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CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR


El señor ESCALONA (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación Superior, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8041-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 70ª, en 22 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 99ª, en 23 de enero de 2013.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es crear la Superintendencia de Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación y cuyo objeto será fiscalizar, en las materias de su competencia, a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
La Comisión de Educación discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana e Ignacio Walker.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe hacer presente que los artículos 1°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10, 14, 17, 32, 33, 34 y 36 permanentes, y primero, segundo, tercero y cuarto transitorios, contenidos en el Artículo Primero; el Artículo Tercero y el artículo primero transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de 21 votos favorables.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.


El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, efectivamente, por la unanimidad de sus miembros, la Comisión de Educación dio su aprobación en general a este proyecto, destinado a fiscalizar de mejor forma la educación superior en Chile mediante la creación de una Superintendencia de Educación Superior.
Esta iniciativa hay que analizarla en un contexto.
A través de la discusión que hemos llevado a cabo durante este último año Gobierno y Oposición, muy relacionada con los movimientos estudiantiles y con situaciones como la de la Universidad del Mar, estamos tratando de diseñar las bases de un nuevo sistema de educación superior, que tiene tres pilares fundamentales.
El primero es la consagración de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, a través de una iniciativa que está siendo discutida en la Comisión de Educación, en materia de becas, de créditos, tratando de propender, a juicio de muchos de nosotros, a un sistema de derechos garantizados, para que nadie quede fuera de este nivel de enseñanza por razones económicas.
Luego, la segunda pata de esta mesa de tres patas -por así decirlo- es el establecimiento de un nuevo sistema de acreditación, en relación con la calidad de la educación. Se trata de un tema muy controvertido. De hecho, el proyecto inicial del Ejecutivo ha sido objeto de muchas críticas desde diversos puntos de vista.
Y lo que estamos discutiendo hoy es la tercera pata, que es la fiscalización de la educación superior, la creación de una Superintendencia que permita fiscalizar de manera efectiva a la educación superior y hacernos cargo de los tremendos problemas, vacíos y contradicciones existentes en este ámbito.
Ahora bien, la iniciativa que nos ocupa ha evolucionado en forma muy sustantiva desde el texto primitivo presentado por el Ejecutivo, el cual, a nuestro juicio, era bastante débil.
Cito, por ejemplo, lo que señaló un académico sobre él: "tal como está no asegura suficientemente el cumplimiento de la ley orgánica que prohíbe el lucro abierto y encubierto en las universidades (...) Pienso que, en general, no es lo que se suponía, y causará decepción. Creo que la inmensa mayoría de los estudiantes, de los académicos, de los profesores, de la población que se oponen a las universidades con fines de lucro encubierto se sentirán defraudados si este proyecto se aprueba como está".
¿Qué académico dijo esto? Arturo Fontaine, del Centro de Estudios Públicos, al conocer, en las primeras sesiones, del texto original.
Entonces, en primer lugar, y en términos positivos, valoramos obviamente la decisión del Ejecutivo de crear una Superintendencia de Educación Superior.
Existe amplio consenso técnico en cuanto a la necesidad de contar con una institucionalidad, con reglas del juego que permitan fiscalizar el uso de los recursos públicos y cuestiones tan importantes como la prohibición del lucro en las universidades, que data de 1981, la cual -como sabemos- se burla todos los días, en forma sistemática, y garantizar el cumplimiento de estándares de transparencia.
¿Cuál es el problema de este proyecto, señor Presidente, especialmente en su versión inicial, pues, como digo, está evolucionando? Que es muy débil en un sentido muy fundamental: no fija un marco regulatorio de la educación superior. Es decir, estaríamos creando una institucionalidad sin un objeto, desde el momento en que no hay un modelo normativo que rija la vida de la educación superior, que es, en síntesis, la principal crítica que han hecho expertos y académicos, tanto de Derecha como de Izquierda.
Por lo tanto, las tres patas que mencioné (financiamiento, acreditación y fiscalización) requieren un núcleo: un marco regulatorio. Si no lo hay, tampoco hay objeto y, en consecuencia, la institucionalidad queda con pies de barro.
Esto se lo hemos hecho ver al Gobierno durante casi un año.
¿Cuál es la buena noticia? Que el Ejecutivo se abrió al debate sobre la necesidad de instaurar una estructura general en este ámbito.
Tengo aquí la minuta del Ministerio de Educación, de enero de este año, en la cual se acoge justamente la idea de estudiar y establecer un marco regulatorio que permita que la institucionalidad del sector tenga sentido.
No voy a entrar en sus detalles. Pero valoramos que el Gobierno se haya abierto, después de presentar un proyecto inicial muy débil, a esta discusión, a través de un diálogo muy franco, muy constructivo, que duró casi un año.
Por supuesto, deben introducirse muchas modificaciones (a la estructura, funciones, atribuciones, financiamiento de la Superintendencia), siguiendo como modelo, en buena medida, a la superintendencia de educación general que creamos en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuyo proyecto despachó el Parlamento en junio o julio de 2010 y que -recordemos- creaba una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación Escolar, así como el mecanismo del administrador provisional.
Proyectos como el del Senador Andrés Zaldívar y otros han propuesto -aunque en este caso no se consigna- la figura del administrador provisional, que permitiría enfrentar crisis dramáticas como la que vive hoy la Universidad del Mar, a fin de asegurar continuidad en los estudios, en los procesos de titulación, etcétera.
Obviamente, especial mención requiere el que se garantice de manera efectiva la prohibición de lucrar en las universidades, cuestión que ya se encuentra establecida en la ley de 1981, pero que se burla en forma sistemática.
Por lo tanto, señor Presidente, estamos ante la gran oportunidad de establecer un amplio consenso y dar un salto cualitativo que permita contar, como núcleo central del nuevo sistema de educación superior, con un marco regulatorio y, a propósito de él, con un sistema de financiamiento, un sistema de acreditación y un sistema de fiscalización a través de la Superintendencia que se crea mediante la presente iniciativa.
¿Para qué? Para establecer un régimen integral para una educación superior que, por cierto, ha experimentado un tremendo avance cuantitativo en los últimos 23 años. Hemos pasado de 240 mil a casi un millón 100 mil alumnos. ¡Muy importante noticia para Chile! ¡Gran democratización de la educación superior, especialmente en materia de cobertura! Y lo más relevante es que desde hace dos años la matrícula de los institutos profesionales y centros de formación técnica supera incluso la de las universidades.
Por consiguiente, se ha avanzado en materia de cobertura y también lo hemos hecho en cuanto al financiamiento en los últimos tres años. Hay que decirlo. Gobierno y Oposición, a través de la Ley de Presupuestos y de leyes especiales, han aumentado de 8 mil millones a 12 mil millones de dólares los recursos para la educación.
¡Muy bien! El 20 por ciento del presupuesto del país se destina a la educación en general. Y la mitad -esto es, 6 mil millones de dólares- se entrega vía subvención, que rige para el 92 por ciento de los alumnos de educación escolar pública y privada.
Por lo tanto, no hay una simetría entre los avances legislativos e institucionales que hemos tenido en materia de educación escolar -reitero: la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, junio-julio del 2010- y la nula institucionalidad, nula fiscalización, ausencia total de un marco regulatorio y el débil sistema de financiamiento que existe en cuanto a la educación superior.
Nos encontramos en la discusión general de este proyecto de ley, que fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Educación, y me permito sugerir que se dé un plazo para la formulación de indicaciones lo más amplio posible.
Esto último, porque ha habido mucha crítica a su respecto, una parte de ella ha sido recogida -lo reitero- por el Ejecutivo, que en esa minuta de enero -el señor Ministro de Educación así lo ha manifestado- se ha abierto a generar un marco regulatorio que nos permita dar garantías al alumno o la alumna, a las familias -que hacen un tremendo esfuerzo, pues hoy el 80 por ciento del financiamiento de la educación superior proviene de ellas-, de que a través de este sistema de fiscalización, de la Superintendencia, junto con el de financiamiento -que estamos avanzando en forma paralela- y el de acreditación -que va a ser la discusión más difícil de todas, porque hay muchas críticas también al proyecto inicial-, podrán disponer de un verdadero sistema integral de educación superior.
Por eso, votaré a favor de la aprobación general de la iniciativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Ministro de Educación ha pedido la palabra.


El señor BEYER (Ministro de Educación).- Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio quiero saludar a las Senadoras y los Senadores presentes.
Es evidente que el sistema de educación superior tiene falencias regulatorias profundas, las cuales se pueden agrupar en tres ámbitos complementarios, aunque de naturaleza diferente.
Una primera dimensión se refiere a la transparencia del sistema y a la capacidad de fiscalización del Estado, particularmente respecto de la posibilidad de verificar que las instituciones cumplan con la ley, tal como en ella se establece.
Un segundo aspecto dice relación con las débiles exigencias de calidad.
Y, finalmente, se halla la insuficiente información existente sobre las posibilidades que brindan los distintos programas de educación superior a los jóvenes que los eligen.
Por supuesto hay otras falencias, pero propiamente regulatorias son las que acabo de mencionar.
La primera de tales dimensiones, es decir, la posibilidad de transparentar el sistema y de dar mayor capacidad de fiscalización al Estado se aborda en esta iniciativa, que crea la Superintendencia de Educación Superior.
Actualmente la ley vigente -en particular la LOCE- establece en un único artículo, el 64, lo que se debe entender por regulación del sistema de educación superior en esta dimensión, y especifica los cuatro casos en los que el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, puede pedir el cierre, y, por lo tanto, la cancelación de la personalidad jurídica de las instituciones de educación superior.
Esa es la única sanción efectiva que contempla la normativa en vigor en esta materia.
La verdad es que la legislación actual no le da atribuciones al Ministerio de Educación de ninguna naturaleza. Se puede desprender de la disposición en comento que dicha Cartera posee facultades para cumplir con las exigencias legales. Pero, desde el punto de vista práctico, no le entrega atribución alguna para llevar adelante la tarea de fiscalización.
El proyecto de ley en análisis, que como bien dijo el Senador señor Ignacio Walker, se discutió largamente en la Comisión de Educación, donde escuchamos distintas voces que plantearon variadas visiones al respecto, y se aprobó por la unanimidad de sus miembros, yo diría, por dos razones fundamentales.
La primera se debió a que, si bien hubo cuestionamientos y críticas a la iniciativa, ninguno de los invitados sostuvo que no tenía que haber una Superintendencia de Educación Superior en Chile. Todo el mundo concordó con que era necesaria y con que hoy día el marco regulatorio de la educación superior era extremadamente débil, sin capacidades reales de control por parte del Estado.
La segunda razón tuvo que ver con el hecho de que el Gobierno del Presidente Piñera ha demostrado en todo momento voluntad para acordar los cambios que se requieren introducir a fin de lograr un buen marco regulatorio.
Decía que el sistema hoy presenta ciertas falencias. Desde luego, la existencia de una sanción de una sola naturaleza: la petición de cierre de determinada institución de educación superior. Es la única disponible en ese ámbito; aparte de la que figura en la ley de acreditación, por la no entrega de información, que alcanza a 100 UTM.
Resulta indudable que tales extremos son muy negativos desde el punto de vista de la capacidad fiscalizadora del Estado.
Por otra parte, el Estado tampoco puede, por ejemplo, verificar contabilidades, es decir, llevar adelante una investigación profunda de los libros contables de las distintas instituciones de educación superior, facultad que sí posee en otros ámbitos.
Pero con la Superintendencia se avanza en esa área.
Otro punto que nos parece tremendamente importante es que hoy día no se encuentra regulado el caso de las sociedades relacionadas con las instituciones de educación superior, que muchas de ellas experimentan. No existe en la actualidad ninguna referencia respecto de esas relaciones. No hay en la legislación vigente obligación alguna de establecer ciertos criterios para investigar esas sociedades y, por lo tanto, el Estado no cuenta con la capacidad para enfrentar esa situación.
En tal sentido, el proyecto ataca esos tres problemas de forma bastante rigurosa. Por supuesto que siempre habrá en el proceso de discusión algunas voces críticas y precisiones acerca de los planteamientos que figuran en la iniciativa. No obstante, el Gobierno se ha comprometido muy claramente, y ha enviado una minuta escrita a la Comisión sobre aspectos que ahí se han mencionado, manifestando su disponibilidad para discutirlos en la etapa del debate en particular.
Creo que más allá de los cuestionamientos, de las necesidades de perfeccionamiento, de las opiniones que se han escuchado, el proyecto lidia con muchas de las dificultades que hoy día presenta el sistema regulatorio de educación superior, entregándole mayor capacidad de fiscalización al Estado, resolviendo la situación de las sociedades relacionadas y permitiendo también una aplicación más razonable de multas. De ese modo evita los problemas que hoy ocurren.
En la actualidad -como decía-, giramos sobre dos extremos: por un lado, el de las multas por 100 UTM, cuando no se entrega suficiente información; y por otro, el del cierre de la institución, cuando hay algún incumplimiento legal.
Muchas gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra a la Senadora señora Von Baer.


La señora VON BAER.- Señor Presidente, como dijo el señor Ministro, el proyecto que nos ocupa se discutió largamente en la Comisión de Educación, y viene a llenar un vacío en nuestra actual legislación respecto del sistema de educación superior.
Lo que hemos hecho como país, mirando lo que ha sido el desarrollo tanto a nivel escolar como de educación superior, es avanzar, primero, ampliando fuertemente la cobertura, para luego mejorar la calidad, fiscalización y transparencia del sistema.
A mi juicio -y lo hemos discutido varias veces también en la Comisión de Educación-, hemos experimentado un buen adelanto en el ámbito escolar, donde actualmente tenemos cobertura, y también hemos progresado en cuanto a financiamiento. Durante el Gobierno del Presidente Piñera hemos aumentado fuertemente la subvención escolar; hemos introducido la subvención escolar para la educación media; hemos incrementado la subvención escolar preferencial.
Pero, adicionalmente, se ha implementado la Superintendencia de Educación Escolar y en la actualidad se hace lo propio con la Agencia de Calidad de la Educación.
Con eso tendremos funcionando la estructura institucional de la educación escolar y resguardado lo concerniente a su financiamiento y a su calidad. En este último aspecto, por cierto, hay que avanzar todavía más, y para tal efecto contamos con una institución que se está preocupando del tema. Adicionalmente, se encuentra en operación la Superintendencia de Educación Escolar, que se halla fiscalizando en las escuelas, en los colegios y tomando determinaciones en forma mucho más rápida de como se hacía antes. Todo ello entrega más certeza, más transparencia y, por supuesto, mayor tranquilidad a las familias chilenas.
¿Debemos seguir avanzando? Sí. Hemos de continuar mejorando la educación escolar en los frentes ya mencionados: fiscalización, transparencia, financiamiento y calidad.
Pero contamos en la actualidad con una estructura que funciona, sobre la cual podemos seguir construyendo.
¿Qué sucede en la educación superior? Ahí también hemos progresado en cobertura y en acceso. Ya se decía acá: tenemos un millón de estudiantes al día de hoy, la mayoría de los cuales son primera generación en la universidad, y ello obviamente está permitiendo mejorar el capital cultural, los ingresos y, en último término, la calidad de vida de muchos compatriotas y de sus familias.
Es una buena noticia para Chile el que tengamos cada vez mayor acceso a la educación superior.
Sin embargo, nos hemos encontrado con diversas problemáticas. La primera de ellas -y tal vez una de las más duras- ha sido el sobrendeudamiento que han experimentado muchas familias para poder pagar dicha educación.
Contábamos con un sistema de créditos y de becas altamente discriminatorio. Había créditos con aval del Estado, donde para algunos la tasa era de 2 por ciento anual, y para otros, de 6, en circunstancias de que muchas veces sus beneficiarios provenían de familias con los mismos ingresos. Otros tenían créditos CORFO, por el que debían pagar una tasa de 9 por ciento anual. Y había familias que, con rentas similares, disponían de créditos a una tasa de 2 por ciento y contingentes al ingreso.
Esa situación la hemos ido solucionando. Hoy existe una tasa pareja y contingencia al ingreso para todos, sin discriminación.
No obstante, eso hemos de establecerlo, no solo hacia atrás sino también hacia delante, en una ley permanente que impida la discriminación: que todas las familias con los mismos niveles de ingreso puedan tener acceso en similares condiciones a la educación superior, y que ello sea realmente una buena noticia y no les signifique un dolor de cabeza.
Por ende, debemos avanzar con la iniciativa que establece el sistema de financiamiento para la educación superior, que posibilitará ofrecer un crédito con una tasa pareja para todos, un sistema de becas y contingencia al ingreso.
Ojalá podamos progresar rápidamente en el financiamiento, para darles tranquilidad a aquellas familias que hoy están accediendo a la educación superior.
Pero al mismo tiempo, dado que hemos mejorado el acceso, tenemos que optimizar la calidad, pues esta es muy diversa en nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, más allá de aquello, nos encontramos también con una falta de transparencia y, además, con una carencia tremenda, muy dura a veces para las familias, de información. El Ministerio de Educación ha avanzado en dicho ámbito a través de las plataformas web.
Asimismo, hay que propender a un nuevo sistema de acreditación. El Gobierno ingresó el proyecto pertinente hace poco tiempo al Senado y hoy se halla en la Comisión de Educación. Y espero que en lo concerniente a la calidad en la acreditación, materia muy importante después del financiamiento, podamos avanzar en forma expedita, pues ello resulta del todo necesario si queremos darles tranquilidad a las familias y en especial a los estudiantes que depositan sus sueños en la institución que eligen para su educación superior.
Y para tal efecto es importante que como Estado garanticemos esa calidad, situación que hoy no sucede en todos los ámbitos.
Será una discusión complicada, porque corresponde a una política pública muy compleja. Hemos recibido en la Comisión de Educación a distintos rectores, quienes nos han venido a dar su opinión sobre la iniciativa. Y muchos han dicho que aquí hay que cautelar la calidad, pero al mismo tiempo precaver que exista una diversidad que recoja las distintas realidades de nuestra educación superior. Por lo tanto, será un tema central en el debate que sostengamos en los próximos meses tanto en el órgano técnico mencionado como en la Sala del Senado.
El proyecto que ahora estamos discutiendo, que crea la Superintendencia de Educación Superior, viene a completar el nuevo sistema de enseñanza superior. Nos falta avanzar en lo que respecta a financiamiento. Nos encontramos en los inicios de la tramitación de la iniciativa referente a acreditación y, por ende, a calidad. Y la Superintendencia pasa a llenar un espacio relacionado con la transparencia, la fiscalización y, asimismo, con la rendición de cuentas de las instituciones que se hallan en el sistema de educación superior.
Esto resulta crucial: necesitamos transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Asimismo, podemos discutir acerca del marco regulatorio. Hay uno definido en la Ley General de Educación. Y si tenemos que avanzar más a ese respecto lo veremos cuando debatamos la iniciativa en particular tanto en la Comisión de Educación como en la Sala.
Sin embargo, es muy importante que avancemos con el proyecto en análisis, que fue presentado por el Gobierno del Presidente Piñera y que viene a llenar un vacío existente. Hay un acuerdo transversal, que se refleja en la votación habida en la Comisión de Educación. Digo que la iniciativa reviste importancia, no solo porque permitirá la fiscalización del sistema de educación superior, sino también porque fijará una escala de sanciones.
Por lo tanto, aquí vamos a disponer de un ente que dispondrá de las herramientas necesarias para fiscalizar e imponer sanciones escalonadas. No aplicará únicamente la medida relativa al cierre de las instituciones, sino que podrá advertir a aquellas universidades que no lo están haciendo cien por ciento bien que deben corregir el camino que han tomado.
Señor Presidente, espero que a través de los distintos proyectos de ley que he mencionado avancemos en cuanto a darles...
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señora Senadora.
Se le concederá un minuto adicional.
La señora VON BAER.- Gracias, señor Presidente.
Como decía, ojalá se progrese en darles a las distintas familias, en especial a aquellas más necesitadas y de clase media, cada vez mayor acceso a la educación superior, sin que ello constituya un dolor de cabeza, sino que sea motivo de alegría. No queremos que a mitad de camino se den cuenta de que la universidad que escogieron para estudiar no reviste la calidad que esperaban, sino que tengan la tranquilidad de que existe una institución preocupada por la transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas del sistema de educación superior.
A mi juicio, debemos preocuparnos por la calidad, por el financiamiento, pero también tenemos que cautelar la diversidad. Hemos de facilitar el acceso e igualmente la diversidad, para que exista un sistema de educación superior que se haga cargo de las distintas realidades y miradas de nuestro país.
Espero, señor Presidente, que este sea un paso más...
El señor ESCALONA (Presidente).- Se le concede un nuevo minuto.
La señor VON BAER.-... en cuanto a establecer un sistema de largo plazo para nuestra educación superior.
Gracias.
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El señor ESCALONA (Presidente).- La Senadora señora Lily Pérez nos ha solicitado recabar el asentimiento de la Sala al objeto de extender en una semana, hasta el lunes 2 de abril, a las 12, el plazo para formular indicaciones al proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Debo informarles a Sus Señorías que, según me señaló la Senadora señora Rincón, hubo acuerdo en el punto pendiente de la iniciativa que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales.
En concordancia con lo resuelto por los Comités, se colocará dicho proyecto en la tabla de la sesión ordinaria de mañana, inmediatamente después del denominado "bono de marzo".
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El señor ESCALONA (Presidente).- Volviendo a la iniciativa que crea la Superintendencia de Educación Superior, está inscrito el Senador señor Sabag, quien tiene la palabra.


El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que uno de los temas más relevantes para todo el país es el educacional. Así lo hemos entendido desde 1990, año en que la Concertación asumió la responsabilidad de gobernar en Chile.
A partir de ahí se fueron generando grandes avances, hasta el día de hoy, cuando 23 por ciento del Presupuesto se destina a educación. Se trata de una cantidad importante, y en mi concepto suficiente, en la medida que se gestionen bien los recursos.
Ahora, una de las aristas más importantes es la educación superior.
Hemos visto a los jóvenes estudiantes desfilando, marchando, protestando. Pero su demanda no obedecía a que necesitaran universidades para educarse, sino a que los aranceles eran muy altos y, consecuencialmente, sus padres muchas veces no podían pagarlos.
Estamos afrontando aquello mediante el aumento de las becas, la reducción de los intereses por los créditos que se otorgan y la búsqueda de las mejorías necesarias para que todos los educandos puedan estudiar. Y nuestro imperativo como políticos o como conductores de nuestra nación en los diversos ámbitos -Ejecutivo, Legislativo- es impedir que jóvenes con capacidad queden sin posibilidad de educarse.
Por cierto, señor Presidente, se ha puesto en el tapete la calidad de la educación superior.
Esa es la materia que nos convoca hoy, mediante un proyecto presentado por el Presidente de la República. Ingresó a trámite legislativo en noviembre de 2011 y, tras el envío de una larga serie de oficios para retirar la urgencia y hacerla presente de nuevo, recién estamos en el primer trámite constitucional discutiendo la idea de legislar.
Esta iniciativa, que contiene normas de quórum especial, fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Educación.
Según el mensaje del Ejecutivo, la idea de crear la Superintendencia de Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y relacionado con el Presidente de la República a través del Ministro de Educación apunta a que se haga cargo de fiscalizar a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Durante el análisis del proyecto hubo una amplia participación, tanto de las instituciones que serán fiscalizadas cuanto de los representantes de los educandos. Y se explicó con toda claridad que se trata de fiscalizar no solo que las instituciones educacionales no lucren -como lo establece la ley-, sino también un amplio abanico de situaciones que afectan el propósito de constituir a la educación en una herramienta eficaz para el progreso social.
Es en ese contexto que se entiende la obligación que impone el proyecto para que las instituciones de educación superior entreguen tanto la información patrimonial cuanto la financiera y académica, incluyendo todo lo relacionado con los actos contractuales que celebren con sus alumnos.
Dentro de este propósito, se incorporan normas regulatorias respecto a las operaciones de las universidades con otras personas jurídicas, a fin de prevenir el lucro que tiene lugar mediante las sociedades espejo.
Cabe destacar que entre los aspectos por fiscalizar figura el de que la rendición de exámenes u otras evaluaciones o la entrega de títulos, diplomas o certificaciones no estén condicionadas a exigencias pecuniarias que no se hayan hecho públicas al momento de celebrarse el contrato de prestación de servicios educacionales correspondiente.
En definitiva, se trata de asegurar la transparencia, para que el mercado educacional funcione en forma adecuada, resguardando especialmente los derechos de los estudiantes.
Desde esa perspectiva, resulta indudable que se justifica la aprobación de esta iniciativa, sin perjuicio del enriquecimiento que pueda tener durante la discusión particular.
Importante es destacar que se entiende que este es un proyecto de relevancia para el Gobierno y que el Congreso podrá contribuir lealmente a sacarlo adelante. Pero se trata de una materia delicada y sobre la cual hay muchas expectativas. Por tanto, no es posible legislar con apuro, en especial si se considera que durante casi un año y medio el propio Ejecutivo, que maneja las urgencias, no agilizó la tramitación del texto que propuso.
Ya en el informe de la Comisión se asoman algunos cuestionamientos en cuanto a una excesiva burocracia y a posibles colisiones entre distintos organismos del Estado en el campo de la educación. Por ello, sería bueno que el Ministro del ramo asumiera el compromiso para establecer una legislación integral en el ámbito de la fiscalización, aunque ello significara que la ley no estuviera lista con la prontitud que todos deseamos.
Lo mismo ocurre con la severidad de las sanciones propuestas, ya que mientras algunos las consideran excesivamente graves otros las estiman laxas.
En ese aspecto, hay que atender al interés del país y no a las conveniencias de las partes. Y en ello el Parlamento habrá de ser especialmente receptivo de lo que la sociedad espera de esta iniciativa.
Tampoco hay que olvidar que el objetivo final es asegurar la calidad de la educación superior, más que facilitar o dificultar la actividad empresarial en esta área.
Desde ese punto de vista, resulta indudable que este proyecto constituye un buen punto de partida. Y será la discusión particular la instancia en que deberán plasmarse las distintas visiones existentes a fin de llegar a un muy buen acuerdo.
Anuncio mi voto favorable.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el Senador Ignacio Walker, integrante de la Comisión de Educación, dijo algo muy de fondo: "Estamos en la discusión general. Y, en ese sentido, probablemente todos concurriremos a votar".
Sin embargo, este proyecto, que tiene muchas debilidades, no va a solucionar -eso es claro- una considerable cantidad de problemas que todavía subsisten en nuestra educación en general, pero especialmente en la superior.
Hay una serie de instancias, algunas bastante burocráticas. Sin embargo, lo concreto es que existe una legislación de 1981 que no se ha respetado. Y todos hemos fallado en obligar a su cumplimiento y en procurar que se efectúe una fiscalización real.
Esos aspectos cobran hoy más relevancia que nunca. Porque si bien hay -se ha dicho hasta la saciedad- un número muy grande de alumnos, no basta la cantidad: debe garantizarse también la calidad.
Al respecto, debo manifestar que nada ha sido más triste -de alguna manera, implicó un engaño a la fe pública- que nuestro sistema de acreditación. Y hoy día vemos que en los tribunales de justicia se está buscando resolver un problema que ojalá nunca hubiese surgido en nuestro país.
Entonces, evidentemente, debemos efectuar un cambio sustantivo a ese respecto.
Pero existen otros problemas, señor Presidente.
Afortunadamente, en el último tiempo ha habido una motivación y han ido creciendo la educación técnica y los tan necesarios centros de formación técnica. Sin embargo, todavía hay mucho paño que cortar. Y creo que este proyecto no va a ser suficiente, salvo que el Gobierno decida mandar una indicación sustitutiva o abordar con la Comisión de Educación las materias que no se resuelven.
Además, conocemos la experiencia de otras superintendencias, que a veces lucen nombres muy pomposos pero en la práctica tienen una capacidad fiscalizadora relativa que les impide cumplir bien su cometido.
Nosotros, obviamente, buscamos que haya no solo mayor transparencia, más información, sino también calidad superior.
Y no podemos olvidar la situación actual: no solo no se cumple la normativa en comento; además, seguimos teniendo los aranceles más caros del mundo en proporción al PIB y continúan funcionando las sociedades espejo o relacionadas, a las que hemos denunciado en esta Sala. Presentamos mociones, pero, lamentablemente, todavía no se avanza todo lo necesario. Y con este proyecto la situación está muy lejos de ser regulada; más bien, aquellas subsisten.
Señor Presidente, aprovechando la presencia del Ministro de Educación, a quien saludo, quiero referirme específicamente a una situación que nos conmueve: no solo tenemos el asunto de la acreditación y la vergüenza nacional que podemos sentir, sino que además está en el tapete el llamado "caso Universidad del Mar".
Aquí celebramos una sesión especial sobre la materia, y casi todos los Senadores -me parece que hubo unanimidad- le expresamos al Ministro que la situación revestía urgencia; le pedimos que se pronunciara sobre la posibilidad de cierre en la medida que la referida Universidad no había cumplido su contrato, y le planteamos que era indispensable una administración provisional, una intervención que garantizara continuidad, egreso, y que les dijera a los alumnos -y por cierto a sus familias- qué iba a pasar con ellos.
Pocas veces, señor Presidente, he visto una actitud más refractaria, más negativa a ese respecto, en el sentido de que simplemente fue un no rotundo que ese Secretario de Estado nos dio -yo diría- a todos los Senadores que nos pronunciamos en aquella oportunidad. Lisa y llanamente, aquello no se estimó necesario: había que esperar nomás la resolución; después se iba a hacer un plan.
¡Y ahí tenemos hoy la consecuencia!
Con la venia de la Mesa, quiero manifestarle al señor Ministro de Educación que el viernes último estuve por casi una hora con el rector de la Universidad de Atacama.
Existen un convenio -es importante señalarlo- y una disposición, aprobados en principio por el Consejo Docente de la mencionada casa de estudios superiores, para acoger a alumnos de primero y segundo años -por supuesto, con nivelación- provenientes de la Universidad del Mar.
Pero aquello no es automático ni mecánico. La Universidad de Atacama, legítimamente, tiene derecho a defender su prestigio. Sus alumnos cumplieron requisitos de ingreso; rindieron la PSU. Allí hay otros niveles; no existen carreras que había en la Universidad del Mar. El Consejo Docente de la UDA aprobó -esto me parece muy interesante- generar un símil, aunque sea temporalmente, hasta que las carreras respectivas se implanten ya de manera definitiva. Ello daría cierta salida a los alumnos afectados.
Empero, subsiste una serie de problemas.
Entre otras cosas, señor Ministro, hay un acuerdo -y tiene que ratificarse con el Ministerio de Educación- en el sentido de que incluso se puedan ocupar las dependencias de la actual Universidad del Mar. Porque la UDA no tiene capacidad, ni infraestructura ni laboratorios para acoger a los 200, 400, 600 o 1.000 educandos que hoy día se hallan complicados.
Actualmente, como la persona que se encontraba a cargo de la situación renunció, estamos ante una síndica de quiebras, doña Loreto Ried. Tuve el gusto de conocerla a propósito de la quiebra de la mina San José. Me reuní con ella varias veces, y pude observar su muy buena disposición y su capacidad ejecutiva.
Sin embargo, el problema ahora es otro. Y, frente a él, yo planteo lo siguiente.
Estamos ante una síndica de quiebras, cuya preocupación es, naturalmente, cómo responderles a los acreedores por las deudas existentes. Pero no es ni va a ser su rol preocuparse de esas interrogantes, que tienen que ver más bien con la docencia, la calidad de la educación, el traspaso y el ingreso de alumnos, en fin, y con la solución real.
Porque aquí, con cierta facilidad, hubo negativa a la administración provisoria, no se quiso intervenir. Entonces, desde hace varios meses, los educandos y sus familias se hallan en la incertidumbre, preocupados. Y la situación que están viviendo es producto de la falta de fiscalización; de las actuaciones de una universidad particular que no cumplió el contrato que suscribió, y de malos manejos y mala gestión.
En definitiva, señor Presidente, se persiguió el lucro; no se reinvirtió en educación; con un rol único, se hicieron retiros que no correspondían. Así que, por más que la gente de la Universidad del Mar en Copiapó, por ejemplo, hubiera actuado con responsabilidad, de nada habría servido, por la existencia de un solo rol; por ende, si tenía números azules, debía pasar los recursos a otras sedes.
Le reitero, señor Ministro, que sé de la buena disposición de, a lo menos, la Universidad de Atacama. Pero yo le pregunto: ¡Cuánto de esto les habríamos ahorrado a los alumnos si el Estado hubiese decidido tener un proyecto mucho más acabado para evitar crisis como la señalada! ¡Con qué derecho se dejó a los alumnos de la Universidad del Mar y a sus familias en ese estado de incertidumbre!
Existe al respecto responsabilidad del Estado. La fe pública se rompió, en la medida que no se realizó la fiscalización y en que no fuimos capaces de hacer cumplir la ley.
Hay, por otro lado, distintos tipos de aranceles, aparte otras situaciones específicas: la Universidad del Mar tenía jornadas vespertinas; en la UDA no existen, etcétera.
Pero -insisto- hay buena disposición.
Yo lo único que le quiero pedir, señor Ministro, es que en esta situación seamos concretos y precisos.
A mí me quedan varias interrogantes: ¿Qué va a pasar con la infraestructura? ¿Es rol de la síndica pagar las deudas a los acreedores? ¿Se podrá seguir usando la infraestructura de la Universidad del Mar (es fundamental saberlo, porque la UDA no tiene capacidad)?
Por último, señor Presidente, no puedo dejar de expresar -ya que está presente el señor Ministro- que, durante una conversación, el Rector de la Universidad de Atacama nos señaló que el año pasado, conforme a un convenio de programación, manifestaron su interés -y tenían resuelta una serie de situaciones; incluso, contaban con aportes privados- por desarrollar no solo sus carreras tradicionales -generalmente, ingeniería más bien pura y dura-, sino otras del área de la salud.
Aquello es extraordinariamente interesante, señor Ministro. Porque ha de saber usted que en la Región de Atacama, por desgracia, ocurre lo que en muchas otras Regiones: faltan especialistas; no hay formación de médicos (por ejemplo, obstetras), de enfermeras, de psicólogos. Entonces, de avanzarse en esa línea, probablemente los estudiantes, si son originarios de la zona, se van a quedar en ella y no se irán como hoy a La Serena, Antofagasta, Concepción, etcétera.
Entonces, la pregunta es por qué una vez más, a base del sistema que elaboró la División pertinente del Ministerio de Educación, no les respondieron positivamente; consideraron que el puntaje era insuficiente, y el resultado final fue el rechazo.
Sé que se van a volver a presentar. Y quisiera que se tuviera capacidad para mirar lo interesante que resultaría contar con las áreas de salud descritas, que son tan necesarias, que hoy día no existen y que constituyen una alternativa para que los estudiantes enfrenten una situación en general crítica.
Señor Presidente, he querido hacer estas observaciones porque pocas veces tenemos la posibilidad de que el Ministro de Educación nos escuche.
Y reitero: muchos de los problemas surgidos se habrían solucionado si hubiese existido otra actitud, otra preparación, un plan alternativo.
Creo que ha sido muy injusto para los alumnos y sus familiares someterlos durante meses a un estado de tensión que todavía no desaparece.
Hay buena disposición...
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
La señora ALLENDE.- Terminaré en seguida.
El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora ALLENDE.- Muchas gracias.
Decía, señor Presidente, que hay buena disposición. Pero ella no significa necesariamente que estén solucionados todos los problemas mencionados, que no son pocos: carreras que no existían; adecuación de niveles; falta de laboratorios y de infraestructura; aranceles diferentes, en fin.
Así que espero que la Superintendencia que se plantea crear no se nos venda como la solución a todos los problemas de la educación superior, la que claramente requiere una intervención mayor.
Yo comparto lo que decía el Senador Ignacio Walker: para la educación superior debemos elaborar un marco regulatorio más general; abordar el problema de manera más integral, sin limitarnos a decir, por ejemplo, que redujimos el costo de los créditos (es uno de los grandes puntos que nos señala el Gobierno).
Aquí hay una cuestión no menor: cómo garantizamos calidad, transparencia, financiamiento, y que se transforme aquello que tanto les gusta decir pero que hoy día no ocurre.
El señor ESCALONA (Presidente).- Acabó su minuto, señora Senadora.
La señora ALLENDE.- Concluyo en seguida.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede hacerlo, Su Señoría.
La señora ALLENDE.- Muchas gracias.
Señor Presidente, mucha gente que quiere ingresar a la universidad todavía tiene restricciones económicas, porque no son suficientes ni las becas, ni el nuevo sistema de créditos, etcétera. Hay problemas con los aranceles convencionales y con los reales. Una serie de situaciones no han sido resueltas.
Entonces, si vamos a hacer un acto de fe y aprobamos en general este proyecto, espero que haya un compromiso claro del Gobierno en el sentido de abordar las cuestiones de fondo que nuestra sociedad exige solucionar.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, los cambios experimentados por la educación superior chilena en las últimas décadas han sido muy significativos.
Quizás la mayor modificación al panorama existente la ha generado un aspecto cuantitativo: de 8 universidades que había al año 80 (2 estatales y 6 no estatales), hoy día tenemos más de 60 instituciones, y no solo universitarias, sino también de educación técnica, como los institutos profesionales y los centros de formación técnica; y de poco más de 100 mil estudiantes se ha pasado ahora a más de un millón. Pienso que estos cambios han calado muy profundamente en nuestra sociedad.
Bien decía el entonces Presidente Ricardo Lagos -según recuerdo, fue el primero que lo señaló- que, en ese momento, siete alumnos...
El señor LAGOS.- Siete de cada diez.
El señor LARRAÍN.- Exacto. Siete alumnos de cada diez correspondían a la primera generación en su familia que llegaba a la educación superior. Creo que ello es demostrativo de cambios muy profundos.
Sin embargo, la explosión cuantitativa no siempre estuvo acompañada de mejoría en lo cualitativo y de otro tipo de ayuda y beneficios que permitieran realmente incorporar a estudiantes de segmentos sociales más bajos.
Los Gobiernos de la Concertación, si bien no fiscalizaron, sí ayudaron, a través de la creación de becas y de créditos, al acceso a la educación superior.
El segundo de esos beneficios no fue muy feliz. Ya sabemos que el crédito con aval del Estado resultó ser una carga muy fuerte para los deudores.
Se fue generando un clima que llevó a que estallaran movilizaciones estudiantiles en 2011, quedando en evidencia algunas falencias muy duras de nuestro sistema educacional. Ello, no solo en el nivel superior. Los alumnos también hicieron ver, por ejemplo, los problemas en la educación media, particularmente en la del ámbito público y en la forma como es administrada a través de los municipios.
Estos aspectos, que algo han cambiado, en los que en algo se ha avanzado, todavía se encuentran pendientes en lo sustantivo.
En lo atinente a la educación superior, se manifestaron problemas graves respecto de su financiamiento, ya que -repito- los créditos resultaban muy gravosos y las becas no llegaban a todos quienes las requerían.
En seguida, la calidad no estaba garantizada y los sistemas de acreditación existentes no resolvían las dificultades en el control de calidad o la prevención de errores. Ya hemos visto cómo han detonado algunos casos precisamente por esta razón.
Quizá lo más delicado es que no había fiscalización. Y, así, se podía sospechar que instituciones de carácter privado sin fines de lucro no garantizaban el cumplimiento de este último objetivo, como lo denunció precisamente quien era Rector de la Universidad del Mar cuando destapó los problemas existentes en esa institución.
Todo eso ha llevado a una enmienda que hoy viene a complementar muchas de las cosas que ya se han estado haciendo por el Gobierno, con la presión e insistencia de todos los sectores, para introducir un cambio muy radical en este nivel educativo.
En efecto, ante la necesidad de que la sociedad civil, junto con el Estado, desarrolle una alianza estratégica para generar condiciones distintas, el Gobierno ha planteado modificaciones muy significativas en el sistema de financiamiento, las cuales actualmente permiten disponer de becas hasta el tercer quintil y de créditos accesibles a fin de que, en lo sucesivo, estudiantes de niveles superiores de ingreso puedan hacerse cargo de una deuda razonable.
También se ha mejorado el sistema de acreditación de calidad, y la presente iniciativa incorpora algunas normas para hacerlo más transparente y riguroso, lo que se traducirá en proporcionar a los estudiantes una certeza prudente de que van a recibir una educación con los estándares mínimos de la respectiva ciencia o arte.
Tal vez lo más significativo, en lo sustancial, es el proyecto en debate, al establecer mecanismos de transparencia que aseguren la posibilidad de un control, incluso ciudadano, y, particularmente, una mejor fiscalización a través de la creación de una institucionalidad que garantice estos objetivos. Se apunta, entonces, a crear la Superintendencia de Educación Superior como un servicio público descentralizado cuyo propósito será velar para que se cumplan las normas de publicidad y transparencia, tomar conocimiento de las infracciones y, cuando corresponda, aplicar una sanción.
Es importante recordar lo que establece el artículo 3° para garantizar tales objetivos. El organismo deberá fiscalizar, por ejemplo, las obligaciones de información que establezca la ley y ordenar las auditorías necesarias; el cumplimiento de la prohibición de efectuar publicidad engañosa; el respeto de los términos en que se convenga la prestación de servicios respecto de los estudiantes; el no condicionamiento de la rendición de exámenes u otras evaluaciones a exigencias pecuniarias no informadas. En fin, numerosas atribuciones posibilitan avanzar en lo central.
En lo más específico, la idea es asegurarse de que las universidades no tengan fines de lucro. Y me parece relevante destacarlo para evitar toda suspicacia y continuar con la tradición de siempre: nunca ha habido en Chile instituciones de esa índole con fines de lucro. La legislación del año 1981 así lo estableció. Y si ello se ha alterado, como pareciera que ha ocurrido, entonces cabe aplicar el rigor de la ley.
Por eso, el proyecto establece nuevas exigencias, y dispone, entre otras cosas, que solo se podrán efectuar operaciones con personas relacionadas si se ajustan "a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado".
Se incorpora la obligación, para las universidades no estatales, de integrar tres miembros independientes al directorio u órgano de administración. La independencia se determinará por la carencia de vínculos patrimoniales o de parentesco con los socios o miembros de la respectiva corporación universitaria.
Se contempla expresamente la posibilidad de remunerar a los directivos de una universidad, quienes responderán con su patrimonio de los perjuicios que esta sufra como consecuencia de la aprobación de una operación que contravenga las normas legales.
Existen numerosos otros complementos y medidas.
Quiero destacar el perfeccionamiento en las sanciones aplicables. Aparte de las amonestaciones y multas, que son connaturales, la infracción de las normas sobre operaciones entre universidades y personas relacionadas puede acarrear la inhabilitación hasta por cinco años para que alguien relacionado que intervenga en una irregularidad pueda concurrir a la constitución de instituciones de educación superior u ocupar cargos directivos en ellas. Si los hechos son graves y reiterados dentro de un período consecutivo de 24 meses, se puede llegar a la revocación del reconocimiento oficial de la universidad.
Pienso que he mencionado los aspectos medulares determinantes de que la iniciativa sea valiosa en sí misma y que, por lo tanto, merezca nuestra aprobación.
Es cierto que hay vacíos. Ya se han mencionado algunos. El Senador señor Ignacio Walker, al informar sobre el texto, hizo presente la falta de un marco regulatorio más exigente.
El propio Ministro señor Harald Beyer se hizo cargo de ello, reconoció una debilidad en la materia y manifestó su voluntad de que se puedan definir de manera más precisa tanto determinados principios rectores que deben regir la educación superior como los derechos y deberes de los distintos actores intervinientes, y, finalmente, clarificar con mayor exactitud el rol que le cabe al Estado en este nivel educativo.
Ese compromiso nos parece importante. Resulta indispensable que la Superintendencia garantice un mayor equilibrio entre los derechos de los estudiantes y los de las instituciones.
Por eso, es menester introducir modificaciones a fin de asegurar mayores facultades al organismo que se crea, entre ellas la de atender denuncias y reclamos, que el texto actual no contempla.
Por otra parte, entrando ya en algunos aspectos más concretos en cuanto a la obligación de poner información a disposición del público, pareciera existir evidencia de que cuando se proporcionan antecedentes y se simplifican y sistematizan, eso permite tomar mejores decisiones para el acceso de los estudiantes, sobre todo de los más vulnerables.
Todavía no hay claridad en la regulación de las denuncias de conductas abusivas, de manera que es necesario asegurarla.
En cuanto a la revocación del reconocimiento oficial de la institución, pareciera conveniente resolver si debe contemplarse un proceso de transición -ya hemos visto las dificultades suscitadas en el caso de la Universidad del Mar- y una instancia de apelación, y, finalmente, cómo se delimita la discrecionalidad de la Superintendencia o de otros funcionarios.
Diría que este camino que recorre la legislación merece nuestro respaldo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más.
El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.
En el Derecho comparado se han seguido otros. En la OCDE se contemplan agencias independientes que presentan ventajas como las de asegurar neutralidad política, especialización técnica, eficacia y otras.
El anterior no es el modelo aplicado en nuestro país, que tiene en las superintendencias, en distintos ámbitos, a entes descentralizados con una cierta neutralidad que permiten garantizar el objetivo, en este caso, de fiscalización.
Es posible mejorar en ello, de modo que participaremos en la discusión particular a través de indicaciones tendientes a asegurar que la fiscalización dé a los estudiantes la tranquilidad que requieren.
Un sistema de educación superior que garantice el acceso y en el que los ingresos no sean un obstáculo, de modo que existan, por lo tanto, mecanismos adecuados de financiamiento, así como también asegure la calidad, y al que se sume otro de fiscalización permitirán que Chile sienta orgullo de una educación superior que en el pasado fue muy valiosa.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque los colegas que han intervenido y que son miembros de la Comisión de Educación tienen un manejo bastante más acabado del proyecto que quienes no la integramos, de manera que les dejaré a ellos mayor tiempo para referirse en profundidad a la materia.
Deseo entregar una visión de lo que sienten el ciudadano común y corriente y los estudiantes que se encuentran con numerosas dificultades cuando acceden a la universidad. Y no se trata solo de esta última, sino también de los establecimientos educacionales, en especial de aquellos con copago y que implican un contrato.
Quisiera recordar que la Cámara de Diputados aprobó hace cuatro años un proyecto sobre regulación de los contratos educacionales, el cual se encuentra en el Senado. Espero que, en vista de la iniciativa que crea la Superintendencia, la Comisión de Educación pueda estudiarlo, porque también considera los derechos de estudiantes y de padres y apoderados.
El que ahora nos ocupa no aborda cómo se defenderán los derechos de los estudiantes, sino que, más bien, dice relación con resguardar la calidad de la educación -por cierto, es un derecho de los jóvenes- y el cumplimiento de la normativa educacional y con exigir a las casas de estudios superiores, en especial, que sean transparentes en su manejo cuando sean sin fines de lucro.
Pero, en verdad, no sé si a estudiantes preocupados de ingresar a la universidad con un mínimo endeudamiento o a padres y apoderados que enfrentan tantas dificultades para mantener a sus hijos en ella les importa mucho o poco que nosotros digamos que estamos creando una Superintendencia de Educación Superior.
La experiencia de otras superintendencias sectoriales no ha garantizado que puedan velar por los derechos de las personas. Conocemos la de Bancos e Instituciones Financieras, la de Electricidad y Combustibles, y la de Valores y Seguros, por ejemplo, que están para asegurar el funcionamiento de la industria, del sistema, no para garantizar ni representar los derechos de estudiantes ni de padres y apoderados.
Entonces, en la institucionalidad que estamos creando -por una parte, la Agencia de Calidad de la Educación; por la otra, la Superintendencia de Educación Superior, además de un conjunto de normativas que todavía faltan- se echa de menos un marco regulatorio, de acuerdo con lo expresado por mi Honorable colega Ignacio Walker, miembro de la Comisión de Educación.
¿Qué va a fiscalizar el organismo de que se trata? No está suficientemente definido qué va a hacer. Tenemos claras las tareas, porque se hallan enumeradas en una gran cantidad de artículos y referencias -en verdad, es un mamotreto bastante grueso de los contenidos en la configuración de la entidad-, pero en todo ello no visualizo una institución con facultades para defender o representar los intereses de estudiantes y de padres y apoderados.
Algunos señores Senadores se han referido -particularmente, la Honorable señora Allende- a la situación dramática que viven los cerca de 18 mil estudiantes que tenía la Universidad del Mar. Considero que no fue una buena decisión anunciar el cierre del plantel de enseñanza superior. Las faltas que se pudieron cometer debieron haberse perseguido de otra manera y sobre la base de velar por la continuidad educacional. También cabía una intervención.
El Ministro señor Beyer ha expresado que no tiene atribuciones. Le hemos ofrecido apoyar todas las legislaciones que quiera, con facultades para la Cartera a su cargo o para el Gobierno en lo que sea necesario a fin de ayudar a la continuidad de las carreras y mejorar la calidad y el nivel de educación de los cerca de 18 mil estudiantes a la deriva. Es cierto que muchos ya renunciaron y se matricularon en otros establecimientos, pero una gran cantidad enfrenta numerosos problemas, como se lo manifesté.
Conozco la situación de jóvenes que han seguido la carrera de Educación Parvularia en horario vespertino por trabajar de día y estudiar de noche y el único establecimiento que la impartía en Temuco o en la Novena Región era la Universidad del Mar.
¿Qué hacemos con los alumnos de segundo, tercero o cuarto año? El señor Ministro me dijo que no me preocupara por los de tercero y cuarto, porque, a pesar de la quiebra, está garantizada la prosecución de los estudios.
¿Y qué pasa con los de segundo año? Ahí tenemos el problema de que no hay una masa crítica suficiente para que otra universidad pueda generar la continuidad de estudios a quienes siguen carreras vespertinas, que no pueden renunciar a su trabajo. En la búsqueda de una solución, el señor Ministro se comprometió a evaluar y estudiar los casos para eventualmente crear una beca de continuidad de estudios o de discontinuidad laboral, de modo que sea posible dicha renuncia y matricularse en universidades que imparten estas carreras en el día.
A mi juicio, hay que hacer esfuerzos para mitigar y minimizar el daño sufrido, sin culpa, por miles de estudiantes, padres y apoderados. ¡Si la responsabilidad es del modelo creado!
Ahora, es cierto: ¡qué bueno que realicemos correcciones! ¡Qué bueno que tomemos nuevas medidas! Pero ¿qué hacer para mitigar los daños provocados a estudiantes y padres de familia que tenían la ilusión, el sueño, de obtener un cartón para poder desempeñarse en la vida? Se trata de ayudar a personas que quieren emprender, que desean estudiar, y creo que merecen todo el apoyo, no solo del Senado, sino también del Gobierno y, particularmente, de la Cartera de Educación.
Agradezco la disposición del señor Ministro al plantearle estos aspectos, quien me ha respondido que los va a estudiar, porque estimo que merecen una solución.
Insisto en que experimento alguna aprensión respecto de la Superintendencia. Voy a votar a favor del proyecto, tal como lo he hecho en otros en materia de reforma educacional, pero estos textos no son suficientes. La verdad es que las reclamaciones de ciudadanos y estudiantes y las movilizaciones no tienen que ver precisamente con esta iniciativa. Cuando se dice: "No al lucro", ello significa que no se quieren universidades determinantes de que la educación funcione como un artículo que se compra y vende en el mercado. Queremos que sea un derecho. Y, desde ese punto de vista, no veo en la Superintendencia que ello se garantice.
Entonces, nuestra visión acerca de cómo construir una sociedad de derechos es distinta de la del Gobierno o de la Alianza. Eso es legítimo. Pero veamos el modo de resolver la cuestión, de cómo seguimos avanzando, de cómo construimos una sociedad más justa, de cómo les entregamos mejores derechos a quienes queremos proteger.
Pienso que este sí es un paso, pero no suficiente. Lo que falta es un marco regulatorio. Lo que falta es la creación de una institucionalidad para defender los derechos de los usuarios. No me digan que lo hará el SERNAC, porque no se trata de consumidores. ¿Quién defiende los derechos de estudiantes y de padres y apoderados? Estimo que falta avanzar al respecto.
Por mi parte, invitaría al señor Ministro y a la Comisión de Educación a analizar el proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, que dice relación con la protección de los derechos de estudiantes y padres y apoderados.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, pienso que la materia se halla inserta en una de las demandas que se están formulando en relación con la educación. Y la creación de la Superintendencia es, por supuesto, algo que todos tenemos que respaldar y llevar adelante.
La verdad de las cosas es que uno se pregunta cómo respecto a una actividad de tanta importancia como la educación superior, con el crecimiento que experimentó desde los años ochenta hasta la fecha, recién estemos legislando como reacción por lo que ocurre en este ámbito.
El Ministro nos decía algo realmente increíble: la Cartera de Educación solo tiene facultad para cancelar la personalidad jurídica de una entidad y no para otros aspectos del estamento de la enseñanza superior en Chile.
Esto se ejemplifica hoy día con un caso específico, en donde se grafica la falta de capacidad del Estado para responder a algo que el país, los padres de familia y los estudiantes pensaban que iba a funcionar.
De repente nos encontramos con que un plantel de enseñanza superior, la Universidad del Mar, entra en crisis, y en medio de esta comenzamos a estudiar todos los temas: si perseguía fines de lucro; si cumplía o no con las normas relacionadas con el lucro; qué pasaba con las carreras, con la acreditación, con la calidad de la educación, etcétera.
¿Y cuál es la capacidad de reacción del Estado para darle una respuesta a la sociedad? Cancelar la personalidad jurídica.
Y ahí quedamos.
Cuando celebramos aquí una reunión con el Ministro -creo que a fines del año pasado-, con motivo precisamente de la sesión para analizar la situación que afecta a los alumnos de la Universidad del Mar, todas las bancadas -yo personalmente lo hice- le planteamos la necesidad de entregarles facultades extraordinarias al Gobierno y al Ministerio de Educación, para afrontar no solo el caso de esa entidad educacional, sino cualquier otro que pudiere presentarse en el próximo tiempo. Y estuvimos abiertos a legislar de inmediato.
Yo entendí que el Ejecutivo iba a recoger esa oferta para enfrentar la situación que se vivía. Sin embargo, al parecer estimó que podía proceder por sí mismo y que disponía de facultades suficientes para hacerlo.
Entonces, se nos dijo que se iba a nombrar a una persona que actuaría como facilitadora para buscar solución a los problemas de los 18 mil estudiantes de la casa de estudios superiores en comento en todas sus sedes. Por mi parte, hice ver la conveniencia de que se realizara un tratamiento diferenciado en cada una de ellas, porque algunas disponían de capacidad de gestión, y otras no. Sin embargo, tampoco hubo respuesta, y se designó a la mencionada facilitadora, quien, según he tomado conocimiento en estos días, renunció, dejó su cargo.
El señor PROKURICA.- Cumplió su labor.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El señor Senador dice que cumplió su tarea. Pero ahí tenemos una discrepancia. ¡No sé qué fue lo que cumplió! Seguramente realizó un gran esfuerzo, con bastante voluntad. Pero probablemente no pudo hacer más porque no tenía facultades para ello. Como el propio Ministro lo reconoce: ¡no tenía otras atribuciones!
¿Y qué sucedió? Se dijo -esta información apareció recientemente- que la solución pasaba por la Sindicatura de Quiebras. Es decir, se nombró a un síndico de quiebras para gestionar una universidad, en circunstancias de que este, en su esencia, no es sino alguien designado, por supuesto, por los tribunales de justicia, cuyo objetivo es liquidar los activos, el patrimonio de una sociedad deudora, para pagarle a sus acreedores. Pero no dispone de facultades para llevar a cabo una gestión universitaria, aun cuando lo quisiera hacer.
Estoy seguro de que en 20, 30, 40 o 60 días más nos vamos a encontrar con una dificultad. Ya lo estamos viendo: los alumnos no han permitido el ingreso de la síndico de quiebras a la sede de Reñaca de la Universidad del Mar, porque no creen que su nombramiento sea el camino de solución.
Aprovecho la discusión de la ley en proyecto para plantear esto, porque se trata de un asunto que debe zanjarse de la mejor forma posible. Pero debemos incorporar en nuestra legislación un sistema para dar respuesta oportuna a otros casos similares que puedan surgir.
De otro lado, veo que el contenido de la iniciativa sometida a discusión en general está muy bien. Estimo que es necesario reforzar nuestra legislación -lo dijo también el Senador Ignacio Walker-, para que realmente funcione la Superintendencia que se crea, para que haya calidad, para que se responda a la fe pública en la enseñanza superior respecto a la gente comprometida con el sistema.
Y dentro de las facultades que se propone otorgar a la Superintendencia, la letra d) del artículo 28 contempla "La revocación del reconocimiento oficial de la universidad, en caso de infracciones graves y reiteradas". Con todo, ¿qué pasará cuando se determine tal revocación? ¿Qué ocurrirá con ese plantel educacional? ¿Acontecerá lo mismo que con la Universidad del Mar?
Presenté, junto con otros Senadores -espero que el Ministro recoja el texto; se lo entregué personalmente- un proyecto de ley, que fue declarado admisible por el Senado, mediante el cual planteo la necesidad de legislar en la materia. Y a lo mejor podríamos incorporarlo dentro de las normas de la iniciativa en debate, que todos concordamos que hay que aprobar para evitar que se repita una situación como la que estamos comentando, que no ha tenido solución ni pareciera que la tendrá.
En la zona que yo represento en el Senado, de los 3 mil 800 alumnos de esa casa de estudios, el 60 o 70 por ciento no ha tenido una salida porque la mayoría son estudiantes vespertinos. Por muy buena voluntad que pongan la interventora o la facilitadora, o todas las autoridades, ellos no van a ser reincorporados en otras universidades, como lo vemos todos los días. Y será un problema no solo para el Gobierno, sino también para el país.
Por tal motivo, he propuesto -y espero que podamos ayudarnos entre todos- agregar algunos títulos dentro de este proyecto, como el referido a la figura del administrador provisional. Es decir, si en un momento dado entrara en crisis una universidad, el Ministerio de Educación y el Gobierno deberían contar con la facultad de dictar una normativa que permitiera el establecimiento en ella de ese administrador, con todas las atribuciones de administración y de gestión necesarias para llevar adelante su labor.
Si no se quisiera considerar lo relativo a la administración provisional, por la misma razón que mencionan los propios alumnos de la Universidad del Mar: "Mire, a mí no me gustaría seguir siendo estudiante bajo el título de esta universidad", sería dable que se dispusiera también -y así lo planteamos en la iniciativa mencionada- la posibilidad de que otra casa de estudios superiores ejerciera la llamada "administración delegada", como lo conversé con algunos rectores.
Es decir, en determinado momento se podría haber asumido la administración delegada del centro-sur de la Universidad del Mar, a fin de que se gestionara, por delegación del Ministerio, esa parte del plantel de educación superior o todo él.
En definitiva, propongo la creación de un procedimiento regido por toda una reglamentación, que puede ser perfeccionada, para que exista una administración provisional o una administración delegada.
Y, finalmente, después de todas las fórmulas que podamos consagrar en la ley, sería pertinente establecer un sistema de reubicación de alumnos en caso de crisis del sector universitario.
Por lo tanto, señor Presidente, debo decir que me parece bien que se legisle, porque esta es una materia en la que seguramente como país estamos muy atrasados. Tendríamos que haberlo efectuado hace mucho tiempo, con bastante anticipación. No lo previmos, sino que nos dimos cuenta de la necesidad de realizarlo cuando se produjo la situación de crisis en el mundo estudiantil.
Formularé las indicaciones pertinentes para que en la Comisión de Educación -y se lo pido al Ministro- se pueda considerar, dentro de la legislación relacionada con la Superintendencia del ramo, un título referido a cómo afrontar en el próximo tiempo cualquier otra crisis que se produzca en un establecimiento de educación superior, sea por vía de la administración delegada o de la administración provisional, que contemple, además, una normativa clara sobre cómo llevar a cabo la reubicación de los alumnos que pudieren ser afectados por tal situación.
Por eso, señor Presidente, anuncio que votaré favorablemente en general este proyecto, con el objeto de modificarlo y perfeccionarlo, y ojalá enriquecerlo con la participación de todos los Senadores.
Muchas gracias.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- A continuación, se halla inscrito el Senador señor Ruiz-Esquide.
Como no está presente, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el primer anuncio acerca de la creación de una Superintendencia de Educación Superior es relativamente reciente. En el marco del Mensaje del Presidente de la República del 21 de mayo del año 2011, justamente en un período de movilizaciones, fue donde surgió esa idea, que no estaba contemplada en el programa de Gobierno.
No estoy haciendo ningún juicio de aquello. Es simplemente un dato de la realidad.
Uno podría decir que esta fue una demanda impuesta por los estudiantes, por el movimiento social, desde la calle. Es una forma de considerarlo.
Sin embargo, la figura de las superintendencias -algo ya mencionaron al respecto los Senadores Zaldívar y Tuma- no forma parte, precisamente, de una política progresista, como se podría pensar. El primer momento en que se usó orgánicamente fue durante el período de la dictadura, con relación a la provisión de bienes y servicios económicos esenciales, que pertenecían al Estado y que luego fueron traspasados a entidades privadas.
Ahí surgen las superintendencias por primera vez.
Sería posible afirmar, entonces, que estas instituciones nacen cuando el Estado desea desligarse de determinado bien, y no al revés, cuando pretende fortalecerlo y mejorar su oferta.
Por lo tanto, más que de un tema de técnica legislativa, se trata de uno referido a la utilización de una figura orgánica que conlleva algunos presupuestos ideológicos.
No obstante, creemos que la creación de la Superintendencia de Educación puede ser una solución, en la medida que, naturalmente, cumpla con los propósitos que pregona. Y frente a eso tenemos muchas dudas.
Para ser rigurosos, ¿por qué este proyecto alcanzó aprobación unánime en la Comisión de Educación?
El Ministro, presente en la Sala, lo sabe muy bien. Ello se logró luego de una amplia discusión a raíz de una minuta que él entregó, en la cual se compromete a efectuar una serie de cambios que, según entiendo, se realizarán por la vía de una indicación sustitutiva -ignoro cuál será finalmente la forma-, con el objeto de enmendar algunos aspectos de la iniciativa.
Esos cambios que aparecen en la minuta -todos los señores Senadores la tienen en su poder-, por supuesto que no se hallan en el proyecto original y tampoco en una nueva iniciativa.
Por lo tanto, nosotros hicimos fe en lo que el Ministro planteó y, en virtud de ello, aprobamos la idea de legislar.
Con todo, esperamos que durante la discusión en el segundo trámite reglamentario sean incorporados muchos aspectos, porque, a nuestro juicio, no todos los elementos que aparecen en el documento en comento son satisfactorios o permitirían cumplir con el propósito planteado.
Me referiré a ello posteriormente.
Entonces, entrando de lleno al proyecto, hemos concurrido con nuestro voto afirmativo a la idea de legislar en la medida que solo estamos pronunciándonos sobre su idea matriz: crear una nueva institución a cargo de supervigilar, fiscalizar y, eventualmente, sancionar a las universidades o instituciones educacionales privadas o públicas que incumplan la ley.
Solo eso hemos votado a favor, por cuanto mantenemos serios reparos -como decía anteriormente- en lo que respecta al contenido específico de la iniciativa, especialmente en áreas tan sensibles como la prevención del lucro en la educación privada y su sanción; la posibilidad de que centros de formación técnica -lo dice el Ministro e insiste en la minuta- e instituciones profesionales persigan fines de lucro y sigan lucrando -no hay explicación para ello-, y la supervivencia de las operaciones -lo mencionó la Senadora Allende- con empresas relacionadas, las sociedades espejo, cuya existencia se mantiene en el proyecto en debate y en la minuta.
En consecuencia, quiero expresarle responsablemente al Gobierno que en esas materias, que son centrales, se nos va a presentar una dificultad. Si no las abordamos, el lucro seguirá existiendo y vamos a hacer como que cambiamos las cosas, pero no será así.
Tal como expresaron distintos colegas, persiste la inexistencia de normas que regulen el proceso de cierre de los centros de educación terciaria en caso de la cancelación de su personalidad jurídica, como lo vimos en la Universidad del Mar. En tal sentido, varios Senadores somos autores de un proyecto de ley que crea la figura del administrador provisional, con la finalidad es impedir que situaciones como la ocurrida en la Universidad del Mar lleguen al nivel que hoy día hemos visto, con la incertidumbre que ello les genera a los alumnos.
De otro lado, hay un aspecto que no es menor y que explica, en gran medida, el escepticismo que muchos sienten en la Oposición, y sé que también en las filas del Gobierno. Ello se refiere a lo señalado durante el debate de esta iniciativa por diversos rectores, estudiantes, entidades -lo dijo el Senador Ignacio Walker- y también el CEP.
Por eso, deseo citar íntegramente la intervención que realizó en la Comisión de Educación el señor Arturo Fontaine, Director del CEP, a quien el Ministro del ramo conoce bien.
¿Qué nos dijo el señor Fontaine? El proyecto "tal como está no asegura suficientemente el cumplimiento de la ley orgánica que prohíbe el lucro abierto y encubierto en las universidades".
El señor Fontaine -acerca de quien nadie podría aseverar que es de la tesis del giro a la Izquierda- agrega: "Me temo que por la vía de sociedades relacionadas seguirá ocurriendo lo que ha ocurrido y el mensaje anuncia que se quiere evitar, por estar prohibido por ley".
Y concluye que "lo que el proyecto plantea no es lo que yo esperaba. Es un híbrido. Pienso que, en general, no es lo que se suponía, y causará decepción. Creo que la inmensa mayoría de los estudiantes, de los académicos, de los profesores, de la población que se oponen a las universidades con fines de lucro encubierto se sentirán defraudados si este proyecto se aprueba como está".
¡De eso estamos hablando, señor Presidente!
Y cito esa intervención para contextualizar en este debate que aquí no hay ninguna mirada ideológica de la Izquierda que pretenda echar abajo esta figura, porque -insisto- yo voté a favor de la idea de legislar.
En definitiva, tengo serias dudas. ¿Y por qué? Porque se observa la ausencia de un marco regulatorio -varios lo hemos sostenido-, cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado por la Superintendencia de Educación Superior.
Cabe preguntarse cuál será la pega de esa institución; qué va a proteger si hoy día por marco regulatorio de la educación superior se entiende algo enteramente distinto por el Ministro del ramo -él cree que sí hay marco regulatorio- y por muchos otros, no solamente de la Oposición, sino del mismo sector del Gobierno, como el personero que cité.
Nuestro marco regulatorio, en definitiva, está comprendido por algunos preceptos de la Constitución que apuntan a la educación; por ciertas modificaciones de la Ley General de Educación a la LOCE, e incluso por determinadas normas relativas a la Ley del Consumidor.
Es decir, si a eso lo vamos a llamar "marco regulatorio", no sé qué va a hacer ahí la Superintendencia de Educación Superior.
La figura de la Superintendencia propuesta por el Ejecutivo se concentra exclusivamente en los procesos de rendición de cuentas financieras. Esto nos parece bien, pues propicia mayor transparencia e información. Pero, claramente, ello no resulta suficiente para constituir un órgano de esta índole.
Tal vez el argumento más de fondo dice relación con que el proyecto plantea dos reformas a la LOCE. Estas se destinan, en apariencia, a regular la prohibición del lucro. Pero el resultado de los mecanismos propuestos por el Gobierno no cumple tal finalidad, abriendo espacio a otros problemas, a los cuales pasaré a referirme (espero que me alcance el tiempo).
Claramente, una primera propuesta apunta a la creación de la figura -escúchenme bien, por favor, Sus Señorías; aquí hay integrantes de la Comisión de Hacienda que conocen mejor que yo estos temas- del director independiente en los directorios u órganos de administración de las instituciones de educación superior.
¿Qué es el director independiente? Es una figura propia de las sociedades anónimas abiertas, cuyas acciones se transan en la Bolsa, que se componen por socios minoritarios que posean menos del 10 por ciento de las acciones. Es decir, que no integren pactos controladores y, por tanto, no tengan posibilidad de acceder a directorios. Esto lo establece bien la Ley de Mercado de Valores.
Entonces, francamente, opino que ello está destinado al fracaso.
En segundo término, en cuanto a las operaciones con personas relacionadas, tal como indiqué hace pocos momentos, el Ministro de Educación insiste en mantener las sociedades espejo o sociedades relacionadas, con la salvedad de que se va a establecer la obligación de que los precios sean de mercado.
Eso no nos dice nada y no va a permitir -como dijo Arturo Fontaine, quien no es partidario precisamente del giro a la Izquierda- cumplir con el propósito de terminar con el lucro en la educación superior.
¡Ese es el punto! Si el Ministro nos garantiza que avanzaremos para terminar con el lucro, no habrá ningún problema y nuestros votos favorables van a estar tanto en la discusión general como en la particular.
Por último, no puedo dejar de decir algo respecto de la situación que afecta a la Universidad del Mar.
Uno se pregunta ¿qué hacen miles de estudiantes endeudados a raíz del cierre de dicha casa de estudios en manos de un síndico de quiebras? A lo mejor a alguien le parece normal que un síndico de quiebras sea quien sostenga a decenas de miles de estudiantes que han sido defraudados, porque confiaron en el sistema.
El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más para terminar.
El señor QUINTANA.- Gracias, señor Presidente.
El objetivo de un proceso concursal o de quiebra es satisfacer los créditos insolutos de los acreedores según la prelación de los créditos, conforme a lo que establece nuestro ordenamiento civil.
Entonces, las preguntas que hago al Ministro son: ¿qué tipo de acreedores son los estudiantes? ¡Si ni siquiera pueden exigir calidad en un servicio que contrataron con la entidad prestadora de servicios educacionales! ¿Son realmente acreedores? ¡No, más bien deudores, porque deben matrícula, colegiatura, en fin!
Señor Presidente, el hecho de tener a decenas de miles de estudiantes de la Universidad del Mar en la situación descrita -a ellos pueden sumarse los de otra universidad, según se publicó ayer en la prensa- es una vergüenza para todos quienes estamos en este sistema, y que debiésemos corregir en esta iniciativa de ley.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que quedan cinco Senadores inscritos.
El señor LARRAÍN.- ¿Va a abrir la votación, señor Presidente?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Se solicita abrir la votación.
El señor ROSSI.- ¡Con los mismos tiempos!
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos de intervención.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.


El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, un proyecto como este es la continuación de diversas iniciativas legales presentadas por los Gobiernos anteriores, con el objeto de abordar algo que es tema central del país: cómo estamos en los distintos aspectos de la educación y si puede hablarse de fracaso o no en tal ámbito.
Yo voy a apoyar este articulado porque, en mi opinión, creo que es uno de los eslabones en torno de los cuales debemos lograr un acuerdo para que las normas que rijan para tal sector sean las mejores. Voy a apoyarlo, asimismo, por creer que es parte de la visión general que empezamos a elaborar desde hace ocho o diez años, a fin de solucionar esa incógnita y responder a los problemas que planteaba la educación superior.
No me voy a referir al proyecto en particular, porque para eso está la discusión pertinente. Sin embargo, hay algo muy superior en la intensidad de mi preocupación, más va allá del texto de la futura ley.
Considero que el problema esencial de lo que nos ha pasado con la educación superior -donde se ha logrado mayor cobertura; donde se aprecia una ampliación de las carreras; donde hemos avanzado en el financiamiento de los estudiantes; donde evidentemente ha habido una regionalización de las universidades y de los institutos superiores- es, a mi juicio, mucho más amplio y tal vez de una discusión más principista: qué universidades debemos tener o cómo quisiéramos que fueran ellas.
Mi opinión muy personal -lo digo con bastante preocupación- es que en los últimos años, a partir de la década de los ochenta, ha abierto la posibilidad de crear universidades privadas ad líbitum, prácticamente sin exigencias mínimas en calidad. De continuar como estamos, el problema va a seguir tal cual, pues no se ha cumplido el deber propio de su instalación. Ellas no son hoy día, salvo excepciones, las que trabajan en lo que constituye su esencia, según la descripción de hace siglos de Alfonso X: buscar la verdad entre los profesores y los alumnos, con la participación que en el último tiempo se ha dado a los administrativos.
Eso no se ve hoy en día en Chile, excepto en el caso de las universidades tradicionales y de algunas privadas, nuevas y antiguas, pero que forman parte del Consejo de Rectores. Tenemos que lograr que mejoren su presentación frente al país.
Los tres asuntos esenciales que hacen a la universidad como tal -la docencia, la investigación y la acción que se llamaba en aquellos años "extensión extramural"- no se están cumpliendo en nuestro medio.
Además, por desgracia, los planteles de educación superior, en su gran mayoría, perdieron el concepto ético de la educación -lo hemos discutido con los propios rectores- y el sentido épico de su visión del desarrollo nacional.
Hace muchos años, las universidades eran las que fijaban los grandes movimientos intelectuales de la nación. Hoy día lo hacen otros. Se trata de instrumentos como la llamada "acción de bien público empresarial", donde, con una manera de hacer determinadas acciones, pareciera que se busca el blanqueamiento de ciertas conductas que nunca hemos logrado erradicar.
En ese plano debemos discutir el punto. Tal vez no haya espacio para hacerlo. Esa es una materia de principios y de fundamentaciones filosóficas acerca de lo que entendemos por universidad, lo que no está en el debate. Probablemente no lo esté nunca, porque tenemos que abocarnos a asuntos mucho más concretos.
Establecido eso, vuelvo a lo anterior.
En el marco de esta deficiencia general de la educación superior, y específicamente de las universidades, creo que el proyecto viene a paliar parte de los problemas que deben resolverse en ese nivel.
Por lo tanto, reitero que lo vamos a apoyar.
Sin embargo, aunque otros señores Senadores ya lo han planteado -puede que sea majadero en esto-, quiero también expresar nuestros puntos de vista en relación con dos asuntos referentes a las universidades.
Uno, lo que ha pasado con la Universidad del Mar asombra. En verdad, no debería ser así. Cualquiera que hubiera tenido un pronóstico claro de lo que ocurre con las instituciones en un momento determinado de su desarrollo sabría, como todos, que en algún momento esta situación iba a hacer crisis. Desde el instante mismo en que la universidad no se constituyó para buscar la verdad, para aportar los conocimientos que la sociedad necesita y para formar el fondo cultural de base del país, transformándose en una entidad que se crea a la luz de ciertas instituciones financieras, o derecha y claramente con afán de lucro, era esperable lo que pasó. Pensar que de la comprensión de la universidad seudomoderna que tenemos en Chile podíamos aguardar un desarrollo elevado, ética y épicamente, era un error.
Se dio el caso de la Universidad del Mar. Al respecto, adhiero a los planteamientos de otros señores Senadores, porque evidentemente, entre otras cosas, se comprueba lo que estoy señalando en el sentido de que el dinero es, según parece, lo único que rige en nuestro país, donde, en definitiva, se utilizan mecanismos de carácter financiero para enfrentar el tema.
Pero hay que resolver el problema de los muchachos que aún no han encontrado una respuesta. Debo reconocer que el señor Ministro se ha mostrado atento a la petición que le hice de que volvamos a conversar para una cosa muy precisa: el mundo de los estudiantes de carreras relativas a la salud.
Además, hay otro punto que quiero plantear de inmediato, solo como encabezamiento. Se refiere al anuncio que todos conocemos de una propuesta del Ministerio de Educación a los rectores, en cuanto a que la PSU ya no la llevaría solamente el Consejo de Rectores, sino que se buscaría también la participación de privados.
He conversado con los rectores y les he hecho ver que no estoy de acuerdo con esa idea. Y aprovecho de decirlo ahora, porque creo que ese va a ser un tema de debate.
Me preocupa que se recurra al efecto privado para resolver los problemas de la institucionalidad de las universidades estatales. Y también -lo digo en forma muy responsable- me asalta una altísima inquietud cuando veo que un Gobierno -cualquiera que sea, aunque fuese el mío, como ya lo dije en una oportunidad-, de alguna manera, logra introducir una acción del Estado dentro de las atribuciones de las universidades. Eso sería el comienzo del fin para la libertad institucional y la independencia universitaria, porque después se termina ejerciendo una verdadera presión sobre lo que se llama "autonomía académica".
Voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.


El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en el curso del debate, en las intervenciones de distintos señores Senadores y del Ministro, hemos visto que a este Gobierno le ha tocado enfrentar y avanzar en distintos frentes respecto de la educación superior.
Un Honorable colega que hizo uso de la palabra anteriormente expresó que en el programa de Gobierno del Presidente Piñera no se hallaba, por ejemplo, lo relativo a la creación de una Superintendencia de Educación. Pero tampoco lo expresaron los otros, Además, no decían nada -si uno lo recuerda- acerca de la educación superior. No había ni una sola palabra que aludiera a la fiscalización ni a lo que venían haciendo en su momento las universidades. Y, a mi juicio, ello no fue porque no supieran lo que ocurría en los diversos establecimientos de educación superior del país, pues, en ese momento, no era de interés para la Concertación ni formaban parte del debate político las situaciones que enfrentaban o que iban a enfrentar estas casas de estudios. Por lo tanto, es bueno aclarar y transparentar, con relación a este punto, que no se previeron en forma oportuna las dificultades que tendrían que resolverse.
Por eso, cuando uno escucha en la Sala críticas al proyecto en el sentido de que no ofrece una fórmula para hacer frente a los problemas que hoy día vive la Universidad del Mar, es importante aclarar que jamás se planteó dicha fórmula y que nadie la previó ni la expresó. Porque hablar aquí de administrador delegado o de administrador provisional, puede ser una buena fórmula, pero no se avanza más allá en la propuesta, en cuanto a qué significa tener un administrador provisional o un administrador delegado. Considero importante debatirlo para hacerle frente adecuadamente y dar una respuesta ajustada a los intereses de los estudiantes.
La Universidad del Mar, sin duda, hoy día está viviendo las dificultades generadas en la década de los 90 y al inicio de la del 2000, cuando su situación era exactamente igual. Y, no obstante, veíamos que crecía, que recibía autorizaciones, beneplácitos, y que personas de distintos credos políticos hacían clases en ella. Sin embargo, se estaba incubando una dificultad mayor que ahora conocemos y que debemos resolver.
Por eso digo que el actual Gobierno enfrenta temas extraordinariamente importantes en materia de educación superior. Y, por lo mismo, estamos inmersos en una situación legislativa de conducta y de acción distinta, diferente, muy superior a la que encontramos cuando el Presidente Piñera asumió.
En materia de financiamiento ha habido un avance notable en términos de calidad, de espacio, si comparamos lo existente el 2010 con lo que tenemos en la actualidad. Era cosa de ver cómo en su momento los estudiantes se endeudaban, con tasas de interés que se comprometían a pagar con el Crédito con Aval del Estado, o con el crédito CORFO. Hoy día la situación es absolutamente distinta y, por tanto, tenemos un Ministerio de Educación que se preocupa de manera real y efectiva en los asuntos del financiamiento.
De otra parte, frente al crecimiento explosivo al que alguien hizo mención en la Sala (de 100 mil estudiantes en educación superior en 1981 pasamos a más de un millón en 2011) no hay duda de que el sistema requiere mejorar sustancialmente los procesos de acreditación vigentes en la década del 2000, que colapsaron absolutamente por la realidad y no respondieron en forma adecuada a las necesidades del sistema universitario, lo cual también, en estos momentos, a través de la acción de esa Secretaría de Estado, y del liderazgo del Presidente Piñera, nos hace ver que estamos entrando en un esquema absolutamente distinto, que tiende a dar muchas mayores seguridades no solamente a los estudiantes, sino a la sociedad.
¡Para qué hablar del tema de la transparencia! Pese a que todo el mundo conocía y sabía las dificultades que se estaban incoando y anidando en el sistema privado de educación superior, para el público, a lo mejor para el estudiante, los apoderados y el público, no era algo fácil de entender, de captar, de saber. Pero quienes eran especialistas, quienes ocupaban cargos de relevancia política en los años del 2000 y en la década de los 90, conocían perfectamente cuáles eran esas dificultades y cómo estaban avanzando para generar lo que hoy día ya nadie discute.
En materia de transparencia, en cómo verificar que las instituciones de educación superior entreguen una información clara a la ciudadanía, también tenemos un avance importante. En mi concepto, en cuanto a ese objetivo, la creación de esta Superintendencia avanza de manera sustantiva en lo que significa la transparencia.
Al plantearse dudas acerca del rol de la Superintendencia, me llama la atención que llegue alguien y diga: "Vamos a crear una Superintendencia, pero no hay -entre comillas- un marco regulatorio. ¿Qué es lo que ella va a hacer?".
Si uno estudia o analiza en detalle cada una de las obligaciones, atribuciones y fiscalizaciones futuras de esa Superintendencia de Educación, se va a dar cuenta de que habrá un cambio fundamental en la relación entre el Estado y las instituciones de educación superior del sector privado. El organismo sabrá cuál es la situación financiera de una casa de estudios; conocerá cómo funcionan los mecanismos de publicidad y cómo se aplica la ley. También estará al tanto de su situación respecto de las empresas con que se vincula, de a quién contrata, de cómo se llevan a cabo estas relaciones contractuales.
Hay por lo menos seis propuestas en las que la Superintendencia va a representar un cambio fundamental respecto de lo que hoy día conocemos, sobre todo en lo que dice relación al vínculo que existe entre los estudiantes, los apoderados y los profesores con las instituciones de educación superior.
Por primera vez, a través de una institucionalidad del Estado, esa Superintendencia de Educación va a ser un coadyuvante para los estudiantes y apoderados, con el objeto de ir cumpliendo todo cuanto tenga que ver con el vínculo que debe haber entre ellos y la universidad.
Creemos que se trata de una Superintendencia con atribuciones importantes, significativas, que van a provocar un cambio que hubiéramos querido tener, a lo mejor, en las décadas del 90 y del 2000. Por lo tanto, el Estado se vio claramente desnudo frente a situaciones como las que hoy día se conocen.
Sin duda, en la discusión particular se pueden perfeccionar las normas y que durante ella vamos a recibir aportes importantes. Ya lo expresó incluso el Ministro tanto en el debate de la Sala como en lo que se ha planteado a través de minutas o en la Comisión.
Contamos con un proyecto que tiene un camino por recorrer. Vamos a ver avances y perfeccionamientos que asegurarán al país, a los estudiantes y a los apoderados que las instituciones de educación superior que van a funcionar cumpliendo la ley y mediante diversos mecanismos de carácter presupuestario y financiero. Deberán respetar una serie de elementos para beneficio de la relación que establezcan con sus propios estudiantes y apoderados.
Por lo tanto, creo que la unanimidad que se da en torno a este proyecto -que en determinado momento pudo ser muy conflictivo- es la mejor demostración de que este es un Gobierno que, frente al desafío de mejorar la educación superior, avanza resuelta y cabalmente.
Me alegro de que hoy día aprobemos esta iniciativa, porque, sin duda, en uno de los grandes desafíos que tenemos en materia educativa, como es la educación superior, estamos dando los pasos que verdaderamente se requieren.
Así que, al votar a favor y dar la unanimidad, brindamos respuesta a muchas de las inquietudes y aspiraciones de una ciudadanía que quiere una institucionalidad que resguarde adecuadamente sus derechos cuando ingrese a una institución de educación superior.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Su intervención ha sido de una precisión cronométrica, señor Senador...!
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Casi...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Le sobraron tres segundos...!
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.


El señor ROSSI.- Señor Presidente, trataré de ser aún más breve.
Al principio de este debate escuché al Senador Hernán Larraín, quien afirma que el sector privado y la proliferación de universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica, había permitido -entre comillas- democratizar el acceso a la educación superior. Y, en efecto, hoy día la cantidad de alumnos se multiplicó por diez.
También es cierto que antes había ocho universidades públicas y que ahora tenemos más de 150 instituciones de educación superior.
Ahora, uno debe preguntarse si ese era el camino. Porque quién podría negarse a que haya esta gran cantidad de establecimientos de educación superior y que jóvenes cuyos padres no pudieron ingresar a uno de ellos hoy tengan esa posibilidad.
Siento que nadie podría estar en contra de aquello, señor Presidente.
Sin embargo, hay dos formas de mirar esta materia.
Una es que se hicieron cosas muy buenas en la década de los ochenta, lo que posibilitó que muchos jóvenes de escasos recursos llegaran a la educación superior. Y por eso tenemos tantas instituciones de ese nivel, con todos los problemas que han ocurrido.
Pero la otra mirada que puede darse, y que al menos yo sostengo y respaldo, es que el Estado renunció -hace bastante tiempo, y no hizo nada por revertirlo- a su responsabilidad histórica en cuanto a garantizar educación para todos los chilenos.
Y ello tiene que ver con una cuestión muy simple.
Partamos del hecho de que si hay una mayor oferta privada, que responde al aumento de la demanda, ¿por qué no se incrementó la oferta pública?
Señor Presidente, yo ingresé a estudiar medicina en 1988. En esa época, si no me equivoco, había seis o siete facultades. ¿Por qué hoy existen tantas universidades privadas que imparten esta carrera, con todos los problemas que eso implica? Lamentablemente, hoy vemos que un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad del Mar lo ha pasado tremendamente mal en sus campos clínicos, con total incertidumbre, en la precariedad más absoluta, y que se halla totalmente indefenso.
¿Por qué los jóvenes se inscriben en universidades como esa? Básicamente, porque no hay oferta pública.
La Universidad de Chile durante mucho tiempo no incrementó sus vacantes para estudiar esa profesión. Lo mismo la de Concepción, la de Temuco, la de Valdivia.
Y así sucesivamente.
¿Por qué hoy día hay tantos institutos profesionales, centros de formación técnica? Porque el Estado no se hizo cargo de la formación técnica en Chile.
Ahora, el que no tengamos una oferta pública coherente con la demanda apunta a un tema profundamente ideológico.
Hay gente a la que le carga hablar de cuestiones ideológicas. Pero el mismo Presidente Piñera fijó una doctrina. Dijo: "A mí no me interesa si hay educación pública o privada, sino que ella sea de calidad".
Evidentemente, si tenemos educación superior pública, debemos garantizar que sea de calidad. Y lo mismo rige para la privada.
Lo que menciono también es coherente con lo que manifestó el Senador Quintana en su intervención. No deja de llamar la atención. Y es bueno de repente, cuando uno ve las noticias, darle una vuelta más, reflexionarlo, y sacar una lectura de ello.
¿Cómo se entiende, señor Presidente, que la institucionalidad que se hará cargo del drama de los jóvenes de la Universidad del Mar, de un problema originado en nuestra incapacidad, como sociedad, de regular lo que pasa en la educación superior -cero fiscalización del cumplimiento de las leyes; cero rendición de cuentas; cero información; cero transparencia-, funcione a través de un síndico de quiebras (síndica, en este caso)?
Resulta realmente sorprendente que el Estado haya llegado a tal nivel de desentendimiento de sus responsabilidades respecto de la educación superior, como también, por cierto, de la básica y de la media. Para ello basta observar cómo ha bajado la matrícula en la educación pública secundaria. Todavía estamos esperando que el Gobierno impulse un proyecto que cambie la gestión financiera institucional en ese ámbito. Y no ha pasado absolutamente nada.
Ahora nos encontramos con este proyecto, señor Presidente. Y ya ni siquiera quiero preguntarle al Ministro, porque tengo claro lo que piensa el Gobierno.
Acá hay un documento, del cual mencionaré algunos elementos.
Miembros de la Comisión de Educación pertenecientes a la Concertación, como el Senador Quintana, señalan una serie de críticas, que comparto, en relación con esta iniciativa.
Entonces, no deja de llamarme la atención esto de su aprobación, que no sé si será unánime, como indicó el Senador Pérez Varela.
Pero fíjense, Honorables colegas, que hablamos de una Superintendencia que, en el papel, se hará cargo de la rendición de cuentas; de los principios que se hallan establecidos en la Ley General de Educación; del respeto a la diversidad; de la participación; de la transparencia; de la regulación de la información, para que no haya publicidad engañosa; en fin, de una serie de aspectos.
¡Quién podría estar en contra de aquello!
Sin embargo, no hay un marco regulatorio adecuado.
Por otro lado, existe un artículo que en uno de sus incisos dispone que el Superintendente, en el marco de sus atribuciones, dictará las normas de fiscalización.
¡Pero qué es eso!
¡Cómo vamos a aprobar la creación de una Superintendencia, en circunstancias de que se establece con claridad que el Superintendente, de acuerdo a sus atribuciones, dictará las normas de fiscalización, las cuales debiesen quedar expresamente consignadas en la iniciativa que ahora debemos votar!
No hay marco regulatorio; no hay fortaleza en la función fiscalizadora que se le pretende atribuir y otorgar a esta institucionalidad.
No vaya a ser cosa que después nos lamentemos de aprobar este proyecto, tal como ocurrió con la Comisión Nacional de Acreditación, de lo cual a veces me arrepiento. Hemos visto el bochorno y las consecuencias de su incapacidad para cumplir con su rol principal de acreditar. ¿Qué acredita? ¿Algunos procesos? ¿El resultado? ¿La calidad? ¿Quién se hace cargo de la calidad, aparte de los sobornos, de la corrupción y de todo lo que hemos visto en los medios de comunicación?
Tampoco se habla mucho de la calidad de la educación superior en este proyecto. Y no sé cuál será la iniciativa que hablará de ello.
Se dice claramente que "la Ley General de Educación establece que las universidades deben organizarse como personas jurídicas sin fines de lucro, lo que implica que no pueden repartir excedentes a sus socios".
¿Dónde están sus socios? En las empresas relacionadas.
¿Y qué señala el Gobierno? Que "no está de acuerdo con prohibir todas las transacciones con empresas relacionadas".
Estoy leyendo la minuta, señor Presidente.
¡Cómo podemos votar favorablemente una cosa así!
O sea, este proyecto no pone fin al lucro.
Entonces, no le digamos a la ciudadanía una cosa que no es. Porque, insisto, el Gobierno no está de acuerdo con prohibir todas las transacciones con empresas relacionadas. Lo señala en su minuta.
En seguida agrega: "Tampoco el Gobierno piensa que se deban monitorear cada una de las transacciones que realice una universidad".
Y podemos agregar la guinda de la torta, pues esto ya tiene que ver con la máxima frescura. Porque los institutos profesionales y centros de formación técnica, ¿tienen alguna diferencia con las universidades?
Dice: "El Gobierno no está disponible para extender dicha prohibición" -la de lucrar- "hacia institutos profesionales y centros de formación técnica".
En resumen, señor Presidente, se habla de un proyecto que tiene que regular, pero no hay marco regulatorio; se habla de un proyecto que debe fiscalizar, pero no establece atribuciones, las cuales ejercerá de manera prácticamente arbitraria el Superintendente; se habla de un proyecto que, al final del día, tampoco pondrá fin al lucro, pues vemos que el Gobierno no tiene ningún interés por frenar el subterfugio que se emplea para cumplir la ley, cuestión a la que nos hemos acostumbrado.
Lo mismo pasa con las isapres, donde se dice: "No, es que el prestador no es lo mismo que el seguro". Pero resulta que el seguro y el prestador son parte del mismo holding; comparten dueños, pero no tienen idéntica razón social.
Quiero plantear todos estos reparos, señor Presidente, porque - insisto- después podemos arrepentirnos de sacar normativas con gusto a nada. Así que me voy a abstener de votar favorablemente este proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la idea de una Superintendencia es buena, es decir, que exista un órgano del Estado que garantice el buen funcionamiento de un sector, tal como ocurre con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la de Seguridad Social, la de Bancos e Instituciones Financieras, la de Valores y Seguros, etcétera. Como lógica, suena bien. Y tiene mayor valor si lo que va a supervisar se encuentra claramente regulado, o sea, definido el bien público superior que va a cautelar.
La experiencia de la Superintendencia de Educación Escolar probablemente revela la institucionalidad más cercana que existe para realizar este debate. Y es bueno que haya una para el nivel escolar y otra para la educación superior.
Sin embargo, a pesar de los pocos meses que lleva funcionando dicha entidad, permítanme por lo menos señalar que ya ha mostrado flaquezas al tomar decisiones que no se condicen con el bien público superior cautelado y que a veces, al parecer, se originan en medidas administrativas del Ministerio que causan graves problemas. Por ejemplo, cuando se promueve el cierre de colegios, se termina dejando a niños pertenecientes a familias de esfuerzo sin matrícula, sin posibilidad de estudiar.
Pensemos que eso mejorará con el tiempo y que no se caerá en otros despropósitos, como el ocurrido en la localidad de Rosario, comuna de Rengo, donde se cerró un establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin matrícula al no haber otra alternativa de estudio en la zona.
Se toman decisiones precipitadas. Y uno esperaría que la Superintendencia cautelara los intereses de esos jóvenes y sus familias, cosa que no ha ocurrido.
Hoy nos invitan a aprobar en general un proyecto de ley que, en opinión de algunos de nosotros, está bien inspirado, pero que todo indica que no hará más que blanquear la situación actualmente vigente. ¡Blanquearla! Porque no garantiza que no habrá lucro, y no lo hace porque el Ejecutivo no tiene la convicción de que no debe existir lucro en la educación superior.
Sin embargo, yo iría más allá, señor Presidente, pues la experiencia de estos meses y el silencio sistemático del señor Ministro, que hoy nos acompaña en la Sala, frente a la crisis dramática que vive la Universidad del Mar, respecto de la que solo ha pronunciado unas cuantas palabras de buena crianza (que se van a hacer cargo y se preocuparán de la situación), nos genera una segunda duda.
Ya no es solo la falta de convicción en la coalición de Gobierno en cuanto a desterrar el lucro de la educación superior sino también el comportamiento mostrado durante este último tiempo lo que nos provoca la mayor incertidumbre.
Yo represento a la única Región de Chile continental que no tiene una universidad fiscal. Los hijos de los trabajadores y de la clase media emergente no pueden estudiar en una institución de educación superior pública. Lo único que existe es oferta privada, y de dudosa calidad, en algunas ocasiones como la de la Universidad del Mar.
Por eso suena bien la creación de una Superintendencia de Educación Superior. Pero luego veo lo que pasa en Regiones y me pregunto, por ejemplo, qué ocurre con la Universidad San Sebastián, que desarrolla un ejercicio inmobiliario envidiable, comprando propiedades, colegios, construyendo, en fin. ¡Es espectacular! No cabe duda de que ahí hay un negocio muy lucrativo. ¿Quién invierte hoy miles de millones de pesos en algún establecimiento de educación superior si no es para recuperar el valor de la inversión, con su correspondiente delta?
Señor Presidente, esa es una dimensión que me preocupa sobremanera en esta iniciativa. Y lo hago presente porque no tengo la convicción de que la institucionalidad propuesta, aunque se halle bien inspirada, garantice que no habrá lucro en la educación superior, ni tampoco que se cautelará la calidad de la educación que se imparta.
Yo todavía estoy esperando la respuesta del señor Ministro de Educación a una solicitud que formulamos, no a él como persona, sino a la Cartera que dirige, para que se nos entregara un balance y una opinión acerca de las instituciones de educación superior. Se trata de una petición formal que presentamos con el Senador Girardi, tanto a ese Ministerio como al de Justicia.
Cuando un Senador de la República actúa de buena fe, espera alguna contestación sobre la información que pide. Pero la verdad es que las respuestas oficiales no llegan en esta materia, señor Presidente.
Entiendo que el sentido de una institucionalidad como la de la Superintendencia de Educación Superior, cuyo ámbito de acción, objetivos, funciones y atribuciones se establecen en este proyecto, que se nos invita a aprobar en general, parece adecuado, en lo formal. Pero pregunto -porque todavía no se lo he escuchado al señor Ministro- si se desea evitar la distracción de recursos públicos por parte de los institutos profesionales y las universidades hacia fines ajenos a la educación.
Mi percepción es que en este debate, que es muy sustantivo, se debe fijar la orientación de la institucionalidad que se crea Y aquí tenemos una diferencia de opinión, legítima. No pongo en duda que es absolutamente legítimo pensar distinto. Yo poseo una visión contraria a la existencia del lucro en la educación superior, en todos sus estamentos, y por cierto en las universidades que reciben financiamiento público. No creo que ese ámbito deba estar sometido al mercado igual que otros bienes, así como tampoco que en la formación de capital humano en la educación superior se considere tal parámetro.
Sin embargo, comprendo que resulta legítimo que exista una diferencia ideológica sobre el particular.
No obstante, no me parece que esta Superintendencia, tal como se halla planteada en el proyecto, vaya a modificar la situación de fondo, ni que con su creación se demuestre una real voluntad de acoger las demandas de ese tremendo movimiento estudiantil que surgió en las calles de Chile por una profunda reforma al sistema educacional.
Tengo la impresión de que se trata de una entidad que defiende el statu quo, que transparenta algo de información, pero que no apunta a la supervisión de un modelo de educación distinto del que hemos conocido en este tiempo.
Yo valoro mucho el esfuerzo realizado por privados para ampliar la cobertura en la educación superior. Han hecho un gran aporte. Me habría gustado que el Estado y sus instituciones hubiesen podido crecer en idéntica forma, pero se restringió la posibilidad de que organismos fiscales cubrieran parte de esa demanda. Hubiese deseado que las universidades públicas tuvieran las mismas condiciones para crecer que los institutos profesionales y las casas de estudios superiores de carácter privado. Sin embargo, no dispusieron de ellas. Se las restringió.
Por ese motivo, señor Presidente, no votaré favorablemente en general este proyecto, que crea la Superintendencia de Educación Superior, porque creo que con él, tal como se plantea, se estará blanqueando la actual situación. Quizás por los mismos motivos por los que voté en contra del financiamiento compartido años atrás: consciente en esa oportunidad de que iba a ser minoría pero el tiempo me dio la razón, considero que en esta ocasión sucederá lo mismo, ya que este tipo de modelo de Superintendencia,...
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Se le concederá un minuto adicional.
El señor LETELIER.-... tal como se halla concebido, no resolverá los asuntos de fondo.
Hace tiempo, cuando -si no me equivoco- solo cinco integrantes de la Cámara de Diputados votamos en contra del financiamiento compartido, nos dijeron "que no comprendíamos", "que las familias querían aportar a la educación", "que no dimensionábamos el sentido trascendente del esfuerzo que se estaba haciendo". Estimo que haberme pronunciado en ese entonces en contra fue lo acertado para criticar una educación que segmentaba, que no integraba. Y la Superintendencia que se nos propone no me da la garantía de que va a asegurar que no siga habiendo lucro en la educación superior, y en particular en las universidades, que es donde está prohibido en la actualidad.
Voy a votar que no.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha pedido la palabra el señor Ministro.
Solo debo puntualizarle que cuando se desarrolla la votación, el Reglamento permite que los señores Ministros de Estado puedan rectificar las alusiones de hecho de que hayan sido objeto.
Puede hacer uso de la palabra.
El señor BEYER (Ministro de Educación).- Muchas gracias, señor Presidente.
Únicamente formularé algunas precisiones respecto a la discusión.
En efecto, el modelo de educación superior chileno se podría haber desarrollado de distintas maneras, pero, en la práctica, la forma particular en que lo hizo fue decidida por los Gobiernos anteriores, no por el actual.
Y cuando uno analiza las asignaciones presupuestarias, se percata de que el presupuesto para educación superior y para las universidades creció poco. De hecho, durante esta Administración las universidades estatales han recibido inversiones como nunca antes había sucedido desde que recuperamos la democracia.
Eso es bueno precisarlo. Porque creo que hoy día, dado el desarrollo del sistema de educación superior -y que ya, en gran medida, no se puede volver atrás-, la pregunta de fondo es cómo se regula aquella. La regulación estuvo ausente y no hubo proyectos que realmente trataran de abordar ese desafío, que muchas veces se mencionó: la necesidad de una nueva regulación del sistema de educación superior, y que lo que se había producido durante el régimen militar no era una modalidad apropiada. Pero no se presentaron iniciativas en esa dirección.
El que nos ocupa es el primer proyecto que se presenta y que busca realmente regular la situación descrita. Y lo hace de una forma que, en efecto, le pone coto al lucro en las universidades, porque establece con claridad una separación entre las instituciones. La regulación vigente permitió que el sistema de educación superior se desarrollara de dicha manera.
Eso hay que tenerlo claro.
Por lo tanto, lo que hacemos ahora es reparar esa falencia de regulación y poner coto a esa situación de lucro.
Y la iniciativa realiza aquello de acuerdo a lo que establecen las regulaciones modernas en todas partes del mundo: colocando directores independientes; asegurando que las transacciones con partes relacionadas, de existir, tengan un control efectivo de la Superintendencia, a través de la forma en que se pide que se organicen institucionalmente los distintos organismos involucrados.
Entonces, aquí no se trata de que no exista convicción. Todo lo contrario. Hay una convicción profunda, que obedece y que se basa en el desarrollo que ha experimentado el sistema de educación superior, que no lo definimos nosotros sino que los Gobiernos anteriores. Y atendido ese problema, proponemos una solución que la considero clara, transparente, definitiva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es bueno que el Ministro haya roto el silencio, porque uno ya dudaba acerca de si tenía un voto de silencio o simplemente no quería intervenir.
Recuerdo que en la Universidad de Concepción encabecé el año 1988, desde la presidencia de la federación de estudiantes -como lo recordará la Senadora Rincón-, una lucha muy especial contra la Ley General de Universidades, que fue instaurada en dictadura y que fijó el marco regulatorio en 1980, particularmente en 1981, y después en 1989, sin Parlamento, sin posibilidad de discutir.
Pero la memoria es frágil.
Y aquí tengo la convicción de que el actual Gobierno no va a cambiar la esencia del sistema de educación superior, aun cuando este se halle en crisis, porque son los autores y los padres de la criatura. Y ahí están los Ministros Larroulet y Lavín, quienes, además, crearon universidades y ganaron mucho dinero con ellas.
Lo he repetido y lo digo nuevamente. ¡Por favor!, que se entienda que cuando se comete un delito -las universidades privadas eran sin fines de lucro y se ha lucrado con ellas; eso constituye un ilícito, una falta a la ley-, quienes lo ejecutan son delincuentes.
En verdad nadie parece, entonces, querer ir al fondo del asunto para poder decir "¿aquí no hay una responsabilidad?", "aquí hay un padre de un diseño ideológico".
Y el Ministro de Educación, con cierta soberbia -lo señalo con todo respeto-, ha manifestado frente a los cientos de miles estudiantes que se movilizaron: "Mientras yo sea Ministro, no va a haber educación gratuita en Chile". Frase para el bronce. Él será recordado en la historia de la educación chilena.
Por lo tanto, no es un problema pedagógico ni del modelo, sino ideológico. Aquí, el Ministro de Educación pone una nota ideológica en el diseño de una salida a la presente crisis, a la que califica no como una solución total sino parcial.
Por eso, no es de extrañar que los estudiantes de la Universidad del Mar le suplicaran la intervención del Ministerio y que al final hayan obtenido un síndico de quiebras. Es el reconocimiento más explícito de que se trata de un negocio. ¡Lo que se interviene son las empresas! Un síndico de quiebras en un plantel de educación superior es el reflejo brutal de que nos encontramos frente a una empresa y no ante una universidad sin fines de lucro.
Señor Presidente, los 18 mil estudiantes del mencionado plantel son el chivo expiatorio perfecto para manifestar: "Miren lo que ocurre con la Universidad del Mar". ¿Pero dónde quedan las otras universidades? ¿Qué medidas está tomando el Ministro respecto de las otras instituciones privadas que sí lucran y que no se encuentran acreditadas, después del escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación?
Y no me canso de señalar -y a lo mejor el Ministro Chadwick lo sabe muy bien- que cuando discutimos el proyecto de acreditación la Derecha argumentaba: "que sea voluntaria", "que no abarque a las carreras", "que el Fisco no se meta", "que la iniciativa privada", "que el mercado". Bueno, aquí claramente la iniciativa privada y el mercado fracasaron.
Señor Presidente, ¿qué dice el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)?; ¿qué opina Arturo Fontaine, del CEP?: "este proyecto genera un híbrido". Lo sostiene el propio director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, cuyo vicepresidente era el actual Ministro Beyer. Aquí no hablamos de la Izquierda. Nos estamos refiriendo a Arturo Fontaine, director ejecutivo del CEP, quien manifestó en la Comisión de Educación que nos aboquemos al tema central y que dejemos universidades estatales sin fines de lucro, universidades privadas sin fines de lucro y universidades privadas con fines de lucro, y que a estas últimas les digamos: "Ustedes no tienen acceso a ninguna garantía de exención tributaria y tampoco a recursos fiscales, porque persiguen lucro".
Es hora de distinguir entre tipos de universidades, explica Arturo Fontaine.
El Contralor General de la República, por su parte, ha hecho observaciones importantes respecto de la iniciativa en debate. Dice que ha de tenerse en cuenta la conciabilidad de este proyecto de ley, que hay varios entes de diferente naturaleza jurídica, que le parece que hay superposición de funciones y que la naturaleza fiscalizadora de la Superintendencia va a producir confusiones en esos mismos entes, porque las universidades estatales se hallan fiscalizadas por una normativa específica.
Entonces, llama la atención que se quiera mejorar el sistema con una Superintendencia.
Por otra parte, se faculta al Presidente de la República para que mediante decreto supremo establezca el sistema de remuneraciones que va a regir a esta Superintendencia.
Además, el Superintendente será quien determine las facultades fiscalizadoras y las funciones de los fiscalizadores.
La ley en proyecto determina que, a través del sistema de Alta Dirección Pública, se va a elegir como Superintendente al funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República. Lo he dicho con anterioridad. No significa que sea el mejor, sino el mejor de los míos. Porque se llama a un concurso de esta naturaleza, que puede valer hasta 60 millones de pesos -no importando que el elegido renuncie al día siguiente, porque descubrió que en el servicio público se gana poco-, para seleccionar a un buen Superintendente. Y después el Presidente lo elige a dedo.
Si estamos hablando de un Superintendente, démosle 10 años, nombrémoslo mediante un mecanismo que le garantice autonomía. Porque un Superintendente de Educación Superior cuyo nombramiento se halla en manos de un Primer Mandatario que quiere lucro en las universidades no fiscalizará el lucro, porque va a atender las órdenes del jefe.
Al final, todo queda en manos del Superintendente: una autoridad política de turno, removible, de exclusiva confianza del Presidente de la República.
El proyecto de ley en análisis no se hace cargo de la crisis estructural.
Y si pudiera formularle una pregunta al Ministro, le consultaría: ¿Hay crisis en la educación superior? Y, por otro lado, ¿lo que ha pasado significa que estamos en un momento delicado, que requiere la colaboración de todos?
A mí me asiste la convicción de que estamos ante la crisis total del sistema de educación superior y de que, por lo tanto, este proyecto no salda ni siquiera en parte la resolución de ella.
Como aquí se ha dicho, la presente iniciativa no soluciona la crisis, que no se refiere solo al lucro. Desde ya no resuelve este último tema. Lo ha declarado expresamente el señor Ministro. Y él sostiene que hay que aclarar, transparentar, evitar que se destinen excedentes de las instituciones hacia otros lugares. Si se llaman excedentes, es lucro.
El proyecto en análisis no viene a solucionar todos los problemas de la educación superior, pues tiene objetivos muy precisos. Eso lo plantea el señor Ministro.
La Superintendencia es un instrumento dentro de una arquitectura que ha de ser mucho más densa. ¿Dónde están los otros elementos de la arquitectura? No vaya a suceder que el edificio se venga abajo antes de tenerla diseñada.
La profesora María Olivia Monckeberg realizó una exposición importante -recogida en el informe de la Comisión-, y también Libertad y Desarrollo. Y se produce una contradicción. Mientras este centro de estudios señala que las universidades privadas investigan, María Olivia Monckeberg sostiene que la única universidad privada que lo hace es la Andrés Bello y que el resto no investiga.
Por lo tanto, hay una definición de origen: ¿qué entendemos por universidad? ¿Aquellas que son de tiza y pizarrón? Entonces, siento que le hace bien a todos avanzar hacia definiciones mucho más profundas.
El Senador Ignacio Walker planteó que esta iniciativa es insuficiente, débil. Ha alabado virtudes y también ha mencionado defectos.
El proyecto no resuelve lo relativo al lucro; permite operaciones con personas; no existe una fijación de aranceles; no se le asigna un rol al Servicio de Impuestos Internos; no hay una coordinación explícita con los otros organismos del Estado, la Comisión Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación.
Cuáles son las facultades que entrega esta iniciativa.
Ellas se consideran en el artículo 3º.
La letra a) dispone: "Fiscalizar" -pongan atención, estimados colegas- "cuando existan sospechas fundadas respecto" de la veracidad o exactitud de los datos. O sea, solo se podrá fiscalizar cuando existan sospechas fundadas.
Y, además de eso, se señala: "Si usted va a fiscalizar, publique en la página web el borrador respectivo, para que las entidades le puedan formular observaciones". ¡Plop! O sea, tiene que publicar el borrador de lo que van a ir a revisar. Y las universidades después pueden hacerle observaciones.
También se dispone que los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desarrollo de las actividades docentes.
A la vez, se señala que: "mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos" que tendrán que ser exhibidos.
En el artículo 6º se establece que se podrá fiscalizar en cualquier día hábil en horario de jornada laboral.
Los funcionarios deberán identificarse, dejar copia de las actas.
Y agrega la norma: "Los sujetos fiscalizados podrán denunciar conductas abusivas de los fiscalizadores". O sea, al final, cuando lleguen los fiscalizadores, ellos mismos van a ser fiscalizados.
Entonces, estoy en condiciones de decir que este proyecto, que yo no aprobé -estaba ausente cuando se votó, por lo que la unanimidad fue sin mi voto-, lo voy a rechazar, a no ser que el conjunto de elementos en el debate y las indicaciones nos habiliten para pensar y creer que vamos a dar un salto cualitativo en la crisis de fondo de la educación superior. Esta iniciativa no resuelve el problema. Y lo que se fiscaliza debe avisarse. Más bien parece un proyecto elaborado por las universidades privadas.
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.


El señor ESPINA.- Señor Presidente, a diferencia de lo que han hecho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, quiero felicitar al Presidente Piñera y al Ministro Harald Beyer por haber presentado un proyecto de ley que nunca se formuló en veinte años.
Reviso las versiones oficiales de las sesiones con las intervenciones del Senador Navarro; observo sus mociones, que son muy prolíferas, y no encuentro ninguna en que lo que hoy día él critica...
El señor PROKURICA.- Ni siquiera un proyecto de acuerdo.
El señor ESPINA.- Tampoco en proyectos de acuerdo veo que realmente se haya preocupado de lo que este Gobierno hizo y que no se realizó antes. Porque esta Administración es la primera que resuelve crear la Superintendencia de Educación Superior y llevar adelante una dura y fuerte fiscalización respecto de tres materias que en el pasado recibimos en pésimas condiciones.
En primer lugar, la deuda de los estudiantes. Cuando se inició este Gobierno había exactamente 290 mil estudiantes, muchos de ellos modestos, de Concepción, que pagaban tasas de interés del 6 por ciento. Y en la Comisión de Educación se encuentra un proyecto presentado por esta Administración que busca que nadie pague una tasa de interés superior al 2 por ciento, y, en todo caso, jamás más del 10 por ciento de la contingencia, esto es, lo que la persona gane una vez que comience a trabajar. ¡Ese es el mal Gobierno de Sebastián Piñera!
En segundo término, el problema de la calidad. Pero, ¡por favor!, si hay dos personas presas por presunción de cohecho, porque ello debe establecerse por sentencia ejecutoriada, y, mientras no termine el juicio, no se sabe. Y no son de Derecha quienes están detenidos. No son de nuestro sector político los que se encuentran privados de libertad por llegar a arreglines en un modelo de acreditación de calidad de la educación que todo el mundo sabía que funcionaba pésimo, que era absolutamente irregular. Y nunca vi un proyecto de ley para crear la Agencia de Calidad de la Educación Superior: y ahí está el desastre con la calidad en la educación.
Y, en tercer lugar, la fiscalización: no había. Esta es la verdad: no había fiscalización.
Hay que admitir que este modelo fue perfeccionándose y creció de 100 mil jóvenes que tenían derecho a estudiar hasta un millón. Pero con una falencia gigantesca.
Quiero hacerme cargo de dos argumentos que se han formulado y que no corresponden a la verdad.
El primero dice relación con que el Ministro hubiera dicho que mientras fuera Ministro no habría en Chile educación gratuita. Hacer esa interpretación es de mala fe. Porque lo que él ha manifestado -lo comparto- es que no todos los estudiantes en Chile pueden tener educación gratuita. Estoy de acuerdo con ello porque considero una inmoralidad que el 10 por ciento de los estudiantes más ricos en las universidades, que provienen de colegios particulares, cuyos padres ganan más de 5 o 6 millones de pesos, reciban educación gratuita en circunstancias de que hay un millón y tanto de personas que viven en la extrema pobreza. Es una inmoralidad que un país esté dispuesto a darle educación gratuita a alguien que gana 7, 8 millones de pesos, hijo de un Senador, como el señor Navarro.
Entonces, me parece que lo que hace el Ministro desde el punto de vista ético es absolutamente razonable.
Este Gobierno ha realizado el mayor esfuerzo para incrementar las becas, desde 110 mil a 400 mil; para elevar el número de créditos a todos los estudiantes que no tengan beca, salvo el 10 por ciento que posee más recursos, en las condiciones que hemos señalado.
Y tampoco es cierto que el Presidente de la República sea partidario del lucro en las universidades. Eso es falso. Porque en Chile el lucro en las universidades está prohibido. Y, en mi opinión, quien incurre en ello y recibe platas del Estado comete un delito.
¿Y quién denunció esto para que lo investigaran? Revisé si había presentaciones en los Gobiernos anteriores; fui al Consejo de Defensa del Estado. El Ministro Beyer lo denunció. Él fue a dicho organismo a solicitar que se investigaran dos situaciones: el otorgamiento de certificados de calidad de la educación que acreditaban ciertas carreras en forma irregular y la presencia del lucro, que se inició en una investigación realizada en la Cámara de Diputados. Y hoy hay un juez investigando a los que lucran en las universidades. Quienes hacen eso con platas públicas significa que desviaron los recursos fiscales a un interés privado. Y en mi modesta interpretación -será un juez quien lo determine-, ello puede constituir perfectamente el delito de fraude al Fisco.
Entonces, no es verdad que esta Administración no se haya preocupado del tema. Es el primer Gobierno que mete el dedo en la llaga, que es capaz de decir: "Sabe qué más, vamos a fiscalizar esto".
Y por ello envía este proyecto, cuyas facultades son extraordinariamente amplias. Y por supuesto se podrá perfeccionar. Tienen toda la razón los miembros de la Comisión cuando sostienen: "Yo apoyo la idea de legislar, pero me reservo el derecho de perfeccionar la iniciativa". Eso es parte del rol que juega un Senador.
Por lo tanto, bienvenidas las perfecciones, entre otras, sobre materias bien discutibles, como es el caso de si puede haber o no operaciones con personas ligadas a los dueños de una institución.
Al respecto, hay dos modelos en el mundo.
Uno lo prohíbe. Es decir, la persona que es dueña o participa en el directorio de una universidad, no puede efectuar operaciones con empresas ligadas para prestar servicios externalizados. Ese es un modelo absolutamente legítimo.
Y el otro postula: Sí, señor, hágalo ¿Pero sabe? Voy a fiscalizarlo, y le impondré algunas exigencias. Primero, que quienes resuelvan realizar esas operaciones no sean personas con intereses en las empresas coligadas. Segundo, que se actúe en forma transparente. Y tercero, que los precios que se paguen por los servicios sean de mercado, e incluso más baratos que los que pueda cobrar un tercero".
En castellano: si existe un servicio de aseo en una universidad y quien lo presta cobra menos que el valor de mercado, la pregunta es si esa institución se está favoreciendo o perjudicando. ¡Se está favoreciendo!
Hay, pues, dos modelos, en torno de los cuales será necesario discutir.
Pero no se diga que este proyecto no sirve para nada ni se vote contra la idea de legislar, ya que la referida materia deberá discutirse con motivo del segundo informe. Y el debate es lícito, pues -reitero- en Chile existen dos modelos que se aplican en distintos ámbitos.
Por otro lado, señor Presidente, las facultades que mediante el artículo 3º de esta iniciativa se le entregan a la Superintendencia de Educación Superior son buenísimas y duras:
"a) Fiscalizar el cumplimiento por parte de las instituciones de educación superior de las obligaciones de información".
¿Se realiza dicha tarea hoy? No. ¿Dónde se plantea? En el proyecto de Piñera.
Y continúa la norma: "... y realizar u ordenar auditorías respecto de la información que proporcionen dichas instituciones, cuando existan sospechas fundadas respecto de su veracidad y exactitud".
¿Se hacen auditorías en la actualidad? No. ¿Quién sugiere realizarlas? El Gobierno, mediante esta iniciativa.
"b) Fiscalizar el cumplimiento por parte de las instituciones de educación superior de la prohibición de efectuar publicidad engañosa".
¿Existe norma sobre el particular? No. ¿Dónde se propone una? En este proyecto. ¿De quién es? Del Presidente Piñera.
"c) Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten cabalmente los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales hubiere ofrecido o convenido con el estudiante la prestación de los servicios correspondientes.".
A ese respecto se produce una cantidad enorme de irregularidades. Y lo señalado se contiene en este proyecto.
¡Cómo me dicen, entonces, que la Superintendencia de Educación Superior carecerá de facultades fiscalizadoras! ¿Y qué son las que acabo de leer? ¡Son facultades para fiscalizar amplísimas y sin limitaciones!
"d) Fiscalizar que la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones no estén condicionadas a exigencias pecuniarias".
¡Pero si eso ocurre hasta el día de hoy! Les pasó a los hijos de algunos de nosotros: para entregarles el título les cobraron.
¿Quién termina con eso? ¿Dónde estuvieron o dónde están las mociones del Senador Navarro, a quien respeto y aprecio mucho, para proscribir dicha práctica?
¿Quién propone la fiscalización pertinente? El Ejecutivo, mediante una iniciativa que, cuando se apruebe, no será "Proyecto del Gobierno", sino "Proyecto del Parlamento", pues aquí todos habremos de enriquecerlo.
A este último respecto, debo manifestar que soy partidario de que, cuando las iniciativas se perfeccionan en el Parlamento, el Gobierno actúe con talento para reconocerlo y con generosidad para celebrar su aprobación considerando a la Oposición, pues ambos contribuyen a su aprobación.
Yo viví esa situación en el pasado, cuando mi partido era de Oposición, a propósito de iniciativas sobre seguridad ciudadana: el Gobierno de turno adoptó esa actitud, que yo valoro. Y espero que con relación a este proyecto haya igual valoración.
Sigo con las atribuciones que se confieren a la Superintendencia de Educación Superior.
"e) Fiscalizar el cumplimiento de la regulación aplicable a las operaciones con personas relacionadas".
¡Pero si aquí está clarita la norma! La Superintendencia tiene que fiscalizar a ese respecto.
Señor Presidente, estoy haciendo un resumen de la disposición, porque mi tiempo se acaba.
"k) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, y examinar por los medios que estime del caso todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas o instituciones fiscalizadas, sin impedir" (es obvio) "el normal desarrollo de las actividades de la institución de educación superior de que se trate". Porque ninguna de estas fiscalizaciones (tampoco las de Impuestos Internos) puede significar la paralización de una institución.
En definitiva, considero que esta iniciativa contiene normas sobre fiscalización extraordinariamente duras y rigurosas.
Señor Presidente, este es un muy buen proyecto de ley. Y, a través de él, por primera vez será posible fiscalizar que las instituciones de educación superior de Chile cumplan la normativa vigente; entreguen información; actúen con transparencia, y permitan mejorar la gestión, acción que por años estuvo absolutamente desamparada de las regulaciones necesarias.
Por lo expuesto, apruebo la idea de legislar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le agradecemos a Su Señoría por haber circunscrito su fundamentación a los 10 minutos reglamentarios.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.


La señora ALVEAR.- Señor Presidente, solo quiero anunciar que, como lo he hecho en todas las ocasiones en que se han debatido iniciativas de ley sobre educación superior, de acuerdo a las disposiciones del Reglamento, me inhabilito en la votación de este proyecto.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, esta iniciativa no tiene un nacimiento espontáneo y -es verdad- no surge de una discusión habida en una elección presidencial previa respecto a lo que se iba o no se iba a hacer.
Ella nace cuando todos -el país, la sociedad, en fin- detectamos falencias muy importantes en el ámbito educacional, que se pueden traducir en la siguiente ecuación: problemas de financiamiento, problemas de acceso y problemas de calidad.
Así se planteó, y eso generó un escenario donde la comunidad -y creo que nosotros mismos- entendía que el cambio era inminente.
Digo lo anterior porque las cosas tienen historia. Y cuando uno olvida el pasado puede repetir muchas veces los mismos errores.
Parte de esa historia -algunos lo han dicho en forma adecuada- surge de la circunstancia de que, a raíz de una buena política pública (y quiero destacarlo, porque veo que no todos comparten esa apreciación), consistente en ampliar el mundo de la educación superior a sectores que con la institucionalidad antigua no tenían ninguna posibilidad de acceder a ella, los Presidentes de la época -los de la Concertación- plantearon como uno de sus éxitos el hecho de que 6 de cada 7 jóvenes eran la primera generación de su familia que llegaba a la universidad.
Obviamente, esa fue una política pública adecuada en los años 80. Yo la valoro. La considero importante. Y forma parte de la historia. Ella permitió cambiar en forma positiva la cara del país y provocar en el mundo de las oportunidades, como pocas veces se había hecho, un cambio muy profundo.
Lo que ocurre, señor Presidente, es que no todo funciona con piloto automático.
Algunos creyeron que la misma legislación podía mantenerse permanentemente en el tiempo, sin una modernización continua. Y la decisión que tomó al respecto la Concertación generó errores que se fueron agudizando y que al final generaron una suerte de drama social.
¿Por qué digo eso? Porque me parece superimportante entender y valorar -y lo digo serenamente, pero con energía- el esfuerzo extraordinario que en esta materia ha hecho el Gobierno.
Pocos desafíos han sido más relevantes que el de innovar, pero en un círculo virtuoso. Porque una fórmula que se planteaba era simplemente ponerle una bomba al sistema, estatizar lo que viniera y a partir de ahí volver más bien a políticas antiguas.
Este proyecto busca -es lo que más valoro de él- armonizar en el caso de la calidad. Porque recordemos, por una parte, que en materia de acceso ha habido políticas muy relevantes, enfocadas básicamente a los sectores preescolares, que fueron los grandes castigados en los últimos años en cuanto a cobertura de educación; y por otra, que respecto al financiamiento hubo en los esquemas crediticios un cambio que se traduce en que los préstamos sean mucho más justos que los otorgados durante bastante tiempo.
Yo me acuerdo -no es primera vez que lo digo- de una discusión que tuvimos acá hace 6 años, cuando se creó el financiamiento diferenciado: 6 por ciento para unos y 2 por ciento para otros (tengo al menos la satisfacción de haber votado en contra). Allí se incubó parte de los problemas que después fueron creciendo.
En cuanto a la calidad de la educación, se está proponiendo una fórmula virtuosa que tiene que ver con la forma de cuidar el buen desarrollo de la vida universitaria.
Aquí no se está dando un portazo a quien desee hacer universidad; a aquel que, legítimamente, pretenda colaborar en el ámbito privado, en un proceso que escapa a lo que solo el Estado puede realizar.
Tampoco se está impidiendo el desarrollo de una actividad.
Lo que se pretende es, para estimular los cuidados, agregar normas conducentes a fiscalizar la calidad.
Este es un escenario donde la sociedad moderna requiere un compromiso mayor en el ámbito de la calidad.
Aquello se da no solo en el plano de la educación. Uno de los grandes fenómenos sociales o ciudadanos registrados en el mundo es la diferencia entre una comunidad que solicita acceso y otra que pide calidad.
Ese es un cambio. A nosotros nos ha tocado ser actores de él y visualizarlo. Y quienes somos parlamentarios y participamos en muchas campañas vemos cómo el tránsito hacia el acceso a la calidad se está dando cada vez en forma más clara.
En el ámbito habitacional ha sucedido algo parecido. No es lo mismo lo que se buscaba antes con las políticas públicas aplicadas en ese ámbito, cual era permitir a cada ciudadano tener un techo, que lo que hoy día se solicita socialmente: que el techo tenga alma. Y esa alma significa barrios, tamaños mínimos de las viviendas, conectividad, seguridad.
O sea, nuestra sociedad va cambiando. Y este proyecto se hace parte, constructivamente a mi juicio, de ese cambio al establecer la Superintendencia en comento para que fiscalice la calidad de la educación, la que, en esencia, tiene que ver con entregar lo que se dice que se va a hacer.
Por consiguiente, las universidades que están entregando enseñanza de calidad deben ser las más alegres con este tipo de normas. Y las otras, obviamente, tendrán que temer.
Pero es justo el temor cuando se busca como contrapartida la calidad. Y también es justo crear una instancia de supervisión cuando el bien que se busca ha estado en riesgo.
De otro lado, las normas sobre publicidad son muy relevantes para la toma de decisiones.
¡Nada hace más libre a un ciudadano que adoptar una decisión conociendo en forma transparente lo que está en juego!
¡Nada es más importante para una familia que la educación de sus hijos!
A mí siempre me ha sorprendido el siguiente comentario, que figura al menos en los estudios que yo he visto: lo que más le importa a una persona es que su hijo sea más que ella. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad y la oportunidad educacionales del niño.
Por eso la norma sobre transparencia en la publicidad, a mi entender, se halla en la línea correcta.
Y lo mismo cabe acotar acerca de la propuesta tendiente a facilitar la toma de decisiones.
Empero, ello no implica que la iniciativa sea muy sancionatoria (algunos dicen gustar de los proyectos bien sancionatorios). Eso es una parte del proceso.
A mí me gustan los proyectos integrales, que velan por distintos elementos. Pero también deben tener capacidad sancionatoria.
Esa capacidad no existía. Y lo digo con conocimiento de causa, porque, al igual que a muchos otros parlamentarios, me tocó ver el problema de la Universidad del Mar: no había facultades para actuar con la velocidad que el mismo Gobierno deseaba frente a transgresiones evidentes que estaban ocurriendo en cuanto a lo que se pretendía en el ámbito universitario.
¡Qué distinto habría sido el futuro de los jóvenes de la Universidad del Mar si las normas en análisis hubieran estado vigentes hace tres años!
¡Qué diferente habría sido la situación de los profesores de la Universidad del Mar, quienes también son víctimas, si el proyecto en debate hubiese estado publicado como ley cuando asumió el actual Gobierno!
Si no se hizo en su momento, es justo, entonces, pedir que colaboremos en la generación de esta institucionalidad, que si bien, como todas las cosas, tiene espacio para diversos mejoramientos, claramente apunta en un sentido innovador, vinculado con las exigencias del mundo moderno.
Con relación a los cambios en la Ley General de Educación en términos de regular las operaciones de las universidades con personas relacionadas y asegurar mayor ecuanimidad en la toma de decisiones, la iniciativa también apunta, no en el sentido del golpe, sino en el del encauzamiento.
Esa es la trilogía virtuosa que está detrás de este proyecto.
Señor Presidente, creo que, al disponer de una legislación de este tipo, con la perspectiva del tiempo vamos a hablar de "un antes" y "un después" en materia universitaria, tal como pudimos hablar de "un antes" y "un después" cuando se permitió que accedieran a la educación preescolar millones de niños carentes de ella; tal como podemos hablar de "un antes" y "un después" -y eso uno lo siente más rápido- en el ámbito del financiamiento de los estudios universitarios, pues muchos jóvenes que se encontraban desesperados ante su imposibilidad de pagarlos tienen hoy día una institucionalidad completamente distinta que les permite hacerlo.
Espero -repito- que vivamos "un antes" y "un después" a propósito de la ley en proyecto, que en forma virtuosa busca encauzar la calidad de la educación, pero también mostrar la fuerza del Estado cuando los principios han sido contrapuestos.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Escalona.


El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que valoro el vuelco hacia la regulación que observo en mis colegas que se hallan actualmente en el Gobierno.
Es un hecho significativo. Creo que miles de estudiantes -y tal vez, mucho más que ellos, sus mamás y papás- que participaron en las diferentes movilizaciones podrán -hoy, si están mirando la transmisión televisiva de esta sesión, o cuando la vean o se informen- sentirse satisfechos porque lograron remover una posición ancestralmente contraria a cualquier regulación en el ámbito de la educación superior y, más aún, a que existieran instituciones de fiscalización y control, como lo demuestran los distintos informes que sobre esta materia hubo en su momento tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Quizá la expresión más clara en tal sentido sea la del Diputado señor Silva, promisorio parlamentario de la UDI -seguramente en el futuro próximo tendrá más responsabilidades que las de ahora, porque se nota que es una persona influyente en su sector-, quien señaló que no hacía falta regulación alguna y, por ende, en su momento rechazó el proyecto sobre acreditación de universidades que se discutía en la Cámara Baja.
En mi opinión, ese vuelco hacia la regulación valida el movimiento estudiantil habido hace algún tiempo.
Pero me preocupa el futuro, estimado señor Presidente. Porque, en el fondo, la afirmación de que durante 20 años no se hizo nada y la idea de satanizar a los Gobiernos democráticos anteriores, al final, tienen para mí un gusto muy amargo, pues con ello se deslegitima por completo lo que en esta misma Sala muchas veces se saludó con efusión: la voluntad de los Gobiernos concertacionistas de trabajar para lograr consensos institucionalmente.
La palabra "consensos" se usó en numerosas oportunidades (incluso, se llegó a manosearla) cuando los Gobiernos democráticos, conscientes de no contar con las mayorías institucionales necesarias, llegaban a acuerdos que en muchas ocasiones eran mínimos, pero que, en último término, tenían la virtud de ir desbrozando lentamente el camino, en una perspectiva de largo plazo.
Dicho de manera más directa, en el esfuerzo sistemático por descalificar 20 años de Gobiernos concertacionistas yo observo una invitación a la confrontación política. Porque nuestro Gobierno futuro, en consecuencia, va a llegar a la conclusión de que no valió la pena buscar los consensos si después estos se descalifican y se hace recaer todo el costo de su insuficiencia en nosotros, es decir, en quienes tuvimos la responsabilidad política de dirigir el país y de saber comprender que carecía de sentido actuar con un espíritu de confrontación política permanente que el país, a la postre, no podía resistir; que el período de reinstalación de la democracia iba a tener que transitar por una etapa en que no se concretarían todas las cosas que la Concertación pensaba realizar, y que se debería llegar a acuerdos con frecuencia insatisfactorios. Pero era lo que la institucionalidad del país permitía llevar a cabo.
En esta ocasión se nos invita a hacer tabla rasa de todo aquello. Porque, como nosotros no somos los padres de la criatura, como no inventamos el sistema, se tiende una cortina de humo respecto de la verdadera responsabilidad política en el extremismo ideológico de transformar un bien público, como la educación, en un mercado más, sin regulaciones ni fiscalización.
No ha pasado mucho tiempo: recuerdo el momento en que el Gobierno de la Presidenta Bachelet envió un proyecto para el fortalecimiento de la educación pública y cómo fue rechazado.
Si no hay que tener tan mala memoria para no rememorar cuando no alcanzábamos los quórums constitucionales para poder llevar a cabo las reformas institucionales que el país requería. Pero, aun así, de nuestra parte hubo una decisión política en orden a ajustarlas a lo que institucionalmente se podía conseguir.
Para ser más directo, las intervenciones de los colegas de la Derecha, en esta sesión y en otras -por eso he hecho uso de la palabra, ya que no es la primera vez que se reitera majaderamente el argumento de los 20 años inservibles-, llevan a preguntarse si quienes critican a la Concertación desde la Izquierda contarían hoy con mejores argumentos. Los que propician salidas extremistas para la situación nacional; los que afirman que ceñirse a una vía institucional carece de justificación y que es preciso buscar otros caminos por no tener mayor sentido los que se siguieron en estos años, ven completamente corroboradas hoy sus posiciones en los planteamientos de los Senadores de Gobierno. Porque, en el fondo, la Derecha hace sentir aquí que impuso su posición, no importándole las consecuencias posteriores que podría sufrir el país.
Nosotros siempre supimos que la transición a la democracia no era posible en un clima de confrontación política que llevara las cosas a un punto en el que la capacidad de gobernar de la civilidad democrática se encontrara en riesgo y en el que, en consecuencia, la convivencia nacional se hiciera imposible en democracia.
Por el propósito de largo plazo y de mirar más allá de nosotros, más allá de la presente campaña electoral y de la próxima; por saber que el país no resistiría otra polarización política, ya que la democracia era débil, actuamos con suficiente responsabilidad.
Recuerdo intervenciones aquí -no era Senador, sino Diputado- de personas con características de liderazgo en la Derecha que hacían la apología de los consensos, porque, en definitiva, se resguardaban detrás de ese concepto con el propósito de frenar e impedir las reformas que Chile necesitaba.
En verdad, creo que estamos aprendiendo una lección en el sentido de que las fuerzas democráticas que dirigieron al país en los cuatro períodos presidenciales anteriores no deben renunciar a su decisión de perseverar, de todas maneras, en las reformas sociales necesarias por la vía institucional.
Aunque no somos los padres de la criatura libremercadista que ha llevado a los grados de desigualdad, de abuso, que sufren hoy los estudiantes de la Universidad del Mar, sí tenemos responsabilidad con Chile y, por eso, hemos de efectuar las reformas con las mayorías necesarias que proporcionen la viabilidad que este requiere.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.


El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, he estado escuchando con cuidado las expresiones vertidas por algunos señores Senadores respecto a la televisión digital y, ahora, a la creación de la Superintendencia de Educación Superior, y observo, con preocupación o alarma, que no se leen los proyectos y se hacen críticas ajenas a su contenido, el cual se ignora totalmente.
A pesar de que las falencias de la situación actual justamente se resuelven -tal vez en forma parcial, pero en gran medida- con la iniciativa en discusión, se la sigue criticando.
Eso, en primer término.
En segundo lugar, deseo destacar que nuestra educación exhibe hoy día cuatro grandes etapas, partiendo por el prenatal. Se registran avances considerables en esa materia y en el posnatal. O sea, prácticamente se comienza desde la concepción.
Se registran progresos en las educaciones prebásica -cabe recordar los roles de la JUNJI, de INTEGRA y de los Ministerios, y los convenios con estas instituciones-, básica y media.
Lo mismo se puede decir de las educaciones superior, técnica y profesional.
Aquí mismo hemos legislado -parece que se nos olvidó- sobre el acceso a la educación prebásica, básica, media y superior.
Hemos dado origen a gran cantidad de normas relativas a la calidad de la educación, a cómo se va a sustentar.
Hemos aprobado leyes relativas al financiamiento en cada una de las etapas de la educación, propiamente tal, y la preeducación, desde el nacimiento.
A ello cabe agregar lo relativo a la alimentación de los niños. La Junta de Auxilio Escolar y Becas es la que provee raciones a lo largo y ancho de nuestro país.
También hemos mejorado, en cada una de las etapas, todas las herramientas de control, fiscalización y orientación técnica y administrativa.
En realidad, hemos trabajado en todas ellas.
No se puede sostener que estamos esgrimiendo o utilizando elementos ideológicos.
Escuché con mucha atención lo que expresó mi Honorable colega Espina acerca de que no podía haber una educación cien por ciento gratuita. Lo comparto. Aunque un joven crea que la está recibiendo, ella no revestiría ese carácter, porque, de hecho, toda la sociedad debe realizar un esfuerzo para pagarla. Y ello se ha incrementado considerablemente de acuerdo, por supuesto, con nuestras posibilidades genuinas como país.
En otras oportunidades he dicho, sobre proyectos parecidos, que no me gusta la creación de más superintendencias y oficinas. Especialmente en educación, los profesores han de tener la enseñanza como prioridad, y no vivir atentos a lo que dicen una Superintendencia u otra, el área educacional de la Municipalidad, la Dirección Provincial de Educación, la Secretaría Regional Ministerial del ramo. Al final, tienen que poner más atención -especialmente, los directores- en la lluvia enmarañada de normativas que en su rol docente, que es lo fundamental. Y después nos quejamos de que se registran dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, voy a votar a favor de la creación de la Superintendencia de Educación Superior, atendidas todas las funciones que va a desempeñar y que aquí han sido mencionadas detalladamente por el Senador señor Espina.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
Si no hay objeciones, la Senadora señora Rincón me reemplazará en la testera, porque deseo fundar mi voto.
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--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Rincón, en calidad de Presidenta accidental.
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El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, creo que este es un tema complejo.
Por mi parte, me voy a abstener, porque me parece que si hay un instrumento que ha permitido la segregación en el país y, tal vez de una forma muy inteligente y premeditada, la mantención de las elites de siempre, así como también privilegiar justamente que estas sigan siendo las detentadoras del poder en la sociedad, es el modelo educacional.
Pienso que la obra más grandiosa de la dictadura fue una Constitución neoliberal autoritaria y el cambio en dicho modelo. Esta última modificación es la que ha permitido construir una cultura pro mercado que ha involucrado a los chilenos y los ha hecho parte de una forma de vida. Lamentablemente, el acceso al mercado, a los bienes, a las marcas y la identidad asociada a estos elementos han sido quizás el más importante cambio cultural ocurrido en nuestra sociedad, situación muy distinta de la que se registra en otros lugares del planeta. Chile es una total anomalía. No existe en otras partes un modelo neoliberal de educación como el de acá. Ni siquiera en Estados Unidos se da un patrón privatizador de la voracidad del nuestro.
Por lo tanto, esta sí es una cuestión ideológica.
El acierto de la Derecha es que incluso a una parte importante de lo que hoy día es la Oposición y en el pasado fue la Concertación logró convencerla de que la mejor manera de construir un proyecto educacional era sobre la base de la competencia, del neoliberalismo, del poder del dinero, del tamaño del bolsillo. Esto es lo que se encuentra en crisis.
Estoy convencido de que si la Concertación perdió la elección, fue por muchos olvidos, pero, fundamentalmente, por haber sido cómplice y no haber tenido la fuerza ni el coraje de desmantelar el modelo neoliberal.
Este último tiene sus custodios, sus sacerdotes, sus cardenales. Y acá está su Papa: el Ministro de Educación, quien no enfrenta ningún problema en que, a su vista y paciencia, lucren las universidades que en su mismo sector crearon y sobre las cuales pesa la prohibición de que ello ocurra. Evidentemente, es una situación particular. Todos los chilenos saben que es algo que se les impide a estas instituciones privadas, pero que no se cumple. Se aplica un inmenso doble estándar.
¡Y aquí están los custodios de la fe!
Todo lo que estamos haciendo, finalmente, es para mantener el patrón. ¡Por mi parte, soy partidario de terminarlo! Más que nacionalizar el cobre, tema que podríamos discutir, volvería a nacionalizar la educación. Haría de ella un instrumento de los chilenos para el desarrollo del país, no para el de unos pocos y la perpetuación de las elites. Porque a estas el modelo las perpetúa, en efecto, y, además, permite obtener millonarias utilidades a quienes hacen de la educación un negocio y no una misión.
No se trata solo de que los prestadores sean privados o públicos. En lo personal, no tengo ningún problema en que un prestador privado cuyo objetivo sea la educación reciba fondos del Estado, pero siempre que medie una "línea Maginot" entre la posibilidad de impartirla y obtener lucro. Tampoco lo tengo en que pueda obtenerlo una institución privada que no los reciba. Pero ello se ha desvirtuado aquí totalmente y los recursos públicos están yendo, fundamentalmente, a las universidades privadas. ¿Para qué? Para construir justamente desde ahí un modelo de hegemonía en la sociedad.
Estimo, en verdad, que el mundo progresista ha demostrado falencias como la de no haber tenido la capacidad de crear medios de comunicación para generar pluralismo en la sociedad -porque no lo hay- y la de no construir instituciones educacionales potentes, competitivas, que puedan generar una visión cultural distinta de la expuesta por la Derecha, sin mediar lucro, evidentemente, pero con una buena gestión educacional.
En esta materia mantengo una cierta radicalidad. Pienso que debiéramos terminar con el sistema y restablecer el que privilegie la educación pública de calidad y gratuita: ¡la misma que tienen Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y países que exhiben buenos estándares educacionales, o vecinos como Bolivia y Argentina, a los que cabe sumar Brasil, donde estudiar no es un privilegio ni algo que se logra solo en función de los recursos económicos!
Por eso, me opuse a la Ley General de Educación, a ese acuerdo espurio que, por desgracia, se construyó con la Derecha cuando fuimos Gobierno, porque justamente apuntaba a fortalecer, entronizar y profundizar un modelo neoliberal que, desde el punto de vista de las ideas, debiéramos haber combatido con fuerza, con firmeza.
Me voy a abstener, entonces, porque no quiero legitimar con mi voto una institucionalidad que debe terminarse; que es espuria.
Lamentablemente, el financiamiento compartido no es herencia de la dictadura. Tampoco lo son los créditos en unidades de fomento más 6 por ciento, con aval del Estado y cero riesgo para los bancos. ¡Fueron parte de nuestras omisiones, de nuestro abandono!
Estimo que si algo hemos aprendido ha sido justamente que, cuando se abandonan las ideas y principios fundamentales, los ciudadanos no nos acompañan, como es evidente, y perdemos su confianza.
Me anima la idea de que a la Oposición -porque lo he visto en sus nuevas posiciones- le asiste hoy día la más profunda convicción de que esta es una de las cuestiones centrales que tendremos que cambiar, que no podemos volver a abandonar. Quizás la próxima competencia presidencial es la ocasión para formular una reforma verdadera, profunda, en la educación; una reforma que se la devuelva a Chile; una reforma que permita la existencia de un proyecto de país y de una gran iniciativa en sintonía con este, en vez de 300 planteamientos educacionales o muchos más, de modo que podamos avanzar en un desarrollo para todos los chilenos y no en uno de carácter desigual.
El modelo educacional es la base, el sustento y el instrumento en virtud del cual Chile presenta una de las mayores desigualdades en el planeta. No registra la mayor, pero se encuentra en el lugar 150, de 170. ¡Es el que ha construido la desigualdad! ¡Es el fundamento de los abusos!
Además, es el que sustenta un sistema económico monopólico exportador de recursos naturales que no puede dar un salto verdadero al desarrollo porque precisamente requiere un modelo educacional en el que, al final, no se incorpore la mayoría de los chilenos a esa etapa. ¡Y eso es lo que tenemos que cambiar!
Tal vez, la mayor revolución que puede llevar a cabo el país es justamente la de terminar con un modelo educacional obsoleto -insisto en que esta visión privatizadora es una total anomalía- y restablecer uno de carácter republicano, como el de los países europeos o el de nuestros vecinos, y aprender de esas experiencias.
Acá recibimos a la Comisión de Futuro de Finlandia, donde no existe la educación como un privilegio, sino que es un derecho. Y eso es lo que olvidaron en las bancadas de enfrente, y tal vez muchos, en nuestro mundo, "corrieron los cercos" respecto de lo que debíamos considerar como valor fundamental.
Por las razones que acabo de exponer, porque creo que deben incorporarse profundos cambios y porque, a mi juicio, este proyecto es solo política cosmética, no voy a dar mi voto favorable.
Así como no di mi voto en la iniciativa que estableció la LGE, tampoco lo haré hoy día para generar una institucionalidad que tenemos que derribar para construir sobre ella una educación que, de verdad, esté pensada en la mayoría del país.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero, por diez minutos, pues todavía no ha intervenido en la discusión general.


El señor CANTERO.- Señor Presidente, a mí me interesa destacar que este proyecto de ley forma parte de un conjunto mayor que, en mi opinión, tiene luces y también sombras.
Tiene luces -y esto no lo ha dicho ninguno de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- porque, quizás, el elemento más virtuoso de la iniciativa en debate es que se halla inmerso en un proceso o un fenómeno inédito, único, exclusivo en la Administración del Estado. Se trata del hecho de que un Ministerio, por la vía de diversos proyectos de ley relativos a la Superintendencia de Educación, la Agencia Acreditadora de la Calidad y la descentralización del MINEDUC, realiza un proceso inverso a lo que ha sido tradicional hasta ahora, es decir, no concentra más facultades y atribuciones, sino que, muy por el contrario, desconcentra y descentraliza un ámbito de facultades y atribuciones muy importantes.
La Superintendencia tiene como misión supervigilar todo el proceso educacional en los ámbitos público y privado. Constituye una cierta garantía, pues es una institución llamada a generar confianza en la ciudadanía respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualesquiera de sus formas: municipal, particular subvencionada o particular.
Esos son elementos que, en mi opinión, vale la pena considerar.
Yo valoro que el Ministerio de Educación impulse dicho proceso, pues no creo que haya sido fácil. He escuchado, a lo largo de mi vida pública, elocuentes discursos descentralizadores en personas de todos los colores políticos. Invariablemente, sin excepción, sean de Izquierda o de Derecha, cuando llegan al Gobierno se olvidan de ese discurso y se transforman en centralizadores y concentradores del poder; toman distancia de la gente y les resulta sumamente complejo ser coherentes y consecuentes con lo que han dicho y hecho en esta materia.
Sin ir más lejos, pienso que Chile, en los últimos veinte años, ha retrocedido evidentemente en materia descentralizadora y desconcentradora.
Pero este proyecto representa un buen ejemplo de lo que tenemos que ir haciendo: avanzar en esa lógica.
¿Y dónde están las sombras? Las sombras radican, a mi juicio, en elementos complementarios a esta situación.
Algunos sostienen que no resulta razonable que aquel que tiene más reciba educación gratuita. ¡Depende! Yo soy de los que creen que el que posee más debe pagar más; que tiene que aportar al Tesoro Público en forma más generosa. Y al Estado le asiste la obligación de cautelar aquello, ya que tampoco es lógico que el que tenga más ponga poco, porque, en definitiva, la educación deba autogestionarse.
Esa es la base de la inequidad y representa un individualismo exacerbado: "cada cual se rasca con sus uñas". Con ello siempre quedan en desventaja aquellos que tienen menos. Y a mí ese individualismo me parece inadecuado.
No obstante, ello no significa que esté en contra de la educación particular subvencionada o particular. Por el contrario, me parece fantástico que exista un sistema mixto.
Las sombras radican en un sistema público absolutamente disfuncional. Pareciera estar hecho de esa manera. Pareciera que la inteligencia política y social se orientó para que ocurriera lo que pasó: al término del gobierno militar la matrícula era de un 70 por ciento en la educación municipal, y al asumir el poder el Gobierno del Presidente Piñera esa cifra se había invertido: el 70 por ciento de la matrícula correspondiente a primer año básico recae en colegios particulares subvencionados o particulares.
Se produce, entonces, un vuelco, una dicotomía, una incoherencia, una inconsecuencia entre lo que se dijo y lo que se hizo.
Allí es donde yo veo las sombras.
Veo sombras, también, en una disquisición no zanjada, impuesta por las poderosas fuerzas del mercado, sin que el Parlamento haya llevado a cabo una discusión acerca de cuáles son los bienes públicos y cuáles los privados.
Se ha impuesto en ciertos sectores la lógica de que la educación y la salud pueden ser bienes privados, en cuanto tienen que ver con un individuo. Así, en la medida que la persona tiene más educación, vale más. Y en la medida que es más sana y con mayor capital humano, se le puede cobrar más. Con eso se argumenta la teoría del bien privado. ¿Que tiene racionalidad? ¡La tiene! ¿Que tiene sustento? ¡Claro que lo tiene! ¿Es inteligente la postura? Sí, lo es.
Por lo mismo, me gustaría que fuera este Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo y están los representantes elegidos democráticamente, el que resolviera al respecto.
Y no me parece adecuado que sea la OCDE, desde el templo del Olimpo, la que nos diga qué es bien público y qué no lo es. ¡Eso es intolerable! ¡Repugna a la inteligencia! ¡Repugna a la inteligencia de cualquier persona que se respete a sí misma!
Estoy dispuesto a efectuar el debate en cuanto a si la educación y la salud son bienes públicos o privados.
Señor Presidente, como ya he relatado, así que no es novedoso, no dejo de pensar en lo que a mí me pasó cuando era niño.
En esa época había bienes públicos claramente identificados. Yo salía a una plaza y disfrutaba de juegos infantiles públicos -nadie me cobraba; nadie me ponía tiempo ni me daba fichas- y todos los niños podían acudir a esos espacios acompañados de sus padres.
Y cuando me daba sed iba a una pileta de esa misma plaza pública, abría una llave y tomaba el agua con la que me refrescaba después de jugar.
Además, existían baños públicos que tampoco cobraban.
Había espacios en los que el bien público se expresaba.
Sin embargo, esos espacios hoy día se han trasladado al mercado. No es posible divertirse en los juegos de las plazas porque se han privatizado, tienen rejas, hay que pagar para usarlos y funcionan con fichas. ¡No hay agua! Hay que comprar la bebida. ¡No existen los baños públicos! Se debe pagar por usarlos.
Lo mismo ha pasado con dos bienes públicos que considero del más alto valor, de la máxima importancia: la educación y la salud.
Reitero: no estoy en contra de la educación ni de la salud privadas -por el contrario, me parece muy bien que existan-, sino que reclamo del Estado la obligación de entregar educación y salud dignas y de calidad.
¡Y eso no lo veo hoy!
Todos los sistemas se han orientado disfuncionalmente, de manera que se opta por avanzar hacia la privatización. Cuando un hospital público no puede atender, se privatiza. ¿A quiénes? A los mismos médicos que en la mañana no atienden en el sector público, pero sí en la tarde en establecimientos privados, con otra tarifa, por supuesto.
¡Eso es lo que repugna a la dignidad y a la concepción de una persona que cree en la igualdad de oportunidades!
¿Qué me preocupa? Que la privatización tiene una consecuencia de segregación social, de segmentación en la sociedad chilena; crea ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y así no es posible competir.
Por lo tanto, ese concepto de la competencia es una trampa, es falso. No se puede competir cuando a un niño le han dado una educación de tan mala calidad, tan indigna como la que entrega hoy día el Estado chileno.
¡No se puede competir cuando al menor se le asignan 50 mil pesos de subvención para la educación frente a otros que tienen 150 mil!
¡Así es imposible competir! ¡Es una trampa!
Con todo, valoro esta iniciativa, porque apunta en el sentido que me parece correcto: sacar del Estado también este tipo de actividades, a fin de que se ejerzan en órganos con mayor dispersión y para la creatividad, para la eficiencia, para la diversidad que se da en la realidad geográfica de nuestro país.
Valoro la iniciativa, valoro al Gobierno y valoro al Ministerio en este sentido.
Voto a favor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra, también por diez minutos, la Honorable señora Rincón.


La señora RINCÓN.- No voy a necesitar diez minutos, señor Presidente; lo mío es muy breve.
En dos oportunidades he escuchado a mi colega el Senador Espina -una, con motivo de la Ley de Donaciones, y otra a raíz de esta discusión- formular las mismas afirmaciones. Hoy él señaló que las leyes, al final, terminan siendo de este Parlamento, y que se hacen los reconocimientos respectivos.
La verdad es que no siempre es así. Y quiero poner un solo ejemplo: el posnatal. En efecto, este se presenta como una ley del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a pesar de todas las mejorías introducidas en el Parlamento, prácticamente por nosotros.
Lo digo, porque nuestro colega, en su intervención sobre la Ley de Donaciones y en la de ahora, habló del tema del financiamiento, del Crédito con Aval del Estado, de los intereses, de las becas, de lo que se había realizado en los Gobiernos anteriores, de lo que no se había hecho en ellos y de todas las maravillas efectuadas por la actual Administración.
Y, por cierto, en el aumento de las becas, en la rebaja de los intereses, en la modificación del crédito han tenido mucho que ver este Senado, este Parlamento y esta Oposición.
Pero, más que nosotros, han tenido que ver los estudiantes y sus familias.
Y creo que no reconocer que estos temas son hoy motivo de debate legislativo porque la sociedad y los estudiantes se han movilizado y no porque ni el Presidente Sebastián Piñera ni otro candidato los hayan puesto en sus programas, es ignorar la historia.
Porque ¡claro que es fácil sostener ciertas cosas, sobre todo si los demás nos quedamos callados y permitimos que pasen a ser parte de una verdad!
La historia nos va a demostrar que la discusión de estas materias hoy es producto de que los estudiantes se movilizaron.
Por mi parte, señor Presidente, quiero decirle a mi colega el Senador Alberto Espina que he revisado la historia legislativa del Parlamento. Me di el trabajo de leer lo que fue la discusión del CAE en el Senado, y puedo afirmar que en todas las intervenciones no hubo nadie -¡ninguno!- que hablara en contra de esa forma de financiamiento.
Entonces, venir a decir que fue un Gobierno de la Concertación el que creó un sistema injusto -y el responsable, por tanto, de lo que han sufrido las familias- y lavarse las manos ante aquello, me parece al menos injusto.
La historia se escribe entre todos. Y la Versión Oficial de esa discusión legislativa da cuenta de cómo se debatió ese sistema de financiamiento.
Yo no estuve en esa Legislatura. Y, claro, hoy día podemos ser tremendamente críticos de aquello. Pero tampoco podemos dejar de reconocer -y usted lo dijo en su intervención, señor Presidente- que mucho de lo que hoy día estamos revisando forma parte de una época de nuestro país en que no había Parlamento para tramitar los proyectos de ley y en que no se debatía de cara a la ciudadanía lo que en Chile se hacía o no se hacía.
Ha cambiado la historia de nuestro país, y ello es producto de que hombres y mujeres, con decisión, lo hicieron posible.
Ahora, el sentido del deber y de la responsabilidad nos obliga a ver cómo mejoramos hacia delante.
Y cuando miramos lo que ha sido la gestión de este Gobierno, en particular en materia de aumento de becas, en materia de rebaja de intereses, en materia de cambios de institucionalidad, creo que, por cierto, los jóvenes son los primeros que se llevan el reconocimiento y que esta Oposición tiene mucho que ver en aquello.
Gracias, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por cinco minutos, para fundamentar su voto.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ante todo, notifico que voy a votar en contra.
Quiero señalar que he escuchado con atención al Senador Alberto Espina, por quien siento un profundo respeto. Pero él, como hombre de Derecho -y de Derecha, como me acotan aquí-, como integrante de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados y en el Senado, sabe muy bien cuáles son los límites del Parlamento, los límites de los Senadores.
Su argumentación no hace sino recordarme a los sofistas de la antigua Grecia. El término proviene de `sophía', sabiduría; `sophós', sabio. Pero no eran los sabios. Ellos no pretendían demostrar la verdad, sino las contradicciones de su oponente. Y en el siglo V antes de Cristo fueron muy criticados, porque, como digo, su objetivo era simplemente dejar en ridículo a su opositor y no siempre sus argumentos eran, por cierto, verdaderos.
No hay facultad parlamentaria cuando se trata de la creación de una institucionalidad. ¡Cuántas indicaciones han sido rechazadas respecto a la creación de la Superintendencia! ¡Todo es facultad del Ejecutivo! ¡Todo!
Por tanto, no me parece correcto demandar de nosotros haber presentado un proyecto de ley a sabiendas de que esto es facultad presidencial. Y este Gobierno la ha ejercido con fiereza: todas las indicaciones caen.
¡Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera estudiaron gratuitamente en la universidad, señor Presidente! ¡Todos ellos! Y provenían de familias encabezadas por un Presidente de la Corte Suprema, por un General de la República, por un Presidente de la República, en fin. Y todos estudiaron gratis.
En consecuencia, es una falacia argumentar que la educación gratuita no puede ser para todos, y por eso yo me opongo. El 75 por ciento de las familias en Chile ganan menos de 350 mil pesos. El que crea que el ingreso per cápita es de 20 mil dólares y que hay una adecuada distribución no solo se equivoca, sino que miente. ¡Aquí hay un 5 por ciento de los considerados ricos en Chile, que son los que tienen ingresos iguales o superiores a 5 millones de pesos!
Yo creo que las comparaciones con Angelini, con Luksic, con el propio Presidente Piñera no tienen nada que ver.
Claramente, estoy por que haya educación gratuita para los que no puedan pagar, a fin de que no tengan mochila y no arrastren toda su vida una carga que no tuvieron ni el propio Ministro -no tengo dudas de que también estudió gratis- ni la mayoría de los parlamentarios presentes aquí.
Yo estoy por que los padres de esos hijos paguen más impuestos.
¿Cuánto es el 5 por ciento de la población? Bueno, Ministro, le pido por el 95 por ciento restante: queremos gratuidad. No vamos a debatir si los hijos del señor Luksic pueden o no pagar la universidad. ¡Lo que me interesa es que el señor Luksic pague más impuestos! ¡Lo que me interesa es que las familias más adineradas, más acaudaladas tributen más! Y, por cierto, los impuestos que paga un obrero por el IVA al pan son muy diferentes de los que puede pagar un empresario en su negocio.
Una segunda falacia, señor Presidente: se nos enrostra que no corregimos estas desviaciones del modelo. ¡Pero si ustedes eran la Oposición, Senador Espina -por su intermedio, señor Presidente! ¡Ustedes debían fiscalizar y no lo hicieron!
El Gobierno ejecuta, la Oposición fiscaliza. ¡No fiscalizaron, porque había coincidencia de intereses! ¡No fiscalizaron!
En un Gobierno, la Oposición fiscaliza. Y durante 20 años la Derecha fue Oposición y nunca fiscalizó, nunca revisó los pañales de la criatura que procrearon.
Por tanto, señor Presidente, aquí tienen la posibilidad de fiscalizar. Y, si de verdad hubiera un espíritu de fiscalización, hoy día se votaría en contra de este proyecto, porque ratifica el lucro y permite la negociación o los acuerdos con terceras personas.
Por eso, voy a votar en contra. No quiero ser cómplice del hecho de que teniendo claridad -antes era por ignorancia, por no saber- no fiscalizamos. Hoy en día lo sabemos.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ratificamos el lucro que esta iniciativa avala?
Lamento profundamente que perdamos esta oportunidad. Critiqué el acto de las manitos alzadas, la foto más hipócrita de la política chilena. Lo rechacé, al igual que haré con este proyecto. Creo que es un error del Senado, después de haber recibido a los estudiantes y decirles que vamos a estar con ellos y con la familia chilena, ratificar hoy el lucro.
Es un grave error. Y siento una profunda decepción de esta votación.
Yo al menos me pronunciaré en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Andrés Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La reciente intervención del señor Presidente del Senado nos ahorra muchas palabras sobre lo que está haciendo o puede hacer el Parlamento. Porque, en verdad, durante los veintitantos años que llevamos en democracia, efectivamente hemos tratado de sustentar la política de los acuerdos, de los entendimientos y hacer lo posible por avanzar en lo que se requiere.
Cuando escuchaba a un señor Senador manifestar que el Presidente Piñera hoy día realiza las cosas que no se habían hecho antes -no sancionar a quienes perseguían fines de lucro en las universidades-, yo me preguntaba quién creó eso.
Toda esta situación fue creada por la dictadura, en la cual participaron gran parte de los dirigentes que hoy día componen el Gobierno. Incluso -seamos francos- algún Ministro actual reconoció en un programa de televisión haber sido retribuido por su participación en una universidad privada.
Sabemos quiénes son los dueños de muchos planteles de educación superior. He visto negociaciones que le significaron 120 millones de dólares por la transferencia de los derechos de la universidad a quien los adquiría. Y no solo una, sino varias más.
Entonces, tenemos que preguntarnos hoy día por qué estamos en esto.
Recuerdo cuando en el Senado discutíamos el proyecto sobre acreditación que las bancadas que hoy día son Gobierno se opusieron tenazmente a la acreditación obligatoria de las universidades, lo que nos obligó a aceptar la acreditación voluntaria.
¿Por qué es eso? Considero que tienen razón las personas que ahora están en el Gobierno y modifican su criterio. Me alegro, porque siempre fueron contrarios a las regulaciones. Y no solo aquí en Chile, sino también en otras partes del mundo, la gente piensa que quienes hoy día gobiernan siguen teniendo la misma posición: que el mercado es el mejor regulador de todos y que ojalá hubiera menos Estado, porque este es malévolo, perverso.
¿Qué ha pasado? Cuando vino el movimiento estudiantil -del cual fui testigo- me tocó participar en las negociaciones con el Ministro Bulnes en el Presupuesto del año 2011. ¿Cuál era la discusión en ese entonces? Era realmente increíble: la Oposición, nosotros, le decíamos a ese Secretario de Estado que él no necesitaba mil millones de dólares para la educación, sino una cifra muy superior que estábamos dispuestos a dar. Le propusimos mantener el impuesto a la renta en vez de rebajar los dos puntos el año siguiente, como se pensaba.
Le manifesté al Ministro Felipe Larraín que los 400 y tantos millones de dólares que eso implicaba podíamos destinarlos a dar más becas. ¡Tuvimos que forzar al Gobierno a una negociación para tener más dinero y dar más becas! Incluso, recuerdo que a las doce de la noche, al filo de la navaja, durante la discusión, propuse que si el Gobierno tenía recursos por qué no pagábamos el total de la beca y abordábamos también el arancel diferencial. Me contestaron negativamente. Y hoy día no se da la beca por el total y el arancel diferencial sigue vigente, razón por la cual los estudiantes quedan endeudados.
Entonces, no contemos una historia diferente a la real. Hoy día estamos sancionando el lucro y quiero preguntar al Senador que habló cómo votó su gente en la Cámara de Diputados cuando se hizo la investigación sobre el lucro en las universidades. Lo hizo en contra, porque no le gustaba que se investigara qué estaba pasando en el mundo universitario privado.
Por lo tanto, seamos consecuentes. Lo que estamos haciendo con esta ley implica realmente establecer algo que debió suceder mucho tiempo antes. No tuvimos posibilidad de hacerlo. Ahora estamos legislando porque el Gobierno ha propuesto, efectivamente, la posibilidad de crear una Superintendencia. Pero debemos señalar que es insuficiente lo que nos trae y que hay que corregirlo y mejorarlo.
Y podemos decir al Gobierno -así como lo hemos hecho en ciertas oportunidades con otros proyectos- que vamos a ayudarlo para que tenga una buena ley. Así lo hicimos con el posnatal; así lo hicimos con la eliminación del 7 por ciento de la cotización de salud a los pensionados, a algunos de los cuales hasta el día de hoy no se les cumple lo que se les ofreció. También hemos solucionado el problema del royalty, porque cuando se propuso pedían que se recaudaran 400 millones de dólares y rindió 1.100 millones de dólares.
Estamos dispuestos a arreglarles los proyectos y a colaborar.
Queremos realmente que el país salga adelante y evite los problemas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Lily Pérez.


La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, la naturaleza de esta discusión tiene que ver con el origen del proyecto, que crea la Superintendencia de Educación Superior.
Nadie podría, conceptualmente, estar en contra de la creación de una Superintendencia; de algo que nosotros mismos hemos visto la imperiosa necesidad de que exista. Desde hace muchos años necesitamos una institución que vigile, fiscalice y tenga las atribuciones para trabajar, incluso, con el SERNAC. Recordemos que muchos casos de la educación superior han terminado en el Servicio Nacional del Consumidor.
Entonces, este es un proyecto que, aunque les pueda doler a algunos, tuvo iniciativa en el actual Gobierno. Y es positivo.
Decir que fortalece la existencia del lucro en la educación con fondos del Estado, me parece tremendamente inconsistente.
Voté en contra del lucro que se logra con fondos del Estado o públicos. Un privado, con sus recursos, puede hacer lo que quiera, pero no con platas fiscales, sobre todo en educación. Esta no es un negocio más. De hecho, no puede ni debe ser un negocio más.
Por esa razón, el actual Gobierno ha ido avanzando en normas que apuntan a la transparencia en materia de educación.
El año pasado legislamos respecto de las sociedades espejo. Ahora lo estamos haciendo en cuanto a esta Superintendencia. El proyecto sobre transparencia educativa ya fue aprobado en la Comisión de Educación. Espero que llegue pronto a la Sala.
En fin, se ha propuesto un montón de iniciativas del Ejecutivo y también de los Senadores para cumplir el objetivo de ir en aras de la transparencia y, sobre todo, de dar respuestas a una sociedad cada día más exigente, sobre todo en temas educacionales.
Como todos sabemos, la gente hace un tremendo esfuerzo para educar a los hijos, esfuerzo que se ve frustrado frente a las verdaderas máquinas de cesantía en que se han transformado muchas universidades y centros de educación superior.
Por esa razón, ¡qué importante es la creación de esta Superintendencia!
Señor Presidente, felicito al Ministro de Educación por estar hoy día con nosotros defendiendo este proyecto, el cual, además, tiene que velar por algo cuya existencia es fundamental. Y, por su intermedio, le digo al Senador Navarro, con todo cariño: existen la educación privada y la pública -¡qué bueno que sea así!-, pero ambas deben respetar normas y permitir planes de educación integrada, que haya integración en los colegios; que no exista discriminación y que las leyes que hemos ido adecuando año tras año se cumplan.
Me parece que eso es importante, señor Presidente.
Pensar que la creación de la Superintendencia de Educación Superior resolverá todos los problemas que históricamente no se han solucionado en materia de educación es una quimera; no es real.
Este es un paso adelante, aunque no aborda todos los temas de fondo. Pero sí nos ayudará para dar respuesta a lo que a nosotros, entre otras cosas, nos interesa: que haya resguardo, regulación y, sobre todo, fiscalización en un área y ámbito tan importantes para la vida de una persona, como es la educación.
Por esa razón, obviamente voto a favor del proyecto, y espero que el Senado dé una señal positiva al respecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ya fundé mi voto en relación con esta iniciativa. De modo que no voy a insistir.
Solo quiero decir que me extraña algo que no puedo dejar de mencionar: hice una larga argumentación para señalar la incertidumbre, la preocupación y la situación de los familiares de los alumnos de la Universidad del Mar. Y en toda la tarde no he escuchado al Ministro de Educación decir absolutamente nada al respecto, lo que en verdad sorprende.
El Ministro sabe que el asunto es extremadamente importante. Se trata de miles de estudiantes a lo largo del país. Somos muchos los parlamentarios que en nuestras Regiones tenemos a alumnos y sus familias en tal situación. Sin embargo, no le hemos escuchado una palabra sobre el particular.
No entiendo ese silencio. Tampoco el que mantuvo cuando realizamos la sesión especial para discutir la situación que afecta a los alumnos de la Universidad del Mar. No quiso hablar. Y por ningún concepto varió aquello que señaló en cuanto a que había que esperar el resultado de la Comisión investigadora.
En ese momento -recuerdo que estábamos en vísperas de Navidad, 20 o 21 de diciembre- le expresamos que el Senado estaba dispuesto a trabajar entre Pascua y Año Nuevo.
Hubo unanimidad, por lo menos de parte de la Oposición, de la que tanto gustan algunos decir que no hace nada, que no construye, que no es propositiva.
No tuvimos respuesta.
Quiero dejar constancia de mi malestar, señor Presidente.
El Ministro de Educación lleva 2 horas en esta Sala, y no se ha manifestado en relación con la Universidad del Mar.
Formulé preguntas muy específicas. Quiero saber qué pasará -ahora se ha nombrado nada menos que a una síndico de quiebras- y cómo se va a manejar la situación. Y no hemos recibido respuesta.
No sé si eso es simplemente indolencia; si no le interesa contestarnos o si considera que el Senado no está a su altura. Ignoro qué explicación tiene para ello.
Al menos quiero dejar constancia de lo indigno que me parece todo esto.
Se han hecho muchas preguntas y la inquietud en esta materia es transversal. Imagino que son muchos los Senadores, de Oposición y de Gobierno, a los que los afecta el problema en sus Regiones. Y creo que merecemos una respuesta.
He querido dejar constancia de ello, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.


El señor ESPINA.- Señor Presidente, he escuchado con atención las respuestas que varios parlamentarios dieron respecto de mi intervención anterior.
Sobre el particular, quiero señalar que resultan bastante insólitas las críticas que se formulan. Yo he salido a defender al Gobierno frente a dos imputaciones que le han hecho parlamentarios de las bancadas de enfrente que en mi opinión son absolutamente falsas.
En primer lugar, se sostuvo que el Gobierno actual pretende amparar el lucro en las universidades, que está prohibido por ley.
Pienso qué habría ocurrido si nosotros hubiéramos hecho una imputación de esa gravedad: que el Presidente de Chile vulnera la ley y pretende amparar una situación de lucro.
Entonces, esa es una afirmación falsa, que carece de fundamento. Por el contrario, en el pasado no se envió ni una iniciativa legal para frenar una violación a la ley y respecto de lo cual no tengo complejo en decir que es un delito.
Lo señalo porque dueños de universidades hay de todos los colores políticos. Podríamos traer la lista de los directores de ellas. Y, entre paréntesis, creo que muchos son honrados y honestos y hacen su pega bastante bien.
Por lo tanto, imputaciones generalizadas en el sentido de que todos los dueños de universidades pretenden lucrar y hacer negocio me parece la típica afirmación irresponsable, que enloda a gente que ha actuado en forma normal, decente, durante toda su trayectoria. Eso no quita que otra, en forma abusiva, ilegal y delictual, ha utilizado la estructura de las universidades para lucrar al margen de lo que la ley establece.
Por lo tanto, tengo el deber de defender al Gobierno frente a una imputación falsa.
En segundo término, se sostiene que esta iniciativa no sirve para nada.
Porque hay quienes manifestaron que votan en contra -están en su derecho- "porque este proyecto no sirve para nada".
Ello no es cierto. Quien lea su texto verá que se trata de un avance gigantesco.
He dicho que es perfectamente posible perfeccionar esta iniciativa durante el trámite legislativo. Señalé, además, que había que hacerlo.
Señor Presidente, este Gobierno ha elevado en 45 por ciento, en pesos reales, el monto asignado en la Ley de Presupuestos para educación. Eran 8 mil 600 millones de dólares y, al cabo de tres años de su gestión, ahora son 13 mil 600 millones.
Por último, el señor Presidente del Senado aludió, en forma muy sentida, a la democracia de los acuerdos. Como jefe de bancada de Diputados de Renovación Nacional, junto con parlamentarios de la Concertación de esa época, ciertamente, me tocó impulsarla. No tengo duda. Fue así como sacamos adelante las llamadas "Leyes Cumplido", las reformas tributaria y laboral, etcétera.
Por lo tanto, tengo la mayor inclinación a la democracia de los acuerdos. Pero no vamos a construirla si durante la discusión de este proyecto no ha habido algún parlamentario de las bancadas de enfrente que señale: "¡Qué bueno que haya una iniciativa de esta naturaleza. Vamos a ayudar a perfeccionarla!".
El 90 por ciento de los testimonios desacredita esta iniciativa, y hablan del Ministro, a quien tratan de soberbio, de mudo y le expresan una cantidad de insolencias que por lo menos en el debate no las voy a aceptar.
Entonces, no vamos a dejar que en una discusión que debe referirse a cómo perfeccionar o mejorar el proyecto se termine traduciendo en una descalificación permanente de lo hecho por el Gobierno y en un ataque sistemático a un Ministro que ha efectuado una labor extraordinaria en una Cartera sumamente compleja y difícil, y que ha sacado adelante proyectos que, por supuesto, presentan una dificultad enorme, que el país le va a agradecer. Porque sin duda su contribución pasará a la historia de Chile.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos, quien dispone de 10 minutos para su intervención, de acuerdo con la resolución adoptada.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, en verdad, entendía que este proyecto estaba bastante avanzado, pero hay muchas dudas. Hubo unanimidad -con excepción del Senador señor Navarro- para darle el visto bueno en la Comisión de Educación y aprobarlo en general.
Me pareció que tendríamos la discusión propia de un proyecto que requiere mucha modificación todavía, pero que apunta en la dirección correcta.
Estuve con el parlante encendido en la sala del Comité PPD y después en las oficinas parlamentarias, para saber cómo iba la discusión. Luego de escuchar el curso del debate, me vi casi compelido a tomar la palabra.
Voy a votar en general el proyecto como viene, en el entendido de que se va a modificar.
Pero quiero decir al Senador Espina y a otros que han intervenido ahora que acá -como lo señaló el señor Presidente- hay varias maneras de mirar lo que ha pasado en Chile en los últimos 22 años.
Una forma es la que indicó el Presidente de la Corporación: la democracia de los acuerdos. En todo lo ocurrido durante los 20 años en que nos tocó administrar el país, porque así lo quisieron los chilenos -no por azar, sino porque nos eligieron para esos efectos-, hubo que llegar a diversos acuerdos.
La democracia de los acuerdos no nació por una sensación de buena voluntad -que pudo haberla-, sino porque jurídicamente no había otra fórmula.
No nos olvidemos que, antes, junto con los Senadores elegidos, había un buen número de designados. Entonces, un Gobierno que ganaba con 55 por ciento de los votos y que arrasaba en las elecciones parlamentarias, al final del día aquí estaba en minoría. Y, entonces, para aprobar cualquier proyecto de ley, por bueno y modesto que fuera, se requería la mosquita ¿de quién? De los Senadores de enfrente.
Ese era el país que nos tocó vivir.
En consecuencia, hubo que hacer varias concesiones a la hora en que queríamos realizar algunos avances.
No digo que pudo haber algunos de los nuestros -me incluyo si quieren- que estuvieron de acuerdo con las propuestas y que lo hicieron de buena gana. Pero no podemos desconocer que durante los años noventa el país estaba semiintervenido.
Porque, ¿alguien se acuerda del "Ejercicio de enlace"? Todos miran sus computadores. ¿Alguien se acuerda del "Boinazo"? ¿Se acuerdan de los "pinocheques"?
Entonces, no me digan que era una democracia normal, pues se trataba de una intervenida.
Cuando al general Pinochet lo detuvieron en Londres, aquí quedó la tendalada. Muchos de los Senadores que se hallan enfrente fueron a reclamar por la injusticia. Y hoy día, por supuesto, ya no rasgan vestiduras por esa figura. Algunos todavía son consecuentes.
Ese fue el precio de la historia que nos tocó pagar.
Yo discrepo -no con usted, señor Presidente, porque me gusta su interpretación, la comparto, aunque hay otro elemento que agregaría a lo que señaló, para enriquecer el debate-, primero, de que no se debe marcar la diferencia. Y me hago la autocrítica, porque no marqué la diferencia después de haber llegado a un acuerdo. Nuestros Presidentes, incluido uno que quiero harto, se iban felices con un acuerdo en el Senado y en el Congreso, pues les permitía sacar adelante un proyecto, aun cuando no como lo querían.
¡Era que no, si había que negociar los votos!
Creo que quedaron muchas cosas por decir y que, producto de la negociación, no hubo claridad para explicar a los chilenos que uno quería el total, el cien, pero que, como tuvo que negociar -alguien me dirá que así son los parlamentos-, se fue con la mitad solamente.
Y eso ocurre porque el sistema binominal es injusto.
Pero nada obstaba a que, tal vez con más fuerza, hubiésemos manifestado entonces: "Quería esto, mis amigos, en materia del AUGE, pero quedé conforme sin el fondo solidario de las isapres, porque si no la Derecha no me daba la pasada". De haberlo hecho así, quizás los chilenos sabrían que queríamos cien, que nos quedamos con 50, pero que íbamos a pelear por el 50 restante.
Puedo aceptar eso. Y va con mi autocrítica.
De ahí que en estas votaciones mi actitud haya sido la de marcar una diferencia.
Sin embargo, me parecen algo frescos y un poco oportunistas los que participaron -como bien dijo la Senadora Rincón- en la discusión del proyecto de ley relativo al crédito con aval del Estado y lo aprobaron entusiastamente, porque, al cabo de diez años de vigencia del CAE, cuando el país es distinto, es más rico, más próspero, y los chilenos tienen más voz y se dan cuenta de los abusos de las casas comerciales y de las tasas de interés que cobran los bancos, no pueden venir a preguntar por qué ahora el Estado esquilma a los deudores.
Y ahí entonces me cruzo con el Senador Espina -por su intermedio, señor Presidente- cuando señala que defiende a su Gobierno y no acepta que lo critiquen injustamente. Sin embargo, tampoco él puede ser injusto en la crítica. No venga a decir que fuimos nosotros los que cambiamos el CAE. ¿Saben quiénes fueron? Las marchas del 2011. Esa es la verdad.
Entonces, ¿cuál es la lección política que uno saca? Que se debe marcar la diferencia y fomentar la movilización social. Porque, de lo contrario, no se habría legislado sobre la materia.
En abril de 2007 la Presidenta Bachelet envió un proyecto de ley para terminar con el lucro en la educación pública, pero en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la Derecha lo votó en contra. ¡Para la casa! Pero yo puedo alegar que "la Presidenta Bachelet quiso terminar con el lucro y ustedes se opusieron". De manera que cuando quede la tendalada mañana, pasado mañana o en diez años más, por lo menos no nos podrán acusar a nosotros de no haber hecho nada.
Eso es lo que nos está pasando. Al final, el asunto tiene que ver con el binominal. Me van a decir que vuelvo a los fenicios. Y es que ahí está la madre del cordero, ya que así la sociedad podría dirimir qué tipo de educación quiere.
Eso nos tiene entrampados.
Entonces, como no puedo romper el binominal debido a que no me alcanzan los votos -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo al Senador Coloma, que hoy nos acompaña con traje nuevo y que sonríe con lo que estoy expresando, porque sabe que tienen la sartén por el mango-,...
El señor COLOMA.- ¡Lo único que faltaba...!
El señor LAGOS.-... no queda otra cosa que ejercer un liderazgo fuerte, que marque la diferencia y con movilización social. Porque, como nadie está por subvertir el Estado de Derecho, no queda otra salida. Si no hay un razonamiento y una madurez del otro lado, entonces le estaremos exigiendo al sistema más de la cuenta.
O díganme lo siguiente. Al libro de María Olivia Monckeberg, El negocio de las universidades en Chile, del año 2005, que cuesta diez mil pesos, ¿alguien le prestó atención? Nadie. El Gobierno no fiscalizó. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? ¿Y qué hicieron los ex académicos de la Universidad Católica que tengo acá al frente? A nadie le importó, porque no era tema. Tuvo que ponerse el asunto en la calle para que fuera considerado.
Por lo tanto, yo les planteo altiro: ¿Qué vamos a hacer con las tasas de interés de los bancos comerciales, con los abusos que están ocurriendo?
En definitiva, algo se hará cuando revienten las cosas, que es lo que va a suceder, sobre todo si el país es más próspero y la gente ve esa prosperidad. Claro, puede decir. "Sí, a mí también me llegó: me aumentaron el salario mínimo". Pero ocurre que la desigual distribución de la riqueza es la que nos va a empobrecer como nación y va a generar una situación de inestabilidad.
Por eso, manifiesto mi apoyo a la idea de legislar en esta materia. Pero me cuelgo de las palabras de la Senadora Allende en el sentido de que con los Senadores señores Zaldívar e Ignacio Walker propusimos un proyecto de ley -y por su intermedio, señor Presidente, se lo aclaro al Honorable señor Pérez Varela, que señaló que no había visto ninguna iniciativa sobre el particular-, que entregaba todo tipo de atribuciones al silente Ministro de Educación.
Y en esa oportunidad -enero- me quedó claro lo que iba a ocurrir, a pesar de que estaban todos los estudiantes en las tribunas, porque esa propuesta era ideológicamente contraria a los intereses y a la manera como ve la vida dicho Ministro. Por tanto, no le satisfacía, a pesar de darle grandes atribuciones al Estado para hacerse cargo del problema, que era todo lo que pedían los que estaban presentes ese día, incluidos los estudiantes en las tribunas: su intervención.
Nosotros dimos la posibilidad. No digo que fuera perfecta. Pero no hubo respuesta. Y yo tengo claro por qué: porque ideológicamente no gustaba.
Ese era el tema de fondo y lo que ahora debatimos.
Por eso lo que viene este año será tan entretenido, ya que, después de todo lo que hemos vivido las últimas dos décadas, no me cabe duda de que en la próxima elección presidencial se abordarán estas materias, junto con el nombre del candidato o la candidata, que siempre es superimportante. El asunto del contenido, para obtener el cien por ciento que no pude lograr porque me tuve que conformar con el 50 y no cacareé por el 50 que me faltaba, ahora voy a poder ponerlo arriba de la mesa y las cosas se tendrán que hacer de otro modo.
Como no me permiten el cambio del binominal, tendrá que ser una movilización social muy fuerte la que lo posibilite. Y así, de a poco, me voy a ir ganando los espacios. Porque se agotaron los tiempos. La democracia de los acuerdos duró lo que tenía que durar. Hoy día los chilenos están pidiendo que funcione la democracia y las mayorías, que se encuentran vetadas, pues alguien tiene la sartén por el mango con el binominal. Y volvemos a los fenicios.
Lo remarco, para que los chilenos entiendan cuál es la diferencia, para que no crean que el binominal es cosa de los políticos, de la politiquería. ¡No, pues! La diferencia es que ahora tal vez tengamos la mayoría para cambiar lo que queremos y no podemos porque el 33 por ciento es igual al 66 por ciento.
¡En eso estamos topados!
Sin embargo, como yo soy un tipo constructivo, voy a apoyar en general este proyecto de ley. Entiendo que hay un acuerdo y una minuta dando vuelta respecto de las materias que se deben trabajar para mejorarlo.
Pero no nos hagamos trampas ni tratemos de aprovecharnos de la situación. Acá todos aprobaron el CAE. Todos sabían del asunto y no importó, o no era prioritario, como se dijo. Pues bien, la calle lo hizo prioritario, al igual que la reforma tributaria, que no estaba en el programa de Gobierno. Pero se materializó. La hizo la calle y no el Gobierno del Presidente Piñera. A él le tocó firmarla, que es distinto.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha inscrito el Senador señor Prokurica, que tiene sus diez minutos vigentes.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, me veo en la obligación de intervenir para aclarar ciertos hechos que me parecen importantes, especialmente los referidos a la crisis de la Universidad del Mar y a la actuación del señor Ministro de Educación.
Yo valoro los discursos como el del señor Presidente y de otros colegas que llaman a la cordura para lograr una discusión abierta y no tratar de generar una visión en la que los del frente son los malos y "nosotros", los buenos.
Lamento que en algunas intervenciones siempre se intente mostrar las contradicciones de los contrarios, pues eso no ayuda al debate. Por el contrario, me pregunto qué pensarán los padres de un hijo que fue alumno de la Universidad del Mar cuando escuchan estas sesiones. Probablemente, que en algún momento se propondrá alguna solución para su problema, aunque la verdad es que no hay claridad al respecto.
A mi juicio, ni en los últimos tres años ni en las dos décadas anteriores a ellos no se ha hecho nada. En todos los Gobiernos se han realizado cosas buenas y también cosas malas.
Sin embargo, me parece injusta la crítica que se formula al Ministro de Educación respecto de la crisis de la Universidad del Mar, porque en ella tiene gran responsabilidad la Administración anterior. Y algo le corresponde también a este Gobierno. Pero fue el Ministro Beyer quien pidió que se interviniera dicha institución; fue el Ministro Beyer quien nombró una interventora; fue el Ministro Beyer quien ofreció a los alumnos la mantención de sus créditos y la posibilidad de becas; fue el Ministro Beyer quien presentó las querellas contra los responsables de la situación, los que en este minuto se encuentran encarcelados.
Por lo tanto, decir que dicho Secretario de Estado no ha hecho nada al respecto me parece absurdo y lo lamento.
Yo me he reunido con los dirigentes de los alumnos de la Universidad del Mar de Copiapó, que representan a gente de Vallenar, de Antofagasta, de Chañaral y de otros lados. Y es difícil expresar lo que ellos han vivido. Se trata de personas que han perdido sus sueños, cuya realidad les corroe el alma, porque ven que con estas discusiones se los lleva a un punto a veces insostenible. Pero también debo resaltar que de su parte siempre ha habido una actitud responsable hacia las autoridades.
El señor Ministro, a quien quiero agradecer personalmente, ha participado con la Seremi de Educación, con el rector de la Universidad de Atacama, don Celso Arias, y con los profesores de esa casa de estudios en distintas reuniones. Allí se ha abierto la posibilidad de ofrecer carreras que la Universidad del Mar no impartía y de modificar los horarios, pues en su sede de Copiapó se estudiaba en forma vespertina, modalidad que no tienen otros planteles.
Don Celso Arias y la Universidad de Atacama han generado estas opciones, con el apoyo del Ministro del ramo y de las autoridades de Educación, para que la mayoría de los estudiantes -no todos; es cierto: no hay soluciones mágicas en la situación descrita- se pueda incorporar al mencionado establecimiento para terminar de cumplir su sueño, ya que muchos de ellos son la primera generación universitaria en su familia.
Y quiero agradecer además al Ministro Beyer porque, según la noticia que me entregó don Celso Arias la semana pasada, gracias a las gestiones que hemos realizado junto a las autoridades, el Ministerio va a aportar recursos para el arriendo de una sede donde los alumnos puedan seguir estudiando.
Por eso, me parece injusta la crítica, un poco al voleo, que se hace al señor Ministro, quien ha hecho esfuerzos no solo para fiscalizar y para sancionar a aquellos que se han puesto fuera de la ley, sino también para recibir y dar una oportunidad a los únicos que no tienen ninguna responsabilidad en este asunto: los alumnos y sus familias. A todo el resto nos cabe alguna responsabilidad, o porque no se fiscalizó, o porque se hizo la vista gorda y se miró para el lado durante mucho tiempo, lapso durante el cual se fue generando un cuadro insostenible para la gente.
Le agradezco públicamente, Ministro, el esfuerzo que ha hecho. No me cabe ninguna duda de que se trata de acciones realizadas de buena fe, para que los alumnos de la Universidad del Mar puedan terminar su educación superior.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha solicitado nuevamente la palabra el señor Ministro.
Como ha sido aludido, se la concedo.
El señor BEYER (Ministro de Educación).- Señor Presidente, quiero precisar, a propósito de la creación de la Superintendencia de Educación Superior, que todos concordamos en que falta un marco regulatorio adecuado para el sistema que rige este nivel de enseñanza. Creo que en eso no hay dos opiniones.
La pregunta de fondo es cómo ese marco regulatorio se va a ir complementando. El Gobierno ha dicho que a través de tres vías: Superintendencia, acreditación e información.
En el caso particular de la Superintendencia, el proyecto de ley en debate contiene una serie de disposiciones que permiten velar por los derechos de los estudiantes y por un control mucho más activo de las instituciones, a fin de poder evitar situaciones como las que hemos vivido.
Se trata de una solución de largo plazo y de carácter permanente.
En tal sentido, se establece claramente la protección de los derechos de los estudiantes. En cuanto a la capacidad del Estado para fiscalizar a las instituciones, se dan atribuciones que hoy día no existen en esta materia, con facultades para sancionar y para prevenir eventuales irregularidades en el caso de las distintas instituciones de educación superior. Asimismo, se eliminan los obstáculos que se observan en la actualidad para que el Estado pueda fiscalizar adecuadamente el lucro.
Esta es una solución -insisto- de largo plazo.
Al interior de la Comisión se acordaron -lo digo a propósito de algunas voces que hemos escuchado- diversas reformas adicionales que podrían fortalecer la iniciativa. Hemos mostrado buena disposición a ellas, lo cual no solo hemos manifestado a viva voz, sino que también lo hemos puesto por escrito. Hay una minuta que es de conocimiento de los miembros de ese órgano técnico.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la solución permanente, creemos que el proyecto resuelve una serie de cosas que no se hallan adecuadamente abordadas en la legislación vigente. Ahí radica su mérito. Y es sobre lo que creemos que el Senado debe deliberar, pues lo consideramos un avance significativo.
Ahora, el problema de la Universidad del Mar es una situación dolorosa que la normativa actual, por desgracia, no previó. De ahí que estemos viviendo una situación inédita: el cierre de una institución autónoma. Nosotros dijimos que la transición iba a ser dolorosa, que no iba a ser fácil, pero de a poco las soluciones han ido surgiendo, y el asunto, resolviéndose. Nosotros manifestamos que se requeriría todo el primer semestre y anticipamos que se llegaría a buen término.
Por consiguiente, reconocemos muchas de las críticas. Sabemos que no es un proceso fácil, porque la legislación no contemplaba situaciones como esta. Justamente, pensamos que la existencia de una Superintendencia evitará llegar a esos niveles terminales. Estamos confiados en que las soluciones -dijimos que esta iba a ser una transición dolorosa- se irán proveyendo durante el primer semestre y permitirán resolver adecuadamente el caso de la Universidad del Mar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Gracias, señor Ministro.
Se ha inscrito para fundamentar su voto el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, en verdad pensaba contestar directamente en mi fundamentación de voto lo señalado por el Senador Lagos. ¡Pero el colega es como los cometas: va y viene, y ahora no sé a quién plantearle lo que le quería manifestar...!
El señor NAVARRO.- Dígamelo a mí.
El señor COLOMA.- Se lo expresaré al Senador Navarro, que es el más cercano a él. O bien Su Señoría lo puede oír por los parlantes. En realidad, debe estar en alguna reunión que, no me cabe duda, es importante.
Señor Presidente, me sorprende el giro que ha tomado la discusión. Me parece que tres cuartas partes de la primera etapa del debate -lo comentábamos con el Senador Hernán Larraín- apuntaron en el sentido correcto, donde se compartía bastante el diagnóstico pero donde se difería en las causas y en las soluciones.
A mi entender, aquí hay involucrados temas ideológicos. Y bienvenido que así sea. Si no, seríamos todos siameses, o clones. Y eso no tiene que ver ni con la democracia, ni con la educación, ni con la libertad.
Pero lo que no me parece correcto es que ese giro envuelva una contradicción en sí misma. Porque me doy cuenta de que se ha planteado que el problema sería responsabilidad de los sistemas electorales. Lo argumentó el Senador Lagos. Nadie más. Fue el único. Y la verdad es que no tiene que ver con eso. Es una fórmula fácil para liberarse de culpas, propias o ajenas, o para lavarse las manos el decir: "Mire, si yo hubiera tenido más votos", en circunstancias de que muchas veces han existido mayorías de uno y otro lado. Y tampoco se trata de exculparse.
A mi juicio, la gracia del proyecto radica en que, al margen de los temas políticos propios, que pueden ser interesantes, ha permitido buscar una solución, en breve período de tiempo, a un problema de acceso, financiamiento y calidad de la educación. Y eso, muy lejos de ser un punto de desacuerdo o de enojo, debería significar un espacio de encuentro.
Por ello pensé que aquí llegaríamos con una suerte de unanimidad respecto de la votación en general, para luego resolver las discrepancias en la discusión particular. Pero cuando se trata de disfrazar el debate o de cambiarle el sentido se yerra en las soluciones.
Y se da una segunda contradicción. Mientras se debatía el proyecto me enteré de lo siguiente: un grupo de parlamentarios acaba de tomar la decisión de acusar constitucionalmente al Ministro Beyer -están en su derecho- por no sancionar el lucro en la educación superior, en circunstancias de que estamos conociendo una legislación que precisamente busca tener un Estado más activo frente a las transgresiones que puedan existir en esta materia.
Entonces, asumamos que no calza el espíritu de la normativa que estamos analizando con lo que simultáneamente se va oyendo.
Y un corolario final.
Si alguien siguiera el desarrollo de esta sesión, quedaría con la impresión de que el Ministro Beyer es el responsable de los problemas de la Universidad del Mar. Yo por lo menos quiero exculparlo de aquello, pues las dificultades de ese plantel no nacieron cuando él asumió su cargo. ¡Coincidamos en eso como mínimo! Asomaron en otra instancia, con grandes víctimas en el mundo de los estudiantes y del profesorado, con quienes los parlamentarios de Regiones hemos estado y seguiremos estando cerca.
Pero no tratemos de confundir, porque algunos parlamentarios han dejado entrever que la responsabilidad de lo sucedido, que constituye una transgresión grave de los deberes universitarios, sería del mismo Ministro que hoy nos presenta un proyecto que precisamente tiene por objeto mejorar la fiscalización de la educación superior.
Entonces, asumamos que aquí, respecto de un proyecto que creo muy importante, si buscamos las derivaciones de la comodidad, del aplauso fácil o simplemente de plantear asuntos inversos, vamos a tener problemas.
Porque esta no es una materia relacionada con el sistema electoral. Nos encontramos ante un tema de convicciones o de ejercicio, de desarrollo de la educación en Chile.
Aquí no se trata de responsabilizar a la autoridad de turno de problemas que surgieron hace muchos años por errores o dolo (eso lo determinarán los jueces).
Ni mucho menos esta es una instancia para efectuar una crítica desde un punto de vista político. Irónicamente, mientras analizamos este proyecto, a 40 metros de distancia se anuncia que el Ministro está siendo acusado, teóricamente, por no haber cumplido una ley que precisamente hoy día está buscando generar...
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿No le hace falta un minuto, señor Senador?
El señor LETELIER.- ¡No es culpable, pero podría ayudar a la solución!
El señor COLOMA.- Gracias, señor Presidente.
Esto al final es el tema de las contradicciones que dificultan la legislación.
Yo asumí y valoro el tono de la intervención de Su Señoría. Me parece bien. Y comparto con usted la política de los acuerdos.
Sin embargo, cuando uno plantea una visión crítica respecto de la historia, eso es parte de la discusión legítima que debe existir entre todos nosotros.
Y cuando uno señala que desde una perspectiva histórica pudo haber habido un error en el pasado, no significa que reniegue de la necesidad de llegar a acuerdos, que han sido muy importantes, muy valiosos.
Si alguien cree que al criticar uno denigra una forma de conducir, está equivocado. Lo que yo reclamo es que hay un error en la percepción de las necesidades en materia educacional, y que por cierto nos involucra a todos.
Pero no hay que pensar, porque uno formula una crítica política y a la cara, que está tratando de vulnerar un sistema de trabajo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro y Rossi.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Escalona.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se propone como plazo para presentar indicaciones el lunes 8 de abril, a las 12.
--Así se acuerda.