PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2013. VETO

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no me voy a referir a lo relativo a las universidades, a la educación ni a lo que acaba de exponer mi colega Mariano Ruiz-Esquide acerca de la zona del carbón. Quiero hablar sobre los programas de emergencia.

En la Región del Biobío se alcanzó un acuerdo entre el Intendente y los dirigentes del Programa Proempleo, el cual consignaba que los cupos existentes en las provincias de Arauco y Concepción se mantendrían por 4 meses; que las vacaciones se regirían por el Código del Trabajo, y que las compensaciones vigentes se entregarían en meses especiales y se incrementarían en 18 por ciento. Los dirigentes firmaron dicho acuerdo con el respaldo de sus bases.

La pregunta, más allá del veto del Presidente de la República -herramienta de la que él dispone de forma exclusiva-, es de qué manera nos hacemos cargo, como Estado, de una situación que se arrastra desde hace muchos años. Y lo digo, porque me he reunido con dirigentes de las Regiones Quinta, Séptima y Octava para tratar el punto.

Aquí hay un aspecto esencial que hasta la fecha, lamentablemente, no hemos sido capaces de abordar: los gobiernos locales no cuentan con los recursos suficientes para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

¡No puede ser que a través de los programas de generación de empleo los municipios estén efectuando tareas de su ordinario acontecer!

¡No puede ser que a través de los programas de emergencia se contrate a personas para cumplir funciones permanentes de las municipalidades! ¡Y, además, que se las contrate en forma precaria: que no se les reconozca derecho a vacaciones; que no se les apliquen las leyes sociales; que no se les otorguen los permisos a que tiene derecho todo trabajador y trabajadora!

Entonces, nos vamos autoengañando, porque creamos programas que son para enfrentar situaciones de emergencia, y los transformamos en algo permanente del Estado, sin reconocerles a los trabajadores las protecciones sociales correspondientes.

En mi opinión, tal práctica ha llegado a un límite.

La incorporación de la norma pertinente en el proyecto de Ley de Presupuestos obedece a una aspiración, una demanda legítima de hombres y mujeres que laboran en nuestro país y que no han tenido el debido resguardo por parte del Estado.

Y digo "Estado" y no "Gobierno", porque este problema se arrastra desde hace varios años: sucedió en el pasado y se repite actualmente.

En verdad, es necesario reconocer tal situación y, al menos -lo conversé con los Senadores Chahuán, Lagos y Ruiz-Esquide-, conformar un grupo de trabajo que estudie una solución definitiva, haciéndonos cargo de la realidad que viven nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores.

Era lo mínimo que se podía pedir.

Pero no ha sido así. El Presidente de la República optó por mandar un veto donde, lisa y llanamente, borra esa posibilidad, creyendo que con este resuelve la situación. ¡Y no es así!

El problema ya está instalado. Tenemos que plantearlo como un asunto que debe ser abordado por el Parlamento y discutido con el Ejecutivo.

Por las razones expuestas y las que han expresado mis colegas en cuanto a los otros temas, voy a rechazar el veto.

Creo que la sensibilidad se ha ausentado de la discusión política y no nos hacemos cargo de un país que cambió, que quiere correr las fronteras e incorporar a todas y a todos en los beneficios del crecimiento que exhibimos ante el mundo.

Gracias.

--(Aplausos en tribunas).