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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ELÉCTRICAS


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, uno de los temas más relevantes y presentes en la discusión pública y política de los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, el energético.
La energía es clave para el desarrollo del país, de nuestras ciudades y empresas, que funcionan gracias a la energía.
Los altos precios de la electricidad, la contaminación de nuestras ciudades y la escasez de suministro eléctrico que se avizora para unos años más, son problemas que sin duda debieran ocupar la primera línea de la agenda gubernamental y parlamentaria.
Lo paradójico es que, lamentablemente, no vemos que el Ejecutivo haya tomado este asunto con la seriedad y la altura que se escucha en los discursos.
De más está decir que han pasado cuatro Ministros liderando la Cartera de Energía. Con la pretensión que caracteriza a este Gobierno -el mismo que califica cada una de las acciones que realiza como "la más importante", "la mejor de la historia"-, hace más de un año y medio emitió un documento que consideró "la guía de las próximas décadas", y hasta el momento no vemos concreción alguna de esa política.
Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Minería y Energía, quiero ser clara en afirmar que el único avance concreto en materia de energía que hemos tenido en el último tiempo aquí, en el Senado, fue una moción, políticamente transversal en su origen y aprobada por unanimidad en esta Sala en enero de 2012 -¡en enero de 2012!-, que dispone una meta de 20 por ciento de Energías Renovables No Convencionales para el año 2020 en nuestra matriz energética. Lo extraño es que esta legislación no ha avanzado ni un centímetro en la Cámara de Diputados.
Chile no requiere ni pide subsidio en materia de Energías Renovables No Convencionales. Se optó por la fijación de cuotas.
Cabe señalar que en nuestro país la cuota es de 5 por ciento. Pero, según datos oficiales, el año 2012 la inyección efectiva de Energías Renovables No Convencionales excedió en más de 30 por ciento la cuota fijada, y la proyección del Gobierno para el presente año es doblar dicha cuota.
Vale decir, no es cuestión de subsidio ni de costo, sino de cuál es nuestra ambición en materia energética y cuál es la apuesta en este sentido.
Señor Presidente, la moción del Senado a que me referí -insisto: transversal- toma las propias palabras del Presidente de la República, don Sebastián Piñera, en su programa de gobierno, en el que compromete la misma meta. Paradójicamente, su propio Gobierno la bloquea en la Cámara de Diputados. Del resto de la estrategia solo podemos ver escaso avance y poca profundidad técnica.
Cuando el Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que se somete hoy a nuestra discusión y votación en general, sostuvo que era de especial prioridad, porque venía a solucionar las barreras que estaba enfrentando el sistema de transmisión en el país.
No podemos estar más de acuerdo con esa afirmación y comprendemos la importancia de la iniciativa. Así lo demostraron la Comisión y los asesores técnicos de los Senadores, que se pusieron a trabajar intensamente para lograr su despacho positivo.
Por desgracia, señor Presidente -y lo expresaron ya la Senadora Allende y los Senadores Frei, Gómez y otros que han intervenido-, en el seno del Gobierno no encontramos la misma fuerza y la misma respuesta, no de parte del Ministro, sino del Subsecretario y de sus asesores.
Como bien sabe esta Sala, el miércoles 10 del mes en curso un grupo de Senadores, entre los cuales me incluyo, acordamos con los Ministros Larroulet y Bunster -presentes aquí- postergar la votación del proyecto para hoy, a fin de disponer de estos días para conversar, analizar y consensuar las distintas indicaciones que se habían discutido por tanto tiempo en el seno de la Comisión.
Nuestra propuesta de indicaciones fue enviada al Subsecretario de Energía el miércoles 10 de abril y no tuvimos respuesta formal del Ministerio hasta ayer, lunes 29 de abril, a las 14 horas.
Señor Presidente, ¿esa es la prioridad que el Gobierno le asigna a esta materia? ¿Es razonable pensar que las autoridades quieren trabajar seriamente con los Senadores en el perfeccionamiento de esta normativa si demoran 19 días en responder, y con solo 24 horas de anticipación a la votación de un proyecto tan importante como aquí se ha señalado?
Esa es una primera razón para no votarlo favorablemente. La iniciativa es muy relevante para el desarrollo de la transmisión eléctrica del país, pero no estoy disponible para pasar a llevar los derechos de todos los chilenos, las áreas silvestres protegidas, los derechos de nuestros pueblos indígenas, entre otros. Y el Gobierno -reitero: el Subsecretario de Energía y sus asesores- no ha mostrado disposición para abocarse seriamente a perfeccionar el proyecto.
¿Y por qué no voto en contra? Porque el Ministro ha dicho que está dispuesto a trabajar con nosotros; a buscar un espacio de encuentro para recoger las indicaciones que hemos propuesto.
Señor Presidente, las diferencias no son menores. Le planteamos cinco puntos al Ejecutivo, los que recién ayer fueron rechazados.
Ellos son los siguientes:
Primero: (Esto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados).
-Hacer obligatoria la consulta indígena consignada en el Convenio N° 169 de la OIT, en caso de que una concesión atraviese tierras indígenas.
-Establecer la obligación de buscar alternativas de trazado siempre que una concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado.
Segundo: Ampliación de causales para deducir oposición.
Este tema no es menor y nosotros postulamos que debe corregirse en la iniciativa. Esta limita las causales de reclamación solo a aspectos formales (artículo 27 ter).
Nuestra propuesta es que los reclamos se funden en algunas de las siguientes causales bastante específicas:
-Incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior;
-Daño a la salud de las personas;
-Afectación de áreas silvestres protegidas, y
-Modificación del trazado y ubicación de las líneas de transmisión y distribución cuando exista una afectación grave de la actividad o el patrimonio del reclamante.
Tercero: Ampliación de la legitimación activa para deducir oposiciones a la solicitud de concesión.
El nuevo artículo 27 ter del proyecto restringe solo a los dueños de las propiedades afectadas la posibilidad de deducir observaciones u oposiciones a la solicitud de concesión. En este caso, se debe ampliar a otros eventuales afectados, por causas de salud, ambientales u otros intereses legítimos.
Cuarto: Asegurar la idoneidad y autonomía de los peritos tasadores.
La propuesta enviada dispone ciertos requisitos adicionales a los establecidos, designación por sorteo y causales de inhabilidad por conflicto de interés, similares a las instauradas para directores independientes de sociedades anónimas.
Quinto: Posesión material de los terrenos.
El proyecto de ley estipula que el concesionario puede tomar posesión material de los terrenos, aun cuando se encuentren reclamaciones pendientes, siempre que se haya pagado el valor fijado por la comisión tasadora.
Sobre el particular, se propone que si existieren reclamaciones distintas con respecto al precio -ya se ha señalado cuáles son; no se trata de cualesquiera-, no se podrá realizar la posesión material de los terrenos. Pero el Ejecutivo ha dicho que no, en circunstancias de que este ha expresado que el 99 por ciento de las reclamaciones son por precio.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, y mientras no exista voluntad real de parte del Ejecutivo -por eso nos abrimos al espacio para negociar-, no votaré a favor del proyecto, sino que me abstendré de darle respaldo.
He dicho.