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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 76ª, en martes 27 de noviembre de 2012
Especial
(De 11:18 a 13:48)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimo que en nada ayuda a la convivencia de esta Corporación suponer intenciones ocultas; ya basta con las declaraciones que se hacen sobre el particular.
Efectivamente, en las Comisiones unidas de Hacienda y de Pesca el Ejecutivo se comprometió a traer una indicación para resolver el asunto en cuestión, y pidió que no se votara la que estaba en discusión.
Por eso considero que, para terminar con el debate, sería bueno -ya está el Ejecutivo en la Sala- saber qué opina sobre el particular.
Con eso resolvemos el tema y avanzamos.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, entendiendo la explicación que acaban de dar el Secretario y la asesora de la Subsecretaría de Pesca, estimo que previo a ello hay que votar las indicaciones renovadas. Porque el sentido de rechazar en Hacienda la sustitución del artículo 27 por otro decía relación con las indicaciones renovadas N°s. 220 y 226.
Hecho eso, podemos pasar a lo que señaló la asesora de la Subsecretaría de Pesca.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, una de las discusiones claves de la futura nueva Ley de Pesca se refiere a la administración de la cuota industrial, para el mejor beneficio de todos los chilenos de un recurso natural tan importante como la pesca.
La nueva regulación que discutimos -por eso, esta indicación- debe conciliar, en el ámbito de la actividad pesquera extractiva industrial, los principios de protección a los trabajadores y a las trabajadoras, las inversiones realizadas por las empresas del sector en virtud del marco legal vigente, la creación de empleo y valor agregado y el libre acceso sin discriminación arbitraria que cualquier chileno debe tener periódicamente a esta actividad.
Nuestra base de sustento parte por afirmar que el acceso al mar para aprovechar privadamente los recursos pesqueros debe ser efectuado conforme a nuestra Carta Fundamental, con especial resguardo al principio de libertad para desarrollar cualquier actividad económica y la no discriminación arbitraria.
Señalo lo anterior porque el 15 de octubre de 1990 quince Senadores, liderados por el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento sobre las cuestiones de constitucionalidad que se trabaron durante la tramitación de la iniciativa que modificaba la ley Nº 18.892, Ley de Pesca.
Los Senadores en ese minuto argumentaron que "el proyecto imponía prohibiciones que impiden del todo el acceso a dicho recurso a quienes no resulten favorecidos con las autorizaciones y permisos que otorgue el órgano competente" (se establecía como único parámetro de asignación de la cuota industrial el famoso criterio de asignación "histórica").
Además, entre las inconstitucionalidades de fondo, plantearon que dicha iniciativa vulneraba el régimen de libertad "porque permite a la administración ordenar el cierre de la actividad pesquera industrial y prohibirla a todas las personas que no estaban desarrollándola antes de la decisión administrativa".
Continuaron recordando que el artículo 19, Nº 23º, inciso primero, de la Constitución, aseguraba a todas las personas "La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así".
Y agregaban: "El proyecto también cometería una infracción a la proscripción de la discriminación arbitraria (art. 19, Nº 22, inciso 1º CPR), toda vez que prohíbe la pesca extractiva industrial a todos los interesados, menos a los titulares de autorizaciones y permisos, en circunstancias de que tal prohibición, de carácter legal, tiene que ser erga omnes. Además, el cierre de la actividad pesquera industrial y la prohibición de ejercerla a toda persona que no haya quedado incluida en él importa una transgresión a la garantía en comento ya que arbitrariamente establece diferencias en contra de los no autorizados en una materia de trascendental importancia como lo es la pesca industrial".
"El proyecto -señalaban también- vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley".
Señor Presidente, dicho requerimiento fue acogido, generándose un acuerdo en el Parlamento, en virtud del cual se estableció el artículo 27 actual, que hoy día discutimos. Esta norma dispone la posibilidad de las subastas públicas, quedando como una facultad: "La Subsecretaría no podrá subastar más allá del equivalente a capturar el cincuenta por ciento de la cuota anual".
Lamentablemente, en veinte años de vigencia del mencionado artículo, la autoridad nunca ha ejercido dicha facultad, vulnerando en los hechos las garantías constitucionales aludidas.
Consideramos que establecer la "historia de pesca" como criterio exclusivo de asignación de cuotas a los industriales constituye sin lugar a dudas una discriminación arbitraria y vulnera el principio de libertad para desarrollar cualquier actividad económica, que le corresponde por naturaleza a todas y a todos en nuestro país.
En consecuencia, se debe establecer como mecanismo de acceso a la cuota industrial un instrumento que sea transparente, abierto, y que no implique privar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
Por eso presentamos la indicación en debate, que tiene por objeto hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 27 ya señalado, dando cumplimiento, después de 20 años, al espíritu del acuerdo político reseñado.
No obstante, creemos que deben buscarse fórmulas efectivas de protección a los trabajadores y a las inversiones realizadas.
Por esa razón, proponemos una lógica de asignación y, así, lograr una licitación adecuada.
¿Por qué me preocupa este punto, señor Presidente? Porque en estos día hemos visto declaraciones...
El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le doy un minuto para terminar.
La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
Decía que hemos visto declaraciones que reafirman nuestra preocupación en orden a que aquí no hay derechos adquiridos.
El señor Rodrigo Sarquis declaró en La Tercera lo siguiente: "Eso sí, el líder de las empresas pesqueras industriales valora que la norma dé a los actuales operadores la opción de mantener sus derechos históricos o cambiarse a las reglas que impondrá la nueva Ley de Pesca".
Obviamente, eso no es algo menos grave.
Y el señor Carlos Vial, Vicepresidente de SONAPESCA y de Salmones Friosur, en una publicación del mismo diario también en estos días, dice: "Porque aquí hay acuerdos que no se han respetado (...). Veo que los acuerdos no se respetan". ¿Con quiénes acordó? ¿A qué se refiere?
Señor Presidente, me preocupa que estemos discutiendo una materia...
El señor ESCALONA (Presidente).- Le ruego concluir, señora Senadora.
La señora RINCÓN.-... que afecta a todos, y que no se esté haciendo caso de lo que ya falló el Tribunal Constitucional, con ocasión del requerimiento que presentó en su momento quien hoy es el Presidente de la República.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que este tema llega a apasionar. Y se hacen afirmaciones que, si no se han estudiado, pueden generar una idea equivocada de lo que ha pasado en el mundo. La licitación o subasta se ha ocupado en distintas partes, en algunas con éxito y en otras no.
En Nueva Zelandia, en el año 2004, se estableció que toda la cuota de pesca en manos de la Corona (que es un 80 por ciento de la cuota global, ya que el 20 por ciento está reservado a los maoríes -gran tema en relación con lo que el Senador Tuma planteaba en materia de los pueblos originarios-) fuese subastada anualmente, lo que se implementó en el año 2005. Esto incluye toda nueva pesquería, tenga o no pescadores históricos.
Además de lo anterior, toda cuota que se recupera vía sanciones o todo aumento de cuota respecto de la que fue originalmente asignada también se subastan públicamente.
Coincidentemente, las razones para este tipo de cambio en el manejo que hizo Nueva Zelandia, de un sistema de cuotas individuales asignadas por historia a uno vía subastas, han sido las mismas que se ocuparon en Islandia: estimular la competencia, romper la concentración y devolver a la gente parte de las rentas que generan los recursos pesqueros. Además, en ese país enfrentan el mismo problema que en Islandia: entregaron las cuotas por historia a perpetuidad y ahora tratan de recuperarlas.
Estados Unidos fue un caso más tardío en la implementación de cuotas individuales como política global. Sin embargo, en 1972 estableció la subasta de cuotas de un tipo de almeja gigante, la cual funciona hasta hoy.
¿Qué es lo más importante de destacar de este ejemplo? Los datos disponibles del período 1988-1995 señalan que se recaudaron, para el Estado, 30 millones de dólares, y posteriormente, entre el período 1995-2008, el monto fue de 124 millones de dólares, solo por un recurso pesquero.
Hasta ahora, no había más ejemplos como este. Sin embargo, luego de experimentar los mismos problemas que en otros países, el Estado de Maine destinó fondos para comprar permisos de pesca y poder abrirlos al mercado, implementando la subasta anual de bancos de cuota en 14 diferentes recursos pesqueros. La idea era, principalmente, permitir el acceso a la actividad pesquera y combatir la concentración que ha dañado las comunidades costeras.
Además de lo anterior, Estados Unidos ha aceptado que las cuotas individuales estimulan la concentración, por lo que el Gobierno ha comenzado a estudiar la implementación de los límites de concentración pesquera, para poner fin a la práctica que data desde el año 2006.
¿Qué intentos fallidos tenemos en el mundo?
Por cierto, uno de ellos es el expuesto por mi colega Ignacio Walker -por su intermedio, señor Presidente-: Estonia y Rusia. Son países con contextos institucionales absolutamente distintos al nuestro. En el caso ruso, existen varios magnates petroleros que fueron a la licitación y asignaciones del petróleo y hoy están en la cárcel por corrupción. Chile tiene una Fiscalía Nacional Económica y un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ambas instituciones recientemente fortalecidas.
Entonces, decir que en ningún país del mundo se hacen licitaciones, sin estudiar un poco más en profundidad el eslogan, creo, de verdad, que nos puede llevar a cometer errores.
Finalmente, estamos llamados a defender el interés general de los chilenos y no el de unos pocos.
¿Queremos los recursos para todas las familias de nuestro país o solo para algunos?
Señor Presidente, si se consolida el modelo propuesto por el Gobierno y afianzado en este acuerdo, a partir de enero de 2013 los derechos que hoy día son precarios (tienen fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso) pasarán a fortalecerse y a ser propiedad de cuatro empresas que hoy dominan más del 92 por ciento del mercado.
¿Qué significa esto? Que se produce, de hecho, la expropiación a nuestros compatriotas de un recurso que hoy día está en nuestro poder -somos capaces de legislar sobre él, como lo prueba esta discusión- para entregárselo en propiedad, consolidando derechos, a cuatro grupos empresariales. Esta es una transferencia de valor neto, de todos los chilenos a unos pocos, sin un pago de por medio por la expropiación.
A partir de 2013, un grupo de empresas podrá activar en sus balances cientos de millones de dólares (más de 700 millones de dólares anuales) y tendrán una mejora patrimonial de cientos de millones de dólares en desmedro de todos los chilenos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
La Mesa le concede un minuto adicional.
La señora RINCÓN.- Y peor aún -con esto termino, señor Presidente-, estas empresas al día siguiente de recibir dichos activos pueden, de acuerdo a la norma ya aprobada en el Parlamento, venderlos a quienes quieran, de manera perpetua, recibiendo ellos la renta por esa venta.
Por eso defiendo las licitaciones, porque ellas permiten que el Estado sea el que en forma periódica reciba la renta por la venta temporal de los derechos de explotación de nuestros recursos, y no unos pocos.
Es impresentable la falta de resguardo del patrimonio de todos los chilenos en este país que hacen el Gobierno y quienes apoyan este acuerdo.