REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones en los ámbitos de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización. Esta iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y tiene urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8091-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.

Informe de Comisión:

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa tiene como objetivo principal lograr la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, para la cual propone un sistema de administración y gestión a largo plazo que considera la explotación óptima de los recursos pesqueros en armonía con el medio ambiente.

La Comisión discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores García-Huidobro, Horvath, Rossi y Sabag y el voto en contra del Senador señor Bianchi.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas pertinentes del informe.

Cabe tener presente que esta iniciativa contiene las siguientes disposiciones orgánicas constitucionales:

Del artículo 1°, los números 51 (artículo 55 K), 53 (artículo 55 Q) y 73 (artículos 153 y 154).

Además, contiene las normas de quórum calificado que paso a detallar:

Del artículo 1°, los números 3, letras b) y c); 13 (artículo 24); 15, letras a) y b); 17 (artículo 28); 18 (artículo 28 A); 20 (artículo 30); 21 (artículo 30 A); 24 (artículo 33); 25 (artículo 34 A); 30 (artículo 39); 31 (artículo 40); 32 (artículo 40 A); 38 (artículo 47); 39 (artículo 47 bis); 41 (artículo 48 A), 44 (artículo 50 C); 51 (artículos 55 I, 55 J, 55 L, 55 M y 55 N), y las disposiciones transitorias contenidas en los artículos segundo, quinto y décimo cuarto.

El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores, se ha planteado un asunto que influye en el debate y respecto del cual el Presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, Honorable señor Hernán Larraín, me solicitó intervenir.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, que me honro en presidir, recibió la consulta que Su Señoría tuvo a bien efectuar sobre el eventual impedimento que afectaría al Honorable Senador señor Andrés Zaldívar para participar en la votación de este proyecto de ley.

Se recibieron, asimismo, correos electrónicos mediante los cuales diversas organizaciones plantearon la declaración de inhabilidad de otros tres Senadores: los Honorables señores Carlos Larraín, Jovino Novoa y Alejandro García-Huidobro.

Sobre el particular, la Comisión, teniendo presente que el artículo 5° A, inciso final, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional solo le permite accionar "de oficio o a petición de un parlamentario", además de atender la consulta formulada, resolvió abocarse de oficio al pronunciamiento sobre las invocadas causas de impedimento de los otros tres señores Senadores.

Al respecto, en sesión celebrada el día de hoy, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, acordó expresar que la regulación de los conflictos de interés en el Senado se halla establecida en el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 8° del Reglamento del Senado, que indican lo siguiente:

"Artículo 5° B.- Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.

"No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara".

No está de más señalar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante informe de fecha 3 de diciembre de 2002, evacuó la consulta que le hizo el entonces Presidente del Senado sobre un eventual impedimento para participar en la tramitación de otra iniciativa legal que modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura, que luego pasó a ser la ley N° 19.849.

Planteada en la Sala al día siguiente, 4 de diciembre, una cuestión sobre el impedimento de dos Honorables Senadores, fue rechazada, luego de un extenso debate, por 39 votos contra 1 y 2 abstenciones.

Desde aquella época se han registrado significativos avances en materia de transparencia y de probidad.

Desde luego, el propio artículo 8° de la Constitución Política de la República, que consagra los principios de probidad y transparencia como exigencias comunes al ejercicio de toda función pública, obliga a las altas autoridades y funcionarios a declarar sus intereses y patrimonio en forma pública y aborda el tema de los conflictos de interés, dejando entregada la forma de resolución de ellos a una ley orgánica constitucional.

Esa regla constitucional se inscribe en el marco generado por los compromisos internacionales de Chile en el sentido de establecer declaraciones de interés y de patrimonio para las autoridades y altos funcionarios y de regular en los estatutos o códigos de conducta por los cuales deben regir su actuación los conflictos de interés que las puedan afectar.

En particular, cabe mencionar la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, con fecha 29 de marzo de 1996, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre del 2003. Ambos instrumentos internacionales consagran el compromiso de los Estados Partes de establecer la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas y de prevenir los conflictos de intereses en un conjunto de normas de conducta que regulen el correcto, honorable y adecuado ejercicio de las funciones públicas.

A ellos puede añadirse que la política internacional de Chile apunta al reforzamiento de tales principios, en el marco de los compromisos contraídos con la Sociedad de Gobierno Abierto, que contiene su Declaración de septiembre de 2011.

La entrada en vigor de la llamada "Ley de Transparencia", por otra parte, consagró el deber de publicar las declaraciones de intereses y de patrimonio, que precisamente permiten dejar en evidencia los conflictos de interés que puedan suscitarse.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 5° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, le compete a esta Comisión de Ética y Transparencia velar por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública.

Por ello, sin perjuicio de los perfeccionamientos que sea del caso introducir, la Comisión es de parecer de que debe estarse, para la resolución de estos conflictos, a las normas vigentes, en particular a aquella ya mencionada, que dispone que los parlamentarios "no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos" o a algunos de sus familiares cercanos que se indican.

Es preciso consignar que no se suscita controversia sobre el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, desde el momento en que el cuestionamiento que se hace a la participación de varios señores Senadores en la discusión y votación del proyecto de ley se funda justamente en el contenido de sus declaraciones de patrimonio, que se consignan en el sitio electrónico de la Corporación y en información emanada de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Entiende la Comisión que el primer llamado a resolver el eventual conflicto de interés es el propio parlamentario, evaluando cada situación concreta a la que se vea enfrentado, lo que debe efectuarse con especial cuidado, porque, a diferencia de la Administración del Estado y del Poder Judicial, no hay constitucionalmente normas que permitan el reemplazo de un Senador impedido, lo que puede afectar las mayorías consagradas por la ciudadanía.

Si se produce alguna discrepancia entre la realidad y el contenido de tales declaraciones de intereses o de patrimonio, le corresponderá a esta Comisión efectuar las indagaciones y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan. Pero piensa la Comisión que no resulta apropiado recabar su pronunciamiento sobre eventuales impedimentos en cada caso en que se enfrenten votaciones inminentes de proyectos de ley de significación social o económica, tanto más cuanto que las reglas aplicables son de suficiente claridad.

El señor ESCALONA (Presidente).- Hay varios señores Senadores inscritos.

El señor COLOMA.- ¡Vamos al tema de fondo, señor Presidente!

El señor ESCALONA (Presidente).- Sobre la materia planteada, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, deseo precisar que el informe que entregó el Presidente de la Comisión de Ética provoca una confusión, pues quien pidió, a través de su persona, que se pronunciara aquella fue el propio Senador que habla. Y lo hice porque me llegó una comunicación en que cuatro Senadores eran mencionados como personas que podrían tener dificultades. Y a base de eso, al igual como procedí en otra oportunidad en esta Corporación, le solicité al Presidente del Senado que se transmitiera mi inquietud a dicho órgano, lo que ha ocurrido.

Por lo tanto, el informe de la Comisión de Ética lo provocó el Senador que habla, no otra persona.

Asimismo, quiero dejar constancia de algo significativo, que voy a señalar de nuevo.

La mención que se hace de mi persona para impedirme pronunciarme sobre el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura se refiere a un hermano mío que trabajó hace muchos años en una empresa pesquera importante. Fue ejecutivo de ella; luego pasó a tener un cargo no ejecutivo, y hoy día, desde hace más de cinco años, está postrado a raíz de una enfermedad que le impide ejercer cualquier tipo de función. Sin embargo, aparece mencionado como director de una empresa de aquella índole.

Por esa razón, en la carta remitida a la Comisión de Ética señalé que quería su pronunciamiento, pues me iba a acoger a lo que ella dijera. Porque en mis actividades como Senador y como servidor público siempre he pospuesto mis intereses personales en pro de los intereses generales de nuestro país.

Por consiguiente, voy a proceder como lo he hecho siempre.

El señor ESCALONA (Presidente).- Efectivamente, el Honorable señor Zaldívar, apenas conoció la información pública, le entregó al Presidente del Senado la nota respectiva y solicitó que los antecedentes fueran enviados a la Comisión de Ética y Transparencia.

Sobre la materia, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio se me hizo llegar una carta que se remitió a la Presidencia de la Cámara Alta para plantear la inhabilidad que tendríamos algunos Senadores en la votación del proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura.

Yo quiero señalar que la información que le entregaron a través de aquella misiva, señor Presidente, no corresponde a la verdad.

Yo poseo 63 acciones de la empresa Marinsa, me parece.

Perdón, pero ya ni recuerdo el nombre.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Escuchen nomás!

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a los presentes en las tribunas no hacer manifestaciones.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Se trata de la empresa Navarino S.A., que es un fondo de inversiones similar a cualquiera de los fondos de esta clase que existen hoy en nuestro país, como los de las AFP, donde cotizan todos los chilenos, quienes a lo mejor tienen más acciones que los intereses del Senador que habla en algún sector de la economía.

Poseo desde hace muchos años esas acciones -no sabía cuántas eran-, que valen 37 mil 800 pesos.

¡Ese es mi capital en dicho fondo de inversiones!

En tal sentido, señor Presidente, creo que quienes hacen este tipo de denuncias deberían disponer de mejor información. Lo más probable es que esas personas estén influenciadas por grupos de interés que pretenden que la iniciativa de ley que nos ocupa no tenga la tramitación que corresponde y que el país requiere.

A mi juicio, no era necesario solicitar esa información ni recabar el pronunciamiento de la Comisión de Ética, porque en mi caso se trata de un fondo de inversiones como aquellos a los que puede acceder cualquier chileno para colocar sus recursos.

¡Mi inversión en la referida empresa ni siquiera alcanza para comprar un par de zapatos...!

Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar en este proyecto de ley, y me preocuparé de los trabajadores del sector pesquero, especialmente de los pescadores artesanales de mi Región, durante la tramitación de esta iniciativa, que es muy relevante para el desarrollo de la pesca de nuestro país.

El señor ESCALONA (Presidente).- En la discusión general del proyecto, siguiendo el orden de inscripción, corresponde que intervenga la Senadora señora Rincón.

Les advierto a las personas presentes en las tribunas que se van a emitir opiniones a favor y en contra de lo que piensa cada cual. De manera que deben ser tolerantes y tener buena voluntad para escuchar con tranquilidad. Así lo establece el Reglamento del Senado, por lo demás.

Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, esta es una de las más importantes discusiones legislativas que hemos enfrentado en el año. Ella no solo recae sobre la administración sustentable de los recursos pesqueros: desde mi perspectiva, debe marcar la manera como los políticos que nos sentamos en el Hemiciclo demostramos, con nuestros votos y no únicamente con discursos, la posición que mantenemos respecto al régimen en los recursos naturales y el reparto de la riqueza en nuestro país.

Parto por declarar mi postura política: estoy por la sustentabilidad ambiental, social y económica en la explotación de los recursos naturales que nos pertenecen a todos.

Mucho se ha hablado en esta Corporación, en las redes sociales, en los medios de comunicación, especialmente en las últimas semanas, de la necesidad de desarrollar una "política nacional del litio" o una "política nacional del agua", en el entendido de que son elementos que nos corresponden a todos y cuya explotación, por lo tanto, también debiera beneficiarnos a todos. Espero que tengamos la oportunidad de debatir acerca de estos temas, que es lo que nos demanda la sociedad chilena. Pero hoy tenemos una oportunidad histórica de discutir y demostrar con nuestro voto qué les ofrecemos a la presente y a las futuras generaciones en materia de recursos pesqueros.

Crecí, en la Democracia Cristiana, con el orgullo de una historia en defensa de los recursos naturales, los que deben ser protegidos y administrados mediante una regulación que garantice el bien común, como expresión de justicia y equidad social. Esos fueron los fundamentos de la chilenización del cobre y la Reforma Agraria, ambas realizadas bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva y expresiones políticas de un Partido dispuesto a enfrentar a los poderes económicos, en pos de la distribución de la riqueza, la generación de oportunidades y la protección del más débil. Espero que hoy estemos a la altura de los nuevos desafíos.

Una de las controversias que atraviesan toda la discusión es la de a quién pertenecen los peces. Para la Senadora que habla, no cabe duda de que son de todos los chilenos, y tanto de las actuales como de las futuras generaciones. En los diálogos que he mantenido en el país se me ha preguntado, una y otra vez, cómo es posible que el Congreso esté cuestionando tal afirmación, que alguien quiera arrogarse derechos de propiedad sobre los peces futuros o que alguien pretenda entregar a perpetuidad licencias de explotación a unas pocas familias. El sensato juicio ciudadano, ese sabio sentido común, al parecer no permea en el Gobierno ni en parte del Congreso.

Formulada esta primera definición, la explotación de los recursos que nos ocupan debiera generar ciertamente el máximo valor para todos los chilenos. Por ello, los principios que planteo para el debate son los siguientes.

Primero: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, aseguremos la sostenibilidad de la biomasa.

Señor Presidente, todos coincidimos en que uno de los principales problemas de la institucionalidad vigente es la sobreexplotación. En efecto, en 2001 se capturaba en el país un millón 400 mil toneladas de jurel, nuestro principal recurso pesquero, en tanto que durante 2012 no se podrá exceder de 260 mil toneladas. Desde 2001, los científicos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) han declarado anualmente en sus informes, sin excepción, que se sobrepasan los límites biológicos seguros o precautorios.

Sin embargo, cada año, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) se han pronunciado en el Consejo Nacional de Pesca por aumentar las cuotas recomendadas por los científicos. Solo para los años 2009 y 2010, ello significó que fueran 86,6 y 73,3 por ciento mayores que las planteadas para asegurar la sustentabilidad del recurso.

Por ello, celebro el avance que contiene el proyecto de ley, en términos de sacar al Consejo del sistema de determinación de la cuota global pero la solución propuesta no garantiza ni autonomía ni calidad científica para asegurarnos una toma de decisiones adecuada. Al respecto, creo que el Instituto de Fomento Pesquero debiera ser el "Banco Central del Mar", como lo han llamado sus propios funcionarios, que asegurara una rigurosidad técnica exenta de presiones políticas o empresariales y garantizase a todos los actores que el principio de conservación será respetado. Lamentablemente, no tengo iniciativa parlamentaria para ello, pero desde ya me parece que si el Gobierno no quiere abordar el punto, es algo que debe hacer el próximo.

Segundo: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, a estos les pertenece el acceso al mar para aprovechar privadamente dichos recursos.

Por razones de conservación y administración pesqueras, la ley ha cerrado el acceso libre a la captura de algunas especies. Para tal efecto, en los 20 años anteriores se han definido distintos mecanismos de política pública. El último de ellos, la asignación de cuotas a los industriales por "historia de pesca", no significa reconocerles a los "históricos" derechos "preferentes" o "mejores". Es algo que sería inaceptable e inconstitucional, ya que se traduce en una discriminación arbitraria y vulnera el principio de libertad para desarrollar cualquier actividad económica que nos corresponde a todos los chilenos.

Quiero recordar las palabras del entonces Senador señor Alejandro Foxley pronunciadas en el Hemiciclo con motivo de la discusión de la iniciativa legal de 2001: "Es importante que la ley en proyecto no se entienda como una consagración del statu quo en lo referente a cuotas de pesca. En este aspecto debe recogerse la idea de la licitación de cuotas gradualmente transferibles a través del tiempo, de tal manera que a futuro haya cierto libre acceso al sector y éste quede abierto a la competencia.".

Si los peces son de todos los chilenos, es inaceptable que un grupo de industriales reclame "derechos históricos". Una entrega a perpetuidad a ellos, mediante licencias indefinidas o con plazos que se asemejan bastante a la perpetuidad, significa crear un verdadero "latifundio" en el mar.

No puede darnos lo mismo si el que pesca hoy lo hace en virtud de una asignación legítima o una ilegítima. No es lícito decirles a todos nuestros compatriotas: "Las únicas que pueden pescar son las tres empresas que vienen aprovechando el recurso de todos desde hace décadas".

Señor Presidente, he expuesto en forma pública que el único mecanismo transparente, abierto y que no implica una discriminación arbitraria ni priva del derecho a desarrollar cualquier actividad económica es una subasta abierta de la cuota industrial. Adicionalmente, de ese modo se fija el precio justo.

Pero no solo se plantea la falta de legitimidad, sino también el hecho de que no podríamos contar con una herramienta de política pública. Esta última encuentra un excelente instrumento en la licitación, que permite determinar un tope para la concentración industrial; definir qué parte de las asignaciones se realicen conforme a criterios regionales, tales como la creación de empleos en zonas específicas; imponer cuotas para las pymes; caducar el permiso en caso de incumplimientos legales o de las bases, etcétera.

Ciertamente, y para la tranquilidad de los trabajadores del sector industrial -hoy día presentes en las tribunas-, ello debe hacerse protegiendo los empleos, de manera gradual y paulatina. Estoy disponible para buscar el mejor sistema que concilie los principios que he señalado: protección de los puestos laborales y no discriminación arbitraria.

El Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados una fórmula que, sin duda, no satisface los criterios consignados. Desde ya, hago reserva de constitucionalidad en relación con el proyecto de ley, ya que a mi juicio se están vulnerando los principios de libertad para desarrollar cualquier actividad económica y de no discriminación arbitraria.

La posición ciudadana y de los expertos sobre cuál es la mejor manera de asignar nuestros recursos es unánime. El único lugar donde ella no logra permear es en el Congreso y en el Ejecutivo. Y ello, señor Presidente, es preocupante. La crisis de confianza en la institución parlamentaria pasa por la diferencia entre nuestros discursos y nuestros votos.

Tercero: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, el acceso al mar debe propender a beneficiar al máximo de compatriotas y generar tanto empleo como valor.

La sustentabilidad no implica solo proteger y recuperar la biomasa, sino que también dice relación con lo social en la medida en que contribuye al fomento y desarrollo del sector artesanal y agrega valor a la producción pesquera nacional. Por ello, insisto en que el debate también se refiere a cómo se distribuye la riqueza en nuestro país.

Tenemos 80 mil pescadores artesanales que, literalmente, se "reparten la pobreza" de nuestro mar...

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego mantener silencio a quienes se encuentran en las tribunas.

La señora RINCÓN.- Esa actividad no solo representa un empleo, sino también un modo de vida, una cultura y toda una economía local; pero las cuotas que el Congreso le concedió en el año 2001 son absolutamente insuficientes.

El Ministro señor Longueira instaló una mesa de negociación con parte de los actores del sector artesanal, los que lograron un acuerdo de fraccionamiento que se anunció como un gran logro. Para promocionar la idea, se nos ha señalado que ello significa crecer en ese ámbito en aproximadamente 34 millones de dólares.

Señor Presidente, ¿sabe usted en cuánto se valoriza la cuota que el proyecto les asigna a los industriales? ¡En más de 700 millones de dólares! ¡Y para apenas cuatro empresas, que concentran el 95 por ciento en este ámbito!

En tiempos en que hablamos de redistribución de la riqueza, de la necesidad de mayores niveles de igualdad en la sociedad chilena, tenemos en nuestras manos una herramienta concreta para avanzar en el sentido correcto. Como la materia es de iniciativa parlamentaria, llamo a mis Honorables colegas a construir un gran acuerdo que favorezca de mejor manera al sector artesanal en los próximos diez años, en forma progresiva y paulatina, y, de ese modo, no dañemos el empleo en el sector industrial. Desde ya,...

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Advierto a las personas que se hallan en las tribunas que me veré obligado a solicitar su desalojo si no mantienen la tranquilidad. No me hagan amenazar. Una manifestación más y así lo dispondré.

Puede continuar la Senadora señora Rincón.

Si no se le permite concluir como corresponde, se tomará la determinación que he anunciado.

La señora RINCÓN.- Desde ya, señor Presidente -y con esto voy terminando-, anuncio que presentaré indicaciones en el sentido expresado.

Y solo como un dato: desde marzo de 2010 a la fecha se han perdido 25 mil puestos laborales en la industria, según informaciones oficiales de la Dirección del Trabajo.

En el sistema actual, adicionalmente, las empresas no han pagado el costo real de las cuotas pesqueras. Hoy cancelan entre 25 y 30 millones de dólares anuales por patentes. Un estudio de los profesores Mauricio Villena, Jorge Niño y Franco Zecchetto estima que, por concepto de licitación de cuotas a diez años, se podrían recaudar entre mil 500 y mil 700 millones. En comparación, las entidades que operan en la actualidad no han pagado más de 300 millones en el mismo período. Es decir, las rentas para el Estado se podrían al menos quintuplicar.

Lamentablemente, la propuesta del Gobierno en materia de royalty es del todo insuficiente y, según sus propias cifras, las empresas cancelarán incluso menos de lo que ya enteraban por concepto de patente pesquera, lo que, a todas luces, es un regalo inaceptable.

El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.

Tiene un minuto más.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.

Ciertamente, el proyecto de ley contempla otros aspectos, a los cuales, por una cuestión de tiempo, no podré referirme. He preferido centrarme en los puntos principales que, a mi juicio, plantea la discusión.

Finalmente, frente a la crisis de confianza de los chilenos con relación a la política y al Congreso, pienso que una de sus principales causas es que mucho se habla, pero, a la hora de votar, las voluntades son distintas. En septiembre del año recién pasado, trece Senadores, a quienes se sumaron posteriormente otros, presentamos una moción en la que fijamos nuestra posición respecto de la pesca. No he cambiado en ninguno de los aspectos que suscribí en esa época.

Como partí declarando que mi postura política en este ámbito es la sustentabilidad ambiental, social y económica en la explotación de los recursos naturales que nos pertenecen a todos, anuncio mi voto en contra del proyecto en general, ya que, en conjunto, no cumple con los objetivos que he planteado como base del nuevo desarrollo ambiental, social y económico que espero para nuestro país.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero entregar algunos datos de parte de la Comisión de Pesca.

La actividad económica que nos ocupa mueve del orden de mil 300 millones de dólares anuales y da empleo directo a más de 120 mil personas, entre trabajadores de planta, tripulantes de naves especiales y pescadores artesanales.

El país registra 84 mil kilómetros de borde costero y ocupa prácticamente un cuadrante del océano Pacífico. Esa es una primera llamada en el sentido de la perspectiva de Chile en la materia.

Invito a mis Honorables colegas a ver unas imágenes que ilustran la situación de la actividad pesquera.

La primera de ellas da cuenta de situaciones de pesquerías en riesgo, en colapso y en condiciones normales o de explotación estable.

Eso es muy importante, por cuanto el eje del proyecto en debate -y así lo planteamos desde la Comisión con mucha anticipación y ahora lo hace el propio Gobierno- es la sustentabilidad.

En esta segunda imagen podemos observar, sobre la base de datos registrados desde 1970 hasta 1993, el aumento progresivo de los desembarques del sector industrial, con un incremento inferior al del artesanal. Pero tenemos otras que ilustran con respecto a la situación completa a la fecha.

En forma paralela, se ha ido avanzando desde 1991, con la modificación de la Ley General de Pesca, en áreas de protección, como reservas y parques marinos, algunos santuarios y áreas marinas del borde costero de uso múltiple. Es decir, la política nacional, en forma transversal, ha contemplado también el objetivo de resguardar los recursos.

Si visualizamos en el gráfico la historia desde 1970 hasta la fecha, podremos apreciar que desde mediados de los años noventa tiene lugar un quiebre importante en la baja de la pesca, fuertemente influenciado por la disminución del jurel y de la merluza y un avance progresivo del sector artesanal.

La información fue proporcionada por el señor Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias 2010, reconocido a nivel nacional e internacional, no solo por sus investigaciones, sino también por estudios prácticos en áreas de manejo que se han ido introduciendo paulatinamente en todas las Regiones.

¿Qué podemos señalar? Porque, normalmente, se le echa la culpa a la ley.

Entre 1990 y 1991 se genera un cuerpo legal que fija las artes de pesca, las áreas protegidas y las cuotas anuales para las pesquerías en plena explotación, y, de alguna manera, ello se traduce en que quien saca primero se hace propietario.

Sin embargo, en 2002 se advierte que el sistema no funciona adecuadamente, porque se sobredimensiona el esfuerzo pesquero y se desata una carrera por sacar anticipadamente los recursos, lo cual da un carácter temporal al trabajador en el área y, desde luego, hace peligrar en gran medida a las especies, como, de hecho, sucedió.

Ese año se determina una fórmula de fraccionamiento entre artesanales e industriales para las principales pesquerías y un límite máximo de captura por armador para los industriales, fórmula que combina la pesca histórica con las autorizaciones legales de estos últimos. De esa manera se define un porcentaje de la cuota anual, para que cada uno sepa, en el mes de enero, cuánto puede pescar durante todo el año. Ello significa que no se tiene que sobredimensionar el esfuerzo o la extracción y que se puede actuar durante ese período con faenas de carácter más permanente y agregarles valor a los recursos.

El gráfico también da cuenta precisamente de esa situación: van bajando los desembarques y se registra un aumento progresivo del sector artesanal, en comparación con el industrial, pero, si Sus Señorías se fijan en las barras celestes, el valor de lo desembarcado sigue aumentando. Es decir, disminuye la cantidad de pesca, pero no la calidad de lo que se vende y exporta.

Lo anterior resulta clave, porque en la discusión sobre la materia se le echa la culpa normalmente a la normativa legal. Sin embargo, nosotros no podemos disponer por ley las cuotas que se fijarán año a año. Para ello es preciso efectuar una investigación autónoma que represente efectivamente el interés nacional. La institucionalidad asimismo tiene que ser reforzada, para poder fiscalizar que las prácticas se lleven a cabo dentro de las disposiciones legales. Es preciso que la investigación implique un esfuerzo importante de nuestro país, consistente al menos con el monto económico que mueve la actividad y la calidad de nuestros recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas.

En ese entendido, la Comisión de Pesca ha ido avanzando en la medida en que ha recogido la presentación de prácticamente todos los actores.

A eso se ha sumado, si ustedes leen el informe, su visita a distintas localidades y Regiones donde ello ha sido posible. Hago referencia a Punta Arenas, Puerto Aysén, Puerto Montt; a bahías como Mehuín y Queule; a Temuco, Lebu, Coronel y Dalcahue.

Tenemos pendiente un viaje a la zona norte, a Maule y a Isla de Pascua por un aspecto bastante sensible, que también tocaré: la participación de los pueblos originarios, enfocada en los cuerpos legales que hoy día los rigen y en otras posibilidades.

Planteado así, el principal objetivo de la nueva Ley de Pesca es la sustentabilidad del sector, lo que implica la protección y recuperación de la biomasa y sus ecosistemas; el fomento y desarrollo equitativo de la pesca artesanal e industrial; la situación de las comunidades del borde costero, y la creación de empleo y valor agregado a la producción nacional.

Es importante un punto: los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas son de todos los chilenos, y su administración le corresponde exclusivamente al Estado. Ello es algo que hemos logrado incorporar en la ley ya en forma avanzada. No queremos que suceda lo mismo que con los derechos de agua, hoy día manejados en el extranjero.

Otro asunto relevante es que nadie puede ser titular de derechos indefinidos ni de una propiedad a perpetuidad de los recursos y de su ecosistema en el sentido que estoy planteando. Así, la Comisión ha avanzado con el Ejecutivo en orden a incorporar en el articulado permanente de la ley los elementos que indiqué y a que el proceso de toma de decisiones y de sustentabilidad se base en criterios estrictamente científicos. Para ello, el Ejecutivo ha planteado once comités técnico-científicos, que tengan -es necesario- la calidad de tales, y hemos acordado una reestructuración del Instituto de Fomento Pesquero, a fin de que en su Directorio no haya nadie vinculado económicamente con la actividad pesquera y de que se le otorgue un grado de autonomía y un presupuesto basal para que sea, efectivamente, un instituto de investigación como merece el país y nos represente, además, en todas las instancias nacionales e internacionales.

Del mismo modo, el Ejecutivo ha comprometido en la Comisión un relevamiento y un fortalecimiento efectivos del Servicio Nacional de Pesca. Hoy en día existe una gran cantidad de personas a honorarios y que tienen que incorporarse en forma nivelada con otros servicios, como el Servicio Agrícola y Ganadero.

En seguida, parte sensible es la regulación de las artes y los aparejos de pesca, de manera que no sean destructivos, sino cada vez más selectivos. Se incorpora algo que se originó en una moción: la prohibición de la pesca de arrastre y dañina en los ecosistemas marinos vulnerables. La Ley del Descarte ya está en vigencia.

En materia industrial, se plantea un punto muy relevante, que constituye una plataforma para los trabajadores de la industria. En este sentido, se contemplan programas de capacitación, de reinserción laboral, todo lo que ellos solicitan en cuando a la posibilidad de estudios técnicos. Nosotros tenemos la experiencia en la Región de Aysén, que es transmisible para el resto del país, de la educación dual, en la que se reconocen los aprendizajes previos para lograr títulos de técnicos.

En el ámbito industrial es particularmente importante lo relativo a la licitación. Por un lado, están las Licencias Transables de Pesca. Se ha planteado, por ejemplo, un plazo de vigencia de 25 años, con claras causales de no renovación y caducidad. Y el Gobierno propone que, cuando se llegue a niveles cercanos en porcentaje a los rendimientos máximos sostenidos -es decir, cuando una pesca se sostenga en el tiempo-, se establezca una licitación de hasta 15 o 20 por ciento de estos recursos, a fin de permitir actores nuevos.

Para ello hay que tener un criterio científico, que se logra a través de la determinación de los puntos biológicos de referencia. El Ejecutivo se ha comprometido a tener estas cifras en dos años, lo que permitirá que algunas pesquerías se puedan licitar en tres, en las cuotas que he señalado, sobre la base de estrictas condiciones y datos de comités técnico-científicos.

En materia artesanal, hay muchos puntos necesarios para este sector -los hemos visto en la figura- que también requieren una plataforma social. Reconocemos que sus integrantes tienen 5 millas de reserva artesanal desde Arica hasta Puerto Montt, paralelo 41° 28,6' Sur, y también el mar interior de toda la zona austral, que representa diez veces la superficie que ellos poseen de Arica a Puerto Montt.

Por desgracia, en nuestros textos de estudio los mapas de Puerto Montt hacia el sur se insertan a otra escala. Esto hace que la gente no perciba que tenemos el 34 por ciento de la superficie terrestre del país en la zona austral y diez veces el área reservada para los pescadores artesanales en ese sector respecto a las 5 millas entre Arica y Puerto Montt. Y lo anterior es muy importante, porque a ellos hay que empoderarlos en esa área para que las cosas funcionen en forma verdaderamente equitativa.

Se ha logrado un compromiso para mejorar el contrato a la parte. Es decir, los tripulantes de las naves artesanales, que son pescadores propiamente tales, tienen la opción de regirse por el Código Laboral, pero también por contrato a la parte. Como se dice en buen chileno, pueden "ir en la parada". Esto es clave, porque ellos también arriesgan la vida como pescadores artesanales.

En la plataforma laboral del sector artesanal está comprometida la incorporación del seguro de vida, en buenas condiciones, y también los planes de capacitación, educación dual, diversificación productiva y asesorías.

Además, aquí hay un compromiso importante del Ejecutivo, que fue un anuncio presidencial del 21 de mayo de este año, y el Ministerio de Economía ha señalado en la Comisión que va a cumplir esa palabra en esta ley en proyecto, instalando un artículo para que, en un plazo de 180 días, se cree el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, también conocido como "INDAP Pesquero", que es algo que este sector requiere.

Ahora, los artesanales van a tener un derecho preferente también, por razones obvias. Y se ha dejado un margen de 1 por ciento de los imprevistos para que lo pescado por los artesanales o industriales sea procesado en plantas que vayan a consumo humano y que revitalicen la pequeña y mediana industria, lo cual no podemos descartar. Así como hay trabajadores de las grandes industrias, también queremos que haya de todas las escalas, por una razón mínima de sanidad económica y social.

Hay un punto bien importante que se ha planteado en el texto de la Cámara de Diputados y que consiste en medir las 5 millas con una fórmula distinta, que tiene interpretaciones variadas, al cambiar las líneas de base recta. En esto hay que tener particular cuidado, porque nosotros somos signatarios de la Convención del Mar, y desde esa línea de base recta se miden las 200 millas y la zona económica exclusiva.

En tal sentido, hemos trabajado en que hay decretos, como el 408, de 1985, que definen áreas protegidas de las caletas no solamente en cuanto a distancia, sino también a profundidades o veriles. De esta manera, existe una clara oportunidad para proteger las caletas de los pescadores artesanales en áreas distintas de las 5 millas -son relativamente parecidas-, a efectos de generar también algunas áreas de reserva aledañas a las zonas de base recta desde el paralelo 41° 28,6' hacia el sur, de modo de garantizar que los recursos no se vayan deteriorando en el futuro.

Postulamos una zonificación para los pescadores artesanales en la primera milla -son los que tienen naves menores a 12 metros-, pero eso no debe ser solo una norma general, sino que tiene que verificarse donde tengan actividad histórica, donde puedan pescar y combinarse con la situación de los veriles que señalé antes.

Los pescadores artesanales denominados "boteros" han planteado la necesidad de perfeccionar el Reglamento de Sustitución, porque si ellos mejoran sus embarcaciones con cabinas, con equipamiento, no los dejan pescar en la misma condición. Esto se acordó con el Ejecutivo.

De igual modo, señalamos -lo hizo el científico Juan Carlos Castilla- el daño sistemático que se está produciendo a las especies de pesca de roca, también conocidas como "especies finas", por una pesca muy poco selectiva que resulta perjudicial para este sector. En esta materia, hay algunas resoluciones que es conveniente relevar al nivel de ley, como la N° 1.700.

El que la operación en zonas contiguas se realice cuando corresponda con un modo de verificación a través de posicionador satelital es claramente significativo.

Lo mismo puede decirse respecto a que exista un plan para los buzos, pescadores artesanales y que presten servicios, de modo que se les acondicione para cumplir con todas las exigencias reglamentarias.

Y algo que la Comisión detectó en sus visitas a terreno fue la necesidad de regular también la pesca artesanal en las zonas estuarinas, que son afectadas por las mareas y en las cuales hoy en día no pueden pescar.

Hay otros temas muy relevantes. Pero, por el tiempo de que dispongo, me interesa destacar la conveniencia de que se haga un punto especial respecto al repoblamiento de las algas.

Sobre el particular, hay una iniciativa del Senador Prokurica, que desde luego he apoyado desde el día uno, y existe un compromiso del Gobierno en el sentido de establecer en esta ley un plazo de 180 días para incorporar el fomento para el repoblamiento de las algas. Así como nosotros observamos procesos de erosión y desertificación en la zona terrestre, lo mismo sucede en nuestro extenso y variado borde costero. Y para esto, entonces, habrá una iniciativa para subsidiar el repoblamiento de las algas, reconstituir los ecosistemas y generar actividades productivas.

El Premio Nacional de Ciencias Naturales de este año, don Bernarbé Santelices, nos ha señalado que el aprovechamiento de algas es una actividad que genera a nivel mundial del orden de los 6 mil millones de dólares. Mirando nuestro borde costero y nuestra diversidad de algas para producir alimentos, medicamentos, cosméticos y energía, nos damos cuenta de que tenemos ahí un enorme mundo por explorar, aparte de la necesidad de reconstituir estos ecosistemas y darles protección ambiental.

No menos importante es la situación de los pueblos originarios. Esta Comisión ha recibido un mandato del Senado, por un acuerdo de Comités, y, en tal virtud, nos hemos reunido hasta la fecha con un número significativo de representantes -no todos- de los distintos pueblos originarios costeros. Me refiero a los sectores lafquenche, huilliche, kawashkar, rapanui -cuya visita tenemos pendiente- y otros, que han señalado que en esta materia tienen mucho que decir.

La Comisión ha recibido claramente de parte de estos pueblos originarios la idea de que la participación a la que nosotros convocamos no sustituye la necesidad de consultarlos sobre la base del Convenio N° 169 de la OIT, del cual nuestro país es signatario.

Sin embargo, como no hay un procedimiento acordado por el Ejecutivo respecto a cómo realizar la consulta, ni tampoco por el Congreso -recién se está formando una Comisión bicameral-, lo que ellos nos plantean es que seamos lo suficientemente creativos para elaborar un plan piloto a fin de escucharlos como en verdad se merecen. Y eso estamos haciendo.

Hasta la fecha, eso sí, hemos podido lograr que los pueblos originarios cuenten con una legislación que les permita desarrollar su actividad. Me refiero a la ley N° 20.249, que regula el espacio costero marino de los pueblos originarios con el objeto de que puedan participar efectivamente en aquella de manera sustentable y de acuerdo a su estilo de vida y cultura. Esto es relevante. Porque ellos nos señalan que no necesariamente por encontrarse inscritos en el registro de los pescadores artesanales como pueblos originarios forman parte de su cultura. Para los pueblos originarios existe una normativa especial, conocida como "Ley Lafquenche".

Además, la propia iniciativa en debate consagra la posibilidad de que participen en las reservas marinas, dado que es posible intervenirlas. Y también se contempla lo relativo a la zonificación y a las áreas marinas de borde costero de uso múltiple.

Por lo tanto, aquí hay mucho por avanzar, conforme a las reglas vigentes.

Señor Presidente, si uno considera todos esos aspectos y abre una instancia por la vía de los acuerdos entre los distintos sectores políticos representados en el Senado, y desde luego con el Ejecutivo, porque gran parte de las materias que he señalado son de su iniciativa exclusiva, nosotros estaríamos en condiciones de generar de aquí a fin de mes, o a la primera semana de noviembre, una vez realizada la discusión en particular de la iniciativa, el trabajo necesario para que antes del 31 de diciembre tengamos una ley que efectivamente otorgue relevancia a la opción marítima y pesquera del país.

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, concluyó su tiempo.

Tiene un minuto adicional para que pueda terminar.

El señor HORVATH.- Gracias, señor Presidente.

Ello nos dará la posibilidad de generar un acuerdo. Y cuando eso ocurra, cada parte tendrá que ganar y ceder un poco -repito: un poco- para que efectivamente las personas de este sector, quienes viven y trabajan dignamente y representan la diversidad de nuestra chilenidad en el mar, tengan la posibilidad de formar parte de su destino marino.

El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero precisar a la Sala que el Honorable señor Horvath ha hecho uso de 10 minutos en su calidad de Presidente de la Comisión de Pesca, y de otros 10 con cargo a su tiempo como Senador. Por eso su intervención fue más extensa.

El señor Ministro ha solicitado hacer uso de la palabra y tiene preferencia para ello.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Hago presente a las tribunas que lo que vale para la Senadora señora Rincón, vale también para el señor Ministro.

Cualquier manifestación no va a ser aceptada.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, al asumir la Cartera de Economía y habiendo sido parlamentario durante 21 años, tuve claro que me iba a tocar liderar la modificación de la iniciativa más compleja de tramitar de todas aquellas en las que he participado.

Consciente de esa realidad y habiendo colaborado hace 10 años con el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y con el Ministro de Economía de la época para lograr un acuerdo con respecto a la Ley de Pesca, una de las primeras decisiones que tomé fue instalar una mesa de diálogo, de conversación; una mesa social entre todos los actores a fin de resolver uno de los aspectos más complejos que ella presenta, cual es el fraccionamiento del porcentaje de la cuota de pesca que se asigna tanto al sector industrial como al artesanal.

Señor Presidente, no existe ningún otro país en el mundo que tenga una separación de cuotas de pesca entre industriales y artesanales, como la que hay en Chile.

En nuestro país se consideran industriales todas las naves con una eslora superior a 18 metros, y artesanales, aquellas con una eslora inferior a 18 metros.

En primer lugar, valoro el diálogo que sostuvimos, en donde participaron las dos principales confederaciones, que al menos yo conocí junto con todos los parlamentarios durante dos décadas en el Congreso, que representan a los pescadores artesanales del país.

También estuvieron presentes en esa mesa los dirigentes de los sindicatos de las empresas que procesan productos del mar y los sindicatos de tripulantes y la industria del país.

En un esfuerzo de 45 días se llegó a un acuerdo. Y lo quiero destacar, porque cuando se instaló la mesa se expresó: "¿Para qué perdemos el tiempo?"; "¡jamás nos hemos sentado juntos a una mesa!"; "¡no vamos a llegar a acuerdo!". Pero, finalmente, todos quienes integraron esa instancia arribaron a un gran acuerdo, que forma parte de la propuesta de fraccionamiento entre los sectores industrial y artesanal en las 12 pesquerías más importantes del país. No solamente avanzamos en cinco de estas, sino que logramos acuerdo en 12. Y, tal como ya se dijo, si esto lo valorizamos, veremos que se trata de 34 millones de dólares que se traspasan del sector industrial al artesanal.

Ello significa, señores Senadores, que si se ratifica este fraccionamiento, como lo hizo la Cámara de Diputados, el próximo año el sector artesanal del país podrá extraer 55 por ciento del recurso pesquero y el 45 por ciento restante quedará para el sector industrial.

A mi juicio, es muy importante manejar estas cifras. Porque las pesquerías son diferentes en cada Región. Algunas se hallan cerca de la costa, otras no tanto. Es decir, tenemos un desarrollo pesquero muy diverso.

Y también quiero dar a conocer otro dato muy importante.

En el Registro Pesquero Artesanal se encuentran inscritas alrededor de 13 mil embarcaciones. De estas, aproximadamente 1.200 tienen una eslora de entre 12 y 18 metros y las otras casi 12 mil corresponden a las embarcaciones que la gente entiende como artesanales.

Ese es el cuadro del recurso pesquero en Chile.

¿Por qué tenemos que legislar y contar con una ley de aquí al 31 de diciembre? Porque si no lo hacemos, volveremos a la "carrera olímpica". Estamos en la discusión en general del proyecto. Por lo tanto, su rechazo significa que no se legisle y que retorne ese sistema que llevó a los recursos pesqueros del país a su mayor colapso.

Tal es la esencia de esta iniciativa. En forma posterior se podrá agregar un conjunto de otras materias que se añadieron en la otra rama del Parlamento y también avanzar en el Senado. La disposición del Ejecutivo es incorporar todos aquellos aspectos que los técnicos han indicado a efectos de perfeccionar la regulación pesquera.

En consecuencia, quiero situarme en la idea de legislar de este proyecto. Lo que vence el 31 de diciembre es un sistema transitorio que acordó la nación hace diez años y al cual se llamó "Límite máximo de captura por armador". Este vencerá el 31 de diciembre, y todos seguirán con sus derechos vigentes e indefinidos, pero con la "carrera olímpica". Eso seguirá rigiendo.

Por consiguiente, el no legislar no significa que no tendremos ley, sino que volveremos a un sistema que fue modificado hace diez años porque nos conducía a la depredación de los recursos pesqueros más relevantes del país.

Por eso, no nos fuimos por el camino fácil, como algunos sugieren hoy, en el sentido de presentar una iniciativa que extienda la vigencia del límite máximo de captura por armador. Para mí, como Ministro de Economía, habría sido mucho más simple irme por el atajo facilito de establecer una prórroga y que el próximo Gobierno enfrentara la situación.

Hemos asumido la responsabilidad de presentar al país una ley -como Sus Señorías saben ha sido llamada "Ley Longueira"- respecto de la cual no pocos afirman que hará desaparecer la pesca artesanal en Chile.

Tengo muy claro lo que se anda diciendo, pero a la vez poseo la tranquilidad de que ningún Ministro de Economía ha destinado más horas que yo a escuchar al sector pesquero. Me he reunido con más de 150 organizaciones, de Arica a Punta Arenas. La afonía que sufro se debe precisamente a que el último viernes recorrí, hasta las 12 y media de la noche, con los equipos de la Subpesca, todas las caletas de la Décima Región. Ese día me entrevisté con los pescadores de Quellón y Melinka; estuvimos también en Castro; continuamos después en Dalcahue; luego seguimos en Calbuco, y finalizamos en Anahuac, donde se encuentran el puerto de los pescadores y las cooperativas más importantes de la Región de Los Lagos.

Por lo tanto, no hemos eludido la responsabilidad de presentar la ley que estimamos que el país requiere. Lo digo así de claro, pues no han sido pocos los costos que hemos pagado y no tenemos inconveniente en seguir recibiendo las pifias que sean necesarias para que Chile logre una legislación como la que está en proyecto, cuyo primer objetivo, según lo indica su primer artículo, es la sustentabilidad de los recursos. Y, en vista de eso, planteamos un texto coherente con dicho propósito.

Todas las organizaciones que siempre manifestaron preocupación por la sustentabilidad, no solo en la Cámara sino también en el Senado -y lo han hecho a través de la prensa- han hablado favorablemente de la iniciativa.

Por primera vez se incorpora en la legislación un concepto tan fundamental como el del rendimiento máximo sostenible, que es el punto biológico y económico óptimo en el cual debieran estar todas nuestras pesquerías. No hemos levantado los puntos biológicos de referencia para hacer el cálculo, lo cual significa que el país no ha priorizado este aspecto ni dedicado los recursos suficientes para lograr una mirada científica del sector pesquero chileno.

Por eso lo primero que hace la iniciativa en debate es ser coherente con la sustentabilidad de los recursos y terminar con todas las facultades resolutivas del Consejo Nacional de Pesca. La institución continúa, porque consideramos bueno que los actores se mantengan en una instancia, pero todas las decisiones se transfieren a once comités científicos. A partir de la vigencia de la ley en proyecto, habrá comités científicos vinculados a las pesquerías del país. Ocho serán de pesca extractiva y tres de acuicultura.

En consecuencia, serán la ciencia y la investigación las que determinen cuáles son las cuotas de las pesquerías en Chile. La autoridad política se retira de las decisiones, pues el mayor problema que hemos tenido en el sector -lo vemos diariamente, y yo lo vivo como Ministro de Economía- es que la institucionalidad se halla construida para presionar a la autoridad política.

Finalmente, todos hemos cedido. No quiero hacer una crítica hacia atrás, pero resulta curioso que en el país aumenten los peces y las cuotas cada vez que hay elecciones. Yo lo entiendo, por cuanto experimento a diario la presión que se ejerce sobre la autoridad. Me tocó vivirlo durante el último Dieciocho, fecha en que nadie desea que haya vedas. Pero, ¿qué tiene que ver la biología con las Fiestas Patrias?

Sin embargo, hay que evitar estas presiones, porque son las que han llevado a que las principales pesquerías del país se encuentren virtualmente colapsadas.

Evidentemente, la decisión que hemos tomado de garantizar la sustentabilidad de los recursos, implica cambiar muchas prácticas y la cultura profunda que hay en el sector. Llegó la hora de decir la verdad: se trabaja en la ilegalidad, en la informalidad; no se sincera lo que se pesca, ni cuánto ni dónde. Y eso es lo que hacemos en el proyecto de ley.

Lo anterior explica por qué muchos marcharon. Pero alguna vez el país y la sociedad tenían que enfrentar la situación. Es lo que estamos haciendo.

De las 13 mil embarcaciones artesanales, 12 mil corresponden a boteros. Son estos los que la ciudadanía ve cuando va a comprar mariscos a una caleta. Se piensa que todos los pescadores artesanales son boteros. Pero no es así. De las 13 mil embarcaciones, hay mil...

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, ya le hemos extendido lo suficiente el tiempo. Le ruego que redondee sus puntos de vista en dos minutos.

El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Será muy difícil en ese lapso, señor Presidente. Pero está bien.

Me gustaría referirme a muchos temas relevantes del proyecto, lo que no es fácil, pues implican numerosas materias.

No obstante, es importante que los señores Senadores sepan por qué algunos de los cambios que hemos introducido han resultado conflictivos.

Se establecen los posicionadores satelitales, las certificaciones. Es inadmisible que el primer objetivo de la ley sea la sustentabilidad si finalmente no sabemos qué, cuánto y dónde se pesca.

Por eso tengo la convicción de que esta será una gran ley. Hemos conversado con los miembros de la Comisión, y vamos a introducir muchos otros perfeccionamientos. Estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia.

En el escaso tiempo que me queda, me voy a referir a dos materias.

En este proyecto hemos recogido todas las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materia de licencias transables de pesca. ¡Todas! No rehuimos ninguna. Lo más destacado que señala el Tribunal es que tenemos que incorporar actores, lo que se logra precisamente a través de las licencias transables de pesca. Por eso fueron incluidas, al igual que otros mecanismos. El más importante, según dicha entidad, son las licencias transables, que están sujetas a cualquier acto jurídico, de manera que se podrán arrendar y vender; serán divisibles y transmisibles.

Las autorizaciones y los derechos de pesca de los pescadores artesanales del país son indefinidos. ¡Indefinidos! Porque se requiere dar estabilidad al sector. Si queremos que haya más valor agregado, se necesitan reglas claras. No se invertirá en el área con leyes transitorias cada diez años. Faltan inversiones en naves, en plantas, en más valor agregado y, ojalá, en más consumo humano. Y para eso se precisa estabilidad.

En la Cámara de Diputados se rechazó la propuesta de licitación que hizo el Ejecutivo. Y, a pesar de que acogimos un texto presentado por el Diputado señor Walker, tampoco hubo consenso. Incluso, se desechó el artículo 27, relativo a las licitaciones, materia que hoy figura en la ley. Por lo tanto, en la otra rama del Parlamento no hubo voluntad. Sin embargo, vamos a volver a insistir en un mecanismo que, en la medida en que las pesquerías se recuperen, permite que haya licitaciones...

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Concluyó, señor Ministro? Le podemos dar otro minuto, pero esta vez sí que será el último.

El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Voy a redondear, señor Presidente. Son muchos los temas que aún me quedan pendientes en esta primera exposición.

También incorporamos, por primera vez, la primera milla para los boteros del país. Esta era una aspiración muy importante para las 12 mil embarcaciones de pescadores artesanales. Igualmente se estableció, a través de un acuerdo en la Cámara -así venía en la propuesta original-, un mecanismo para que los pescadores artesanales con embarcaciones de mayor tamaño pudieran ingresar a esa primera milla, siempre que hubiera entendimiento con los dueños de las de menor porte.

El señor ESCALONA (Presidente).- Debo informar a la Sala que ha terminado el Orden del Día.

En consecuencia, la discusión general de la iniciativa continuará en la sesión de mañana, la cual ocupará el primer lugar de la tabla.

Hay diez señores Senadores inscritos.