribunales han hecho efectiva la legislación en vigor. Pero no por esta vía, sino por el recurso de protección, que queda totalmente abierto a cualquier disposición, a cualquier afectado. No es verdad, Senador Horvath -por su intermedio, señor Presidente-, que solo pueden reclamar respecto de esto los propietarios. Esa es una indicación que presenté yo y que no fue aceptada.
Esto forma parte de un acuerdo político entre parlamentarios de distintos sectores. Y deseo agradecer la voluntad que hubo para legislar. Se trata de un tema de país. Y por eso de parte nuestra hemos retirado muchas indicaciones, porque creemos que la forma de reclamar en cada una de estas materias está resguardada.
Yo soy partidario de la propiedad privada. No soy de aquellos que piensan que se puede atropellar a la gente que ha pagado por un terreno, a las comunidades indígenas, a las áreas silvestres protegidas.
Pero ¡por favor! ¡Lean la legislación vigente! Hoy existen normas que resguardan las áreas silvestres protegidas.
Digamos las cosas como son. Aquí se busca aprobar una indicación que, a mi juicio, no solo no beneficia lo que se quiere proteger, sino que, al revés, en algunos casos, como en la Segunda Región, impide que esos proyectos -no son de grandes compañías, porque las de energía renovable son empresas medianas y hasta pequeñas- puedan realmente, a través de la aprobación de un estudio de impacto ambiental, respetar la legislación vigente (la ley Nº 18.362, el Convenio de Washington) y generar condiciones para trabajar.
Algunos planteaban que no era preocupante el valor de la energía.
Invitamos a la Comisión de Minería y Energía al ex Ministro Bitrán. ¿Saben qué nos dijo? Que varias de estas indicaciones y disposiciones harán imposible que este país saque adelante su desarrollo. Nos señaló: "Vengo llegando de Perú, nuestro principal competidor en materia minera, y allá la energía vale 40 dólares el megawatt". ¡Cuarenta dólares!
En la Región que representamos con la Senadora Allende -por eso nos preocupa el tema- se han visto afectados ya no uno sino varios proyectos: el diez por ciento. Y no se trata solo de empresas privadas. Porque aquí algunos sostienen: "¡Qué nos importan los privados!". La expansión de Salvador, que es una empresa de CODELCO, del Estado, se suspendió, con despido de gente. ¿Por qué? Porque no hay energía o hay que pagar una energía cara.
Y al Senador Girardi le quiero decir -por su intermedio, señor Presidente- que no es cierto que se esté beneficiando a un proyecto determinado. Lo que pasa es que en Chile tenemos energía barata en la Octava Región y no se puede traer al límite de la Tercera Región, donde se necesita, porque no existen las líneas.
Por eso se requiere aprobar este proyecto, y hay que hacerlo con urgencia. Porque todo lo que se demore hará que suba día a día la energía.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo quería referirme a un tema reglamentario, de interpretación de algo que manifestó el señor Secretario. Lo podría plantear después de que termine la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro. No se encuentra en la Sala.
Ofrezco la palabra al Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, veo que esto genera pasión. Porque he escuchado que aquí hay estadistas, que nos van a apagar la luz, que este es un tema de país. Sería bueno que tomáramos un poquito de diazepam.
Primero, el Ministro de Energía señaló en la Comisión que el valor de la energía en el SING era de 120 dólares y en el SIC, de 80 dólares. Entonces, toda esta historia que aparece en los diarios, en el sentido de que estamos pagando 260 dólares, de que se nos va a apagar la luz, de que es la más cara del mundo, de acuerdo con lo que manifestó el Secretario de Estado, no es así. Y yo se lo pregunté directamente a propósito de esta discusión.
El señor PROKURICA.- ¿Me permite una interrupción?
El señor GÓMEZ.- Altiro, señor Senador.
El señor PROKURICA.- Es el promedio.
El señor GÓMEZ.- No importa. Pero eso es lo que sostuvo el Ministro en la Comisión.
Segundo, cuando se plantea que se nos irán los proyectos mineros, etcétera, yo afirmo aquí que no se marchará ninguno. Porque este país es el que mayores facilidades les otorga desde el punto de vista tributario, de las posibilidades para instalarse. Por lo tanto, no aterroricemos a la gente.
Tercero, el propio Ministro manifestó en la Comisión que resultaba indispensable y necesario conectar el SIC con el SING. ¿Por qué? Porque en el norte hay energía a 80 dólares que puede ser transmitida al otro sistema. Entonces, la Región que representa el Senador que me antecedió en el uso de la palabra va a tener, sin duda, la energía rápida y barata. Pero para eso se requiere ingresar el proyecto, hay que preocuparse y hay que avanzar en esa línea.
Cuarto, en cuanto a las capacidades de nuestro país con relación a la eficiencia energética, no se han cumplido ni siquiera las metas del Gobierno. No se ha avanzado al respecto, en circunstancias de que, sin ninguna duda, se podrían disminuir los tremendos problemas que nos afectan.
Quinto, el Senador Horvath presentó el proyecto relativo al net metering, que fue aprobado y todavía está suspendido en el Gobierno para los efectos de sacar adelante el reglamento. Si este se aprobara rápidamente, sería factible disponer de un gran instrumento generador mediante energía solar, el que permitiría inyectar electricidad a las casas, bajando el valor de esta, etcétera.
¿Todo eso para qué? Solo para establecer criterios y decirnos que en este artículo se respetará la Convención de Washington, en circunstancias de que el Senador Rossi nos señaló un caso concreto en que no fue acatada.
Lo único que hemos pedido es disponer claramente en la ley en proyecto que, si hay un área protegida, no se permita pasar por sobre ella, y además, imponer la obligación del uso alternativo.
Pero eso tampoco fue aceptado.
El señor TUMA.- El baipás.
El señor GÓMEZ.- El baipás o la posibilidad de rodear.
Como indiqué, no fue aceptado. ¿Por qué? Porque saben que no se ha cumplido la norma pertinente.
Entonces, cuando nos oponemos al proyecto -y por eso digo que tomemos un diazepam, para que no tengamos tanta dificultad-, es porque estamos preocupados de que las normas se apliquen.
Queremos, pues, que la consulta se haga antes de la entrega de la concesión.
Señor Presidente, sé que no estamos tratando dicho punto. Sin embargo, nuestra oposición es un todo: tiene que ver con aquello; con el Convenio 169; con las áreas silvestres protegidas; con la autorización para el uso de la fuerza pública a los efectos de recibir el predio pese a haber discusiones, no por plata, sino por otros motivos.
Por consiguiente, al menos vamos a establecer nuestro criterio. Somos una "ínfima minoría" -así lo ha dicho el Senador Zaldívar en algunas oportunidades-, pero no vamos a transar y dejaremos claro por qué nos oponemos a este tipo de proyectos.
Por supuesto, votaré a favor de la indicación que nos ocupa, que firmamos con el Senador Horvath y otros colegas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Nuevamente le ofrezco la palabra al Honorable señor Navarro.
Su Señoría no se encuentra presente.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, lo que a veces molesta en los debate es que no se lean los proyectos. En este caso...
El señor GÓMEZ.- Yo lo leí, así que a mí no me toca.
El señor ORPIS.- No me refiero a usted, señor Senador, sino a otros colegas.
¿Y por qué señalo aquello, señor Presidente? Porque, tras la presentación de la indicación que nos ocupa, queda la sensación de que quienes suscribimos el acuerdo omitimos este tipo de materias. Pero no ha sido así.
Si Sus Señorías van a la página 1 del proyecto, verán que la Cámara de Diputados introdujo la siguiente norma, que la Comisión de Minería y Energía del Senado no objetó: "El otorgamiento de las concesiones no eximirá al concesionario del cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias pertinentes, en especial las que regulan materias medioambientales.".
En la indicación que estamos debatiendo en este minuto hay un copy paste de aquel precepto.
Eso, en primer término.
En segundo lugar, todas las indicaciones referentes a las áreas silvestres protegidas están en el N° 1 bis) que aprobó por mayoría la referida Comisión.
Y algo similar ocurre con todo lo relativo a la consulta a las comunidades indígenas prevista en el Convenio 169 de la OIT.
Entre paréntesis, debo connotar que la ley en proyecto será la primera legislación de nuestro país que consagre de manera explícita la aplicación del artículo 6° de ese instrumento internacional: artículo 34 del texto que nos ocupa.
Por consiguiente, todas las preocupaciones planteadas aquí, y especialmente la manifestada mediante la indicación que nos ocupa, están recogidas de manera íntegra en el acuerdo pertinente.
Ahora, señor Presidente, quiero presentar algunas imágenes que considero importantes.
¿Qué está resolviendo este proyecto?
Al sur de Charrúa, en la zona de Concepción, existe una capacidad de generación de 3 mil 600 megawatts. La demanda local es de 900.
Hay 1.500 megawatts que podrían llevarse a la zona central y a Copiapó.
El megawatt/hora en Charrúa vale entre 50 y 70 dólares.
Pues bien, la capacidad de transmisión es de solo 1.170 megawatts.
Por lo tanto, en la Octava Región existen 1.500 megawatts que no pueden trasladarse a la zona central debido a un problema de transmisión, por la Ley de Concesiones. Y ya nos encontramos con que en la zona central el precio del megawatt/hora llega a entre 110 y 120 dólares.
Por dificultades de transmisión, no es factible el traslado a Copiapó, donde el megawatt/hora cuesta 180 dólares.
Es decir, en la Región del Biobío tenemos un superávit de 1.500 megawatts que, por problemas de transmisión, no se pueden trasladar ni a la zona central ni a Copiapó.
Eso es lo que trata de resolver esta iniciativa de ley.
En esta imagen vemos lo que va a ocurrir en el norte (la línea verde indica cuando estamos casi topados, particularmente en la zona de Copiapó) si no se aprueba la ley en proyecto.
Tendremos un problema con el 20 por ciento en dos años más, y habrá un aumento sistemático a lo largo del tiempo.
Es decir, en 2016, en la zona de Copiapó el 80 por ciento va a ser completamente inseguro en materia de energía.
Y quiero ir a la última imagen, para ver qué está ocurriendo con los plazos.
El plazo para el otorgamiento de una concesión debería ser de alrededor de 120 días.
Señor Presidente, aquí hay tres proyectos.
Charrúa-Cautín: la línea verde corresponde al tiempo programado para la obtención de la concesión; la roja, a todo lo que es obra de construcción.
Estaba programado para 1.100 días; lleva 1.680.
En la línea El Rodeo-Chena estaban previstos 930 días; han transcurrido 1.400.
Para la línea Nogales-Polpaico se calculaban 720 días; van 1.260.
Eso es lo que ocurre, señor Presidente. Y es lo que estamos tratando de resolver con este proyecto: la facilitación de la transmisión de energías disponibles en algunos sectores del país para que impacten favorablemente en otras zonas.
¿Por qué se han retrasado los proyectos? Precisamente por las debilidades detectadas en la Ley de Concesiones, que es lo que procuramos resolver, pero abordando todas las situaciones sensibles, como las que acabo de señalar: las medioambientales, las vinculadas con el Convenio 169, etcétera.
Por eso, señor Presidente, rescato el tremendo acuerdo que logramos de manera bastante transversal. Porque, a diferencia de lo que muchos señalan en los discursos, no hemos evitado el problema, sino que lo hemos afrontado con una propuesta transversal muy concreta que se está sometiendo a la consideración del Parlamento.
El señor PIZARRO (Presidente).- De nuevo le ofrezco la palabra al Senador señor Navarro.
Su Señoría no se halla en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, lo que tiene en común esta indicación con el artículo 34 bis) es que la asimetría está presente en todo el proyecto y, por tanto, en la discusión habida en torno a él.
Acá nos encontramos ante una merma de la participación ciudadana, porque al reducirse los plazos -es lo que busca esta iniciativa- se disminuyen también las causales de reclamación. Y eso imposibilita que una comunidad reclame contra el titular de un proyecto, contra el Estado, que claramente, si se aprueba la norma pertinente, va a favorecer todo el proceso.
Yo respaldo esta indicación esencialmente porque contempla la consulta a las comunidades indígenas. En efecto, señala: "El otorgamiento de las concesiones no eximirá al concesionario del cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias pertinentes, en especial las que regulan materias medioambientales, indígenas, tributarias, laborales y previsionales, según corresponda.".
En estos días hemos leído en la prensa que el Ministerio de Desarrollo Social, donde está radicada la temática indígena -el hasta hace poco Ministro Lavín tomó otro camino, pero allí quedaron sus representantes o sucesores-, en menos de un mes tendría terminada una propuesta -al parecer consensuada con actores políticos y también del mundo indígena- respecto a la manera de efectuar la consulta pertinente.
Entonces, mi preocupación deriva de que ya son muchos los casos -la Ley de Pesca; días atrás, el decreto ley N° 701, en fin- en que se les hace un baipás a la temática indígena y a la consulta.
Ello tiene un efecto -ya lo señalé en la discusión anterior-, porque como sabemos, particularmente quienes representamos a La Araucanía, el tendido pasa por todas partes.
El Senador Frei conoce muy bien la situación, pues cuando era Presidente de la República llevó adelante en la Novena Región -siempre lo destaco- el By Pass Temuco. Y eso significó hacer 18 trazados distintos, sin Convenio 169, hasta encontrar el que generara menos impacto ambiental, o casi ninguno; porque, finalmente, todas las comunidades indígenas dieron su aprobación en un área de 18 kilómetros.
Lo que contempla la iniciativa en debate es mucho más complejo que el trazado hecho en los años 90. Y, sin mediar consulta a los pueblos originarios, será muy difícil que no se sientan afectados.
Señor Presidente, me acotan que el trazado de 18 kilómetros correspondía a una carretera vehicular. Por supuesto. Pero el que ahora se propone -repito- será mucho más complejo, dada la enorme extensión involucrada. Es muy superior a 18 kilómetros: comprende 2 mil kilómetros, lo que implica atravesar regiones enteras.
Al abordar el punto, todos entendemos que estamos hablando de HidroAysén, porque, finalmente, a esta empresa se le facilita el camino y se la favorece con la normativa que nos ocupa, y según entiendo, también con la que regula la carretera eléctrica.
Algunos dicen que a continuación llegaría desde la Cámara de Diputados el proyecto 20/25. Tras revisar su texto, comprobamos que implica más concentración.
Ello, en la misma línea que señaló el Senador Horvath: tenemos tres empresas generadoras, una que transmite y tres que distribuyen. En la práctica, ¡concentración total!
Y el proyecto 20/25 significará más concentración. Seguramente abrirá espacio para generar megawatts con energías renovables no convencionales; pero lo van a hacer los mismos titulares de las grandes empresas que hoy día tienen concentrado el negocio eléctrico.
Además, Chile suscribió la Convención de Washington. Y el Senador Rossi explicó muy bien la situación.
Según dicho instrumento internacional, en este caso no tenemos alternativa, pues solo mediante una ley de la república se pueden desafectar las áreas que van a ser intervenidas.
Algunas Senadoras y algunos Senadores, con la mejor disposición y pensando en el país -lo reitero-, suscribieron un acuerdo. Pero, como tengo que hablar por la Región que represento, por la Región que conozco, debo decir que este proyecto, al no considerar a las comunidades mapuches, va a perjudicarlas.
Voto a favor de la indicación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tres bancos, tres farmacias, tres supermercados, tres generadoras eléctricas, tres AFP: en definitiva, una economía altamente concentrada.
Alguien podrá decir: "Esto no es responsabilidad solo de este Gobierno de Derecha; hay responsabilidad también de la Concertación".
Sin embargo, los resultados están a la vista. Se trata de una concentración que le hace mal a nuestro país. Porque tenemos la peor distribución del ingreso. Y si queremos generar políticas de mayor igualdad, es necesario crear más empleo y aumentar la inversión.
Estamos completamente de acuerdo a ese respecto.
No obstante, cuando se sostiene que la política energética propuesta cautela el interés nacional, debo formularle algunas preguntas al señor Ministro, por intermedio de la Mesa.
¿Dónde se discutió esa política? ¿En qué lugar del Parlamento, bajo la soberanía popular radicada en él, se realizó el debate pertinente? ¿Quién decidió que HidroAysén es de interés nacional? ¿Quién determinó que esta matriz energética es la más conveniente para el desarrollo de Chile en el corto, mediano y largo plazos?
Aquí, contra la Ley Eléctrica, nada. Para la Ley Eléctrica, todo. Las empresas del rubro, que hoy día son de propiedad privada, eran del Estado y se vendieron a precio de huevo a sus mismos ejecutivos, quienes, por supuesto, las compraron con plata del Banco del Estado.
¡Esa es la historia! ¡Saquearon las empresas estatales, y particularmente las eléctricas!
Tales personajes aún viven, y ¡gozan de muy buena salud económica...!
Señor Presidente, ¿cuándo vamos a hacer el debate sobre la matriz energética?
¡Pasaron cuatro Gobiernos de la Concertación, está por concluir uno de la Derecha, y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato!
¿Dónde debemos discutir lo que el país requiere? Porque es probable que en ese ámbito abierto podamos coincidir con lo que el Gobierno nos plantea hoy. Pero seguimos con el debate acotado, de corto aliento, basado en los intereses cortoplacistas de las tres empresas monopólicas interesadas.
Chile tiene 500 volcanes, de los cuales 150 están activos.
Escuchaba recién al ex Presidente y actual Senador Eduardo Frei: por cierto, la energía geotérmica es de alto costo y de escaso desarrollo.
Entonces, ¿cuándo empezaremos a pensar de verdad en medidas alternativas?
Chile tiene un diferendo con Bolivia. Y hemos dicho: si accediéramos al gas de ese país, podríamos reducir a la mitad el valor de las cuentas domiciliarias y los costos de energía eléctrica en la gran minería del norte.
Si fuéramos capaces de superar el sesgo ideológico, tendríamos integración energética con Venezuela.
Pero no: Chile, esta pequeña nación del sur del mundo, tiene esa barrera ideológica. En cambio, Estados Unidos, que gasta 40 mil millones de dólares anuales en importaciones de petróleo, lleva 40 por ciento desde Venezuela.
No obstante, nuestro país se ha negado a aquello porque, al parecer, aquí el neoliberalismo ha calado más profundamente. Y ahí no importa el interés nacional, ni tampoco la posibilidad de adquirir petróleo a un precio 50 o 60 por ciento más bajo que el del mercado internacional: ¡solo importa la barrera ideológica!
Señor Presidente, la experiencia respecto a cómo se ha tratado a las comunidades indígenas ya la tuvimos en Ralco.
¿Cuánto costaba allí una hectárea? ¿Quién pone el precio para concretar un proyecto por 700 millones de dólares, como el de Ralco, construido por Endesa España?
Para los propietarios que negociaron primero, una yunta de bueyes; para los que negociaron al final, una camioneta 4 x 4. ¡Para hacer un negocio de por vida...!
¿Quién puso el precio?
Bueno: ahí se transgredió la Ley Indígena, cuyo artículo 13 establece que la propiedad de la casa-habitación es inviolable.
¡Se pasó por encima de la Ley Indígena!
¿Cuánto ganaron las comunidades? Hoy día están en El Barco. A la primera nevazón tuvieron que ser evacuadas. Las que se hallan en Huinay no tienen agua.
Entonces, uno ve los efectos que ha provocado la negación de los derechos indígenas en los proyectos hidroeléctricos. Y el daño permanece.
Ahora el Estado tiene que poner los helicópteros para transportar fardos de pasto y tirarlos en El Barco.
Esos comuneros vivían en la cota 600, donde nunca hay nieve; los llevaron a la cota 900, donde sí la hay.
Después de una década, Endesa abandonó su compromiso, y actualmente la ayuda es de responsabilidad del Estado: del gobernador de Los Ángeles, del gobierno regional del Biobío; y el colega Pérez Varela lo sabe muy bien, porque se trata de una zona de su circunscripción senatorial. Ahora, entonces, los costos son de cargo del Estado, porque la garantía de Endesa duró diez años.
Por lo tanto, cuando durante el análisis de este tipo de iniciativas se dice, por ejemplo, que se protegerán los intereses de las comunidades indígenas en el trazado, debemos considerar la experiencia habida, que demuestra que las leyes sobre la materia se burlan.
Yo quiero que se pague el justo precio (se lo digo al Senador Sabag, por intermedio de la Mesa). Y el justo precio es cero especulación; no a la compra anticipada; sí al respeto a los derechos de los propietarios. Señor Presidente, se me termina el tiempo.
Pido un minuto más, para concluir.
El señor PIZARRO (Presidente).- Bien.
El señor NAVARRO.- Gracias.
Señor Presidente, si las expropiaciones se hicieran en La Dehesa, en Lo Barnechea, en Chicureo, el tratamiento sería muy distinto. Pero como tienen lugar en la Región de La Araucanía y afectan a propiedades rurales, todos piensan que se puede pasar por encima de sus dueños.
Siento, pues, que nos corresponde proteger a esas personas.
Por eso, la indicación N° 5 establece que "El otorgamiento de las concesiones no eximirá al concesionario del cumplimiento de todas las normas legales...".
Queremos garantizarlas.
Debe haber un justo precio.
Como dijeron los Senadores García y Quintana, ¡protección para el más débil! No es cierto que todos los propietarios sean iguales.
En tal sentido, la ley en proyecto debiera garantizar aquello. Y en esa búsqueda estamos.
Por las razones expuestas, voto a favor de la indicación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, solo quiero referirme a las observaciones formuladas por algunos colegas.
El Senador Quintana, por ejemplo, habló de un trazado de 18 kilómetros.
Sobre el particular, debo decir que realizamos muchas consultas antes de materializar la obra, la que en definitiva se concretó. Y esa es la diferencia: al final, se llevó a cabo.
Lo que pasa ahora en Chile en materia energética es que no se hace nada. Y, por eso, le sugiero a Su Señoría -aunque no está en la Sala en este momento- que le pregunte a cualquier empresa -también puede ir a la Comisión de Energía- cuánto está pagando por la energía. La marginal está hoy en 230 dólares por megawatt -seguramente el señor Ministro intervino porque se estaba discutiendo el proyecto- y hace tres o cuatro meses estaba en 80, ya que la situación era otra. Es algo que cambia, como todos sabemos. Mes a mes se va fijando el precio de acuerdo con las condiciones y la generación.
Respecto a la energía mareomotriz, cometí un grave error, porque dije que no había ninguna planta en el mundo. En realidad, hay una, que visitamos el año pasado en la gira presidencial. Fuimos varios parlamentarios. Como todos estaban centrados en el Primer Mandatario, nos encontramos con los que la habían construido y después de una larga conversación con esos ingenieros logramos sacar la verdad. ¿Cuánto costó? Más de cuatro millones de dólares de inversión por megawatt, o sea, tres o cuatro veces lo que implica cualquier planta convencional en nuestro país.
Pero a continuación se expresó: "Hay un terraplén que mide seis kilómetros". Ello no estaba incluido en el presupuesto. Porque para hacer la planta había que construir esa obra.
Y en seguida preguntamos cuál era el costo de mantención y de la energía. La respuesta fue: "Ese dato no podemos darlo, por ser un secreto. Tiene que hablar con el presidente de la compañía".
Así que este gran ejemplo en el mundo no tiene ninguna posibilidad.
Se había propuesto colgar turbinas bajo el canal de Chacao. Parece que el ingeniero que lo planteó no había calculado lo que significa.
En cuanto a la geotermia, cabe consignar que un grupo de profesores italianos llegó hace cincuenta años a la Escuela de Ingeniería -el Senador que habla era estudiante- y comenzamos a discutir sobre la materia.
En el sur, entre Lonquimay y Chaitén, hay 25 volcanes en estado latente; pero nunca hemos podido saber de cuánta energía disponemos, porque para hacer una medición se requiere una perforadora, al igual que en una planta de petróleo. Y cada vez que se ha tratado de llevarla a cabo, ha habido 50 mil razones para no hacerlo.
¿Cuánta energía geotérmica estamos generando hoy día? Un gran huevo, por no decir algo más grosero.
Con la solar y fotovoltaica pasa lo mismo. Hace poco estuve con unos empresarios chinos que vinieron al país y tienen un proyecto de 2 mil, 3 mil millones de dólares. No cuentan con acceso ni líneas para materializarlo.
Por último, me alegro de haber tomado la decisión de construir Ralco y Pangue. Si no, ya hace cinco u ocho años se registrarían menos mil 500 megas todos los días. El país estaría apagado y no tendríamos esta luz prendida.
¿Por qué se fueron a 900 metros? Porque así lo pidieron. Nadie los obligó. Se les ofreció incluso la posibilidad de trabajar mucho más abajo y no quisieron aceptarla.
¿Cuánto se pagó, especialmente a las familias que permanecieron hasta el final en el sitio? Cada una de ellas recibió entre 200 y 500 millones de pesos. Se les construyeron casas; se les dio el equivalente a 10 veces lo que tenían en terreno, etcétera. Puedo dar todos los detalles.
Por eso hago presente que prevalece el interés de país. Con cualquier obra en energía que se lleve a cabo en cualquier parte del mundo tienen que moverse algunas familias. En China trasladaron más de un millón y medio o dos millones de personas. Aquí eran 10, 20, 30 familias.
El criterio aplicado en numerosos países, donde se han aceptado incluso plantas nucleares, es que exista un beneficio para la comunidad del lugar donde se instala la planta energética. Y así se ha logrado destrabar proyectos en este ámbito.
Estas son las reflexiones que quería exponer.
Lógicamente, voy a votar en contra, porque el punto de que se trata ya está incluido en el proyecto, que espero que no sigamos dilatando y que no corra la suerte de la normativa sobre televisión digital. En caso contrario, en dos años más estaremos con la luz apagada y tendremos que irnos para la casa o trabajar con velas, lo que resultaría -claro está- más romántico.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 19 votos contra 9 y 2 abstenciones, se rechaza la indicación renovada número 5.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
Se abstuvieron la señora Pérez (doña Lily) y el señor Cantero.
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa sugiere que el inciso segundo del artículo 15 se apruebe con el resultado inverso, para no repetir la votación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Deseo exponer una proposición.
Se registran 30 indicaciones inadmisibles y 17 renovadas admisibles. En estricto rigor, si un señor Senador lo solicita, se tiene que votar la admisibilidad de las primeras. Cabe hacer esa consulta, entonces.
Si nadie lo requiere, quedarán declaradas inadmisibles, sin mayor debate.
El señor PROKURICA.- No hay problema.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente,¿
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Ustedes pedirán votación, Su Señoría?
El señor NAVARRO.- Solicito que sean leídas una por una.
El señor PIZARRO (Presidente).- Comprendo que se desee optar por la votación. Planteo la conveniencia, entonces, de pronunciarse de una sola vez sobre la admisibilidad de las 30 indicaciones que en la Comisión fueron declaradas inadmisibles.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, no tenemos ninguna intención, francamente, de dilatar.
A nuestro juicio, algunos artículos son verdaderamente de fondo, como el relativo al derecho de otros emprendedores a oponerse cuando se vean afectados por concesiones.
La cifra que manejamos, eso sí, es que hemos votado una sola de las indicaciones renovadas y que quedan 34. Entonces, ello no me cuadra con lo que se ha señalado.
Ahora, si alguna de ellas es inadmisible, pido la discusión de la admisibilidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tal vez la diferencia obedece -Su Señoría puede efectuar una revisión- a la reposición de algunas indicaciones inadmisibles que equivalen a varias otras, como es el caso de aquella que dice relación con las correspondientes a los números 8, 9, 10 y 10A.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Vamos viendo por página.
El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Secretario precisará exactamente cuáles fueron declaradas inadmisibles en la Comisión.
El señor GÓMEZ.- Considero que algunas no revisten ese carácter.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ellas son las siguientes: 8, 9, 10 y 10A, que son iguales; 12A; 13, 14, 15 y 15A; 15B; 16; 19; 38, 39 y 39A; 69; 77; 94; 100; 101, 102 y 102A; 103; 104; 110, 111, 112, 112A y 112B; 119, y 125.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, las indicaciones renovadas cuentan con la firma de 14 señores Senadores. Cuando hemos optado por suscribir la reposición, lo hemos hecho en el convencimiento de que la Sala debe abocarse a discutirlas y de que algunas de ellas podrían ser susceptibles de debate sobre la admisibilidad.
Por tanto, solicito, de acuerdo con el Reglamento, que se vote ese aspecto en cada una de ellas, previa lectura del texto, para que quede constancia de qué se trata, porque la Sala no ha conocido estas materias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se seguirá el orden establecido por el señor Secretario y las indicaciones se irán considerando una por una. Cuando se quiera solicitar la votación, será necesario avisar.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones renovadas números 8, 9, 10 y 10A, declaradas inadmisibles en la Comisión y relativas al encabezamiento del artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 4, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, son para intercalar, a continuación de la expresión "uso público", la frase "que no sean áreas protegidas u otras áreas que estén bajo reconocimiento o régimen oficial de protección".
Ello hace referencia, entonces, al texto de la ley, no a las enmiendas propuestas por la Comisión. El artículo 16 citado expresa que "Las concesiones de servicio público de distribución otorgan el derecho de usar bienes nacionales de uso público",¿
El señor GÓMEZ.- En el boletín comparado no figura el texto de la ley.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿después de lo cual se quiere intercalar la mencionada frase.
El señor PIZARRO (Presidente).- El Honorable señor Gómez tiene razón. Pero, en definitiva, lo que se va a colocar en votación es la admisibilidad, conforme a la solicitud del Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- ¿Por qué se declaró la inadmisibilidad?
El señor GÓMEZ.- Es algo que conviene tener claro.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así lo determinó la Comisión. No voy a entrar a analizar cada caso en particular, porque supongo que el criterio del órgano técnico fue suficientemente claro.
Estamos tratando el punto porque la Sala tiene la facultad de definir lo relativo a la admisibilidad. Cada señor Senador votará de acuerdo con lo que le parezca pertinente.
El señor Secretario leerá los fundamentos.
El señor GÓMEZ.- Eso es importante.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En cuanto a las indicaciones números 8, 9, 10, 10A y 11, el documento entregado por la Secretaría de la Comisión expresa que "La inadmisibilidad de estas indicaciones, por causa similar a la mencionada precedentemente, se funda en lo dispuesto en los artículos 65, inciso tercero, y 63, N° 10), de la CP. Lo anterior, porque el artículo 16 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que estas indicaciones proponen modificar, se refiere al derecho que otorgan las concesiones de servicio público de distribución a usar bienes nacionales de uso público.".
El señor PIZARRO (Presidente).- Para los efectos de votar con cierto método y no alargarnos, se dará la palabra a un señor Senador que esté a favor de la admisibilidad y a otro que esté en contra.
Puede intervenir el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, a fin de poner un poco de orden -podríamos estar discutiendo toda la semana si seguimos este ritmo-, quisiera recordar que los señores Senadores han tenido tiempo suficiente para leer el informe, en el cual se hallan establecidas las causales de inadmisibilidad que tuvo en cuenta el Presidente de la Comisión.
A su vez, el Presidente de la Corporación, conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, puede resolver de nuevo sobre el punto, y no tiene para qué darnos cada razón que concurre para tal efecto.
Cada uno de nosotros tendrá que recurrir al informe para imponerse -repito- de las causales de inadmisibilidad o de admisibilidad; pero conviene proceder con cierta flexibilidad y sin poner obstáculos.
A mi juicio, lo lógico es votar todas las inadmisibilidades en un solo paquete, para poder tratar las materias de fondo, ya que a lo mejor les interesa a ambas partes dilucidarlas en la discusión.
Por lo tanto, ojalá se deponga la actitud de ir artículo por artículo, en cuanto a la declaración respectiva.
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Mesa, Su Señoría.
El señor ORPIS.- Votemos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en cuanto al objetivo de las indicaciones -esto es, que no se pase por áreas protegidas o que estén bajo algún reconocimiento oficial del Estado-, no estamos afectando para nada una atribución del Presidente de la República. En verdad, no estamos modificando algo que tenga que ver con materias financieras o presupuestarias ni alterando la división política o administrativa. Tampoco se trata de fijar "normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades", ni de la determinación de "las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz", conforme a los números 10) y 13), respectivamente, del artículo 63 de la Constitución Política.
No observo razón alguna para declarar la inadmisibilidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la admisibilidad de las indicaciones.
El señor ORPIS.- ¿Cómo se vota, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Los que estén a favor de declararlas admisibles votan que sí, y los que crean que son inadmisibles, que no.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, como se ha conformado una amplia mayoría en la Sala, deseamos dejar en claro cuál es nuestra posición.
Conforme a lo expresado por mi Honorable colega Horvath, de acuerdo con las normas pertinentes, no se justifica la inadmisibilidad. Observo mucho apuro por avanzar, pero nos interesa que en la ley quede establecido con nitidez que no es posible la lesión de las áreas protegidas. Ello dice relación tanto con el articulado que no aparece en el boletín comparado como con las disposiciones que se proponen.
Ninguno de nosotros tiene interés en entorpecer. Lo que queremos es que quede de manifiesto cuál es la posición de cada uno, al margen de que pueda causar molestia nuestra idea de puntualizar en cada uno de los artículos que la inadmisibilidad carece de fundamento.
Aun cuando el Senador señor Zaldívar argumente que no es necesario dar a conocer las razones, sería importante que, como estamos votando, la opinión pública las supiera. En efecto, ella no va a leer el informe, sino que, a lo mejor, se va a enterar por el canal de televisión del Senado -así lo espero- de los motivos que pueden haber concurrido para declarar o no la inadmisibilidad de una norma.
Si no, lo que estamos haciendo es legislar encerrados, calladitos. Y nos interesa que la inadmisibilidad sea explicada caso a caso, para que queden claramente señaladas las consideraciones en que se basa.
Nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación que se aplicó.
Por supuesto, pediremos votación y seguiremos siendo una ínfima minoría; pero tenemos derecho a dejar constancia de nuestro criterio.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no iba a intervenir, pero me parece también importante para quienes están viendo la televisión explicar por qué se declaró la inadmisibilidad: se ha pretendido legislar en materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que se trata de bienes nacionales de uso público.
En seguida, conviene aclarar que no es que estemos en contra de una normativa que proteja las áreas silvestres protegidas. Ya lo explicamos anteriormente. De ahí que se contemplara una disposición expresa relativa al Convenio de Washington.
Por eso, rechazamos la indicación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el señor Secretario General argumentó, de acuerdo al informe, que las objeciones de inconstitucionalidad se basan en el artículo 63 de la Constitución Política, el cual señala qué asuntos son materias de ley.
Entonces, que aquí se diga que no podemos presentar indicaciones si se trata de bienes nacionales de uso público significa que hemos violado la Carta Fundamental durante los veinte años que llevo en el Parlamento. Porque constantemente hemos formulado indicaciones para modificar el criterio del Presidente de la República respecto del uso y destino de calles y de parques.
Hemos presentado indicaciones y modificado artículos en ese ámbito porque es materia de ley. El artículo 63 indica en 20 numerales los asuntos que son materias de ley, y en ninguno veo un fundamento para que, en caso de que el Primer Mandatario quisiera regalar bienes nacionales de uso público a los dueños de ENDESA, por ejemplo, el Congreso no pudiera enmendar el respectivo proyecto sobre la base de que aquellos deben ser administrados por el Estado.
Señor Presidente, conforme a lo que señaló la Senadora Rincón -con todo respeto- la Cámara Alta sería un mero buzón. Se afirma que el Senado de la República no puede intervenir tratándose de bienes nacionales de uso público. Sin embargo, cuando debatimos las concesiones que se iban a otorgar a las salmoneras, ¿qué hicimos? ¡Presentamos centenares de indicaciones y las ganamos! Pudimos modificar las concesiones que el Estado les iba a regalar a las salmoneras. Pero ahora no podemos hacer enmiendas respecto de las concesiones eléctricas.
Me parece que se está utilizando un argumento rebuscado, fuera de lugar. La Comisión podrá declarar inadmisible la indicación, por mayoría circunstancial o permanente. Sin embargo, les quiero señalar que durante la tramitación de la Ley de Pesca formulamos cientos de indicaciones y ganamos muchas de las que buscaban definir el empleo de bienes nacionales de uso público. Y cuando se discutió la Ley del Bosque Nativo, también presentamos centenares de ellas y ganamos numerosas que decían relación con bienes nacionales de uso público.
No obstante, ahora se trata de las concesiones eléctricas. Yo lo dije desde el inicio: "¡Contra la Ley Eléctrica, nada!". A la todopoderosa Ley Eléctrica no se le podrá modificar nada.
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que se puede argumentar sobre la base de los numerales del artículo 63 de la Constitución Política, pero ninguno de ellos establece de manera directa que el Parlamento no puede modificar algunos criterios. Es más, la indicación en debate solo agrega una excepción. No afecta el derecho de propiedad del Estado. A los defensores acérrimos del derecho de propiedad -los tengo enfrente, señor Presidente- les quiero decir que cuando se trata del interés de la nación hay excepciones al derecho de propiedad, y así lo establece la Carta Fundamental. Y si incluso con respecto a un privado se puede hacer una excepción al derecho de propiedad, no veo por qué no es posible hacer lo mismo en lo relativo al propio Estado, en materia de su derecho de propiedad.
Por lo tanto, lo que decimos es: "Sí, usted puede hacerlo, pero no en áreas protegidas o en otras que se hallen bajo reconocimiento o régimen oficial de protección", cuestión que tiene que ver con el Convenio de Washington, que ha sido vilipendiado, no respetado, violentado permanentemente y que requiere ley. Y ahora estamos discutiendo una iniciativa legal. Y claro que es posible hacer lo que aquí se plantea, pero siempre y cuando sea materia de ley. No puede hacerse por decreto, como lo intentó el Ministerio de Minería al querer desafectar el parque Lauca mediante ese tipo de instrumento. Por eso fracasó, pues se precisaba una ley.
En consecuencia, señor Presidente, como estamos debatiendo un proyecto que dice relación con las concesiones, es decir, con el destino de los bienes nacionales de uso público, sí podemos formular observaciones que afecten el uso de ese bien nacional de uso público.
De verdad, no veo dónde está la inconstitucionalidad. No soy constitucionalista, y aquí en la Sala hay destacados abogados a los que no quisiera contrariar, pero algo he aprendido en estos veinte años.
Voto a favor de la indicación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora, porque es clave!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Terminada la votación.
--Se rechaza la admisibilidad de las indicaciones números 8, 9, 10 y 10 A (20 votos en contra, 5 a favor y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Kuschel, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Gómez, Horvath, Navarro, Quintana y Tuma.
Se abstuvo el señor Cantero.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La próxima indicación que fue declarada inadmisible en la Comisión es la N° 12 A.
El propósito de la indicación es incorporar un párrafo segundo, nuevo, en el literal d), que corresponde al número 2) aprobado por la Comisión de Minería y Energía, que remplaza la letra a). Esta modificación fue aprobada por mayoría de votos.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la admisibilidad de la indicación 12 A.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Navarro, para fundamentar el voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nuevamente no veo dónde se afecta el derecho del Estado o la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en esta monarquía presidencial que nos agobia y que tan condescendientemente el Senado soporta. Esta es abrumadora. En definitiva, pareciera que la Cámara Alta no existiera y que la soberanía popular radicada en el Parlamento valiera nada, porque todo aquí es sometido a los designios del sacrosanto y monárquico Presidente de la República. ¡Nada se puede modificar!
En definitiva, la indicación busca realizar un aporte que creemos fundamental para los objetivos declamados en la Sala por el Senador Espina, quien hizo una ferviente defensa de los pequeños empresarios con el objeto de abrir las barreras de entrada al mercado de generación eléctrica. Es lo mismo que han hecho los colegas Prokurica y Frei.
Yo no logro comprenderlo. No padezco de esquizofrenia, pero ahora parecen ser otros. Porque lo que señalamos es que "Para las líneas de transmisión de Energías Renovables No Convencionales, ERNC, se considerará un trazado y franja común por cuenca y microcuenca -ordenamos- que pueda ser compartido por los distintos proyectos". Es decir, no pretendemos violentar, sino aunar y no provocar lo que ocurre en las grandes ciudades, donde cada empresa tiende un cable por el medio de la urbe. Y eso pasa cuando no hay acuerdo en tener una fibra única.
Aquí proponemos que, si se trata de energías no convencionales renovables, tengamos una franja común en las cuencas y en las microcuencas, "en cuya definición participará la autoridad competente".
¿Cuál es la inconstitucionalidad? Es un elemento de ordenamiento para los más pequeños; es un elemento de ordenamiento para garantizar la viabilidad. Como decía Mao Tse-Tung: "Un coligüe es fácil de quebrar; muchos coligües son difíciles de quebrar".
Si se juntan los productores de energías renovables no convencionales, pueden aunar sus esfuerzos. Y esta indicación tiene un poderoso y profundo objetivo y un bien habido sentido: indicarles cómo hacer las cosas, garantizar la unidad del trazado y de la franja común por cuenca y microcuenca.
Eso significa sinergia: sumar los esfuerzos positivos en pos de potenciar el trabajo de estas energías. De otra forma, señor Presidente, vamos a tener diversos mecanismos porque también hay competencia entre ellos. En este sistema de mercado compiten los grandes, los medianos y los chicos. Les queremos decir a los pequeños que tienen que sumarse de manera sinérgica.
No veo, una vez más, que esta indicación sea inconstitucional. Por el contrario, ha sido discutida con muchas organizaciones, con pequeños propietarios, con pequeños generadores, todos los cuales han manifestado que, por esta vía, lograremos aumentar la viabilidad de desarrollo de este tipo de proyectos.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor de la admisibilidad de la indicación Nº 12 A. No logro comprender, salvo que escuche una adecuada fundamentación de la contraparte, por qué habría que rechazar lo que propone.
Es una buena indicación. En ella debieran coincidir tanto detractores como partidarios de esta futura ley, porque apunta al sentido positivo de potenciar las energías limpias. Aquí se señala que esto es parte del acuerdo, que yo no firmé pues no lo comparto. Pero reconozco que incluye elementos que podría considerar beneficiosos; entre ellos, el relativo a fomentar las energías renovables no convencionales.
Siendo así, quienes han sido parte del acuerdo debieran aprobar esta indicación renovada. No perjudica en nada. Por el contrario, potencia algo que allí está concordado. Por cierto, se orienta en una línea correcta, respecto de la cual podríamos coincidir.
Tenemos una opinión negativa. Sin embargo, hay aspectos que estimo favorables. Uno de ellos dice relación directa con esta indicación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, Honorables colegas, la verdad es que esta indicación tiene un objetivo claro y preciso: facilitar que los proyectos de energías renovables no convencionales entren a las redes de transmisión, a fin de permitirles que obtengan concesiones fácilmente.
De hecho, en una cuenca o microcuenca podrían haber diez, quince, veinte centrales pequeñas de acuerdo con la ley, con una generación de hasta 20 megawatts y, proporcionalmente, de hasta 40. Ello causaría un efecto significativo a nivel tanto local como nacional.
¿Qué se pretende con esta indicación? Evitar que cada uno de esos pequeños proyectos instale su propia línea de transmisión, en circunstancias de que es posible usar una sola franja común.
Ahora bien, la indicación fue redactada de una manera que ha sido habitual en este Congreso para no dar a una autoridad la facultad que consigna el artículo 65 de la Constitución, porque sabemos que eso no lo podemos hacer. La fórmula que hemos empleado en el Parlamento durante 23 años en este tipo de normas, con el fin de salvaguardar un objetivo positivo, es decir: "en cuya definición participará la autoridad competente". Eso se resolverá en su minuto; lo importante es el fondo de la indicación.
Por otro lado, quiero llamar la atención sobre lo siguiente: firmar un acuerdo en forma rápida, con muy poca consulta y sin incorporar elementos positivos habla mal de él. No entiendo por qué el acuerdo no consideró aspectos que podrían ser perfeccionados.
Cuando estábamos votando el asunto, con el acelerador puesto y sin ninguna proporción respecto a su magnitud, se dijo: "No. Esto lo vamos a postergar para cuando se discuta la carretera eléctrica", en circunstancias de que sabemos que esta iniciativa está hecha todavía más a la medida de HidroAysén.
Ese proyecto partió con una inversión de 4 mil millones de dólares, y hoy va en 11 mil millones. ¡Y pretenden que nosotros, los consumidores chilenos, paguemos la línea de transmisión y que el Estado se haga cargo de los conflictos con las distintas comunidades al fijar la franja y declararla de utilidad pública!
Por lo tanto, creemos que, además de ser admisible la indicación, es conveniente incorporar la fórmula redactada en ella.
De hecho, hay un instrumento CORFO que se ha usado muy poco. Mediante este, los pequeños generadores, suponiendo que hay veinte personas en distintas etapas del tiempo que desarrollan energías renovables no convencionales, pagan un veinteavo de la línea de transmisión. El crédito CORFO les permite asumir esa diferencia, para que cada uno de ellos no tenga que poner su propia línea. Pero es mucho mejor establecer esto en la ley. Y ese es el objetivo.
Por las razones expuestas, pedimos que el Ejecutivo se haga cargo de ello.
Desde luego, votamos que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias, señor Senador.
Como dije al principio, ofreceré también la palabra a alguien que hable a favor de la declaración de inadmisibilidad.
El señor GÓMEZ.- Debe dar la palabra igual a todos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos fundamentando el voto.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, nadie puede dudar del acuerdo porque parte de este busca promover las energías renovables no convencionales. De hecho, estas enfrentarán un gran desafío: alcanzar de aquí al año 2025 el 20 por ciento de la matriz. Esto significa que en el futuro el 40 por ciento del mayor incremento en materia energética va a corresponder a ERNC.
Sin embargo, debo referirme a la admisibilidad.
Considero que la indicación es inadmisible pues está ubicada entre los artículos referidos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Por lo tanto, en la práctica, se propone facultar a la SEC, y eso es iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, es posible declarar la inadmisibilidad de esta indicación y, probablemente, lo dicho por el Senador señor Orpis se enmarca dentro de la legislación. Pero quiero sumarme a lo expresado por el colega Horvath: aquí se trata de mejorar el proyecto. Si se busca "pasar máquina" sobre la iniciativa, sin duda hay suficientes votos para eso.
Deseo explicar qué plantea la indicación.
La letra d) del texto aprobado por el Senado dice: "En el caso de líneas de transmisión y de distribución, un trazado y la franja de seguridad adyacente, ambos preliminares, y la ubicación de las subestaciones, con indicación del área que se estime necesario atravesar, cuyos vértices serán graficados mediante coordenadas UTM. La solicitud deberá incluir la mención precisa de la o las regiones, provincias y comunas que atravesará".
¿Qué agregamos nosotros en la indicación?
"Para las líneas de transmisión de las energías renovables no convencionales (ERNC), se considerará un trazado y franja común por cuenca y microcuenca que pueda ser compartido por los distintos proyectos de ERNC del área respectiva, en cuya definición participará la autoridad competente".
Tratamos de incorporar las energías renovables en la norma que establece la forma como se va a diseñar el proceso.
Entonces, si de verdad aquí existiera el ánimo de potenciar esas energías, esta indicación sin duda sería patrocinada por el Ejecutivo.
Como no se dio esa posibilidad y no se consideró la opinión de la ínfima minoría, hicimos lo que nos compete: establecer en la Sala, para que quede constancia en la historia de la ley, que a nosotros sí nos interesa que las energías renovables no convencionales se incluyan no solo en el proyecto 20/25, sino también en esta disposición legal. Y debemos incorporar criterios que nos permitan avanzar en tal sentido.
Por esa razón, firmamos la indicación. Por esa razón, la defendemos. Y por esa razón, queremos que se sepa cuál es nuestra opinión en esta materia.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, no he intervenido en el debate, y solo quiero hacer un breve comentario.
Yo encuentro que esta es una superbuena indicación. Quiero decirlo con toda franqueza. De lo que he estudiado el proyecto -no estoy en la Comisión-, me parece muy razonable.
No obstante, lamentablemente, tal propuesta otorga atribuciones a un órgano del Estado. Y lo sabe el ex Ministro de Justicia y actual Senador Gómez, quien era acucioso y riguroso en estas materias. Cuando fui Presidente de la Comisión de Constitución y él era Secretario de Estado, le presenté indicaciones como esta. Y él me decía: "La comparto, pero es inconstitucional". Y yo sentía enojo, rabia. Sin embargo, era la verdad.
Dejo constancia de que esta me parece una muy buena indicación. Lo señalo basado en lo que he podido aprender de este proyecto, escuchando atentamente las distintas opiniones.
Digo "lamentablemente", porque me hubiera gustado que ella hubiese sido patrocinada.
Con todo, le otorga atribuciones a un órgano competente del Estado, motivo por el cual no podemos aprobarla.
Mañana serán otros los que gobiernen y velarán por esa norma. En este ámbito trato de ser muy riguroso para todos lados. Esa es la manera como me conduzco. Las reglas del juego son parejas para todos.
Reitero: lamento votar en contra de la admisibilidad de la indicación, pues encuentro que en el fondo tiene toda la razón.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la intervención del Senador Espina me ahorra varios argumentos.
Se ha planteado una duda de admisibilidad respecto de una indicación que, a mi entender, no es mala. Por tanto, aquí no se trata de un problema de bondad de la indicación.
No comparto el criterio usado a veces en cuanto a que la Carta Fundamental nos ayuda o no dependiendo de lo que queremos. En este caso, la disposición constitucional es precisa. El artículo 65, inciso cuarto, Nº 2º, dice claramente: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado;" -aquí viene la parte que se aplica- "suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones".
¿Y qué hace la indicación? Dispone que una autoridad competente va a determinar. O sea, se le da una atribución. ¡Así de simple!
No quiero dejar pasar lo planteado por un señor Senador en el sentido de que una mayoría le habría impuesto todo a una minoría. Eso no es verdad. El proyecto en debate se tramitó por lo menos durante 6 meses, según el Senador señor Frei -yo creo que fue un poco más-, y cuando se llegó a este principio de acuerdo, que lideraron -hay que reconocerlo- los Senadores señor Orpis y señora Rincón, al resto se le ofreció participar, como lo hicieron los Honorables señora Allende y señor Frei, además de quien habla y de otros colegas.
Entonces, no puede sostenerse que quienes estaban en la Comisión no pudieron participar. Por favor, tuvieron todo el tiempo para hacerlo, pero no quisieron. ¡Esa es la verdad!
Me parece que esta indicación la habríamos recibido felices. Pero como no adhirieron al acuerdo, sino al revés, en asuntos como el que estamos analizando, hicieron exigencias más allá de lo que en él se consideraba. Por eso, no me queda más que lamentarlo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero referirme a lo planteado por el Honorable señor Espina.
En efecto, aquí hay materias que uno puede compartir, pero que lamentablemente no están dentro del espacio de lo que para nosotros es factible.
Cuando analizamos este proyecto en general y el de energías renovables no convencionales, planteados en un paquete. Este último fue uno de los asuntos imposibles de abordar. Sin embargo, todavía hay tiempo para que el Gobierno lo recoja, pues quedan instancias para ello. Debemos enfrentar un tercer trámite, por lo que podríamos aprovechar de dejar formulada al Gobierno nuestra inquietud para que esto se revise.
Esa es la verdad. Como se encuentra redactado no lo podíamos recoger. Obviamente algo tiene que decir el Ejecutivo al respecto como colegislador. No obstante, esa materia no se halla dentro de lo que nosotros podemos hacer.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, respecto de esta indicación, surgida de la propuesta del Senador señor Horvath, de la cual soy suscriptora, quiero hacer un símil con la utilización de los postes.
Nosotros queremos que por un solo poste vaya todo el cableado y no que haya cientos de ellos. Esta indicación trata de lo mismo. No queremos que se utilicen todas las cuencas, sino que por una sola se instalen las líneas de transmisión.
Ya que hay buena voluntad en la Sala pediría al autor de esta indicación, por su intermedio señor Presidente, que la retire, con el fin de que el Ejecutivo estudie la posibilidad de incorporarla en el próximo trámite parlamentario. Considero muy necesario hacerlo, máxime si hay buen ánimo para ello.
Solicito al señor Presidente que interponga sus buenos oficios, para que esto funcione.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿No sé si el Senador señor Horvath está de acuerdo con lo planteado por la Honorable señora Lily Pérez?
El señor HORVATH.- No en retirarla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la admisibilidad de la indicación 12 A (18 votos en contra, 5 a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Walker (don Ignacio)
Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Gómez, Horvath, Navarro y Tuma.
Se abstuvo el señor Cantero.
No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, se halla la enmienda de la Comisión que propone reemplazar la letra a) del numeral 2), la cual a su vez reemplaza el literal d) de la ley vigente por el texto que figura en el boletín comparado, aprobada por mayoría. De consiguiente corresponde votarla.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se podría aprobar la disposición con la misma votación anterior, en sentido inverso.
¿Habría acuerdo en la Sala?
La señora ALLENDE.- Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Queda aprobada la letra a) del numeral 2), que reemplaza el literal d) en cuestión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar la siguiente enmienda de la Comisión, consistente en sustituir en el literal e) de la ley actual el disyuntivo "o", que figura entre los términos "secciones" y "para su terminación", por "y".
Por lo tanto, dicho literal diría: "Una descripción de los trabajos relacionados con los estudios, que se ejecutarán durante el período de la concesión provisional y los plazos para la iniciación de éstos, para su terminación por secciones y para su terminación total;".
El señor ORPIS.- Con la misma votación.
El señor GÓMEZ.- No.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el fondo, corresponde votar la letra b), nueva, del numeral 2), que sustituye en el literal e) lo que se acaba de especificar.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath, para fundamentar el voto.
Pensé que podríamos haber tenido acuerdo y ahorrarnos la votación.
El señor HORVATH.- ¡No, señor Presidente!
Ocurre que esto se liga también con una cuestión que viene más adelante: la posibilidad de dividir las concesiones, según el acuerdo. O sea, aprobarlas por tramo.
La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo 11 bis, dice claramente: "Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.".
Por lo tanto hay que tener cuidado con esto, pues aquí se posibilita que se haga por partes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar el voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la letra e) de la ley vigente señala con claridad: "Una descripción de los trabajos relacionados con los estudios, que se ejecutarán durante el período de la concesión provisional y los plazos para la iniciación de éstos, para su terminación por secciones o para su terminación total;".
La norma es un poco complicada, según ha señalado el Senador señor Horvath, porque en el debate sobre la forma en que se presentaron los anteriores proyectos de generación eléctrica, se dijo que en ellos se dividían las matrices de generación y de transmisión, a pesar de su aplicación conjunta.
Es como si construyéramos un gran centro industrial separado de la carretera que permite acceder a él, pero que igual altera el conjunto ambiental, la cuenca y particularmente el sistema biológico allí existente.
Por tanto, la inquietud surge al decir que la terminación es por secciones y que su finalización total es para sucesivos procesos. Aquí se plantea una sección o una terminación total. No hay continuidad al ir aprobándose parcialmente hasta completar el proyecto. Eso lleva a lo manifestado por el Senador señor Horvath: se va a dividir en cinco esa descripción y se irá presentando parcializada.
Señor Presidente, en este debate hemos sostenido que no se puede dividir el proyecto -en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente ha quedado a firme- cuando el efecto es sinérgico.
Claramente los trabajos relacionados con los estudios que se ejecutarán, al describirlos, tienen que ser integrales y no sucesivos. Porque la cuenca es una y el nicho ecológico único, por lo cual no se permiten estudios parciales. O sea, ni los bichos, ni las fuentes vivientes ni la naturaleza admiten que se los parcialice. Es igual que la frontera: es una convención establecida por la sociedad. Por eso hay aimaras en Chile, Perú y Bolivia. Son todos parientes, porque un tratado fijó la frontera. Pero cuando ellos habitaban la cuenca del sur no la había. Y hoy día sí la tienen, y hay 3 nacionalidades.
El medio ambiente y particularmente los nichos ecológicos son una integralidad. Podemos hacer una división artificial científica -entre comillas-, pero el impacto que se produce con una primera intervención afecta al todo.
Por eso, una descripción de los trabajos sería para aprobar solo una parcialidad, pero no da para ir aprobando por parcialidades.
Estimo que la sustitución de la conjunción "o" por "y" implica dos posibilidades: o se termina por secciones o el proceso es definitivo. Se acepta que sea por secciones, pero no en su totalidad. Al quedar "terminación por secciones y para su terminación total" da una continuidad y permite perfectamente sumar las descripciones parciales, de tal manera que se complete el proyecto.
Y en esto quiero plantear a la Senadora señora Rincón que no se trata de un cambio de ajuste semántico. Lo que hay, claramente, es un impacto directo en el mecanismo de descripción de los trabajos relacionados con los estudios. Más adelante incorporamos una letra para exigir la evaluación del impacto ambiental. Estamos en eso.
En consecuencia, voy a votar en contra de la indicación, porque no se trata de un mero cambio de "o" por "y", pues está la posibilidad de que, al introducir esa enmienda, la suma parcial de la presentación da cuenta del todo. Cosa que hoy día, con este artículo, está dividida.
Es una presentación distinta a la general o total.
Voto en contra de la indicación
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, primero me gustaría aclarar de qué estamos hablando.
Nos encontramos frente a una concesión provisoria. Es decir, de una etapa muy preliminar del proyecto, cuando recién se están iniciando los estudios. Aquí no estamos refiriéndonos a la concesión definitiva.
La concesión provisoria dura dos años y es prorrogable por otros dos.
A través de la concesión provisoria se pretende, precisamente, hacer los estudios respectivos, ingresar a un territorio determinado y después presentarlos al solicitar la concesión definitiva, señalando cuál va a ser su trazado.
Por lo tanto, al disponer de dos años, me parece razonable que se establezca la fecha de iniciación de los estudios -simplemente por un detalle-, el plazo de terminación si son por secciones, y el de finalización.
Aquí estamos hablando de una etapa muy preliminar de los proyectos y no de la concesión definitiva. Estos estudios permitirán, posteriormente -aunque no es condición-, diseñar cuál será dicha concesión definitiva.
Y me parecen razonables los términos planteados.
Las secciones ya estaban consignadas en la norma vigente. Por lo tanto, esta se ha completado, simplemente para concordancia de la oración.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- No haré uso de ella, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la letra b) del numeral 2, propuesto por la Comisión (18 votos a favor, 4 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Uriarte y Walker (don Ignacio).
Votaron por la negativa los señores Gómez, Horvath, Navarro y Tuma.
Se abstuvo el señor Cantero.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solicito agregar mi voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia del pronunciamiento favorable del Senador señor Chahuán.
Ha terminado el Orden del Día.
Como la urgencia del proyecto es de "discusión inmediata", el plazo máximo para despacharlo vence el lunes. Con el procedimiento que llevamos, correspondería citar para mañana temprano a sesiones sucesivas hasta finalizar.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solicito prorrogar esta sesión por unas 3 horas para despachar completamente el proyecto en el día de hoy.
El señor PIZARRO (Presidente).- Para prorrogar por una hora, el Reglamento dispone una mayoría de los dos tercios de los votos de los Senadores presentes, y para postergar por más tiempo, la unanimidad de la Sala.
Como al final da lo mismo, ya que no vamos a avanzar mucho con el sistema usado, derechamente prefiero citar para mañana.
La señora ALLENDE.- ¡No, tenemos compromisos!
El señor PIZARRO (Presidente).- Así estaríamos descansados y con un ánimo distinto, aparte disponer de más tiempo para hacer el debate profundo que requiere la materia.
Todos han dicho -lo que me parece razonable- que se trata de una iniciativa importante para el país, cuya discusión contiene puntos de vista que necesariamente deben quedar consignados.
Vamos a citar para mañana, a partir de las 10.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se encuentra en la Sala el señor Ministro, quien es representante del Ejecutivo.
Como claramente este proyecto ha dado margen a debate, solicito que sesionemos el lunes o el martes hasta su total despacho, habida cuenta que, efectivamente, una sesión de mañana alteraría la agenda de los Senadores.
Deseo discutir esta materia con calma y con el quórum necesario.
Yo no sé si podemos garantizar eso, porque de la decisión que se tome estarían marginados los señores Senadores que ya se han retirado de la Sala a sus regiones. Y siento que la importancia de la iniciativa amerita la presencia de todos.
Además, la decisión que surge ahora -que puede ser modificada por el Ejecutivo- no es una discrecionalidad de la Mesa. El señor Presidente hace cumplir el Reglamento respecto de los tiempos que, nuevamente, la monarquía presidencial nos impone con el uso de las urgencias. Porque aquí actuamos al ritmo del Gobierno y no al que el Parlamento quiere.
Entonces, si el señor Ministro retira la urgencia, habría posibilidad de sesionar el lunes -como se hizo esta semana- o el martes hasta el total despacho del proyecto, permitiendo la participación de la totalidad de los Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, ya planteé al Gobierno la posibilidad de continuar el próximo martes. El señor Ministro manifestó que le interesaba despachar el proyecto dentro de los plazos establecidos.
Además, mañana tendríamos garantizado el quórum.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Por qué no cita a una reunión de Comités, señor Presidente?
El señor PROKURICA.- Si, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Como se ha pedido reunión de Comités, se suspende la sesión.