REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; Certificado de la Comisión de Hacienda, y Certificado de las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8091-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 62ª, en 20 de noviembre de 2012.
Certificado de la Comisión de Hacienda: sesión 62ª, en 20 de noviembre de 2012.
Certificado de las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas: sesión 69ª, en 21 de noviembre de 2012.
Discusión:
Sesiones 55ª, en 16 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión general); 56ª, en 17 de octubre de 2012 (se aprueba en general); 58ª, en 31 de octubre de 2012 (nuevo plazo para presentar indicaciones); 62ª, 64ª y 65ª, en 20 de noviembre de 2012; 66ª, 67ª y 68ª, en 21 de noviembre de 2012; 69ª, 70ª y 71ª, en 22 de noviembre de 2012; 76ª, en 27 de noviembre de 2012 (queda pendiente la discusión particular).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, solicito que se ponga en votación la indicación relacionada con el reconocimiento en la Ley de Pesca del derecho de los pueblos originarios.
Esta mañana realizamos el debate. Se dijo que se iba a esperar el cumplimiento del acuerdo de las Comisiones unidas y que la Sala lo iba a ver en la medida que el Ejecutivo hiciera llegar a la Mesa la indicación en la sesión anterior.
Entiendo que el Gobierno, a pesar de que ahora está presente el señor Ministro de Economía, no ha enviado la indicación.
Por tanto, pido que la indicación que ingresamos, que se declaró admisible y fue recogida por las Comisiones unidas, se vote en este momento por la Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).- Efectivamente, señor Senador, la Mesa no ha recibido la nueva redacción que debía hacer llegar el Ejecutivo.
Por consiguiente, pregunto si hay acuerdo para votar la indicación propuesta a las Comisiones unidas.
¿Le parece a la Sala?
La señora RINCÓN.- Sí.
El señor LETELIER.- De acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, entiendo que la indicación -de hecho, la firmamos todos los integrantes de la Comisión de Pesca- está siendo presentada en este momento por el Ejecutivo.
Ahora, como hay otras indicaciones que se refieren a los pueblos originarios, les solicito a Sus Señorías que las veamos en conjunto con la del Gobierno.
El señor TUMA.- ¡Ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Si hay acuerdo de la Sala, la indicación en comento puede tratarse de inmediato, salvo que el Ejecutivo haga ingreso de la que se está esperando.
El señor COLOMA.- No.
La señora VON BAER.- No.
El señor LETELIER.- No.
El señor ESCALONA (Presidente).- La indicación no ha ingresado. Eso es cien por ciento seguro.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, pido que se aplique el Reglamento. Yo no necesito la unanimidad de los señores Senadores para que la Sala vea una indicación que se presentó en su oportunidad y que, correlativamente, estaba para ser tratada hace ya dos sesiones.
Si los señores Senadores quieren unanimidad para ver otras indicaciones y la de consenso que va a presentar el Ejecutivo, ello se hará en su oportunidad. Pero exijo, señor Presidente, de acuerdo al Reglamento, que la indicación que sobre la materia formulamos con otros colegas se ponga en votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Senador está en todo su derecho, porque hay una indicación pendiente. Y ello no se halla sujeto a ninguna condición, porque el Ejecutivo no ha hecho llegar redacción alguna.
Yo sometería a consideración de la Sala la indicación que señaló el Honorable señor Tuma inmediatamente después de votar la parte del artículo que quedó pendiente en la sesión de esta mañana.
En consecuencia, el Ejecutivo tendrá unos minutos más para hacer llegar la indicación. Pero si no lo hace, no se puede seguir dilatando el pronunciamiento sobre una indicación que se encuentra pendiente y cuya votación el Senador señor Tuma, con todo el derecho, puede pedir.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, obviamente, hay que ver la indicación del Senador Tuma. Creo que ningún Reglamento del mundo ni interpretación alguna podrían pretender que así no ocurriera.
Lo que yo entiendo -puedo estar equivocado- es que hubo un acuerdo unánime -y en ese sentido se requiere consenso- para ver esa indicación -hay que hacerlo- cuando el Gobierno presente la indicación precisa.
No se trata de molestar ni de demorar el despacho del proyecto. Al contrario, queremos que esto ocurra lo antes posible.
Simplemente, deseo recordar que se llegó a un acuerdo unánime en términos de ver la indicación con posterioridad, cuando exista acuerdo. Si no lo hay, zanjaremos el punto al final.
Solo estoy tratando de interpretar lo que aquí se acordó y de dar curso a los autos en esa línea, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- En rigor, señor Senador, el Ejecutivo adeuda la nueva redacción desde el miércoles último, cuando se reunieron las Comisiones unidas y se comprometió a enviarla.
Todavía no lo ha hecho.
El Senador señor Tuma está en todo su derecho, por consiguiente, a solicitar que se vote la indicación en comento.
Como no quiero forzar la situación, pues el señor Ministro no estuvo presente en la sesión de esta mañana, voy a terminar con el trámite del artículo que se encuentra en discusión, e inmediatamente después, si aún no ha llegado la indicación, someteré a consideración la propuesta a que se refirió el Honorable señor Tuma.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en la última votación quedó consignada una abstención, en circunstancias de que mi intención era pronunciarme en contra.
Pido ver la posibilidad de rectificar la votación en tal sentido.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entiendo que algo se discutió en la reunión de Comités, pero igual quiero insistir en la Sala sobre el punto.
Llevamos dos semanas en que no hemos podido tener sesiones de Comisiones, por la iniciativa que modifica la Ley de Pesca, por el proyecto de Ley de Presupuestos -razones muy importantes-, y esta semana retomamos la referida iniciativa, que ya nos significó en la mañana de hoy suspender el trabajo de dichos órganos.
El proyecto que reforma la Ley de Pesca es muy significativo, pero no podemos eternizarnos en su debate, particularmente considerando que tenemos otras iniciativas -a lo mejor no son tan relevantes como esa, pero sí revisten importancia- que debemos sacar adelante, para lo cual se requiere el funcionamiento de las Comisiones.
Las Senadoras y los Senadores tienen plena facultad para usar los tiempos que les otorga el Reglamento, pero creo que, al mismo tiempo, debemos cuidar de no exagerar en el ejercicio de nuestros derechos, porque al final impedimos el funcionamiento normal del Senado en otras áreas.
Entonces, yo quería plantearle, señor Presidente, la búsqueda de algún mecanismo que nos permita acelerar el despacho de la ley en proyecto.
La discusión está hecha. Hemos oído reiteradamente los mismos argumentos. Incluso, ahora nos están leyendo artículos consignados en documentos que tenemos en nuestras manos.
Entonces, deseo llamar a la sensatez. Porque al final, cuando el Senado no hace todo su trabajo, con razón la gente nos cuestiona y nos critica.
Le pido en consecuencia, señor Presidente, buscar algún mecanismo que nos permita acelerar el trámite de este proyecto dentro de la sesión de hoy.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, yo no tengo ningún otro mecanismo que el de cumplir el Reglamento.
Así que se someteré a consideración de la Sala el artículo tercero transitorio, que se halla vinculado con el artículo 27 permanente aprobado en la sesión de esta mañana.
Tiene la palabra el Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata del artículo tercero transitorio que acordaron las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda.
Su texto figura en la página 12 del boletín comparado de dichas Comisiones y es de quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a la Sala que lo pongamos en votación?
Acordado.
En votación el artículo tercero transitorio sugerido por las Comisiones unidas.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, aunque algunos señores Senadores crean que el debate más intenso, más amplio, más participativo de la ley en proyecto obedece a oscuras razones obstruccionistas, yo considero que enriquece el análisis y hace mayor transparencia.
Hemos sido majaderos -como un colega me comentaba en los pasillos- en señalar que sobre los puntos base de extracción del recurso, del rendimiento máximo sostenible, de los puntos biológicos de referencia hay diferentes opiniones en el mundo científico, no solo una.
El artículo tercero transitorio, una vez más, señala: "Si al cabo de tres años de determinados los puntos biológicos de referencia" -he manifestado reiteradamente que científicos de altísima especialización hacen reparos en el sentido de si esos puntos son objetivo o límite; y la diferencia no es mayor, pues permiten establecer una media o, perfectamente, el límite, lo cual da un rango sobre el que es posible hacer colapsar una pesquería- "de las pesquerías contenidas en el artículo segundo transitorio, no se ha cumplido con la condición a que se refiere el primer inciso del artículo 27," (estamos hablando también de la licitación) "se realizará por unidad de pesquería la pública subasta del 15% de la fracción industrial de la cuota global en tres años consecutivos, a razón de 5% anual. En el caso de las pesquerías colapsadas, estas subastas procederán a contar del quinto año de la determinación de los puntos biológicos de referencia.".
Señor Presidente, si la pesquería está colapsada, todos los esfuerzos deben dirigirse a su recuperación.
En cuanto a la disposición que dice que, "En el caso de las pesquerías colapsadas, estas subastas procederán al quinto año de la determinación de los puntos biológicos de referencia", debo subrayar que eso va a depender básicamente de la evaluación hecha por el Comité Científico respectivo.
El establecer plazos presiona.
Esta disposición transitoria, propuesta por el Ejecutivo, me resulta completamente anómala y contraria a los principios que inspiran a la ley en proyecto.
Si la pesquería está colapsada, no van a importar ni el quinto, ni el segundo, ni el décimo año de la determinación de los puntos biológicos de referencia, que ya hemos cuestionado ampliamente en esta iniciativa. Lo relevante es si la pesquería se halla recuperada y es susceptible o no de explotación.
Prefijar condiciones temporales o prefijar condiciones científicas respecto a la determinación de los puntos de referencia a los tres o a los cinco años sigue siendo una chaqueta de fuerza para los científicos.
Si en definitiva nuestros científicos sostienen que las pesquerías colapsadas deben recuperarse, ¿por qué se les va a establecer el quinto año de la determinación de los puntos biológicos de referencia? ¿Por qué se va a entrar en licitación automáticamente cumplido un plazo?
Claramente, en el caso de las pesquerías colapsadas, lo más importante no es el quinto año de la determinación del punto biológico de referencia, sino el grado de recuperación de aquellas. Eso estará determinado por un estudio científico-técnico que dará cuenta de tal situación. Y se harán muestreos, exploraciones.
Si se deja a todo evento, en esas pesquerías igual existirá algún grado de licitación, igual podrá haber captura.
Señor Presidente, si bien estamos de acuerdo -y yo he defendido que la licitación es un mecanismo que está en la ley, en el artículo 27, norma que la Cámara de Diputados eliminó y que es necesario activar reguladamente-, creo que el artículo tercero transitorio escapa a toda esa lógica y puede ser profundamente dañino y negativo para la preservación de la pesca.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, como lo señalamos en su oportunidad, el artículo tercero transitorio, que es parte de la ley y para cuya modificación también se requiere un proceso legislativo, al igual que en los artículos permanentes, no hace más que dar una alternativa a la licitación recién aprobada por mayoría de votos, que está referida al límite que se obtiene cuando se está en el rendimiento máximo sostenible, que es equivalente, en el lenguaje de la ley vigente, a la plena explotación.
Lo que acabamos de aprobar implica una licitación de hasta 15 por ciento, en fracciones de 5 por ciento anual, una vez llegado al 90 por ciento del rendimiento máximo sostenible.
Algunos señalan que esta es una opción teórica y que una opción distinta que genere una licitación a todo evento da más posibilidades reales de que entren nuevos actores, entre ellos pescadores artesanales, como lo señalamos en su oportunidad. Pero no es tan simple: asimismo se requiere la determinación, en dos años, de los puntos biológicos de referencia, que reflejan el estado de las pesquerías y su proyección.
En el caso de aquellas que estén bien y tengan posibilidades de ir creciendo como lo establecerá la ley en proyecto, según los principios ya aprobados de sustentabilidad y estrecho apego a informes científicos, en tres años más se verificará la licitación del 5 por ciento por tres años, hasta llegar al 15 por ciento.
Tratándose de aquellas que se encuentren en crisis o colapsadas, que son cuatro: las del jurel, la merluza común, la merluza austral y el congrio, se disponen los dos años para los puntos biológicos y cinco años adicionales para recién licitar el primer 5 por ciento, hasta totalizar el 15, en total.
Ahora, se incurre en un error de apreciación si se cree que una pesquería en colapso, al ser licitada, va a significar una cuota mayor por registrarse más actores. No es así. La cuota anual se fija por criterios científicos y se obtiene un porcentaje para los intervinientes.
Por lo tanto, la licitación no aumenta el esfuerzo pesquero ni la cuota. Ese punto hay que despejarlo claramente. Lo que sí permite es la entrada de gente que no ha estado en la pesquería, por ejemplo, o de los mismos que han operado, siempre que lo hayan hecho bien. Los primeros tienen la posibilidad de mostrarse, al revés de quienes la hayan llevado a la crisis o al colapso.
El hecho de que puedan participar pescadores artesanales a través de fórmulas de corte y de la aplicada para el caso de la pesca de bacalao nos parece altamente conveniente.
Por las razones expuestas, estamos a favor de lo anterior, entendiendo también que detrás hay un plazo para que la industria participante pueda desarrollarse con el grado de empleabilidad y las garantías correspondientes y con la plataforma social que vamos a aprobar mejorada en el Congreso Nacional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, el artículo aprobado en las Comisiones de Intereses Marítimos y de Hacienda, unidas, de alguna manera es una respuesta -y, por eso, no dejan de sorprenderme algunos comentarios- a quienes sostenían que el mecanismo de licitación basado en un indicador de sustentabilidad, como el rendimiento máximo sostenible, no se iba a activar nunca; que era letra muerta; que no iba a permitir la entrada de nuevos actores y, por tanto, más competencia, en fin. Ya hemos escuchado todo el discurso.
Hoy surge, fruto del acuerdo, un artículo tercero transitorio, vinculado con aquel sobre el cual nos pronunciamos -el 27, si no me equivoco-, en orden a que, si el mecanismo fracasa, como auguran muchos, se licitará un 5 por ciento anual durante tres años y tres años después de calculado el punto biológico.
Es bastante importante comprender lo que estamos votando.
He escuchado muchos discursos en cuanto a la entrega del mar a siete familias, al oligopolio. Algunas declaraciones son contradictorias: por un lado, se desea más participación; por otro, se rechaza la licitación de cuotas.
Pero, más allá de eso, el argumento que encuentro atendible, aunque controversial -he escuchado comentarios al respecto de algunos señores Diputados-, es el relativo a las pesquerías colapsadas. Porque se fijó, efectivamente, un período de cinco años de espera para su recuperación. Mas si bien es digno de considerarse, porque algunos científicos recomiendan precisamente, en estado de plena explotación, cerrar el acceso, también se podría oponer que cuando se licita una pesquería colapsada no se está aumentando la captura -ello sería contradictorio: interesa la recuperación y se entrega más cuota-, sino que se saca una tajada de la misma cuota global. Porque la situación no significa que no se extraiga nada del recurso: se toman ciertas medidas, como planes de manejo, en fin.
Seguramente, la materia se va a ver en Comisión Mixta, pero estimo que la norma, de alguna manera, resuelve el problema señalado por muchos en el sentido de que el mecanismo de licitación planteado originalmente iba a ser letra muerta, porque nunca se iban a dar las condiciones necesarias. Si así fuere, igual se licitará un porcentaje de la cuota global.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, mi duda radica en que no sé cuántos de nosotros creemos que se va a respetar realmente un rendimiento máximo sostenible y la recuperación de las pesquerías; que va a pesar la decisión de los científicos -espero que mañana no lleguen a afirmar que es normal un jurel de 22 centímetros-; que se considerará, como criterio, el principio precautorio, concepto que deseo subrayar, y la defensa de los ecosistemas frente a la presión de intereses económicos creados.
Aquí se está expresando que el principio precautorio no importa, que es letra muerta. Aquí se incorporan otros actores al oligopolio. No queda claro si será una de las mismas familias la que va a comprar el 15 por ciento y se registrará una mayor concentración u otro. Se ignora. Pero lo que sí se sabe es que se va a seguir presionando sobre recursos respecto de los cuales correspondería reducir la cuota, aminorar el esfuerzo. Mas se está planteando, incluso en relación con pesquerías colapsadas: "Mantengamos el esfuerzo".
Voy a rechazar la norma que nos ocupa.
A mi juicio, se pone a prueba, en el fondo, si creemos en el principio precautorio o en el "cuento del tío" -presento mis excusas si ofendo a alguien- de que un actor más significará una mayor competencia o de que una empresa más, en una estructura oligopólica, generará un bien para Chile.
Se quiere hacer espacio para que una de las empresas existentes compre más, o para una mayor concentración -puede utilizarse el multirrut: un mismo grupo arma otra entidad-, o para una de ellas, de todos conocida, que ha estado en boca de muchos últimamente y sido probablemente partícipe de ciertas campañas muy onerosas en las redes sociales.
No me parece que se esté respetando el principio precautorio, señor Presidente, como eje del proyecto. Creo en la necesidad de la conservación. Estimo que no media ninguna razón para fijar un plazo, como se hace. Quienes votaron a favor del artículo 27 suscribieron un parámetro para la incorporación de otros actores que se relativiza.
Pienso que se necesita primero asegurar el rendimiento máximo sostenible en todas las pesquerías antes de usar estos mecanismos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, nos encontramos en un mundo al revés: aquí se ve cómo se hunden los corchos y flotan las piedras. ¿Y por qué? Por una razón simple: la gran mayoría hemos venido sosteniendo que cuesta comprender cómo se harán investigaciones en pesquerías en colapso.
He venido formulando la misma pregunta durante las últimas semanas: ¿por qué el Estado, en particular el Gobierno, no tuvo a bien contar con estudios científicos que permitieran precisar qué se distribuirá en los próximos años? Se ha hecho todo al revés: se comenzará a llevarlos a cabo una vez que las pesquerías entren en dicho estado.
Aparte de aquello a lo que quiero abocarme en relación con el artículo tercero transitorio, juzgo importante una reiteración para la tranquilidad de cada trabajador del sector industrial. Si algo hemos intentado en el Congreso -y no pongo en duda que ha sido la intención de todos- es garantizar a todo evento, dentro de nuestras posibilidades, la estabilidad laboral.
Se está trabajando -lo dijo mi Honorable colega Horvath- en la plataforma social. Lamento que ello solo dure tres años, frente a todo lo que les estamos entregando a los industriales por los próximos años y años. Y espero que en el mundo sindical en ese ámbito exista conciencia de que queremos resguardar su tranquilidad y permanencia laborales. Pero, sin duda alguna, recién se está comprendiendo lo que acabo de explicar, es decir, que media un acuerdo social por solo tres años, frente al beneficio del cual gozarán los industriales en todos los años por delante.
La interrogante y la sospecha respecto de la forma de establecer la licitación -entrando ya al artículo tercero transitorio- de una parte de la cuota industrial dice relación con contemplarlo en una disposición transitoria y no como un nuevo inciso del artículo 27.
Abrigo la duda de que el punto se pueda rechazar en la Cámara de Diputados. Si se va a una Comisión Mixta y ello cae, terminaremos sin licitación. Aun así, quiero confiar en el acuerdo al que ha llegado la Alianza con una parte de la Democracia Cristiana...
El señor WALKER (don Patricio).- Y el Senador señor Rossi.
El señor BIANCHI.- ... y el Senador señor Rossi, como me acotan,...
El señor MUÑOZ ABURTO.- El autor intelectual.
El señor BIANCHI.- ...habiéndose dado garantías de que la medida se aplicará.
Y recogeré lo manifestado por uno de los autores intelectuales de la norma, como lo hizo presente su colega al lado, en cuanto a que habrá licitación a todo evento.
Porque, si no, nos encontramos en el peor de los mundos. Es decir, si el proyecto pasa a tercer trámite y el Gobierno no logra la mayoría en la otra rama del Congreso, perder en la Comisión Mixta implica quedar sin licitación. Entonces, estamos con la espada en el pecho.
Y tenemos que confiar. Por mi parte, voy a hacerlo en el acuerdo de un sector de la Democracia Cristiana con el Gobierno y el señor Senador mencionado en el sentido de que ello efectivamente permitirá la licitación de cuotas.
Insisto en que me parece el mayor de los absurdos, cuando la situación se encuentre en el colapso total, comenzar con estudios científicos que en realidad debieron haberse realizado mucho antes.
A pesar de que me he pronunciado en contra en todos los demás artículos, conforme a los argumentos que he expuesto, voy a votar a favor del que nos ocupa, haciendo fe del acuerdo de esta nueva mayoría política en el Senado, pero dejando constancia de que me surge una interrogante respecto a lo que ocurrirá en la Cámara de Diputados. No vaya a ser que la norma se caiga y terminemos sin licitación.
He dicho.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Estamos en votación, señor Ministro.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solo deseo exponer que, cuando se discute la norma y se incorpora en un artículo transitorio, se reconoce que no es posible garantizar las licitaciones tal como está el artículo 27.
Lo que hay detrás es simplemente el asegurar que ellas se efectuarán al cabo de un tiempo, contemplándose una obligación expresa en el texto en debate, y recaerán sobre la cuota en explotación. ¿Quién fija esta última? Los comités científicos, con la información disponible en ese minuto.
Cuando las pesquerías se encuentran colapsadas y, obviamente, no es posible su explotación, existen vedas, planes de manejo y una serie de disposiciones en el propio articulado para abordar ese hecho. Ergo, no se va a aumentar la cuota, sino que simplemente se expresa que, de lo que sea posible explotar en ese período, un 5 por ciento, en este caso, será licitado con otros actores. No es más que eso.
Confundir las conversaciones y los argumentos no ayuda a avanzar en la discusión.
Creo que haber consignado el artículo tercero transitorio da cuenta de que el 27, tal como estaba, no cumplía el objetivo perseguido.
¿Cuál era nuestra idea? Aprobar una indicación que mejorara la redacción del artículo 27...
El señor BIANCHI.- Así es.
La señora RINCÓN.-... y permitiese efectivamente la licitación.
Se ha terminado en la disposición de que se trata, que es mejor que lo que hay, como es evidente, y que tenemos que reafirmar con nuestro voto. Esperamos que en la Cámara de Diputados no se incurra en el error de rechazarla usando el argumento de las pesquerías colapsadas, porque, en realidad, lo que se va a licitar es parte de la cuota en explotación y no más.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no hay ninguna contradicción en quienes hemos manifestado algún grado de escepticismo en cuanto a si finalmente las licitaciones se alcanzarán o no a desarrollar, como lo ha insinuado el Senador señor Rossi.
Lo que pasa es que, como bien lo mencionaba la Honorable señora Rincón, el punto se tendría que haber incluido en el artículo 27. Se halla ligado, por supuesto, a la discusión que sostuvimos en la mañana. Se hizo presente, en efecto, que no íbamos a alcanzar a llegar a la licitación, porque, o los industriales no iban a permitirlo o no se alcanzaría, sencillamente, el nivel de recuperación.
Incluso quienes han intentado llevarnos al acuerdo -lo estamos resistiendo, aunque seamos hoy una minoría- saben que no habrá licitación por la vía de la disposición citada, por los motivos que el Senador que habla y muchos colegas hemos expuesto.
Ahora bien, creo que la licitación mediante el artículo tercero transitorio es tan difícil como en el caso anterior, sobre la base de la misma razón señalada por varios Honorables colegas. O sea, se deja una ventana que permitiría concluir que se verificará, pero con barrotes de fierro en su exterior que será complicado superar, porque la medida dice relación con las pesquerías colapsadas. ¡Por favor! Los informes de los comités científicos son conocidos. El país, en general -no solo el que se ha manifestado en las redes sociales estos días-, va a reaccionar cuando vea que la caída libre del jurel en los últimos veinte años seguirá acentuándose.
El Honorable señor Navarro ha insistido en varias ocasiones acerca de otro punto, fundamentado en un informe de la Universidad de Concepción, relativo a la manera como el proyecto de ley impulsado por el Ministro señor Longueira usa el rendimiento máximo sostenible, casi puesto en un altar. Y ocurre que es un concepto cuestionado ya desde hace décadas. Data de 1950 y es un indicador más bien bioeconómico, inspirado en un modelo de sobreexplotación total y, por supuesto, cuando había muchos más recursos, cuando la biomasa era mucho más abundante. Pero en la década de los sesenta fue discutido como modelo. Es lo que hoy día estamos empleando y a lo que llamamos "principio de sustentabilidad".
Considero que, con ocasión del debate acerca del artículo tercero transitorio, ha quedado de manifiesto una vez más que, de sustentabilidad, el proyecto de ley tiene solo el nombre. Desde luego, lo que les interesa a los industriales es el jurel, y, por eso, se deja en el texto la posibilidad de que se trata. Pero ello, en la práctica, no se aviene con un Estado que ha suscrito convenciones internacionales en las que ha consignado que protegerá los recursos pesqueros.
Por todo lo expuesto, porque tengo profundas dudas de que la nueva oferta de licitación planteada en el artículo que nos ocupa se vaya a materializar e ingresen nuevos actores -no lo permitirán los cuatro grandes grupos-, me abstengo.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría solo puede intervenir para hacer rectificaciones de hecho, de modo que no puedo darle la palabra.
Puede usar de ella el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, voy a invocar a la OCDE. Lo que expresa esa organización -y lo diría cualquier individuo que sepa de manejo pesquero- es que no se debe aumentar el esfuerzo de pesca: el número de barcos en operación por período de tiempo, si no se alcanza el rendimiento máximo sostenible. Pero nada señala de mantener los privilegios de un grupo particular y de asignarles a ellos -y solo a ellos- todas las cuotas de pesca de la fracción industrial. Muy por el contrario, la licitación o subasta de cuotas no es un aumento de esfuerzo, sino la vía que permite que el esfuerzo de pesca permisible y los peces que es posible capturar -las cuotas- sean asignados, vía competencia abierta y transparente, a cualquier chileno.
Debo destacar que tanto la competencia abierta como la transparencia son recomendadas por la OCDE a sus países miembros. Entonces, ¿por qué no aplicarlas en el nuestro?
Hay que aprobar el artículo tercero transitorio. Es lo único salvable del acuerdo, puesto que hace obligatoria la licitación al menos del 15 por ciento en el caso de las pesquerías no colapsadas. Tratándose de las colapsadas, ello dependerá del criterio del Comité Científico.
Por lo tanto, actuaré de acuerdo a lo que me han señalado los pescadores artesanales, quienes desean participar de la licitación de ese 15 por ciento, porque hoy día no tienen opción de aumentar sus cuotas.
Votaré favorablemente el artículo tercero transitorio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo tercero transitorio propuesto por las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas (24 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Letelier y Navarro.
Se abstuvieron los señores Gómez, Muñoz Aburto y Quintana.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, le agradezco que me haya dado la palabra.
Quiero hacer algunas precisiones en cuanto al debate suscitado con ocasión de la norma anterior.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solo para temas de Reglamento, Ministro, porque...
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Está bien.
Se trata de precisiones, y entiendo que los Ministros tenemos...
El señor ESCALONA (Presidente).- No. No tiene ese derecho.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Bueno. Okay.
El señor ESCALONA (Presidente).- Cuando estamos en votación, no tiene ese derecho.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Está bien.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir solo para rectificaciones de hecho, dice el Reglamento. Y no hubo ninguna alusión directa a su persona que mereciera ser rectificada.
Entonces, no tiene uso de la palabra, Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ¿Seguimos en votación? ¿O no puedo...?
El señor ESCALONA (Presidente).- No. Ya se terminó la discusión del artículo tercero transitorio. Está aprobado, Ministro.
Ahora vamos a entrar a la indicación pendiente del Senador Tuma.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Sí.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Sobre ese punto desea hablar, Ministro?
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Sí. Sobre ese y varios más, porque en general lo que ha ocurrido...
El señor ESCALONA (Presidente).- No, Ministro.
La discusión general concluyó hace rato.
El Senador Larraín acaba de realizar una larga intervención criticando exactamente lo que usted quiere hacer en esta oportunidad.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ¡Ah, no! Si lo vamos hacer así, no pido más la palabra, Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien. Muchas gracias, Ministro.
Por lo tanto, entraríamos a la discusión de la indicación pendiente del Senador Tuma.
Para una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, le pido disculpas al colega Tuma por la interrupción, pero ocurre que en la mañana me acerqué a la Mesa a plantear que ya habíamos acordado con el Ejecutivo el texto de la letra c), para incorporarla en el artículo 26 B, aprobado en una sesión anterior.
Dicho precepto, para que Sus Señorías recuerden, establece las causales de caducidad de la licencia. Sostuvimos un largo debate en la Sala sobre las letras a) y b) de la norma, llegando al acuerdo de incorporar una letra c). Quedamos en redactarla en conjunto con el Ejecutivo.
En la mañana, conversé con el Presidente para avisarle que ya estaba lista y ahora quiero darle lectura para que la incorporemos al artículo mencionado.
Para conocimiento de los colegas, ¿puedo leerla, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en la Sala?
Acordado.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PIZARRO.- Como causal de caducidad y no renovación de la licencia de pesca, se sugiere agregar la siguiente letra c): "El reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo, entre otras, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud que excedan tres períodos mensuales o la existencia de cuatro o más condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos del trabajador y a las normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y prácticas antisindicales en el plazo de siete años.".
Tal propuesta, como vimos, acota bastante la posibilidad de que se generen abusos que coloquen en riesgo -incluso, de mala fe- a industrias que, cumpliendo las normas en general, resulten perjudicadas por problemas de otro tipo.
Haré llegar a la Secretaría este texto, para que se incorpore al artículo aludido.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
El señor PIZARRO.- Ya estaba acordado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LETELIER.- Yo entiendo que eso no estaba votado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Por eso se solicitó la autorización de la Sala, y dos veces.
No se pidió el uso de la palabra, y se acordó consignarlo.
El señor LETELIER.- Debe quedar votado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación que estaba pendiente propone agregar al artículo 1º, Nº 2), a continuación de la letra l), el siguiente numeral nuevo: "Pueblos originarios: se reconoce la existencia de los pueblos originarios pertenecientes a Asociaciones de Comunidades Indígenas y Comunidades Indígenas y; a las Asociaciones de Pescadores Indígenas, constituidas de conformidad a la ley Nº 20.249 y la ley 19.253, respectivamente, vinculados al borde costero.".
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión la indicación Nº 27.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, yo y otros Senadores presentamos esta indicación, porque hubo una omisión fundamental en el diseño del proyecto, cuando, con este fin, el Ministro de Economía invitó solo a dos actores a participar en el debate: los pescadores industriales y los artesanales.
Yo no hago cuestión de que ellos hayan sido considerados. Están en todo su derecho. El punto es que esos actores tienen tanto derecho como los ausentes de la iniciativa: los pueblos originarios.
A los industriales se les reconocen sus derechos históricos de acuerdo con sus volúmenes de pesca, lo cual se estima según lo explotado en los últimos 10, 15, 20 o 30 años. Sin embargo, los pueblos originarios, particularmente los lafquenches y otras etnias que viven en el borde costero, pescan desde tiempos inmemoriales.
Antes de conformarse el Estado de Chile, los lafquenches ya explotaban el mar. Antes del descubrimiento de América, los pueblos originarios desarrollaban esa actividad en los espacios marinos y tenían cuotas de pesca sin pedírselas a nadie. ¡Pero llega el Estado y no solo no les fija cuota, sino que les impide explotar los recursos!
Luego, en 2008, en este nuevo trato con las comunidades indígenas, se saca una normativa, aprobada por unanimidad en el Congreso, llamada "Ley de Borde Costero", en la que les decimos a los lafquenches -así como mapuche significa "hombre de la tierra", lafquenche es "hombre del mar"- que pueden disfrutar de los espacios costeros, pero que no pueden pescar. Es como si las concesiones mineras no permitieran sacar cobre. Es como si las concesiones de agua no permitieran hacer uso de las aguas.
Entonces, ¿por qué razón seguimos castigando a los pueblos originarios?
Aquí, en esta misma Sala, y en los medios de comunicación, el Gobierno permanentemente se queja de lo que ocurre en la Novena Región, porque hay actos de reivindicación de derechos. Sin embargo, ahora que tenemos la oportunidad de reparar con celo el mal causado -pues esto se relaciona con el daño que el Estado ha provocado a los pueblos originarios-, les negamos a los lafquenches, en este caso, la posibilidad de ser considerados como beneficiarios de la legislación que nos ocupa.
He presentado esta indicación -y después vienen otras- para que les reconozcamos, a las asociaciones de comunidades indígenas, a las comunidades indígenas y a las asociaciones de pescadores indígenas, constituidas de conformidad con la ley Nº 19.253 y con la Ley de Borde Costero, el derecho a ser uso y goce de esta iniciativa legal, de la cual las han omitido.
Insisto: hemos reconocido derechos históricos a quienes han depredado los recursos marinos y precisamente a los que los han cuidado, aquí no les reconocemos derecho alguno.
A los industriales, más que derechos, deberíamos imputarles la deuda histórica que tienen con Chile.
Sin embargo, en esta propuesta hay una ausencia, la que el Gobierno remarca de nuevo al enviar un proyecto donde desconoce un instrumento internacional suscrito por él y ratificado por el Congreso: el Convenio N° 169 de la OIT, el cual establece que necesariamente los pueblos originarios deberán ser consultados cuando hay una legislación que les afecta.
En consecuencia, señor Presidente, con esta actitud otra vez...
El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más, para terminar.
El señor TUMA.-... estamos provocando a los pueblos originarios, al dejarlos ausentes en una ley en la que deberían ser los primeros en ser considerados y ver atendidas sus demandas.
Yo he hecho reserva de constitucionalidad sobre esta iniciativa. Con la firma de diez Senadores, presentaremos un recurso ante el Tribunal Constitucional, por cuanto no puede ser legal esta propuesta legislativa si refleja desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, veo que estamos entrando poco a poco al importante tema de los pueblos originarios y de sus actividades consuetudinarias, bajo prácticas ancestrales, en lo referente a la pesca.
Los miembros de la Comisión de Pesca, con el mandato dado por la propia Sala y el acuerdo de los Comités, interactuamos con representantes de los siguientes pueblos indígenas: kawashkar, de Magallanes (desde la zona de Taitao hacia el sur, en la Región de Aysén); huilliche, de las Regiones de Aysén (Chiloé) y de Los Lagos; lafquenche, de las Regiones de Los Ríos, La Araucanía y del Biobío, y rapanui, de Isla de Pascua.
En lo referente a esta última etnia, la solución es más fácil, porque ellos, en su oportunidad, plantearon el deseo de contar con un Registro Pesquero propio en la isla, de manera de no recibir un esfuerzo pesquero adicional por parte de pescadores de la Quinta Región. Esto lo asumió la Comisión y, desde luego, también fue aceptado por el Ejecutivo.
De todos los temas que tratamos, la verdad es que la fórmula más expedita que tienen los pueblos originarios consiste en obtener un espacio costero marino a través de la ley N° 20.249, conocida como "Ley Lafquenche" o "Ley de Borde Costero". En ella se establece que, comprobadas las prácticas realizadas por la comunidad, mediante un procedimiento en el que participan la CONADI, las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero y la Subsecretaría, se les asignará un espacio costero marino para desarrollar las artes y actividades de tipo consuetudinario.
Y, desde luego, si llegan a demostrar el uso consuetudinario -y así lo están haciendo-, tienen acceso, por derecho propio, a una cuota de pesca en las especies que corresponda, bajo las artes que ellos desarrollan. Y esa cuota sale de la cuota global.
Así quedó claro en la Comisión de Pesca.
Es relevante también señalar que los pueblos originarios plantean desarrollar la actividad de pesca utilizando su modalidad cultural. No quieren cuotas individuales ni pertenecer al Registro Pesquero Artesanal, que son los procedimientos que consigna esta ley en proyecto, porque tales normas a ellos no los representan.
Por esa razón y otras, los integrantes de la Comisión de Pesca le solicitamos a la Sala que se incorpore el artículo que habíamos comprometido en las Comisiones unidas de Hacienda y de Pesca, a fin de que los pueblos originarios puedan desarrollar la pesca con plenitud.
Dicha indicación ha sido presentada a la Mesa e, independiente de si concita acuerdo o no, busca incorporar el siguiente artículo 9°, nuevo: "Interprétase que las comunidades o asociaciones de comunidades indígenas señaladas en la ley N° 29.249, tienen acceso a la extracción de los recursos hidrobiológicos mediante el establecimiento de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios y la aprobación del correspondiente plan de administración, de conformidad con el procedimiento previsto en dicho cuerpo legal". Se refiere, fundamentalmente, a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
Por los motivos expuestos, señor Presidente, solicito a la Sala que, a propósito del debate de la indicación N° 27, que introduce una definición, se incorpore la indicación suscrita por todos los miembros de la Comisión Pesca, que acabo de leer, a fin de contar con un conjunto de alternativas en esta importante materia.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, lo planteado por el colega que me antecedió en el uso de la palabra me fue convenciendo progresivamente, hasta que leyó el texto de la indicación. Ello porque, a mi entender, no refleja lo que él dijo.
Me explico.
Las diferentes comunidades indígenas no quieren dedicarse solamente a la captura de recursos bentónicos; no quieren tener áreas asignadas solo para cultivos.
Esa es la esencia de la Ley de Borde Costero: a ciertas comunidades -no a todas- les reserva el derecho a zonas o parcelas para explotar, sobre todo, recursos bentónicos.
La discusión aquí es otra. Si bien lo anterior está bien y se halla cautelado en la Ley de Borde Costero, los pescadores indígenas desean que aquello sea parte de la cuota global que se les asigne, como expresaba el Senador Espina en la mañana.
Es cierto: existe una tercera categoría, previa a la de los pescadores artesanales e industriales.
Hay quienes compartimos tal aspiración y otros, no.
Ese es el tema de fondo.
A los rapanui no les interesa participar en ningún Registro. Claro, tienen la ventaja de que es bastante difícil que otros pescadores lleguen a 2.700 kilómetros en el Pacífico.
Pero a ellos, al igual que a otros, no les gusta la redacción del precepto, porque no les reconoce el derecho a una cuota o a pescar, sin límite, más allá de lo consignado en la Ley de Borde Costero.
Señor Presidente, yo entiendo que ellos, como cualquier actor, pueden crecer. Es necesario fijar alguna limitación, algún parámetro con respecto a las cuotas, pero en forma previa al fraccionamiento. Y no veo esa idea en la indicación.
Según entendí de la propuesta que leyó el Presidente de la Comisión de Pesca, Senador Horvath, se declara un principio, pero no se garantiza la cuota.
Quizás sería necesario, señor Presidente, que se nos distribuyera la indicación que se solicita incorporar.
Nos deben convencer de que lo planteado no tiene que ver con la Ley de Borde Costero. No se debe hacer mención a esta normativa. Creo que la referencia a ella genera discrepancia.
Señor Presidente, si este punto lo resolvemos bien, no habrá recurso ante el Tribunal Constitucional. Si este punto lo abordamos correctamente, el proyecto seguirá su tramitación con celeridad.
Es cierto: varios pueblos originarios fueron escuchados. Pero estos actores no sienten que se haya recogido su reflexión y su posición en las indicaciones. Por eso han hecho presentaciones en diferentes Cortes de Apelaciones. Por eso, dentro de la próxima semana, tendrán a lo menos tres causas abiertas, pendientes de fallo. Y por eso, la semana entrante, si no resolvemos bien esto, recurriremos ante el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, sugiero que tratemos de buscar una redacción que interprete a todo el mundo, para el bien del país.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Muchas gracias, Senador.
En todo caso, está en discusión la indicación N° 27, formulada por el Honorable señor Tuma y otros señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor García, Presidente de la Comisión de Hacienda.
Antes de que intervenga, solicito la autorización de la Sala para que dicha Comisión sesione a las 10, con el objeto de abocarse al estudio del proyecto de ley de reajuste del sector público. De esta manera, nos ponemos en el caso de que no alcance a llegar el oficio de la Cámara de Diputados.
--Así se acuerda.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo una interpretación distinta de la entregada por algunos señores Senadores.
Estimo que la indicación que tenemos en la pantalla no significa ni otorgar a los pueblos originarios cuotas de pesca ni tampoco cederles algún derecho; o sea, nada nuevo. En mi opinión, esos derechos ya están recogidos en la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de dichos pueblos.
Por lo tanto, me parece que la otra indicación que hace referencia a esa misma ley es mucho más pertinente y más conducente, porque reconoce mejor sus derechos de acceso al mar y, por supuesto, a sus recursos.
Escuché con mucha atención tanto la intervención del Senador señor Tuma como la del Honorable señor Letelier.
Al respecto, deseo dar lectura a la lera c) del artículo 11 de la ley N° 20.249. Dice: "En caso de que se contemple la explotación de recursos hidrobiológicos, deberá comprender un plan de manejo conforme a los requisitos señalados en el reglamento". Y toda la Ley de Pesca está referida a recursos hidrobiológicos.
Por lo tanto, mi interpretación no es igual a la del Senador señor Letelier, en el sentido de que aquí solo se trata de darles espacios para fines acuícolas, porque también es para pesca.
Por eso, considero más completa la indicación que -según entiendo- fue firmada por los 5 integrantes de la Comisión de Pesca. En ella se reconocen de mejor manera los derechos de acceso al mar y a sus recursos.
Además, al remitirse a la ley N° 20.249, se hace referencia al procedimiento mediante el cual los derechos de las comunidades indígenas -que consuetudinariamente han hecho de la pesca una de sus actividades- se expresan en una cuota de pesca concreta.
Entonces, me hace mucho más fuerza la proposición de los 5 miembros de la Comisión que el texto en pantalla.
Sugiero al Senador señor Letelier resolver bien esto. Porque, claramente, no deseo que terminemos con una presentación ante el Tribunal Constitucional, ya que, probablemente, dicho trámite solo demorará más la entrada en vigencia de las modificaciones de la Ley de Pesca.
Tengo la convicción de que el proyecto tiene virtudes y defectos. Pero son más las primeras, porque preserva adecuadamente el recurso que la legislación actual.
Por lo tanto, debemos hacer todos los esfuerzos para que esta iniciativa se transforme en ley y entre en vigencia a partir del próximo 1° de enero.
Insisto en que los derechos de nuestros pueblos originarios están mejor protegidos, garantizados y respetados en la indicación que lleva la firma de los integrantes de la Comisión de Pesca.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, solicito al Senador Tuma poner atención respecto del contenido de ambas indicaciones.
Porque no dudo de que su propósito es hacer respetar los derechos históricos, consuetudinarios de las comunidades lafquenches, pueblos originarios que viven en el mar o cerca del mar. Pero la indicación suscrita por los integrantes de la Comisión de Pesca es muy superior -lo digo con el mayor respeto- y representa mejor los intereses de los pueblos originarios que la indicación que presentó el propio Senador señor Tuma.
Y quiero fundamentar lo que señalo.
La indicación del Honorable colega -con el mayor respeto- no dice absolutamente nada nuevo. Señala lo siguiente: "Pueblos originarios: se reconoce la existencia de los pueblos originarios pertenecientes a Asociaciones de Comunidades Indígenas y Comunidades Indígenas y; a las Asociaciones de Pescadores Indígenas, constituidas en conformidad a la ley N° 20.249 y la ley N° 19.253, respectivamente, vinculados al borde costero".
Eso no tiene nada de novedoso. Lo mismo dice el artículo 2° de la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios. O sea, repite la legislación vigente. Y lo que señala esta no solo rige para la Ley de Pesca, sino para todas las leyes.
Porque dicho precepto señala, expresamente: "Asociación de comunidades indígenas: agrupación de dos o más comunidades indígenas constituidas de conformidad con la ley N° 19.253, todas las cuales, a través de sus representantes deberán, suscribir...", etcétera.
Luego, en esta misma normativa que crea el espacio costero, se establecen con toda claridad los derechos, particularmente, en el artículo 3° y en la letra e) del 2°. Y en esta última disposición se establece que corresponde a los pueblos originarios: "Espacio costero marino de pueblos originarios: espacio marino delimitado, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio".
Y, luego, reglamenta la forma cómo tienen ese acceso.
En tal sentido, la indicación de los miembros de la Comisión de Pesca es infinitamente más completa que la presentada por el Senador señor Tuma, y que no dudo que tiene la mejor de las intenciones.
Porque la indicación de la Comisión -que ha explicado en forma muy correcta el Senador señor Horvath- dispone: "Interprétase que las comunidades o asociaciones de comunidades indígenas señaladas en la ley N° 20.249" -en esa parte repite lo que dice la propuesta del Senador Tuma; y agrega, ¡atención!- "tienen acceso a la extracción de los recursos hidrobiológicos mediante el establecimiento de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios" -que es lo que establece la ley actual- "y la aprobación del correspondiente plan de administración, de conformidad con el procedimiento previsto en dicho cuerpo legal".
En consecuencia, si uno pone en la balanza las indicaciones del Senador señor Tuma -hecha con el mejor propósito- y la de la Comisión de Pesca, sin ninguna duda, esta última es mucho más asertiva, clara y protectora de los derechos de los pueblos originarios que la otra, que tan solo hace un simple reconocimiento -de la mejor buena fe- al disponer: "se reconoce la existencia de los pueblos originarios pertenecientes a Asociaciones de Comunidades Indígenas".
En el fondo, la indicación de mi distinguido colega no dice nada nuevo. Solo que hay una ley anterior que los reconoce. Es como si hiciéramos una ley -perdonen el ejemplo- para reconocer el estado civil de casado y se dijera: "Se reconoce el estado civil de casado". ¡Pero si esto se encuentra definido en el Código Civil!
Entonces, felicito al autor de esa otra indicación, porque logró la unanimidad de la Comisión de Pesca. Además, es una muy buena propuesta y apunta en la dirección correcta. Entiendo que también fue apoyada y visada por el Ejecutivo.
Por lo tanto, pido al Senador señor Tuma que retire su indicación y que permita que se apruebe la presentada unánimemente por la Comisión de Pesca, porque, sin lugar a dudas, representa mejor los intereses de los pueblos originarios.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, esta materia fue discutida en las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda, donde se planteó la posibilidad de revisar una redacción alternativa a la presentada por el Senador señor Tuma en su indicación.
Sobre el particular, quiero hacer presente formalmente la postura del Ejecutivo; pero, además, permítanme decir que en la normativa que entrega derechos a los pueblos originarios en el borde costero, aprobada en la Administración anterior, mi voto fue decisivo para que fuese ley de la República.
Deseaba recordarlo, porque tengo un compromiso en ese sentido. De ahí que me parece que debemos avanzar para incorporar bien a nuestros pueblos originarios.
Es del caso destacar que los derechos de los pueblos originarios del borde costero nacen en la Ley Lafquenche. Por lo tanto, debo ser muy claro en esto. Para el Ejecutivo -así lo establecimos en el primer trámite en la Cámara de Diputados-, en esta iniciativa no se requiere una definición al efecto, porque está claramente estipulada en la normativa que crea el espacio costero marino para dichos pueblos originarios, que es la ley N° 20.249.
No se necesita consultar sobre ello. Queremos ser muy precisos a ese respecto.
En el artículo 10 de esa ley y en su reglamento, se dispone muy claramente que los pueblos originarios tienen derecho a recursos hidrobiológicos. Se señala en forma expresa dicho precepto. Y especifica que, cuando bajo esa normativa se le asignan recursos hidrobiológicos -que es donde nacen sus derechos como tales-, tiene que haber un plan de manejo, lo que se halla nítidamente establecido.
También en ese mismo precepto se dispone para ellos la asignación de recursos bentónicos, lo que se hace conforme a áreas de manejo.
Manifiesto lo anterior, porque queremos ser bastante específicos en orden a que no se requiere determinar nada en esta materia, porque todo se encuentra definido con nitidez en la ley que he mencionado y su reglamento.
En consecuencia, sea una alternativa o la otra, los pueblos originarios, en virtud de la Ley Lafquenche, cuentan con derechos que dicen relación a recursos hidrobiológicos y bentónicos.
Es pertinente agregar que en función de esa normativa se le han entregado derechos consuetudinarios. Estamos avanzando a este respecto y hemos contratado equipos de profesionales para que las solicitudes que se presenten sean aprobadas o rechazadas y los informes entregados lo antes posible, porque ha habido mal uso de las leyes, lo que, lamentablemente, ocurre muchas veces. Recuerdo perfectamente los argumentos que se dieron en su oportunidad y los objetivos que perseguía la ley.
Destaco eso, porque se han pedido provincias enteras -ese es el problema-, en circunstancias de que el efecto de aquella normativa era que, cuando se dieran situaciones de ese tipo, tratándose de solicitudes de derechos consuetudinarios, quedaran congeladas las concesiones. Por ello, con justa razón, el Senador señor Frei advirtió en la Comisión que debíamos ser muy cuidadosos por cuanto la ley usada en mala forma, en primer lugar, daña esos derechos. Porque se comprenderá que, cuando los pescadores artesanales piden provincias enteras y la normativa se utiliza para impedir el desarrollo de otros proyectos, sucede que se está afectando precisamente una ley que elaboramos para reconocer los derechos consuetudinarios de aquellos pueblos. Y, sucedido eso, emana un conjunto de obligaciones para el Estado, lo cual está muy claro en la ley y en el reglamento. Así se encuentra expresamente establecido.
Por lo tanto, de aprobarse una opción o la otra, no va a cambiar en nada la situación. Porque, en cumplimiento de la normativa vigente y de su reglamento, el Estado debe entregar a los pueblos originarios del borde costero recursos hidrobiológicos y, por cierto, también recursos bentónicos, si corresponden a esas áreas reconocidas como derechos consuetudinarios.
Además, si no se incorpora ninguna disposición en esta ley en proyecto, no va a cambiar lo que emana de la otra, porque los derechos relativos a recursos hidrobiológicos nacen en cuanto son pueblos originarios, lo que se encuentra consagrado en la Ley Lafquenche, que es, como dije, donde surgen tales derechos.
Nosotros estábamos dispuestos a celebrar un protocolo -lo señalo para que quede en la Versión Oficial- para que, a partir de enero, se constituyeran mesas de trabajo, donde participaran la Comisión de Pesca del Senado y los pueblos originarios. Era un protocolo que también nos comprometía a avanzar precisamente en lo que dice relación a aquella normativa. Incluso, poníamos plazo. Si transcurridos noventa días de constituida la mesa donde participarían la Comisión de Pesca del Senado, la de la Cámara de Diputados, los pueblos originarios y los pescadores artesanales requerían algo para la elaboración de normas y se determinaba que era necesaria una nueva ley o el perfeccionamiento de la normativa lafquenche, se hiciesen las consultas pertinentes. En el plazo de treinta días, tendría que ingresar a trámite cualquier mejoramiento que precisara dicha ley o, eventualmente, otra.
Para nosotros, no se necesita lo anterior.
Pero deseo dejar en claro que mi compromiso, como Ministro de Economía, lo mantengo exactamente igual, porque si finalmente existiera algún vacío o un perfeccionamiento que introducir, no veo por qué restarnos a ese trámite y a reunirnos con los pueblos originarios para, finalmente, hacer los cambios necesarios a objeto de que sus derechos se respeten en la ley que los rige, que es la N° 20.249.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en esta discusión, uno podría incluso llegar a preguntarse, si es tan buena para el pueblo lafquenche la ley N° 20.249 y sus preceptos, como aquí se pretende, ¿por qué no incorporar a los industriales o a las siete familias a la normativa sobre borde costero?
Es una ley de reconocimiento una deuda histórica que busca reconocer a los pueblos originarios -en este caso, de los lafquenches-, pero de productivo no tiene nada.
Aquí se señala que la indicación presentada por el Senador señor Tuma no dice nada respecto de la cuota, lo que es efectivo. Sin embargo, se ubica en el lugar donde tiene que estar: en el artículo 1°, numeral 2, letra l).
¿Qué significa eso? Que a los pueblos originarios se les reconozca no como sindicatos -así los tenía originalmente considerados el Gobierno- y a los cuales, según entiendo, no se les invitó a hacer su aporte en esta materia. Claramente no se les convida a integrar nada. Por eso, el pueblo lafquenche ha quedado debajo de la mesa, pues no tuvo participación en ninguna instancia de este proceso.
Entonces, lo que hoy día hace el Senador señor Tuma con esta indicación -a quien, por cierto, hemos acompañado y lo vamos a acompañar también al Tribunal Constitucional- es reconocer que no son un sindicato, que no pueden ser organizados de esa forma, porque va contra su naturaleza, su cultura, su historia, su idiosincrasia, su costumbre.
Lo normal es que se les reconozca lo que son.
No hay que mirar de manera aislada la indicación del Honorable colega, sino en el contexto de otras indicaciones que vienen más adelante, donde, por cierto, está lo relacionado con la cuota.
Además, creo que el Gobierno y algunos parlamentarios están conscientes de que tiene un costo rechazar esta indicación, y no quieren aprobarla, porque saben que después viene lo atinente a la cuota.
Estoy hablando de pueblos originarios que han estado desde antes de la fundación de la República, como se ha dicho, y que están muy lejos de ser los depredadores.
Es dable señalar que en esta normativa se establece un régimen de protección para las siete familias, para los cuatro grandes grupos industriales. Y si se hubiesen comportado bien en los últimos doce años -del 2001 en adelante-, uno podría haberlo entendido. ¡Pero no fue así, y hoy día se les está premiando con abundancia en este proyecto de ley!
Esta es una normativa hecha a la medida para los industriales, porque, cuando aquí aparece un actor marginal que ni siquiera pescará una tonelada -el 1 por ciento, sostienen algunos-, se dice que no tiene derecho.
Por consiguiente, claramente, este es un escenario muy bien arreglado para unos pocos actores, para unos pocos señores. Por eso, estimo preciso aprobar la indicación, como también el conjunto de indicaciones que apuntan en el mismo sentido: resguardar una participación mínima a dichos pueblos.
Creo que este proyecto debió ser objeto de consulta.
Sobre el particular, hubo un debate -así me recordó el Senador Lagos- con motivo de la discusión del Presupuesto, instancia en la que se destinaron recursos para que haya una comisión destinada al tema de las consultas. Porque el Congreso, al igual que el Gobierno, no están procediendo bien en ese sentido, pues son muchos los proyectos de orden productivo que tienen un impacto en el mundo indígena y que deben ser consultados. Y este obviamente no es la excepción.
Por eso respaldo la indicación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional, a través de una reforma constitucional, aprobó por unanimidad la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, cuyos grandes yacimientos eran propiedad, en su mayoría, de empresas estadounidenses. Hubo unanimidad absoluta en el Parlamento.
¿Y qué reclamaron las trasnacionales, las mismas que después se levantaron para derrocar al Presidente Salvador Allende? Derechos históricos; indemnizaciones.
Pero el Congreso Nacional de ese entonces determinó, por unanimidad, que el cobre era de Chile y que pertenecía a todos los chilenos. Y se aprobó una reforma que trajo consecuencias, porque los que fueron - comillas- expropiados reaccionaron con el arma más terrible que Estados Unidos, el imperio, tiene a su disposición: la intervención militar.
Señor Presidente, lamento profundamente que el 2012 este Congreso de la República no tenga la unanimidad para determinar que los recursos pesqueros son de todos los chilenos, y se los entregue, esta vez, no a los norteamericanos, sino a un grupo de familias, bajo propiedad perpetua e indefinida a través de un régimen de concesiones renovables de manera casi automática.
Digo esto porque a mí me hubiese gustado también la unanimidad del Senado de la República para aplicar el mismo concepto que las bancadas de la Derecha y parte de los Senadores democratacristianos alegan en favor de la industria.
En un reportaje publicado por "La Tercera" el 24 de noviembre del 2012, le preguntan a don Rodrigo Sarquis: "¿El proyecto de ley vulnera los derechos históricos de los actuales operadores pesqueros?". Y el Presidente de estas empresas responde: "El proyecto vulnera nuestros derechos históricos. La industria pesquera tiene 80 años en el país, por lo tanto, no hemos recibido una razón contundente, ni del Gobierno ni del Parlamento, para que le quiten un porcentaje de sus cuotas de captura".
Ya lo dijeron otros parlamentarios: los lafquenches y otros pueblos originarios no tienen ni ochenta, ni cien, ni mil, ni 2 mil años. ¡Tienen miles de años ocupando esos territorios! ¡Miles de años! Porque son pueblos originarios. Y allí están, ya sea en la forma "araucanos" -tal cual los llamaron los españoles- o como "mapuche", en singular (gente de la tierra), que es el vocablo con el que ellos quieren ser denominados y como están reconocidos en la ley chilena.
¿Cuántos son? Según el Primer Censo Nacional Pesquero y Acuicultor de Chile, los pescadores artesanales llegan a 71.880, mientras que los pescadores artesanales originarios son 12.013. Desglosados son: Armadores artesanales, 3.247; originarios, 390. Buzos mariscadores artesanales, 7.304; originarios, 1.149. Pescadores artesanales propiamente tales, 22.818; originarios, 3.041. Recolectores de orilla, 25.769; originarios, 5.556.
Estoy hablando de un censo que el propio país ha hecho y que ha establecido que ellos existen y pertenecen a los distintos pueblos originarios de nuestro país.
Y cuando reclamamos que los pescadores de pueblos originarios deben estar incorporados no solo en la ley de borde costero, sino también en la Ley de Pesca, es porque no queremos que les digan: "Sí, ustedes tienen derecho a vivir a orillas del mar". Queremos que se les diga: "Sí, ustedes tienen derecho a vivir allí, pero también a pescar y a subsistir en ese mar".
Y donde se habla de recursos pesqueros es en la Ley de Pesca, no en la ley de borde costero. Por lo tanto, es en la Ley de Pesca donde debe quedar establecido cuánto van a poder pescar, para que tengamos las reglas del juego claras, para que no se siga debatiendo, bajo la presión tanto de artesanales como de industriales, las asignaciones que les corresponden a los pescadores de pueblos originarios, cuyo porcentaje de pesca será, por cierto, altamente cuestionado.
Yo auguro que, si no logramos establecerlo aquí, en la Ley de Pesca, ese derecho les va a ser negado, porque la presión de los actores hegemónicos se va a hacer sentir. No van a dejar que accedan a derechos de pesca, salvo a las cuotas reservadas para lo social, que son un derecho tangencial.
Queremos derechos concretos, ciertos, certeros, ¡ahora!
Voto en contra de la indicación del Gobierno y a favor de la que ha planteado el Senador Tuma, anunciando que recurriremos al Tribunal Constitucional.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, de repente, con algunos proyectos de ley, uno piensa que los mismos planteamientos los ha oído antes. Y se sorprende de cómo a veces se repiten idénticas argumentaciones, no solo a propósito de un mismo proyecto, sino también con motivo de discusiones anteriores que se han desarrollado a raíz de la misma materia.
Digo esto porque pareciera que algunos Senadores -no me cabe duda de que la indicación fue presentada de buena fe- o no hubieran existido como tales o no hubieran estado presentes cuando se discutió la ley N° 20.249.
Fíjense nada más en el nombre de la normativa, aprobada, entre otros, por el entonces Diputado Tuma: "Ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios", la cual, al momento de definir esa área, dispone en su artículo 3° lo siguiente: "Créase el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero".
Además, consagra un procedimiento -no fue ideado por el actual Gobierno- mediante el cual, acreditado el uso consuetudinario, se otorga la implementación respectiva y se entregan los derechos pertinentes.
Entonces, señor Presidente, todo este asunto que se trata de meter en la Ley de Pesca ya se encuentra resuelto. No es que esté en duda: está resuelto en la ley N° 20.249.
Le pregunté al Ejecutivo qué ha ocurrido con el desarrollo de dicha legislación, y en el informe que se me hizo llegar se señala que ya se entregó materialmente la concesión en Punta Capitanes y que hay cuatro más, que en conjunto ocupan 235 mil hectáreas, para el establecimiento de recursos especiales asignables a los pueblos originarios respecto del espacio costero marino.
Este, señor Presidente, no es un tema menor; es un tema superimportante, porque lo que a mi juicio no puede hacer el Parlamento es volver a legislar sobre una misma materia en una ley completamente distinta.
¿Para qué, si no, fue necesario dictar la ley 20.249? ¿Para qué la presentó la Presidenta Bachelet y para qué la apoyó la mayoría de las distintas bancadas del Parlamento? ¿Para nada? ¡No, señor Presidente! ¡Aquí está la ley! ¡Aquí está el reglamento, y ahí se cumple exactamente lo que el Senador Tuma está buscando por la vía de la indicación!
La diferencia, en mi opinión -que puede ser una-, es que vincular o incorporar este tema en la Ley de Pesca genera, no una solución, sino un incordio en los derechos, particularmente en los de los pescadores artesanales.
Yo conozco a muchos pescadores artesanales pertenecientes a pueblos originarios, y ellos están perfectamente bien, en el ejercicio pleno de sus derechos, que además son transmisibles.
Entonces, tratar de cambiar la arquitectura, la estructura, generando, en un elemento sustentable como es la ley, derechos diferentes que pugnarán con los ya constituidos, no me parece adecuado. Entiendo que en la Novena Región solo hay pesca artesanal. Sí la hay por lo menos en la Séptima y me parece que también en la Sexta.
Por ello, consagrar por esta vía otros derechos solo va a producir una pugna, una especie de contradicción, completamente evitable a mi juicio, en cuanto a los derechos que los pescadores artesanales tienen para este efecto.
Me parece que la solución que plantea la ley N° 20.249 es mucho más inteligente, mucho más realista, mucho más práctica y mucho más respetuosa de los derechos de los pescadores artesanales y de los derechos que nacen de la condición de ser pueblo originario.
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra de la indicación renovada, porque creo que no es buena, ni para los pueblos originarios, que van a entrar en una lógica diferente, ni para la pesca artesanal, que, obviamente, va a generar una pugna arbitraria respecto de la aplicación de esta norma.
Si no se hubiera hecho nada sobre la materia, cabía plantear la indicación. Pero aquí tengo los informes acerca de cómo se han ido otorgando derechos en virtud de la ley 20.249. Y derogarla por esta vía me parece un error, así como aprobar la indicación, una equivocación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín, quien es el último de los inscritos.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, es muy breve.
Desgraciadamente, no estaba en la Sala en ese momento, pero, cuando el Ministro de Economía le solicitó la palabra, usted, aludiendo a mi inquietud de que se circunscribiera el debate, se la negó. Y yo he visto aquí hacer referencia a la nacionalización del cobre y a muchos temas de la mayor importancia histórica y política, pero no atingentes a la Ley de Pesca.
Hay algunos Senadores que tienen interés en que esto se discuta eternamente, pero no me parece correcto que, cuando un Ministro quiere aclarar algunos dichos equivocados que se han manifestado, se le argumente utilizando mi solicitud de buscar una manera más rápida de despachar este proyecto. Porque insisto: el Senado no está trabajando. A mí, distintas autoridades -entre ellas, Senadores- y particulares me piden que ponga en la tabla de la Comisión de Constitución determinados proyectos. Pero no lo puedo hacer, señor Presidente, porque las sesiones de las Comisiones se encuentran suspendidas para discutir esta iniciativa de ley. Y resulta que en este debate lo que hacen muchos Senadores es reiterar los mismos argumentos una y otra vez.
Por eso, yo pido que haya un cierto respeto al trabajo del Senado. Tienen todo el derecho de hacer públicos sus puntos de vista, con toda la convicción que quieran, pero no considero justo que se impida el trabajo de esta Corporación, como de hecho está ocurriendo.
Hemos tenido que atrasar, entre otros, el proyecto sobre Gendarmería, durante tres semanas consecutivas. Y se trata de una iniciativa que afecta la situación de gendarmes, sus calificaciones y muchas otras circunstancias.
A mí no me parece correcto lo que está ocurriendo. Se dice que se están defendiendo principios, pero ello no significa que haya que plantearlos en forma reiterada, pues lo que se logra con ello es bloquear el debate. Además, si eso impide que un Ministro hable, muchísimo peor.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ya había concluido la votación cuando el Ministro pidió la palabra, señor Senador.
Ha regresado a la Sala el Senador señor Pérez Varela, que estaba inscrito. De manera que le ofrezco la palabra.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en verdad, cuando uno mira la indicación que se nos presenta no puede sino advertir que ella no lleva a ninguna parte. Porque su objetivo es incorporar una definición, pero la ley N° 20.249 ya define qué es una asociación de comunidades indígenas, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, comunidad indígena, espacio costero marino de los pueblos originarios, y regula con precisión todos los aspectos relativos a la administración de ese espacio.
El propósito de la ley N° 20.249 fue precisamente ese: establecer los derechos de los pueblos originarios, cuando prueben su uso consuetudinario, para que puedan administrar el borde costero y el espacio marino adyacente.
Eso es lo que este Congreso Nacional resolvió, y resolvió bien. Y, como decía el Senador Coloma, se instauró un procedimiento al respecto.
Por lo tanto, sumar otra definición, como la que propone la indicación, no nos lleva a ninguna parte, más aún cuando el procedimiento establecido con precisión por la ley ya se está aplicando. Además, tal como ya indicó el Ministro Longueira, el Gobierno está dispuesto a firmar un protocolo para su aplicación y aceleración, a fin de contemplar con claridad la posibilidad de acceder, a través de las normas de la ley de borde costero, a las cuotas de pesca en la administración del borde marino.
Y creo que ese protocolo, que está dispuesto a asumir el Gobierno, es de extraordinaria importancia, señor Presidente, porque, en primer lugar, podría clarificar que la ley N° 20.249 es la que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios. ¿Para quién? Para las comunidades indígenas y sus asociaciones. ¿Y para qué? Para que ellas puedan acceder a un determinado espacio de nuestro mar, donde hayan acreditado su uso consuetudinario, y puedan desarrollar en él las actividades que contempla el plan de administración, en el cual participan para poder tener acceso a los recursos hidrobiológicos existentes de acuerdo a prácticas ancestrales o consuetudinarias. ¡Más claridad dónde!
Además, el Gobierno se compromete a garantizar lo que acabo de señalar en enero de 2013, mediante una mesa de trabajo integrada por los pueblos originarios, el sector pesquero artesanal, las Comisiones de Pesca del Senado y de la Cámara de Diputados y el propio Ejecutivo, a fin de que, en un plazo de noventa días, se defina claramente la forma como se determinarán los derechos de los pueblos originarios, de manera que puedan realizar las actividades comprendidas en el plan de administración a que se refiere la ley de borde costero.
Por lo tanto, señor Presidente, aquí hay un camino claro y concreto. El Congreso resolvió adecuadamente el uso del borde costero; se estableció con claridad un procedimiento, y el Gobierno, además, está dispuesto a firmar un protocolo para viabilizar con mayor prontitud una materia que es fundamental: cómo los pueblos originarios acceden a los recursos hidrobiológicos, y cómo se les entregan derechos para que, de acuerdo con el plan de administración en el que ellos participan conforme al procedimiento establecido en la ley, puedan resolver los asuntos vinculados al manejo de su espacio marino ubicado al lado del borde costero.
De consiguiente, creo que la indicación no corrige ninguno de los problemas que aquí se han planteado por quienes la presentaron. El Gobierno, por el contrario, ha propuesto un camino de solución para permitirles acceder, en un tiempo muy cercano, al espacio marino y, en consecuencia, consolidar las posibilidades de pesca que hoy día están empezando a tener, según la información que nos ha entregado el Ministro de Economía.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para precisar bien -quisiera que no quedara una imagen equivocada-: han intervenido cinco Senadores a favor del Gobierno y solo cuatro en contra, sin tomar en cuenta las intervenciones del Senador Hernán Larraín y del señor Ministro.
Muy bien.
Terminada la votación.
El señor COLOMA.- ¡Pero si no la ha abierto todavía...!
El señor NAVARRO.- ¿Se va a fundamentar el voto, Presidente?
El señor LAGOS.- ¡Navarro es atómico...!
El señor COLOMA.- ¡Denle un Ravotril...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, en votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Solo deseo mencionar, señor Presidente, que en este minuto numerosos lafquenches van marchando desde la costa de la Novena Región hacia la ciudad de Temuco para expresar su aspiración de que en esta legislación se les consideren sus derechos.
Aquí se ha afirmado que con la ley de borde costero pueden pescar lo que quieran. Bueno, si es así, ¿por qué no lo decimos en esta iniciativa?
Quiero saber cuánto de "lo que quieran" es la cuota de sardina o de anchoveta que pueden pescar las comunidades del borde costero. No lo señala esa ley, porque no les permite participar en la cuota de pesca.
Cuando se discutió la ley de borde costero -se lo digo al Senador Coloma, quien puede ver lo que yo argumenté en esa oportunidad-, se expresó que la participación de los pueblos originarios en las cuotas de pesca iba a estar dada en la "Ley larga".
Todo este tiempo ellos han estado esperando esa ley. Y resulta que ahora que llegó, los pueblos originarios vienen omitidos; no se les considera siquiera para sentarlos a la mesa o para preguntarles cómo desean participar.
No es efectivo que exista una contraposición entre los intereses de los pescadores artesanales y los indígenas. Es cierto que hay muchos indígenas que son pescadores artesanales, pero la Ley de Pesca no reconoce los derechos de las comunidades, de las asociaciones indígenas ni de las asociaciones indígenas de pescadores. No tiene por qué exigírseles que se constituyan como sindicatos de pesca. Debemos reconocerles la naturaleza propia de la formación de sus comunidades.
En definitiva, con esta legislación vamos a propiciar, tal cual ocurre con la tierra, los conflictos con el mar. Y quiero advertir que la responsabilidad va a ser precisamente de quienes se oponen a que se les reconozcan sus derechos al mundo indígena.
¡Derechos lafquenches, aquí y ahora!
Voto favorablemente, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, dada la lectura clara, nítida, concreta y certera de la indicación uno ve que lo que pretende es establecer en la Ley de Pesca los derechos que los pueblos originarios deben tener sobre la pesca, tal como ocurre con los de los pescadores artesanales y los industriales.
La exclusión solo va a traer complicaciones, movilización social, trastornos.
¡La exclusión es una nueva discriminación!
Señor Presidente, tal como dije antes, hago reserva de constitucionalidad para recurrir al Tribunal Constitucional por esta flagrante exclusión.
La indicación se va a perder. No obstante, quiero señalar que lo que se busca imponer es una forma de discriminación racista.
En definitiva, el señor Sarquis, que es dueño de una empresa pesquera y que reclama 80 años de historia, va a quedar, gracias a esta iniciativa, con derechos perpetuos.
El señor QUINTANA.- ¡El borde costero es para ellos!
El señor NAVARRO.- Todo el borde costero será para ellos.
Cuando Evo Morales reclame la salida al mar va a tener que entenderse con el señor Sarquis y no con el Presidente de turno, porque lo que va a tener que defender este último será una salmuera (agua y sal), porque el resto ya es propiedad privada e internacional.
Algún señor Senador sostuvo algo con relación a las potencias mundiales. Bueno, cuando los chinos, los noruegos, los europeos compren la pesca chilena y pase a ser propiedad de potencias extranjeras, a mi juicio, alguien se va a arrepentir. Y, sin duda, no será el pueblo originario lafquenche.
Señor Presidente, voto a favor de la indicación, porque estoy en contra de todo tipo de discriminación. El derecho se lo han ganado ellos con su vida, a lo largo de cientos y miles de años, y excluirlos de la Ley de Pesca es caer en una contradicción que no va a salvar la historia de esta normativa, por cuanto va a quedar cuestionada, va a quedar estigmatizada por muchas cosas: por la propiedad, por las licencias transables, pero, principalmente, porque en la principal ley, que es determinante para la vida y el futuro de los pueblos originarios costeros, los lafquenches van a quedar excluidos.
Hemos intentado, junto con el Senador Tuma y otros colegas, incluirlos, que en la Ley de Pesca queden consagrados derechos de pesca para ellos, tal cual los reclaman los industriales y legítimamente también los pescadores artesanales.
Por eso presentamos esta indicación, señor Presidente. Y por eso la defendemos aunque perdamos la votación -porque podemos anticipar el resultado-, dado que esta nueva mayoría política se ha conformado con un solo objetivo: consolidar derechos y generar discriminación.
Voto a favor de la integración de los pueblos originarios en la Ley de Pesca para reclamar sus legítimos derechos al acceso de los recursos hidrobiológicos.
¡Nueva Constitución, ahora!
¡Patagonia sin represas!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, por cierto, apoyo la indicación que se vota en este minuto. Yo soy una persona abierta a que me convenzan de lo contrario y he cambiado varias veces de opinión cuando me han entregado una buena argumentación. Eso ocurre: termino aprobando proyectos de este Gobierno, claro que mejorados, gracias al aporte que uno les hace.
En consecuencia, creo que es posible llegar a entendimientos.
No he escuchado ninguna interpretación que me ayude a entender por qué razón esta indicación no debería aprobarse.
El señor ESPINA.- ¡Porque está de más!
El señor LAGOS.- Alguien dice que está de más porque hay otras leyes que regulan la materia.
Yo sé que en Derecho no es lo mismo decir que lo que abunda no daña, porque sí puede dañar. Pero en este caso, la indicación que nos ocupa no hace ningún daño y permite dejar abierta la puerta para que los pueblos originarios puedan contar con su cuota en materia de pesca.
No he escuchado ninguna interpretación distinta en esta materia.
Por último, a mi juicio -y vuelvo al cuadrado N° 1, porque hay gente que ve este debate por la tele o que está presente en las tribunas-, el meollo de la Ley de Pesca no son todas las cosas buenas que exhibe y en las que estamos todos de acuerdo (y vamos a seguir insistiendo en eso): los comités científicos; que recoge y reserva los caladeros históricos; que contempla una plataforma social para los pescadores artesanales; que entrega más recursos, por ejemplo, para ellos también a través del FAP (Fondo de Administración Pesquero). Tiene muchas cosas positivas, pero no me parece que estemos discutiendo durante casi una hora si es que se puede o no incorporar a los pueblos originarios en la Ley de Pesca, en circunstancias de que paralelamente hay una mayoría que se constituye para decirle a un sector de la industria pesquera: "Usted va a tener sus derechos para siempre". Eso es lo que establece la iniciativa: 20 años. ¿Hacen buena letra? Otros 20 años. ¿Hacen buena letra? Otros 20 años. ¿Hacen buena letra? 20 años más. En total, 80 años. A esa altura, los que hoy día tienen los derechos van a pasar a mejor vida tal vez. Pero sus hijos van a seguir contando con eso.
Entonces, la pregunta es por qué hay que definirlo hoy. Y vuelvo al cuadrado N° 1, porque no encuentro una interpretación política.
El año 2001 este mismo Senado -yo no estaba acá- tuvo que pronunciarse y señaló: "Aquí hay una diferencia entre quienes creen que tienen un legítimo derecho, además de derechos históricos, de aquellos que dicen que no". Y hubo un acuerdo para no ponerse de acuerdo. Eso fue lo que se hizo en esta Corporación. Y se prorrogó por diez años y la industria funcionó. Lamentablemente, no con la institucionalidad que tiene este proyecto nuevo que voy a aprobar, que son los comités científicos.
La pregunta es por qué exponernos políticamente a tomar esa definición hoy día, qué nos apura a tomarla. Por qué no se dieron los mismos 10 años que antes, 15 o 20 años. No veo por qué tenga que ser para siempre.
Eso es inconcebible. Y mientras a algunos se les da perpetuamente su cuota, a otros ni siquiera se los puede incorporar a la ley, porque manifiestan que la indicación está de más.
Voy a votar a favor, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, había pedido la palabra antes de votar y también formulé una propuesta. Porque, conforme al mandato de la Sala, las Comisiones de Pesca y de Hacienda unidas, respecto de esta indicación, llegaron a un acuerdo, que se puede ver en la página 4 del texto comparado (cuarta columna) donde se señala: "Cabe consignar que las Comisiones unidas, unánimemente, acordaron dejar pendiente la votación de esta indicación para resolución de la Sala del Senado. Al efecto, el Ejecutivo comprometió la presentación de una nueva redacción que aborde la misma materia de la indicación número 27, para ser debatida en la siguiente sesión de la Sala de la Corporación.".
Por lo tanto, no se trata de una indicación, sino de la redacción. Y esa nueva redacción la firmamos cinco parlamentarios de la Comisión de Pesca -somos cinco los que estamos en condiciones de suscribirla- y es mucho más abierta, desde luego, y transversal que el artículo 9 que propuse que se votara. Eso lo solicité en su oportunidad, porque esta definición no me parece mal ni bien, pero es restrictiva. Es solamente una definición.
Si uno revisa la ley N° 20.249, es bastante más explícita. En su artículo 3° señala: "Espacio costero marino de pueblos originarios. Créase el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero." Es decir, este no es un espacio vacío, incluye el uso de los recursos naturales. Y el uso de estos da una cuota que se obtiene, justamente, de la cuota global.
En consecuencia, está claro.
Y si vamos más allá se define cuál es el uso consuetudinario, y conviene aclararlo. Porque aquí nos han llegado de repente pescadores artesanales que nos señalan: "¡Pero, cómo les van dar cuotas a los pueblos originarios; les van a dar cuotas a 800 mil mapuches! Por lo tanto, nos van a quitar todo y la nada que tenemos". No es así, porque hay que demostrar uso consuetudinario, habitualidad, generar no solamente las prácticas pesqueras, si quieren, las religiosas, las recreativas y medicinales, entre otras.
Por lo tanto, este tema está más que claro.
Incluso los pueblos lafquenches, con los cuales trabajamos en torno a esta iniciativa, especialmente con algunos de sus dirigentes, como es el caso del hoy día electo alcalde, don Adolfo Millabur, no quieren que se reforme la Ley Lafquenche, no quieren que se modifique. Lo único que anhelan es que se aplique con mayor celeridad, con mayor certeza.
Algunos personeros lo han hecho presente acá. Por ejemplo, cuando nos reunimos con representantes de los kawashkar, con don Juan Carlos Tonko, de Puerto Edén, nos señaló: "Nuestros pueblos originarios iban desde la península de Taitao hasta más al sur de la entrada al Estrecho de Magallanes". Pero si uno les pregunta cuántos son, responden que son 14 familias. Se tendrían que reproducir infinitamente para llegar a ocupar ese espacio costero. Pero lo que ellos quieren es revivir sus prácticas culturales, ancestrales, consuetudinarias, que les permiten relacionarse con el espacio de una manera distinta. Ellos le piden permiso a un fiordo para entrar, desarrollan ciertas prácticas religiosas.
Eso es justamente lo que queremos consagrar, y para ese fin está la ley N° 20.249.
Por tales razones, señor Presidente, aunque sé que nos hallamos en votación, le solicito que, conforme al acuerdo unánime adoptado por las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda, que fue generar una redacción, en lo que colaboró el Ejecutivo, se acepte también votar la indicación que presentamos los integrantes de la Comisión de Pesca.
Muchas gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, simplemente, quiero hacer referencia a que todas las bondades de la ley N° 20.249 que mencioné al momento de fundar mi planteamiento respecto de la indicación surgieron de las palabras del entonces Diputado Tuma.
Fue el Diputado Tuma el que me convenció -de la lectura de lo que él señaló- de que la ley N° 20.249 era muy importante para los pueblos originarios y el uso adecuado del espacio costero marítimo.
No he agregado ni una palabra de mi parte. Lo leí cuando se presentó el proyecto pertinente. ¿Sabe lo que pasó, señor Presidente? Que el Diputado Tuma me convenció de que esta era la solución para los pueblos originarios. Y no hay ninguna alusión del Diputado Tuma a que se requiriera cambiar la "Ley larga de Pesca".
Él hacía un llamado -me parece bien- a votar la iniciativa que dio origen a la ley N° 20.249 como solución a los problemas del borde costero marítimo.
Entonces, señor Presidente, como me convenció el Diputado Tuma, voto en contra de la indicación del Senador Tuma.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Palabras sacan palabras, señor Presidente.
En primer lugar, quiero hacerme cargo de lo que señaló el Senador Lagos, porque él ha insistido reiteradamente en que lo que hacen el Gobierno y esta iniciativa es establecer un derecho a perpetuidad acerca de las licencias transables de pesca. Y él tiene una amnesia absoluta y total respecto a lo que dice la legislación actual.
El artículo 2°, N° 10, vigente, establece que a la industria se le ha otorgado la autorización de pesca, que es un acto administrativo, por tiempo indefinido.
Eso es lo que nosotros recibimos del pasado, y en cuanto a esa parte, todos se hacen los lesos.
¡Eso dice la ley! Y el Gobierno limita ese período indefinido; cambia el concepto de autorización de pesca por una licencia, que es transable y que, además, solo tiene una duración de 20 años. Esta puede ser renovada. Pero si se incumple la ley, si se incurre en causales de caducidad se termina la licencia. Asimismo, hay un 15 por ciento que debe ser objeto de licitación, lo que nunca había existido en el pasado.
O sea, este Gobierno restringe la perpetuidad que existía a 20 años e incorpora un conjunto de causales que establecen clara y categóricamente que, si se incurre en ellas, caducará la licencia.
Señor Presidente, esos son hechos contemplados en la ley. Y no por tanto decir las cosas varias veces se cambia la realidad.
Y en lo que concierne a esta indicación, quiero decirle al pueblo lafquenche que lo que propone el Senador Tuma es absolutamente irrelevante en cuanto a sus derechos. Porque no dice nada nuevo. Lo único que expresa es que se reconoce la existencia de pueblos originarios. ¡Tremenda novedad! Si eso está establecido en la ley vigente, expresamente en la normativa que fija el espacio costero marino.
En consecuencia ¡cuál es el avance, el aporte, la razón por la que a mí me tienen que hacer votar un artículo que no dice nada!
En cambio, la indicación de la Comisión de Pesca, liderada por el Senador Horvath, avanza mucho más. Porque señala que "tienen acceso" -repito- "tienen acceso a la extracción de los recursos hidrobiológicos mediante el establecimiento de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios y la aprobación del correspondiente plan de administración, de conformidad con el procedimiento previsto en dicho cuerpo legal".
O sea, ¿qué es más? Hacer un simple reconocimiento de que existen los pueblos originarios o disponer que tienen acceso. Y la indicación del Senador Horvath y la Comisión de Pesca expresa que tienen acceso, de acuerdo a la ley N° 20.249. Por lo tanto, tampoco es objeto de consulta, porque consignar que tienen acceso de acuerdo a esa normativa significa hacer un reconocimiento de sus derechos conforme a la Ley Lafquenche.
Entonces, si voto en contra de la indicación del Senador Tuma es porque estoy convencido de que la indicación del Senador Horvath y de la Comisión resuelve adecuadamente el problema.
Por lo tanto, no veo ningún argumento para aprobar una indicación que no soluciona nada -lo digo con el mayor respeto-, salvo el reconocer a los pueblos originarios. Porque eso es todo lo que menciona la indicación del Senador Tuma, nada distinto -la estoy leyendo, la tengo en mis manos-, y no tiene ninguna gracia tal reconocimiento, porque figura desde hace muchos años en diversos cuerpos legales, entre ellos, la Ley Lafquenche.
Y, en cambio, sí avanza la indicación del Senador Horvath y de la Comisión de Pesca, en el sentido de que tienen acceso a la extracción de los recursos pertinentes.
Por esa razón, señor Presidente, voto en contra de la presente indicación y, de permitirse el pronunciamiento sobre la otra indicación, votaré a favor de ella, porque es muy superior en su contenido. Entiendo que al Senador Tuma lo guía el mejor propósito, la mejor buena fe, pero a mi juicio está equivocado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, el tema que discutimos en esta modificación a la Ley de Pesca relativo a los pueblos originarios, que ha producido tantos incordios en nuestra discusión, debemos necesariamente relacionarlo con los conflictos de estos pueblos a la luz del Convenio N° 169, y la forma en que se debe recoger su opinión.
Solo quiero precisar que todavía no lo hemos resuelto. En la Comisión de Derechos Humanos no se ha avanzado, porque la fórmula que se propone no es aceptada por los pueblos originarios, pues estos desean una consulta distinta. Son ellos los que deberían precisar qué se les consulta, y en esta rueda de discusión estamos detenidos.
En segundo lugar, a la luz de todo lo que se dice aquí, quiero señalar que yo tengo clarísimo -lo he reiterado en distintos documentos- cuáles son las prioridades en cuanto a los derechos de cada sector de poder trabajar: los pueblos originarios, los artesanales, los industriales. Ese es el orden para mí.
Y, en tal virtud, debo reconocer que ninguna de las dos propuestas que se han formulado resuelven el problema.
Más bien, estoy considerando la posibilidad de que redactemos algo más consistente que estas simples dos indicaciones que no solucionan las dificultades.
Creo que la proposición -una especie de protocolo- que ha hecho el Ministro no la podemos votar ahora. No es el momento ni hay espacio para eso. Pero sí creo que los que estamos interesados específicamente en los pueblos originarios por representar a las zonas en que habitan, deberíamos hacer un esfuerzo por volver a conversar derechamente cómo podemos redactar una buena norma en esta materia, que no pasa necesariamente por negar cualquiera de las otras dos.
Por eso, me voy a abstener. Y creo que aquí podemos hacer un avance si juntamos este asunto a lo que debemos resolver con la Comisión de Derechos Humanos y con los propios actores originarios que trabajan en esta.
Esa es mi postura y mi manera de pensar.
Ahora, señor Presidente, creo que en este debate ha habido cosas extraordinariamente útiles, claras, precisas, y que nos han hecho avanzar y, sobre todo, aprender muchísimo. Pero me parece que es la hora de que nos percatemos de que, en la medida que sigamos dándonos vueltas sobre las mismas materias, no serán las razones que estamos aduciendo las que van a evitar un problema muy candente en la zona ubicada al sur del Biobío.
Por eso -se lo digo a todos; y me incluyo, pues no hablaré más-, opino que debemos resolver ya lo que queremos y dejar pendiente lo que sea necesario.
Si no se avanza, la falta de convicción con que los pueblos indígenas miran nuestra labor se vuelve extremadamente peligrosa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, voy a votar en contra de esta indicación renovada, pues considero que no nos lleva a ninguna parte.
Y es bueno que quienes planteamos a través de la Comisión de Pesca lo que es el respeto a la ley de borde costero les recordemos a los señores Senadores algunos preceptos de esa normativa -todos la aprobamos- extraordinariamente ilustrativos para darse cuenta de que a través de ella se resuelve adecuadamente la situación en comento.
¿Qué hace el artículo 11 de la referida ley? Establece un plan de administración, el que solicitan los pueblos originarios cuando se les reconoce su derecho consuetudinario.
Ese plan debe contener varios elementos.
La letra c) de aquel precepto expresa: "En caso de que se contemple la explotación de recursos hidrobiológicos, deberá comprender un plan de manejo conforme a los requisitos señalados en el reglamento.".
¿Y qué nos dice el reglamento en su artículo 1°, letra i)?
"i) Plan de manejo: Compendio de normas y conjunto de acciones que permiten administrar una o más pesquerías basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biopesquero, ecológico, económico y social que se tenga de ella.".
Claramente, en consecuencia, estamos frente a una legislación completa, que define el espacio costero marino y prevé la existencia de un plan de manejo. ¿Para qué? Para administrar pesquerías.
Y ese es el trabajo que se está realizando.
Por último, señor Presidente, insisto en que hay que tomar el protocolo de acuerdo que nos planteó el Ministro de Economía para acelerar la situación.
Por eso, voto en contra de la indicación renovada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, por supuesto, expreso mi mayor respeto a nuestros pueblos originarios.
He tratado de seguir atentamente la discusión.
Tras leer ambas indicaciones, estimo que, sin duda alguna, debemos intentar contribuir de la mejor manera posible a permitir que nuestros pueblos originarios logren el objetivo que nos han venido planteando.
Yo no pretendo descalificar el trabajo que realizan las Senadoras y los Senadores, que me merece el mayor respeto. Por tanto, no voy a detenerme en el detalle de si me parece mal o muy mal lo que determinado parlamentario hizo. Creo en la buena intención, en el buen deseo, en la necesidad de avanzar armónicamente hacia la búsqueda de soluciones para nuestros pueblos originarios.
Ahora bien, la indicación al artículo 9°, respecto de la cual se logró acuerdo unánime, según entiendo, en la Comisión de Pesca, me hace sentido.
No sé si en definitiva la Mesa va a tomar la decisión de que también votemos esa indicación, en torno a la cual -repito- se llegó a acuerdo en la referida Comisión.
En ella se dice: "Interprétase que las comunidades o asociaciones de comunidades indígenas señaladas en la ley N° 20.249, tienen acceso a la extracción de los recursos hidrobiológicos mediante el establecimiento de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios y la aprobación del correspondiente plan de administración", etcétera.
Esa indicación, como la otra, me merece el mayor de los respetos en cuanto a que mediante ella se busca la solución.
Ahora, yo tomé la decisión de abstenerme en la indicación del Senador Tuma para intentar ver si podemos votar la de la Comisión de Pesca, que obviamente aprobaré, en procura de una solución a las demandas de nuestros pueblos originarios.
Me abstengo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 9 votos a favor, 12 en contra, 7 abstenciones y un pareo.
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Uriarte.
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Escalona, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Tuma.
Se abstuvieron los señores Bianchi, García, Pizarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como las abstenciones influyen en que quede sin ser resuelta la indicación, corresponde repetir la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 8 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Uriarte.
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Tuma.
Se abstuvieron los señores Bianchi, García, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Conforme al Reglamento, en la segunda votación las abstenciones se consideran favorables a la posición mayoritaria.
Por consiguiente, la indicación renovada está rechazada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Así es.
--Queda rechazada la indicación renovada N° 27.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, solo quiero aclarar que estoy pareada con el Senador Prokurica. No apreté el botón, pero lo sabe la Secretaría y es oficial.
El señor ESCALONA (Presidente).- Queda constancia de ello, Su Señoría.
Senador señor Horvath, ¿mantiene usted su solicitud de requerir el acuerdo unánime de la Sala?
El señor HORVATH.- Sí, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de Sus Señorías para incluir la indicación de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda.
El señor NAVARRO.- No: que la mande el Presidente, con su firma.
El señor ESCALONA (Presidente).- En consecuencia, seguimos...
El señor PIZARRO.- ¡No, señor Presidente!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, no corresponde solicitar la unanimidad de la Sala para incluir una indicación, pues eso se encuentra dentro del mandato que recibieron las Comisiones unidas. Tanto es así que figura en el informe que estas emitieron.
Allí se dice: "Cabe consignar que las Comisiones unidas, unánimemente, acordaron dejar pendiente la votación de esta indicación para resolución de la Sala del Senado. Al efecto, el Ejecutivo comprometió la presentación de una nueva redacción", etcétera.
Eso significa que está dentro del mandato. Y se dice expresamente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Usted lo acaba de leer, señor Senador: es una redacción del Ejecutivo. Así lo entiende la Secretaría. Y de igual modo lo entiende la Presidencia.
Por consiguiente, sobre el particular, solicito el acuerdo unánime de la Sala.
No lo hay.
Continúa...
El señor PIZARRO.- No necesita el acuerdo unánime de la Sala, señor Presidente (de allí nace la diferencia que destaco), porque está dentro del mandato de lo que informaron las Comisiones unidas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, no le he dado la palabra. Pero le recuerdo que hace treinta segundos usted mismo leyó el texto, donde se dice que se trata de una redacción del Ejecutivo,...
El señor PIZARRO.- Exactamente.
El señor ESCALONA (Presidente).-... no de los Senadores.
El señor PIZARRO.- Y está ingresada.
El señor ESCALONA (Presidente).- No está ingresada, señor Senador.
El señor PIZARRO.- ¡Cómo que no, señor Presidente, si la presentó la Comisión de Pesca!
El señor ESCALONA (Presidente).- Esa es de los Senadores, Su Señoría, no del Gobierno.
El señor PIZARRO.- Perdóneme por insistirle, señor Presidente, pero...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que ante lo obvio no se puede tomar una decisión en contra.
Si en el informe complementario de las Comisiones unidas se consigna una constancia y se dice que se acordó dejar pendiente la votación, no queda más que pronunciarse sobre aquel. Y ahí viene la indicación propuesta por la Comisión de Pesca.
El señor ESCALONA (Presidente).- Aprecio la pasión con que Su Señoría acaba de intervenir, pero el texto, tal como usted lo indica, no puede interpretarse en dos o tres sentidos.
Señala textualmente: "... el Ejecutivo comprometió la presentación de una nueva redacción".
Dicha redacción no ha llegado a la Mesa.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sí está.
El señor ESCALONA (Presidente).- No, Su Señoría.
Es lamentable que lleguemos a estos extremos aquí, en la Sala de la Corporación. La indicación que se presentó está suscrita por los señores Senadores miembros de la Comisión de Pesca, no por el Ejecutivo.
En consecuencia, la Mesa no va a incurrir en una tan flagrante interpretación dual de lo que es completamente evidente.
El señor LARRAÍN.- ¿Me permite...
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Secretario, podemos proseguir el debate.
El señor LARRAÍN.- Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solo para dejar consignada su opinión, señor Senador. Porque la Mesa no va a cambiar de criterio, ya que, desde su punto de vista, la redacción del informe es inequívoca.
El señor LARRAÍN.- Hay una interpretación distinta, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Honorable señor Hernán Larraín quiere insistir en la cuestión reglamentaria.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, las Comisiones unidas expresaron que el Ejecutivo iba a presentar una redacción, que la Comisión de Pesca hizo suya. Y esta es la que presenta el informe.
Por lo tanto, es perfectamente coherente lo que señalaron los Senadores Pizarro y Zaldívar en cuanto a que lo que se presentó no necesita autorización de la Sala para ser votado. Porque no se ha dicho que el Ejecutivo tiene que formular una indicación en la Sala, sino que se va a presentar una redacción que puede ser presentada (valga la redundancia) por la Comisión.
Entonces, sobre el acuerdo de las Comisiones unidas hay una lectura distinta de la que hizo el señor Presidente.
Por lo tanto, le ruego que procedamos conforme a eso, porque no me parece justo que porque un Senador se opone no tengamos una propuesta sobre los pueblos originarios.
El señor ESCALONA (Presidente).- Lo que yo no puedo es incurrir en una violación flagrante del Reglamento, Su Señoría.
La redacción es sumamente clara e inequívoca: "... el Ejecutivo comprometió la presentación de una nueva redacción".
El señor WALKER (don Ignacio).- Una redacción nueva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Todos sabemos que "una nueva redacción" significa un documento del Ejecutivo. Pero este no se ha entregado a la Mesa.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Hay que votar el informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Secretario, continúa el debate.
El señor NAVARRO.- ¡El Senador Hernán Larraín es un maestro en la interpretación del Reglamento...!
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde dirigirse a la página 82 del boletín comparado, donde figura el artículo 30 A, que es una norma de quórum especial.
La proposición comienza en la página 81.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala...
El señor NAVARRO.- Le solicito que la ponga en debate, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este artículo señala algo que, en mi concepto, debe ser explicado.
Aquí hay destacados constitucionalistas -ahora no pueden ejercer la profesión; antes la ejercían, pero este mismo Senado aprobó la norma que les impide hacerlo; yo respeto harto a los abogados: tengo entre ellos a muchos amigos- que nos podrían esclarecer la situación.
Dice el artículo 30 A:
"En el Registro a que se refiere el artículo anterior, se inscribirán además los embargos y prohibiciones judiciales que recaigan sobre las licencias, encontrándose la Subsecretaría" -estamento administrativo- "impedida de inscribir cualquier acto jurídico que se solicite con posterioridad a la inscripción de las medidas".
Estamos hablando de la inscripción de las licencias. Es decir, se expresa que se inscribirán en el Registro, junto con las licencias, los embargos y las prohibiciones judiciales. Pero, una vez hecha la inscripción, la Subsecretaría no podrá inscribir nada más mientras las medidas antes indicadas se encuentren vigentes.
Yo les pido a los colegas que me ilustren sobre qué significa "cualquier acto jurídico". Porque se dice: "encontrándose la Subsecretaría impedida de inscribir cualquier acto jurídico que se solicite con posterioridad a la inscripción de las medidas antes señaladas y mientras éstas se encuentren vigentes".
Y pongo un caso, señor Presidente.
Hecha la inscripción en la Subsecretaría, hay una demanda legítima de los trabajadores. Los despiden -posiblemente ello va a ocurrir-, y hay una precautoria para luego, como la empresa no les ha pagado lo que consideran justo, accionar en un tribunal contra la inscripción. Y la Subsecretaría está impedida de inscribir cualquier acto jurídico mientras las medidas respectivas se encuentren vigentes.
Quiero que me expliquen el alcance jurídico de aquello.
Porque si hay una demanda, una precautoria, un nuevo embargo, debiera ser posible su inscripción para que cuando se transe la licencia esté disponible toda la información.
Dice el inciso segundo del artículo 30 A: "La Subsecretaría deberá emitir los certificados que sean requeridos por los interesados, respecto del estado en que se encuentren la licencias transables de pesca".
Es grave. Porque los certificados no van a reflejar la verdad. Solo la reflejarán a la hora de inscribir los embargos y las prohibiciones judiciales, ya que después de eso se prohíbe toda inscripción adicional.
Eso es lo que dispone el artículo 30 A.
Por lo tanto, me preocupa la situación.
¿Por qué se hace esto? Necesito que me lo expliquen.
Si se inscribió la licencia y luego hay una observación, la Subsecretaría debería recogerla y hacerla constar, de manera que esté disponible.
La transparencia es buena compañera en este tipo de casos, señor Presidente, máxime cuando además existe una legítima desconfianza de parte de muchos actores sobre cómo se posibilitará -artículo 30- todo tipo de negocio jurídico con la licencia.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor PIZARRO.- Pido que se abra la votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se solicitó abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, previo a la apertura de la votación...
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
El señor CHAHUÁN.- ¡Pedí la palabra para hablar antes de abrir la votación!
El señor LARRAÍN.- Yo también.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tanto en la discusión como en el fundamento de voto Sus Señorías disponen de cinco minutos.
El señor NAVARRO.- Ya se abrió la votación.
El señor CHAHUÁN.- Queremos corregir la redacción a favor de Su Señoría.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Chahuán, igual tiene cinco minutos.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, pedí la palabra antes de que se iniciara la votación simplemente a fin de ver si existía alguna posibilidad de mejorar la redacción para procurar resolver el problema que planteó el Senador Navarro. Y hay disposición del Ejecutivo al efecto.
Primero, se establece un Registro donde se inscribirán los embargos y las prohibiciones. Y luego se prohíbe la inscripción de cualquier otro acto jurídico.
El Senador Navarro preguntó qué ocurre ante un nuevo embargo o una nueva prohibición. Como emanan de una orden judicial, por supuesto que ambos son susceptibles de una nueva inscripción.
Ahora, para el evento de que hubiera interés en solucionar el problema, yo planteaba la posibilidad de corregir la redacción. Porque el sentido, tanto para Su Señoría como para el Ejecutivo y nosotros, es inequívoco en términos de permitir que se inscriba un nuevo embargo o prohibición. Lo que quedaría al margen es un acto jurídico que involucrara una transferencia de la licencia consagrada en el Registro.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para recoger la sugerencia?
No lo hay. El Senador señor Novoa se opone.
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la pregunta del Senador señor Navarro tiene respuesta, como lo manifestó el Honorable señor Chahuán. Porque lo que se le impide a la Subsecretaría es inscribir algún acto que burle la prohibición o el gravamen.
El señor ORPIS.- Una transferencia, por ejemplo.
El señor LARRAÍN.- Efectivamente.
O sea, la respuesta es afirmativa si se trata de otros embargos o prohibiciones, mas no en el caso de actos jurídicos que signifiquen burlar las prohibiciones.
Entonces, la cuestión se podría resolver si la frase final del inciso primero quedara redactada en estos términos: "encontrándose la Subsecretaría impedida de inscribir cualquier acto jurídico que se solicite con posterioridad a la inscripción de las medidas antes señaladas y mientras estas se encuentren vigentes, y que no invalide dichos gravámenes". Porque este último agregado permite suponer que cualquier medida que no lo haga puede inscribirse, pero no las que los burlen.
Ese es el sentido de la norma que nos ocupa. Y si ayuda a su esclarecimiento, sugiero esa redacción, como lo ha planteado el Senador señor Chahuán.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo.
El artículo está en votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, observo, con algún grado de perplejidad, que la sesión se encuentra autorreferenciada por el Senador señor Navarro, quien pide que se discuta todo, que se le enseñe a leer el proyecto y que le estemos aclarando continuamente sus dudas. Pero, cuando hemos planteado una solución para la cual fuimos mandatados por las Comisiones de Hacienda y de Pesca y una indicación que permite que los pueblos originarios queden reflejados en el texto, Su Señoría se da el gusto de oponerse. Entonces, ¿en qué mundo estamos?
Voto a favor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- No usaré de ella, señor Presidente. Está todo dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la disposición está perfecta. "Acto jurídico", tal como se entiende en Derecho, es una convención, una manifestación de voluntades. Una resolución judicial no puede ser objeto de esa calificación.
El señor WALKER (don Patricio).- Así es.
El señor NOVOA.- Me parece que no estamos para detenernos en cada uno de los aspectos y explicar cosas elementales.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no creo que la sesión esté autorreferenciada. Solo sostengo que bien vale la pena discutir algunas horas una normativa que será a perpetuidad, sobre todo cuando se trata de definiciones jurídicas.
No me satisfacen las explicaciones ni del Senador señor Novoa ni del Senador señor Horvath.
Algo huele mal en el proyecto.
En definitiva, no quiero que quede ningún resquicio.
¿Cuál es el motivo de impedir la inscripción de todo acto jurídico? Que se haga transparencia sobre las licencias; que toda la información se encuentre disponible; que no se creen mantos de oscuridad. Es preciso contar con toda la información necesaria a la hora de transar estos recursos de todos los chilenos en los mercados internacionales o donde fuere.
Se expresa que la Subsecretaría se hallará "impedida de inscribir". O sea, ¿va a ocultar información?
No terminan de explicarme por qué va a estar impedida de inscribir actos jurídicos que se soliciten con posterioridad. A lo mejor, uno de ellos es muy justo y la petición es formulada por personas muy buenas. No se ha entregado ningún ejemplo.
Tal vez los representantes de una empresa que se encuentran en la tribuna podrían darlo, para saber por qué quieren que la norma se incluya en el articulado. Porque los tripulantes pesqueros, los pescadores artesanales, no están presentes. Las personas que mencioné en primer término asisten legítimamente. No las cuestiono. Solo observo que algunos están y otros no. Así no más es.
Si alguno de mis colegas -porque la industria no puede usar de la palabra en la Sala- pudiera explicarme por qué se quiere impedir la inscripción de cualquier acto jurídico respecto de las licencias, quedaría más tranquilo y podría votar a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 30 A (21 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor NAVARRO.- Con mi voto en contra, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- No lo dejó consignado, Su Señoría. La votación se había iniciado hace rato.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el número 27), que originalmente era el 22), se sustituye, en el inciso primero del artículo 31, la conjunción copulativa "y" por una coma (,) entre las expresiones "autorización de pesca" y "el permiso". Asimismo, se intercala, entre las palabras "extraordinario de pesca" y "no garantizan" las siguientes: "y licencia transable de pesca".
La disposición no es de quórum calificado, pero se pidió que fuera votada separadamente.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, esta es otra de las normas importantes en materia de sustentabilidad. El artículo 31 puntualiza precisamente que los permisos extraordinarios no garantizan la existencia de recursos pesqueros, y lo que hace la modificación consignada en el numeral 27) es incorporar, para el mismo efecto, las licencias de pesca, es decir, adecua la disposición a la normativa que hemos aprobado previamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el número 27) del artículo 1º (25 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Gómez y Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el número 28) se sustituye el artículo 32 de la ley por otro.
El Honorable señor Bianchi pidió votación separada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala...
El señor WALKER (don Patricio).- Sí.
El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, espero que el Senador señor Horvath pueda hacerme una aclaración.
El último párrafo del artículo 32 determina que "Los porcentajes de fauna acompañante se fijarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º letra e) de la presente ley.". Si no estoy equivocado, esa letra expresa: "e) Declaración de Reservas Marinas, mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente". No me queda claro por qué dichos porcentajes se fijarán de acuerdo con esta última norma.
Ello parece ser incoherente, salvo que haya otra letra e), porque el texto al cual se hace referencia no dice relación con la fauna acompañante y no puedo establecer una vinculación meridiana entre los dos elementos.
Señor Presidente, pido una precisión al respecto para poder votar el artículo.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Ya tenemos suficiente con la fauna en discusión, Su Señoría! ¡Si además tratamos la acompañante, estamos liquidados...!
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, no estamos dispuestos a darle clases particulares a un parlamentario.
Se trata de la letra e) de la ley vigente, que señala: "Establecimiento de porcentaje de desembarque de especies como fauna acompañante.". Es una de las facultades de la autoridad.
Si no coinciden el número o la letra, ese es un trabajo de la Secretaría.
El señor NAVARRO.- No comprendí nada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, más que fundamentar mi posición, me gustaría tener claro lo que estoy votando.
Estimo que el artículo 32, al contemplar la fijación de los porcentajes de fauna acompañante, alude a aquello que queda atrapado o recogido como consecuencia del arte de pesca.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Secretario colaborará con una explicación, pues parece que la mención es errónea.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Navarro tiene razón en el sentido de que el proyecto incorpora una letra e), nueva, al artículo 3º de la ley, de modo que la actual letra e) pasará a ser f).
En consecuencia, la opinión de la Secretaría es que el artículo 32 debe hacer referencia a esta última.
El señor NAVARRO.- ¡No era tan absurdo lo que planteaba el Senador Navarro...!
El señor LAGOS.- Por mi parte, no quería clases particulares, pero sí votar bien.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Era fauna con "f", no con "e"!
El señor LAGOS.- ¡Gracias, Honorable señor Navarro...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, corregido el error de referencia, cabe considerar que la disposición propuesta contiene un cambio fundamental respecto del artículo 32 vigente, ya que establece qué otorga la licencia y la separa de la nave, concepto contemplado en la ley. Señala que se hará efectiva en las unidades de pesquería, con los artes y aparejos de pesca y la fauna acompañante.
En el texto vigente, en cambio, se regula la sustitución de las naves, las que se separan -repito- de la licencia.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, aquí, de repente, se frivolizan mucho las intervenciones, pero la del Honorable señor Navarro fue positiva.
La idea es ayudar a que el proyecto salga bien, porque podría haber incluido una letra equivocada. La Secretaría carece de facultades para introducir cambios que no se relacionen exclusivamente con aspectos de ordenamiento. Pero lo que se ha registrado es una remisión equivocada.
Por lo tanto, sería bueno que quienes ironizaron le agradezcan al señor Senador su contribución para que se despache un texto mejor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Es lo que hacemos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 32 (23 votos a favor, 4 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Bianchi, Gómez, Muñoz Aburto y Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo del Honorable señor Lagos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha pedido votación separada para la sustitución del artículo 33, norma que requiere quórum calificado para su aprobación.
La señora RINCÓN.- ¿Se puede explicar?
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que la Secretaría lea in extenso las disposiciones, para que sea inequívoco lo que se vota. Porque si solo se enuncian y luego se procede a la votación, puede incurrirse en un error.
Pido un pronunciamiento desde el punto de vista del Reglamento.
El señor COLOMA.- ¿Dónde lo dice?
El señor LARRAÍN.- No es efectivo que se tenga que leer el artículo antes.
El señor PIZARRO.- La Sala puede acordar que ello no se haga.
El señor ESCALONA (Presidente).- Estamos en votación.
El señor NAVARRO.- Para fundamentar mi pronunciamiento, señor Presidente, deseo consignar que la norma dice relación con el artículo 1º A, respecto del cual se debatió sobre soberanía y propiedad.
Se establece que Chile ejerce soberanía sobre las 200 millas de la zona económica exclusiva, materia importante. Existen pesquerías altamente migratorias y transzonales, como la del jurel. Considerando el ámbito de Perú, Chile, Tasmania, Australia y el regreso, la especie puede registrar una migración de 14 años en dar la vuelta completa. Y, por cierto, puede alcanzar un tamaño muy superior a los 23 centímetros que nuestra legislación permite pescar hoy. Cuando es efectivamente transoceánica, adquiere envergadura por vivir los años adecuados y porque no se pescan los ejemplares juveniles ni los reclutas, a diferencia de lo que ha ocurrido con sardinas y anchovetas.
Espero que los informes peruanos estén equivocados respecto de que la talla mínima para estos últimos recursos pelágicos no es de 11 centímetros, como es la captura en Chile, sino de 14, cuando ya se habría registrado su primera madurez sexual. Lo señalan para alertarnos acerca de lo que estamos haciendo.
Pero como se encuentra involucrada la pesca transoceánica,...
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- La que nos ocupa es la disposición siguiente.
El señor LARRAÍN.- Se trata del artículo 33.
El señor NAVARRO.- ¡Por eso pedí que los textos fueran leídos!
La señora RINCÓN.- Estamos en el artículo 33.
El señor NAVARRO.- De acuerdo.
El señor LAGOS.- Esto ha confirmado la petición del Honorable señor Navarro.
El señor ESCALONA (Presidente).- No quedan más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 33 (21 votos a favor y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Gómez, Muñoz Aburto y Navarro.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, señores Senadores, el N° 30 propone incorporar un artículo 34 A.
Para este precepto, que no fue objeto de modificaciones, pero sí de indicaciones, se pidió votación separada. Además, es de quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión el Nº 30.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, respecto de este artículo, en el segundo informe de la Comisión de Pesca se presentaron varias indicaciones.
Tres de ellas -una, del Senador Tuma; otra, del Senador Bianchi, y la última, de la Senadora Alvear, de quien habla y del Senador Navarro- planteaban agregar una letra e) del siguiente tenor: "Contar con las acomodaciones y personal necesarios para el personal a bordo tales como lugar de traslado de atención a accidentado, traslado de accidentado, personal profesional paramédico u otro similar.".
Y otra, de mi autoría, proponía: "e) El total de las especies capturadas durante un viaje de pesca, deberá ser desembarcado en suelo chileno.".
Ninguna de estas indicaciones fue aprobada. Se rechazaron por unanimidad en dicha Comisión.
Me gustaría, si es posible, que se nos explicara cuál fue la razón del rechazo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está claro que se trata de pesquerías que hay que salir a capturar a la milla 500, 800, 1.000 o 1.500. Antes el jurel se pescaba dentro de las 200 millas. Hoy día se hace en las 1.000, con un costo enorme.
Y las preguntas que surgen, al conversar con tripulantes pesqueros, son: ¿Qué legislación laboral los rige en la zona internacional, cuando el contrato ha sido firmado en Talcahuano? ¿Qué medidas de seguridad deben adoptar para evitar accidentes? Algunos tripulantes han fallecido porque no alcanzan a regresar de las 1.000 o 1.500 millas para recibir atención médica en caso de accidente.
O sea, la legislación laboral los deja en el aire.
¿Cuál es el seguro que los protege? ¿Qué normas regulan su situación en alta mar, en aguas internacionales?
La indicación a que se refería la Senadora Rincón claramente permitía abrir debate sobre ello.
Esa es una inquietud real y concreta de los tripulantes, quienes vinieron en buses desde mi Región a apoyar esta ley "industrial".
Hemos dicho que queremos una legislación que obligue a los barcos a llevar personal médico capacitado. Pedimos que exista una coordinación adecuada o que la industria se meta la mano al bolsillo y ponga un helicóptero para ir al rescate de un tripulante herido. ¡Pero eso no ocurre! Se han producido muertes y hay demandas pendientes en los tribunales producto de que algunos trabajadores que sufrieron accidentes no alcanzaron a llegar vivos a un centro asistencial. Y la situación se complica, sobre todo, si existen diferencias en cuanto al tipo de contrato.
Un contrato firmado en Chile -se lo señalo al colega Espina y a otros Senadores destacados en esta área del Derecho-, bajo la legislación nacional, ¿opera en la zona internacional transoceánica si allí se produce un accidente grave, con resultado de muerte?
¿Cuáles son las medidas de seguridad que están obligadas a observar las naves que pescan en aguas internacionales?
Señor Presidente, la letra d) del artículo 34 A expresa: "Cumplir con las normas de conservación, manejo y cumplimiento, establecidas de conformidad a esta ley...".
Yo siento que ahí también se refleja una diferencia respecto de los chinos. He coincidido con los industriales en la queja de no haber pescado por muchos años fuera de las 200 millas. Los barcos rusos y chinos se hacían la América pescando por sobre la posibilidad cierta de la industria nacional. Pero la fiscalización de naves a 1.000 millas, a 1.500 millas por parte de la autoridad pesquera es bastante restringida.
Y continúa la letra d): cumplir también con "las normas de conservación, manejo y cumplimiento que hayan sido adoptadas por tratados internacionales de los cuales Chile es parte, y que sean aplicables.".
Mi preocupación surge a raíz de la última coma, después de la palabra "parte". Repito: "adoptadas por tratados internacionales de los cuales Chile es parte, (coma) y que sean aplicables.".
O sea, con la alusión a aquellos "que sean aplicables", estamos diciendo que hay tratados internacionales que Chile ha firmado, pero que no lo son.
Lamento profundamente que no todos los Senadores hayan podido participar en el debate de la Comisión de Pesca. Pero aquí está el Ministro y, también, sus asesoras, a quienes hemos permitido el ingreso a la Sala porque consideramos importante que nos informen sobre distintas materias.
Nos gustaría saber qué tratados no son aplicables en alta mar, para que los barcos que ahí pescan lo sepan.
Lo consulto, porque pueden incidir en materia laboral. Como sabemos, los tripulantes arriesgan la vida en caso de accidente por cuanto no alcanzan a regresar. Y no hemos escuchado decir que la industria va a acomodar los barcos; va a llevar técnicos paramédicos o enfermeros, o va a estar coordinado con su flota para prestar atención oportuna cuando ocurran accidentes, que existen, por desgracia. Si todo eso se hiciera, podríamos quedar más tranquilos.
En el artículo propuesto se contemplan solo medidas respecto de la pesca. Y como algunos han criticado que nos preocupamos demasiado de los pescados, es bueno advertir que las indicaciones referidas muestran preocupación por los trabajadores.
Si el precepto en comento va a regular las condiciones en las que los barcos podrán pescar en alta mar, yo también quiero que se incorporen las condiciones en las que laborarán los tripulantes en alta mar. Ellos son tan importantes como los peces.
No me parece justo que regulemos cómo se pesca y las condiciones que debe reunir la nave para la extracción, y que no existan normas muy claras con relación a los contratos de trabajo y, particularmente, a los riesgos y a las exigencias que esas embarcaciones debieran cumplir a la hora de zarpar.
Como se sabe, los barcos van a las 200 millas, y ojalá lo más cerca posible. Pero pueden llegar hasta las 1.500. Entonces, la autoridad marítima siempre debiera exigir el máximo de condiciones, porque nunca se sabe en qué milla estarán los peces.
Señor Presidente, deseo plantear dos inquietudes al Ejecutivo: primero, lo relativo a las normas de los contratos laborales y, segundo, lo dispuesto en la letra d) sobre los convenios internacionales -coma- "que sean aplicables". Sería conveniente saber cuáles no son aplicables, para estar preparado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- El Ejecutivo solicita autorización para que intervenga la asesora de la Subsecretaría de Pesca.
¿Hay acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra.
La señora BALTIERRA (Asesora de la Subsecretaría de Pesca).- Gracias, señor Presidente.
El artículo en comento dice relación con las embarcaciones industriales que efectivamente realizan operaciones en alta mar. A través de esta norma, se pretende establecer exigencias de carácter pesquero y el cumplimiento de las normas correspondientes a las naves que ahí funcionan.
Como es obvio, deben contar con una autorización de pesca. Es un permiso especial que sirve para efectuar operaciones, no solo dentro de la zona económica exclusiva, sino también en alta mar. Ello, con el objeto de poder definir quién es el armador o el titular de la bandera de la nave y hacerlo responsable de las infracciones que se puedan cometer.
Asimismo, debe tratarse de una nave con bandera chilena y, además, contar con los permisos de acceso a las respectivas pesquerías.
En cuanto a la pregunta del Senador señor Navarro relativa a la letra d) del artículo 34 A, responderé con un ejemplo. En el caso de que la pesquería de que se trate se encuentre regida por un tratado internacional, como el de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, que regula la pesquería del jurel, la entidad responsable tiene que haber asignado una cuota a Chile, y este, a su vez, haber establecido las reglas para la captura de los peces que esa cuota le permite extraer en dicha área.
La finalidad de lo contemplado en las letras anteriores del referido precepto es que tanto la Subsecretaría de Pesca como el Servicio Nacional de Pesca, y también los organismos internacionales, sepan que se debe dar cumplimiento irrestricto de esas normas por parte del armador nacional.
Hay una responsabilidad, como Estado, respecto de la embarcación que está operando en esa área.
Ahora bien, existen tratados internacionales de los cuales Chile no es parte y, en consecuencia, no le son aplicables.
Por ejemplo, en el Pacífico Sur está el tratado de la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), organismo regional de pesca que regula la captura del atún y del pez espada. Y Chile no es parte de él. Por tanto, sus normas se aplicarán conforme a otras, si es que nuestro país las observa como una manifestación del Estado, pero no por obligación. El hecho de que exista dicha organización regional de pesca no significa que sus normas de conservación les serán aplicables a las naves nacionales.
Respecto a las disposiciones laborales para el personal embarcado, hago presente que son las mismas cuyo cumplimiento se exige dentro de la zona económica exclusiva. En el Código del Trabajo existe una regulación especial para los tripulantes, que les es plenamente aplicable.
Y en lo concerniente a las normas de seguridad, son las que establece la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y que deben cumplir todas las embarcaciones nacionales. Y las naves de gran envergadura tienen mayores exigencias de seguridad para poder salir fuera de la zona económica exclusiva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Muchas gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 34 A, contenido en el Nº 30) del artículo 1º (22 votos a favor, 2 abstenciones y 1 pareo), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Gómez y Muñoz Aburto.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde tratar el N° 31) del artículo 1º, que introduce una modificación de la Comisión de Pesca para reemplazar el artículo 35. Esta norma es de quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior.
La señora RINCÓN.- No, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, en votación.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Es de quórum especial esta enmienda, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Sí, es de quórum calificado.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación
--Se aprueba el artículo 35, contenido en el Nº 31) del artículo 1º (20 votos a favor y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Gómez, Muñoz Aburto, Navarro y Quintana.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, a continuación, están los números 32) y 33), de los cuales se ha pedido votación separada.
Debo aclarar que ambos números proponen las mismas modificaciones a los artículos 36 y 37 de la Ley de Pesca, respectivamente: intercalar, entre las expresiones "permisos extraordinarios" y "durante el año", la siguiente frase: "o licencia transable de pesca".
Son de quórum simple.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación los Nos 32) y 33).
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban los Nos 32) y 33) (20 votos a favor, 4 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Gómez, Muñoz Aburto y Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, en el Nº 33), que ha pasado a ser 34), la Comisión de Pesca propone la siguiente enmienda:
"Reemplázase en el artículo 38 la frase "con la aprobación por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda" por "previa consulta al Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda".
Esta modificación es de quórum simple.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, antes de proceder a votar, pido que el señor Secretario dé lectura a la norma cómo quedaría con la enmienda propuesta.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El artículo 38 quedaría de la manera siguiente: "A iniciativa y previo informe técnico de la Subsecretaría, durante el primer semestre de cada año, mediante decreto supremo, podrán modificarse las áreas de las unidades de pesquería declaradas en régimen de plena explotación, previa consulta al Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda.".
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión el Nº 34).
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, uno de los argumentos que se han discutido durante la tramitación de esta iniciativa de ley ha sido la sustentabilidad. Al respecto, se ha defendido -y merece nuestro reconocimiento- la incorporación de los comités científicos.
La norma aprobada en general por el Senado establecía: "previo informe del Comité Científico Técnico y consulta a los Consejos Nacional y Zonal de Pesca que corresponda". Sin embargo, ahora se plantea borrar la opinión de los comités científicos y solo dejar la consulta a los referidos Consejos, en una materia eminentemente sensible, que requiere información científica.
Señor Presidente, me gustaría que nos explicaran por qué, nuevamente, volvemos a una práctica que fue la que agotó o puso en riesgo a nuestras pesquerías.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no es del todo cierto, como acá se señala, que la modificación de las áreas de pesquerías pase a depender de los Consejos Nacional y Zonal de Pesca.
Si uno lee la norma vigente, advierte que se requiere previo acuerdo del Consejo Nacional o Zonal de Pesca. En cambio, la enmienda propuesta establece "previa consulta". Es decir, en la práctica, la disposición actual entrega carácter vinculante a los Consejos Nacional y Zonal del Pesca, y, a partir de esta norma, pasarán a ser órganos consultivos.
Esa es la modificación sustancial, lo que da sustentabilidad, precisamente, a esta ley.
Repito: actualmente tiene carácter vinculante; con la propuesta, solo consultivo.
Leo de nuevo, señor Presidente, la norma vigente. Dice que podrán modificarse las áreas de pesquería "con la aprobación por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda". O sea, se requiere mayoría. En cambio, en la norma propuesta, es solamente consulta.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nuevamente estamos frente a una ambigüedad permanente respecto a la aplicación de los principios de preservación y conservación.
La Senadora Rincón hace un punto extraordinariamente relevante.
El artículo de la ley vigente, durante estos diez años, entregó facultades supremas al Consejo Nacional de Pesca. Se precisa la aprobación por mayoría absoluta. ¿De quiénes? De los miembros de la industria. Porque este era un sector regulado por los mismos operadores. Y ahora se reemplaza "mayoría absoluta" por "consulta previa".
Señor Presidente, que alguien me explique cuál es la diferencia.
La consulta previa va a generar un proceso de negociación.
Se deja o no al Consejo Zonal de Pesca. Ese es el tema. O impulsamos un criterio científico. O van a definir la pesca los actores nombrados por el Gobierno -la mayoría de ellos- y los que no lo son, quienes se encuentran secuestrados -como diría Allamand-, cooptados, capturados. Porque así ha operado el sistema. ¿Cómo ha funcionado el Consejo Zonal de Pesca? ¿Quiénes eran los que lo integraban? Los dirigentes de los tripulantes, los pescadores artesanales; o sea, los "regalones" de la Subsecretaría. ¡Y los regaloneaban, cual gatitos, con pescaditos...!
Entonces, si me vienen a decir que ahora no se hará "por mayoría absoluta", sino con "previa consulta", no veo gran diferencia.
Y espero que el informe técnico del que habla el artículo sea el informe científico. No debiéramos suprimir este. Yo no quiero un informe técnico, pero sí uno del Comité Científico, clara, rauda y concretamente.
Entonces, señor Presidente, estamos dilatando, generando ambigüedad. Porque aquí sí están los criterios fundamentales. Y le creo al Ministro cuando dice: preservación, conservación.
Entonces, si alguien va a fijar o no las áreas de manejo, como señaló el Senador señor Orpis, podrán modificarse las unidades de pesquería declaradas en régimen de plena explotación. Estas no son áreas de manejo, pues presentan la condición que acabo de señalar; es decir, se trata de aquellas donde es susceptible que haya peces.
El carácter "no vinculante" del Consejo Nacional de Pesca disminuye a una previa consulta. Y si es previa y no hay acuerdo, ¿para qué hacerla? Para que se emita una opinión, ¿no? Y, en virtud de esta, ¿qué se hará si no hay consenso? Porque la opinión será de mayoría y de minoría, como ocurre en las Comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, el asunto quedará sujeto al criterio de mayoría y de minoría de ese Consejo. Esto significa que el veto y la capacidad de incidencia serán iguales, porque el parecer de los científicos va a seguir relegado a un informe técnico. Y si lo quisiéramos valorar de verdad, habría que cambiar los informes técnicos por los del Comité Científico, que es lo que estamos aprobando en esta ley en proyecto, y modificar toda la legislación. Así queda a firme que solo se trata de un informe técnico de ese Comité. También queda a firme la capacidad de veto del Consejo Nacional de Pesca, el cual podrá sufrir variaciones, pero va a tener incidencia igual.
Señor Presidente, en el sistema para autorizar nuevas áreas de pesquerías o mandan los científicos o el Subsecretario. Si este quiere seguir haciéndolo porque mediatiza al Consejo Zonal de Pesca, a través de la formulación de preguntas para que haya la posibilidad de debate y de presión, el Comité Científico va a tener una incidencia menor. Y yo quiero que sea mayor.
Por lo tanto, "el previa consulta al Consejo Nacional", donde están los "incumbentes", por cierto -en él siguen estando representados todos los sectores- tendrá primacía por sobre el informe del Comité Científico Técnico.
Mis preguntas son dos. La primera, ¿por qué el informe técnico no dice "Informe del Comité Científico"?; y la segunda, ¿qué necesidad tienen los científicos de preguntar a los mismos de siempre su opinión sobre el tema?
Por eso, o regulamos desde el Estado y del ámbito científico, o lo hacemos desde los operadores industriales. Porque el dejar esto abierto va a significar que el artículo en cuestión minimice o disminuya la condición de incidencia de los informes científico-técnicos.
Señor Presidente, voy a votar en contra de este precepto así como está redactado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Pido el acuerdo de la Sala para que pueda intervenir la asesora del señor Ministro.
¿Habría inconveniente?
Acordado.
Tiene la palabra la señora Baltierra.
La señora BALTIERRA (Asesora de la Subsecretaría de Pesca).- Señor Presidente, agradezco la deferencia, particularmente porque se está tocando un ámbito que el Ejecutivo ha sostenido desde el inicio del tratamiento de este proyecto, que es el eje central o la columna vertebral de la sustentabilidad de los recursos.
Lamento que se provoque esta discusión en ese sentido, no necesariamente porque se formule un planteamiento, sino por el hecho de que se diga que hay algo detrás o que no se está cumpliendo el objetivo. Este lo estamos buscando desde que comenzó el debate de la iniciativa en cada una de las normas aquí expuestas.
¿Qué ocurre? Que la declaración de régimen de plena explotación del artículo 21 se hace a través de la Subsecretaría de Pesca, por decreto supremo, además de consultarse a los Consejos Nacional y Zonal de Pesca; pero, cuando se dé la condición de que los puntos biológicos de referencia, que define solo y exclusivamente el Comité Científico, indiquen que esa pesquería se encuentra en estado de explotación.
Eso no lo determina un Ministro u otro, ni tampoco el Subsecretario, pues el Comité Científico define los puntos biológicos del estado en que se halla la pesquería.
¿Qué ha sucedido? Que efectivamente, conforme al numeral que se está discutiendo en este momento, en el primer trámite constitucional, algunas de las decisiones que tienen que ver con el manejo y no con el aspecto científico, se establecieron en el ámbito del Comité Científico; y, con posterioridad, se estimó que eso era una recarga en las funciones de ese órgano y que ello, entonces, implicaba que se lo estaba sacando de su esencia.
En el comparado está claramente estipulado cuáles son las funciones del Comité Científico, las que son las más relevantes en ese ámbito. Pero la idea no es recargarlo con decisiones en materia de manejo. Una vez que se haya determinado cuál es el estado de una pesquería, la cuota que se puede establecer y lo relativo a la limitación a cualquier autoridad política que adopte la medida de la cuota -lo debe hacer dentro de los rangos que fije el propio Comité Científico-, entonces, las demás determinaciones se adoptarán de otra manera. En todo caso, no se le recarga con otras decisiones de carácter científico.
Esa es la lógica que establece el proyecto de ley.
Acá se limita la posibilidad de que un Ministro adopte una decisión de carácter científico que no esté basada única y exclusivamente en lo resuelto por dicho Comité; es decir, se dispone una limitación a la potestad reglamentaria que tienen.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar el Orden del Día, ya que, de lo contrario, tendríamos que entrar al Tiempo de Votaciones y pronunciarnos sobre los proyectos de acuerdo.
¿Habría objeción en tal sentido?
El señor NOVOA.- ¿Hasta las 8, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Hasta la hora de término a que fue convocada la sesión
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, abra la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- En consecuencia, se procederá a votar.
Hay una lista de señores Senadores que quieren intervenir.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, deseo recalcar lo que aquí se ha dicho, porque hay una línea argumental que no me hace sentido para rechazar este artículo. Porque cuando uno va a tomar una decisión respecto de una pesquería declarada en plena explotación, debe tener en consideración, entre otras cosas, lo relativo al punto biológico que determina el Comité Científico. Y es lo que el Subsecretario tendrá a la vista, al momento de recibir el informe técnico, para poder establecer las áreas de unidades declaradas en plena explotación.
Aquí el cambio más importante -por eso me sorprende que se cuestione esta norma- es que antes se requería y era vinculante la aprobación por mayoría del Consejo Nacional de Pesca, que es donde están los "incumbentes". O sea, son estos los beneficiados por ciertas decisiones particularmente vinculadas a cuotas -aun cuando esto no tiene que ver con ellas-, y los que le dicen al Subsecretario "sí" o "no". Su decisión es vinculante; cuentan con todo el poder del mundo para adoptar un pronunciamiento sin que haya una evaluación científica sobre el punto biológico ni estén los informes técnicos.
Ahora bien, ¿qué se dice aquí? Que se toma la decisión y solo se hace la consulta al Consejo Nacional de Pesca. Vale decir, de ser este un órgano resolutivo, con decisiones vinculantes que obligan -lo que me parece realmente aberrante-, hoy día pasamos simplemente a un Consejo consultivo que emite una opinión respecto de decisiones que al final tienen su fundamento en el informe del Comité Científico, en especial en lo referente al punto biológico.
A mi juicio, este artículo se relaciona más bien con lo que hemos estado señalando durante todo este tiempo en la discusión del proyecto, y donde se reemplaza al Consejo Nacional de Pesca en las decisiones relevantes ligadas a la administración pesquera, para lo cual deberá asumirse lo que determinen los informes científicos, como aparece reflejado en el precepto en debate.
Por lo tanto, en mi opinión, es importante aprobarlo, Senador señor Navarro, porque, de lo contrario, finalmente estaremos caminando en la dirección contraria a lo que queremos.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de un documento recibido.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que informa que aprobó el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios que indica y modifica las normas legales que señala, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 8.706-15).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito la autorización de la Sala para colocar en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de mañana dicha iniciativa, para cuyo estudio se contará con la presentación de un certificado por parte de la Comisión de Hacienda, porque, de lo contrario, no alcanzaremos a tramitarla.
¿Habría inconveniente para ello?
--Así se acuerda.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, agradezco la explicación que dio la asesora del Ministro de Economía, pero no la he entendido bien. Sé que estamos en votación, pero tal vez sería útil tener claridad de cómo funciona el nuevo sistema que se propone.
Tengo en mi poder el informe comparado con sus cinco columnas. El texto final -que en estos momentos aparece en la pantalla de la Sala- contiene un cambio cualitativo desde que reemplaza la expresión "con la aprobación por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda" por "previa consulta al Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda". O sea, es toda una diferencia.
Quiero entender hacia dónde apunta tal enmienda: a no dejar la última palabra al Consejo Nacional de Pesca y, en consecuencia, que el texto definitivo quede de la siguiente manera:
"A iniciativa y previo informe técnico de la Subsecretaría, durante el primer semestre de cada año, mediante decreto supremo, podrán modificarse las áreas de las unidades de pesquería declaradas en régimen de plena explotación, previa consulta al Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda".
Hasta ahí estoy bien.
Sin embargo, el texto que aprobamos en general en el Senado, no hace mucho tiempo, señala algo ligeramente distinto y, por eso, no comprendo la referencia hecha por la asesora del Ministro de Economía. Porque la enmienda propuesta en esa ocasión sugiere reemplazar la frase "con la aprobación por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda" por "previo informe del Comité Científico Técnico y consulta a los Consejos Nacional y Zonal de Pesca que corresponda".
Es decir, nosotros en la discusión del texto aprobado en general ya habíamos acordado y nos gustaba más la fórmula con "previo informe del Comité..." y no "con la aprobación por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Nacional y Zonal de Pesca que corresponda".
En consecuencia, es efectivo el planteamiento del Honorable señor Navarro y pido una aclaración al respecto -no digo que el señor Senador tenga razón, pero que me convenzan de lo contrario-, porque acá se suprime el requerimiento del previo informe del Comité Científico Técnico y consulta a los Consejos Nacional y Zonal de Pesca que corresponda.
O sea, el informe del Comité Científico Técnico -ese es el punto esencial en este articulado que tenemos que votar- ya no se requiere, al haberse eliminado ese requisito.
En consecuencia, no quiero que vayamos para atrás. Efectivamente no tengo problemas en que sea con previa consulta a los Consejos Nacional y Zonal de Pesca y no por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Nacional y Zonal de Pesca. No quiero dar a estos el veto definitivo.
Y no me podrá negar el Senador señor Rossi que lo que acá se eliminó es la referencia al previo informe del Comité Científico Técnico.
Tal vez yo entendí mal.
El señor NAVARRO.- No, está bien.
El señor LAGOS.- Lo sé, señor Senador.
Ese es mi razonamiento, comparto su intención y pido que el Ejecutivo lo aclare para votar bien.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, quiero precisar la primera parte de la norma en debate, pues ya se ha insinuado demasiadas veces que hay cosas oscuras y que el proyecto no va en la línea de la sustentabilidad.
Reitero que el objetivo principal de la ley es la conservación, la sustentabilidad y no la explotación.
Por lo tanto, eso tiene una línea de coherencia total en todo el proyecto. Ya lo señaló la señora Baltierra: todas las resoluciones relevantes las define el Comité Científico Técnico. Las autoridades políticas y los actores no participan en ninguna -¡en ninguna!- y, si hubiese alguna, que nos adviertan para corregirlo.
En consecuencia, queda despejado que el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Zonales de Pesca -varios de ellos los creamos en otra ley- no participan con acuerdos.
En la Cámara Baja -para hacer la historia de este artículo- por una indicación del Diputado Sauerbaum se agregó a los Comités Científicos. Pero eso no corresponde. Sencillamente, la norma fue aprobada así y de esa forma ingresó al Senado.
Por ello, quiero decir -espero ser muy claro al respecto- que no hay intencionalidades: acepten que es un error incorporar a los Comités Científicos porque la administración pesquera no requiere una opinión científica. Para modificar un área no se precisa una opinión de esa naturaleza. La opinión científica levanta los puntos biológicos de referencia; nos señala en qué estado se encuentra cada pesquería y los científicos, a través de la investigación, definen las cuotas. Eso ya no lo deciden más los actores ni tampoco la autoridad política.
El gran valor de este proyecto de ley es que la autoridad política ha renunciado a definir estas materias y nos hemos autoimpuesto un rango fijado por los científicos.
Entonces, la Comisión de Pesca -la encargada de estudiar esta materia- también recogió la idea de eliminar este requisito, porque -no es que estemos faltando al rigor- lo consideró innecesario. Estamos recargando de trabajo al Comité Científico Técnico al solicitarle un informe previo que no es relevante desde el punto de vista científico, porque acá lo que se define es la administración pesquera.
Los referidos Comités tienen por misión rayar la cancha, definir las cuotas, levantar los puntos biológicos, definir el estado de las pesquerías; pero la administración pesquera no debe recaer en ellos.
Si desean dejarlo está bien. Lo único que queremos hacer notar es que técnicamente no es correcto, porque no se necesita una opinión científica para definir esto. Si el legislador en cada Cámara estima que es útil un informe previo del Comité Científico Técnico, perfecto. Habrá un informe previo.
Se entenderá que eso no quita ni pone, pues estamos incorporando un trámite carente de valor desde el punto de vista de la administración pesquera, que es a lo que apunta el artículo.
Digo esto, señor Presidente, para que no busquemos ninguna intencionalidad.
Esa es la historia de este artículo y la Comisión de Pesca eliminó la participación del Comité Científico Técnico, porque no corresponde, no tiene sentido y burocratiza el proceso.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, ha quedado bastante claro que la consulta al Consejo Nacional y Zonal de Pesca no es vinculante en esta nueva fórmula y el informe técnico lo debe hacer la Subsecretaría solo para los efectos de modificar las áreas de las unidades de pesquería declaradas en régimen de plena explotación. Para eso se requieren los datos que proveen los Comités Científicos.
No veo la necesidad de que en cada artículo tengamos que hacer una referencia al trabajo que van a desarrollar los Comités Científicos.
Considero suficiente la fórmula que se nos propone y, por eso, la aceptamos así y la sugerimos de esa forma a la Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, después de escuchar atentamente al señor Ministro, quiero manifestar lo siguiente.
Entiendo que aquí hay una definición de un ente político que es el Subsecretario. ¿Para qué? Para modificar las áreas de las unidades de pesquería declaradas en régimen de plena explotación. O sea, un ente político lo decide.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Las áreas.
El señor GÓMEZ.- Sí, las áreas.
Sin embargo, no entiendo por qué esta consulta se va a hacer al Consejo Nacional de Pesca -ahí están los incumbentes- cuando lo razonable sería hacerlas, sin que le signifique más trabajo, al Comité Científico Técnico, porque es el encargado de definir qué hacer con estas áreas.
Entonces, cuando veo que el Subsecretario -que es un ente político-, le pregunta a los incumbentes, se entiende que ellos participan de esa definición y su opinión puede ser importante en la modificación de las áreas.
Por ello, pareciera razonable que la consulta se la hagan a los Comités Científicos Técnicos a efectos de que ellos, como conocen y han tenido una definición al respecto, puedan determinar sobre esas áreas para hacer tal y cual cosa. De lo contrario, eso pasará a ser una decisión política.
Creo que este asunto debiera resolverse de manera distinta, sin mantener ninguna suspicacia. Estoy hablando, nada más, desde un punto de vista razonable, porque todos sabemos lo que hacen los Subsecretarios de Pesca hoy día: solucionan problemas puntuales dando cuotas de investigación, etcétera.
En consecuencia, para evitar esa dificultad, quizás lo razonable sería que esa consulta se la hicieran al Comité Científico Técnico.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estoy analizando la referencia a un informe técnico para entrar en la lógica que planteó el Ministro de Economía, dejando de lado al Comité Científico Técnico.
Y vamos ahora a los informes.
Estaba revisando hacia adelante. Estos informes técnicos serán licitados por la Subsecretaría cada vez que se requieran. Esta tiene profesionales idóneos, de mucha experiencia, pero mal pagados -entre ellos, la Asesora-, en circunstancias de que para administrar estos recursos se requiere personal de planta bien remunerado para que la grúa de la industria no los tiente, como ocurre en CONAF y en todos los organismos agrarios. En efecto, todos los funcionarios brillantes, que ganan un sueldo miserable, al final van a parar al sector privado, donde les pagan cinco veces más, con regalías y, en definitiva, con muchas más oportunidades.
Entonces, este informe técnico va a ser licitado. Y en una disposición ubicada más adelante se establece que un reglamento determinará la forma de licitación.
Mi pregunta es quién va a hacer el informe técnico, entonces.
De allí nuestras dudas. Porque ya teníamos una institucionalidad debatida, conformada, regulada, aunque sin sueldos. No olvidemos que una mayoría de Senadores quería que los Comités Científicos Técnicos trabajaran ad honórem. En un negocio de muchos millones de dólares, los científicos tenían que trabajar gratis. Y les estábamos asignando un viático miserable de 60 mil pesos por sesión. Y no es chiste. Es a prueba de desmentidos. ¡60 mil pesos por sesión! Eso era.
Pregunto de nuevo: ¿quién va a hacer el informe técnico?
Se va a licitar. ¿Cómo se va a hacer la licitación? La Subsecretaría va a elaborar un reglamento. Como sucede muchas veces, señor Presidente, los reglamentos vulneran el espíritu de la ley. Porque yo no quiero que este informe lo haga ninguna persona ligada a la industria ni a los pescadores artesanales. Yo quiero que lo haga una persona ligada a los principios de la preservación.
Pero no hay norma establecida. El reglamento va a salir después. Sin embargo, si lo hace el INPESCA, estamos en un problema. Uno podría decir, entonces: "Que lo haga el IFOP", el Instituto de Fomento Pesquero, mal llamado "de fomento" -debiera cambiar de nombre-, cuyos profesionales continuamente, o paran, o están demandando mejores remuneraciones.
En este proyecto de ley no se fortalece ese Instituto. Porque uno podría decir: "Bueno, si el informe técnico lo va a hacer el IFOP, bienvenido; lo va a hacer el Estado". ¡Pero lo van a licitar!
¿Pueden participar los profesionales del IFOP en esa licitación? ¿Por qué se les niega la posibilidad de hacerlo? ¿Por qué no fortalecemos su planta, sus remuneraciones, su infraestructura?
Yo invitaría a los señores Senadores a que cuando vayan a la Octava Región no solo asistieran a la cena anual de la industria, sino que también visitaran el Instituto de Fomento Pesquero, para que tomaran conciencia de las condiciones miserables en que trabajan los investigadores pesqueros del Biobío: en instalaciones que se hallan en estado deplorable. Y, por cierto, ellos no son invitados a esa cena.
Entonces, señor Presidente, mi cuestionamiento radica en lo siguiente. Yo no desconfío del Subsecretario; desconfío de quien va a hacer el informe técnico, porque, al final, no será el Comité Científico, que aquí hemos discutido y sobre el cual depositamos toda nuestra confianza. En definitiva, el informe técnico será elaborado por privados. ¡Es la tercerización de la investigación!
Y quienes hemos estado en Noruega, señor Presidente, quienes nos hemos encargado de investigar los errores que cometieron los españoles, los noruegos, sabemos que cuando los informes técnicos van a manos privadas, son trajes a la medida, y volvemos a caer en el mismo vicio que queremos corregir: informes técnicos determinados por un reglamento que hace la autoridad política de turno y entregados a una persona del ámbito privado, la cual, en definitiva, si sus conflictos de interés no están regulados, concluye con un resultado a la medida.
Yo estoy por fortalecer el IFOP, estoy por dotarlo de mayores recursos, de mayor capacidad investigativa. En último término, se trata de apoyar fuertemente la capacidad investigativa del Estado y de que sea este el que haga el informe. Yo desconfío de este informe técnico, por las características de licitación sin regular, ya que todavía no conocemos el reglamento.
Por tanto, en estas condiciones, estamos ante una norma que no logra establecer los lineamientos que el Ministro ha planteado en la Sala y que, lamentablemente, deja un manto de dudas.
Voy a votar en contra, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo voy a votar a favor. Sí deseo decir que por Dios que nos ahorraríamos tiempo si contáramos con mayores espacios para analizar la normativa.
La Comisión de Hacienda, tal como se ha indicado varias veces, dispuso de menos de 7 horas para estudiar esta materia. Y cuando uno revisa el informe de la Comisión de Pesca, advierte que no hay explicación sobre por qué se ha procedido a eliminar los Comités Científicos. Hemos tenido que recurrir a la Asesora para que nos explique que en realidad aquello está relacionado con el artículo 21, el 153 y el 2°, letra f), párrafo final. De esa manera uno consigue entender que la determinación de las unidades biológicas básicas es efectuada por el Comité Científico, y que con esa información la autoridad puede actuar.
Señor Presidente, creo que toda esta larga discusión también tiene mucho que ver con los tiempos en los cuales legislamos y en que se pueden y alcanzan a emitir los informes de las Comisiones, los que en esta oportunidad no consignan ninguna de estas explicaciones.
Gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el número 33), que pasa a ser 34), propuesto por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el artículo 38 de la ley (23 votos a favor, 4 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Bianchi, Lagos, Muñoz Aburto y Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, le pido que agregue mi voto, por favor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Lily Pérez.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Comisión de Pesca, en el número 34), que pasa a ser 35), recomienda suprimir, en la letra a), las palabras "al Comité Científico Técnico correspondiente y", y en la letra b), intercalar, en la frase que agrega, entre las expresiones "pesquerías" y "en", la expresión "declaradas".
Estas enmiendas deben ser aprobadas con quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no sé si el señor Ministro va a hacer uso de la palabra para explicar el artículo antes de que intervengamos.
Eso podría aclarar dudas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le ofrezco la palabra al señor Ministro.
Me indica que intervendrá la señora Asesora.
Tiene la palabra la señora Baltierra.
La señora BALTIERRA (Asesora de la Subsecretaría de Pesca).- Gracias, señor Presidente.
Este artículo se refiere a la regulación del régimen de recuperación, que implica que se trata de pesquerías que han estado en colapso durante determinado período de tiempo -al menos con una veda que haya durado tres años-, al cabo del cual se licitan los permisos extraordinarios de pesca a los distintos actores.
Se licita inicialmente el cien por ciento, y después se va decreciendo en cortes de 10 por ciento, con el objetivo de que todos los años haya licitaciones.
La modificación que se está planteando persigue que en este régimen de recuperación también tenga cabida el sector pesquero artesanal. Para ello se señala que debe haber un fraccionamiento de la cuota de captura. Y, para que sea equitativa, se establece el mismo fraccionamiento que existía hasta antes de la declaración de la veda, de manera que, cualquiera que este haya sido, en porcentaje, para los distintos sectores, se mantenga.
Por lo tanto, se regula solamente la licitación de la fracción industrial de la cuota y se mantiene la forma como opera la fracción artesanal de la cuota global de captura o de la fracción artesanal que corresponda.
Eso, en lo que se refiere al artículo 39.
Esto fue modificado en el primer trámite constitucional, producto de los cambios introducidos en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, en la cual se llegó al acuerdo de darle participación al sector pesquero artesanal, tanto en el régimen de recuperación como en el régimen de desarrollo incipiente, que es más o menos de la misma naturaleza. Se trata de pesquerías nuevas en las que también se contempla la participación artesanal, con un 50 por ciento de dichas pesquerías.
Es posible que muchas veces el sector pesquero artesanal no tenga esta participación, pero se establece incluso una apertura del registro para la inscripción de naves y un determinado período para que alcancen a lograr tal participación.
Esta materia se halla contenida en el artículo 40.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el inciso segundo del artículo 39 de la ley vigente establece que desde la fecha en que se declare una pesquería en régimen de recuperación, expirarán, por el solo ministerio de la ley, todas las autorizaciones de pesca relativas a esas unidades de pesquería.
Ahora, si una pesquería entra en régimen de recuperación es porque en algún momento la colapsaron. Por tanto, imagino que se determinará a los responsables para no entregarles nuevas autorizaciones.
Repito: si una pesquería colapsa, expiran, por el solo ministerio de la ley, todas las autorizaciones de pesca.
La letra b) incorpora en el inciso segundo el siguiente texto final: "Este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación administradas con licencias transables de pesca".
Surge una duda. Se está hablando de pesquerías sobreexplotadas que se hallan en recuperación, y luego se señala que este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación. Entonces, si se está hablando de las pesquerías en recuperación, ¿por qué se incluye a continuación una norma relacionada con las pesquerías en plena explotación, de la cual se deduce que para estas no regirá la expiración de las licencias?
Si a alguien se le pasa la mano con la explotación de un recurso y lo destruye, ¿cuál es el castigo? ¿Le van a cobrar una multa? Nos lo podría aclarar la Asesora del señor Ministro.
Reitero: ¿Cuál es el castigo por haber explotado y devastado una especie y, por tanto, haber dejado a miles de trabajadores cesantes? Sin embargo, para ellos no regiría el mismo sistema, porque se dice: "Este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación administradas con licencias transables de pesca". O sea, ¿van a mantener los permisos?
Porque esa es la conclusión que se saca de una primera lectura. Cuando la industria tenga licencias transables de pesca sobre pesquerías declaradas en plena explotación, aunque las sobreexplote, no les será aplicable el régimen vigente, según el cual "expirarán por el solo ministerio de la ley todas las autorizaciones de pesca relativas a esas unidades de pesquería".
En segundo lugar, señor Presidente, en materia de fraccionamiento estamos de acuerdo. Creo que fue un avance, un buen esfuerzo de la industria y de la pesca artesanal por llegar a un consenso. Se hizo para pacificar el debate del proyecto y poder sumar apoyo, aunque me queda claro que no fue para nada tan caritativo, pues solo se intentaba acallar las voces en forma legítima. Yo estoy de acuerdo con eso, y considero que les fue bien. La industria se comportó mejor de lo que yo esperaba.
Sin embargo, cuando se señala cómo se fijará el régimen de fraccionamiento, el artículo que se propone como texto final dispone que, para tal efecto, "se dividirá la sumatoria de las capturas efectuadas en el área de la unidad de pesquería del sector artesanal en los tres años anteriores a la fecha del establecimiento de la veda".
La pregunta es qué va a pasar con aquellos recursos donde no existe un historial de participación de los pescadores artesanales.
Me dicen que eso está más adelante, en otro artículo. Pero creo que la ventaja debería quedar establecida de manera pareja. ¿Por qué pedirles a los artesanales que determinen su rendimiento de captura de tres años hacia atrás cuando ellos no han capturado en el pasado? No sé cómo van a quedar protegidos de este modo hacia delante. Obviamente, van a quedar en situación desmedrada.
Por último, señor Presidente, se agrega una letra c) que señala: "Para estos efectos, se entenderá por pesquería en recuperación" -esto es importante, porque cuando se habla de que una pesquería se halla en recuperación significa que antes alguien la colapsó- "aquella que se encuentra sobreexplotada y sujeta a una veda extractiva de, a lo menos tres años, con el propósito de recuperación, y en las cuales sea posible fijar una cuota global de captura".
Volvemos al mismo tema de los tres años.
Señor Presidente, he citado este informe diez veces. Los científicos nacionales señalan que la recuperación de las pesquerías no depende de esta ley. Una pesquería no se recupera en tres años; se recupera en la medida en que la biomasa tenga condiciones de recuperación. Y aquí, aun cuando los científicos nos puedan decir que se necesitan diez años, a la veda le ponemos un plazo de tres años.
Una vez más, se mediatiza el papel poniendo fechas cronológicas que solo pueden ser determinadas por estudios científicos.
Voto que no.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
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El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero darles mis excusas a los señores Senadores por distraerlos un momento.
Quiero pedir la autorización de la Sala para incluir en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, el proyecto, en primer trámite constitucional, que otorga una asignación asociada al mejoramiento del trato a los usuarios para los funcionarios pertenecientes a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud, así como el proyecto, también en primer trámite constitucional, que crea una asignación asociada al mejoramiento de la calidad del trato al usuario para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
Si le parece a la Sala,...
La señora ALLENDE.- ¡No, señor Presidente!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿No le parece bien que estas iniciativas se agreguen a la tabla de Fácil Despacho, señora Senadora?
La señora ALLENDE.- ¡Aquí nada es de fácil despacho, señor Presidente!
El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien.
No hay acuerdo, entonces.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el N° 34), que pasa a ser 35), propuesto por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el artículo 39 de la ley (22 votos a favor, uno en contra, 4 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron los señores Bianchi, Gómez, Lagos y Muñoz Aburto.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde analizar el N° 35), que pasa a ser 36), el cual introduce enmiendas al artículo 40, que es de quórum calificado.
Debo comunicar a la Sala que, según lo informado por la Comisión de Pesca, la letra b) de este numeral no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, razón por la cual quedó aprobada en la sesión en que la Sala inició la discusión particular de la iniciativa.
No ocurre lo mismo con las letras a) y c), las que deben ser acogidas con quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación las letras a) y c) del N° 36), que recae en el artículo 40 de la ley.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el tema de las pesquerías incipientes es interesantísimo. Sepan los señores Senadores que se está desarrollando un proyecto llamado "Censo de la Vida Marina", donde hay importante participación de la comunidad científica nacional.
Se trata de un proyecto por 175 millones de dólares, que apunta a censar todo el mar chileno disponible.
Las estadísticas indican que nosotros conocemos 1 por ciento de mar por cada 600 kilómetros cuadrados. ¡Solo está registrado y calificado el 1 por ciento en 600 kilómetros cuadrados!
Esa iniciativa, señor Presidente, cuenta con el apoyo de un proyecto de acuerdo aprobado por el Senado. Va a significar revelar muchas especies que hoy día son desconocidas por los chilenos, pero muy conocidas para los pescadores, porque aparecen en las redes, porque son fotografiadas. Estas muchas veces no se encuentran calificadas, porque no existe un mecanismo para saber exactamente qué especies tenemos.
En las pesquerías incipientes, señor Presidente, uno habría pensado poner la pesquería de Orange Roughy u otras que se han desarrollado de manera silenciosa, sin informar a la Subsecretaría de Pesca. Porque en definitiva, se defienden los caladeros, y si uno descubre una especie susceptible de ser explotada, puede pasar por fauna acompañante, y no hay mucha información.
Mi pregunta es ¿cuál es el mecanismo para declarar una pesquería en régimen de desarrollo incipiente? ¿Puede un ciudadano, un pescador concurrir a la Subsecretaría y decir "quiero que se declare esta pesquería en régimen de desarrollo incipiente y que quede regulada, porque a mí me interesa"? O eso únicamente se puede hacer por decreto de la Subsecretaría.
¿Es solo facultad del Subsecretario decretar una pesquería en tal régimen? ¿Puede ello ser solicitado? ¿Se regula una pesquería así declarada?
Señor Presidente, creo que para la declaración de nuevas pesquerías no solamente se debe tener informe técnico y la voluntad del Subsecretario. Debiera ser a petición de los interesados, de quienes descubrieron la pesquería (las más de las veces no van a querer contarla, sino más bien pescarla).
Por otra parte, señor Presidente, mi reparo no es al fraccionamiento de 50 por ciento de la cuota para la flota industrial y 50 por ciento para el sector artesanal, como está establecido en la nueva letra b). Mi reparo apunta al informe técnico. Sigo señalando que el bypass que se le hace al Comité Científico Técnico con este informe técnico licitado debe tener una respuesta.
Y como este tema va a ser recurrente, señor Presidente, tal vez el señor Ministro, sus asesores nos puedan decir antes de terminar el Orden del Día cómo se tramitará ese decreto, porque en definitiva se va a licitar quién elabora esos estudios. No los harán los científicos a los cuales hemos defendido y alabado, sino que van a ser licitados. Y me gustaría contar a lo menos con una descripción general de cómo piensan llevar a cabo este proceso de licitación. Porque es muy complejo. Deseo saber si lo va a hacer la Universidad de Concepción, que tiene amplia experiencia en estas materias; la Universidad del Mar; un instituto formado para estos efectos, de manera apresurada, sin experiencia.
Yo me pregunto qué requisitos deben exigirse a estos informes técnicos respecto de su autoría. ¿Deben ser hechos solo por entidades creadas para tal efecto o sin mayor experiencia?
Dentro de esta ley en proyecto debe incorporarse, señor Presidente, la descripción de los contenidos mínimos del reglamento de los informes técnicos. Y si el precepto de conservación y preservación es real, el Gobierno y este Ministerio no debieran tener ningún problema en establecer el rango básico de los lineamientos que deberá seguir la licitación de los informes técnicos convocada por el Ministerio de Economía para estos y otros tantos efectos, porque cada vez que se requiere un informe técnico se llama a licitación al sector privado para obtenerlo.
Tales dudas, señor Presidente, en mi opinión debieran ser aclaradas en el proceso de debate de esta iniciativa. Y espero que el señor Ministro o sus asesores puedan hacerlo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 40 (21 votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones y 1 pareo), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Rossi, Ruiz-Esquide, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron los señores Gómez, Lagos, Muñoz Aburto y Tuma.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.