Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 89ª, en miércoles 19 de diciembre de 2012
Ordinaria
(De 16:19 a 20:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE;
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE; JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA Y FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 3º DE LEY Nº 17.235, SOBRE IMPUESTO TERRITORIAL


El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que posterga el reavalúo, prorroga los actuales avalúos de bienes raíces con destino habitacional y reduce la periodicidad del reavalúo de los bienes raíces de las distintas series, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8725-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 19 de diciembre de 2012.
Certificado de Comisión:
Certificado de Comisión de Hacienda: sesión 89ª, en 19 de diciembre de 2012.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión aprobó en general el proyecto por cuatro votos a favor, de los Senadores señora Rincón y señores García, Orpis y Pizarro, con la abstención del Honorable señor Lagos.
La letra a) del artículo único registró dos votos a favor y tres abstenciones. Se pronunciaron por la afirmativa los Senadores señores García y Orpis, y se abstuvieron los Honorables señora Rincón y señores Lagos y Pizarro. Repetida la votación, conforme al artículo 178 del Reglamento, se verificó idéntico resultado. En consecuencia, por aplicación del inciso segundo de la misma disposición, las abstenciones se consideraron votos favorables.
La letra b) fue sancionada por unanimidad.
Los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios fueron acogidos por cuatro votos a favor, de los Senadores señora Rincón y señores García, Orpis y Pizarro, con la abstención del Honorable señor Lagos.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para ello?
El señor PIZARRO.- Sí.
El señor ORPIS.- ¿Será una sola votación respecto del artículo único?
El señor PIZARRO.- Es un conjunto amplio.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Para aclarar el punto, tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata". Corresponde votar el proyecto en general, y, si no hubiera indicaciones, quedaría aprobado también en particular, con el mismo resultado.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Puede usar de la palabra primero el Honorable señor García, Presidente del órgano técnico, para informar.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada esta tarde, se dedicó al estudio y despacho de la iniciativa, y, tal como lo mencionó el señor Secretario, aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor, con una abstención.
Luego, dado que era preciso, por la calificación de la urgencia, pronunciarse también en particular, se puso en votación la letra a) del artículo único, la cual establece que el Servicio de Impuestos Internos deberá reavaluar cada cuatro años, en lugar de cinco, los bienes raíces agrícolas y no agrícolas sujetos a las disposiciones de la Ley sobre Impuesto Territorial.
Habiéndose registrado dos votos a favor y tres abstenciones, se repitió la votación y se verificó el mismo resultado. La disposición se dio finalmente por aprobada en virtud del artículo 178 del Reglamento, que dispone que las abstenciones se suman a la postura que haya obtenido mayor número de votos.
Respecto de la letra b), cabe tener presente que, en el incremento paulatino, a lo largo de 10 semestres, de los reavalúos que van a regir a contar del 1º de enero de 2014, finalmente se eliminará lo que no alcance a formar parte del nuevo monto durante nueve semestres, es decir, el saldo final. El efecto práctico de ello es que las propiedades, que registrarán una alta diferencia en el proceso de reavalúo, terminarán, al cabo de cinco años, con un avalúo menor del que les habría correspondido. Por esa misma razón la letra b) fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Senadores señora Rincón y señores Lagos, Orpis, Pizarro y quien habla.
Los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios fueron aprobados por cuatro votos a favor y una abstención.
El artículo primero transitorio prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013, con sujeción a las normas de la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, la vigencia de los avalúos de bienes raíces destinados a habitación que rijan al 31 de diciembre en curso. Ello es muy importante. Se trata de un beneficio que solo favorece a dichos inmuebles, no así a aquellos con destino comercial, a los cuales se les aplicará el nuevo reavalúo y por los que se deberán pagar mayores contribuciones, en consecuencia, en los casos en que corresponda. De esta manera también se mitigarán los eventuales efectos de la presente iniciativa sobre los ingresos municipales, en el sentido de que los menores recursos que se van a recibir obedecerán solo a la disminución por concepto de propiedades con fines habitacionales.
El artículo segundo transitorio establece cuándo comenzará a regir el plazo de cuatro años para efectuar los cálculos de los nuevos avalúos.
Y los artículos tercero y cuarto transitorios dicen relación con la administración del impuesto territorial.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el proyecto, que tiene que ser ley antes del 31 de diciembre próximo para que la postergación rija a partir del 1º de enero de 2013.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, lo que estamos haciendo en estos momentos en el Congreso responde a lo forzoso del plazo: el 31 del mes en curso tiene que estar aprobada la iniciativa que nos ocupa, la cual llegó con "discusión inmediata".
Sin perjuicio de lograrse el mismo acuerdo de aprobar la prórroga, a mi juicio, se podría haber desarrollado un debate más a fondo y visto cuáles podrían ser los efectos negativos en los ingresos municipales, que es el tema pendiente.
Efectivamente, la medida no se refiere a todos los bienes raíces: no comprende a los agrícolas, cuyo sistema de reajuste es diferente, sino a los urbanos. Y dentro de estos, no se aplica a los comerciales ni a los industriales, sino nada más que a los habitacionales. En esta última categoría, casi el 70 por ciento está exento, por el hecho de que una parte del avalúo no se grava.
Convenía contar con un informe que precisara cuál es el daño o el menor ingreso municipal, porque se conoce solo la cantidad de 16 mil millones de pesos, dato que proporciona la Asociación Chilena de Municipalidades. A lo mejor es menos, si acaso se considera únicamente lo habitacional y no lo comercial y lo industrial. Sería bueno saberlo, ya que debiera haber mediado un esfuerzo del Gobierno para poder compensar los menores recursos en el período en que no habrá un reavalúo.
Habría sido deseable un debate sobre la compensación del alza transitoria de contribuciones aprobada con motivo del terremoto, que va a dejar de tener efecto. Tal vez, podríamos haberla dejado vigente para equilibrar la postergación del reavalúo, con el cual concuerdo, y el daño municipal.
Me parece bien que el proyecto disponga la reavaluación cada cuatro años y no cada cinco. Convendría que algunos que quieren cambiar el período presidencial lo precisaran rápidamente, si acaso estamos justificando la medida sobre esa base. He escuchado a algunos parlamentarios decir que hay que fijarlo nuevamente en seis años, en tanto que otros se inclinan por cinco. Si vamos a dictar una norma, que ello sea claro.
Me habría gustado ir un poco más al fondo, no centrarse solo en la prórroga, en el entendido de que, en estas condiciones, no me queda otra cosa que aprobarla.
Reitero que en las municipalidades se registrará un menor ingreso que no va a ser compensado. Creo que sería bueno que el Gobierno tomara nota de ello y que en un próximo proyecto contemplase la manera de lograr una equivalencia, con motivo del menoscabo que experimentarán.
Incluso, se podría haber justificado el no reavalúo, porque, como se ha reconocido por el IPoM, del Banco Central, y lo han declarado algunos expertos, tiene lugar un auge inmobiliario, sobre todo en algunas comunas donde el valor de las propiedades se ha incrementado más allá, seguramente, de lo que corresponde al mercado normal. Si se efectuara una retasación en estos momentos, a lo mejor se haría el ajuste con un reavalúo no acorde con la realidad.
Sobre todo lo anterior me habría gustado mantener una conversación más a fondo. No formo parte de la Comisión de Hacienda -no pude participar en su reunión-, pero estimo que debiéramos haber visto todas esas materias.
La prórroga se tiene que disponer. No queda otra cosa.
Considero que es bueno que el Gobierno se lleve el mensaje -por lo menos, de mi parte- de que se requiere un proyecto de ley que compense a las municipalidades en la cantidad que proceda.
Pienso que son menos de 16 mil millones de pesos, porque me parece que la proporción entre bienes urbanos comerciales y habitacionales es del orden de 60/40. Es más el valor de lo comercial y lo industrial que lo habitacional, porque una buena parte de esto último se halla exenta de pago de contribuciones. Pero eso se podría haber verificado. A lo mejor, son 4 mil millones, 5 mil millones.
A mi juicio, el Gobierno perfectamente podría hacer el esfuerzo de transferir recursos a las municipalidades, porque, por supuesto, para estas el daño es mucho mayor, lo que seguramente permitiría una disposición de fondos fiscales.
Lo otro que he planteado es que la ley aplicó una sobretasa transitoria, según recuerdo, con motivo del terremoto, y que vencerá el próximo año. Quizás habría sido posible compensar una cosa con la otra y no provocar daño a las municipalidades. Perfectamente se podría haber prorrogado el reavalúo, mantenido la tasa durante el período respectivo y evitado dicho perjuicio por la cantidad que se señala.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, el Senador señor Zaldívar ha sido bastante pedagógico respecto a cuáles son las preocupaciones que genera la iniciativa en examen.
Comprendiendo el espíritu del articulado, creo que la premura con que este se trata no permite abordar los temas planteados por Su Señoría. Surge una cuestión de forma: hoy día es 19 de diciembre y termina en menos de dos horas la sesión en que lo estamos discutiendo.
Como bien lo ha recordado el señor Senador, esta Corporación aprobó, con ocasión del terremoto, un cuerpo legal que, en aras de la reconstrucción, ya estableció, entre muchas disposiciones, la postergación de un reavalúo de bienes raíces. Y eso fue hace dos años.
Desde el punto de vista de la forma, que se trata siempre de cautelar, estimo apresurado sostener el debate de la manera como lo hemos hecho el día de hoy. La disposición ha sido la mejor, porque se dio la unanimidad para que la Comisión de Hacienda pudiera sesionar aunque no se contara con el informe. Eso demuestra que no se quiere obstruir.
Se ha solicitado información por escrito respecto a lo que dejarían de recaudar los municipios como consecuencia de la prórroga, que va a impedir, en el caso de los bienes habitacionales, un aumento por concepto de bienes raíces. La información de la Asociación de Municipalidades se refiere a 16 mil millones de pesos. El Ministro de Hacienda ha señalado que sería una cifra significativamente inferior.
Lo que se le planteó a este último, en su oportunidad, era la posibilidad de una compensación de alguna naturaleza. No hubo respuesta. Ni un sí ni un no.
El Honorable señor Zaldívar, por ejemplo, estima que la extensión de la vigencia de la sobretasa aprobada como consecuencia del terremoto tal vez hubiera compensado el ingreso que dejarían de obtener los municipios con motivo de la postergación del reavalúo.
O sea, se podría haber llegado a un entendimiento por la vía de conversar, pero no existió una voluntad en tal sentido.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda -y este es un punto que sí me parece más preocupante, lo que expongo con mucha serenidad-, el Subsecretario señor Dittborn y sus asesores manifestaron que la razón de la medida radica, entre otras cosas, en que se quiere presentar el próximo año un proyecto de ley que va a modificar la regulación actual. Inquirido al respecto el señor Ministro de Hacienda, no pudo confirmarlo ni desmentirlo: solo se concentró en señalar que se posterga un reavalúo. Punto. No agregó, coma, "con el objeto de contar con un mecanismo o procedimiento distinto".
Entonces, aprovecho de preguntar si el titular de la Cartera podría tener a bien aclarar el punto, para saber si su palabra es la que va a valer, desde ese punto de vista, y si lo expresado por el señor Subsecretario no fue lo correcto.
Comprendo que este es un año electoral, señor Presidente. Entonces, cuando se hace referencia a subir o bajar las contribuciones, puedo advertir el esfuerzo que se lleva a cabo, desde el punto de vista del calendario, en orden a expresar: "Busquemos un período en el año en que ello no influya". Deseo consignar que lo que estamos haciendo hoy día ciertamente va a influir en los ánimos electorales, tal vez para beneficio del Gobierno y de muchos que pueden querer que eso ocurra. De no aprobarse la medida que nos ocupa, muchos contribuyentes habrían recibido, entre enero y febrero, un papelito que hubiera dicho que iban a tener que pagar más. Y eso iba a ser de cargo del Gobierno.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, ¿qué es el reavalúo? Es un reajuste en el valor de la propiedad que se hace en todo el territorio nacional. Y hay propietarios que están pagando un determinado monto en contribuciones que va a subir en la mayor parte de los casos, de acuerdo con esa medida. Ello, por la plusvalía, por los criterios de retasación, por un reajuste de recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En definitiva, los contribuyentes van a cancelar más.
Señor Presidente, no tengo inconveniente en reconocer que este proyecto de postergación de reavalúos será positivo para los propietarios. Pero, al mismo tiempo, debo señalar que resultará muy perjudicial para los municipios, porque no percibirán mayores ingresos por los reavalúos, que constituyen una de las principales fuentes para financiar sus gastos corrientes, como pago de remuneraciones u otros que tienen que ver con entregar bienestar a la comunidad.
Es cierto que reciben aportes especiales. Pero la mayoría de los ingresos municipales proviene de las contribuciones de bienes raíces, de las cuales una parte va en forma directa al municipio, y otra al Fondo Común Municipal, el que a su vez se reparte entre las municipalidades.
Por otra parte, en lugares donde hay una importante presencia indígena, como es el caso de muchas comunas de mi Región y de las de otros Senadores, hemos establecido que las tierras indígenas -con toda razón- no paguen impuesto territorial. Que queden exentas.
Sin embargo, ello tiene un efecto determinado: que la respectiva municipalidad no reciba ingresos por tal concepto. Y esa concesión meritoria y justificada al mundo indígena no se halla compensada por el Fisco en los municipios que deben atender a ese mundo.
En efecto, se dice: "Vamos a establecer esta exención tributaria a favor de los pueblos originarios porque no pueden pagar". Y lo mismo ocurre con los sectores más vulnerables, que también quedan exentos de contribuciones. Pero, entonces, ¿cómo se financian los municipios donde ellos viven, que precisan mayores recursos justamente para atender a las poblaciones o a las familias más necesitadas? Donde más vulnerabilidad existe, menos dinero ingresa a las municipalidades y estas tienen menos disponibilidad de financiamiento para satisfacer las demandas más sentidas de sus habitantes.
Recién se señalaba: "Este es un año electoral". Acaba de terminar un proceso eleccionario y los alcaldes exitosos, elegidos con altas votaciones, tienen que cumplir un programa, tienen que cumplir expectativas. Y estas se basan fundamentalmente en los fondos que se recauden. Y con la postergación de reavalúos, los municipios tendrán menos recursos.
Con referencia a la exención de pago de contribuciones de bienes raíces que el Estado dispone a favor de los pueblos originarios, debo manifestar que las comunas donde ellos habitan no reciben ninguna compensación por esa justificada medida.
Por lo tanto, le solicito al señor Ministro de Hacienda que reflexione acerca de la posibilidad de hacer un nuevo trato entre el Fisco y las comunas donde hay gran presencia indígena, cuyas tierras se encontrarán exentas del pago de contribuciones.
Con esto -repito-, por un lado se favorece a los pueblos originarios, y por otro, se castiga a los municipios en materia de recursos.
En cuanto a la postergación del reavalúo, también tendrá un efecto pernicioso en las comunas, especialmente en las más pobres, que se financian con el Fondo Común Municipal. Porque este mantendrá su actual nivel de ingresos. De no mediar la iniciativa en debate, estos subirían -según entiendo- en alrededor de 17 mil millones de pesos, que irían mayoritariamente a los municipios más pobres.
Entonces, digámoslo con claridad: este proyecto es muy favorable para los propietarios de inmuebles, porque pagarán menos impuesto territorial. Pero quienes sufrirán las consecuencias directas de ello serán las personas más vulnerables, las más pobres y las comunas donde viven, cuyos municipios no contarán con los mayores recursos que deberían recibir de no mediar esta iniciativa de ley.
Por eso, señor Presidente, no me encuentro en condiciones de votarla favorablemente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, llegará el día en que el Parlamento y el Gobierno se privarán de presentar proyectos como el que ahora se discute, y en que, tal como se planteó tiempo atrás, se dejará que las cosas ocurran como corresponde, no más.
Hasta el día de hoy no entiendo en qué se basa esta prórroga de reavalúos, más allá del hecho de que estamos en un año electoral.
¿Cuál es el raciocinio para arrebatarles ingresos a las comunas?
¿Cuál es la razón para evitar un debate más sincero sobre la descentralización del poder? Porque cuando una tributación va a la autoridad de un territorio específico, lo que hay es una transferencia de poder.
Aquí se ha optado por beneficiar, fijándoles un respiro, particularmente a los dueños de casas habitaciones ubicadas en lugares que han tenido un aumento en su plusvalía. Porque esto no ha sucedido en todo el territorio nacional. En muchos lugares la tierra no ha experimentado un incremento en su plusvalía, que es lo que incide en el valor de las propiedades.
Los aliviados serán los segmentos de mayores ingresos de Chile, no la clase media ni los pobres. Porque mucha gente de la clase media del país no paga contribuciones por sus viviendas. Podremos discutir quiénes conforman este segmento, y espero no escuchar el típico ejemplo que se nos trae al Parlamento de que se trata de adultos mayores que quedaron en la casa que constituía la fortuna familiar y que subsisten con una baja pensión.
¡Claro!, existen esos casos, pero son marginales en comparación con el grueso de ellos.
Este proyecto conlleva una acción que incide en los recursos municipales, a la cual tal vez uno pueda encontrarle justificación porque hay que perfeccionar un instrumento.
Pero si el espíritu de esta legislación fuera perfeccionar los instrumentos, el Ministro de Hacienda -presente en la Sala- podría ratificar lo que, según entiendo, dijo en la Comisión: que se van a atender aquellas materias que sí les interesan a los municipios, como el otorgarles la facultad para resolver los casos de ciudadanos de sus territorios con deudas por concepto de extracción de basura o con cementerios municipales.
¡Esas sí son cosas que inciden en los ingresos de los municipios y respecto de las cuales ellos piden que se les conceda facultad para resolverlas autónomamente!
Lo curioso, señor Presidente, es que la ley en estudio, que incide en los recursos de las comunas, no fue solicitada por los municipios.
Eso sí, hay otras peticiones de la Asociación Chilena de Municipalidades. Me consta que en mi Región se está solicitando la facultad -sería ideal que fuera permanente- para poder repactar o condonar deudas de algunos ciudadanos por concepto de extracción de basura o con cementerios municipales.
¡Ello significaría transferir poder a las autoridades locales: darles atribuciones para disponer de sus ingresos!
La iniciativa implica un despojo unilateral de fondos a los municipios.
Curiosamente, el Fondo Común Municipal -por lo que entiendo- no va a ser compensado. Y es importante explicar bien esto.
Las contribuciones de bienes raíces van a los municipios. Pero en los más ricos de Chile, donde se recauda la mayoría de los ingresos provenientes de ellas, que son los de las 4 o 6 comunas del sector nororiente de la Región Metropolitana: Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, el 70 por ciento de lo percibido por concepto de contribuciones de bienes raíces va al Fondo Común Municipal para ser redistribuido entre las comunas de todo el país.
Por lo tanto, ¡este proyecto va a redundar en una pérdida neta para los municipios!
Señor Presidente, quizás estoy desinformado -si es así, pido disculpas-, y el Gobierno tiene la voluntad de compensar la pérdida de esos ingresos.
Yo represento a una Región del Chile medio; del Chile de las comunas del centro del país; de las comunas intermedias, de 30 mil, 50 mil habitantes, que son dependientes del Fondo Común Municipal. Y algunas de ellas son inviables sin la transferencia que les efectúa ese Fondo. ¡Absolutamente inviables!
Entonces, me pregunto: ¿Por qué a esas comunas, en un país que crece, en un país que avanza, en un país que tiene tasas de crecimiento de las que todos nos alegramos, se les dice: "Ustedes no se suben a este tren; ustedes no tienen derecho a contar con más recursos para sus políticas públicas"?
Señalo lo anterior, porque algunos pensarán que uno o dos años no importan tanto, pero a mí me inquieta una cuestión de criterio.
Por un lado, aquí hay una decisión propia del centralismo más exacerbado, en cuanto a postergar un reajuste de impuestos -entiendo yo- solo por las elecciones del próximo año. A mi juicio, no hay ninguna razón adicional que lo justifique. Y, por otro lado, en aquellas materias donde los municipios quieren administrar sus recursos, no lo pueden hacer.
Solicito al Ejecutivo, por su intermedio, señor Presidente, lo siguiente.
Primero, que se compensen los recursos que no van a llegar al Fondo Común Municipal, del cual dependen los municipios más pobres del país.
Y, segundo, que se entreguen facultades a los municipios, por medio de una ley -no entiendo por qué no se ha querido hacer acá-, para que puedan renegociar y administrar con los habitantes de sus comunas sus pasivos por extracción de basura, deudas de cementerio, etcétera. Creo que esto permitiría reconocer algo importante para fortalecer la democracia: que las autoridades locales deben ser quienes determinen qué acciones se toman con sus ingresos y no otros, como los que estamos aquí, en la Sala. Porque no nos corresponde administrar día tras día las demandas ciudadanas.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no voy a entrar al detalle mismo del proyecto. Solo quiero detenerme en dos consideraciones.
La primera, que hemos revisado en la Comisión de Hacienda, se refiere a la modificación del período de reavalúo.
Creo que, lamentablemente, estamos cometiendo un error. Porque esos reavalúos se van a realizar justo en años electorales, lo cual va a provocar que tienda a existir presión para que ellos no se practiquen o se dilate su ejecución. Esto se lo señalé al Ministro y lo discutimos en la Comisión.
El Secretario de Estado sostiene que no será así, porque este mecanismo se halla establecido por ley y no requiere trámite legislativo. Es cierto. Pero la presión legislativa para que se aplace la retasación va a existir. Y así como hoy día estamos postergando por un año la entrada en vigencia de una norma, lamentablemente lo mismo sucederá en el futuro.
La segunda consideración se la hicimos presente al Ministro, y tiene que ver con un proyecto, del que soy autora, que el Senado de la República aprobó en forma unánime. Este dice relación con las facultades de los municipios para condonar las deudas producto de intereses y multas en materia de extracción de basura.
Señor Presidente, la normativa sobre la materia dictada en el pasado estableció, por desgracia, un sistema para el cobro de multas e intereses que las hace más caras que el pago por retiro de basura.
¿Qué ha ocurrido en el tiempo? Que en muchas comunas, por no decir en todas las del país, los vecinos y vecinas no han concurrido a cancelar la obligación. Y el elevado monto de las multas e intereses acumulados ha significado que existan deudas impagables. Pero el alcalde, la máxima autoridad comunal, no las puede condonar ni rebajar.
Entonces, ¿qué ocurre al final del día? Que el alcalde no percibe el pago de lo adeudado por el alto nivel de endeudamiento de las vecinas y los vecinos. Y, en muchos casos, esto lleva al remate del bien raíz por el cual se origina.
El Senado despachó al Ejecutivo, en forma unánime, un proyecto de acuerdo para legislar sobre esta materia. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta, salvo que se iba a estudiar el asunto.
Por eso, le pido al Gobierno (este se mostró favorable cuando se lo solicité en la Comisión de Hacienda) que apure el análisis de esta materia.
Van pasando los meses. Este problema lo vivimos todos nosotros en períodos electorales, porque la gente nos reclama. Obviamente, se traduce en menos ingresos para los municipios, que deben cumplir sus obligaciones, y también en angustia para las familias, a las que les aumenta su nivel de compromisos impagos.
Cuando estamos abordando materias sensibles para la ciudadanía, debo señalar que este asunto, que, sin lugar a dudas, no representa mayor gasto fiscal, tendría que ser revisado por el Ejecutivo en forma urgente. Y en el Parlamento encontrará los votos necesarios para regularizar una situación que, a todas luces, es injusta por los montos involucrados y, además, inequitativa con los municipios más pobres.
Queremos transformar el país; de nosotros depende.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a casi 15 días de haber asumido en el país los nuevos concejos municipales y los nuevos alcaldes, vemos que el proyecto que hoy día se busca aprobar es, claramente, antimunicipios.
Se trata de una medida antimunicipalidades, centralista; más allá de si los márgenes son 16 mil millones o 3 mil millones. Esta es otra excusa del Gobierno para no cumplir sus compromisos en materia municipal, como hace dos años con la Educación.
Y esta es una de las pocas herramientas de las cuales se puede disponer.
Me preocupa que en el último tiempo haya tanta prórroga. El Parlamento ha aprobado varias, más allá de si se trata de medidas populares o impopulares. Las ha habido también para los bienes raíces, para los predios agrícolas. En general, esto no está de acuerdo ni se condice con un país que crece, que tiene mayor desarrollo, mayor bienestar, y que quiere repartir sus recursos de manera más igualitaria y equitativa entre sus habitantes.
Cabe recordar qué hacen los municipios con los recursos extras que reciben por el incremento -conforme a los coeficientes regulares de cálculo- del Fondo Común Municipal.
Porque esta es una base importante de dicho Fondo. Con lo que recaudan se llevan a cabo programas sociales; en las comunas más pobres se hacen veredas, se edifican sedes comunitarias, se ponen semáforos donde hay accidentes y, a veces, muere gente, y también se construyen calzadas. Es decir, se realizan obras públicas y, en ocasiones, pequeñas. Porque, como recién señaló un Senador, esto es para el gasto corriente de los municipios, no para la gran inversión, caso en el cual postulan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o se financia sectorialmente.
Entonces, en cuanto al segmento que se busca beneficiar, esto se asemeja mucho a lo que se llamó "reforma tributaria", "ajuste", "reforma macetero", "base para una verdadera reforma", o como se haya denominado, que entrega un crédito tributario a la educación. En gran medida, muchos de los favorecidos son los mismos. Incluso, uno podría decir que aquí el Gobierno está cuidando un nicho electoral, como han sostenido algunos señores Senadores. No sé. Yo no me atrevería a hacer esa afirmación.
Por otra parte, no he escuchado argumentos para apoyar el proyecto. Algunos colegas -como el Senador Zaldívar- han expresado que van a votar a favor, porque, a veces, complica pronunciarse en contra. Pero no he oído buenas razones para aprobarlo.
Lo que yo pienso es que el Gobierno no quiere pagar un costo por ajustar los avalúos al crecimiento de las propiedades, especialmente en las comunas más ricas de Chile.
Por eso, sostengo que la iniciativa legal es completamente regresiva. Porque, por ejemplo, Sus Señorías saben cuánto cuesta en Providencia el metro cuadrado: aproximadamente 26 UF. ¡Y cuánto ha crecido en los últimos 5 años! Al igual que en Lo Barnechea, Las Condes o Vitacura.
Por supuesto que el proyecto persigue que esos sectores no paguen más impuestos, porque tendrían que ser revaluados. Sin embargo, para Regiones como la que yo represento -la de La Araucanía-, esto significa pura pérdida. Porque 16 mil millones, o la cantidad que sea, son recursos que los municipios invierten en gasto corriente -como alguien dijo aquí- y también en pequeñas obras públicas que, a veces, representan una tremenda oportunidad de bienestar para los vecinos.
Yo creo que llegó el momento de ajustar el mecanismo en su valor real. No es cierto que la clase media se beneficia -a menos que tengamos una mirada muy distinta de lo que consideramos por clase media-, ni menos los sectores más modestos; en absoluto.
Y por eso digo que se trata de algo regresivo: porque esos segmentos pierden, ya que los sectores más pobres dependen mucho de la obra que los municipios hagan. Y, en este caso, dejarán de realizarla, por cuanto no van a contar con fondos adicionales.
Por eso, me sumo a los que algunos colegas han planteado -como el Senador Lagos- de que el Gobierno se comprometa con un proyecto de inyección de recursos nuevos a los municipios, para paliar o compensar lo que dejarán de percibir a raíz de esta iniciativa, si es que se aprueba.
Señor Presidente, no voy a concurrir a aprobar con mi voto un proyecto como este.
Me abstengo.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Gobierno, al enviar al Congreso un proyecto de ley, ha hecho uso de su facultad; pero lo hizo a última hora. Estamos en la última sesión del año, ¡en la última sesión! O sea, igual como ocurre en cuarto medio cuando termina el año.
Y, a veces, es se puede entender como "chipe libre".
Creo que este es un proyecto serio, porque el Ministro de Hacienda también lo es. Sin embargo, para los municipios, aquel no lo es.
La abstención en el ámbito municipal, que es la base de la democracia, donde está la participación local, territorial, el poder comunal, alcanzó niveles alarmantes: en Talcahuano, el alcalde Gastón Saavedra, mi amigo, ganó con el 75 por ciento; pero votó solo el 39 por ciento del padrón electoral.
En Chile, de cada diez habitantes sufragaron cuatro; vale decir, se abstuvo el 60 por ciento.
Sin embargo, a esos alcaldes elegidos con una escasa participación, hoy día, en su debut, lejos de anunciarles que es necesario inyectar más recursos para que el municipio legitime su rol de participación, les decimos que les vamos a restar fondos, sabiendo que todo lo que prometieron durante las campañas lo hicieron sobre la base de reglas del juego claras, conforme a los ingresos proyectados para el 2013.
Y, por tanto, alguien tendrá que explicar a la ciudadanía que las iniciativas planificadas a nivel comunal no se podrán realizar debido a que el municipio va a carecer de tales ingresos. Eso significa que o les mintió el alcalde o, bien, el Gobierno cambió las reglas del juego a última hora.
Eso va a ser así con los alcaldes de Derecha, con los de Centro y con los de Izquierda, toda vez que no podrán cumplir con los compromisos de campaña.
Mi amigo Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, no va a poder cumplir con los suyos, habiendo explicitado de manera detallada, en un trabajo con la propia comunidad, qué iba a hacer con los ingresos municipales: ¡presupuesto participativo!
Bueno, y eso se cae. Además, no hay un detalle exacto que permita dimensionar cuántos fondos menos tendrá Recoleta, ni cuánto menos Concepción.
En Chiguayante, Antonio Rivas ganó y ahí está. En esa localidad hay población de clase media y de clase baja. Pero en el sector Lonco, que es un barrio de Concepción, están los altos ingresos.
Señor Presidente, esta prórroga va a disminuir las entradas municipales.
Ahora bien, todo indica que este, al igual que la Ley de Elecciones Primarias, es un proyecto más bien electoral. Y se lo dije al Ministro Larroulet. Dicha normativa solo ordena a la Derecha; pero la Concertación "pisó el palito" y dijo "Sí, hagamos una ley de elecciones primarias -comillas- partidista", porque no es ciudadana.
Yo no entendía el alboroto ni la incitación del Ministro Larroulet por aprobar esa iniciativa. Era solo para resolver el tema Golborne y Allamand, el que, entre paréntesis, va a ser de muy difícil solución.
Esta nueva ley, obviamente, traerá un cierto alivio a quienes no pueden pagar e incide en los aspectos que aquí se han señalado. Pero quiero reiterar que gente de verdadera clase media -como ha expresado el Ministro- tiene su buena casa o departamento. Son personas que han trabajado toda la vida, pero que perciben ingresos miserables, porque el sistema de AFP las condenó a jubilar con un tercio de sus remuneraciones. O sea, tienen una buena casa, pagan una alta renta, pero sus entradas corresponden a un tercio de lo que ganaban cuando eran trabajadores activos.
Por lo tanto, no están en condiciones de pagar la renta de esa buena casa, la cual no refleja su real situación económica. Y se podría pensar que el postergar la situación por un año sería una medida. Pero ello no es un alivio para la clase media, sino que significa traspasar la agonía del 2013 al 2014, nada más.
El Ministro podría decirnos que se va a evaluar lo que aquí se ha planteado respecto de la tercera edad, la situación de la muerte digna, las deudas que hay con los cementerios. Porque cada chileno debiera tener acceso a un lugar donde morir.
Y hemos planteado en un proyecto de ley la necesidad de tener ¡muerte digna!, ¡un lugar donde "caerse muerto"! y ¡que el Estado, a través de los municipios, termine con la incertidumbre de no tener un lugar garantizado para morir en paz! Y no se muere en paz, cuando se deja a la familia con una alta deuda. ¡Vale como un millón de pesos morirse!
Señor Presidente, este derecho sagrado a la muerte digna de un ser humano es un elemento que el Ministro y el Gobierno podrían incorporar como parte del alivio a los municipios, porque son los alcaldes los que deben dar la cara y decir que no es admisible lo que se propone, porque significa más endeudamiento municipal.
Señor Presidente, el Gobierno argumenta que este proyecto es un apoyo para la clase media. Y ya lo hemos dicho: es un alivio "temporal", porque se patea para el 2014 el reavalúo. En el fondo, no es alivio, pues, en muchos casos, se sigue gravando a los contribuyentes con impuestos que no pueden pagar.
Respecto de los adultos mayores y las familias monoparentales, la iniciativa implica más bien una transacción por un año. Y en cuanto a las condiciones de Europa y a la incertidumbre que pueda implicar el arrepentirnos de no aprobarla, es algo que contraría lo dicho por el Ministro, porque, si bien sostiene que Chile está blindado, el asunto puede afectarnos. Pero no tienen por qué pagar el costo de esta situación los más pobres ni los municipios.
Los alcaldes se van a enojar con nosotros, señor Ministro, porque cada vez que aprobamos una iniciativa legal que los hace incurrir en más gasto sin consultarlos, somos los parlamentarios los que salimos a la palestra. Dicen: "Pídanle plata a Navarro, o a García-Huidobro, o a Lagos. Ellos aprobaron la normativa y no nos avisaron".
Entonces, estimo que estamos incurriendo en un agravio hacia los alcaldes y los concejales recién elegidos y, también, hacia la ciudadanía, porque en definitiva habrá menos obras municipales. Todos van a entender que esto se debe, básicamente, a una "movida" electoral y que no se quiere hacer pagar el costo que tendría para el Gobierno el aumento del pago de contribuciones en un año de elecciones.
Por último, estimo que se necesita una revisión a fondo del sistema de financiamiento municipal, del FNDR y del Fondo Común Municipal, al igual que establecer que los municipios tengan la obligación de pagar por caja -o sea, por mandato de la ley- la luz, el agua, la basura, el gas. No puede ser que haya colegios municipales con la luz cortada o sin agua, ni sea posible regar las plazas públicas porque no se ha pagado la cuenta a ESSBIO o a la empresa sanitaria.
Todos esos servicios básicos debieran ser descontados por caja y cargarse a los aportes que se les dan a los municipios. No debiera permitirse a los ediles ahorrar esos recursos o trasladarlos de destino; y lo mismo tendría que aplicarse en lo referente al pago previsional de sus trabajadores y a las cuotas de las cajas de compensación.
Como hay arreglos que hacer, creo que los alcaldes están dispuestos a ese debate. Pero lo que no podemos hacer es decirles, después de que prometieron un programa de gobierno municipal, en un ambiente de baja participación, que dispondrán de menos recursos para cumplir sus promesas.
¡Eso es traicionar la voluntad ciudadana! ¡Eso es hacer una zancadilla a la participación y dañar la credibilidad de la participación local y municipal y la credibilidad en los líderes comunales!
Considero que los alcaldes, cuando sepan de esto -si bien alguna noticia tenían-, van a reaccionar en forma adversa. ¡Y al que le calce el guante que se lo chante!
Estoy disponible para discutir con el Gobierno todo lo que sea necesario para mejorar lo relativo a la gestión y fiscalizar en mejor forma el gasto municipal, como ha ocurrido con los recursos enviados a la educación, que se han diluido.
Pero, en lo que dice relación a este proyecto, me voy a abstener, porque creo que si lo hubiéramos discutido con más tiempo habríamos podido tener una iniciativa con todos estos elementos, más los sugeridos en este debate por los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Eso nos habría dejado más tranquilos y, obviamente, sin el peso de conciencia de estar gravando a los alcaldes y concejales con la carga y el yugo de promesas incumplidas por algo de origen desconocido.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar esto. Yo lo haré en mi Región, y cada uno de los Senadores hará lo propio en la suya.
Aunque el proyecto se va a aprobar, al final del día no va a ser una buena iniciativa pudiendo haberlo sido.
Si queremos aliviar a la clase media -en la cual se encuentran muchos de la tercera edad y familias monoparentales-, discutamos la posibilidad de que definitivamente no paguen impuestos, porque no tienen ingresos para hacerlo.
Eso tampoco estuvo en el mensaje sino, más bien, viene en una norma difusa.
Me abstengo por los antecedentes que he señalado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, varios señores Senadores no solo han puesto en duda el hecho de que este proyecto beneficie a los sectores medios de nuestra población, sino que han pretendido señalar que su objetivo apunta a favorecer a los sectores más acomodados del país, perjudicando a las comunas más pobres.
Frente a ese tipo de argumentos, considero imprescindible entregar a la Sala la información con la que contó la Comisión de Hacienda para resolver favorablemente esta iniciativa.
En primer término, cabe consignar que, al cabo de los cinco años que durará este proceso, la comuna de Las Condes verá aumentada su recaudación por contribuciones de propiedades con destino habitacional solo en 2 por ciento, mientras que Lo Barnechea lo hará en 6 por ciento y Vitacura, en 7 por ciento.
Por su parte, Maipú -nadie podría sostener que en esa comuna viven las personas más pudientes del país- incrementará su recaudación en 114 por ciento. En eso subirán las contribuciones de bienes raíces en una comuna que a mi juicio es eminentemente representativa de la clase media chilena, específicamente en la Región Metropolitana.
En la comuna de Alto Hospicio -nadie podría afirmar que sus habitantes son las personas más ricas de Chile-, la recaudación crecerá, al término del proceso, en 208 por ciento.
También subirá en otras comunas: Calama, 230 por ciento; Copiapó, 98 por ciento; Machalí, 42 por ciento; Valdivia, 31 por ciento; La Unión, 128 por ciento; Puerto Varas, 70 por ciento; Ancud, 200 por ciento; Castro, 47 por ciento; Coyhaique, 88 por ciento; Aysén, 240 por ciento; Punta Arenas, 94 por ciento.
¡Por favor, señor Presidente, pongamos las cosas en su justa medida! ¡Aquí nadie está por favorecer a los más ricos desprotegiendo a los más pobres o beneficiar a los más ricos con la plata de los más pobres!
Durante estos 22 años de democracia, juntos hemos librado en el país una batalla para disminuir, paulatina y sustantivamente, tanto la población en condiciones de pobreza como la que vive en situación de extrema pobreza.
¡Eso es lo que nos inspira a todos quienes estamos en esta Sala! Y si hoy día estamos prorrogando el reavalúo que debiera comenzar a regir el 1º de enero de 2013 es porque las comunas más afectadas son aquellas de clase media.
Dicho eso, también deseo desmentir categóricamente que los municipios vayan a recibir menos dinero. ¡No! Los municipios van a recibir más por las mayores contribuciones que significará el proceso de reavalúo que no se posterga y que corresponde a las propiedades comerciales e industriales y sitios declarados eriazos.
Además, también las municipalidades verán incrementados sus recursos por la vía del alza del Fondo Común Municipal que estas mismas contribuciones representan.
Entonces, no les estamos disminuyendo los presupuestos a los municipios. Estos contarán con más recursos y van a poder invertir más en favor de la gente. Simplemente, lo que estamos haciendo es llevar un alivio a sectores de clase media, como lo hicimos en tantas oportunidades anteriores.
Si uno revisa la historia legislativa de estos 22 últimos años, verá que hemos aprobado por lo menos cinco, seis o quizás siete proyectos sobre postergación de reavalúos. ¿Por qué si fue bueno durante los años que gobernó la Concertación, hoy día, cuando repetimos el ejercicio por ser necesario, es malo?
Me parece que esa no es una buena manera de mirar el país ni nuestra actividad parlamentaria.
Voto favorablemente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero saber si es posible tener acceso a la información que se entregó a los integrantes de la Comisión de Hacienda, porque al resto de los Senadores solo se nos hizo llegar un certificado.
Resulta bien importante en una discusión de estas características -que no es menor- contar con información fidedigna entregada responsablemente por el Ministro de Hacienda o la Comisión del ramo, porque me parece que aquí escuchamos argumentos que podrían estar errados por desinformación.
Entonces, todos debiéramos tener los antecedentes exactos de cuánto subirán las contribuciones, en qué municipios, etcétera -como indicó el Senador García-, porque eso facilitaría la discusión y la decisión de cómo vamos a votar y no como ahora donde quienes no formamos parte de la Comisión de Hacienda estamos un poco a ciegas.
El señor GÓMEZ.- Que se nos entregue un informe, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ha pedido la palabra el señor Ministro de Hacienda.
La Comisión de Hacienda entregó un informe, Senador Gómez,...
La señora ALLENDE.- Es solo un certificado, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-... donde solo aparece el texto del proyecto. No hemos tenido acceso a mayor información financiera respecto de su impacto.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.


El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, después de escuchar al Senador García, quedo con una preocupación, porque pretender sacar adelante un proyecto de ley que producirá un desastre en diferentes municipios del país como los que mencionó Su Señoría -por ejemplo, en Maipú, una de comunas más populosas de Chile, de clase media- y en los que subirán ciento y tantos por ciento las contribuciones.
Entonces, comprendo que el Gobierno haya decidido chutear este tema -no voy a menoscabar en lo mínimo su decisión- por razones electorales. Sería sumamente complejo que llegara una notificación el próximo año a la casa de una persona en la que se diga que ya no está exenta de contribuciones y ahora deberá pagar ciento y tantos por ciento por ellas o que pagaba tanto y ahora se subirá en tal cantidad.
Dicho eso, lo preocupante entonces -y entiendo que a eso apuntaba la pregunta del Senador señor Lagos y sería bueno que el Ministro la contestara- es qué vamos a hacer porque, de una u otra forma, el próximo año volveremos a discutir esta cuestión, debido a que se enviará un proyecto de ley para subir las contribuciones en esa magnitud.
Y eso va a producir en realidad un problema social grave, porque a mucha gente que ha hecho un tremendo esfuerzo por tener su casa se le va a subir, en un porcentaje enorme, las contribuciones. Estamos hablando de Maipú, de Alto Hospicio, de Osorno, de La Unión y de otras comunas como las que se mencionaron, por lo cual me parece sumamente preocupante que el Gobierno no nos explique cómo vamos a resolver este punto.
¿Por qué? Porque hay diversas fórmulas -por ejemplo, para aquel que tiene solo una casa, para el adulto mayor, para la mujer jefa de hogar- que nos permitirían, de una u otra forma, establecer criterios y evitar este golpe económico que les significará el reavalúo.
Según lo que explicaba el Senador señor García, en Las Condes la recaudación municipal solo subirá en 3 por ciento. Si es así, a cualquiera que viva en dicha comuna ese porcentaje no lo va a afectar. Sin embargo, el ciento y tantos por ciento de aumento en otra zona sí va a impactar.
El señor QUINTANA.- Está equivocado el Honorable señor García.
El señor GÓMEZ.- Entonces, la pregunta concreta y final que debemos hacer al Ministro es si la situación va a ser así o no. Porque, de serlo, creo que el Gobierno, aun cuando nosotros suponemos que no va continuar en el poder el próximo período, le va a dejar el "cacho" al que lo suceda. Y, bajo esa lógica, hoy día debiéramos tener claridad sobre si lo van a estudiar seriamente para evitar tal circunstancia.
Así que le pediría al Ministro, si fuera posible, que nos respondiera esta consulta.
Gracias.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Estamos en votación, pero, ¿habría unanimidad en la Sala para ofrecerle la palabra al señor Ministro?
La señora ALLENDE.- Sí, para que aclare.
El señor GÓMEZ.- De acuerdo.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, creo que es importante aclarar algunos puntos que han surgido en el debate.
En primer lugar, tal como decía el Senador García, esta no es la primera vez que se posterga un reavalúo en los últimos veinte años. Ya hubo postergaciones en 1990, 1991, 1994, 1996, 2001, 2002 y 2010. De tal manera que en todos estos períodos ha existido una preocupación por el tema.
En segundo lugar, deseo comentar que en la mayor parte de esos casos la situación externa era bastante menos compleja que la que enfrentamos hoy. Y esa es una de las principales razones para postergar el reavalúo. Tenemos mucha incertidumbre externa, con Europa en recesión; con un "precipicio fiscal" en Estados Unidos -que ha ilustrado la última portada de The Economist, donde aparece un auto, que representa a esa nación, saltando al vacío, porque, estando a doce días de que finalice el año, todavía no hay acuerdo en esa materia-; con una desaceleración significativa en países como Brasil, que hoy está creciendo al 1 por ciento.
Todo eso configura un escenario externo complejo. Y además se debe considerar la discusión -razonable- que se está dando en Chile respecto de los aumentos en el valor de las propiedades. Estamos claros de que no se trata de una "burbuja" inmobiliaria, pero sí hay algunas comunas donde ha habido incrementos muy significativos en los precios.
Entonces, queremos tener un año para poder aquilatar, para poder evaluar. Esa es la razón de lo que estamos planteando.
¿Quiénes se protegen? Ya se decía acá: la clase media,...
¡Bueno, hay conversaciones cerradas aquí, señor Presidente!
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
A todos nos interesa mucho su explicación, dada la importancia y la urgencia de este proyecto, que tiene que ser despachado en la presente sesión.
Puede continuar, señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias.
La señora ALLENDE.- ¿Pero es el promedio o no?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Voy a explicarlo en un minuto. Ya llegaré a ese punto.
Entonces, dado lo anterior, nosotros nos dimos cuenta de que hay algunas comunas que resultan especialmente afectadas. Las cifras que se han entregado respecto de Maipú, por ejemplo, corresponden al incremento total de las contribuciones que provienen de esa comuna, lo cual es diferente que decir que equivalen al incremento de cada propiedad.
Y ello ocurre por varias razones, señor Presidente. En primer lugar, hay que estar conscientes de que no se realiza un reavalúo desde el año 2006. Se van a cumplir siete años desde el último, período en que, al menos en una parte importante de él, la economía chilena ha estado creciendo. En los últimos tres años el crecimiento ha estado cercano al 6 por ciento. Y esto ha generado un incremento en el valor de las contribuciones.
Además, hay que recordar que el umbral del valor de una propiedad para que ella se encuentre exenta está en 18 millones de pesos. De manera que cuando se supera, su dueño, de cero, pasa a pagar algo. Y hay muchas propiedades de comunas emergentes que han traspasado dicho umbral y pasan a estar afectas a consecuencia del reavalúo.
En otras palabras, no se puede interpretar ese cien por ciento de Maipú como el promedio que tiene que soportar el dueño de un inmueble de esa comuna. Porque habrá muchos que pasarán de pagar nada a pagar un poco.
Asimismo, este año Impuestos Internos ha estado implementando una nueva metodología, que lo que hace es mirar en forma más precisa el valor de un bien raíz, con determinantes que apuntan a él y no a áreas más globales y más grandes, como ocurría en el pasado, cuando se tomaban regiones, espacios geográficos más amplios, zonas, y a estas zonas se les aplicaban criterios comunes. Hoy día se intenta entrar dentro de cada zona para poder reflejar mejor las características de cada vivienda.
Por lo tanto, me parece que hay múltiples elementos que hacen que existan buenas razones para presentar el proyecto en debate en este momento.
Querría añadir que, aunque en muchas ocasiones se ha planteado una postergación del reavalúo -ya comenté que hay siete casos anteriores a este desde el año 90-, esta es la primera vez que aquella se efectúa solo para las propiedades habitacionales. Y esto es nuevo, porque todas las postergaciones anteriores abarcaban a ambos tipos de propiedades. Al hacerlo solo para las habitacionales, los mayores recursos que provienen del reajuste de los bienes raíces comerciales, que representan el 82 por ciento de los ingresos adicionales por este concepto, van a estar disponibles para los municipios. De tal manera que esto de que estamos desprotegiendo a los municipios se podría haber argüido con mucha mayor fuerza en procesos anteriores, en que se dejaron completamente intocados los avalúos de todas las propiedades. Pero, como el 82 por ciento del incremento de las contribuciones va a provenir de las propiedades comerciales, ese será el incremento que experimentarán los municipios. De suerte que solo pierden del orden del 18 por ciento, y únicamente por un año. Por tanto, estamos protegiendo a los municipios.
Respecto de las cifras que ha dado la Asociación Chilena de Municipalidades, quiero aclarar que no corresponden a lo correcto. Se ha hablado de 16 mil millones de pesos, pero lo cierto es que el primer semestre se llegará a 3 mil 400 millones, y el segundo será un poco más que eso. De tal manera que la cifra asciende a cerca de 8 mil millones de pesos el primer año. O sea, es la mitad de lo que ha planteado la Asociación.
Yo conversé ayer con su Presidente, simplemente para aclararle el punto, a manera de información.
Así que me parece que existen muchas razones para efectuar la postergación. Creo que desde el punto de vista del ciclo político -y lo digo cualquiera que sea el Gobierno que esté en el poder- es mejor que el reavalúo se produzca después de las elecciones, para evitar los incentivos perversos que involucra su postergación.
Lo otro que se aborda en este proyecto, señor Presidente, es la reducción del intervalo entre reavalúos, de tal forma que se puedan efectuar cada menos tiempo. ¿Cuál es el beneficio de realizarlos cada cuatro años en vez de cada cinco? Que el incremento va a ser inferior y, por lo tanto, el salto va a ser menor al que habría cada cinco.
Quiero también decir que durante este año vamos a estudiar todos los antecedentes. No nos hemos comprometido a enviar un proyecto de ley adicional sobre esta materia. Si encontramos que hay una buena fórmula, si es que algunas cosas no pudieran implementarse directamente por la vía administrativa y requirieran de una ley, se enviaría la iniciativa pertinente. Pero -repito- no hay ningún compromiso de enviar un proyecto que abarque el mismo tema del que ahora está en debate.
Lo que sí hemos señalado es que el reavalúo se aplicará a contar del 1° de enero del 2014 para las propiedades habitacionales, luego el 1° de enero del 2018, y luego el 1° de enero del 2022, lo cual produce el siguiente beneficio desde el punto de vista del ciclo político: ello ocurrirá independientemente del Gobierno que esté en el poder.
Gracias, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Ofrezco la palabra al Senador señor Sabag.


El señor SABAG.- Señor Presidente, desde luego, anuncio mi voto favorable a esta prórroga, tal como ya lo hemos hecho en otras ocasiones desde que somos parlamentarios.
Es evidente que el Gobierno y las personas que la solicitaron tienen sus razones. Pero quisiera hacer presente, sobre todo, que las tasaciones las hace el Servicio de Impuestos Internos. Y, a veces, las propiedades, por transacciones puntuales, suben de valor y posteriormente todo el sector sufre un alza en las contribuciones, aunque el Ministro dice que ahora se abordan casos puntuales, por vivienda.
Sin embargo, nos hemos encontrado -a todos los colegas les debe de haber pasado- con profesionales que en su época, siendo muy jóvenes, compraron una propiedad bien ubicada, en la que han vivido durante treinta o cuarenta años. Y, como el tiempo pasa para todos, después jubilaron y quedaron con una pensión relativamente baja. Entonces, como ahora les han tasado tan alto su inmueble, hoy ya no son capaces de pagar siquiera las contribuciones y se ven obligados a trasladarse a un departamento pequeño, después de haber trabajado toda una vida. O sea, deben abandonar la vivienda por la cual tuvieron que pagar dividendos durante 30 años y recogerse a un pequeño departamento que les permita vivir con la exigua jubilación que perciben.
Quiero llamar la atención respecto a este asunto. Y, como digo, la tasación es algo que solo ven los especialistas del Servicio de Impuestos Internos.
Hay que hallar alguna manera para que a los jubilados que viven en sus viviendas por lo menos se les haga una rebaja considerable en los montos de las contribuciones de bienes raíces. Todos sabemos las condiciones en que ellos se acogen a retiro. Hoy día provoca alarma nacional la edad de jubilar, porque quienes ganan 3 o 4 millones de pesos mensuales pasan a quedar con un ingreso de 800 o 900 mil pesos.
Y las propiedades las han tasado fuertemente. Hay contribuciones de un millón o dos millones de pesos cada cuota. Mucha gente está preocupada por el alza que han experimentado los valores de sus propiedades. Y se los han subido mediante la tasación. En no pocos casos quedan tan altamente tasadas que el propietario dice: "Bueno, la voy a vender en la cantidad fijada por el Servicio de Impuestos Internos". Pero, ¿quién la compra? ¡Nadie!
Hay casos dramáticos en esta materia.
También entiendo la situación de personas modestas cuyas propiedades van a sobrepasar, en virtud de las nuevas tasaciones, los 18 millones de pesos de avalúo. Quedarán en 25 o 30 millones y, por tanto, entrarán a pagar contribuciones por la diferencia.
Bueno, esta prórroga favorece a todas ellas. Son más de 500 mil las personas que entrarían a pagar contribuciones de bienes raíces a contar del 1° de enero del próximo año. Con esta prórroga, evidentemente van a quedar favorecidas, al igual que numerosas otras.
Mucha gente paga arriendos mensuales por sus casas. ¡Arriendos que les significan 500 mil pesos! Pagan 6 o 7 millones por concepto de contribuciones, lo cual les representa, prácticamente, pagar un arriendo por su propiedad, cuestión que en múltiples casos se está convirtiendo en un impuesto al patrimonio.
Todos sabemos que estos impuestos son ¡una contribución! que se hace a la municipalidad a modo de contraprestación por el servicio que les presta el municipio por la luz eléctrica y el aseo de las calles. No hablo del aseo domiciliario, porque eso lo cobran aparte. Pero con relación a esa contraprestación de servicios, a veces el gasto es sumamente elevado.
Por eso, llamo la atención.
Muchos de nosotros -creo que la mayoría de los colegas- hemos recibido el reclamo de los jubilados, fundamentalmente, que nos dicen: "¡Qué hacemos ahora con esta tremenda contribución! ¡Alguien que nos pague siquiera el valor que según el Estado, el Servicio de Impuestos Internos, vale mi propiedad! ¿Quién la compra?".
Y ahí andan deambulando de una parte a otra.
Espero que el próximo año podamos revisar esta materia, que los parlamentarios tenemos muy latente, porque esperamos ver favorecidos a muchos jubilados que perciben una renta bastante baja, los mismos a los que cuando están viejos y enfermos, con bajos ingresos, los obligan, incluso, a abandonar la casa que les costó bastantes años poder pagar.
De todas maneras voto a favor, porque creo que esta iniciativa es beneficiosa para numerosos servidores de nuestra patria.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, cuando escuché las palabras del Senador García quedé realmente alarmado. Y creo que hay un error, porque las cifras que nos dio son bastante graves, pero han sido estimadas sobre el porcentual de recaudación. O sea, el tema no es que aumente el valor. Lo que sucede -lo dijo bien el señor Ministro- es que hay un porcentaje exento.
Pongamos el caso de Alto Hospicio. Una propiedad que ahora vale 18 millones de pesos puede ser tasada en 19 millones. Si el porcentaje de recaudación era cero, cuando hay que pagar 10 pesos más, este aumenta diez veces. Pero no quiere decir que el avalúo se haya incrementado en 200 por ciento. Ello dice relación con la recaudación, no con el valor. Porque, de no ser así, yo estaría brutalmente alarmado, pues este proyecto, que concede una prórroga de un año, en el fondo estaría postergando la explosión de una bomba atómica a un año plazo con respecto a este tema y estaríamos obligados a revisar la situación, que sería realmente dramática. Cuando en Castro se tuviera que ajustar el valor sobre el cual se va a calcular el pago de las contribuciones, este sería de un 200 por ciento. O, en el caso de Aysén, de 240 por ciento. Pero lo que sucede es otra cosa: que en Aysén, en Castro y en Alto Hospicio la casi totalidad de las viviendas están exentas de pago, por lo que cuando entren a pagar un poco más, este poco más significará casi un 100 por ciento, un 200 por ciento con respecto a la situación anterior.
Por eso, me guardo la petición que iba a hacer y en su lugar le solicito al señor Ministro que hagamos una revisión completa de esto, porque no sé cómo realmente va a poder afrontar el problema quien deba aplicar el proceso de reavalúo.
Entonces, aquí hay un aspecto que me gustaría que corrigiéramos, porque, si no, vamos a quedar con una incógnita tremenda acerca de qué va a pasar con el reavalúo. No bastaría con el hecho de chutear el asunto por un año. Sería necesario hacer una revisión.
Ahora, es cierto -he tenido experiencia como Ministro de Hacienda y me tocó ver el tema de los reavalúos, como también lo hemos hecho en el Parlamento- que siempre las tasaciones y los reavalúos son complicados, difíciles, porque producen variaciones en los valores de las propiedades que muchas veces no son posibles de prever para la persona que compró un bien raíz para vivir en un barrio que de repente adquiere otro valor de mercado, por cualquier circunstancia, como el hecho de que se pueda construir en altura, etcétera. Así, la propiedad que compró un profesor en 20 millones de pesos pasa a costar 80 millones. Y ese profesor tiene que pasar a pagar contribuciones por el equivalente a 80 millones y no por los 20 que correspondían al patrimonio que realmente invirtió.
Muchas veces he escuchado a la gente decir: "Bueno, que venda esa propiedad y se vaya a vivir a otra más barata".
No es el punto.
Por eso, es cierto -vuelvo a insistir- que aquí hay que efectuar una revisión. Porque no se trata del porcentaje, como se indicó aquí, sobre el valor de las propiedades, sino que ello está referido a la recaudación. Además, la relación del primer semestre respecto del décimo también es muy diferente. En el caso de Maipú, la mayor recaudación en el primer semestre será de 27 por ciento; la mayor recaudación, no el mayor valor. En el décimo semestre, en tanto -es decir, en el quinto año- será de 114 por ciento. O sea, en un período de cinco años se produce una variación en la recaudación -insisto-, no en el valor. Y eso ocurre porque hay un tramo exento.
Entonces, ¿qué sucede en Maipú, tal cual ocurre en otras comunas? Una gran cantidad de propiedades se encontraban exentas de pago, por ser viviendas sociales. Sin embargo, han incrementado su valor y se hallan por sobre los 18 millones de pesos, con lo cual, automáticamente, su dueño tendrá que entrar a pagar. Y si pagaba cero, va a tener que pagar 2 o 3 mil pesos, lo que no quiere decir que las contribuciones hayan aumentado en 3 mil por ciento. Simplemente, ha tenido que entrar a pagar. Ese es el punto.
Yo soy partidario de prorrogar, pero haría una cosa, señor Ministro. Sé que usted no se ha comprometido a presentar ningún proyecto de ley, y estoy de acuerdo con ello. Pero creo que debiéramos ver...
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-... las aspiraciones que las personas tienen. Y ya se dijo: hay que pensar, seriamente, qué podemos hacer en beneficio de quienes tienen 70 o 75 años, que poseen un único bien raíz, adquirido con gran esfuerzo, y en el cual viven. Se trata de personas que han dejado de trabajar y cuyos ingresos se han reducido a la mitad o a la tercera o cuarta parte.
Por eso, veamos algunos casos en los cuales pudiéramos otorgar algún beneficio. Estoy pensando en personas de determinada edad que tienen una sola propiedad y que es aquella en la cual viven.
Esas cosas podríamos revisarlas. Creo que no implicarían un alto costo y serían de mucha justicia.
Yo, señor Presidente, voy a votar a favor, pero creo que esta intervención ha servido para sacarme de encima algo que me provocó alarma. Y espero que el próximo año, cuando se proceda al reavalúo, podamos contar con una buena solución.
Al Ministro le dije otra cosa que es cierta. A lo mejor podríamos haber postergado por un año la sobretasa que se aplicó con motivo del terremoto por el mismo período por el que estamos prolongando el reavalúo. Y no habría habido ningún problema, porque nadie hubiera pagado más y se habrían mantenido los ingresos.
Por eso, voy a votar a favor de este proyecto, pero lo hago ahora con mucha más tranquilidad.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero valorar este debate, porque estamos hablando de los problemas reales de la gente. El hecho de postergar este reavalúo va en el sentido correcto.
Ahora, tal como lo planteó el Senador García, hay situaciones que también son al revés. Por ejemplo, en la comuna de Rancagua, la recaudación baja en 15 por ciento el primer semestre, y hasta un 7 por ciento en el décimo semestre.
Por lo tanto, lo que sucede en cada comuna es distinto, por las razones que dio precisamente el Senador Zaldívar.
Pero yo quiero volver sobre las personas que ya pagaron impuestos. La casa cuyo propietario pertenece a la clase media, que está ubicada por lo general en el centro de la ciudad, se ha valorizado enormemente. Se trata, por lo general, de jubilados, que han logrado, producto del esfuerzo de toda una vida, adquirir sus viviendas. Y estas serán objeto de un reavalúo tremendo, que no dice relación con los ingresos que perciben. Además, ellos han pagado impuestos durante muchos años.
¿Y qué les ocurre a algunas familias? Incluso, a mí me ha tocado acompañarlos a Tesorería a reprogramar sus deudas. ¡Los embargan, señor Presidente! Y, al final, deben vender sus casas e irse a otros lugares.
Hay, pues, una serie de dramas humanos. Y -tal como lo señalaron algunos señores Senadores- debemos buscar una manera de apoyar a las personas de la tercera edad, a quienes el pago de las contribuciones les está agobiando la vida, sobre todo en momentos en que debiéramos asistirlos más como sociedad (a nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados).
Señor Presidente, insisto: este es un impuesto muy injusto. Porque, en el fondo, se trata de un tributo al patrimonio, constituido por el ahorro que hicieron muchas personas durante toda una vida para tener su casa propia. Y, curiosamente, después de que terminaron de pagarla, gracias al trabajo de muchos años, deben continuar haciéndolo por siempre.
Creo que hay ahí un tema ético que no corresponde. Debemos buscar una mejor forma para recaudar impuestos.
Obviamente, no quiero que se afecte la recaudación fiscal, ni menos la de los municipios. Pero también debemos mirar la vida de muchas personas a las que en forma injusta les suben los avalúos de sus propiedades. Y ellas no tienen ninguna capacidad para resistirlo.
Por eso, valoro la decisión adoptada por el Ejecutivo de postergar el reavalúo. No obstante, me parece que debemos llevar a cabo un debate bastante profundo en cuanto a este impuesto.
Voto que sí.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.


El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quiero anunciar que voto favorablemente esta iniciativa del Ejecutivo. Pero, además, deseo abundar en algunas razones generales que pueden ser útiles. Aquí, como somos menos, se ha armado una especie de ambiente de escucha recíproca, cosa que no suele ocurrir.
Quiero dar a conocer algo de lo que yo aprendí en mi vida municipal, pues fui concejal durante más o menos 14 años.
El raciocinio expuesto por el Ministro me parece muy acertado. Y, por lo tanto, la prórroga es sumamente conveniente y está bien fundamentada.
Ahora, me referiré a la conclusión que puedo ofrecer de mi trabajo como concejal.
Durante esos períodos trabajé bastante el tema del urbanismo. Redacté un plan regulador tres veces.
¿Y qué ocurre? Que los planes reguladores tienen efectos muy deletéreos, muy destructivos en la vida de las ciudades. Porque por una simple línea, un trazo, se cambia el valor de las propiedades de manera abrupta.
¿Y qué acontece? Que al reclasificarse aquellas según el tipo de densidad, la tasa de ocupación y las alturas autorizadas, pueden valer uno, o diez.
¿Pero qué sucede? Que mientras valen diez muchas propiedades siguen en baja. Y en tanto continúan en baja, están pagando como si estuvieran edificadas en cuatro o cinco pisos.
Eso es absolutamente ruinoso para el dueño de esos roles. Además, constituye un incentivo indefectible para destruir la ciudad.
Se suelen oír quejas de personas, que se lamentan de que las ciudades se desnaturalizan, se deshumanizan; desaparecen los barrios.
Cambia bastante la manera en que vivimos. Quizás, alguna parte de la dureza que varios de nosotros deploramos en la vida contemporánea tenga que ver con el tipo de ciudad que construimos.
Pues bien, mucho de eso deriva del impacto que tienen los planes reguladores mal estudiados, que no comprenden el efecto global que provocan, a veces -y no pocas-, impulsados por los propios municipios. Y ello se debe a que estos se hallan tan interesados como los Ministros de Hacienda en aumentar la recaudación pública, dado que se quedan con una fracción de lo que entra por concepto de contribuciones a los bienes raíces.
La destrucción de las ciudades verdaderamente constituye un drama.
En realidad, sube el avalúo, pero no cambia la vida para el vecino. El Senador Prokurica me describía recién lo que ha ocurrido en algunas de las ciudades de su Región: por el influjo de inversiones extranjeras los inmuebles han multiplicado su valor. No obstante, el propietario de esa casa sencilla, ubicada en Copiapó, ¿dónde se va a vivir?
Deseaba hacer esos alcances.
Yo sé, señor Presidente, que pueden parecer fuera de tiesto, o incluso medio líricos. Pero son asuntos que tienen que ver con la vida real.
Asimismo, quiero suscribir lo que otros ya han invocado: para el 90 por ciento de los chilenos el ahorro está cristalizado en la vivienda. Y el impuesto territorial efectivamente come ese patrimonio
Ocurre que las personas envejecen, quieren seguir viviendo donde mismo y, en lo posible, morir ahí. No es una pretensión exagerada, creo yo. Muchas veces opera la viudez, aumentan los gastos de salud y, de yapa, suben las contribuciones.
O sea, ahí hay un problema de justicia que nos debiera acuciar a todos. A veces se habla de la justicia en forma etérea; en otras ocasiones, de manera un poco reivindicativa. Y resulta que la injusticia afecta al abuelito, o a la tía vieja de 85 años que quedó sola diez años antes, porque los hombres fallecemos primero. Por algo será. ¡Excesos en la comida, básicamente...!
El señor LAGOS.- Es un beneficio: ¡vamos primero al Paraíso...!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¡El Senador está pensando en las huríes...!
El tema da para mucho.
Yo solo hago presente eso: efectos de los planes reguladores en la destrucción de las ciudades, en la disminución de los patrimonios familiares.
Quizás ello debiera tenerse en cuenta, porque los ajustes que realiza el Servicio de Impuestos Internos son por grandes bloques: toman un plano, ven cuáles son las tendencias comerciales; si se ensanchó o no la calle que pasa por ahí; si mejoró o no el transporte público. ¡Y apliquemos un multiplicador!
Yo creo que la cosa es más compleja que ello, y debiera analizarse con un sentido más humano.
Eso es lo que quería decir, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, en efecto, el ambiente que impera ahora hace más fácil conversar esta materia.
Comparto todas las preocupaciones dadas a conocer aquí: la de los Senadores Carlos Larraín, García-Huidobro, Zaldívar, en relación con los adultos mayores. Leo el mensaje presidencial que acompaña a este proyecto, y las razones para lo propuesto son: preocupación por los hogares monoparentales y las familias de clase media, que con esfuerzo y sacrificio han logrado el sueño de la casa propia.
La pregunta es si todo ello tendrá una modificación, o simplemente estamos postergando el reavalúo por un año.
Me pareció entenderle -me hallaba en la Sala del Comité Partido Por la Democracia escuchando por el parlante las intervenciones de todos ustedes- al Ministro que no habría un proyecto nuevo en esta materia.
Entonces, estamos pidiendo algo respecto de lo cual me parece que existe consenso y mucha preocupación, pero lo que escucho del Ejecutivo es que se dispone una postergación que no implica que, antes de que entre en vigor el nuevo reavalúo, después del año vayamos a instaurar algo distinto acerca de los temas planteados, en los que, a mi juicio, hay unanimidad.
Por ende, reitero la pregunta que formulé en mi intervención inicial -me sobró un minuto del tiempo asignado para ella, y le agradezco al señor Presidente que me lo conceda ahora-, en el sentido de que el Ministro pudiera aclarar ese punto de vista. Porque nadie se quiere oponer ni perjudicar a alguien.
Por último, habría sido mucho más interesante que tales problemas, en vez de venir con "discusión inmediata", los pudiéramos haber discutido ahora, cosa que fuera el actual Gobierno el que se llevara el mérito de haberlos reformado y solucionado. Y no lo que va a ocurrir en este momento, de que vamos simplemente a postergar, con lo que se evita pagar un costo político -yo lo entiendo (no soy necio en la materia)-, pero no se plantea ninguna solución.
Gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor y 8 abstenciones) y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular y terminada su discusión en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Tuma.